Al estilo Bukele: alcalde de Bucaramanga anunció que los presos deberán cumplir con servicio comunitario en la región

En una de las medidas más significativas de los últimos años con respecto al manejo de los reclusos en las diferentes cárceles del país, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, dio a conocer que algunos de los condenados cumplirán con algunas actividades que no son muy comunes en el país.

Tal como sucede en países como Estados Unidos, El Salvador, entre otros, los reclusos deberán afrontar una etapa de servicio comunitario en la que deberán limpiar y “embellecer” los parques de la ciudad.

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Así lo dio a conocer el alcalde bumangués a través de redes sociales, en donde explicó que la medida obedece además a brindar “segundas oportunidades”.

“Se inició la articulación entre la @AlcaldiaBGA y el @INPEC_Colombia para que reclusas y reclusos de centros penitenciarios de Bucaramanga inicien su trabajo comunitario limpiando y embelleciendo parques de la ciudad. Resocialización y aporte a la sociedad”, explicó el llamado “Bukele colombiano”.

El dirigente acompañó su publicación con imágenes en las que se ve a algunos presos pintando algunas paredes, así como recogiendo basura de un parque de la capital santandereana. Estas personas, además, tenían dotación para cumplir con estas tareas.

En una segunda publicación, el dirigente aseguró que la medida comprendía una de las promesas que hizo a los bumangueses antes de ser elegido alcalde el 29 de octubre de 2023.

“La resocialización de los reclusos por medio del trabajo social, nos ayuda a embellecer los entornos de la ciudad, pero también a brindar segundas oportunidades. Se lo prometimos a Bucaramanga y lo estamos cumpliendo”.

Así mismo, el “Bukele colombiano” compartió otro video en el que se ve cómo los reclusos cumplen tareas, además de que comparten múltiples entrevistas en las que aseguran estar “alegres” por la situación.

Y es que es por ese tipo de gestos que el alcalde bumangués ha sido relacionado con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que ha generado controversia por el trato que da a los reclusos en su país.

Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en 2019, su enfoque hacia el sistema penitenciario y el trato de los presos ha sido uno de los aspectos más controvertidos de su gobierno.

En su lucha contra las pandillas y el crimen organizado, Bukele ha implementado medidas drásticas, incluyendo el tratamiento de los reclusos como parte de una política de “mano dura” que ha suscitado tanto apoyo como críticas.

Una de sus primeras acciones fue declarar el estado de emergencia en las cárceles y aumentar la presencia de militares y policías en estos centros, en un intento de controlar la violencia dentro de las prisiones.

Uno de los episodios más destacados fue la creación de la “mega cárcel” de Tecoluca, un centro de detención masivo inaugurado en 2023, destinado a albergar a miles de pandilleros. Esta prisión fue diseñada para ser de máxima seguridad y se convirtió en uno de los símbolos de la política de seguridad del presidente Bukele.

En su discurso, el presidente enfatizó que este tipo de instalaciones no solo pretende aislar a los reclusos, sino también someterlos a condiciones extremas para reducir su poder dentro y fuera de las prisiones. Se han implementado medidas como el confinamiento solitario, restricciones severas de visitas, entre otras.

El trato de Bukele a los presos ha sido fuertemente criticado por organismos de derechos humanos. Grupos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han denunciado las condiciones inhumanas en las que se encuentran los reclusos, como la falta de espacio, las condiciones insalubres, la escasez de alimentos y agua, y el uso de torturas psicológicas.

Además, el encarcelamiento masivo de miles de personas bajo la política de “Estado de Emergencia”, implementada en respuesta a un aumento de homicidios en marzo de 2022, ha sido señalado por las organizaciones como una forma de detención arbitraria, donde muchas personas han sido detenidas sin pruebas claras de su vinculación con el crimen organizado.