Esta es la imputación de la JEP contra las Farc por violencia sexual y otros crímenes en Nariño

Desde Tumaco (Nariño), la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 15 exintegrantes de las Farc, entre ellos Pablo Catatumbo, fueron hallados responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado en los municipios Barbacoas, Tumaco y Ricaurte (Nariño), priorizados en el macrocaso 02 de este tribunal.

El tribunal de justicia transicional emitió el primer auto de determinación de hechos y conductas en el conflicto interno dentro del macrocaso cuyas investigaciones están centradas en la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos en esos tres municipios de Nariño, entre ellas “la existencia e implementación de una política de control social y territorial”, como lo indicó la magistrada Izquierdo.

La togada también explicó que los comparecientes de la antigua guerrilla cometieron graves afectaciones contra comunidades afrocolombianas e indígenas en esas zonas priorizadas. Así las cosas, también es la primera imputación hecha por esta jurisdicción a un exmiembro del secretariado de la extinta guerrilla.

Los patrones macrocriminales cometidos por los ExFarc

De acuerdo con las investigaciones realizadas en el macrocaso, esas dinámicas de control estuvieron divididas en seis; entre ellas violaciones sexuales contra mujeres y población LGBTIQ+, la cooptación e instrumentalización de organizaciones sociales para eliminarlas y la ocupación de territorios ancestrales bajo el desplazamiento forzado de comunidades étnicas.

• Masaces, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas contra civiles, población campesina y comunidades étnicas.
• Desplazamientos forzados y confinamientos contra los habitantes de Barbacoas, Ricáurte y Tumaco. A las estructuras de las Farc investigadas les fueron atribuidos, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado con 27.087 víctimas y 44 confinamientos con 20.124 víctimas.
• Reclutamiento y utilización de niñas y niños indígenas y afrocolombianos a través de la seducción, coacción y engaño. “Entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y utilización de 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total de víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños”, detalló la JEP.
• Violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas o no normativas.
• Afectaciones por minas antipersona en los municipios abordados. Sobre esto, la JEP indicó que este accionar “generó principalmente desplazamientos, confinamientos, asesinatos y lesiones, al igual que la contaminación de los territorios ancestrales y colectivos étnicos y de las tierras de comunidades campesinas”.
• La destrucción de la naturaleza y territorio. Concretamente, las antiguas Farc ejecutaron 71 hechos destructivos contra la biodiversidad y los sitios sagrados El Katsa, su gran territorio awá, el eperara euja, territorio eperara siapidaara; el territorio ancestral y colectivo del pueblo negro afrocolombiano y las tierras de comunidades campesinas y de la población urbana, mediante el vertimiento de más de 70.000 barriles de petróleo y actividades de minería ilegal.

Además, fueron identificadas otras dinámicas impuestas a través de planes territoriales, circulares, cartillas y órdenes verbales de los coordinadores del Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente 29, las columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre y el Comando Conjunto de Occidente contra los territorios y comunidades de los tres municipios abordados por el macrocaso:

• La cooptación de organizaciones y colectivos sociales para su instrumentalización y posterior eliminación “cuando se resistieran a la consolidación de las extintas Farc-EP como autoridades únicas en el territorio”; así como el asesinato y desplazamiento de aquellos que eran señalados de “enemigos” o personas que iban en contra de las órdenes de la entonces guerrilla.
• El control de territorios geoestratégicos para la organización y expansión insurgente, sobre todo en zonas fronterizas y corredores puntuales que coincidían con terrenos ancestrales y pertenecientes a comunidades afro e indígenas.
• El fortalecimiento de las capacidades militares de los frentes y columnas guerrilleras presentes en Tumaco, Ricáurte y Barbacoas (Nariño) mediante el reclutamiento de personas, incluyendo niñas y niños. Esta dinámica contra los menores fue realizada debido al conocimiento que estos tenían del territorio y del idioma propio de sus comunidades, así como el relacionamiento con grupos étnicos y sus formas organizativas, de acuerdo con la JEP.
• La regulación del comportamiento de la población en los territorios abordados y la imposición de roles de género bajo una visión patriarcal, heteronormativa y cisnormativa a través de diversas formas de violencia, entre ellas las violencias sexuales, de género y por prejuicios.
• El uso de minas antipersona y remanentes explosivos de guerra para atacar a otros actores armados, proteger sus activos y los territorios geoestratégicos previamente ocupados, y mantener el control en las poblaciones.
• La obtención de fuentes de financiación para las estructuras guerrilleras presentes en esos municipios y el secretariado. También para atacar la infraestructura estatal con afectaciones a la biodiversidad y los mismos territorios.

Los imputados por la JEP por estos crímenes, además de Pablo Catatumbo, fueron Édgar López Gómez, alias Pacho Chino; Luis Eduardo Carvajal Pérez, Rambo o Gustavo, Hedier Espinosa Feria, Cachorro; Groelfi Rodríguez Moreno, Ramiro Cortés; Wilfrido Ávila Fuentes, Mondanga; Rubiel Torres Mondragón, Tachuela; Arlez Porras Gómez, Yesid Guevara, Fabio Murcia Camacho, Vitamina; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, Javier Guzmán; Ricardo Palomino Ducuara; Jairo Perdomo o Chiqui; Alberto López Palomino, William Santamaría; José Geidin Castro Chillambo, El Doctor; Diego Alberto González Castillo; El Pollo, y Juan Carlos Caicedo Ramos, conocido como El Gordo.