
Esta semana, luego de que se conociera la existencia de supuestos casos de acoso sexual dentro del Congreso de la República, el presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo una solicitud para adelantar una investigación interna para esclarecer lo que hay detrás de las acusaciones que, inicialmente, fueron expuestas por el exsenador Gustavo Bolívar. María José Pizarro, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y encargada de las indagaciones, entregó detalles de lo que se realizará para hacerle frente a la situación.

En una entrevista con el diario El Tiempo, la también negociadora del Gobierno con el ELN aseguró que en sus manos está tratar de ‘destapar la olla’ de los supuestos casos de violencia de género dentro del ambiente político del país. Destacó que, además, su interés no es reducir el debate a lo legislativo, sino también hacer entender que estos ataques en contra de las mujeres suceden en cualquier ámbito y escenario.
“Sabemos que no es fácil denunciar. Menos cuando estamos hablando de poderes tan grandes como los que se manejan en el Congreso, pero yo voy a estar allí para acompañarlas y respaldarlas (...) Todas las mujeres hemos sido víctimas. Yo también he sufrido el acoso, el abuso y la discriminación por ser mujer en otros momentos de mi vida. Mi compromiso es construir un cambio juntas”, comentó en su charla con el medio de comunicación ya citado.
En la conversación que tuvo con ese portal informativo recordó que en noviembre del 2022 presentó una propuesta, de la mano de la representante María Fernanda Carrascal, para que el mandatario colombiano y la vicepresidenta del país, Francia Márquez, declararan un Estado de Emergencia de género. Volver a hacer esto, en medio de la coyuntura del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios y las denuncias de abuso sexual de niñas en el Guaviare, no se sale de sus planes.

Con la idea de empezar el proceso de esclarecimiento, y de escuchar a las presuntas víctimas, María José Pizarro detalló que son varios los factores que hay que tener en cuenta, dentro de estos, que se garantizará la privacidad de las personas que decidan denunciar. Esto, según dijo, se realizará con la ayuda del equipo de atención especializada que estará destinado a trabajar en pro de las ciudadanas que aleguen haber sido atacadas.
Son tres los ejes centrales del protocolo que entrará a funcionar para atender esta situación. El primero, puntualiza Pizarro, tiene que ver con la implementación de medidas con intereses pedagógicos, es decir, argumenta ella, “irrumpir en la normalización que existe en el Congreso y en la sociedad en relación con el abuso y acoso sexual al interior del Legislativo”.
Seguido a ello se habla de una cláusula que va a acompañar a todos los contratos de los funcionarios que trabajan en el Congreso. “Queremos avanzar hacia un documento que tengan que firmar servidores públicos y congresistas comprometiéndose en esta materia. Esto es un precedente que previene posibles casos futuros de acoso sexual”, agregó en su conversación con el diario El Tiempo.
Al listado de puntos principales del protocolo se une el acompañamiento psicosocial que recibirán las víctimas. “Hay unos correos electrónicos habilitados para poder presentar estas denuncias de manera segura. Primero se da la denuncia, que puede ser anónima. Luego se activa el acompañamiento psicosocial de empoderamiento y el acompañamiento para construir la denuncia y presentarla”, señaló.
Pizarro aclaró que el Congreso no es un ente investigador, por lo que la tarea de su investigación será, netamente, recoger información que pueda ser de valor para la justicia colombiana. Reveló que, hasta la fecha, no ha recibido denuncias de ninguna víctima.
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