La ‘movida’ del Pacto Histórico para quedarse con las investigaciones del CNE contra la campaña de Petro

Ante la llegada de una nueva denuncia presentada por la Comisión de Acusación de la Cámara, las pesquisas contra la campaña del actual presidente podrían dilatarse debido a un fuerte pulso interno entre los magistrados del órgano electoral

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Una magistrada del CNE afín al Pacto Histórico planteó crear una comisión especial para manejar las investigaciones por presuntas irregularidades en la campaña "Petro Presidente". Esto le quitaría al magistrado Benjamín Ortiz la pesquisa que inició en febrero de 2023.
REUTERS/Luisa González (Archivo)
Una magistrada del CNE afín al Pacto Histórico planteó crear una comisión especial para manejar las investigaciones por presuntas irregularidades en la campaña "Petro Presidente". Esto le quitaría al magistrado Benjamín Ortiz la pesquisa que inició en febrero de 2023. REUTERS/Luisa González (Archivo)

Actualmente, el magistrado Benjamín Ortiz Torres del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene a cargo las investigaciones correspondientes a la denuncia presentada a comienzos de 2023 por presuntas irregularidades en el manejo de dineros de la campaña Petro Presidente. De acuerdo con ese recurso, se habrían ocultado los informes correspondientes a pagos hechos a por lo menos mil testigos en ocho regiones del país. Sin embargo, este no fue el único requerimiento elevado ante la máxima autoridad electoral.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dirigió al CNE una carta en la que advirtió de irregularidades en la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, actuales presidente y vicepresidenta de la República. El documento, conocido por El Tiempo, tiene fecha del viernes 26 de mayo y también se lee que a partir de la fecha debía compulsarse copias al órgano electoral. Sin embargo, ello no ocurrió, sino que quedó en la sección de esta corporación.

Esa no fue la única ‘anomalía registrada’: contrario a lo que se esperaba dentro de la autoridad, la carta no fue enviada al despacho del magistrado Ortiz Torres, sino que llegó a la oficina de Cristian Ricardo Quiroz Romero por reparto. Esto quiere decir, que esta y todas las denuncias correspondientes a la campaña presidencial de Petro debían ser entregadas a Ortiz; sin embargo, solo tiene a su cargo la investigación que inició en febrero de 2023.

Sumado a esto, la magistrada Lucía Velásquez, excongresista del Pacto Histórico, sugirió conformar una comisión especial para que se encargue únicamente de ese expediente. En la solicitud, la togada del CNE indicó que, si bien no desconocía las competencias de Ortiz para abordar las indagaciones correspondientes a las irregularidades financieras de esa campaña, solicitó hacer dicha sección para, según ella, brindar garantías de transparencia.

“(...) Es momento de conformar esta comisión especial, ampliándola a dos magistrados más (...) para consolidar una posición jurídica que visibilice que este CNE permite la generación de plenas garantías para todas las agrupaciones políticas”, dijo Velásquez en la petición conocida en primera instancia por el medio citado. También dijo que esa sección buscaría el respaldo a “a aquellas personas que han fungido como candidatos al máximo cargo del poder político en Colombia”.

El pulso desatado para quedarse con las investigaciones

La sugerencia de la magistrada Velásquez generó una disputa interna; y si bien el artículo 13 del reglamento del Consejo Nacional Electoral permite crear una comisión especial, esta debió conformarse en marzo de 2023, cuando le fue designada a Ortiz la pesquisa en la que también está involucrado el gerente de la campaña presidencial de Petro (y hoy presidente de Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán.

Así las cosas, será el miércoles 7 de junio cuando se decida cómo se abordarán las múltiples denuncias presentadas tras el escándalo desatado por Armando Benedetti y el audio filtrado en el que habló de la forma en que abordó la campaña en la Costa Caribe, los 15.000 millones de pesos conseguidos y las agresiones a la ex jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

Ahora, ese pulso interno podría generar como principal efecto la dilación del proceso. A eso hay que sumar la inhabilidad de Altus Alejandro Baquero como magistrado del CNE, y en ese orden, ocho de los nueve togados pueden votar y se necesitan seis para determinar la forma en que el expediente será abordado.

Por el momento, las investigaciones que tiene el organismo electoral quedarían pausadas hasta que no se defina si la comisión especial se creará o si todas las denuncias serán enviadas al despacho del magistrado Ortiz. Vale mencionar que cuatro magistrados son afines a la coalición de Gobierno (Cristian Ricardo Quiroz Romero de Alianza Verde; Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez Grisales del Pacto Histórico; Pablo Julio Cruz, delegado de Comunes y Benjamín Ortiz Torres del Partido Liberal); dos de la independencia (César Lorduy, por Cambio Radical y Maritza Martínez de La U) y uno de la oposición (Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático).