Estudiantes están en riesgo por conflicto armado en Cauca

El conflicto armado ha hecho que los docentes abandonen las aulas de clase, afectando a más de 4.000 estudiantes, ya que son aproximadamente 10 los docentes que hacen falta para normalizar las clases en zona rural del municipio de Argelia, Cauca.

Debido a la alta presencia de grupos armados ilegales, principalmente en los municipios del sur del Cauca, se han venido generando inconvenientes para la prestación del servicio escolar y la falta de docentes desde principios de año dificulta la calidad educativa en los niños y niñas que, a su vez, exigen el nombramiento de nuevos docentes.

Según Daniel Imbachi, personera del municipio de Argelia, Cauca, son más de cuatro mil los niños que se han visto afectados por la falta de diez docentes que no han permitido la normalización del periodo escolar.

Según la Secretaria de Educación departamental, los municipios más afectados por la falta de docentes a causa del recrudecimiento del conflicto armado son Argelia y Balboa, sur del Cauca.

La niñez y los procesos de paz: Unicef recomienda medidas tempranas urgentes

El impacto del conflicto armado en la niñez debería ser un tema prioritario en la agenda de los procesos de negociación y diálogo que se adelantan para lograr la paz en Colombia, lo que permitiría llegar, desde fases tempranas, a acuerdos para protegerla de nuevas violaciones y restituir los derechos de aquellos niños ya víctimas.

“No es un mal menor”, lo recordó la Comisión de la Verdad en uno de los capítulos de su informe así titulado, en el que reiteraron las nuevas cifras divulgadas por el secretario general de Naciones Unidas en su informe anual sobre el tema.

El conflicto armado en Colombia no afecta solo a combatientes de bandos opuestos. La población civil, incluidos los niños y adolescentes, sigue sufriendo desproporcionadamente sus efectos: la guerra afecta el presente y el futuro de la niñez y, en consecuencia, la paz en Colombia.

Según el “Informe anual sobre niñez y conflictos armados”, en 2022 los actores armados cometieron en el país al menos 290 graves violaciones contra niños y niñas, verificadas según estándares globales de Naciones Unidas. Esto implica un incremento del 25% en comparación con 2021.

Estos números no representan la magnitud del problema, pero sí que detrás de cada vida de un niño afectado por una grave violación hay un efecto multiplicador del sufrimiento: madres, padres, hermanos, amistades, docentes y comunidades enteras que también sufren las consecuencias. Son otras heridas que se acumulan y agregan nuevos obstáculos para romper los ciclos intergeneracionales del conflicto.

Entre estas graves violaciones se encuentran el reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes, la violencia sexual, los asesinatos y mutilaciones, los secuestros, los ataques a escuelas y hospitales, y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria. Esto sumado a los más de 25.000 de niños que fueron desplazados forzosamente, según estimaciones, y a los más de 30.000 confinados en sus comunidades, lo que incrementa su riesgo de sufrir otras graves violaciones y limita su acceso a derechos esenciales como la educación y la salud, y les impide romper con ciclos de pobreza, discriminación y exclusión.