A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe expresó su descontento con la Fiscalía por la que él dice fue una interceptación de su teléfono durante una investigación por presunto soborno de testigos.
Uribe afirmó que su línea telefónica fue interceptada por error, en lugar de la de un parlamentario investigado por vínculos con el Cartel de la Toga. A pesar de que el operador notificó el error a tiempo, la desconexión se ordenó tardíamente, manteniendo la interceptación desde el 7 de marzo hasta el 9 de abril de 2018.
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Durante la audiencia, Uribe manifestó su preocupación por la actuación de la Fiscalía, que en lugar de reconocer el error y excluir las llamadas interceptadas de manera ilegal, intentó justificar la intervención telefónica como si él también estuviera bajo investigación por el Cartel de la Toga.
Este cartel es conocido por su implicación en actos de corrupción dentro del sistema judicial colombiano.
“En la audiencia de ayer me dejó más preocupado la intervención de la Fiscalía. Es claro que ordenaron interceptar el teléfono de un parlamentario diferente que investigaban por supuestos vínculos con el Cartel de la Toga, pero interceptaron el mío. A pesar de que a tiempo el operador informó del error, tan tardía fue la orden de desconexión que me mantuvieron interceptado del 7 de marzo hasta el 9 de abril de 2018″, fueron las palabras del exmandatario.
El expresidente criticó duramente a la Fiscalía por no haber actuado con la debida diligencia al corregir el error de interceptación.
Según Uribe, la Fiscalía no solo falló en desconectar su línea a tiempo, sino que además intentó justificar la interceptación como parte de una investigación más amplia, lo que él considera una violación de sus derechos.
“En lugar de reconocer el error, de excluir las llamadas ilegalmente interceptadas, tratan, sin mínima razón, de forzar la justificación como que a mí también me hubieran investigado por el Cartel de la Toga, y que me desconectaron cuando se dieron cuenta que no era así”, finalizó Uribe.
El caso de Uribe
El expresidente Álvaro Uribe enfrenta un proceso judicial en Colombia por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, según información del ente acusador. La Fiscalía General de la Nación investiga si Uribe, junto con su abogado Diego Cadena, intentó manipular testimonios para favorecer su posición en un caso que involucra al senador Iván Cepeda. Cepeda había acusado previamente a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares.
El caso ha sido complejo y prolongado, con numerosas audiencias y aplazamientos. La defensa de Uribe ha sostenido que no se le han garantizado los derechos procesales necesarios para una defensa adecuada. Además, han solicitado la exclusión de ciertas pruebas, como las interceptaciones telefónicas, argumentando que fueron obtenidas de manera ilegal.
El proceso judicial ha captado la atención pública debido a la prominencia de Uribe en la política colombiana. Como expresidente, Uribe ha sido una figura influyente y polarizadora, lo que añade un nivel de interés y controversia al caso. La defensa insiste en que las pruebas presentadas en su contra no son válidas y que el proceso está viciado.
Por otro lado, el caso también ha puesto de relieve las tensiones políticas en Colombia, donde las acusaciones de vínculos con grupos paramilitares han sido un tema recurrente en el debate político. La situación legal de Uribe podría tener implicaciones significativas para el panorama político del país, especialmente en un contexto donde la justicia y la política están estrechamente entrelazadas.
De hecho, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, declaro que pese a los cuestionamientos que no están dilatando el proceso y que tienen razones para creer que las pruebas podrían haber sido alteradas.
El caso contra Uribe ha captado la atención pública debido a su prolongada duración y las implicaciones políticas que conlleva. La primera audiencia preparatoria del juicio está programada para el 6 de septiembre, un paso crucial en el desarrollo del proceso judicial. Granados insiste en que su cliente no está buscando retrasar el juicio, sino que está comprometido con la transparencia y la justicia.
La defensa de Uribe ha manifestado su preocupación por la integridad de las pruebas presentadas en el caso, sugiriendo que podrían haber sido manipuladas.
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