Luego de los controversiales nombramientos en altos cargos de allegados al Gobierno Nacional, o ‘petristas pura sangre’, como afirmó Gustavo Bolívar, el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y beneficiario de este giro en las designaciones, se cuestiona que el jefe de Estado priorizara el respaldo que le brindan sobre la experiencia y preparación que se requiere para ocupar esos puestos.
Ante esas críticas, los gobiernistas cambiaron su discurso y después de descalificar a funcionarios de administraciones anteriores que solo contaban con estudios de bachillerato, como paso con el mismo Bolívar, ahora señalan con ironía la gestión de quienes denominaron como ‘técnicos’ que cuentan con estudios de posgrado.
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Entre ellos estuvo el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, la coalición de partidos y movimientos de izquierda con la que Gustavo Petro llegó a la presidencia, quien recordó el grave episodio que ocurrió en marzo de 2022 cuando uniformados del Ejército Nacional asesinaron a 11 civiles que participaban en un bazar en la vereda de El Alto Remanso, en zona rural del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), en zona de frontera con Ecuador y Perú.
El congresista recordó con ironía, que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró en ese momento que se trató de un operativo en contra de miembros de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, algo que posteriormente ha ido desestimando la Justicia, luego del proceso penal que iniciaron contra los militares que están implicados en este múltiple crimen.
”Diego Andrés Molano, Maestría en Administración Pública en la U. de Columbia de Nueva York: justificó la muerte de una mujer embarazada, un niño y otros inocentes en la masacre del Remanso, Putumayo. Otro faro Ético de la derecha (sic)”, publicó en su cuenta oficial en la red social X.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, el principal partido opositor de Colombia en la actualidad, contradijo al congresista ‘petrista‘ con una desobligante expresión sobre este hecho que “puso sobre las cuerdas” al entonces presidente, Iván Duque.
“¿Justificando el bazar cocalero donde si había menores, la culpa es de las farc? Tan hábiles estos falsos moralistas que callan con la barbarie guerrillera (sic)”, trinó.
Se debe recordar que por estos hechos hay procesados 25 militares, entre los que hay tres oficiales: un coronel, un capitán y un teniente; cuatro suboficiales y 18 soldados.
En su momento, con el reporte del aparente operativo, el mismo ministro señaló que fueron nueve personas las que perdieron la vida en el mencionado operativo eran subversivos, sin embargo, la misma Defensoría del Pueblo, confirmó que entre ellos había civiles como era el caso del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Divier Hernández Rojas, su esposa, el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche y un menor de 16 años de edad.
La masacre incluso trascendió al ámbito internacional y el observatorio de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) señaló en septiembre del año pasado que Molano no contó la verdad sobre esos hechos.
“Dijo que las personas que murieron eran “criminales” y “miembros” de Comandos de la Frontera. Dos de las once personas asesinadas tenían antecedentes penales que no están relacionados con su supuesta pertenencia a Comandos de la Frontera”, indicaron en un comunicado.
Y sobre las capturas que hubo en ese señalado operativo, desde HRW aseguraron que no existió evidencia de las detenciones.
“Las autoridades proporcionaron información incoherente y, en ocasiones, abiertamente falsa de los hechos, en entrevistas con los medios de comunicación, así como durante reuniones con Human Rights Watch. Por ejemplo, el entonces ministro de Defensa Molano tuiteó que cuatro personas habían sido detenidas durante la operación, pero la Fiscalía confirmó que no se había detenido a nadie”, agregaron.
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