Human Rights Institute respaldó al expresidente Álvaro Uribe: “No existe prueba que conlleve a la atribución de responsabilidad penal alguna”

En un informe de 50 páginas, la ONG determina que no hay suficiente material probatorio para incriminar al expresidente y que todo podría tratarse de presiones políticas

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Los alegatos del expresidente Álvaro Uribe en su defensa
Los alegatos del expresidente Álvaro Uribe en su defensa

El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas y la firma Víctor Mosquera Marín Abobados, publicaron en las últimas horas un informe independiente detallado con los casos más relevantes por los que actualmente se le investiga al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que lo vinculan a posibles sobornos a testigos y fraude procesal. Según la organización, que ejerce como consultora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), no se encontraron pruebas suficientes para inculpar al exmandatario.

En el documento, que completa 50 páginas y recopila la información obtenida desde 2018 cuando intervino para velar por las garantías judiciales en el caso, se resalta que se ha “identificado dentro del proceso judicial adelantado en este tiempo la existencia de la evidencia y argumentos jurídico penales suficientes que corroboran la inocencia del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que debería conllevar a la finalización de la persecución penal”

En el documento también se deja manifiesto el apoyo a la Fiscalía General de la Nación, entidad que ha presentado el recurso de preclusión sobre las investigaciones que se le adelantan al exmandatario. “Tal como lo ha expresado por dos ocasiones el ente acusador sobre dicho caso, al determinarse la existencia de la atipicidad en la conducta y la imposibilidad formal y material de desvirtuar la presunción de inocencia del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez” se lee en el informe.

Asimismo, la organización no gubernamental ha emitido un concepto en el que anuncia que las acciones adelantadas contra Uribe han sido atípicas, ya que en varias oportunidades el ente acusador y la defensa del líder del Centro Democrático han solicitado el retiro del caso sin ningún éxito a pesar de las pruebas reveladas. Por el contrario, según deja ver el documento, se ha querido desvirtuar su inocencia. “Un proceso en idénticas situaciones, sin la presencia de presiones, injerencias o asuntos relacionados con la política o intereses promovidos desde sectores ideológicos contrarios, hubiese concluido en la cesación inmediata de la acción penal al establecerse que no existe prueba y/o evidencia que conlleve a la atribución de responsabilidad penal alguna”.

La jueza que negó la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe
La jueza que negó la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe

El archivo contiene detalles de los principales hechos jurídicos que están vinculados al caso, entre los que se encuentran la presunta participación que habría tenido el entonces senador Álvaro Uribe Vélez en “el diseño y ejecución de un plan orientado a desviar la atención de la justicia, y por esa vía inducir en error al mismo operador”; la presunta responsabilidad del expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal en la orden de convencer a Juan Guillermo Monsalve de retractarse de las acusaciones hechas en contra del entonces mandatario, entre otros.

En cada caso, donde se incluyen también las investigaciones por episodios como “Alias el Tuso Sierra, “Hilda Niño”, “Cómbita”, “Harlington Mosquera” y “Alias Víctor”, el instituto hace una conclusión probatoria que, según el organismo, corroboraría la inocencia del líder político.

Álvaro Uribe Vélez irá a juicio

Entre tanto, se supo que la jueza 41 penal del Circuito de Bogotá, Laura Estella Barrera, encontró material probatorio suficiente para llamar a juicio al exmandatario por el delito de soborno, omitiendo la solicitud hecha por la Fiscalía General de la Nación a precluir el proceso.

Dentro de los argumentos de la jueza para continuar con las indagaciones se mencionó el poco esfuerzo por parte del fiscal en la investigación y la omisión de pruebas testimoniales que avalarían una presunta comisión del delito de soborno.