Para aclarar las acusaciones hechas por el presidente Gustavo Petro sobre la compra de un software por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) de la Policía Nacional para labores de espionaje, la Fiscalía General de la Nación informó el 5 de septiembre que ha comenzado las investigaciones pertinentes.
La fiscal Luz Adriana Camargo informó que hasta el momento la Fiscalía no tiene certeza de que las comunicaciones de los magistrados de las altas cortes hayan sido interceptadas con el software Pegasus. Camargo también comentó que se reunió con el presidente Gustavo Petro antes de que el mandatario denunciara públicamente la supuesta adquisición de dicho programa a Israel durante el gobierno de Iván Duque.
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La fiscal Luz Adriana Camargo comentó que, ante la gravedad de las revelaciones sobre el uso del software Pegasus, especialmente debido a su base en informes de unidades de investigación financiera procedentes de Suiza, se anunció una investigación. Sin embargo, aclaró que dicha investigación no se inició de nuevo, ya que ésta ya estaba en curso previamente.
Y agregó que: “Nosotros veníamos investigando a partir de la información que nos trasladó el presidente de la Corte Constitucional. Veníamos investigando si existían infiltraciones a teléfonos más que interceptaciones, porque entendemos que se trata de software mucho más complejos como este Pegasus. Entonces, en el marco de esa investigación, asumimos esta nueva línea de investigación”.
La fiscal Luz Adriana Camargo expresó que la información difundida le parece de “suma gravedad”, motivo por el cual se hizo el anuncio correspondiente. Camargo enfatizó que, aunque no suele anunciar investigaciones futuras, sino las ya realizadas, consideraron que este asunto es de una “inmensa gravedad”. Además, informó que están identificando todas las líneas lógicas de investigación, basándose en el reporte de operaciones sospechosas que se hizo llegar a Colombia.
Asimismo dijo “En este momento, aún no sabemos naturalmente si existe o no existe el contrato. Es cierto que el Ministerio de Defensa emitió algún pronunciamiento hace unos meses diciendo que entre la documentación oficial no encontró ninguna evidencia. Sin embargo, evidentemente hay una autoridad extranjera de carácter financiero que nos está diciendo que hubo un movimiento de aproximadamente 11 millones de dólares para la adquisición de un software semejante, que dicho sea de paso no está considerado como software, sino como un arma. Entonces, esto es de tener en cuenta”.
La fiscal Luz Adriana Camargo señaló que, en su opinión, existen dos aspectos a considerar con respecto a esta situación, y es que, según ella la información brindada no es esencialmente correcta y coincidió con una revisión periódica de su sistema de seguridad de cúpula. Aclaró que no tienen evidencia de que eso haya sucedido, en referencia a su utilización para realizar chuzadas y están en proceso de identificar si ese tipo de software, que es muy sofisticado y normalmente no deja rastro.
“Estamos identificando si ese software existió. Ese tipo de software es muy sofisticado y normalmente no deja rastro, entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración. Es un software malicioso que se inserta en los teléfonos celulares”, dijo la fiscal frente a varios medios de comunicación.
Así mismo la fiscal cerró su intervención diciendo “Entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta también mucho más completa al país respecto de esa información que se brindó sobre la aparente compra del software Pegasus”.
Y es que, anteriormente la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que estaba investigando dicho suceso por medio de un comunicado en el que informaron que: “En virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la unidad de Fiscales Delegados ante la Corte de justicia activó dichas averiguaciones en el marco de la indagación abierta el pasado mes de junio, por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de las altas corporaciones de justicia”