Fiscalía obtiene medidas cautelares sobre seis bienes que estarían relacionados con las AUC

La sala de control de garantías de justicia y paz del tribunal superior de Medellín impuso las disposiciones

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Estas propiedades están ubicadas en los municipios de Tarazá y Caucasia en el departamento de Antioquia. Cortesía: @FiscaliaCol
Estas propiedades están ubicadas en los municipios de Tarazá y Caucasia en el departamento de Antioquia. Cortesía: @FiscaliaCol

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas cautelares para seis propiedades, avaluadas por más de 16 mil millones de pesos, que estarían relacionadas con el extinto Frente Anorí del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas propiedades, ubicadas en los municipios de Tarazá y Caucasia en el departamento de Antioquia, presuntamente pertenecían a Luis Fernando Jaramillo Arroyave, también conocido como alias Nano o Don Delio, que fue cabecilla del denominado Frente Anorí de las AUC.

Por solicitud de la Fiscalía General, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso las medidas.

Cuatro de las propiedades, que conforman un globo de terreno, están ubicadas en una gran extensión en zona rural en Tarazá, conocida como hacienda La Copa, y tienen un valor comercial estimado cercano a los 16 mil millones de pesos. Las otras dos propiedades están ubicadas en una finca en Caucasia llamada La Cristalina; el avalúo de este bien supera los 1.196 millones de pesos.

Estas medidas cautelares son una disposición preventiva para evitar la venta o transferencia de estas propiedades mientras se hace la investigación. Cortesía: @FiscaliaCol
Estas medidas cautelares son una disposición preventiva para evitar la venta o transferencia de estas propiedades mientras se hace la investigación. Cortesía: @FiscaliaCol

El ente investigador no ha dado a conocer detalles sobre las acusaciones que relacionan estas propiedades con actividades ilegales del Bloque Mineros de las AUC, pero se presume que estarían relacionadas con actividades de narcotráfico y minería ilegal. La obtención de estas medidas cautelares es una disposición preventiva para evitar la venta o transferencia de estas propiedades mientras se lleva a cabo la investigación.

“Este nuevo golpe forma parte del esfuerzo continuo de las autoridades para combatir el crimen organizado y las actividades ilegales en el país”, señaló la Fiscalía.

Otros bienes incautados por la Fiscalía

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación también ocupó, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, 11 propiedades urbanas y tres rurales, avaluados en 5.000 millones de pesos. Los predios habrían sido adquiridos por el extraditado Gustavo Adolfo Vega Archibold, capturado en 2014 en Panamá y extraditado a Estados Unidos, donde era requerido por delitos federales relacionados con el tráfico de drogas.

“De acuerdo con las pruebas recabadas, este hombre, al parecer, obtuvo los bienes entre 2006 y 2013 con dineros de origen ilícito. En ese sentido, los activos fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”, indicó la Fiscalía.

Las propiedades fueron ubicadas en Buenaventura, Dagua y Cali, en Valle del Cauca, y en Medellín. El CTI de la Fiscalía fue el encargado de adelantar las diligencias de ocupación.

Por otra parte, Géner García Molina, alias Jhon 40, también se quedó sin nada. En total, también fueron 14 propiedades: diez inmuebles rurales, tres urbanos y un establecimiento de comercio los que fueron ocupados con fines de extinción de dominio por medio de un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. Además, le incautaron 2.153 reses.

En la investigación del ente acusador quedó en evidencia que los bienes, avaluados en más de 25.800 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas desarrolladas en Lejanías, Mesetas, La Uribe, Puerto Rico, Puerto Lleras, Granada y otros municipios de la región del Ariari, en Meta.

Las propiedades del disidente de las Farc estaban ubicadas en los municipios de Orocué, en Casanare; Cimitarra, Santander, Tenjo y Suesca, en Cundinamarca; Chinchiná, Caldas; Villavicencio, Guamal, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Puerto Lleras, en Meta.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que el origen de las propiedades corresponde a recursos obtenidos de secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y narcotráfico. Por ello, fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.