Ministra de Minas, Irene Vélez, será sometida a un debate de moción de censura el 22 de marzo

Esta figura fue citada e invocada por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, a comienzos de febrero

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Foto de archivo. La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 16 de diciembre, 2022. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 16 de diciembre, 2022. REUTERS/Luisa González

El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, agendó el jueves 16 de marzo, el debate de moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Velez, el cuál se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de marzo. Su votación, por consiguiente, se realizará una semana después, el próximo miércoles 29 de marzo. De ser efectiva, algo que nunca ha pasado en Colombia, ella tendría que dimitir a su cargo.

“El miércoles 22 de marzo, colegas del Congreso, se adelantará el debate pendiente de la moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Velez, Este fue un debate solicitado por la oposición y, por supuesto, respetuoso de sus derechos, será el primer debate posible. Como la ley lo ordena, siete días después, el 29 de marzo, se hará la votación de esa moción”, indicó el presidente del Congreso de la República, el senador del Pacto Histórico, Roy Barreras.

Amerita tener presente que este es un agendamiento que responde a la argumentación habida en la proposición que radicó el senador del Centro Democrático y citante del debate, Miguel Uribe Turbay, el 7 de febrero de 2023.

“AGENDADO: 22 de marzo debate de MOCIÓN DE CENSURA en contra de la Ministra de Minas. Una vez más defendemos a los colombianos por encima de la intransigencia ideológica del gobierno. No dejaremos que se pongan en riesgo los recursos de la inversión social”, acaba de indicar a través de su cuenta de Twitter el senador del Centro Democrático.

Este sería el segundo debate de Moción de Censura que se le hace a la ministra Vélez. El primero se adelantó en la Cámara de Representantes a finales del 2022.

Desde comienzos del año, tras conocerse que el Ministerio de Minas y Energías presentó un informe con datos equivocados sobre las reservas de gas y petróleo y que fue utilizado por miembros del Gobierno en Davos (Suiza), diversos miembros del Congreso de la República cuestionaron el trabajo de la ministra a la cabeza de esta cartera y comenzaron a hablar de una moción de censura en su contra.

En su momento, incluso, se mencionó su renuncia, palabra que no ha dejado de sonar a su alrededor. De hecho, a finales de enero el senador Ciro Ramírez, (Centro Democrático) había dicho que el error en los datos presentados por la cartera, ameritaban que Vélez presentara su renuncia y dejara el cargo.

“Esto amerita la renuncia de la ministra Irene Vélez. Desde el Congreso de la República haremos un llamado para hacer debate de control políticos con moción de censura, porque esto no puede pasar desapercibido”, indicó el parlamentario en aquel entonces.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, había señalado que “la política de este Gobierno en materia minero-energética va a condenar a Colombia a no tener los recursos para financiar la inversión social, y es muy grave que la ministra justifique esta política con informes engañosos y cifras falsas”.

Y a estas voces se sumó la del senador de Cambio Radical David Luna, quien dijo que la ministra había presentado ante la Cámara de Representantes un “informe mentiroso, mezclando las reservas robadas con las reservas posibles. Eso significa que Colombia puede entrar en un grave riesgo de reservas de gas en los próximos años”.

Estas fueron declaraciones que se hicieron el miércoles 22 de febrero, día en el cual 24 senadores se unieron para radicar una solicitud de debate de moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez. Los parlamentarios firmantes de la solicitud, fueron claros al advertir que la política pública del sector, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal y soberanía energética del país.