Gobernador de Antioquia denunció 45 casos de reclutamiento de menores en 40 municipios del departamento

La situación del orden público no es nada alentadora en ciertas partes del país después de que desde el Gobierno nacional se suspendiera el cese bilateral al fuego con los grupos armados tras una serie de escenarios en los que los integrantes de las estructuras criminales generaron temor en los ciudadanos con diferentes ataques contra la ciudadanía, como fue el caso de la masacre de cuatro menores de edad por parte de las disidencias de las Farc en el Putumayo.

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Uno de los departamentos que más está viviendo esta problemática es Antioquia, en donde los casos de reclutamiento forzado han aumentado considerablemente, indicando unas cifras muy desalentadoras para las autoridades, que se encuentran en la lucha contra los militantes de grupos tales como las disidencias de las Farc, el ELN, Los Caparros y el Clan del Golfo.

Precisamente, serían estas estructuras las que se encuentran raptando a los menores en diferentes partes del departamento en medio de su plan por presionar al Gobierno nacional para que restablezca el cese al fuego bilateral y darle un parte de tranquilidad a los criminales que han causado numerosos desmanes en el territorio nacional.

En medio del consejo de justicia transicional, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que se conocieron 45 alertas de nuevos casos de reclutamiento de menores en al menos 40 municipios del departamento en lo que va del presente año, en especial en la zona norte en donde permanecerían gran parte de los militantes de los grupos armados.

El funcionario alertó además sobre el caso de cuatro familias oriundas de Betulia (Antioquia) que tuvieron que desplazarse hacia otra zona del departamento, teniendo en cuenta el riesgo que corrían sus hijos de ser reclutados por las estructuras criminales que operan en aquel sector.

Gaviria también agregó que la cifra podría ser aún mayor a la inicialmente indicada debido a que muchas personas que han atestiguado casos de esta índole, pero no los han dado a conocer temiendo posibles represalias por parte de los criminales que los atemorizan con posibles ataques en contra de sus propiedades o de su propia vida.

“Entonces, lo primero es que hay un subregistro, porque además hay temor de los ciudadanos en denunciar. Entonces, es que continúa y está creciendo el reclutamiento de menores por los distintos grupos al margen de la ley”, enfatizó el mandatario local, que ha denunciado en múltiples ocasiones la situación del conflicto armado en el departamento.

Según indicó la Defensoría del Pueblo, las estructuras criminales estarían utilizando diferentes modalidades para llamar la atención de los menores de edad que residen en algunos municipios del departamento para reclutarlos de manera voluntaria, suerte con la cual no cuentan muchos de los jóvenes que ya integran las filas de los grupos armados.

Desde la interna de las estructuras se estarían contactando directamente con las víctimas a través de redes sociales e incluso por llamadas telefónicas para exponerles los diferentes beneficios económicos que podrían obtener a cambio de que se integren a sus filas y cumplan con algunas tareas que se les asignan teniendo en cuenta su condición.

De igual forma, desde la entidad señalaron que los criminales utilizarían prácticas de enamoramiento, así como lujosos obsequios que se les entregarían a los menores como parte de pago a algunos favores que les solicitan y que cumplen de manera satisfactoria sin prever los riesgos a los que se someten.

Dichos menores de edad estarían recibiendo pagos desde un millón a tres millones de pesos, generando así una problemática que ha llevado a que entre 2013 y 2022 se hayan registrado 304 casos de reclutamiento, aunque las autoridades han recuperado a 150 menores.