
El Gobierno nacional enfrenta críticas por su propuesta de reforma a la salud que preocupa a organizaciones de pacientes.
Según Pacientes Colombia, que agrupa a 198 organizaciones en todo el país, la nueva propuesta presentada como el proyecto 312 ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes es vista como una amenaza para la continuidad y calidad de los servicios de salud en los que dependen millones de colombianos.
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Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, señala que “una vez más, el Gobierno nacional intenta destruir un sistema que, aunque necesita ser transformado, ha funcionado”.
Silva argumenta que el proyecto no resuelve los problemas fundamentales del sistema de salud y acusa al Gobierno de haber generado una crisis explícita para justificar la reforma.
Uno de los puntos más polémicos es el cambio del modelo de aseguramiento individual a uno social. Según el grupo de defensa, esto significaría que el derecho a la salud podría estar garantizado solo hasta donde alcancen los recursos.
“Esto podría poner en riesgo el acceso de los pacientes a los servicios necesarios”, advirtió Silva. Además, la fragmentación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en tres subcuentas, sin claridad sobre los porcentajes asignados a cada una, podría implicar una menor asignación presupuestal para la atención en salud.
Otra preocupación es la falta de definición en la ruta de atención integral para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, huérfanas y raras.
Silva advierte que “no se definió el presupuesto ni la ruta de atención integral”, lo cual deja a estos pacientes en una situación de incertidumbre sobre la atención que recibirán.
Adicionalmente, de acuerdo con Pacientes Colombia, la reforma otorgaría superpoderes a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), un cambio que según las organizaciones implicaría una pérdida de control sobre los recursos debido a la falta de veeduría.
La Adres asumiría funciones para las que carece de capacidad técnica, como la definición de insumos para los manuales tarifarios.

Pacientes Colombia expresa también su preocupación por la presentación del proyecto con mensaje de urgencia por parte del Gobierno nacional, lo cual aseguran pondrá en riesgo un debate técnico adecuado y aumentará la posibilidad de corrupción en ambas cámaras del Congreso. “Nos preocupa ver cómo el Gobierno politizó la salud, comprometiendo la vida de millones”, enfatizó Silva, solicitando a los congresistas actuar con sensatez y responsabilidad.
Las organizaciones llaman a implementar medidas inmediatas mientras el Gobierno nacional centra su atención y capital político en la reforma. Denuncian que se han incrementado las barreras en la prestación de servicios y acceso a tratamientos, lo que podría derivar en la muerte de pacientes debido a la insuficiencia de recursos y las estrategias de contención del gasto.
En última instancia, Pacientes Colombia hace un llamado a garantizar “discusiones amplias y técnicas” en medio del debate de la reforma a la salud y atender la actual crisis del sistema sanitario que, según ellos, “está comprometiendo seriamente la continuidad y calidad” de los servicios de salud de los que dependen millones de colombianos.
Los puntos críticos según Pacientes Colombia:
1. Se acaba el aseguramiento individual y pasamos a aseguramiento social, esto quiere decir que el derecho a la salud se puede garantizar únicamente hasta donde alcancen los recursos.
2. Se fragmenta la UPC en tres subcuentas sin dar claridad sobre los porcentajes asignados a cada una. Lo cual puede implicar una menor asignación presupuestal para la atención en salud.

3. No se definió la ruta de atención integral y/o procesos y procedimientos claros para los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo que requieren atención especial y diferencial.
4. No se definió el presupuesto ni la ruta de atención integral para los pacientes con enfermedades huérfanas y raras.
5. Se asignan superpoderes a la Adres, implica la pérdida de control sobre los recursos, pues no hay veeduría. Asimismo, la entidad asume funciones para las cuales no tiene la capacidad técnica, es el caso de la definición de insumos para los manuales tarifarios.
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