CNE aclaró qué pasó con el dinero de los partidos de oposición y culpó al Ministerio de Hacienda: duro comunicado

Frente a la polémica que se generó con respecto a las denuncias de los directores de dos partidos políticos de la oposición, Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, y Gabriel Vallejo Chujfi, del Centro Democrático, sobre lo que sería la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de retener los recursos que por ley deben girarse a las colectividades, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció.

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En su defensa, el CNE solicitó el 12 de julio de 2024 una partida adicional del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) al Ministerio de Hacienda, con el fin de cubrir gastos de funcionamiento de partidos y movimientos políticos correspondientes al 2023 y 2024, así como para la reposición de gastos de campaña. Sin embargo, según afirmaron en su pronunciamiento, la respuesta no fue positiva.

En respuesta, la cartera negó el 22 de julio la aprobación del PAC para el mes en curso y agosto y se remitió, a juzgar por el documento,“atender lo solicitado de acuerdo con lo definido en la reunión de análisis de PAC para los meses de julio y agosto”. La entidad además indicó que “las solicitudes aprobadas con valor cero las pueden volver a cargar de acuerdo con el calendario PAC”, en un trámite administrativo.

“Es deber constitucional y legal del Consejo Nacional Electoral distribuir entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los recursos de origen Estatal para cubrir gastos de funcionamiento y reposición de gastos de campaña, los cuales se solicitan ante el Gobierno central”, reiteró en su misiva.

El descontento de la CNE a la decisión del Ministerio de Hacienda

El CNE expresó su inconformidad con respecto a la respuesta dada por la dependencia del Ejecutivo, y remarcó que los recursos solicitados son parte de los deberes constitucionales y legales del Estado. A su vez, el ente rector del orden electoral en Colombia agregó que los recursos que no ha girado el Gobierno nacional “son de los partidos, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.

Y es que, según se lee en el artículo 12 de la Ley 130 de 1994, los fondos a distribuir entre partidos y movimientos políticos son de origen estatal y tienen el propósito de cubrir gastos de funcionamiento y la reposición de gastos de campaña. Por lo que el Consejo Nacional Electoral enfatizó que su deber es distribuir estos recursos, por lo que conminó al jefe de Estado a que no retenga, sin justa causa, los montos.

Es por esto que el CNE solicitó al Ministerio de Hacienda una explicación sobre la negativa, cuestionando las razones dadas, y está a la espera de una comunicación oficial al respecto. Pese a esta decisión, el ente se prepara para reanudar el trámite conforme a las instrucciones recibidas. No es la primera vez que se elevan peticiones similares para garantizar el funcionamiento correcto de los partidos políticos.

“Una forma de debilitar la democracia es ahogar financieramente a los partidos políticos y asfixiarlos hasta que desaparezcan. ¿Será esta una combinación de todas las formas de lucha que tanto gusta en los comunistas?”, advirtió Vallejo Chujfi sobre este delicado asunto, en un pronunciamiento al que también se sumó Gómez Martínez, que apuntó hacia el primer mandatario como el responsable de esta decisión.

De acuerdo con la información de W Radio, el monto que no ha desembolsado el Ministerio de Hacienda al órgano electoral para el funcionamiento de los partidos políticos entre 2023 y 2024 es de $61.906 millones; a lo que se suman $4.345 millones para reposición de votos, tras las elecciones regionales del 2023.

Pese a este comunicado del Consejo Nacional Electoral, todavía no se conoce la postura del Gobierno sobre los motivos que llevaron a que se retuvieran los recursos que deben girarse a los partidos políticos; en un asunto que continúa generando reacciones en las redes sociales, pues sería, según lo han señalado los dos líderes, una forma de coartar el derecho de la oposición a ejercer su derecho democrático.