En medio del rechazo de los productores en diferentes puntos del país al aumento de la presión impositiva, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- solicitaron al gobierno que las retenciones no superen el 5% para las producciones regionales de arroz, maní, legumbres, lácteos, algodón y cítricos, entre otras.

El reclamo se realizó a través del envío de cartas a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. No se descarta que el gobierno en las próximas horas realice anuncios o brinde una respuesta al planteo de CAME.

Por estas horas, en diferentes esferas del gobierno estudian medidas de alivio para que el efecto del aumento de impuestos no impacte negativamente en aquellos sectores más vulnerables, como son las economías regionales.

Plantaciones de arroz
Plantaciones de arroz

Además, el gobierno todavía no implementó el esquema de segmentación y compensaciones para pequeños productores y cooperativas agropecuarias, que está contemplado en la Ley de Emergencia Económica que aprobó semanas atrás el Congreso Nacional.

Ayer trascendió que desde el Ejecutivo Nacional siguen de cerca y con mucha preocupación las protestas en el interior productivo, que se profundizaron en las últimas horas, y buscan dar respuestas a los planteos de la dirigencia agropecuaria.

Definiciones

Eduardo Rodríguez, referente del área de Economías Regionales de CAME, dijo que: “es importante que se definan como productos de las economías regionales a aquellas actividades agroindustriales que posean una alta incidencia en la economía de la región en la que se desempeñan y requieran la contratación de mano de obra intensiva”.

Además, Rodríguez expresó: “precisar qué producciones serán consideradas como tales resulta fundamental, si se tiene en cuenta que la entrada en vigencia del Decreto 37/2019 determinó, que en caso de no ser consideradas, mantendrían un derecho de exportación del 9%”.

El sector de economías regionales de CAME agrupa a más de 430 entidades de pequeños y medianos productores de todo el país de 32 complejos productivos, quienes además de la presión impositiva a nivel local también deben afrontar, en ciertos mercados internacionales, el pago de aranceles que afectan la competitividad de sus actividades.