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En medio de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para los excombatientes de las Farc, Rodrigo Londoño dio a conocer las solicitudes que se han expedido ante la Fiscalía General de la Nación para erradicar los hechos de violencia de los que han sido víctimas los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
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El actual líder del Partido Comunes —que compadeció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) junto a las voceras Olga Marcela Rico y Karen Alejandra Castro— señaló que algunas de las medidas solicitadas al ente acusador comprenden un informe detallado del presupuesto de la Unidad Especial de Investigación, además de un documento en donde se expongan los modelos de investigación que habría llevado a cabo la entidad.
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De igual forma, el representante de los excombatientes solicitó un informe en el que se den a conocer los procesos que se vienen adelantando con relación a los hechos de violencia que se han registrado contra los firmantes del Acuerdo de Paz.
Según señaló Londoño en medio de la audiencia, la Unidad Especial de Investigación no ha definido los lineamientos, ni ha hecho público los instrumentos de medición para el esclarecimiento de los asesinatos.
“Hay ausencia de investigación en más de 90 municipios donde se han presentado homicidios de personas en proceso de reincorporación. Se ha hecho una inadecuada tipificación de los hechos, los preacuerdos favorecen el ocultamiento de la verdad y existen sanciones no proporcionales con el delito”, indicó Rodrigo Londoño en medio de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para los excombatientes de las Farc.
Las solicitudes de Londoño, antiguo líder de las extintas Farc estarían basadas en cifras como las ofrecidas por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), entidad que dio a conocer la cantidad de hechos de amenaza y riesgo de los que serían víctimas los firmantes de paz. El organismo indicó que de los 1.594 casos que tienen conocimiento, tan solo el 33,12% se han remitido a la Fiscalía General de la Nación y el 58,85% a la Policía Nacional.
La situación daría muestra de una “impunidad estructural”, debido a que existiría “una falta de articulación con las instituciones para el esclarecimiento”. Por otra parte, Karen Alejandra Castro, delegada de la mesa técnica de seguridad y protección del Partido Comunes, solicitó una modificación de la normativa que actualmente maneja la Unidad Nacional de Protección (UNP), esto con el fin de ampliar el campo de acción de la entidad, dando cumplimiento además a lo pactado en el Acuerdo de Paz.
Para Castro, la entidad debe contar con personas que sean de confianza para los integrantes del nuevo partido o “movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal”. Así mismo, la funcionaria enfatizó que se deben tomar medidas ante la estigmatización de la que serían víctimas los firmantes de paz dentro de las entidades estatales.
“Es necesario señalar que la articulación de las instituciones para el desarrollo de las acciones no ataca las causas estructurales que originan los riesgos, limitando el actuar, a la realización de diagnósticos, la puesta en marcha de espacios interinstitucionales, la activación de protocolos, rutas de atención y planes de contingencia”, añadió Karen Alejandra Castro, delegada de la mesa técnica de seguridad y protección del Partido Comunes.
Cabe resaltar que la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, había señalado que el 80% de las desapariciones, homicidios y amenazas a excombatientes de las extintas Farc son causados por organizaciones criminales, siendo las disidencias de las Farc causantes del 63% de los casos.
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