Gustavo Petro aseguró que están presionando a los jueces para no liberar a los miembros de la Primera Línea

El presidente Gustavo Petro adelantó dos reuniones claves para superar los obstáculos que ha encontrado en su política de paz total. En su agenda del 30 de enero tuvo un encuentro con el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, quienes han puesto reparos a la liberación de presos de las protestas del 2021 y miembros de la llamada primera línea como gestores de paz.

Durante un diálogo con los jóvenes de Siloé, en Cali, uno de los puntos más álgidos del paro nacional del 2021, el presidente Petro señaló que las liberaciones de jóvenes detenidos en ese contexto se ha visto obstaculizada por presiones de algunos órganos del Estado.

“Se impartió la instrucción para que en esas audiencias se le dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las liberaciones, una tras otra”, sostuvo el mandatario.

Según el mandatario, la intención de su gobierno era lograr la libertad de más de 200 jóvenes que considera “presos por protestar”. De estas, presentaron 17 solicitudes ante los jueces al nombrarlos voceros de paz, pero solo fueron admitidas cuatro e iniciaron las presiones para impedir que prosperaran los procesos.

“A mí me parece una profunda equivocación, y yo creo que ese Estado lo que está demostrando es que es incapaz del diálogo, es incapaz de reconocer a la persona humana como un ser digno de interlocución y no de apresamiento, que se quiere vengar, que no quiere permitir que quienes con rebeldía salieron a las calles, levantaron las barricadas y dijeron: esto no sigue más; se quiere vengar en quienes están presos para mantenerlos presos”, puntualizó el presidente desde Cali.

El mandatario reconoció que incluyeron una figura atípica en la prórroga de la Ley 418 de Orden Público para crear las condiciones que permitieran solicitar la liberación de los jóvenes. “Creamos la existencia de algo que de verdad no debería estar en esa ley, pero que por criminalizar la protesta social tocó poner allí y es que hay presos sociales en Colombia. Hay presos por protestar. Y pusimos allí el mecanismo para transformar esas personas en voceros de paz”, señaló el mandatario.

Los dos primeros liberados bajo esa figura, judicializados como miembros de la primera línea, fueron Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua. La decisión la tomó la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, el 20 de diciembre de 2022 y una semana después la Procuraduría inició un proceso en su contra por presunto prevaricato.

Tanto la procuradora general, Margarita Cabello, como el fiscal Barbosa señalaron reparos a las liberaciones de los jóvenes detenidos en las protestas. Ese se ha convertido en un obstáculo para la paz total que, según Petro, no incluye solo a los actores alzados en armas, sino también a la sociedad en general y el Estado.

“Aún esa mentalidad de considerar que un colombiano o una colombiana, simplemente por su edad o por el barrio en que vive o porque protesta, entonces es un enemigo. Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista. La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud para no dejarse matar”, señaló el presidente.

El mandatario hizo un llamado a los actores estatales, sin mencionar puntualmente a ninguna institución, para que “no sigan ese camino”. “Para dejarnos de matar tenemos que reconciliarnos, y solo surge si hay inclusión social, si hay justicia. La justicia no es encerrar a los jóvenes en las cárceles. Como una especie de venganza el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fuesen terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen para poder encerrar al juventud entre barrotes”, sostuvo.

Agregó que “quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres, los jóvenes están saliendo presos”. Justamente cuando el mayor Jorge Mario Molano, acusado del homicidio del joven Santiago Murillo en Ibagué, está próximo a quedar en libertad por vencimiento de términos.