
La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un balance de su gestión para 2022. Durante el encuentro de rendición de cuentas, llevado a cabo en el auditorio Reynaldo Orduz Arenas en Bucaramanga (Santander), la procuradora Margarita Cabello explicó que el órgano de control tiene 85 procuradurías territoriales y 4.146 funcionarios.
Dentro de las funciones de la PGN está la vigilancia de macroproyectos de infraestructura, que unidos suman 80 billones de pesos, aproximadamente. También, debe impulsar actuaciones en procesos judiciales y promover conciliaciones administrativas para descongestionar los despachos judiciales y ahorrarle dinero a la Nación.
Así las cosas, Cabello afirmó que para 2022 el número de procesos preventivos aumentó en un 14% con respecto a 2021. En total fueron 120.853 actividades en esta materia las que se llevaron a cabo, de las cuales el 85% se terminaron.
Dicho porcentaje equivale a 62.896 procesos finalizados, los cuales estaban orientados a la vigilancia de grandes proyectos de infraestructura y a la atención de problemáticas estructurales. Todo este trabajo de control, según la jefe el Ministerio Público, representó un ahorro billonario para la Nación.
Algunos de los proyectos clave que la entidad vigiló en 2022 son la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre y Canoas.
Según la PGN, “más de $ 3.000 millones de pesos se ahorró el Estado tras la vigilancia realizada al proceso de contratación para la adquisición de una auditoría internacional para realizar las elecciones presidenciales”. A esta cifra se añaden $2.700 millones de pesos que no se utilizaron por la asistencia a casi 11.000 audiencias y por la realización de 599 acuerdos de pago de cesantías a docentes oficiales.
Los procesos de conciliación administrativos también representaron un ahorro para el Estado de $203.622 millones de pesos, aproximadamente. “Además, se alcanzaron acuerdos en el 40 % de los casos de familia y en el 25 % de los 4259 casos de conciliación civil”, explicó la PGN en un comunicado.

La PGN también trabajó en acciones preventivas en apoyo a víctimas del conflicto armado; en total fueron atendidas 7.535 personas. Hubo también 3.987 asuntos de infancia, adolescencia y familia vigilados por la procuraduría y 3.518 casos de derechos humanos.
Por otro lado, en funciones de intervención, la procuradora explicó que en 2022 se registraron 362.149 actuaciones por parte de la entidad. Es decir, se presentaron conceptos y macro conceptos a distintas instancias jurisdiccionales y se hicieron intervenciones en audiencias y en pruebas.
En materia disciplinaria, Margarita Cabello explicó la función que debe cumplir la entidad: “La procuraduría inicia, adelanta, juzga y falla las investigaciones por faltas disciplinarias presuntamente cometidas por los servidores públicos, incluidos los de elección popular”.
Así las cosas, la PGN recibió 54.734 quejas, lo que representa un total de 152 por día en todo el país. Además, el órgano de vigilancia comenzó 6.195 investigaciones disciplinarias y 8.685 indagaciones preliminares.
La servidora pública también dio a conocer su gestión en materia de enfoque de género, el cual es un eje transversal del Modelo de Buena Gobernanza de la Procuraduría General de la Nación. “Lo que buscamos con este enfoque diferencial y de género es que todas las actuaciones que se lleven a cabo en el ente de control, en todas, se incorpore la perspectiva de mitigar los efectos de la discriminación y de las relaciones de poder asimétricas”, explicó Margarita Cabello.
Entonces, presentó datos sobre el cumplimiento de este eje: se implementó el Mecanismo de Alerta de Intervención, el cual permite que los casos de riesgo extremo de lesiones y muerte de mujeres sean transferidos de manera prioritaria a la entidad. En total, se generaron 2.912 alertas de intervención en 2022.
También explicó que 77 dependencias de la PGN llevaron a cabo acciones de impacto para defender los derechos de las mujeres. Asimismo, se estableció una línea de trabajo que busca ser desarrollada en los territorios: “violencias basadas en género en las mujeres rurales”.
Cabello destacó el trabajo de la Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres. Pues, con el apoyo de esta instancia, se ha logrado identificar de manera temprana algunos casos, constituir agencias especiales en situaciones de violencia contra mujeres y grupos minoritarios, e impulsar la adecuada incorporación del enfoque diferencial en los procesos penales.
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