Procuraduría encontró fallas del ICBF con los menores de edad de La Guajira

Un equipo de la Procuraduría General de la Nación visitó los territorios ancestrales de las comunidades wayuu de El Ciruelo y Cascajito, en la zona rural de Riohacha (La Guajira). El Ministerio Público evidenció la falta de control por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar la adecuada alimentación de la primera infancia de la población indígena.

“Aquí tenemos todas las problemáticas de agua, salud y educación”, indicó Guillerma Epiayú, una autoridad tradicional wayuu y destacó el acompañamiento que está realizando la entidad en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. Si bien revisaron las condiciones de vida de la comunidad, la Procuraduría prestó mayor atención a los casos de desnutrición en menores de edad.

“Entre las dos comunidades, aproximadamente unas 600 personas, de las cuales, 200 son niños”, especificó Jeferson Mena, asesor del despacho de la Procuradora encargado de Asuntos Étnicos y comisionado para efectuar estas verificaciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en 2022 murieron 85 menores de edad de la comunidad wayuu por desnutrición y esa cifra es la más alta en los últimos 12 años. Por esa razón, el pueblo indígena solicitó la presencia del presidente Gustavo Petro para levantar el paro en defensa de la situación que viven los niños en la región.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) emitió un comunicado en el que advirtió el posible exterminio de su pueblo debido a las condiciones en las que viven. “No se está cumplimiento la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao”, se lee en el documento.

La falta de garantías en la prestación de servicios elementales como el agua y la comida han generado la muerte de niños y niñas de la comunidad Wayúu. Eso ha hecho que la población se mantenga firme con los bloqueos en la región al solicitar el acceso al agua potable, la buena alimentación y contar con servicios de salud adecuados para la comunidad, pues las edificaciones con las que cuentan “son bastante precarias”, puntualizó Mena.

Para funcionario delegado de la Procuraduría, existe un nivel de “desatención estatal” respecto a la alimentación de los menores. Así lo confirmó la indígena Amilkar Fernández Pushaina: “Se le da una libra y media de tomate de árbol para la semana para 21 niños, que es el cupo que hay en esta comunidad y tres kilos de arroz para un mes”.

Según el informe del Ministerio Público, desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el momento, las comunidades no han recibido la atención del ICBF frente a la garantía de sus derechos fundamentales. Por eso, la Procuraduría le solicitó, “de manera enfática, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que inmediatamente inicie con el proceso que lleve a restablecer este servicio que se presta en estas comunidades”, precisó Mena.

El ente de control detalló que hay un alto porcentaje de niños, madres gestantes y lactantes que no están incluidos en los servicios del ICBF. A su vez, evidenció que las comunidades tienen insatisfacción sobre cómo se escogen los operadores para atender a los menores de edad.

El funcionario también comentó que esas acciones, sumado a la carencia de agua potable, el estado de las vías de acceso y la atención en salud deficiente, “han contribuido a que se presente el más alto nivel de mortalidad infantil en la comunidad wayuu desde 2017″. Por esa razón, el ente de control presentará un informe detallado con la información recaudada “con el fin de que se inicien las acciones preventivas y disciplinarias necesarias para resolver esta problemática”.