MinDefensa autoriza reinicio de destrucción de maquinaria de la minería ilegal en Antioquia

La violencia que se registra en el Bajo Cauca antioqueño corresponde a las disidencias del frente 18, y los integrantes del Clan del Golfo, que ahora se presentan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Por lo que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el reinicio de las operaciones de la fuerza pública para destruir la maquinaria de gran escala en la minería ilegal en la zona.

Esta decisión del jefe de Cartera la hizo durante el recorrido por esta región del departamento junto a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el gobernador Aníbal Gaviria y los altos mandos militares, donde se analizó la situación de seguridad y las graves afectaciones al medioambiente.

Además, el alto funcionario aseguró que los organismos de inteligencia deben actuar para afectar las finanzas de las redes criminales. Por lo que el ministro Velásquez advirtió que se reconsideró un compromiso al que se había llegado en el 2022 con los habitantes del municipio de Cáceres que se extendía al Bajo Cauca antioqueño y había frenado las operaciones del Ejército y la Policía que destruían maquinaria de la minería ilegal como las dragas, retroexcavadoras y volquetas, usada para la extracción de minerales de la región.

Cabe mencionar que, en septiembre del 2022 se registraron graves bloqueos de mineros en la vía al Mar, que conecta a Medellín con los departamentos del norte de Colombia. Se levantaron luego de una mesa de concertación.

Con respecto, Iván Velásquez dijo que se deben hacer algunos ajustes al acuerdo y ordenó a la fuerza pública reiniciar las operaciones de destrucción de la maquinaria amarilla. El funcionario sostuvo que el acuerdo “suspendió casi en general esta acción de la Fuerza Pública”, pero que es necesario hacer los ajustes necesarios y “diseñar ya la reactivación contra la minería por parte de las autoridades”.

Además, el alto funcionario agregó que: “Hemos hablado de diferenciar la gran minería de la actividad de los pequeños mineros, que también tienen que actuar responsablemente”.

Por su parte, la ministra Susana Muhamad dijo que hay una afectación grave a los cuerpos de agua que abastecen los acueductos de los municipios.

“Con base en esto, la autoridad ambiental clarificará a todos los que están ejerciendo la minería esas zonas excluibles. No se puede utilizar el acuerdo que se realizó en el paro que hubo aquí en la región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería”.

De esta manera, la funcionaria añadió que las autoridades nacionales y locales harán una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros, por esto los invitan a ser parte de la caracterización y formalización.

En cuanto al acuerdo firmado en el 2022 no implica el freno de las grandes operaciones contra la minería ilegal, algunas de ellas que se asocian al extranjero. “Aquí no se ha suspendido ni la Constitución ni la ley (...) y, como lo anuncia el ministro de Defensa, se reactivan las operaciones contra la gran minería ilegal, nunca fueron parte del acuerdo ni la gran minería ni la maquinaria amarilla”, finalizó la ministra.

A través de un fuerte pronunciamiento, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, contestó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el anuncio entregado por el director del órgano de control fiscal de cerrar la oficina de esta entidad ubicada en Tarazá, Antioquia.

Sobre esto, el jefe de la cartera aseguró que esa determinación fue apresurada, pues aún el funcionario “no ha pedido, ni siquiera, ni lo hizo de manera inmediata, a las Fuerzas Armadas, la seguridad para que se mantuviera la Fiscalía en ese municipio. Me parece que era la manera más adecuada”. Esto por el riesgo que corrían los fiscales delegados en esa seccional y por el reciente secuestro de tres funcionarios en ese municipio.

En ese sentido, el fiscal Barbosa manifestó que ya se le había advertido al ministro Velásquez sobre las declaraciones de sus trabajadores y enfatizó en que “se están haciendo los actos urgentes, las declaraciones, se van a tomar las declaraciones de quienes estaban al mando en esa región del país”.

De paso, detalló cómo ocurrieron los hechos: “los fiscales fueron abordados por personas en motos, sin placas, y fueron llevados hasta taraza y, efectivamente, pasaron por controles militares, todos esos aspectos tendrán que ser investigados”. Describió que estos funcionarios estuvieron retenidos y que uno de los captores se identificó como alias Gonzalito, jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —Clan del Golfo—, grupo que, por cierto, pactó un cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional desde el 31 de diciembre del año pasado.