La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue hallada culpable por financiación del paramilitarismo en Colombia, según determinó la justicia de Estados Unidos, luego de seis semanas de juicio. La compañía ya se había declarado culpable por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de que el Departamento de Justicia estadounidense la investigara.
De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la empresa llegó a efectuar 100 pagos por más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. La entrega del dinero se llevó a cabo entre 1997 y 2004, con el objetivo de contar con “seguridad privada”, proporcionada por los paramilitares.
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Según detalló Cambio, la multinacional se defendió en los juicios asegurando que los millones de dólares entregados a las AUC, lideradas por la Casa Castaño, obedecieron a una necesidad de proteger a los trabajadores de la empresa de los mismos paramilitares, por cuenta de las extorsiones y amenazas que estos ejecutaban.
No obstante, según el medio citado, el abogado de las víctimas, Jack Scarola, afirmó que la empresa firmó un “pacto con el diablo” al decidir financiar el paramilitarismo en Colombia, sabiendo los crímenes que se cometían. Incluso, indicó que no puede exonerársele de responsabilidad a pesar de que, en efecto, hubiera sido objeto de intimidaciones.
Los 10 jueces que escucharon los argumentos de las partes tomaron la decisión de declarar culpable a la empresa. “Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, aseguró el asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, Marco Simons, citado por Cambio.
Según dicha organización sin ánimo de lucro, que se dedica a emprender acciones legales contra “poderosas corporaciones” en defensa de los derechos humanos, todo el proceso inició en 2007, cuando interpusieron una demanda colectiva federal en nombre de las víctimas de las AUC en Colombia.
Pues, el dinero que Chiquita Brands entregó a los hombres armados permitió que sus operaciones delictivas se mantuvieran en varias regiones bananeras del país. Exdirectivos, expresidentes y exconsejeros generales de la empresa fueron señalados por las víctimas de hacer parte de este entramado.
Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, cuyo saldo fue 607 víctimas. Esto ocurrió entre 1991 y 2011, años en los que habitantes, líderes y lideresas sociales, trabajadores y sindicalistas, fueron asesinados.
El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega recordó que los paramilitares dejaron más de 4.000 víctimas en el Urabá. “La justicia norteamericana ha avanzado, primero impuso una multa de 25 millones de dólares a esa empresa, pero ese dinero quedó en Estados Unidos y las víctimas están en Colombia. En Colombia, las empresas y personas que financiaron el paramilitarismo, sobre todo en esa región, gozan de impunidad”, detalló el exfuncionario.
Indicó que ni la justicia ordinaria, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni Justicia y Paz, han impartido justicia con respecto a las acciones delictivas de la multinacional en el país. “Esperamos nosotros que la justicia colombiana, de manera pronta, decida sobre esos temas, ubique las responsabilidades e imponga las sanciones que se requieren”, precisó Vega, el 30 de abril de 2024, cuando empezaron los juicios contra Chiquita Brands en Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes consultadas por El Tiempo, aunque fue la justicia estadounidense la que halló culpable a la compañía, se aplicará el Código Civil colombiano y, en esa medida, las víctimas tendrán que ser indemnizadas.