El viernes 31 de marzo se conoció que la Procuraduría General de la Nación envió un concepto a la Corte Constitucional en el que pide que declare “inexequible” la Ley de 2272 de 2022, que le dio vida a la Paz Total presentada por el Gobierno de Gustavo Petro.
El documento, de 13 páginas, fue enviado y firmado por la procuradora general Margarita Cabello.
“Para la Procuraduría es claro que, en virtud de la noción amplia de unidad normativa desarrollada en la jurisprudencia, la Corte Constitucional deberá declarar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 2272 de 2022 para asegurar la supremacía de la Carta Política y el cumplimiento de sus fallos, sin perjuicio de la modulación de los efectos de la decisión frente a las disposiciones cuya expulsión inmediata del ordenamiento jurídico pueda generar consecuencias”, dice un apartado del documento.
Hay que destacar que la Ley 2272 tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado.
“El Estado garantizará la seguridad humana, con enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total”, se lee en el documento creado desde la Casa de Nariño.
La idea del Gobierno nacional es promover respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen su protección, en especial, las víctimas de la violencia. Asimismo, busca reconocer la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana.
Sin embargo, el Ministerio Público consideró que las disposiciones de la Ley de Paz Total son inconstitucionales “por violación del principio de consecutividad, así como que la regulación que permite a los disidentes de procesos de paz negociar nuevamente con el Gobierno nacional y obtener beneficios sin limitaciones, es contraria a los mandatos superiores”, puntualizó la Procuraduría en sus consideraciones.
En otra de sus quejas el órgano de control, en cabeza de Margarita Cabello, agregó que existen vicios de formas en la ley que no fueron discutidos ni aprobados en las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Congreso de la República.
“Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal, pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el mismo era allegado”, se lee en el documento conocido por los medios de comunicación.
Y a renglón seguido se agregó:
“Se evidencia que los asuntos contenidos en las expresiones cuestionadas no fueron estudiados en estricto sentido por las Comisiones Primeras en tanto fueron propuestos solo hasta las deliberaciones ante las plenarias. Empero, se advierte que se trata de temas que encuentran relación con aspectos que sí fueron discutidos por aquellas células legislativas”.
Para la Procuraduría General es clave aclarar tres puntos de la Ley de Paz Total:
1) La necesidad de definir las estructuras de crimen organizado y los mecanismos para su sometimiento a la justicia.
2) La prórroga del artículo 8 de la ley 1421 de 2010 que regula el tributo para la financiación de los fondos territoriales de seguridad.
3) El enfoque ambiental como uno de los ejes transversales de los acuerdos de paz.
Por último, la procuradora general sentenció que se necesitan reglas claras en cuanto a la implementación de la ley, presentada en noviembre de 2022.
“Se advierte que si bien la Procuraduría reconoce el deber del Estado de propender por la finalización de la violencia en el país y, por ende, es consciente de la importancia que pueden llegar a tener las negociaciones como mecanismos para lograr dicho objetivo, lo cierto es que las políticas y planes que se propongan con tal propósito deben ser claros y precisos a efectos de que no haya duda de su consonancia con las disposiciones constitucionales”, se agregó en el documento presentando ante la Corte Constitucional.
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