A un año de la invasión militar de Rusia a Ucrania con el amparo de Bielorrusia, suceso que marcó el inicio de la Guerra, el Comité Olímpico Internacional lanzó una declaración en la que reafirmó su repudio a los gobiernos rusos y bielorrusos, a quienes señaló como “únicos responsables”, y reiteró su “inquebrantable solidaridad con los atletas ucranianos en todas las formas posibles”.

“El COI condenó la Guerra sin sentido en los términos más enérgicos el día de la invasión”, indicó el COI, cuyo paquete de sanciones impuestas en febrero de 2022 y aún vigentes abarcaron la prohibición de organizar competencias deportivas en las naciones belicosas y la imposibilidad de exhibir banderas, himnos y símbolos nacionales, además de no acreditar a autoridades gubernamentales para certámenes internacionales.

La entidad presidida por Bach explicó que todas las medidas de sostén a los atletas ucranianos, además de revestir un carácter humanitario, persiguen el objetivo deportivo de que puedan presentar delegaciones numerosas y competitivas en los dos Juegos Olímpicos inmediatos, París 2024 y Milano Cortina 2026. En este sentido, aclaró que el Fondo de Solidaridad para deportistas de la nación encabezada por Volodymir Zelenski fue triplicado a fines de que el “sueño olímpico” prospere.

No obstante su compromiso con la incitación al diálogo y a la paz, con tono realista el COI apuntó que “los Juegos Olímpicos no pueden prevenir guerras y conflictos” ni “abordar todos los desafíos políticos y sociales”, aunque sostuvo que deben servir de ejemplo para promover el respeto. Para finalizar el comunicado, el Comité Olímpico Internacional esbozó un mensaje categórico a todos los líderes del mundo: “Denle una oportunidad a la paz”.

Actualmente, a partir de que el COI postulara que no se debe discriminar a los atletas únicamente por la nacionalidad de sus pasaportes, la polémica global gira en torno al cuestionado concepto de “neutralidad” que habilitaría a los deportistas rusos y bielorrusos a competir en París 2024 con financiación de sus Estados, decisión que más de 30 países exigieron que se revise y clarifique.