El próximo lunes 10 de septiembre vence el plazo para el pago de los créditos que el año pasado otorgó el Gobierno Nacional con el objetivo asistir a los productores de peras y manzanas del Sur argentino para las tareas de poda de la última temporada. Los frutícolas esperan una respuesta urgente de la flamante Secretaría de Agroindustria a la propuesta de afrontar un 10% de la deuda en una cuota mientras que el 90% restante lo liquidarían en 2019.

Desde la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén reiteraron que no están en condiciones de hacer frente a esa deuda por lo que decidieron presentar "una muestra de voluntad mínima" y solicitaron una prórroga para "aliviar su mala situación económica"; caso contrario, evalúan medidas de protesta "a la brevedad". Cabe recordar que el monto acordado fue de unos $700 millones (representó unos $15.000 por hectárea o $2 por kg. de fruta) que fueron suministrados por Río Negro Fiduciaria y FONDAGRO (un programa de asistencia del ex Ministerio que estaba destinado a las economías regionales).

En diálogo con Infobae, el referente de la Federación, Sebastián Hernández, afirmó que "este es el mayor esfuerzo que podemos hacer; la situación económica de los productores es muy mala. Si no nos extienden los plazos, vamos a tener problemas sanitarios y no se podrán terminar las tareas de poda para la próxima temporada", advirtió.

A principios de agosto, los frutícolas le enviaron una carta al titular de la cartera del campo, Luis Miguel Etchevehere, en la que manifestaron que "los productores no cuentan con los valores que se requieren para poder hacer la totalidad de las tareas culturales que demanda la producción. El año pasado se logró por los créditos estatales. Sin embargo, hoy existe una grave situación de endeudamiento y sin acceso al crédito ni financiamiento por no alcanzar el costo de producción más un margen de ganancia", señalaron.

Precios bajos
Hernández recordó que los fondos del año pasado "ayudaron muchísimo, porque no se llegaba a realizar las tareas de poda para la siguiente temporada y se iba a ver afectada la calidad de la fruta de este año. Llegamos al 2018 con un buen nivel, con mejor sanidad, con las chacras podadas en un mayor porcentaje que ciclos anteriores; pero cuando vendimos nuestra fruta y por efecto de la inflación, volvimos a estar en rojo, por lo que en diciembre volvimos a pedir $ 1,50 adicional para poder hacer frente a la cosecha y que el productor no tuviera que regalarle la fruta a una empresa porque no tenía posibilidad de levantarla. No tuvimos respuesta del Gobierno y los chacareros no tuvieron otra opción que rematar sus peras y manzanas", se lamentó.

El representante de la entidad señaló que los gobiernos provinciales prorrogaron todos los créditos y se mostró esperanzado en que "el Estado Nacional tenga la misma consideración porque es el único responsable de la situación que viven los productores. Si a la brevedad no hay una solución, vamos a terminar realizando medidas de fuerza, no queda otro camino. El productor está ahogado financieramente porque Nación no hizo nada para regular el precio que tiene que cobrar por la fruta", sostuvo el dirigente.

En la nota dirigida a Etchevehere el pasado 9 de agosto, la Federación señalaba que "el costo de producción de la temporada 2017/18 calculado por la Secretaría de Fruticultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es de $6,46 por kilo. Esto sin contar la devaluación (hasta principios del octavo mes del año) que generó un aumento en los costos y no así en los valores de la fruta al productor". No obstante, subrayan que los chacareros vienen recibiendo $3 por kilo de pera y $4,50 por el de manzana. "Los productores desde 2009 han recibido por su kilo de fruta un promedio del 60% por debajo de los costos de producción", afirman.

El líder federado explicó que "la prioridad es que el productor pueda llegar a abril con la cosecha terminada. Necesitamos llegar al primer cuatrimestre con la asistencia del Gobierno hasta saber cuáles van a ser los precios que vamos a recibir por la fruta en la próxima temporada. Sabemos que los fondos para poda hay que devolverlos, eso no está en discusión; la cuestión es que hoy el productor no tiene la plata", dijo y agregó: "El productor vive de lo que produce. Hoy su rentabilidad está por debajo de la canasta familiar. Ya no pertenece a la clase media".

Dólar, reintegros y retenciones

Para el referente frutícola, "la pera y la manzana es una de las actividades que peor está en la Argentina. Aunque estos créditos no estuvieran en discusión, la mayor preocupación es que las empresas no están pagando en tiempo y forma, y por esta devaluación subieron fuertemente los agroquímicos para el tratamiento sanitario". Hernández manifestó que, "como no somos exportadores, dependemos de las empresas que sí venden afuera. Pero no recibimos nada de la ventaja competitiva que les brinda la devaluación", aseguró.

El titular de la Federación también se refirió a los cambios en el esquema impositivo a las distintas producciones: "La presión tributaria es muy grande. Todo lo que se ponga en impuestos a esta actividad termina en una reducción del valor que se la paga al productor por la fruta. La baja de reintegros y ahora la imposición de retenciones ocasiona que los exportadores paguen menos".

Al respecto, consultado por Infobae, el Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Marcelo Loyarte, afirmó que "las retenciones tiene un impacto muy fuerte sobre el valor de la fruta del orden del 30%" y remarcó que la preocupación del sector es que "los costos de producción están con un dólar a $38 y no podemos proyectar cuál va a ser el precio para los próximos cinco meses". Sin embargo, el representante empresario reconoció que "este tipo de cambio nos pone en una situación más competitiva que antes".

Sobre los derechos de exportación de $4 por cada dólar vendido fuera del país, el dirigente de la CAFI detalló que el sector dejará de percibir unos 2.200 millones de pesos por año: $ 1.600 millones menos por pago de retenciones (de entre un 10 y 12%, según la cotización de la moneda estadounidense) y otros $ 600 millones por la reducción de los reintegros (devolución que hace el Estado para incentivar el intercambio comercial con otros países).

"Entendemos que estamos ante una situación de grave crisis económica donde todos los sectores tenemos que hacer un esfuerzo. Pero el impacto que tiene en la actividad es muy fuerte", resaltó Loyarte. Desde la entidad, apuntaron que el Alto Valle produce alrededor de 1,1 millón de toneladas al año, de las que se exportan unas 420.000 toneladas por U$S 400 millones; con destino a la Unión Europea, Brasil, Rusia y los EE.UU.