El negocio de la venta de 80 mil cajas de aguardiente que tiene enredado al embajador de Petro en Argentina: la Corte Suprema se negó a anular el proceso

Los hechos se habrían presentado cuando Camilo Romero ejercía como exgobernador de Nariño. Los contratos sumarían 18.000 millones de pesos

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El negocio de la venta de 80 mil cajas de aguardiente que tiene enredado al embajador de Petro en Argentina: la Corte Suprema se negó a anular el proceso. Foto: Colprensa
El negocio de la venta de 80 mil cajas de aguardiente que tiene enredado al embajador de Petro en Argentina: la Corte Suprema se negó a anular el proceso. Foto: Colprensa

Durante la mañana del 4 de abril de 2023 se conoció la orden emitida directamente por la Corte Suprema de Justicia en la que negó anular el proceso que se adelanta en contra de Camilo Romero Galeano, exgobernador de Nariño y actual embajador de Colombia en Argentina.

Esta decisión tiene lugar luego de que el 6 de diciembre de 2022, Miguel Ángel del Río, abogado de Romero en audiencia de juicio, solicitara la nulidad de todo lo actuado y que tomó lugar hasta el 2023.

Frente a esto, la ponencia del magistrado desde la Sala de Primera Instancia, Ariel Augusto Torres, criticó nuevamente las peticiones de la defensa del exgobernador a quien además señaló de intentar dilatar el proceso.

El documento destacó que: “Resuelve: rechazar de plano la solicitud de nulidad de lo actuado presentada por el defensor del acusado Camilo Ernesto Romero Galeano, por lo anotado en la parte considerativa de esta decisión. Por tratarse de una orden, contra esa decisión no proceden recursos”.

Cabe recordar que el proceso responde a una investigación en su contra por una celebración de contratos que presentaban irregularidades como: no cumplimiento de requisitos legales esenciales y falsedad ideológica en documento público con la venta a crédito de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño que habrían costado 18.000 millones de pesos.

Los hechos tuvieron lugar en el año 2016, momento en el que Romero ejercía como gobernador del departamento y donde la contratación se habría desarrollado cuando el funcionario se encontraba de viaje, por lo que los documentos habrían pasado a manos del Secretario de Hacienda de ese momento.

Sobre el caso de Camilo Romero

El proceso tuvo sus inicios en el año 2017 luego de que la Procuraduría General de la Nación recibiera una queja ciudadana que alertaba de irregularidades en el proceso de compra de licor. Fue así que en abril, se inició la investigación disciplinaria.

Así, la Procuraduría llamó a juicio al exgobernador con un pliego de cargos correspondientes a los señalamientos cuando ejercía como mandatario departamental. En el documento expedido en 2018, la entidad mencionó que Romero tenía el deber de:

“... someter al escrutinio correspondiente la actuación de los funcionarios bajo su dirección, encargados del proceso de venta del Aguardiente Nariño y validar el mismo, dada la importancia y las repercusiones que una decisión sobre este particular tendría sobre las finanzas del departamento, sin dejar de lado el interés legítimo de los posibles compradores que manifestaron su intención de participar en el negocio”.

En enero de 2022 se realizó el juicio oral en contra del exgobernador ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, quien en ese momento también era precandidato presidencial. Este proceso tuvo lugar por presuntas irregularidades en el contrato de la compra de aguardiente.

Sin embargo, para este momento, el juicio oral estuvo antecedido por un enfrentamiento entre Romero y la Corte Suprema, luego de que se negara en ese momento la petición de suspensión que solicitó la defensora pública, Ruth Marina Pulido, argumentando que no habría tenido acceso a todo el expediente.

Por su parte, la Sala de Primera Instancia declaró que si bien la funcionaria, por unos días, no tenía contrato con la Defensoría del Pueblo, desde diciembre de 2021 habría contado con el tiempo suficiente para conocer los términos de imputación que la Fiscalía estableció en el caso.

“No puedo actuar, ni objetar ni contrainterrogar en un juicio en donde desconozco estos elementos. 18 días para preparar un juicio es exigir algo imposible”, indicó Pulido. Fue por ello que en ese momento solicitó la que sería la primera petición de aplazamiento para evaluar el material probatorio y de esta manera, conducir la defensa de Romero.