Entre 2022 y 2023, se han presentado más de 2.000 casos de hostigamiento escolar en Bogotá

En muchos de los casos las víctimas han quedado con afectaciones tanto físicas como psicológicas

Compartir
Compartir articulo
 De acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Educación de Bogotá, entre el 2022 y lo que va del 2023 se han recibido, alrededor de 2.835 denuncias por casos de hostigamiento escolar y 2.614 riñas reportadas. Foto: Colprensa
De acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Educación de Bogotá, entre el 2022 y lo que va del 2023 se han recibido, alrededor de 2.835 denuncias por casos de hostigamiento escolar y 2.614 riñas reportadas. Foto: Colprensa

Unos de los casos más sonados por acoso y manoteo al interior de una institución educativa en Bogotá fue el del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas: la denuncia se hizo pública gracias a que alumnas anónimas hicieron públicos los casos en redes sociales y a las afueras de las instalaciones pusieron algunos carteles que narraban lo que algunas estudiantes no habían hablado. El caso recibió la atención necesaria para que, además de difundirse de forma efectiva, las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Sin embargo, casos como los que documentaron sobre las Bethlemitas se están dando en varias instituciones de la capital colombiana y no están recibiendo la atención necesaria, además, algunas de las víctimas quedan con afectaciones de por vida, tanto físicas como psicológicas. De acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Educación de Bogotá, entre el 2022 y lo que va del 2023 se han recibido, alrededor de 2.835 denuncias por casos de hostigamiento escolar y 2.614 riñas reportadas. Sin embargo, si se piensa en el subregistro la cifra podría ser mayor. Hay que mencionar que según el distrito está lista, se encuentra siendo atendida y es prioritaria.

Las denuncias tienen algunos rasgos similares: las agresiones son recibidas por profesores o compañeros, en algunos casos la violencia verbal pasa a ser física; los padres de familia se enteran solo cuando la situación tuvo algún efecto perjudicial en sus hijos, en los colegios no hay rutas de atención para estos casos y pasan impunes, entre otros.

Para los especialistas, uno de los factores determinantes en el aumento de esta problemática fue la pandemia, ya que en muchos casos afectó el ejercicio de sociabilidad y resolución de conflictos: “No es que los niños se hayan vuelto más agresivos o maquiavélicos, sino que el contexto escolar sufrió los estragos de la pandemia, los niños se alejaron de las prácticas para resolver este tipo de situaciones. Hay que reaprender estrategias de resolución de conflictos. La ansiedad y la depresión aumentaron”, mencionó Lina Saldarriaga, Ph. D. en psicología y directora de Operaciones Aulas en Paz de la Universidad de los Andes al diario El Tiempo.

Sin embargo, aclaró que los colegios también deben adaptarse al nuevo contexto y crear rutas de atención en estos casos, que en algunas situaciones podrían pasar a los mecanismos judiciales: “Aquí entran vulneración de derechos, lesiones personales, violencia sexual, extorsiones, entre otros. Toca revisar todas las características para saber si el hecho se puede configurar como un delito”.

Asimismo, Yohana Jiménez, defensora de los derechos de los niños y niñas, mencionó la importancia de hacerle seguimiento a los procesos de los colegios y la implementación de las medidas necesarias. Además, mencionó la responsabilidad que tienen las familias sobre la situación de los menores: “El país ha avanzado en materia de legislación y es importante revisar qué tanto las instituciones educativas están cumpliendo con los mandatos. La violencia en los colegios no es distinta a la que se presenta en las casas. La mayor responsabilidad la tienen las familias. En este tipo de comportamientos se pueden detectar casos de negligencia y abandono, falta de cuidado y ausencia de pautas de crianza”.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha abierto un espacio virtual de denuncia, en la página web, donde señalan que, una vez puesta la denuncia, un funcionario tendrá un plazo determina, que se le informará al denunciante, para que reciba atención y respuesta.