“El mismo Polo Polo es un falso positivo y no lo sabe”: Margarita Rosa de Francisco

En la mañana del jueves 5 de diciembre la actriz y presentadora vallecaucana Margarita Rosa de Francisco arremetió contra el representante Miguel Polo Polo por las críticas del congresista a la cifra de 6.402 casos de falsos poitivos, dada por la Justicia Especial para la Paz.

Ante las dudas de Polo Polo por la cifra, Margarita Rosa De Francisco señaló que Polo Polo es otro “falso positivo”.

Su explicación es que considera que el parlamentario ha sido instrumentalizado por partidos políticos y personas poderosas para, a través de él, dar rienda suelta a narrativas negacioncitas de los falsos positivos.

“El mismo Polo Polo es un falso positivo y no lo sabe. Ser un falso positivo también significa ser usado como positivo de las militancias de un poder que no es el suyo”, escribió en X.

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El representante Polo Polo, a través de la misma red social, le respondió a la valluna, señalando que ella ha sido víctima del abuso de sustancias psicoactivas, lo que la habría llevado a un deterioro de su aspecto físico.

“Margarita, no escupas para arriba, porque si hablamos de ser usados, no olvides que has sido tú quien has sido usada por las sustancias durante muchos años. Tanto que de esa bella mujer que tantos admirábamos, ya no queda mucho… solo una resentida y poco agraciada comunista”, escribió.

La publicación reciente de un listado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contiene los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ha reavivado el debate sobre la veracidad y alcance de las cifras oficiales asociadas a este fenómeno.

Este tema ha polarizado nuevamente el discurso político en Colombia, generando fuertes críticas, particularmente por parte del congresista Miguel Polo Polo, quien cuestiona la cifra total de 6.402 casos reportados previamente por la JEP.

Polo Polo sostiene que la cifra oficial, que representa los ciudadanos asesinados extrajudicialmente y presentados como combatientes caídos, carece de respaldo y asegura que ha sido utilizada para fines políticos.

Según él, la publicación parcial de nombres evidencia que los datos no son definitivos, lo que, a su juicio, pone en entredicho la credibilidad del informe inicial. Asimismo, señala que esta narrativa es parte de una estrategia para desprestigiar a las instituciones de seguridad del Estado y perseguir políticamente a sectores opuestos al gobierno actual.

El congresista subraya que los nombres publicados por la JEP podrían incluir duplicados, guerrilleros o casos que no cumplen con el perfil de víctimas, y enfatiza que el organismo aún no ha presentado la lista completa de afectados, lo que según él, refuerza sus dudas sobre la magnitud de las ejecuciones reportadas.

“Es falso. No es real. Fue inventado para hacer politiquería, para perseguir adversarios políticos y para manchar el nombre de nuestra fuerza pública. Hoy la JEP ha revelado que no tiene los 6.402 nombres, sino que solo tiene 1.934 nombres. Hay que ver si entre esos nombres no se encuentra el de guerrilleros que fueron metidos como falsos positivos, nombre repetidos o que, ni siquiera, pueden ser soportados con números de cédula”, comentó el congresista.

Por otro lado, Polo Polo contrasta esta cifra con la documentación sobre los menores reclutados por las extintas FARC entre 1996 y 2016. De acuerdo con información que él considera verificable y respaldada, al menos 18.677 niños y niñas habrían sido reclutados forzosamente por el grupo guerrillero, una cifra que resalta como mucho más sólida y significativa. Este grupo de menores habría sido utilizado para actividades ilícitas y sometido a crímenes como violencia sexual, desaparición forzada, homicidios y tortura, tragedias que, según el congresista, merecen mayor atención y condena pública.

La discusión refleja no solo la persistente polarización política del país, sino también el desafío que representa para Colombia abordar de manera imparcial su historia reciente de conflicto armado. Si bien las cifras publicadas por la JEP buscan dignificar a las víctimas y visibilizar los patrones de violencia, sectores críticos argumentan que existe el riesgo de sesgos políticos en su construcción y difusión.

En este contexto, el papel de la JEP y otras instituciones se vuelve crucial para garantizar que los procesos de esclarecimiento y justicia no solo sean exhaustivos y transparentes, sino también libres de instrumentalizaciones políticas que puedan desviar la atención de las múltiples facetas del conflicto armado colombiano. Este desafío implica equilibrar el reconocimiento de las víctimas con la necesidad de construir un relato común y legítimo sobre el pasado, sin alimentar narrativas polarizadoras.

El debate sobre las cifras de los falsos positivos y el reclutamiento de menores no solo subraya las heridas abiertas del conflicto, sino también la importancia de avanzar hacia una reconciliación basada en datos verificables y un compromiso genuino con la verdad.