Con 589 agresiones, el 2022 ha sido el año más violento para el ejercicio de liderazgos en el país: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó, ad portas de las elecciones regionales de este 2023, el Informe anual de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales en el 2022, que analizó todos los hechos ocurridos entre el 1 de enero 2022 y el 31 diciembre 2022, que dio muestra de cómo, en el transcurso del último año, la violencia política se incrementó en Colombia en forma notoria.

Considerando que en el año 2022 se llevaron a cabo las elecciones nacionales tanto para Congreso de la República, el 13 de marzo, como para Presidencia, el 29 de mayo y el 19 de junio respectivamente, además del inicio al calendario electoral para las elecciones locales el 29 de octubre, para la MOE resulta relevante analizar la violencia durante esos 12 meses, ya que enmarca dos procesos electorales donde los liderazgos tanto sociales, políticos y comunales ejercen un rol democrático que a su vez les genera mayor exposición.

“Lastimosamente, es en estos años electorales donde tiende a recrudecerse la violencia contra los liderazgos del país y, como se analizará posteriormente, el 2022 no fue la excepción. Con un saldo de 589 agresiones contra líderes políticas, sociales y comunales, el año pasado se posicionó como el año más violento para el ejercicio de liderazgos en el país, desde que la MOE realiza su monitoreo (2017) y desde la firma de los Acuerdo de Paz con las FARC-EP”, indica el informe de la Misión de Observación Electoral.

En comparación con el 2018, año equivalente en términos electorales, se presentó un incremento de 77.4% en los hechos de violencia contra liderazgos. Y se hizo especialmente llamativo el aumento de las agresiones contra líderes políticos (que fue de 169%), quienes también enfrentaron una violencia más letal pues mientras que en el 2018 fueron objeto de 26 atentados y 16 asesinatos, en el 2022 lo fueron de 44 y 15, respectivamente.

Otro de los aspectos resaltados por la Misión es que, a diferencia de la tendencia histórica registrada en el país, en el 2022 los líderes políticos fueron los más afectados al reunir el 51.6% de las agresiones, situación que solo se había presentado en el 2019, año en que tuvieron lugar las elecciones locales.

En cuanto a la violencia letal, se registraron 176 hechos (104 asesinatos y 72 atentados), de los cuales el 35.2% estuvieron dirigidos a liderazgos de carácter social, el 33.5% a sociales y el 31.3% a comunales.

Adicionalmente, se mantiene la tendencia históricamente identificada, según la cual los liderazgos entre más locales sean, son objeto de una violencia más letal. Tanto así que, mientras los atentados y asesinatos tan solo representaron el 19.4% del total de agresiones contra lideresas y líderes políticos, en el caso de los sociales y comunales el porcentaje fue de 29.4% y 74.3%, respectivamente.

En este sentido, como tradicionalmente, la violencia contra liderazgos es mayor en el marco de elecciones locales, el panorama descrito advierte los riesgos y las medidas de prevención que son necesarias de cara a las elecciones locales de 2023.

Por tal motivo, una de las recomendaciones de la MOE es que se fortalezca la creación y socialización de las rutas de protección municipales y departamentales, en tanto que estas rutas de protección son el conjunto de acciones que la autoridad municipal o departamental realiza para proteger a una persona amenazada desde el momento en que se solicitan las medidas de protección hasta que finalizan.

“Ante cualquier tipo de amenaza estas rutas se activan por parte de las entidades del Estado con el fin de proteger la vida de la persona amenazada. No tener una ruta establecida implica, en primer lugar, que el riesgo latente ante cualquier tipo de amenaza es muy alto para todo líder o lideresa ya que la amenaza puede consumarse y, en segundo lugar, existe un incentivo de los grupos armados ilegales u otros actores a realizar amenazas.

También señaló que no tener una ruta de protección robusta y efectiva motiva a los perpetuadores de amenazas a realizarlas, ya que con estas garantizan el obstáculo de la labor de la persona líder y su silencio, ante lo cual el Gobierno Nacional debe cumplir un rol fundamental para capacitar a los gobiernos locales y departamentales en robustecer las rutas de protección.

También deberán incorporar enfoques de género, incentivar la formalización de estas rutas en caso de que no lo estén, y, en generar las herramientas y el conocimiento para crear la ruta de protección en los casos que ni siquiera exista.

“Adicionalmente, se necesita que estas rutas de protección estén socializadas para que las personas líderes sepan de su existencia, tengan en cuenta las medidas de autoprotección, y sepan con claridad los pasos y precauciones al momento de recibir amenazas”, recomendó el documento.