Amnistía Internacional pidió al Gobierno Petro reconocer a los venezolanos como refugiados

En un nuevo informe llamado ‘Regularizar y proteger: obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas’, Amnistía Internacional evidenció que Colombia está incumpliendo sus obligaciones bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida e integridad.

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La organización advirtió que el número de venezolanos reconocidos como refugiados en Colombia hasta junio de 2023 es bajo, si se compara con la cifra total de migrantes que hay en el país andino.

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Según la plataforma R4V, esta población alcanzaba unas 2.477.588 personas. Sin embargo, si se tiene en cuenta la información recopilada por el Migration Policy Institute, esta cifra llegaría a 2.894.593 y representa el 40% de las personas venezolanas refugiadas en América Latina y el Caribe, y el 93% de las personas extranjeras en Colombia.

De ese total, apenas 47.796 personas venezolanas han realizado solicitudes de asilo entre 2016 y 2022, de las cuales solo fueron otorgadas 1.367.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, resaltó la obligación que tienen los Estados para garantizar “de manera urgente” los derechos humanos de los refugiados:

“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional”.

Además, considera que las personas venezolanas que huyen de esta situación necesitan protección internacional y, por tanto, deberían ser reconocidas como refugiadas.

Sin embargo, señala el informe que a pesar de que Colombia cuenta con leyes que definen a una persona refugiada como quien huye de situaciones como la de Venezuela, “se ha comprobado que rara vez las aplican”.

Lo anterior, teniendo en cuenta leyes suscritas por el Gobierno como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Con base a estas normas legales, están obligados a proteger a las personas venezolanas que han huido de su país.

En Colombia, donde viven unos 2,9 millones de personas venezolanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en 2018, que fue reemplazado en 2021 por el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV).

Si bien este permiso otorga a las personas venezolanas un estatus migratorio regular por 10 años y las autoriza a trabajar y acceder a servicios de salud y educación, no establece garantías de protección frente a la devolución a Venezuela, de acuerdo con Amnistía Internacional.

“La falta de acceso a un estatus migratorio regular es especialmente preocupante para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género”, puntualizó Piquer.

Para la organización, también preocupan los requisitos documentales de difícil cumplimiento, límites temporales excluyentes, demoras importantes en la tramitación de solicitudes, y la aparente incompatibilidad entre el ETPV y solicitudes de refugio.

Dentro de las recomendaciones que hace Amnistía Internacional al Gobierno colombiano, están:

• Garantizar el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada para todas las personas venezolanas, incluyendo el acceso efectivo y sin demoras al procedimiento.
• Garantizar que los venezolanos no sean retornados de forma forzada a su país y “respetar el principio de no devolución en todas las circunstancias”.
• Que todos los venezolanos puedan “solicitar tanto el acceso al ETPV como al asilo y el Estado colombiano no los presente como excluyentes”.

Lejos de estar revirtiéndose la situación, la organización hizo énfasis en que el número de personas en el extranjero refleja un aumento de 1.400.000 personas que salieron del país entre mayo de 2022 y agosto de 2023.