Presupuesto General de la Nación: Miguel Uribe exige que el ministro de Hacienda ajuste el plan para 2025

El miércoles 14 de agosto, el senador Miguel Uribe Turbay, representante del Centro Democrático, presentó una solicitud formal para que el proyecto de ley relativo al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, que fue presentado en la Cámara de Representantes el pasado 30 de julio, sea devuelto al Ministerio de Hacienda. Uribe argumentó que el presupuesto propuesto presenta serias deficiencias, describiéndolo como “desfinanciado“ y basado en proyecciones poco realistas.

Según el senador, estas deficiencias podrían amenazar la estabilidad financiera del país si no se corrigen, y, por lo tanto, considera que es necesario revisar y ajustar las cifras antes de continuar con su tramitación. El congresista expresó su desacuerdo con la proyección del presupuesto para 2025, $523 billones. En su crítica, destacó que esta cifra incluye una estimación de $12 billones que se supone provendrán de una ley de financiamiento que aún no ha sido sometida a consideración en el Congreso.

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Según el congresista, la inclusión de estos fondos en el presupuesto sin la aprobación previa de la ley correspondiente plantea serios problemas de transparencia y planificación. “Lo más grave es que el gobierno está gastando plata en nómina y burocracia y el derroche también es corrupción”, expresó Uribe, señalando su preocupación por el aumento desmesurado en los gastos operativos del gobierno.

El congresista de la oposición señaló que el gasto en funcionamiento creció en 70 billones de pesos en los últimos tres años, mientras que la inversión en áreas fundamentales para el desarrollo del país permaneció estancada. “Esto es el resultado de tres años de Gustavo Petro: un aumento del 26% en el gasto burocrático mientras se recorta la inversión en áreas esenciales para el desarrollo del país”, enfatizó Uribe.

Miguel Uribe también cuestionó las proyecciones económicas para 2025 incluidas en el presupuesto, que estiman un aumento del 3% en la economía. Según él, esta previsión es excesivamente optimista y se desvía significativamente de las estimaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de la República, que proyectan un crecimiento más modesto, entre el 2,6% y el 2,7%.

A esto se suma otro problema crítico: la disminución del 8,7% en el recaudo tributario durante los primeros seis meses de 2024. Esta caída en los ingresos ya llevó a recortes en el presupuesto de 2024 y podría tener un impacto negativo en el presupuesto de 2025, dejándolo aún más desfinanciado.

Los congresistas tienen hasta el 15 de agosto para decidir si devolverán el proyecto a Ricardo Bonilla para realizar los ajustes necesarios. Posteriormente, hasta el 15 de septiembre, deberán definir el monto del presupuesto para el próximo año. “Fedesarrollo ya ha indicado que es necesario recortar al menos 26.6 billones de pesos, y otros expertos sugieren que la cifra podría llegar hasta 40 billones”, comentó Uribe.

Los problemas adicionales con el presupuesto y la necesidad de realizar más recortes tienen varias implicaciones significativas para la economía y la administración pública. Aquí un análisis de las posibles consecuencias:

• Reducción en la inversión pública: con más recortes presupuestarios, la inversión en proyectos de infraestructura, educación, salud y otros sectores clave podría verse gravemente afectada. Esto podría ralentizar el desarrollo económico y limitar la capacidad del gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
• Impacto en el crecimiento económico: los ajustes drásticos en el presupuesto podrían reducir aún más las proyecciones de crecimiento económico. Si los recortes afectan áreas productivas y de desarrollo, el crecimiento económico podría ser más bajo de lo esperado. Esto también podría aumentar el riesgo de una desaceleración económica, ya que la reducción en el gasto público puede disminuir la demanda agregada y, por ende, afectar negativamente a los sectores privados.

• Presiones políticas y sociales: la necesidad de realizar más recortes puede generar tensiones políticas y sociales. Los recortes en áreas esenciales pueden llevar a protestas y descontento entre la población. Los ciudadanos pueden percibir los ajustes como una medida desfavorable que afecta sus servicios y beneficios, lo que podría incrementar el conflicto social y la presión sobre los legisladores.