Corte Constitucional pidió incluir la política para superar la crisis carcelaria en el Plan de Desarrollo

A través de un pronunciamiento emitido el miércoles 1 de febrero, la Corte Constitucional instó al Gobierno nacional a que estudie la inclusión, dentro del Plan Nacional de Desarrollo —PND— , de políticas que permitan contrarrestar la crisis carcelaria que actualmente se vive en el país.

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Para el alto tribunal, la administración del presidente Gustavo Petro debe implementar en PND y en el Plan Nacional de Inversiones, las medidas pertinentes para superar el estado de cosas inconstitucional que se presenta en buena parte de los centros reclusorios y centros de detención transitoria en Colombia.

De igual manera, pidió al Ejecutivo que, tan pronto sean implementados ambos mecanismos, se le informe al alto tribunal de las iniciativas que se van a implementar en conjunto con las entidades locales y regionales, así como los objetivos a corto, mediano y largo plazo para su puesta en marcha.

Además, exhortó al Congreso de la República para que analice y tramite esas medidas que vaya a adoptar el Gobierno nacional

Concretamente, el documento proferido por el órgano judicial manifestó que “se hace necesario que la Corte Constitucional disponga que el Gobierno nacional y el Congreso en el marco de las competencias constitucionales y legales que les son propias, diseñen, elaboren, adopten, implementen y ejecuten las acciones, decisiones, políticas o medidas legislativas y administrativas que sean necesarias” para solucionar los problemas estructurales que afectan al sistema penitenciario.

Esta no es la primera vez que la Corte llama la atención del Gobierno sobre las violaciones masivas a los derechos humanos contra población carcelaria en el país. De hecho, estas advertencias las han hecho desde 1998 y desde entonces han realizado tres pronunciamientos, siendo el último el emitido hacia el gobierno del presidente Petro.

Ahora, con respecto a la comunicación entregada el 1 de febrero, este surgió producto de la revisión hecha por la magistratura de la Sala Especial de Seguimiento, conformada por Paola Andrea Meneses, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez. Dentro de ese análisis encontraron que a pesar de la existencia de algunas normas que buscan mitigar la crisis del sistema penitenciario, aún se mantienen impedimentos para que la población privada de la libertad goce de sus derechos dentro de las cárceles y centros transitorios de detención.

Incluso, la Corte Constitucional ha registrado la existencia de 98.469 personas privadas de la libertad para diciembre de 2022; esto quiere decir, que hay una sobrepoblación. Estas cifras concuerdan con las presentadas por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en noviembre de 2022 en medio de un debate de control político por la crisis actual del sistema carcelario.

El jefe de la cartera de Justicia y el Derecho manifestó que hay 97.300 personas privadas de la libertad en centros reclusorios custodiados por el Inpec; 22.319 se encuentran en estaciones de Policía y 71.185 tienen la medida de casa por cárcel. A su vez, 1.561 personas están en Unidades de Reacción Inmediata y 2.900 han sido recluidas en cárceles de entidades territoriales para un total de 195.265 detenidos.

Para la Corte, la crisis agrava si se tienen en cuenta datos de la cárcel La Paz, en Antioquia, donde el hacinamiento es mayor al 200%: hay 1.000 personas recluidas allí cuando su capacidad máxima es de 375. El órgano judicial también halló que la sobrepoblación en las Unidades de Reacción Inmediata es de hasta el 110% y en los Centros de Atención Inmediata (CAI) es del 280%.

Teniendo en cuenta esto, el magistrado Ibáñez recordó que en los debates realizados en la Corte el año pasado fueron citados varios miembros del actual Gobierno a una audiencia pública; sin embargo, ninguno asistió. “(...) Tanto el Gobierno nacional como las demás instituciones involucradas en el ECI, no han logrado formular una estrategia o plan de acción concreto para superar la vulneración de derechos y traducirla en una política pública”, sostuvo el togado.