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La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juzgado de Barranquilla (Atlántico) el escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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En el proceso, que fue radicado esta semana, el ente acusador estableció que la audiencia de acusación contra el hijo mayor del presidente Petro se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana del próximo 20 de noviembre, de manera presencial, en Barranquilla.
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En la diligencia, que será presidida por el fiscal Mario Burgos, se espera que se revelen detalles adicionales sobre la investigación que se adelanta contra Petro Burgos por presuntamente haberse enriquecido ilegalmente con 1.053 millones de pesos, los cuales, al parecer, estaban destinados a la campaña presidencial de su padre.
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“Observa este despacho judicial que el escrito de acusación presentado contiene 83 folios útiles, compuesto por múltiples anexos, testimonios, entrevistas, informes de investigador de campo, dictámenes periciales y declaraciones; así las cosas, con el fin de viabilizar el traslado de esos documentos a cada uno de los sujetos procesales, se hace necesario celebrar la audiencia de forma presencial, toda vez que podría dificultarse la exhibición de elementos materiales probatorios en el desarrollo de la audiencia”, se lee en la citación contra Nicolás Petro, conocida por la Caracol Radio.
A continuación, la citación a la audiencia de acusación contra Nicolás Petro Burgos:
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El ente acusador tomó la decisión de llevar a juicio a Petro Burgos luego de advertir que no había facilitado las pruebas que se comprometió a entregar públicamente, con el fin de esclarecer ese presunto caso de corrupción electoral.
Y es que en la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo hace casi dos meses, Petro Burgos dio a conocer que iniciaría un proceso de colaboración con la Fiscalía sobre la entrada irregular de dineros en la campaña presidencial de su padre.
“Quiero anunciar a Colombia que iniciaré un proceso de colaboración en la que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene al camino”, aseguró en ese entonces el exdiputado por el departamento del Atlántico durante la mencionada audiencia.
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Pese a ello, el hijo mayor del presidente Petro habría entregado poca información y pruebas a la Fiscalía, por lo que el ente acusador decidió enviarlo a juicio.
¿Y qué dice el escrito de acusación?
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El texto inicia explicando que la razón de los cargos de enriquecimiento y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos radica en que el exdiputado del departamento del Atlántico registró un incremento abrupto en su patrimonio, el cual no pudo ser justificado de manera legal.
“No reportó tener obligaciones financieras, ni ser participante en sociedades, tener actividades económicas de carácter privado, fideicomisos, ni encargos fiduciarios; no informó tener inversiones en bonos, fondos de inversión, fondos de ahorro voluntario, ni tampoco haber recibido donaciones que representen deducciones en su declaración de renta”, se lee en el escrito de acusación.
La Fiscalía además subrayó en el documento que “con los dineros recibidos por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos en efectivo e injustificados en cuantía de $1.053.911.056 millones, al no ser el producto de la actividad económica como diputado, adquirió e invirtió en la compra del lote 2 AManzana 24, Carrera 8 No. 3-24 del proyecto SZIGE en Villas de Palmarito, Tubará, Atlántico, por un valor de $334.938.000, pagado en efectivo”.
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Debido a que Petro Burgos no pudo justificar su patrimonio respecto a sus ingresos como diputado, él mismo reconoció durante la audiencia del pasado 3 de agosto que recibió dineros de manera ilegal para la campaña presidencial de su padre por parte del exnarco Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo de Alfonso El Turco Hilsaca, investigado por nexos con el paramilitarismo, los cuales él finalmente se quedó.
En el caso de que Nicolás Petro sea declarado culpable por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se expondría a recibir una pena de 15 años de cárcel, según conoció el diario El Tiempo.
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