Los menores de edad siguen siendo blanco del conflicto armado en Colombia

El Consejo Noruego para Refugiados reveló un informe que detalle las zonas y las cifras donde se pone en riesgo la vida e integridad en entornos escolares

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El Consejo Noruego para Refugiados (NRC), y la Corporación Infancia y Desarrollo (LA CID) manifestaron la urgente necesidad de proteger las escuelas en Colombia-créditoAlejandro Rodríguez @Cuartoscuro
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC), y la Corporación Infancia y Desarrollo (LA CID) manifestaron la urgente necesidad de proteger las escuelas en Colombia-créditoAlejandro Rodríguez @Cuartoscuro

En la conmemoración del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, Unicef, Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), y la Corporación Infancia y Desarrollo (LA CID) manifestaron la urgente necesidad de proteger las escuelas en Colombia, que según las cifras reportadas, los hechos violentos aumentaron en un 18% frente a los casos reportados en el mismo periodo de 2022.

Es por eso que el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) entregó su reporte semestral sobre ‘Escuelas Seguras’ en Colombia, correspondiente al periodo de enero a junio de 2023, el cual alerta sobre la seguridad en las instituciones educativas en el país, revelando así un panorama que preocupa por los constantes ataques afectando la vida y la integridad de los estudiantes, docentes y personas en general.

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El reporte indica que entre enero y junio de 2023, cerca 7.485 personas fueron afectadas por eventos que atentaron contra la tranquilidad en recintos educativos o escuelas, de este total, 7.026 eran niñas, niños y adolescentes, 370 eran docentes y 87 pertenecían al personal educativo.

Estas cifras son un reflejo del aumento con respecto al mismo período del año anterior, cuando se registraron 46 eventos que afectaron la educación en ocho departamentos, aumentando en un 18% en comparación con el primer semestre de 2022, cuando el 67% de los hechos ocurrieron en el camino hacia la escuela y el 33% se registró al interior de las instalaciones educativas.

El reporte destacó que Norte de Santander es el departamento más afectado con el 39% de acciones violentas, mostrando un aumento del 80% en comparación con el mismo período del año anterior, otro de los afectados es Chocó, el cual registró un aumento del 60% en el número de reportes; los departamentos de Antioquia y Arauca registraron un porcentaje menor, con el 60 % y 44 %, respectivamente, comparado con el primer semestre de 2022.

Menores con sus familias tienen que migrar de sus regiones por el impacto que deja la guerra, abandonando así mismo sus estudios-crédito Infobae
Menores con sus familias tienen que migrar de sus regiones por el impacto que deja la guerra, abandonando así mismo sus estudios-crédito Infobae

Según el informe, estos ataques fueron perpetrados con Minas Anti Personal (MAP) o Municiones Sin Explosionar (MSE), 17 fueron enfrentamientos armados, 12 afectaron a estudiantes, 11 implicaron el uso u ocupación militar de una o más escuelas, tres afectaron a docentes y tres al personal educativo, siendo los municipios de Convención y Hacarí, en Norte de Santander, el Alto Baudó y Sipí, en Chocó, con un 37% de todos los hechos registrados

Por el momento, detalla el informe, el 67% de los eventos perpetrados han dejado secuelas en la población, la cual requieren de auxilios emocionales, ayuda humanitaria de emergencia, educación en emergencia, kits educativos, desminado humanitario, reparaciones locativas, formación a fuerza pública, educación en riesgo de minas, formación docente sobre declaración de escuelas seguras

Frente a estos hechos de guerra que perjudican altamente a los menores de edad en sus entornos escolares, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado para que se tomen medidas concretas, incluyendo:

1. Mejorar el monitoreo y reporte de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, especialmente en áreas donde faltan datos.

2. Fortalecer los esfuerzos para prevenir y proteger las escuelas, especialmente en relación con el uso y ocupación militar.

3. Continuar priorizando la protección de las escuelas en áreas de difícil acceso y proporcionar asistencia a las víctimas.

4. Evaluar la seguridad de los establecimientos educativos antes de reabrirlos en áreas de riesgo.

5. Desarrollar políticas educativas que promuevan la paz y el acceso equitativo a la educación.

6. Priorizar la eliminación de peligros de artefactos explosivos en zonas educativas

7. Insistir en el respeto al derecho internacional humanitario en los diálogos de paz con actores armados.

8. Establecer un mecanismo conjunto de recolección de información y análisis de ataques contra la educación.

9. Incrementar el apoyo financiero al sector de la educación, que actualmente representa solo el 1,7% de los fondos recibidos por actores humanitarios en Colombia.