Por crisis de los pasaportes, Procuraduría realizó inspección en la sede de la Cancillería buscando pruebas de fallas en la contratación estatal

La decisión de suspender la licitación de los pasaportes, además de haber ralentizado el trámite para la expedición de los documentos, podría presentar irregularidades. Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación a la Cancillería y está realizando inspecciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es determinar por qué se declaró desierto el proceso de Licitación Pública No. LP-001.2023, cuyo fin es suministrar, formalizar y distribuir pasaportes.

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El proceso de inspección, en palabras del delegado de la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, Esiquio Manuel Sánchez, consta de “una visita de inspección judicial disciplinaria para recoger elementos material de prueba, evidencia, respecto de la licitación, en el tema de los pasaportes”, pues “vamos a recoger todo lo que tiene que ver con la suspensión de esa licitación, con la declaratoria de desierta de la misma y todo lo que tiene que ver con la urgencia manifiesta que se produjo con relación a la misma”.

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Pero, ¿por qué fue declarada desierta esta licitación? Al parecer, hasta el momento y por 16 años Thomas Greg & Sons era el único proponente que se estaba ganando la licitación. Al solo haber un proponente, se declara desierto el proceso, que según la Cancillería busca suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes.

Así lo ha señalado el Presidente en una publicación de Twitter, al considerar que tener un solo proponente es corrupción: “La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado Gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten”.

En su comunicación, también advirtió a los demás empleados públicos que declarar el proceso desierto no es para beneficiar a los únicos oferentes que se ganarán los contratos, pues la idea es que haya más proponentes: “Y todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción”.

El acto legislativo que suspende el proceso, de acuerdo al comunicado de prensa de Cancillería, manifiesta que se hace no solo para garantizar a los ciudadanos colombianos que salgan y entren al país de manera libre, sino que la decisión busca garantizar “los derechos de los eventuales proponentes que pudieron haber participado en este proceso, a la libre concurrencia y a la igualdad de trato y de oportunidades”. Asimismo, afirma que en la Cancillería “preservamos el principio de la contratación estatal de selección objetiva y los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 superior, Carta Constitucional”.

Pese a esta decisión, el Ministerio Público afirmó en un comunicado que esta decisión infringía algunos puntos clave de la contratación estatal, además de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, de parte del canciller de la Republica Álvaro Leyva Durán y el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. De igual forma, la entidad advirtió que posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad”, se lee en el documento.

La comunicación del ente de control también ”solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

Por otra parte, esta decisión de la Cancillería pone en riesgo todos los procesos relacionados con la expedición de libretas de pasaportes, ya que la licitación quedó desierta mientras que el contrato actual se extiende hasta el próximo 2 de octubre. Con el objetivo de mitigar los retrasos y la falta de libretas, el canciller Leyva anunció que, durante la realización del nuevo proceso de contratación, “se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio”.