Registrador Hernán Penagos habló sobre la imputación de cargos de la SIC a funcionarios: “Hasta sus teléfonos personales querían llevarse”

Sigue la polémica en el territorio nacional tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional.

Según la SIC, los funcionarios no acataron los requerimientos de la entidad luego de una visita a las instalaciones de la Registraduría en marzo de 2024.

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“La entrega de la información requerida, así como la solicitud de declaración de algunos funcionarios de la Registraduría de acceso a los equipos electrónicos, es esencial para el desarrollo de las competencias de la entidad y para la adecuada protección de la libre competencia”, afirmó la Superintendencia en su comunicado.

Desde Cali, Valle del Cauca, el registrador Nacional, Hernán Penagos, reaccionó a la medida de la Superintendencia de Industria y Comercio. Penagos aseguró que sus funcionarios cumplieron con todos los requerimientos de la visita administrativa.

“Yo creo todo lo contrario. Los funcionarios respondieron tanto las solicitudes de la Superintendencia, que hasta sus teléfonos celulares personales querían llevarse a las oficinas”, afirmó Hernán Penagos.

Según explicó la SIC, estas visitas fueron solicitadas directamente por la Registraduría y estuvieron acompañadas por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar que se cumpliera con todos los requisitos legales y proteger la confidencialidad de la información recolectada.

Varios sectores políticos han manifestado que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio podría colocar en riesgo las elecciones al Congreso de la República y Presidencia en 2026.

“Es gravísimo que la SIC, que debe vigilar la industria y el comercio para garantizar la libre competencia, se esté metiendo en la Registraduría. Esto pone en peligro las elecciones de los colombianos. La Procuraduría les abrió investigación porque era abusivo que estuvieran haciendo esto, pero están pasando de una falta disciplinaria a un prevaricato”, indicó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

La representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda afirmó que el “golpe duro que se está gestando contra la Registraduría pone en riesgo nuestra democracia y las elecciones de 2026″.

El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa expresó su “solidaridad al registrador Nacional, Hernán Penagos, por este ataque del Gobierno contra la democracia de Colombia”.

“Tanto hablar del golpe blando, para que sea Gustavo Petro y su gobierno quienes terminen dando ropaje jurídico a un intento de golpe contra uno de los engranajes del sistema electoral”, manifestó Barbosa.

El presidente Gustavo Petro por su parte, defendió la decisión de la SIC, que es dirigida por Cielo Rusinque. El jefe de Estado indicó lo siguiente: “¿Por qué algunos sectores políticos y de la prensa, al lado de Barbosa, no quieren que la Superintendencia cumpla su función constitucional en la contratación de la Registraduría?””

La investigación realizada por la Superintendencia podría dar lugar a sanciones económicas de considerable magnitud. Según lo estipulado en la Ley 1340 de 2009, las personas naturales que infrinjan las normativas sobre protección de la competencia o que, de alguna manera, colaboren, autoricen, promuevan, impulsen, ejecuten o toleren tales conductas, podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes por cada infracción.

El proceso de investigación continúa, y se espera que las autoridades competentes definan las sanciones correspondientes, de acuerdo con las pruebas que se recojan en los próximos días.

Este caso subraya la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa relacionada con la libre competencia económica en los procesos de contratación estatal, así como la necesidad de que las entidades públicas cooperen plenamente con las autoridades encargadas de velar por la legalidad en estos procedimientos.