No es necesario recordar que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, es una férrea defensora de los agentes de las fuerzas federales. En el caso de la Gendarmería con mayor énfasis aún a partir del caso de Santiago Maldonado.
Pensando en eso y en que este año todo voto cuenta, algunos estrategas en Cambiemos, de esos que militan cuadra por cuadra y 'peinan' padrones, con o sin Big Data, esperaban que pudiera aplicarse una idea del Gobierno: facilitar el voto de gendarmes, policías federales y prefectos afectados al operativo elecciones.
Sucede que años anteriores los agentes que debían ocuparse de traslados y seguridad en los centros de votación debían agregarse al final del padrón para poder votar en su lugar de trabajo. A veces no tenían tiempo de hacerlo y según estadísticas que manejan en la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, a cargo de Adrián Pérez, sólo el 10% de ellos finalmente votaba. En el caso de las personas privadas de su libertad también era bajo el índice de votación ya que coincide con día de visita, sostienen.
Con esos argumentos, y ante el posterior planteo de no agregar votantes a mano al padrón, se comenzó a trabajar con la idea de que tanto los presos como los 110.000 agentes afectados a las elecciones nacionales tengan un acto eleccionario previo, una semana antes. En ese caso, policías, prefectos y gendarmes emitirían sus votos en forma anticipada los que quedarían dentro de sobres cerrados y guardados dentro de un sobre más grande que luego se abriría en el escrutinio (algo similar a los votos recurridos por ejemplo). Del mismo modo se votaría en las cárceles.
Hubo quienes se ilusionaron con la posibilidad de facilitar a los agentes el cumplimiento de un deber y a la vez un derecho pensando también que allí hay más adhesión hacia Cambiemos que respecto del kirchnerismo, fuerza política por la que tanto las fuerzas de seguridad federales como las Fuerzas Armadas se sintieron 'maltratadas'.
Sin embargo Pérez avisó que no podría instrumentarse este año, que recién en 2020 o 2021 estaría la reglamentación necesaria. Este año ya son varios los cambios: el voto de los argentinos en el exterior vía postal (el Ejecutivo apelará un fallo en contra de la Justicia); una nueva empresa para el escrutinio y la nueva ley de Financiamiento Político que Cambiemos espera sea ley esta semana.