Exministra de salud ordenó implementar una microrreforma a la salud en La Guajira antes de salir del cargo

Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia del país en agosto de 2022, una de las banderas de su administración se ha basado en priorizar la situación que se vive en La Guajira con el objetivo de que las crisis que afrontan las comunidades indígenas que allí residen sean cada vez más leves hasta el punto de darles una solución, razón por la cual varios representantes de su gabinete se han desplazado hacia allá.

Además de la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Concepción Baracaldo así como de la actual administradora de la entidad, Astrid Cáceres, algunos funcionarios cercanos al Ministerio de Salud, como el superintendente Ulahí Beltrán y la misma exministra Carolina Corcho se han dejado ver en el departamento del norte del territorio nacional.

La presencia de altos funcionarios del gobierno en la zona ha generado que influyentes personajes de aquella zona del país como la líder social Irama Móvil manifieste que es evidente que ha habido mayor presencia institucional, pero que esto no quiere decir que haya concertación real entre el Gobierno nacional y el pueblo indígena.

Según declaraciones que Móvil le entregó a Semana, a pesar de que con el ICBF se han llegado a acuerdos para dar solución a diferentes problemáticas que se viven en el departamento, con el Ministerio de Salud y Protección Social no ha sido el caso, teniendo en cuenta además que la exministra Corcho, antes de salir del cargo, dejó en marcha la implementación de una resolución que cambió el funcionamiento del sistema de salud en la zona.

La líder social manifestó que la decisión generó que las entidades de salud del sector se desarticularan y tras la salida de Corcho del cargo después de la crisis ministerial que se vivió en abril del 2023, los problemas ahondaron haciendo énfasis en las consecuencias de la resolución 654 de 2023 que se expidió desde el Gobierno nacional.

“También vemos que hay una desarticulación de las entidades en cuanto al contexto territorial y se ahonda cuando hay un cambio estructural en las entidades. Ya no son las mismas personas que hablaron y avanzaron con nosotros, sino que llegan otros nuevos porque hicieron cambios de ministros, por ejemplo”, declaró Móvil.

La medida, que contó con el aval de la exministra, daba la licencia para adoptar el Plan Provisional de Acción con el objetivo de impulsar el derecho fundamental a la salud de la comunidad wayuu, grupo indígena que corresponde al 38,43% del total de las colectividades indígenas a nivel nacional, en municipios tales como Uribia, Manaure, Maicao y el Distrito de Riohacha.

A pesar de que inicialmente la propuesta sonaba muy prometedora para las comunidades que habitan el sector, poco a poco fueron cambiando su parecer alegando falta de concertación, información y confianza. Manifiestan ellos que la medida va en contra del cumplimiento de una de las órdenes de la Sentencia T 302 de 2017 y el auto 696 de 2022.

Móvil fue muy crítica con el actuar del Gobierno nacional con respecto a la manera en la que se gestionó la resolución, alegando que la intervención de las autoridades fue muy abrupta, sin dejar claro cada uno de los puntos de esta, dejando confundidos a varios habitantes.

“La forma abrupta en que están entrando al territorio no es la adecuada. Te aseguro que es muy poca la población que está receptiva a esa intervención y son más los que están confundidos. Entonces firman y a mí me llamaron varias veces a decirme. Si sabíamos o conocíamos la resolución, pero no sabíamos que ya las IPS y las EPS estaban en territorio buscando la firma de las autoridades”, relató la líder social.

Además de ello, Móvil insinuó que el rápido actuar de los altos funcionarios del Gobierno nacional, además de su constante presencia en aquel sector del país, tiene que ver con que “están detrás de los contratos para implementar el plan del Ministerio de Salud por la forma en que lo están haciendo” cuestionando de igual forma sus más recientes contactos con las comunidades.

“¿Qué hay en ese afán por llegar a las comunidades y lograr la firma?”, sentenció Irama Móvil después de enfatizar en el regular actuar de la operación de los entes de salud en el departamento que ha generado que aún continúen falleciendo niños por desnutrición.