Otro foco de tensión en la Corte, ahora por las prisiones preventivas

La Corte Suprema de Justicia atraviesa un fin de año agitado. Los primeros contrapuntos quedaron expuestos la semana pasada, cuando solo dos de los cinco ministros del máximo tribunal aceptaron una invitación del presidente Mauricio Macri para almorzar en Casa Rosada.

Luego Infobae reveló que existe un malestar con el presidente Carlos Rosenkrantz porque se demoran sentencias de temas sensibles, como por ejemplo la revisión del índice que utiliza la ANSES para los reajustes de las jubilaciones.

El fin de semana explotó otro foco de tensión a raíz de las declaraciones de Rosenkrantz sobre la prisión preventiva. En diálogo con las ediciones impresas de los diarios Clarín y La Nación, el jurista rechazó la idea de detener a los imputados en un proceso salvo que exista peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, incluso para casos por delitos de lesa humanidad.

Cuentan en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales que la idea no solo cayó como una novedad desagradable para el resto de los integrantes de la Corte y para la mayoría de los jueces federales, sino que la intención de Rosenkrantz iría más allá: incluye la idea de revisar todas las resoluciones que se adoptaron en virtud de la denominada "doctrina Irurzun". El efecto sería la liberación en cadena de varios de los ex funcionarios imputados en casos de corrupción.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, ya se había expresado públicamente en contra de las prisiones preventivas. Sus dichos generaron la reacción de la diputada oficialista Elisa Carrió, quien dijo que existe una política orientada a garantizarles la impunidad a varios detenidos en casos sensibles como, por ejemplo, el de los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo.

Hay un dato que alimenta estas sospechas. Ayer, una cuenta de Twitter que promueve la liberación del dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, celebró los dichos del presidente del máximo tribunal.