Investigación en contra de oficiales que se disfrazaron de nazis quedó archivada

En noviembre 2021, un grupo de estudiantes de una Escuela de Policías Simón Bolívar –ESBOL– en Tuluá (Valle del Cauca) se disfrazó de nazis para un evento académico, lo que desató un fuerte pronunciamiento desde Casa de Nariño por este hecho.

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Los comandantes de curso de la escuela fueron llamados a calificar servicio y otros fueron suspendidos. Sin embargo, ahora se ha conocido que no existían fundamentos para estas sanciones.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) archivó de forma definitiva la investigación contra los sancionados por la Policía, concluyendo que no hubo faltas disciplinarias y que los uniformados disfrazados de nazis estaban participando en una actividad académica organizada por la dirección de escuelas y con el conocimiento previo de altos mandos en la Policía.

“Los antecedentes indican que las actividades incluían un componente histórico del país (Alemania)y que la organización y desarrollo estaban a cargo de los estudiantes de cada compañía. En dicho evento, asistía como invitada la comunidad académica, incluyendo a personal directivo, funcionarios administrativos y estudiantes”, dijo la Procuraduría.

Los sancionados por la Policía fueron el coronel Jorge Ferney Bayona y los mayores Edinson Rodolfo Aux Mora y Laura Lesly Cruz Carreño. Al coronel Bayona se le llamó a calificar servicios, lo que es equivalente a ser dado de baja de la Policía. A los otros dos se les suspendió por una supuesta falta disciplinaria que ahora la Procuraduría advierte que no existió.

“Con base en lo anterior, se concluye que la actividad realizada por los estudiantes de la escuela de policía Simón Bolívar el 18 de noviembre de 2021 corresponde a una actividad académica, entendida como aquella acción que forma parte del proceso formativo orientado a alcanzar resultados de aprendizaje, y por tanto, amparada por la libertad académica y autonomía universitaria inherente a ese tipo de institución educativa”, señaló el ministerio público.

Para la Procuraduría, estaba claro que las actividades académicas estaban protegidas por la “autonomía de las instituciones académicas” y que esta autonomía funcionaba como una garantía para que las instituciones de educación superior cumplieran su misión y objetivos de producción y difusión del conocimiento. Por lo tanto, las actividades desarrolladas en la escuela de policía estaban respaldadas por este principio.

“Además, cualquier medida estatal encaminada a imponer limitaciones discrecionales o fomentar tabúes con respecto a cualquier campo del conocimiento, personas, ideas o cualquier aspecto reconocido dentro del ámbito de protección descrito en el principio relativo a la no discriminación, resulta contrario a la libertad académica y a los derechos interdependientes”, explicó la Procuraduría.

Para los delegados del ministerio público, está claro que si bien los oficiales investigados formaban parte de la dirección de la institución, asistieron al evento como invitados y solo en ese momento conocieron el contexto de la actividad y la escenografía que se montó. El objetivo no era convertirlo en una alegoría al nazismo, sino que los estudiantes eligieron los atuendos y los detalles del evento.

“En conclusión, esta procuraduría delegada considera que la prueba documental y testimonial en el expediente es amplia y suficiente para concluir, a partir de su apreciación integral y de las reglas de la sana crítica, que los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria no pueden atribuirse a los investigados, ya que las imágenes difundidas por la oficina de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional podrían haber dado lugar a múltiples interpretaciones”, explicó la Procuraduría.

Desde la Procuraduría se insiste en que con el archivo de la investigación no existen pruebas documentales ni testimoniales de que los estudiantes o las directivas del centro educativo de la Policía hayan promovido, exaltado o justificado discursos insultantes u ofensivos hacia la comunidad judía, o que hayan promovido la violación de los derechos humanos, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia o cualquier forma de intolerancia.

Al final, la reflexión que queda es sobre las decisiones apresuradas tomadas por la Policía en contra de los oficiales mientras se pedía “rodar” cabezas. El archivo de la investigación demuestra las consecuencias legales, el daño reputacional y moral sufrido por los investigados, quienes probablemente presentarán una demanda contra el Estado.