La reforma tributaria del 2024, también conocida como la ley de financiamiento, podría hundirse por los retos que enfrenta en la rama legislativa la propuesta fiscal del Gobierno colombiano.
Mientras la bancada de Gobierno, incluido el mismo presidente Gustavo Petro, afirma que hay bloqueos en el legislativo, la oposición y los actores independientes, como los empresarios, denuncian que toda la iniciativa sería inviable.
En esas, la falta de consenso en el Congreso está dilatando la aprobación de la ley de financiamiento que quiere firmar el mandatario antes de que clausure el año.
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El asunto es que las sesiones ordinarias del Congreso de la República finalizan el 16 de diciembre; pero en caso de que no se llegue a un bien término, el Ejecutivo tendría que convocar sesiones extraordinarias, en especial, en virtud de la ausencia de unanimidad entre las comisiones económicas del Senado y la Cámara, según un análisis publicado por el diario especializado La República.
Los motivos que tienen “coja” a la reforma tributaria
Se conoció que la discusión de la reforma tributaria se ha cancelado repetidamente en las comisiones encargadas, y esta circunstancia no deja de potenciar la probabilidad de que el debate deba realizarse durante las sesiones extraordinarias.
Según Christian Garcés, representante del Centro Democrático, citado por La República, “una de las opciones en la baraja del Gobierno podrían ser las sesiones extraordinarias para debatir la iniciativa”.
El abogado y socio de Holland & Knight, Camilo Cuervo, explicó al medio que “las sesiones extras podrían ir hasta el 16 de febrero de 2025, pero en la práctica, el Gobierno debe hacer que se apruebe el proyecto antes del 31 de diciembre”. Esta precisión se debe a que las reformas tributarias solo pueden aplicarse por vigencia de año vencido, lo que significa que cualquier aprobación en 2025 aplicaría para 2026. Cuervo añadió que los tiempos son demasiado ajustados para avanzar adecuadamente con la iniciativa.
Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, precisó al medio económico que “las últimas cinco reformas tributarias tuvieron, en promedio, 27 días hábiles en el Congreso”.
Las complicaciones de la iniciativa antes de que se debata
La falta de consenso es la principal razón por la que la ley de financiamiento podría no llegar a ser decreto. Fundamentalmente, hay una perceptible falta de acuerdo claro entre los ponentes de la reforma tributaria, y por eso no ha sido radicada.
Además, el presidente Gustavo Petro se mostró crítico respecto a la falta de progreso con la Ley de Financiamiento. El mismo primer dignatario escribió en redes sociales que: “Pagar deuda con ingresos y disminuirla implica ahora la Ley de Financiamiento. Los parlamentarios que siguen a Cepeda nos llevan de frente a la cesación de pagos”, y se refirió a la oposición del presidente del Senado a la reforma.
En este contexto, no solo el Gobierno está bajo presión, sino también el sector privado ha mostrado dudas sobre la conveniencia de la reforma. Los empresarios a través de sus agremiaciones han sido enfáticos en repetidas ocasiones en la “inconveniencia” de esta ley, como se comunicó en una audiencia pública de noviembre 24 del año en curso.
El 3 de diciembre se conoció que partidos enteros como el Conservador y el Liberar también le dieron la espalda al proyecto, en especial por los métodos propuestos para recaudar los 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación. Mencionaron los riesgos que hay para los empresarios, así como para la misma canasta básica familiar.
“La Bancada de las Comisiones Económicas de Senado y Cámara del Partido Conservador anuncian su voto negativo al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional, al considerar inconveniente gravar con nuevos impuestos a los colombianos en el actual escenario fiscal del país”, se leyó en el último comunicado del Partido Conservador al respecto.
Con el objetivo de encaminar la conversación y lograr un acuerdo, el Ministerio de Hacienda ha continuado las reuniones con los ponentes de la reforma, incluyendo en las propuestas medidas para el desarrollo regional y beneficios a las empresas para reactivar la economía
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