Subsidios para ‘pobres’ terminan en manos de declarantes de renta y hasta de fallecidos, el hueco en la economía

La gestión de los recursos asignados a Prosperidad Social, entidad clave en la asistencia a la población vulnerable de Colombia, fue cuestionada por la Contraloría General de la República. En una auditoría financiera correspondiente a 2023, se detectaron serias deficiencias en la ejecución presupuestal, lo que resultó en una subutilización preocupante de los fondos destinados a los sectores más necesitados del país.

Durante este proceso de auditoría, se reveló que, a pesar de haberse aprobado $9,8 billones para 18 proyectos de inversión, la entidad solo logró ejecutar el 85% de estos recursos, lo que se traduce en una pérdida significativa de $1.459 millones. Este subejercicio afectó la efectividad de los programas, a su vez que dejó en evidencia una falta de planificación y control que podría estar costando millones a la nación.

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Además, se encontraron irregularidades en el Programa Jóvenes en Acción, uno de los pilares del apoyo a la juventud en situación de vulnerabilidad. La auditoría identificó que algunos beneficiarios habían declarado renta en los años 2021 y 2022, lo cual contraviene las condiciones socioeconómicas exigidas para participar en este programa, diseñado exclusivamente para apoyar a jóvenes en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez, desde Cali, destacó la gravedad de estos hallazgos, especialmente los casos en los que se siguen pagando subsidios a personas fallecidas y a ciudadanos que no cumplen con los requisitos legales. Estos errores en la distribución de los incentivos no solo desvían recursos críticos de quienes realmente los necesitan, también reflejan una preocupante falta de supervisión dentro de Prosperidad Social.

Otro hallazgo de la auditoría es la baja calidad de la información que respalda los programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor. La falta de exactitud, actualización y confiabilidad en los datos dificulta enormemente la toma de decisiones efectivas y la correcta asignación de recursos dentro de la entidad, lo que podría estar afectando directamente a miles de familias colombianas.

Como resultado de estos problemas, la Contraloría identificó 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 podrían derivar en sanciones disciplinarias y 10 tendrían una incidencia fiscal que supera los 108.000 millones de pesos. Estos descubrimientos señalan, según el órgano de control, la necesidad urgente de reformar los procesos de control y gestión dentro de Prosperidad Social para asegurar que los recursos destinados a las poblaciones vulnerables sean utilizados de manera eficiente y transparente.

Los hallazgos revelados por la Contraloría General de la República sobre la gestión de Prosperidad Social en 2023 tienen implicaciones significativas para la economía colombiana, especialmente en lo que respecta al uso eficiente de los recursos públicos y el impacto en las poblaciones vulnerables.

La falta de efectividad en la ejecución de estos fondos implica una pérdida directa para el Estado, y también frena el potencial crecimiento económico que podría haber sido generado si los recursos se hubiesen invertido correctamente en programas de apoyo a las poblaciones más vulnerables. Estos programas, como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor, están diseñados para estimular la demanda interna al proporcionar ayudas directas a quienes más lo necesitan, impulsando así el consumo y fortaleciendo la economía local.

La baja calidad de la información y los problemas en la actualización de los datos utilizados para gestionar estos programas complican aún más la asignación eficiente de recursos, lo que podría derivar en un mal uso de los fondos públicos y en decisiones económicas menos efectivas. Esta situación tiene un efecto cascada que no solo afecta a las personas vulnerables, también tiene repercusiones en la estabilidad económica y en la capacidad del gobierno para implementar políticas de bienestar social.