Polémica por la presencia de venezolanos como aliados del alcalde Daniel Quintero en Medellín

Una nueva denuncia salpica la ya cuestionada e investigada administración de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín, que ha sido protagonista de fuertes rifirrafes con concejales y periodistas, como quedó registrado a través de los medios de comunicación.

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A la polémica que suscitó la agresión del mandatario de la capital antioqueña con el cabildante Sebastián López, al que trató de “ladrón” y le lanzó un grave insulto en las propias instalaciones del Concejo, al calificarlo de “hp”, también se suma el agarrón con la periodista de Blu Radio, Ana Cristina Restrepo, a la que calificó de “operadora política” tras revelar un informe de la veeduría Todos X Medellín.

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Pero, como si fueran pocas las controversias a las que ha tenido que hacerle frente el burgomaestre, se conoció el domingo 24 de septiembre un nuevo escándalo que salpica al mandatario: registra los índices de popularidad más bajos en la historia de los alcaldes elegidos por voto popular desde 1988.

El nuevo escándalo que salpica a Daniel Quintero

De acuerdo con el diario El Colombiano, en la administración de Quintero habría entrado en funciones una especie de “junta directiva” que, como sucedía en Bogotá, se encargaba de direccionar los procesos de contratación que se llevaban a cabo en la ciudad y que terminó convirtiéndose en un cartel en la capital de la República.

El rotativo reveló que dos empresarios, ambos de origen venezolano, serían los hombres clave para ejecutar las estrategias en este sentido del burgomaestre: Rafael Carrero Valentiner y Eduardo Rodríguez Hernández, –este último más conocido como Lalo, su remoquete–.

Según el artículo periodístico, Carrero hace parte de una de las familias más cercanas a Hugo Chávez Frías, fallecido presidente de Venezuela, y que amasó su fortuna durante el periodo en que el mandatario estuvo en el poder: entre 1999 y 2013, cuando se confirmó su deceso producto de un agresivo cáncer. Lo que se conoce como un “boli burgues”.

Pero su impacto también está en el campo deportivo, pues son dueños de los equipos de béisbol Bravos de Margarita y los Miami Marlins, de la Major League Baseball, en el que tienen importante participación accionaria.

El Colombiano mencionó que después de la llegada de Chávez, varias pólizas de seguros emitidas por el gobierno venezolano se trasladaron a la compañía de Carrero: Multinacional de Seguros. Pero es extraño que, con el pasar de los años, los socios de esta compañía familiar estarían detrás de la intención del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de darle el golpe de Estado al régimen de Nicolás Maduro.

Por su parte, su socio era contratista del país vecino, y su firma alcanzó a celebrar vínculos contractuales con la petrolera PDVSA por el orden de los 2,5 billones de bolívares, en el periodo comprendido entre 2011 y 2017; pero al año siguiente (2018) huyó de Venezuela por amenazas en su contra y partió hacia Medellín.

A ellos se sumaría Juan Boird Pereda, empleado de Carrera, pero que era conocido, según el medio citado, como el “operador político”, pues tendría la función de cobrar las coimas producto de millonarios contratos.

Entre ellos está el que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) le entregó a Canacol en pro del suministro de gas y construcción de infraestructura gasífera, por 5 billones de pesos.

Aunque en el acuerdo estaba el manejo de la contratación de la Secretaría de Educación, al final esta posibilidad no se cristalizó, lo que habría favorecido –según reseña la denuncia– al exconcejal y hoy candidato a la Alcaldía, Albert Corredor: que sería viejo conocido de Carrero, pues cuando el excabildante cursaba su MBA en suelo americano habrían tenido cercanía.

En donde sí habrían sacado provecho es en la firma TX, aparte de Afinia, filial de EPM en la costa Atlántica, y Plaza Mayor. Entre otros jugosos negocios.

Publicidad a candidaturas políticas

Según la denuncia, estos contratistas estarían financiando, al menos en la publicidad en redes sociales, la campaña del candidato a la gobernación de Antioquia Esteban Restrepo, la cual se gestionó desde la oficina 802 del edificio C13. Habría, al menos, evidencia de la circulación de 39 anuncios en Facebook, gestionados el 8 de marzo y el 9 de junio.

Al ser cuestionado por este asunto, Rodríguez negó su participación en esta campaña, aunque confirmó que sí tiene conocimiento del aspirante y su participación en la contienda del 29 de octubre.

Terra Construcciones Corp, propiedad del mencionado sujeto y representada legalmente por su compatriota Biord, es la que ocupa la oficina que aparece registrada en las facturas de la plataforma. La relación de Quintero con estas instalaciones radica que fue desde allí cuando operó tras la suspensión de la Procuraduría, por participación en política, en mayo de 2022, que lo sacó del piso 12 de La Alpujarra.

Quintero no se ha pronunciado en las redes sociales sobre esta delicada acusación en su contra. “Hay medios más indignados por un hp que por los 20 billones que nos han tumbado esos hp”, fue el único comentario que emitió el domingo 24 de septiembre de 2023, relacionado con el tema EPM-Millicom, y su participación en la empresa de telecomunicaciones Tigo.

El que sí se pronunció fue el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez que replicó el artículo de El Colombiano, pero además agregó un comentario que desató la controversia. “En Venezuela se robaron los recursos y la democracia. Hay que frenarlos para que no sigan haciendo lo mismo aquí”, afirmó.