El asesor petrolero estadounidense y ex director de la estatal PDVSA, Evanan Romero, fue excarcelado este martes bajo régimen de presentación tras pasar cuatro días retenido en Maracaibo, estado Zulia, por una denuncia de estafa y asociación.

El Ministerio Público, bajo control del régimen chavista, informó que la detención de Romero, de 86 años y con doble nacionalidad estadounidense y venezolana, se efectuó el 13 de febrero en el Aeropuerto Internacional La Chinita, cuando se disponía a viajar a Caracas.

La Fiscalía confirmó en un comunicado que Romero estaba solicitado desde mayo de 2025 por los mencionados delitos y que su arresto “no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector”.

Según la información oficial, la medida cautelar de régimen de presentación fue solicitada por la fiscalía “en atención a la edad del ciudadano investigado y en estricto apego a las garantías constitucionales y procesales”.

El tribunal aprobó la medida, permitiendo que Romero quede en libertad con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades chavistas.

Romero es ingeniero de formación y cuenta con un doctorado en la Universidad de Stanford y estudios de posdoctorado en Harvard. Fue viceministro de Petróleo y miembro de la junta directiva de PDVSA a finales de la década de 1990, además de consultor para empresas internacionales y asesor en materia energética de la oposición venezolana.

El arresto de Romero se produjo en el contexto de una visita planificada a Caracas, donde tenía previsto asistir a reuniones con firmas petroleras extranjeras, incluidas compañías europeas con operaciones en Venezuela.

Fuentes cercanas al caso aseguraron que el asesor estuvo retenido en un hospital de Maracaibo y que, durante la detención, tuvo acceso intermitente a su teléfono móvil.

La excarcelación de Romero se conoció en un momento en que el régimen venezolano mantiene negociaciones con Estados Unidos para normalizar relaciones diplomáticas y reactivar la industria petrolera nacional.

El acercamiento bilateral ha incluido la visita reciente a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien se reunió con Delcy Rodríguez para suscribir un acuerdo energético a largo plazo, cuyos detalles aún no han sido divulgados.

Venezuela atraviesa un proceso de apertura del sector petrolero a la inversión privada y extranjera, tras la aprobación de una reforma a la ley de hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional y tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

El país caribeño, que posee las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial, busca atraer capital y tecnología para recuperar la producción petrolera, afectada por la falta de inversión y las sanciones internacionales.

El proceso de excarcelación de Romero ocurre en paralelo a una serie de liberaciones de presos políticos, que han avanzado lentamente desde enero bajo la presión de Estados Unidos. Organizaciones especializadas en derechos humanos, como Foro Penal, reportan que todavía hay más de 600 personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

La detención de Romero generó diversas interpretaciones en los días previos a su liberación, debido a su perfil y a su papel como asesor de empresas petroleras extranjeras. El Ministerio Público enfatizó que el procedimiento judicial en su contra no tiene relación con el sector energético, a pesar de la coincidencia con las negociaciones en curso para la recuperación de la industria petrolera nacional.

El caso de Romero se inscribe en el contexto de la normalización de vínculos entre Caracas y Washington tras años de ruptura diplomática. La cúpila chavista ha manifestado su interés en restablecer el diálogo y facilitar el ingreso de inversión internacional en el sector petrolero. La liberación de Romero y la aclaración sobre los motivos de su detención se producen en medio de este proceso de acercamiento, en el que las medidas judiciales y los anuncios económicos se desarrollan en paralelo.

(Con información de AFP y EFE)

Las autoridades venezolanas, tras evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas durante la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, presentaron una solicitud para que el político opositor cumpla arresto domiciliario, debido a presuntas violaciones de las medidas judiciales. Según explicó el Ministerio Público, atribuyendo la decisión a sus competencias constitucionales y legales, se propuso revocar la excarcelación de Guanipa y modificar su régimen de reclusión después de constatar que no había respetado las medidas cautelares impuestas por el tribunal. Así lo reportó el medio Europa Press, que indicó cómo la Fiscalía de Venezuela argumentó que estos beneficios procesales siempre dependen del respeto estricto de las obligaciones fijadas, y si estas se incumplen, los órganos judiciales pueden revertirlos o sustituir las medidas autorizadas previamente.

El entorno de Guanipa, por su parte, denunció que el opositor fue “secuestrado” apenas transcurridas unas pocas horas desde su liberación. Desde el domingo, familiares y aliados políticos advirtieron que la nueva detención se ejecutó en circunstancias que calificaron como arbitrarias, cuestionando públicamente la motivación de las autoridades. Europa Press detalló este contexto en que la familia de Guanipa consideró que la reincorporación a la reclusión no se justificó de forma clara.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ratificó la reincidencia en la detención del político. En una intervención transmitida por VTV y recogida por Europa Press, Cabello aseguró que uno de los liberados recientemente fue arrestado de nuevo “por violar las condiciones sobre las que fue liberado”. El funcionario criticó a sectores políticos que, según sus declaraciones, intentan promover disturbios y llamados públicos a la movilización. Refirió que 897 personas habían salido de prisión recientemente y, ante ello, afirmó: “Este país quiere paz”, responsabilizando a determinados líderes políticos de acciones que habrían alterado el orden. Cabello insistió en que “la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinar al país”, lo que consideró como un motivo de acción por parte de las autoridades.

En paralelo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la iniciativa gubernamental sobre la ley de amnistía, tema central en la coyuntura política actual. Según publicó Europa Press, Rodríguez indicó que el Ejecutivo venezolano lleva a cabo un proceso de consulta nacional sobre esta ley, destinada —según sus palabras— a promover la reconciliación y la unión en el país. Durante un acto público, instó a todos los sectores sociales y políticos a sumarse tanto a la discusión de la ley de amnistía como al programa de convivencia democrática, apostando al encuentro “desde las diferencias, la pluralidad y la diversidad”, pero con base en el respeto mutuo.

Guanipa, identificado por Europa Press como uno de los últimos dirigentes políticos de alto perfil que permanecían detenidos, había recibido de forma reciente la medida de excarcelación. Su liberación se produjo tan sólo doce horas antes de que las autoridades lo volvieran a aprehender. Este breve lapso coincidió con los preparativos para la sanción parlamentaria de la ley de amnistía, prevista para el martes siguiente y, según el medio, potencialmente orientada a la liberación de otros presos políticos.

El político pertenece al partido Primero Justicia, es exgobernador del estado Zulia y mantiene una estrecha relación con la líder opositora María Corina Machado. Guanipa fue aprehendido originalmente el 23 de mayo de 2025, dos días antes de la celebración de elecciones regionales y parlamentarias, mientras enfrentaba acusaciones oficiales de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Guanipa permaneció diez meses en la clandestinidad luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, contexto en el que manejó su militancia y alianzas establecidas en torno a la oposición.

La trayectoria política reciente del dirigente también incluyó su candidatura en las primarias opositoras organizadas por Primero Justicia en 2023, proceso al que finalmente no accedió en la instancia definitiva, según detalló el medio. De este modo, la secuencia de excarcelación y posterior arresto domiciliario solicitado por las autoridades, sumada a la controversia desatada tanto en el equipo de Guanipa como en las altas jerarquías del gobierno venezolano, se inscribe en el marco de las iniciativas oficiales en materia de amnistía y reconciliación nacional discutidas en el parlamento.

El entorno familiar de Juan Pablo Guanipa denunció que el dirigente opositor fue privado de su libertad pocas horas después de haber recuperado la excarcelación de la que había gozado brevemente. Según informó el medio Europa Press, autoridades del Ministerio Público en Venezuela argumentaron que la detención se debió al supuesto incumplimiento de las condiciones legales vinculadas a su salida previa de prisión. Así, la Fiscalía solicitó formalmente a los tribunales que Guanipa pase a detención domiciliaria, revirtiendo el beneficio inicialmente otorgado.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía justificó su petición en virtud de sus atribuciones constitucionales y legales, alegando que tras verificarse el incumplimiento de las condiciones impuestas en la excarcelación, corresponde solicitar que se revoque la libertad provisional de Guanipa. El organismo añadió que la decisión se ajusta a las normas vigentes, las cuales prevén que las medidas cautelares deben ejecutarse bajo el cumplimiento estricto de obligaciones específicas, y que el incumplimiento habilita al órgano judicial a revocar o sustituir la medida.

En un comunicado citado por Europa Press, el Ministerio Público precisó que las medidas cautelares que fueron acordadas por los tribunales dependen de que el beneficiario respete todas las obligaciones establecidas, subrayando que ante cualquier falta se encuentra facultado para solicitar su revocatoria. Por ello, la Fiscalía notificó que la nueva solicitud busca que Guanipa permanezca bajo arresto domiciliario mientras continúan los procedimientos en su contra.

El caso de Juan Pablo Guanipa ha generado atención porque el político, exgobernador del estado Zulia e integrante del partido Primero Justicia, había conseguido la libertad después de encontrarse entre los últimos líderes de relevancia nacional detenidos en Venezuela. Europa Press detalló que la liberación de Guanipa, que se extendió por apenas doce horas, coincidió con la inminente promulgación de la ley de amnistía prevista para ser sancionada por el gobierno venezolano, una medida que se anticipa favorecerá la excarcelación de otros presos políticos en el país.

La detención de Guanipa tuvo lugar en el contexto político de las elecciones regionales y parlamentarias, pues el dirigente fue arrestado el pasado 23 de mayo de 2025, dos días antes de esos comicios, acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, de acuerdo con la información recogida por Europa Press. Antes de este arresto, Guanipa pasó diez meses en la clandestinidad luego de los comicios presidenciales de julio de 2024, lo que añadió complejidad a su situación judicial y política.

El medio europeo recordó que Guanipa, además de desempeñar la gobernación de Zulia, también se postuló en 2023 como candidato de Primero Justicia para las primarias opositoras, aunque su postulación no prosperó. En el escenario político actual, se le reconoce como un colaborador cercano de María Corina Machado, una de las referentes de la oposición venezolana.

El episodio más reciente, en el que la Fiscalía procede a pedir su arresto domiciliario apenas horas después de su exoneración temporal, ocurre en un clima de tensión sobre los derechos de los líderes opositores y la dinámica de liberaciones y encarcelamientos políticos en Venezuela. Europa Press reportó que las autoridades justifican cada acto alegando el respeto a las obligaciones procesales, mientras que entornos familiares y partidarios de los detenidos interpretan los hechos como represalias dentro de la disputa política interna.

El vehículo Toyota Corolla plateado, junto con un Range Rover blanco y un Renault Simbol, fue señalado en redes sociales como uno de los automóviles identificados en el presunto traslado forzoso de Juan Pablo Guanipa en Caracas, situación que ha impulsado peticiones de fe de vida y reclamos de liberación inmediata. Según consignó el medio Europa Press, la denuncia sobre la desaparición de Guanipa se originó horas después de que se hiciera pública su excarcelación, un hecho que intensificó la preocupación entre familiares, aliados políticos y organizaciones opositoras sobre su seguridad y paradero.

El dirigente venezolano, quien había retomado su libertad tras casi nueve meses detenido y un periodo previo de casi once meses en clandestinidad, fue nuevamente objeto de controversia tras su excarcelación. Europa Press detalló que su hijo, Ramón Guanipa, denunció el “secuestro” de su padre a través de un comunicado en la cuenta de la red social X del propio Juan Pablo Guanipa. En ese mensaje, el familiar informó que un grupo de aproximadamente diez personas no identificadas, armadas, interceptaron y se llevaron a Guanipa por la fuerza pocos minutos antes, exigiendo pruebas inmediatas de que permanece con vida y demandando su liberación incondicional.

El partido Primero Justicia, formación política a la que pertenece el exgobernador del Zulia, apoyó la versión difundida por Ramón Guanipa y responsabilizó a las autoridades venezolanas por la integridad física del dirigente. Según publicó Europa Press, el partido atribuyó directamente la situación a los “cuerpos represivos de la dictadura” y celebró un acto conjunto con otros partidos de la oposición para reclamar la intervención de actores internacionales. La organización identificó como presuntos responsables a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y al ministro del Interior Diosdado Cabello. Además, reclamó a la comunidad internacional que intervenga para facilitar la liberación de Guanipa y el cese de la persecución contra figuras disidentes.

Europa Press informó que María Corina Machado, figura clave de la oposición venezolana y aliada cercana de Guanipa, reiteró la demanda de liberación inmediata del dirigente y brindó detalles sobre el operativo. Machado indicó que el incidente se produjo en la urbanización Los Chorros de Caracas, donde hombres armados vestidos de civil, distribuidos en cuatro vehículos, ejecutaron la captura violentamente según los testimonios recogidos por la propia dirigente y difundidos por Europa Press. A pesar de exigir la liberación incondicional, Machado evitó en sus declaraciones atribuir responsabilidades directas a las autoridades, una diferencia respecto de Primero Justicia.

La situación de Juan Pablo Guanipa se enmarca en un contexto de tensión política prolongada en Venezuela. Según reportó Europa Press, el excandidato de Primero Justicia para las primarias opositoras de 2023 había sido detenido el 23 de mayo de 2025, en vísperas de los comicios regionales y parlamentarios, bajo los cargos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Durante los meses previos a su arresto, la familia de Guanipa denunció su condición de “secuestrado político”, pues el dirigente permaneció oculto desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 hasta que finalmente fue capturado por fuerzas del Estado.

El caso de Guanipa no constituye un hecho aislado dentro del entorno familiar y político, ya que Europa Press recordó que su hermano, Pedro Guanipa, quien ejercía la dirección de la alcaldía de Maracaibo, también fue arrestado en septiembre de 2024. Ambas detenciones han sido consideradas por partidos opositores y familiares como parte de una estrategia sistemática para frenar la disidencia mediante la persecución judicial y la privación de libertad.

Ramón Guanipa había celebrado públicamente la excarcelación de su padre pocas horas antes del presunto secuestro, agradeciendo que volviera “en libertad, después de año y medio, diez meses escondido, casi nueve meses detenido”, según citó Europa Press. La liberación, calificada de esperada y celebrada por sectores opositores, ahora abre una nueva etapa de incertidumbre tras la denuncia del nuevo operativo de aprehensión, implicando nuevamente a cuerpos armados no identificados en actos de fuerza contra figuras políticas disidentes.

Los acontecimientos recientes han motivado amplios llamamientos de organizaciones nacionales e internacionales a favor de la protección de los derechos humanos y la liberación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Según recopiló Europa Press, distintas voces insisten en el riesgo que enfrentan los opositores bajo el actual clima de represión, al señalar casos como el de Juan Pablo y Pedro Guanipa como ejemplo de las dificultades que persisten para el ejercicio de la actividad política y la defensa de la pluralidad.

Mientras persiste la falta de información oficial sobre el paradero exacto de Juan Pablo Guanipa, familiares, aliados y partidos opositores demandan la divulgación urgente de una fe de vida y la intervención tanto de organismos nacionales como internacionales. El medio Europa Press subrayó que la incertidumbre sobre su situación mantiene en vilo a dirigentes, organizaciones y ciudadanos, en un episodio marcado por la denuncia de desapariciones forzosas y la solicitud de respuestas inmediatas de las autoridades responsables.

“Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados”. Con este reclamo, Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, demandó la excarcelación inmediata y sin condiciones de todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. La excarcelación de su padre, líder de Primero Justicia y exgobernador del estado Zulia, se produjo este domingo, según informó el propio Ramón Guanipa a través de redes sociales, luego de casi nueve meses de detención y tras año y medio separado de su familia.

De acuerdo con lo publicado por el medio que reportó la noticia, Juan Pablo Guanipa, también aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado, quedó en libertad después de vivir un periodo de diez meses en la clandestinidad y casi nueve meses encarcelado. En un video difundido tras su excarcelación, el político opositor expresó: “Aquí estamos, saliendo en libertad, después de año y medio, diez meses escondido, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad, mucho que hablar, acerca del presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”.

Según consignó el medio, Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025, apenas dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias venezolanas. Las autoridades lo acusaron de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, cargos que la familia y su entorno han rechazado, calificando la detención como un “secuestro político”.

Tal como detalló la fuente original, la trayectoria reciente de Juan Pablo Guanipa ha estado marcada por su activa participación en la oposición venezolana. Fue candidato del partido Primero Justicia en las primarias opositoras de 2023, aun cuando posteriormente su candidatura no avanzó. En los procesos electorales previos, Guanipa mantuvo un perfil de liderazgo visible junto a María Corina Machado y otras figuras de la plataforma unitaria opositora.

El contexto de esta excarcelación llega en medio de presiones internacionales y un ambiente de denuncias sobre persecución política en Venezuela. El medio informó que familiares y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han sostenido que cientos de opositores continúan detenidos en cárceles venezolanas bajo acusaciones consideradas no fundamentadas judicialmente. En ese sentido, la liberación de Juan Pablo Guanipa se produce con llamados persistentes de distintas voces nacionales e internacionales para que se amplíe la liberación a otros casos considerados de detenciones arbitrarias.

La familia Guanipa ha estado bajo presión desde el último ciclo electoral en el país. Pedro Guanipa, hermano de Juan Pablo y exdirector de la alcaldía de Maracaibo, también fue arrestado en septiembre de 2024, lo que incrementó las denuncias sobre acciones judiciales contra miembros de la oposición vinculados a Primero Justicia y otros partidos políticos.

El exgobernador del estado Zulia y figura relevante en la estructura de Primero Justicia, ha señalado que, tras su liberación, existen temas pendientes sobre el presente y el futuro de Venezuela, enfatizando la necesidad de mantener la verdad y el compromiso con el país. Las declaraciones posteriores a su excarcelación ponen de relieve la persistencia de la polarización política y la vigencia de reclamos tanto de libertad para las personas detenidas por motivos políticos como de garantías para la participación en la vida institucional venezolana.

Las reacciones ante su excarcelación se inscriben en un escenario donde los actores internacionales han expresado preocupación por las condiciones de los derechos políticos y civiles en Venezuela. Según el medio de origen, la familia y seguidores de Guanipa destacan la importancia del reencuentro, al mismo tiempo que insisten en mantener la presión sobre el gobierno venezolano para cesar la persecución y garantizar la excarcelación de todos los opositores encarcelados.

El anuncio de la excarcelación fue realizado en primera instancia por Ramón Guanipa, quien manifestó que, luego de más de ocho meses de “injusta prisión” y de un prolongado período de separación, la familia podrá reunirse de nuevo. Su declaración incluyó una demanda explícita de liberación inmediata, plena e incondicional para el resto de los denominados presos políticos, y subrayó que la situación de estos detenidos sigue constituyendo un asunto central en la disputa política venezolana actual.

El medio de comunicación que cubrió la noticia precisó que esta excarcelación se produce en una etapa marcada por el aumento de las tensiones políticas y un continuo escrutinio internacional sobre el gobierno de Venezuela, especialmente en lo referente al trato de los opositores, los procesos judiciales y las garantías a los derechos civiles y políticos.

La caída de Carlos Eduardo Ruiz González, conocido como alias Rambo, dejó uno de los videos más virales que se observaron en redes sociales en Colombia, luego de que se conocieron los últimos instantes con vida del criminal.

Este sujeto se convirtió en noticia desde finales de enero de 2026, cuando se advirtió a través de portales informativos regionales el hallazgo de un cuerpo sin vida abandonado en un paraje situado en jurisdicción del barrio Villaluz, pero después del 4 de febrero lo que dejó desconcertado a más de un habitante en Maicao fue la forma en la que lo asesinaron.

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El homicidio quedó grabado en un video que compartieron varios portales informativos en redes, dejando una clara muestra sobre quiénes perpetraron el crimen.

Todo porque mientras Ruiz González brindaba una declaración forzada por parte de sus propios victimarios, antes de que finalizara sus palabras, los hombres armados con fusiles abrieron fuego, dejando el eco de las detonaciones de fondo en la grabación.

“Les pido por favor a las personas que tienen las armas encima, las personas que están extorsionando, las personas que le están haciendo daño al pueblo maicaeros que por fuerza hacen el fuego, ya que esto está trayendo muchas represalias y está trayendo mucho daño a muchas personas que tal vez... Hay unas que tienen y unas que no tienen que ver”, inicia su intervención en el video “Rambo”.

En el tramo final de su discurso, y sin imaginarse que sería interrumpido de forma abrupta, “Rambo” continuó con su petición:

“Entonces, por favor, tanto alias Rafita (Rafael Andrés Puentes Urdaneta) como las personas que están presas en el Caimeg (Centro de Atención Integral para Menores Infractores de La Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —Icbf—), como alias Rookie, alias Ricardo Fonseca, alias Pepi. Sabemos que ustedes también están en el acto delictivo, encochinando a otras organizaciones con los actos que están haciendo”, sigue Ruiz González con el video.

Antes de que finalizara su intervención, por la mirada de “Rambo” se deduce que sus captores se encuentran realizando una acción que denota temor en sus ojos, como si supiera que su final estaba cerca.

“Hacen ataques y nombran a otras organizaciones para encochinarlas. Sabemos que ustedes también están ahí. Esas personas que están presas (...)“, y justo en ese instante el celular se desenfoca por cuenta de las detonaciones con fusil que impactaron la humanidad de Ruiz González.

Por este criminal. pocos días antes de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo, la Policía Nacional y la Alcaldía de Maicao compartieron el volante de búsqueda del criminal, por el que ofrecían 200 millones de pesos como recompensa a quien brindara información sobre su captura.

La vida de alias Rambo en el mundo del crimen: entre Venezuela y Colombia

Alias Rambo era uno de los líderes criminales más peligrosos en la frontera entre Zulia Venezuela) y La Guajira (Colombia).

El video de su ejecución mostró a un hombre abatido y tembloroso, obligado a leer frente a una cámara un mensaje de rendición que no era suyo.

Así cerró la vida de uno de los criminales más buscados, cuyo historial estuvo marcado por asesinatos y extorsiones.

Según la Fiscalía Seccional La Guajira, el cadáver de Ruiz González, de 35 años, apareció con múltiples impactos de arma de fuego en la trocha María C, en el barrio Villa Luz de Maicao.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lideró la inspección y el traslado del cuerpo a Medicina Legal, y confirmó la identidad tras los procedimientos forenses y ratificó la vigencia de la millonaria recompensa que ofrecía la alcaldía local hasta el momento de su muerte.

La pesquisa oficial sostiene la hipótesis de que “Rambo” fue llevado al lugar donde fue asesinado, en medio de lo que sería una posible disputa entre organizaciones delictivas o una traición en el seno de su propia estructura.

El ascenso de alias “Rambo” comenzó tras desertar del Ejército venezolano, dedicándose inicialmente a la extorsión en Cabimas, estado Zulia.

Su nexo con la banda de Meleán —vinculada desde 2017 a homicidios y sangrientos choques armados en el occidente de Venezuela— lo situó en el radar policial.

Su nombre apareció en múltiples investigaciones por asesinatos de alto perfil en ciudades como Bogotá y Santa Marta.

La senadora María Fernanda Cabal se refirió en su cuenta de X, antes Twitter, a la presencia de campamentos clandestinos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

“Definitivamente la paz no se alcanza con mesas de negociación que permitan a los criminales fortalecerse y reorganizarse”, afirmó.

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La parlamentaria rechazó los actuales acercamientos con el grupo guerrillero, advirtiendo que estos diálogos solo otorgan ventajas a quienes actúan al margen de la ley. Según Cabal, “la verdadera paz se logra con el firme cumplimiento de la ley y la autoridad del Estado, no con concesiones ni fórmulas que confunden diálogo con impunidad”.

Sus declaraciones se producen tras revelarse informes de inteligencia internacional sobre la existencia de al menos diez campamentos del ELN en el estado Zulia, Venezuela, ubicados en municipios como Encontrados, Jesús María Semprún, Casigua El Cubo, Rosario de Perijá, Valderrama, Udón Pérez y El Guayabo.

La senadora enfatizó: “la política de seguridad que no combata con determinación este flagelo está condenada al fracaso”. Cabal insistió en que “el narcotráfico es el motor principal de las masacres y los ataques criminales que hoy azotan a muchas regiones del país”.

Los campamentos del ELN identificados cuentan con pistas clandestinas de hasta 2.300 metros, facilitando el tránsito de cargamentos ilícitos hacia Europa y Asia.

De acuerdo con los informes, la localización cerca de la frontera colombo-venezolana y la baja densidad de población ayudan al grupo guerrillero a mantener su presencia y pasar inadvertido ante acciones estatales.

La movilidad en la zona, que incluye el uso de rutas como el río Catatumbo y caminos por áreas montañosas, permite el tránsito de droga, insumos y personas hacia y desde Norte de Santander en Colombia. Allí, según los informes, el ELN logra consolidar corredores seguros para sus actividades ilícitas.

Cabal también advirtió sobre la complicidad de autoridades venezolanas, manifestando que “no podemos ignorar que regímenes como los de Chávez y Maduro en Venezuela se han convertido en santuarios para estructuras criminales transnacionales, lo que agrava todavía más la amenaza contra nuestra seguridad y soberanía”.

Un informe revelado por una revista especializada detalla que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y algunos funcionarios locales estarían implicados en la protección y apoyo al ELN.

El documento de inteligencia menciona una estrecha cooperación política y operativa entre el régimen de Nicolás Maduro, figuras como Diosdado Cabello y los jefes guerrilleros.

Además, se señala la presencia de dirigentes de carteles mexicanos y albaneses en la región, quienes utilizan las pistas clandestinas para negociar y fortalecer alianzas ilegales junto a líderes del ELN como Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Israel Ramírez Pineda y Gustavo Aníbal Giraldo.

Para la senadora, la permanencia de estos campamentos armados ilegales representa una amenaza directa a la seguridad y la soberanía colombiana por la consolidación de rutas criminales y la capacidad del ELN para operar transnacionalmente.

Cabal concluyó que quienes deciden ser parte del crimen organizado solo enfrentan dos caminos posibles: someterse a la justicia o afrontar la respuesta de las autoridades dentro del marco legal.

Finalmente, los hallazgos también implican un nivel de complicidad institucional: la información de inteligencia hace referencia a la presunta cooperación de altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y a funcionarios del estado Zulia, quienes habrían establecido acuerdos estables con miembros del ELN, reforzando así el entramado delictivo en la región.

El análisis político atribuye al régimen de Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello la responsabilidad de dirigir esta colaboración, en conjunto con los principales líderes de la organización armada.

Las interceptaciones y testimonios de exmilitares obtenidos por los servicios de inteligencia mencionados en la revista Cambio apuntan a que Cabello controla una parte sustancial de la red ilegal involucrada tanto en tráfico de drogas como en actividades de contrabando de oro.

La inesperada conversación telefónica de más de una hora entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sigue generando reacciones en la opinión pública debido a la relevancia de los temas tratados, especialmente el combate al narcotráfico en el país y la situación del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela.

Al respecto, en declaraciones ante medios de comunicación nacionales, Armando Benedetti confirmó que tras la conversación entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se ha avanzado hacia la posibilidad de implementar operaciones militares conjuntas contra el grupo armado, cuya presencia en el estado Zulia (Venezuela), ha sido documentada por organismos de inteligencia.

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Benedetti detalló que, históricamente, Colombia ha sostenido diálogos con el Gobierno venezolano para llevar a cabo acciones coordinadas contra el ELN, aunque los resultados no han sido los esperados.

Por ello, explicó que, con la actual administración venezolana, existe una expectativa de mayor cooperación para la ejecución de operativos militares, aunque aclaró que aún no se ha alcanzado un compromiso formal inmediato.

El ministro enfatizó la coincidencia entre los gobiernos de Colombia y Venezuela en considerar al ELN como una estructura criminal con fuertes vínculos al narcotráfico, y destacó que la colaboración binacional es clave para restablecer el control sobre la frontera.

“(...) hay una orden de atacar con toda la dureza al ELN en la frontera. Que la retaguardia que tenía allá en Venezuela ya no la tienen. Entonces, es posible hacer unas acciones militares mucho más audaces, mucho más prometedoras. Y en ese sentido, también se habló con el presidente Trump (...) Porque siempre se habló con el presidente Maduro sobre el tema de atacar conjuntamente al ELN. Había veces que resultaba, había veces que no. Por lo tanto, esta vez se espera, ya que hay una nueva jefe de Estado, de que las acciones militares conjuntamente se desarrollen”, afirmó Benedetti a medios nacionales.

Lo que se sabe de la presencia del ELN en Venezuela

Los informes de inteligencia internacional, citados por Cambio, habrían identificado al menos 10 campamentos del ELN en zonas rurales del estado Zulia, ubicados en municipios como Encontrados, Jesús María Semprún, Casigua El Cubo, Rosario de Perijá, Valderrama, Udón Pérez y El Guayabo, alrededor del lago de Maracaibo.

Estas bases clandestinas, que cuentan con pistas de aterrizaje de hasta 2.300 metros de longitud, formarían parte de corredores estratégicos utilizados para facilitar el tráfico de droga y la movilidad de los guerrilleros entre ambos países, con el presunto respaldo de las fuerzas armadas venezolanas.

Según el informe citado por el medio de comunicación, la proximidad al río Catatumbo y la frontera con Norte de Santander permitiría el ingreso de insumos y la evasión de operativos por parte del ELN, mientras que las pistas clandestinas serían empleadas para exportar cargamentos ilícitos hacia Europa y Asia.

Además, rutas fluviales y caminos ocultos en zonas boscosas favorecerían el tránsito y la ocultación de miembros del grupo armado, facilitando conexiones con ciudades como Caracas.

El reporte señaló que la baja densidad poblacional y la complejidad del terreno en el Zulia ofrecerían al ELN condiciones óptimas para operar con bajo riesgo de intervención.

El documento de inteligencia también advirtió sobre la presunta complicidad de altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios locales con el grupo guerrillero, lo que habría consolidado una estructura delictiva sólida en la región.

Las investigaciones atribuirían al régimen de Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello la coordinación política de esta cooperación, que incluiría tratos con carteles de droga mexicanos y albaneses, así como reuniones documentadas entre organizaciones criminales de Colombia, Venezuela y México en territorio zuliano.

El liderazgo del ELN en la zona está a cargo de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Israel Ramírez Pineda y Gustavo Aníbal Giraldo, que han reforzado su presencia en la frontera, consolidando su papel en las redes de narcotráfico y contrabando de oro, según las fuentes de inteligencia citadas por el medio de comunicación.

Agencias de inteligencia internacionales han revelado la existencia de al menos diez campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Zulia, Venezuela, que formarían parte de su estrategia para perpetrar ataques en Colombia y huir con facilidad al vecino país.

Estas estructuras clandestinas, junto a pistas de aterrizaje, operarían con el presunto apoyo de las fuerzas armadas venezolanas, facilitando actividades de narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales extranjeras, según informes de inteligencia internacional revelados por la revista Cambio.

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El documento al que accedió el diario nacional indica que los campamentos, pertenecientes al frente nororiental del ELN, se distribuyen en zonas rurales de varios municipios que rodean el lago de Maracaibo, después de que pudieran descubrirlos a través de sobrevuelos de inteligencia en el territorio venezolano.

Estas estructuras conformarían corredores estratégicos que enlazan la frontera colombo-venezolana, lo que favorecería el ocultamiento de sus hombres y ayudaría a agilizar el traslado de cargamentos ilícitos hacia Europa y Asia.

Los municipios de Encontrados, Jesús María Semprún, Casigua El Cubo, Rosario de Perijá, Valderrama, Udón Pérez y El Guayabo concentrarían estas estructuras armadas ilegales.

Según el informe de inteligencia, la cercanía al río Catatumbo y la frontera con Norte de Santander facilita tanto el ingreso de insumos para los guerrilleros, como la evasión de operativos, por parte del Gobierno colombiano.

Además, el informe también reconoció que, al igual que Inteligencia de Colombia, existen pistas clandestinas, localizadas junto a estos campamentos, que alcanzarían aproximadamente 2.300 metros de longitud cada una.

Estos aeropuertos clandestinos cumplen un papel esencial en el tráfico aéreo de droga, al servir como punto de partida para cargamentos que llegan desde el Catatumbo colombiano y tienen como destino final Europa y Asia, según la documentación obtenida por el diario nacional.

Asimismo, la movilidad del ELN se vería favorecida por rutas por los ríos y caminos ocultos en zonas boscosas y montañosas del estado Zulia. Esta geografía permitiría el tránsito sin detección y habilitaría corredores fronterizos seguros, conectando incluso con grandes ciudades como Caracas.

Además, la baja densidad de población y la dificultad de acceso terrestre en estos municipios también ofrecerían al ELN un entorno propicio para operar con bajo riesgo de intervención.

De acuerdo con el informe publicado por la revista Cambio, el terreno de bosque seco, zonas húmedas y ciénagas facilita el camuflaje y la permanencia prolongada de los integrantes de la organización.

Ahora bien, el documento de inteligencia también advierte sobre la presunta complicidad de altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios del estado Zulia con el grupo guerrillero colombiano.

Los investigadores describen una presunta convivencia establecida entre autoridades y miembros del grupo armado, lo que reforzaría la consolidación de la estructura delictiva.

Sobre el nexo político, el documento atribuye al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello la dirección de esta cooperación, en coordinación con los principales líderes del ELN.

Organismos de inteligencia sostienen, con base en interceptaciones y testimonios de exmilitares, que Cabello controla buena parte de la red ilegal implicada tanto en el narcotráfico como en el contrabando de oro.

Las pistas de aterrizaje también habrían sido utilizadas por cabecillas de carteles mexicanos y albaneses, quienes llegan a la zona para negociar acuerdos ilícitos con el ELN. Incluso, se tendría registro de varios encuentros entre grupos del narcotráfico mexicanos, colombianos y venezolanos para afianzar las alianzas ilícitas en el Zulia.

El grupo armado, bajo la jefatura de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Israel Ramírez Pineda y Gustavo Aníbal Giraldo, ha fortalecido su posición en la frontera, actuando como elemento esencial en la dinámica delictiva y en la estrategia militar en territorio venezolano.

Carlos Eduardo Siu, propietario de la empresa química Primazol de Venezuela, negó que en sus instalaciones se fabrique o empaque algún tipo de narcótico.

Esto se da como respuesta a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, del 30 de diciembre en las que insinuó un bombardeo a una supuesta fábrica del ELN en el país vecino por parte de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump.

Sobre lo anterior, el mandatario colombiano había replicado versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto ataque estadounidense contra la fábrica ubicada en el estado Zulia, fronterizo con Colombia.

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Siu sentenció en un video difundido por el canal estatal VTV que su empresa se dedica a la importación y distribución de materias primas para la industria, y que ninguno de sus productos es fabricado ni llega directamente al consumidor final, sino que es procesado por la industria nacional.

El empresario, acompañado por imágenes de los daños causados por el incendio registrado el 24 de diciembre en la planta, insistió en que el siniestro fue el resultado de un accidente eléctrico y no de una acción militar.

“Nosotros somos importadores y distribuidores de materias primas para todas las industrias (...) Todos nuestros productos deben ser transformados por las industrias básicas del país”, menciona Siu.

El incendio afectó parte de la infraestructura, aunque un galpón permaneció operativo.

Primazol, con más de 80 años de funcionamiento y más de 100 empleados, emitió comunicados desmintiendo cualquier vínculo con actividades ilícitas y rechazando las versiones que asocian el incidente con el ataque anunciado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Este es el galpón que no fue afectado, aquí donde mantenemos la materia prima para los alimentos y bebidas y los insumos farmacéuticos veterinarios. ¿Okey? Rechazamos categóricamente todas las falsas acusaciones que se están haciendo y que están mancillando mi nombre", agregó Siu en su réplica hacia el jefe de Estado.

“Por último, presidente Petro, aquí no empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcóticos. Te solicitamos que, por favor, dejes de estar mancillando nuestro nombre y nuestro honor, que tantos años ha costado, desde mi padre hasta mi persona y todo mi equipo, que ha sido vilipendiado durante los últimos dos, tres días en, en este país”, cerró el dueño de la fábrica.

Mientras tanto, el presidente Petro reafirmó su versión sobre un supuesto bombardeo estadounidense a una instalación en Maracaibo, sugiriendo que en la fábrica se mezclaba pasta de coca para producir cocaína, debido a su ubicación en el lago de Maracaibo, y que el ELN había sido víctimas de un bombardeo norteamericano.

Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos de Petro ni sobre el ataque anunciado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

El mensaje de Gustavo Petro en el que mencionó a Donald Trump

Petro rechazó en su publicación de X las acciones militares estadounidenses en territorio venezolano y relacionó el ataque con la expansión de actividades del ELN en la región.

El presidente colombiano aseguró que posee información sobre ataques recientes del Comando Sur de Estados Unidos contra supuestos objetivos de la guerrilla en Venezuela.

Petro afirmó: “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechan la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN”.

El mensaje del mandatario también abordó el papel del ELN en el tráfico de drogas, especialmente en la región del Catatumbo, al nororiente de Colombia.

Según el jefe de Estado, el grupo armado ilegal ha facilitado el traslado de cocaína hacia Venezuela, consolidando un “nodo” en la zona de Maracaibo.

“El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, afirmó Petro al remarcar al control que ejerce la guerrilla sobre rutas y pistas clandestinas en territorio venezolano.

Las declaraciones de Petro se produjeron poco después de que circularan rumores sobre un presunto bombardeo en Maracaibo, relacionados con un incendio ocurrido el 24 de diciembre en un almacén de la empresa Primazol, dedicada a la importación de materias primas.

En sus publicaciones, Petro también cuestionó la efectividad de los operativos estadounidenses en el Caribe.

El jefe de Estado colombiano afirmó que los ataques del Comando Sur se dirigieron a embarcaciones que transportaban cannabis, no cocaína, y explicó que la droga que sale de las costas de Colombia y Venezuela suele enviarse en submarinos o contenedores.

El presidente Petro escribió: “La cocaína que sale por esas costas está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”.

La controversia entre las versiones oficiales y las especulaciones en redes sociales persiste. En tanto que Donald Trump aclaró después que el supuesto ataque al que hizo referencia ocurrió en un puerto venezolano, no en la ciudad de Maracaibo.

La dictadura de Nicolás Maduro ordenó el refuerzo militar en dos de las principales instalaciones energéticas de Venezuela en medio de la presión por parte de Estados Unidos, que en las últimas semanas ejecutó ataques directos contra infraestructura vinculada al narcotráfico y avanzó en el bloqueo del comercio petrolero del país.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pilar del sostenimiento del régimen chavista, informó que mantiene unidades desplegadas en el Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón, y en el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en Zulia, una región fronteriza con Colombia históricamente atravesada por el contrabando y el crimen organizado.

El anuncio fue realizado por el jefe militar de la región occidental, Pedro González Ovalles, en un mensaje difundido por el alto mando castrense.

Según afirmó, el despliegue busca “garantizar la seguridad” de ambas instalaciones, aunque la decisión se produce en medio del aislamiento internacional del régimen y de denuncias sobre el uso de puertos venezolanos para actividades ilícitas.

El refuerzo coincide con la revelación del diario The New York Times de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra un muelle en Venezuela que, según funcionarios estadounidenses, era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar y despachar cargamentos de droga. De acuerdo con el diario, la operación no dejó víctimas y representa la primera acción conocida de Estados Unidos dentro del territorio venezolano.

El propio presidente Donald Trump confirmó la ofensiva.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, declaró a periodistas en Mar-a-Lago. Washington sostiene que el ataque forma parte de una campaña ampliada contra redes narcotraficantes que operan con protección de la dictadura de Nicolás Maduro.

El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en el Caribe como parte de esa estrategia. Según The New York Times, la operación marca un giro en la política estadounidense, que hasta ahora se había concentrado en interceptar embarcaciones en aguas internacionales. Trump había anticipado que Estados Unidos comenzaría a atacar objetivos en tierra vinculados al narcotráfico.

La presión aumentó además tras la incautación de dos buques que transportaban crudo venezolano y el anuncio de un bloqueo total a petroleros sancionados que entren o salgan del país caribeño. La medida golpea directamente a la principal fuente de ingresos del régimen en un contexto de colapso económico y deterioro de la industria energética.

El Centro de Refinación Paraguaná, uno de los complejos más grandes del mundo, opera muy por debajo de su capacidad desde hace años por falta de inversión, corrupción y sanciones. El complejo Ana María Campos, dedicado a fertilizantes y derivados del gas, también ha sufrido paralizaciones recurrentes.

Desde Caracas, funcionarios del régimen denunciaron “amenazas” y “ataques”, sin referirse directamente a la operación estadounidense. El llamado “número dos” del chavismo y ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, habló de una campaña de “acoso”, mientras que la chavista Delcy Rodríguez instó a trabajadores petroleros a permanecer en “alerta permanente”.

La dictadura venezolana habló sobre supuestos planes de sabotaje contra instalaciones energéticas, incluidos ataques con explosivos.

Estados Unidos mantiene desde mediados de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, que justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico transnacional.

Para Washington, el régimen de Venezuela se ha convertido en un nodo central de esas redes.

(Con información de EFE)

Tal es el reciente caso de Isabella Baticcini, quien se encontraba manejando su vehículo de manera regular y acababa de cagar combustible, cuando se percató de que otro conductor le comenzó a tocar bocina y a hacerle señas porque se había dado cuenta que el auto se estaba prendiendo fuego desde la parte inferior.

La mujer se bajó del carro para tratar de endender qué pasaba, pero en cuestión de segundos su auto se consumió en llamas, de acuerdo con reportes del medio local, El Nacional.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo llegó al lugar para atender el incendio y logró combatir las llamas. Sin embargo Baticcini sufrió la pérdida total de su carro.

De acuerdo con las denuncias, las explosiones de los vehículos se han registrado incluso en las adyacencias de las estaciones de servicio, una vez salen de cargar combustible, como fue el caso de uno de los incendios que se reportó esta semana en la gasolinera El Portal, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo.

Con las seis explosiones de esta semana ya suman más de 20 en lo que va de año, sólo en el estado Zulia, producto del uso de combustible en mal estado, lo que ha generado conmosión en los usuarios debido a que la gasolina es adquirida en las estaciones de servicio de la estatal PDVSA, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro.

Además, los ciudadanos también han denunciado que no sólo los incendios son una de las consecuencias que los está afectado por el combustible adulterado, sino que además, los repuestos de los vehículos también terminan dañados por el mismo problema y lo peor es que en los consecionarios no cubren la garantía de las autopartes cuando es por gasolina en mal estado, esto afecta directamente el bolsillo de las personas.

Jesús Castillo Molleda, director de la agencia Polianalítica, dedicada al monitoreo de acontecer político en Venezuela, dijo que las personas estarían gastando entre 30 y 200 dólares para reparar los autos por la mala calidad de la gasolina.

Asimismo Ángel Suárez, ingeniero electrónico en automatización y control de procesos aseguró que una de las razones que estaría generando los problemas en los autos de los zulianos es por el alto contenido de azufre en el combustible que está llegando a las estaciones de servicios, según reportó el medio El Diario.

La solución del régimen a los incendios

En medio de la fuerte ola de denuncias que se han generado en todo el Zulia por los incendios y los autos afectados, el régimen de Nicolás Maduro, a través de su aparato de propaganda política, hicieron circular un video de la estatal PDVSA promoviendo una insólita solución al problema que aqueja a las personas.

En las imágenes se logra aprenciar a varios funcionarios civiles de PDVSA como policales, dándole a oler a los ciudadanos la gasolina en recipientes de agua mineral, para que puedan “constatar la calidad” del producto.

“Este es el inicio de algo positivo”, dice uno de los funcionarios chavistas en el supuesto experimento.

“De esta manera podemos destacar el trabajo que viene realizando PDVSA para garantizar la calidad, distribución y comercialización del combustible en todos los rincones del país”, dicen en el video.

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Los ciudadanos surcoreanos que se encuentren en áreas específicas de Venezuela solo podrán permanecer en esos territorios si obtienen una autorización especial emitida bajo estrictas condiciones de seguridad, de acuerdo con las últimas normativas consulares. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, quienes ingresen o permanezcan en estas regiones sin el permiso establecido estarán expuestos a responder ante la Justicia con sanciones basadas en la legislación vigente sobre pasaportes. Esta decisión se enmarca en un contexto de tensión creciente vinculado al aumento de actividades militares extranjeras y locales en territorio venezolano, tal como reportó el medio surcoreano citado en los comunicados.

El Ministerio difundió una notificación oficial en la que declaró la prohibición absoluta de viaje a las provincias venezolanas de Zulia, Táchira, Apure y Sucre, exceptuando las capitales de esas entidades y una zona oriental de Zulia. Esta medida, que reemplaza la anterior alerta de nivel 3 —recomendación de precaución y consideración de salida voluntaria— por una prohibición de nivel 4, representa el máximo grado de restricción consular adoptado hasta la fecha en relación a Venezuela. El medio surcoreano detalló que el endurecimiento de la política afecta tanto a residentes surcoreanos en esas áreas como a quienes tuviesen previsto viajar allí, instando a la evacuación inmediata y a la cancelación de todos los desplazamientos programados.

De acuerdo con la nota oficial, la prohibición total de entrada a las zonas restringidas cobró vigencia a las 23:00 horas del viernes 21 de noviembre, hora local, y continuará aplicándose hasta que las condiciones de seguridad permitan reconsiderar la medida. El Ministerio subrayó que "existen serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros ciudadanos que visitan o permanecen allí, a partir de la reciente situación nacional e internacional en Venezuela", poniendo de manifiesto los riesgos asociados a la presencia surcoreana en las provincias señaladas.

El resto del territorio venezolano permanece bajo una alerta de viaje de nivel 3. Bajo esa clasificación, los ciudadanos surcoreanos pueden ingresar sin una prohibición formal, aunque las autoridades desaconsejan cualquier desplazamiento no esencial y sugieren evaluar la salida voluntaria del país debido a la volatilidad de la situación. El Ministerio de Exteriores advirtió que estas medidas podrían ampliarse o modificarse conforme cambien las circunstancias políticas, militares o diplomáticas en la región.

El comunicado difundido por las autoridades surcoreanas aclara que cualquier ciudadano que desee ingresar a las zonas ahora prohibidas deberá gestionar un permiso especial de uso del pasaporte. Sin este aval, la permanencia o ingreso resultará punible con sanciones administrativas. Según publicó el medio coreano, el Ministerio insistió en que tanto los residentes permanentes como los potenciales visitantes deben "adoptar las recomendaciones oficiales y evitar desplazamientos a áreas consideradas peligrosas".

La decisión de elevar el nivel de alerta se relaciona directamente con el incremento de la actividad militar en las fronteras venezolanas, marcado por la presencia de fuerzas armadas de Estados Unidos y Venezuela. El Ministerio aclaró que el monitoreo sobre el desarrollo de la situación local e internacional se mantendrá constante, y no descartó futuras modificaciones o ajustes en función de la evolución del panorama general en el país sudamericano.

Las provincias específicas objeto de la medida habían permanecido bajo advertencia previa, pero la intensificación de la alerta refuerza la orientación del Gobierno surcoreano en cuanto a la protección de sus nacionales en situaciones de riesgo. Corea del Sur ha adoptado este sistema escalonado de restricciones consulares como parte de su política de resguardo para ciudadanos en el exterior, permitiendo diferenciar los niveles de peligro detectados en distintas zonas del territorio de un país.

Según consignó el medio coreano, el Ministerio no informó la cantidad exacta de surcoreanos que residen actualmente o viajan por Venezuela, ni precisó si la orientación se vinculó a un incidente reciente concreto. Sí dejó constancia, a través de sucesivas comunicaciones oficiales, del deber de actuar de manera expedita y de evaluar permanentemente nuevas acciones para salvaguardar la integridad de los ciudadanos surcoreanos ante cualquier eventualidad en el contexto regional.

El propio comunicado invitó a la comunidad surcoreana internacional a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a seguir estrictamente las instrucciones suministradas por las autoridades consulares, con la finalidad de evitar verse expuestos a sanciones administrativas y a riesgos de seguridad en la región afectada por la escalada militar. La declaración remarca el compromiso de las autoridades de Corea del Sur de evaluar de manera permanente la situación, declarando que se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a los ciudadanos frente al agravamiento de la crisis en las áreas señaladas.

La política de restricción y evacuación dispuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur continuará sujeta a revisiones en virtud del desarrollo de los acontecimientos tanto en Venezuela como en el entorno internacional, mientras la diplomacia surcoreana mantiene su enfoque centrado en la prevención y en el resguardo de los nacionales que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad por el carácter imprevisible de la coyuntura militar y política vigente, según publicó el medio surcoreano.

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur anunció este viernes la prohibición de viaje para ciudadanos surcoreanos a cuatro provincias de Venezuela debido al alto riesgo que representa el actual contexto de seguridad frente a las costas del país gobernado por el régimen chavista de Nicolás Maduro.

La restricción máxima, que eleva a nivel 4 la alerta —antes en nivel 3—, afecta a las provincias de Zulia, Táchira, Apure y Sucre, excluyendo únicamente las capitales y una zona en el este de Zulia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido emitir una prohibición de viaje para ciertas zonas fronterizas de Venezuela, donde existen serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros ciudadanos que visitan o permanecen allí, a partir de las 23.00 horas (hora local) del viernes 21 de noviembre, a la luz de la reciente situación nacional e internacional en Venezuela”, señala el comunicado emitido por el Ministerio.

La medida se adopta en medio de una escalada en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, reflejada en un mayor despliegue militar de ambos países en la región. En el resto del territorio venezolano se mantiene la recomendación de evacuación, aunque no existe una prohibición formal de entrada, según los estándares surcoreanos del nivel de alerta 3.

De acuerdo con la normativa de Corea del Sur, las personas que viajen o permanezcan en áreas sujetas a una prohibición de viaje sin el permiso correspondiente pueden enfrentar penas de hasta un año de prisión o multas que alcanzan los más de 1.500 dólares.

El gobierno de la península coreana, liderado por el presidente Lee Jae-myung, anunció que continuará monitoreando la evolución de la situación y adoptará las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos en el país sudamericano.

“De acuerdo con la designación de estas zonas con restricciones de viaje, quienes las visiten o permanezcan en ellas sin obtener un permiso especial de uso de pasaporte podrán ser sancionados conforme a la legislación vigente en materia de pasaportes. Por lo tanto, se solicita a los ciudadanos coreanos que tengan previsto viajar a estas zonas que cancelen sus viajes, y a los ciudadanos coreanos que actualmente residen en ellas que las retiren“, subrayó el texto oficial.

Antes de dar la alerta a sus ciudadanos, Corea del Sur entregó el miércoles pasado un lote de 850.000 dosis de vacunas contra la polio a Venezuela. Los inoculantes se sumarán al Programa Nacional de Inmunización para su aplicación en recién nacidos a partir de 2026, según informó el Ministerio de Salud del régimen.

El cargamento arribó la noche del martes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que da servicio a la ciudad de Caracas. La líder a cargo de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, destacó que se trata de la tercera entrega de vacunas recibida en lo que va del año y subrayó que esta cooperación es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y bajo la orientación del dictador Nicolás Maduro.

A este envío se suman otros dos cargamentos procedentes de la India que llegaron el domingo 16, con un total de 1.285.000 dosis de distintas vacunas, incluidas pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus. Según Jiménez, la primera carga incluyó 135.000 dosis y la segunda, 1.150.000.

El objetivo de estas adquisiciones, precisó la funcionaria, es garantizar el suministro de vacunas para los años 2026 y 2027 en cooperación con la OPS y en el marco de los planes oficiales para fortalecer la salud pública en Venezuela.

(Con información de EFE)

La reciente destrucción de un campamento presuntamente vinculado al narcotráfico en el estado Zulia, en la frontera entre Venezuela y Colombia, fue presentada por las autoridades venezolanas como parte de lo que ellos llaman una ofensiva más amplia contra organizaciones armadas ilegales.

Según comunicados oficiales de la Milicia Bolivariana y declaraciones del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Domingo Hernández Lárez, la operación se desarrolló en el municipio Jesús María Semprún, dentro de la denominada “Zona Binacional de Paz”.

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Durante el operativo, los militares localizaron un campamento tipo cambuche en el sector Tres Bocas, donde incautaron 20 brazaletes con la inscripción del Frente 33 de las Farc, así como un rifle calibre 22 mm, dos chalecos tácticos, dos portacargadores de fusil color verde, un sombrero tipo selvático, un bolso táctico de seis compartimientos, un par de botas tácticas militares, dos pares de botas negras, cinco pantalones impermeables, un chaleco táctico militar color verde oliva y un traje de buzo color negro.

Además, se decomisaron 125 cartuchos de diferentes calibres, entre ellos 79 cartuchos 5.56×45 mm, 41 de 7.62×39 mm, tres de 7.62×51 mm, un cartucho de escopeta calibre 16, uno de calibre 12 y uno de calibre 20 percutido.

La Milicia Bolivariana subrayó en su comunicado que esta acción se enmarca en la “Operación Relámpago del Catatumbo”, cuyo objetivo es impedir que el territorio venezolano sea utilizado como plataforma para el narcotráfico por parte de grupos paramilitares colombianos.

En palabras de la institución: “Venezuela es tierra de paz, nuestro territorio nacional no está en venta, no se enajena, ni se alquila, la soberanía se respeta”.

El operativo en Zulia se suma a otros procedimientos recientes en los que la Fanb destruyó tres campamentos logísticos asociados al narcotráfico en los estados Amazonas y Apure, ambos también fronterizos con Colombia y Brasil. Con base en cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se incautaron en Venezuela más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

Las autoridades venezolanas no precisaron si hubo detenidos durante la intervención en el municipio Jesús María Semprún. El hallazgo de los brazaletes con la inscripción del “Frente 33 de las Farc” refuerza, según la versión oficial, la presencia de estructuras armadas ilegales en la zona binacional, históricamente conocida por la actividad de grupos disidentes y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El general Domingo Hernández Lárez destacó que el campamento destruido pertenecería a las disidencias de alias Calarcá, y reiteró que la acción militar forma parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad y la soberanía en la región del Catatumbo.

Fanb destruyó campamentos del ELN

En octubre de 2025, la Fanb informó de la destrucción de dos campamentos logísticos pertenecientes a los Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela.

En esa ocasión, Hernández Lárez detalló que los militares hallaron en los campamentos panfletos propagandísticos vinculados al ELN, grupo guerrillero colombiano, junto a municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y grandes cantidades de combustible.

Según las autoridades del vecino país, estos espacios eran usados por grupos Tancol, denominación que el régimen venezolano da a organizaciones armadas irregulares que cruzan la frontera desde Colombia.

La destrucción de los campamentos dejó como saldo la incautación de panfletos, armas, vehículos y pertrechos ligados a grupos insurgentes colombianos.

La Fanb detalló que los elementos confiscados incluyen municiones destinadas a fusiles de asalto, chalecos tácticos y cantidades importantes de gasolina, productos habitualmente empleados por organizaciones dedicadas tanto al tráfico de drogas como a la actividad insurgente en esa franja fronteriza.

Entre los documentos recogidos se encontraron folletos del ELN, lo que la Fanb interpreta como una evidencia del asentamiento de representantes de esta guerrilla colombiana en territorio venezolano.

El ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López, confirmó previamente que se ejecutaron acciones similares en los estados Bolívar y Zulia, y que las fuerzas bolivarianas combaten también la presencia de disidencias de las Farc.

El régimen venezolano ha desplegado desde hace unas semanas la propaganda del combate contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin que anuncie detenidos, muertos o heridos. Difunden videos para hacer creíble la versión, como lo hizo recientemente el Ceofanb con dos campamentos en el Amazonas, luego del ataque ocurrido a unos kilómetros de Puerto Ayacucho.

Un oficial, en conversación con Infobae, asegura que “la exigencia que, desde el Gobierno, le han hecho al ELN y a la Segunda Marquetalia disidencia de las FARC es que si se hace público los enfrentamientos que ellos tengan en territorio venezolano, les traerá consecuencias. No se puede obviar el interés de convencer a Gustavo Petro que en Venezuela combaten al ELN”.

Cuando el domingo 26 de octubre 2025 las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se enfrentaron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) impactando a habitantes de los de los sectores Agropa y Agua Linda, municipio Átures, estado Amazonas, causaron la muerte de Gerson Gómez Estrada llamado Yito y dejaron varios heridos, como lo detalló Infobae.

Ningún Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se pronunció sobre lo ocurrido, en una zona, ubicada en el eje carretero norte, que está a unos kilómetros de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, lo que demuestra que la guerrilla colombiana está habitando, desde hace años, en pueblos de los estados fronterizos, incluso a metros de instalaciones militares y policiales.

No hubo mención alguna a la muerte de Gerson Gómez Estrada alias Yito,de 35 años, ni de los heridos: la teniente del Ejército Nelci Yineth Tinedo, Wilmer Pastor Barrios Silva, 28 años de edad, otro adulto cuyos datos no fueron dados a conocer, quienes fueron trasladados al hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, y un niño de nueve años referido al Hospital Pediátrico.

Los vio la FANB

Aunque esos campamentos no son improvisados y funcioann desde hace años, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) parece haberse decidio a desmantelar el campamento sin que los guerrilleros del ELN estuvieran en el lugar, en el sectode Agua Linda.

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, dio a conocer que, en el marco de la Operación Neblina 2025, específicamente en el territorio a orden del MG Wilfredo Alexander Medrano Machado, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, en Amazonas, en el municipio Atures, “efectuó la destrucción de dos campamentos logístico utilizados por grupos Tancol invasores de nuestro territorio nacional siendo desmantelados y destruidos”.

El general Hernández Lárez no llama a los grupos guerrilleros por sus nombres o siglas sino que los cubre con el manto de “Tancol” (terrorista, armado, narcotraficante colombiano), aunque esta vez menciona los panfletos del ELN hallados en los campamentos.

Lo que encontraron, sin que se informe de un solo detenido ni armas, es una casa logística, así como “retención de un vehículo azul, marca Toyota, 1992, modelo land Cruiser, placas AM464YA”.

También “45 cartuchos Cal. 7,62x51 mm, 25 cartuchos cal. 5.56 mm, 38 panfletos Tancol alusivos al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), 20 chalecos verdes tácticos, 2 equipos de comunicaciones (radios transmisores), 4 bombonas de alta presión para el almacenamiento y transporte de gas”.

En la otra casa “incautación de 86 cartuchos Cal 762x51 mm, 40 cartuchos cal. 5.56 mm, 2 cargadores de fusil, 43 panfletos alusivos al ELN, 30 chalecos verdes tácticos, 2 equipos de comunicaciones (radios transmisores) y dos mil litros de combustible tipo gasolina”.

Hay que destacar que el general Hernández Lárez resalta que “los materiales de interés criminalístico fueron registrados y destruidos en el sitio; el procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público”, es decir, cero pruebas.

En el Zulia

Luego del enfrentamiento ocurrido en el municipio Catatumbo el 13 de octubre, sin que se conozca las bajas ocurridas, porque los grupos guerrilleros se llevan sus heridos y los cadáveres los sepultan o los lanzan a los ríos.

Después vino otro anuncio por parte del Ceofanb y otro video, destacando que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la Operación Neblina 2025, en el estado Amazonas y de la Operación Binacional Zona de Paz “Relámpago del Catatumbo”, en el Zulia, fueron localizados y destruidos campamentos clandestinos destinados para crímenes relacionados con el narcotráfico”.

Dijeron que localizaron “un campamento clandestino utilizado como astillero para la reparación y construcción de embarcaciones artesanales de interés criminalístico”.

Además, incautaron tres embarcaciones, ocho envases plásticos con combustible tipo gasolina, 22 tambores de 200 litros cada uno para almacenar resina, siete rollos de fibra de vidrio, 30 tablas de madera de cedro y una viga de carga para la fabricación de embarcaciones.

Ese día informaron que habían destruido un campamento sin dar mayores explicaciones de qué grupo funcionaba ahí, solo dijeron que lo destruyeron e incautaron 200 litros de combustible tipo gasolina, seis motores de succión de agua de 13 HP, cuatro caracoles mineros, cuatro alfombras usadas como tamiz, 50 metros de manguera de alta presión, cuatro metros de tubo PVC, un metro de manguera tipo maraca y cuatro correas para motores mineros.

“Hace dos semanas, casi a las 5 de la tarde, empezó el enfrentamiento en Caño en Medio, parroquia de Udón Pérez, municipio Catatumbo, estado Zulia, entre guerrilla y ejército venezolano; hubo cinco muertos, cuatro de ellos del ejército venezolano y también hubo heridos que llegaron al hospital y por eso el hospital fue militarizado”.

“Hay cinco detenidos en esa Operación Relámpago del Catatumbo, en el Sur del Lago de Maracaibo. Los militares recibieron la orden de hacer un reconocimiento en esa zona del Catatumbo donde está la finca Buenos Aires, en el sector Caño Amarillo, del municipio Catatumbo del Zulia”.

La comisión de uniformados venezolanos ubica “a un grupo de irregulares, quienes estaban ahí ocupando la zona. Los militares actuaron como era razonable y enfrentaron a la guerrilla, pero en el cruce de disparos mataron a cuatro militares venezolanos, solo a un miembro del ELN”.

“Los heridos fueron trasladados al hospital, pero hubo orden de militarizarlo para impedir que se supiera lo que sucedió. Durante días esperaba que la información la diera a conocer la superioridad, pero solo silencio y luego sacaron un video sin mencionar nada de lo realmente ocurrido”.

Campamento del ELN

La presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano se ha reforzado desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013; numerosos reportes y testimonios dan cuenta de la tolerancia con la que la Fuerza Armada venezolana ha actuado ante esa guerrilla colombiana. Con los años esa tolerancia ha derivado en colaboración entre el ELN y la FANB.

Cuando ha ocurrido algún incidente con militares venezolanos, particularmente en la frontera, donde la guerrilla le ha arrebatado la vida a varios militares, la Fuerza Armada desde su más alta jerarquía ordena silencio y oculta los hechos.

En la conversación con Infobae, el militar relata “supimos que el campamento lo manejaba una facción del Ejército de Liberación Nacional (ELN-EP), porque se identificaron como tal y además tenían ahí uniformes, bandera y panfletos sobre su organización”.

Dice que en el campamento encontraron “nueve fusiles de diverso calibre, siete pistolas, dos artefactos explosivos, 20 rollos de cordón detonante, ocho radios transmisores; también dos computadores portátiles. En cuanto a vehículo había tres camionetas y cinco motos”.

No es la primera vez que la FANB guarda silencio cuando la guerrilla colombiana ha asesinado militares venezolanos porque se sienten amenazados con la presencia o ingreso de la Fuerza Armada a las zonas controladas por el Ejército de Liberación Nacional.

El video de la FANB

Es importante destacar que el uso del término “Tancol” (terroristas armados narcotraficantes colombianos) para referirse a los irregulares y que el general Hernández Lárez popularizó en sus mensajes y declaraciones ocultando así mencionar a las organizaciones guerrilleras por sus siglas y camuflando bajo una sola denominación a las también bandas criminales.

En el marco del despliegue propagandístico que tienen los medios oficialistas y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ (EJ) Domingo Antonio Hernández Lárez, preparan videos con fotos, grabaciones y música para publicitar los diversos operativos militares.

Uno de esos videos se dio a conocer ocho días después del ataque al campamento guerrillero, cuando el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, GD Javier Enrique Magallanes, reportaba al ministro de la Defensa, quien dijo encontrarse en la Universidad Militar Bolivariana.

En una transmisión con video propagandístico incluido el jefe de la Zona Operativa del Zulia dijo que se había desmantelado un campamento “utilizado por elementos Tancol”, donde fueron incautados “nueve fusiles de asalto, siete pistolas, dos granadas fragmentarias, 20 rollos de mecha lenta, 38 cargadores, cuatro vehículos de alta gama y tres motocicletas”. Agregó Magallanes que se también se desmanteló “un astillero clandestino de reparación y fabricación” con incautación de “tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico, ocho envases plásticos con mil 600 litros de gasolina, 22 envases metálicos para el traslado de resina y 13 rollos de fibra de vidrio”.

Específicamente el jefe de la ZODI en su reporte habla de “desarticulación de un campamento utilizado por elementos Tancol lográndose incautar 9 fusiles de asalto 7 pistolas dos granadas fragmentarias 20 rollo de mecha lenta 38 cargadores cuatro vehículos de alta gama 3 motocicletas se procedió al desmantelamiento de un astillero clandestino de reparación y fabricación en donde se incautaron 3 embarcaciones dedicadas al narcotráfico, 8 envases plástico con 1600 L de combustible tipo gasolina, 22 envases metálicos para el traslado de resina”

Lo que llama la atención es que Magallanes le agrega, lo que no aparece ni en el reporte ni en la declaración del oficial que habla con Infobae, y es la incautación de narcóticos, supuestamente hallados en el campamento. “Se logró incautar 126 kg de presunta droga cocaína, 15 escopetas de diferentes calibres, dos rifles de 38 mm y 22 mm respectivamente, 3 pistolas automáticas dos facsímiles se efectuó la destrucción de los diferentes campamentos e instalaciones pertenecientes a grupos Tancol”, es lo que asegura Magallanes. El general Magallanes ocultó los heridos, los muertos y los detenidos.

El nombre de Adrián José Rodríguez Gudiño, conocido como Adriancito, se ha convertido en sinónimo de violencia y temor en el estado Zulia.

Como líder de una de las bandas criminales más peligrosas de la región, su organización ha sido señalada por una serie de crímenes que incluyen asesinatos de funcionarios policiales, secuestros, extorsiones y atentados con explosivos, según reportes de Los Andes, Noticia Al Día, La Verdad, Somos Noticias Col, Ultimas Noticias Venezuela y Diario Vea.

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La figura de Adriancito articula estos hechos y revela la compleja red de complicidades y la capacidad de infiltración de su grupo en instituciones clave.

El perfil de Adriancito, de 32 años, se destaca por su liderazgo en una estructura delictiva que opera principalmente en los municipios Simón Bolívar, Lagunillas, Cabimas y Ciudad Ojeda.

De acuerdo con los medios regionales de Zulia, Venezuela, su banda está compuesta por individuos identificados como:

• Jhoanderson Antonio León Molleja, alias El Minio.
• Juvenal Enrique Acosta Meléndez, alias El Juve.
• Gregorio José Castillo Figueroa, alias El Grégori.
• José Ramón Sánchez Flores, alais El Peluo”.
• Ronald Alberto Fuenmayor González
• Miguel Ángel Vásquez Figueroa
• Brayan Gabriel Gauna Gauna, alais El Brayita.
• Manuel Alberto Alizo Parra, alias El Toñeco.
• Abis Segundo Piña Álvarez.
• Gian Carlos José Rodríguez Rangel, alias La Liebre.
• Angélica María Rodríguez Briceño, alias La Catira.
• José Gregorio Morales Esaac, alias Hisopo.
• Yeferson Olivares Navarro.

Cabe resaltar que, de igual forma, hay varios miembros sin identificar por las autoridades venezolanas y colombianas.

La organización ha sido catalogada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como de alta peligrosidad, y algunos de sus miembros han sido vinculados a cuerpos policiales, lo que ha dificultado su captura y desarticulación.

La implicación de la banda en asesinatos de funcionarios y civiles ha marcado un antes y un después en la percepción de seguridad en Zulia. Uno de los casos más estremecedores, fue el asesinato de Rosa del Carmen Castillo, una mujer de 35 años que, tras denunciar un robo en su vivienda, fue ejecutada frente a su madre e hija por miembros de la banda, en 2018.

El grupo criminal, además, transmitió el asesinato por medio de redes sociales como Youtube, Facebook y Twitter. En el momento de la realización de este artículo, el video se encuentra catalogado como LostMedia.

Pese a eso, desde Infobae Colombia se logró encontrar el video usando el sitio web WayBackMahcine, en el que se encontró una publicación del 18 de de abril del 2018 del medio venezolano El nuevo Herald.

El móvil, según la investigación, fue la venganza por la muerte de un integrante del grupo durante un enfrentamiento posterior a la denuncia. Los responsables, entre ellos el propio Adriancito y varios de sus colaboradores, grabaron el crimen y difundieron el video en redes sociales, intensificando el clima de terror.

Otro hecho que evidenció la capacidad de fuego y la brutalidad del grupo fue el ataque al Hipermercado Gran Avenida de Ciudad Ojeda, ocurrido el 19 de agosto de 2022.

Al menos ocho delincuentes, vestidos con prendas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), abrieron fuego dentro del local, asesinando al comisionado de la Policía Municipal de Lagunillas, José Gregorio Hernández Villasmil, y dejando varios heridos, entre ellos otros funcionarios y un vigilante.

Tras el atentado se filtraron imágenes de los atacantes y que las autoridades identificaron a Manuel Alberto Alizo Parra (“El Toñeco”) como uno de los principales responsables, por quien se ofreció recompensa.

Las versiones sobre el móvil del crimen varían entre un intento de secuestro, robo o venganza, aunque, según Diario Vea, en la ciudad se comenta que el funcionario asesinado no tenía vínculos con delincuentes y se negó a colaborar con ellos, lo que habría motivado el ataque.

La banda de alias Adriancito también ha extendido sus actividades al secuestro y la extorsión de comerciantes.

Víctor Ho NG Zheng, un comerciante asiático de 21 años, fue secuestrado en mayo de 2023 en Santa Rita. Durante el rapto, los secuestradores hirieron a la madre de la víctima y, posteriormente, el propio Adriancito contactó a la familia para exigir una elevada suma en dólares a cambio de la liberación.

Las autoridades lograron rescatar al comerciante y detener a dos miembros del grupo, Ronald Alberto Fuenmayor González y Miguel Ángel Vásquez Figueroa, mientras que otros, como Brayan Gabriel Gauna Gauna y Manuel Alberto Alizo Parra, permanecen prófugos.

La extorsión ha sido una constante en la estrategia de la banda, que ha recurrido a la violencia extrema para intimidar a quienes se resisten a sus exigencias.

También se lo relaciona con el asesinato de un comerciante conocido como Macho Ibarra, quien fue ultimado por negarse a pagar extorsión.

Además, la organización ha perpetrado atentados con explosivos contra locales comerciales, como el ataque a la tienda “La Tienda del Policía” en Cabimas, donde Abis Segundo Piña Álvarez, miembro del grupo, fue capturado en posesión de cinco granadas fragmentarias y varios teléfonos celulares.

Las investigaciones apuntan a que estos atentados, ocurridos en mayo de 2025, buscaban sembrar el terror entre los comerciantes de la Costa Oriental del Lago.

El uso de explosivos no se ha limitado a locales comerciales.

También se informó sobre el hallazgo de una granada sin detonar en la residencia del segundo comandante de la Policía Municipal de Cabimas, Lubyn López, el 31 de marzo de 2025.

El hecho motivó un despliegue de seguridad y reforzó la hipótesis de que la banda de Adriancito busca amedrentar tanto a comerciantes como a funcionarios policiales que no ceden a sus demandas.

Uno de los aspectos más alarmantes revelados por las investigaciones es la infiltración y complicidad policial dentro de la banda.

Gian Carlos José Rodríguez Rangel, quien, siendo efectivo activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se encargaba de cobrar el dinero producto de secuestros y extorsiones para la organización. Junto a Angélica María Rodríguez Briceño, prima de alias Adriancito, movilizaban armas y vehículos, recibiendo entre $1.000 y $1.500 por estas operaciones.

Ambos fueron detenidos por las divisiones Contra Secuestro y Contra Extorsión del Cicpc, y en el operativo se incautaron armas, uniformes policiales y otros implementos oficiales. Además, Los Andes reportó la confesión de los detenidos en el caso de Rosa del Carmen Castillo, quienes señalaron la participación de Rafael Jesús Fino Mavárez, funcionario de la Policía de Maracaibo, en el crimen.

Las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos para desarticular la banda y capturar a sus miembros. Somos Noticias Col informó sobre la detención de dos integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (G.E.D.O.) “El Adriancito” por su implicación en el asesinato de “Macho Ibarra”.

Durante la presentación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Nicolás Maduro se refirió, entre otros episodios de la historia venezolana, a los ataques perpetrados en aguas del Caribe, donde en el pasado más de 30 embarcaciones y varias instalaciones petroleras resultaron dañadas por fuerzas extranjeras. El presidente venezolano utilizó este contexto para señalar la continuidad de las amenazas externas sobre el país, incluyendo los incidentes recientes relacionados con la destrucción de navíos venezolanos en la región. Según informó Globovisión, Maduro acusó a Estados Unidos de someter a Venezuela a lo que definió como una “guerra multiforme”, e insistió en que el Gobierno de Washington ha violado el Derecho Internacional en sus acciones más recientes.

De acuerdo con datos recogidos por la cadena Venezolana de Televisión (VTV) y citados por Globovisión, el mandatario venezolano manifestó que su país atraviesa actualmente una agresión sostenida y de múltiples formas, las cuales calificó de “inmorales” y contrarias al marco jurídico internacional contenido en la Carta de Naciones Unidas. Maduro apuntó que, especialmente durante las cinco semanas recientes, Venezuela enfrenta amenazas que describió como “absolutamente repudiables, criminales e inmorales”, reiterando la postura de su gobierno contra “la injerencia” y defendiendo la soberanía nacional.

El medio Globovisión detalló que Maduro sostiene que uno de los objetivos fundamentales de Estados Unidos sería el control sobre los recursos naturales de Venezuela. Según el mandatario, estos intereses buscan un cambio de régimen político como vía para acceder a las riquezas estratégicas del país. No obstante, Maduro expresó su confianza en que Venezuela superará esta situación adversa. Aseguró que la nación saldrá “más fuerte, más pacífica, más democrática y más unida”, de acuerdo con sus declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

El contexto inmediato de estas declaraciones guarda relación con los recientes operativos militares en el Caribe. Según publicó Globovisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas armadas de su país destruyeron tres embarcaciones venezolanas en esa zona. Trump declaró: “Habéis visto dos, pero son tres”, al referirse a los ataques confirmados, afirmando que se trata de parte de su política de combate contra el narcotráfico. Sin embargo, el Pentágono ha admitido únicamente dos acciones de este tipo en las últimas semanas, generando dudas sobre la magnitud y justificación de los ataques.

Estos acontecimientos han incrementado la tensión en la región y dentro de Estados Unidos. Según Globovisión, algunos congresistas estadounidenses han expresado su escepticismo respecto a la amenaza que Venezuela representaría para su país. Además, han puesto en cuestión la base legal de estas operaciones, al argumentar que los buques venezolanos no constituyen “objetivos militares” y que los países involucrados no se encuentran en un estado de guerra formal. Esta postura plantea un cuestionamiento acerca del respeto a las normativas internacionales y los procedimientos que rigen el uso de la fuerza en escenarios transnacionales.

La cobertura de Globovisión y Venezolana de Televisión resalta la percepción en Caracas de una presión coordinada desde el exterior, centrada no solo en acciones militares, sino también en aspectos económicos y políticos. Maduro reiteró en sus intervenciones que la intención de Estados Unidos sería doblegar al gobierno venezolano y orientar un cambio en su estructura política, lo que en su opinión atentaría contra la autodeterminación nacional.

Además, el paralelo histórico aludido por Maduro durante la presentación, en el que evocó ataques de submarinos nazis en el pasado contra barcos e infraestructura petrolera en el estado Zulia, sirvió como recordatorio de los desafíos a la soberanía de Venezuela en distintos momentos. Según Globovisión, estos antecedentes fueron utilizados para reforzar el argumento sobre la continuidad y la gravedad de las amenazas actuales.

Por su parte, Trump defendió las operaciones, enmarcándolas en la política de combate al narcotráfico, según consignó Globovisión. No obstante, la ambigüedad en el número de ataques y la falta de consenso sobre su marco legal han añadido complejidad a la controversia pública y política tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

De acuerdo con lo publicado por Globovisión, la disputa por la legitimidad de los operativos militares estadounidenses en el Caribe se suma así a las diferencias de fondo entre ambos países, donde se cruzan denuncias sobre violaciones al Derecho Internacional, cuestionamientos al acceso y control de recursos estratégicos, y debates internos en Estados Unidos sobre la pertinencia y legalidad de dichas acciones militares.

La FANB hizo este hallazgo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde detectó un astillero "oculto entre manglares" que contenía varios materiales para la construcción de embarcaciones, como 2.500 clavos, 1.500 tornillos, ocho espátulas plásticas y cuatro metálicas, según precisó en X el jefe militar.

Hernández Lárez indicó que en Venezuela no se produce ni se trafican drogas y aseguró que la FANB lucha "a diario, de manera frontal contra el narcotráfico y sus asociados" que pretenden usar el territorio como "plataforma delincuencial".

La semana pasada, militares navales de Venezuela detuvieron a cuatro trinitenses y a un venezolano por presunto "tráfico de combustible", informó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En una publicación de Instagram, la GNB aseguró que los detenidos se encontraban a bordo de una embarcación en la que transportaban tres motores, 3.120 litros de gasolina en 13 recipientes, 70 litros de aceite y dos teléfonos satelitales.

Las autoridades han incautado e incinerado 51.664 kilos de drogas este año, según un balance ofrecido la semana pasada el ministro del Interior, Diosdado Cabello.EFE

"En el área productiva, los proyectos que tenemos para beneficiar a ambos países y, sobre todo, a los pueblos que están allí son inmensos", dijo el ministro en un programa encabezado por la diputada chavista Tania Díaz y transmitido en YouTube.

El funcionario señaló que hay planes relacionados con la producción primaria, como el cultivo de caña de azúcar y palma africana, y con la transformación de alimentos, así como con la creación de "rutas importantes" para el transporte de productos hacia Colombia y viceversa.

En ese contexto, indicó que hoy Venezuela produce el 96 % de sus alimentos y, además, registra un "excedente en el área de las hortalizas", producidas en estados como Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), que forma parte del área binacional.

León Heredia expresó que la creación de esta zona era "algo esperado por los pueblos" de Táchira y Zulia (noroeste, también fronterizo con el país andino) y del departamento colombiano del Norte de Santander, que limita con estas dos regiones venezolanas.

"Hay una dinámica propia que tenemos allí, son pueblos profundamente hermanados que se han visto afectados con el tema del narcotráfico", añadió el jefe del despacho de Agricultura, quien afirmó que esta zona bilateral también permite "generar condiciones para la tranquilidad y para la seguridad" de estas poblaciones.

La creación de la zona entre ambos países, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, fue aprobada el pasado 17 de julio, con el objetivo de ofrecer "facilidades para un comercio fuerte" e "incrementar las inversiones", según explicó entonces el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien aseguró que "los chinos, los indios, los rusos y los turcos" están "muy interesados" en el área.

Venezuela ha planteado ser un "importante exportador" de gas a Colombia con la nueva zona, que espera "permita también la interconexión eléctrica" entre ambas naciones, así como el desarrollo de un proyecto de transporte para "conectar zonas estratégicas", como expresó entonces la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

El acuerdo entre Caracas y Bogotá desató críticas de la oposición colombiana, que lo ve como una cesión de soberanía al chavismo.EFE

La oposición mayoritaria llegó a estas votaciones encabezada por la dupla integrada por María Corina Machado, una reconocida dirigente, ahora en la clandestinidad, y Edmundo González Urrutia, un exembajador desconocido en el mundo político —actualmente en el exilio— y que sus seguidores defienden como el verdadero "ganador" de las presidenciales.

¿Cuáles fueron los hitos de la campaña emprendida por la oposición para llegar a este proceso electoral? Te lo contamos en las siguientes claves:

En las primarias opositoras de octubre de 2023, María Corina Machado, exdiputada y fundadora del partido Vente Venezuela, fue escogida como candidata con más del 90 % de los votos para enfrentar a Nicolás Maduro.

La primarias no contaron con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En enero de 2024, se informó que Machado estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta 2036, como había anticipado la Contraloría General en junio de 2023, que entonces dirigía Elvis Amoroso, actual presidente del CNE.

Impedida de participar en las presidenciales, Machado promovió, en marzo de 2024, a la historiadora Corina Yoris como candidata, una figura no conocida que "surgió del seno de la discusión de las fuerzas unitarias", según la exdiputada, y que contó con el respaldo de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Yoris no pudo inscribirse por una "maniobra" y el impedimento de acceder al sistema del CNE, según denunciaron entonces Machado y la PUD.

Otros opositores, como Manuel Rosales, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), sí lograron postularse.

Rosales, ahora exgobernador del estado Zulia (oeste), se retiró de la contienda y cedió la tarjeta de UNT a González Urrutia —entonces presidente de la coalición Mesa Unidad Democrática, pero desconocido en el mundo de la política—, inscrito de forma provisional a última hora para luego ser sustituido, aunque finalmente quedó como candidato y a quien Machado transfirió su capital político para enfrentar a Maduro.

Con González Urrutia como candidato y Machado de respaldo, la oposición puso en marcha una campaña caracterizada por concentraciones masivas en un contexto de detenciones de activistas políticos y del cierre de establecimientos comerciales que prestaban servicio a los dirigentes.

González Urrutia no tuvo espacio en los medios públicos, mientras que Maduro encabezó numerosos mítines y otras actividades proselitistas transmitidas por los medios estatales.

Un mes antes de las presidenciales, Machado destacó que la campaña de González Urrutia "será estudiada en el futuro", al considerarla como "histórica" porque, según dijo, aunque no había propaganda opositora en medios de comunicación, la gente se las arreglaba para informarse por redes sociales y divulgar mensajes "boca a boca".

El presidente del CNE, el oficialista Elvis Amoroso, proclamó ganador a Maduro con el 80 % de los votos emitidos, mientras que Machado desconoció el resultado anunciado y denunció que en la jornada electoral se violaron "todas las normas, al punto de que -aseguró- aún no han sido entregadas la mayoría de las actas" electorales.

Amoroso anunció entonces que "en las próximas horas" el CNE publicaría en su página web el detalle de los resultados, mesa por mesa, y entregaría a los 38 partidos políticos que compitieron un informe digital sobre el desenlace de la contienda.

El funcionario denunció "ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo" que "retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados", algo que puso en duda el rector del CNE Juan Carlos Delpino, quien luego salió de Venezuela y fue destituido del cargo.

La PUD denunció fraude electoral y aseguró que la victoria la obtuvo González Urrutia, lo que desató protestas en los días posteriores a las presidenciales y, en este contexto, murieron 28 personas y se detuvieron a más de 2.400 —la mayoría excarcelados—, según la Fiscalía, que vinculó a los arrestados con el comando de la oposición y los acusó de "terroristas".

La oposición reafirmó su denuncia de fraude cuando publicó más del 80 % de lo que aseguró fueron actas electorales de las presidenciales, recabadas -según dijo- por sus testigos de votación, y que daban como ganador a González Urrutia, algo que reconocieron más de 10 países, entre ellos Argentina y Estados Unidos.

Sin embargo, el Gobierno calificó estos documentos como falsos y exigió que se respetara el proclamado triunfo de Maduro, que fue convalidado —a solicitud del propio presidente— por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por jueces afines al oficialismo.

Grupos de veeduría electoral que participaron en las presidenciales, invitados por el propio CNE, validaron las actas de la oposición.

Uno de ellos fue el Centro Carter, que dijo que las elecciones venezolanas no fueron democráticas, mientras que un panel de expertos de la ONU destacó que las presidenciales carecieron de "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles".

Ambos pronunciamientos fueron rechazados por el Ejecutivo de Maduro. EFE

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Casi dos meses después de las elecciones del 28 de julio de 2024, en una situación de profunda inestabilidad política, Nicolás Maduro Moros anunció tardíamente los cambios en el Alto Mando Militar, ratificando al ministro de la Defensa y al comandante Estratégico Operacional, haciendo cambios en el resto del Comando Superior. Ahora no se atreve a reformar a la alta jerarquía de la institución castrense.

La permanencia de muchos de los jefes militares ratificados es que frenen a las figuras emergentes de las nuevas promociones, porque debieron pasar a retiro, permitiendo que las generaciones siguientes tengan a un compañero en el Alto Mando Militar.

Once promociones, de los diversos componentes, no han tenido ministro de la Defensa desde 2014. Las cuatro promociones no han contado con un oficial en la jefatura del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb).

Antes de Hernández Lárez, seis promociones tampoco tuvieron representación porque Maduro dejó, entre 2015 y 2021, en el cargo del Ceofanb, al almirante Remigio Ceballos Ichaso, ahora embajador en China.

Prorroga como ministro de Defensa al G/J Vladimir Padrino López, a quien le correspondía irse de retiro en 2014, y le ha sido prorrogada su estadía activa durante 11 años; fue la última promoción de 30 años activa en la Fuerza Armada.

Igual ocurre con el comandante Estratégico Operacional, G/J Domingo Antonio Hernández Lárez, el Nro 10 de la promoción 1988 “GB Manuel Manrique”, por lo que debió irse al cumplir 33 años activo, y le han prorrogado su permanencia durante cuatro años.

No refrescar los comandos causa una grave distorsión en la estructura de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), frena el avance natural del liderazgo y ha ido creando una casta militar entramada en intereses y grupos, que golpea el mando institucional con el monopolio de las armas de la República.

Le correspondía el retiro

En la Comandancia de la Guardia Nacional (GNB) fue ratificado el M/G Elio Ramón Estrada Paredes, egresado de la II promoción “Batalla de Bárbula” 1991, de número 110 de 161 egresados. A Estrada le prorrogan la permanencia en la Fuerza Armada, pues debió salir de retiro el año pasado, al cumplir 33 años de actividad.

Estrada comandó, en 2016, la Zona 11 de la GNB en el Zulia y posteriormente en 2018 la Zona 43 de la Guardia Nacional en Caracas.

Es un oficial que se ganó mucho rechazo durante su paso por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pues le quitó importantes funciones de los servicios institucionales a la Guardia Nacional para favorecer a la Policía, tales como la creación de la Policía Costera, la Policía de Migración, Apoyo Aéreo, además de las unidades de Reacción Inmediata en las fronteras con funciones de Los Rurales.

Preparado en Cuba

El M/G Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, ratificado como comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, es egresado en 1993, y pertenece a la primera promoción que ingresa a la Escuela Básica de la Fuerza Armada en 1998.

Es el Nr. 26 de la promoción “Subteniente Santiago Mujica Palencia”, de la que egresó como piloto, y es reconocido por ser buen piloto de los aviones F-16. Oficiales destacan que es muy hábil en relaciones públicas y subordinación.

En 2010 Lenín Ramírez, siendo Mayor, hizo el curso intensivo de Estado Mayor para Oficiales en Defensa Aérea, en Cuba, específicamente en la Defensa Anti Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR), también llamada Fuerza Aérea Revolucionaria (FAR).Durante ese tiempo ocurrió algo que para los cubanos era insólito y no permitido, porque los cubanos son estrictos al extremo con la seguridad de la información de sus sistemas de defensa aérea e informática: que un alumno, en pleno curso, viajara a Venezuela y asistiera a la primera comunión de su hija.

Siguen activos

Los que todavía están activos hasta el próximo año son los comandantes generales del Ejército, M/G Johan Alexander Hernández Lárez, de la II promoción “Gran Mariscal de Ayacucho” del año 1993, de la cual fue su Alférez Mayor.

El comandante de la Milicia, M/G Orlando Ramón Romero Bolívar, también es de la promoción del Ejército 1993, siendo compañero del comandante del Ejército, aunque es el Nr. 19.

Otro que está en su tiempo activo es el Almirante Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, el número 20 de la promoción “Libertador Simón Bolívar” del año 1993, quien es el comandante general de la Armada Bolivariana.

En las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) siguen comandando el almirante José Rafael Hernández Abchi, en la Marítima e Insular; MG. Royman Antonio Hernández Briceño, en Los Llanos; MG. José Gregorio Martínez Campos, en Los Andes; MG. Juan Ernesto Sulbarán Quintero, en la Oriental.Por su parte, el MG. Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, continúa en la Capital; MG. Wilfredo Alexander Medrano Machado, en la de Guayana; MG. Pedro Esteban González Ovalles, en la Occidental y el MG. Jesús Rafael Villamizar Gómez, en la Redi Central.

Maduro ratifica en el Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) al M/G Javier José Marcano Tábata, quien es el Nr. 207, ubicándose entre los últimos puestos de mérito de la promoción 1991 “General de Brigada Daniel Florencio O’Leary”. Marcano debió ser retirado de su actividad el año pasado.

El MG (EJ) ya en retiro Alexis Rodríguez Cabello, siendo el Nr. 87 de la promoción 1987, fue comandante del Ejército hasta 2020 cuando sale de retiro. Permanece al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); ha ocupado varios cargos militares y políticos, entre ellos diputado de la Asamblea Nacional y Autoridad única de la Guayana Esequiba. Es un hombre muy cercano a Diosdado Cabello.

El régimen de Nicolás Maduro se prepara para aplicar un aumento sustancial del precio de la gasolina subsidiada en todo el país, en lo que sería un intento de compensar la caída de ingresos provocada por la salida de empresas petroleras extranjeras como Chevron, según informó la agencia Bloomberg citando a tres fuentes con conocimiento directo del tema.

Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) tiene previsto triplicar el precio de venta del combustible subsidiado, que pasaría de 0,25 a 0,75 dólares por litro. El nuevo monto, según los informantes, ya ha sido notificado a operadores privados en algunas regiones, aunque su implementación quedará supeditada a un anuncio oficial y su publicación en la Gaceta Oficial.

El ajuste se produce pocas semanas después de que la administración de Donald Trump decidiera revocar las licencias que permitían a varias compañías extranjeras, entre ellas Chevron, mantener operaciones en Venezuela. La medida, inscrita en la política de sanciones de Washington, respondió a la caracterización del régimen de Maduro como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En el contexto actual, el país mantiene un sistema de distribución de combustible doble. Por un lado, una cuota subsidiada a través del sistema Patria —que entrega mensualmente 120 litros a propietarios de automóviles y 60 litros a motociclistas—, y por otro, una oferta a precio internacional de 0,50 dólares por litro. La gasolina subsidiada, con un subsidio del 95%, se cobra en bolívares a la tasa oficial del Banco Central, con un costo mensual de unos 3 dólares para los beneficiarios.

Mientras se gesta el incremento de precios, Pdvsa ha buscado alternativas para sostener su flujo de caja. La misma agencia Bloomberg, dijo la semana pasada que la empresa petrolera firmó al menos nueve contratos con proveedores de servicios extranjeros, entre ellos dos petroleras chinas. Los acuerdos buscan llenar el vacío que dejó la salida de Chevron, cuya licencia expiró a principios de abril. La empresa estadounidense, que aportaba cerca del 23% de la producción total de crudo en el país, concluyó sus operaciones el 27 de mayo.

El repliegue de Chevron se suma al de otras compañías norteamericanas como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, todas ellas obligadas a cesar actividades a inicios de mayo.

En respuesta, Caracas ha promovido un nuevo esquema contractual. Las empresas extranjeras involucradas podrán operar pozos ya perforados y tendrán derechos exclusivos sobre la comercialización del petróleo extraído, un cambio significativo respecto al modelo tradicional venezolano en el que Pdvsa mantenía el control absoluto sobre las ventas.

Cada compañía tendrá asignado al menos un bloque en el estado Zulia o en la Faja Petrolífera del Orinoco, las dos principales regiones productoras del país. Según los términos revelados por Bloomberg, estas empresas estarían exentas de ciertos impuestos y asumirían la totalidad de las operaciones productivas, así como su parte correspondiente de las ventas. A su vez, Pdvsa conservaría al menos el 50% de la producción y financiaría su parte de las inversiones con petróleo, en lugar de dinero.

“Pdvsa tiene un plan para producir petróleo a pesar de las medidas coercitivas unilaterales de EEUU”, declaró el 29 de mayo la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez.

Las condiciones específicas de los contratos, mantenidas en reserva por tratarse de documentos privados, fueron compartidas con Bloomberg por personas que pidieron el anonimato.

El aumento del precio de la gasolina —si se concreta— marcaría un nuevo capítulo en la progresiva liberalización del mercado interno de combustibles, una tendencia que Maduro ha promovido de manera intermitente ante las dificultades financieras del Estado ocasionadas por las políticas del modelo chavista. A falta de producción nacional suficiente, el país importa volúmenes significativos de combustible, en su mayoría desde Irán, lo que ha convertido al abastecimiento de gasolina en un punto crítico de presión económica y política.

El equipo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, detenido por las fuerzas de seguridad tras ser acusado de liderar una red criminal para "sabotear" las elecciones regionales del pasado 25 de mayo, ha exigido al Gobierno de Nicolás Maduro "fe de vida" del exgobernador electo del estado de Zulia.

"Cuando se cumplen 11 días desde el secuestro de Juan Pablo Guanipa, alertamos de que no sabemos en qué condiciones mentales ni físicas se encuentra, puesto que ni su familia ni su abogado han podido comunicarse con él", ha indicado en la cuenta de X del propio opositor venezolano.

Su equipo ha explicado que un familiar llevó el pasado viernes unas medicinas a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Mariperez, al oeste del distrito metropolitano de Caracas. "Se infiere que está en ese lugar, pero sigue incomunicado y el defensor público que le impusieron nunca ha hecho contacto con su familia", ha dicho.

"La recepción de los medicamentos puede ser un indicativo de que ese es su lugar de cautiverio, pero no es nada expreso, nada oficial y por lo tanto sin certezas de ningún tipo. Es una violación flagrante al debido proceso y a los derechos fundamentales de Juan Pablo Guanipa, quien sigue bajo desaparición forzada", ha agregado.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó a finales de mayo la detención de Guanipa --a quien el Ministerio Público tildó de "peligroso conspirador"-- por estar al frente de una supuesta red criminal que buscaba impedir la celebración de las elecciones regionales.

El opositor detenido fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó. Su hermano, Pedro Guanipa --quien era director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo-- fue arrestado en septiembre de 2024.

Todo lo ocurrido el 25 de mayo de 2025 era el escenario que reflejaban los números de la última encuesta por WhatsApp de la firma Datos Es Noticia, que viene midiendo el comportamiento del opositor venezolano mes a mes.

Para el mes de abril, un 17 % de opositores manifestaba intenciones de acudir a votar (cifra baja), pero 10 días antes de la elección el descenso se acentuaba y bajó mucho más, situándose en un 13,05%, una caída dramática.

Es muy posible que esta determinación de no votar aumentó por la percepción positiva que generó en el opositor la fuga de los cinco rehenes del equipo de María Corina Machado, que permanecieron más de 400 días asediados en la embajada de Argentina. Fue interpretado como un golpe duro al régimen y, principalmente, a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz.

Lo segundo fue el llamado de María Corina Machado de no votar el 25 de mayo, pues ya se había ejercido ese derecho el 28 de julio de 2024 y no se podía pasar la página. Ambas acciones dejaron al opositor en la acera y no cruzaron la calle de participar.

También debemos señalar que el 52,74% de los ciudadanos desconfía del Consejo Nacional Electoral y no cree en sus resultados. Por otro lado, un 29,39 % apoyaba abiertamente la política de la abstención y un 9,29 % manifestó que ninguna propuesta logró convencerlo.

El régimen jugó sus cartas: un proceso amañado, con poco tiempo para campaña, sin condiciones y con asignaciones a dedo. De esa forma, se reservaron la mayoría. Por eso, al final, el resultado les dio 23 gobernaciones ganadas, incluyendo su último invento: la del Esequibo.

¿En qué falló el sector de la oposición que participó? Diría que los días y las noches se les fueron justificando por qué lo hacían, en vez de vender lo que se llama la promesa electoral y lo que harán de resultar electos. Más allá de la retórica de cuidar los espacios, en el caso del Zulia, a la gente no le importó si Manuel Rosales hizo un buen gobierno, pues ellos saben que si Maduro continuaba en Miraflores poco o nada vale eso a la hora de ir al mercado o de tener mejor calidad de vida.

Ese domingo 25 de mayo, tal cual pronóstico, se dio en su totalidad y a media mañana era notable la ausencia en los centros electorales. La mayoría de testigos de la oposición que participaron no acudieron, y la razón también para ellos era que ya votaron el 28 de julio.

Y como no podemos partir por los resultados anunciados por el CNE, pues están amañados y exagerados, empezando por la supuesta participación superior al 40 %, cuando todos saben que eso no lo logran desde hace mucho tiempo.

El régimen se vanagloria de tener 255 diputados de 285 y solo 29 en manos de los llamados alacranes y del sector Capriles-Rosales, que seguramente tendrá una configuración en los días siguientes y en una línea muy delgada con los partidos judicializados.

Por ahora, la gente no salió a votar. Calificarlos como abstencionistas no tendría sentido; al contrario, vimos en los números de Datos Es Noticia que no son la mayoría. Tendrá que demostrárseles con hechos cómo se avanza más en el terreno para despojar a Maduro del poder luego de la elección que se robó el 28 de julio de 2024.

"Nosotros venimos a reconstruir el Zulia, nosotros venimos a unir, nosotros venimos a gobernar con la gente", dijo Caldera en un acto local de proclamación de los candidatos electos en las votaciones de este domingo, que fue transmitido por la estatal venezolana de Televisión (VTV).

Con su victoria frente a Rosales, Caldera consideró que la región "cierra un ciclo" y comienza otro.

"Iniciamos el capítulo del Zulia bueno, del Zulia grande, del Zulia próspero", añadió.

Según el chavista, la "reconstrucción" que propone supondrá "un proceso largo", pero -prometió- se "verán resultados".

Conforme a los resultados anunciados este domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo gobernará en 23 de 24 regiones del país, entre ellas el Esequibo, el territorio que Caracas disputa con Guyana.

El chavismo no solo repite en los 19 estados que ganó en los comicios regionales de 2021, sino que recuperó tres regiones, dos de ellas estratégicas, (Zulia y la turística Nueva Esparta) y la otra con un significado simbólico, Barinas, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

En las votaciones del domingo, el oficialismo obtuvo igualmente 253 de 282 escaños de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que ya controlaba desde 2021 y en donde todavía falta por definir tres diputados indígenas, que se escogerán el próximo 1 de junio.

Este lunes, el antichavista Rosales afirmó que se mantendrá en la "ruta electoral", luego de perder el cargo en el Zulia, deseó suerte a Caldera y dijo que le dejará el estado en "total recuperación". EFE

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"Mientras el oficialismo y promotores de la abstención avanzan en sus estrategias, nosotros anunciamos hoy al país que seguiremos en la ruta electoral, aún con los dolores que nos cause", señaló Rosales en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Maracaibo, capital del Zulia.

El gobernador indicó que seguirá al lado de la gente, con la "verdad", porque, dijo, "hoy no se acaba la política" sino que se inicia "un nuevo capítulo".

"Siempre, por supuesto, con la verdad por delante, sin ofertas engañosas y sin frases para engatusar a la gente", añadió.

Asimismo, le deseó suerte al gobernador electo del Zulia, Luis Caldera, en su futura gestión.

"Le dejaremos al Zulia en total recuperación después de las aciagas, triste gestión que nos antecedía", sostuvo.

Al ser consultado sobre el futuro de la oposición mayoritaria en Venezuela, Rosales señaló que se debe hacer un análisis, pero insistió en que la única ruta que debe seguir transitando el bloque es la "cívica, electoral y democrática".

"No hay otra salida y el que la tenga que la presente, yo voy para que me la expliquen", indicó.

El opositor reiteró que es necesario avanzar en una "negociación seria, hacia el futuro", que ponga primero los intereses del país.

"Complemento a ello, la ruta cívica, electoral y democrática y nos hemos opuesto a las sanciones porque destruyen más al país, esa es nuestra política, la hemos dicho y la mantenemos, hoy y siempre", apostilló.

El chavismo elevó su poder territorial en el país luego de los comicios celebrados el domingo, al sumar tres regiones a su dominio, entre ellos Zulia, gobernada por Rosales desde 2021.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, anunció de forma "irreversible" en la noche del domingo que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigido por el mandatario Nicolás Maduro, ganó en 23 de los 24 estados del país, cuando en los anteriores comicios regionales, celebrados en 2021, había vencido en 19, aunque entonces no existía la hoy llamada Guayana Esequiba.

El PSUV también recuperó el estado Barinas (oeste), cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), así como la región insular de Nueva Esparta, a la que pertenece la turística isla de Margarita.

El único territorio sin tinta roja es Cojedes (oeste), donde el actual gobernador, el opositor Alberto Galíndez, ha resultado reelegido.EFE

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"Después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana (el chavismo) que está más vigente y más fuerte que nunca, hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI", dijo en un acto en Caracas.

El mandatario, quien juró en enero pasado para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024, destacó la "impresionante" victoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Zulia (noroeste) y la "recuperación" de Barinas (oeste), la cuna del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013). EFE

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"Nadie duda que hoy el Zulia vuelve a ganar, Venezuela gana también porque es el proceso cívico, electoral, democrático que lo establece la Constitución y hay que cumplir el mandato a la Constitución", declaró Rosales, después de votar en un centro ubicado en Maracaibo, la capital de ese estado.

Rosales, un experimentado dirigente opositor que ejerce por segunda ocasión, desde 2021, la Gobernación zuliana, describió el proceso de este domingo como "el más rápido de la historia" de las elecciones en el país.

"Son dos toques, nada más, como dice la gente: toma su papeleta y la introduce a la urna de votación", agregó sobre esta jornada, que aseguró marcha de forma "normal", aunque empezó un "poco" lento.

En ese sentido, invitó a quienes no han participado a que "se incorporen a esta gesta cívica y democrática".

"Tienen que aparecer en la historia con su voto, con su registro, de haber sido un protagonista en la defensa del Zulia", afirmó, tras señalar que, "a partir de hoy, se inicia una historia bonita, de más trascendencia, de mayor relieve" para esa zona.

A su turno, Luis Caldera, el aspirante por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para la Gobernación del Zulia, aseguró, antes de emitir su voto en la localidad de Mara, que un primer informe sobre la instalación y constitución de las mesas de votación reveló que todo marcha "con toda normalidad" y que el proceso se desarrolla "en paz".

"El balance que tenemos es de alegría, de entusiasmo, de optimismo, de mucha esperanza de que hoy (...) se escriba una nueva página para la historia del Zulia", agregó Caldera, quien también llamó al pueblo a que "acuda a votar" y ejerza "su derecho soberano en los más de 1.453 centros que están dispuestos en los 21 municipios zulianos".

Unos 21,4 millones de venezolanos están convocados este domingo a las urnas para elegir 569 cargos, entre ellos 285 diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), 24 gobernadores -entre ellos el del Esequibo, el territorio motivo de un litigio entre Caracas y Georgetown– y 260 legisladores estatales. EFE

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"Hoy es una gran oportunidad para que de nuevo se sepa lo que los venezolanos queremos, nuestra voluntad de cambio, que se ha expresado en procesos anteriores, principalmente el 28 de julio", declaró Guanipa a periodistas desde su centro de votación en Caracas, en alusión a las presidenciales del año pasado, en las que la oposición reclama el triunfo de su líder Edmundo González Urrutia.

Guanipa, cuyo hermano, Juan Pablo Guanipa, fue detenido el viernes tras ser vinculado con un supuesto plan para "boicotear" las elecciones de este domingo, argumentó que el voto "es una herramienta para alzar la voz", "una herramienta para que la conciencia se pueda expresar", una forma de "protestar" y "de no rendirse".

En ese sentido, invitó a los venezolanos a participar en estos comicios, a los que están convocados 21,4 millones de venezolanos para elegir 569 cargos, entre ellos 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores -entre ellos el del Esequibo, el territorio que Caracas y Georgetown disputan - y 260 legisladores estatales.

"Para nosotros votar no es simplemente un ejercicio que sea inútil, sino todo lo contrario, es un ejercicio de dignidad, de lucha, de resistencia, de protesta y, sobre todo, de amor a Venezuela", defendió el opositor, para quien el voto "es un mecanismo de lucha, es una forma de resistir frente a la adversidad, es una forma de replicar lo que fue la experiencia del 28 de julio".

A su turno, González destacó que esta elección se desarrolla de "manera normal", con "algunas incidencias aisladas de algunos testigos en algunos centros en el interior del país", pero aseguró que en la mayoría de los centros las personas están "ejerciendo el derecho al voto".

"Todos entendemos los sentimientos que hay, todos entendemos los sentimientos que tenemos en Venezuela, pero esos sentimientos hay que canalizarlos de alguna manera y creo que luchando a través del voto es la manera de canalizarlos", agregó el dirigente.

El miércoles, la líder opositora María Corina Machado pidió a los ciudadanos quedarse en sus casas este domingo en rechazo a estas votaciones que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa al antichavismo mayoritario, considera fueron convocadas por "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección del presidente Nicolás Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, opositores como el exgobernador Henrique Capriles, el exdiputado Juan Requesens y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, decidieron participar. EFE

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Familiares del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, detenido este viernes por las autoridades del país, han denunciado que --tras más de 24 horas de detención-- no han recibido información alguna sobre su paradero, así como tampoco sobre el tribunal que se hará cargo del caso ni sobre su traslado y han exigido nuevamente que se respeten sus derechos procesales.

"A más de 24 horas de su secuestro, no tenemos información sobre Juan Pablo Guanipa. El régimen no le ha dado ninguna respuesta a su abogado Joel García sobre su traslado y tribunal con competencia en su caso", han expresado en una publicación compartida en la cuenta el detenido en la red social X.

En el mismo mensaje, han insistido en el derecho de Guanipa a una defensa privada. Un derecho que él mismo reivindicó la víspera al aclamar que su defensa recaerá en manos de su "abogado de confianza", Joel García, y advertir de que "cualquier intento de imponer(le) un defensor público contra (su) voluntad será una violación directa a (sus) derechos fundamentales, consagrados en la Constitución".

A este respecto, tanto los familiares como el abogado del opositor ha advertido de que "su presentación debe darse en persona frente a su abogado no de manera telemática, como seguro pretenden hacer".

"Por lo visto, seguramente lo que van a hacer es presentarlo de forma telemática, es decir, desprovisto de su defensa de confianza, como así solicitó él", ha añadido García en un vídeo desde las afueras del Palacio de Justicia de Caracas, en el que ha criticado el "respeto inexistente" a los derechos de su cliente, a quien el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha acusado de liderar una red criminal cuyo objetivo era "sabotear y generar violencia" de cara a las elecciones regionales del 25 de mayo.

El opositor detenido, exgobernador electo del estado de Zulia, fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó. Su hermano, Pedro Guanipa --quien era director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo-- fue arrestado en septiembre de 2024.

Juan Pablo Guanipa ganó la Gobernación de Zulia en los comicios regionales del 15 de octubre, pero el Consejo Legislativo de este estado venezolano, de mayoría 'chavista', declaró vacante el cargo porque el dirigente opositor se negó a tomar posesión ante la Asamblea Constituyente.

Al día siguiente de la puesta en escena del chavismo, Venezuela amanece con cifras. No con certezas democráticas, sino con datos oficiales difundidos por un organismo sin legitimidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó al chavismo como vencedor de unas elecciones regionales y legislativas que la mayoría del país ignoró.

Este lunes 26 de mayo, los resultados ya están sobre la mesa: el Gran Polo Patriótico, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), obtuvo el 82,68% de los votos y se quedó con 40 de los 50 escaños nacionales en la Asamblea Nacional. A la par, se adjudicó 23 de las 24 gobernaciones en disputa, incluyendo los estados simbólicos de Zulia, Barinas y la polémica Guayana Esequiba, territorio en disputa con Guyana que el chavismo ahora incorpora a su cartografía electoral.

La cifra oficial de participación, según el presidente del CNE, Elvis Amoroso, fue del 42,63%. Pero la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, que decidió no participar en estos comicios por considerarlos ilegítimos, asegura que la abstención real superó el 85%. El contraste quedó registrado en decenas de imágenes de centros vacíos, urnas desatendidas y mesas sin electores, incluso en bastiones del oficialismo.

Un dominio aplastante entre la apatía

Los datos difundidos anoche por el CNE describen un mapa rojo. En total, 4.553.484 votos fueron adjudicados al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, frente a 344.422 votos (6,25%) de la Alianza Democrática, y 285.501 (5,18%) de la Alianza UNTC Única, encabezada por Henrique Capriles Radonski. La formación Fuerza Vecinal reunió el 2,57% con 141.566 votos. Otros partidos menores y votos nulos sumaron 182.351 sufragios, equivalentes al 3,31% del total.

Entre los nombres oficialistas que regresan al parlamento figuran Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Iris Varela, Jesús Faría, Jorge Arreaza, Francisco Arias Cárdenas, Wilmar Castro Soteldo, entre otros leales al proyecto político que fundó Hugo Chávez y hoy sobrevive bajo el mando férreo de Maduro. El bloque opositor reducido estará integrado, al menos según este primer boletín, por figuras como Capriles, Stalin González, Bernabé Gutiérrez y Timoteo Zambrano, quienes participaron bajo el argumento de “defender espacios”.

En paralelo, el chavismo incrementó su control territorial al recuperar tres estados clave: Zulia, donde el gobernador Manuel Rosales perdió la reelección; Nueva Esparta, que incluye la isla de Margarita; y Barinas, tierra natal de Chávez. Sólo Cojedes sigue en manos opositoras, donde fue reelecto Alberto Galíndez.

Oposición dividida: entre el silencio y la cohabitación

La Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado, denunció desde el principio que estos comicios eran una trampa más del régimen para simular institucionalidad y justificar ante el mundo su permanencia en el poder. “No hay condiciones. No hay garantías. No hay árbitro. Por eso no hay elección”, fue el mantra con el que Machado convocó a la abstención.

El resultado parece haberle dado la razón.

No sólo por la baja afluencia constatada en centros de votación en en todos los centros del país, sino también por la escasa legitimidad de los actores que sí se prestaron al juego electoral.

La participación de Henrique Capriles y Manuel Rosales, entre otros, se interpretó como una validación tácita del proceso. Aun cuando no lograron disputar el poder real, su presencia permitió al chavismo confeccionar una narrativa de pluralismo controlado. “Son cómplices de la farsa”, denuncian desde la coalición de oposición más representativa, la PUD, recordando que esa cohabitación sólo refuerza el aparato represivo.

Mientras tanto, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia y uno de los más cercanos colaboradores de Machado, sigue detenido tras ser acusado de intentar boicotear los comicios. Su captura a pocos días de la elección se inscribe en una lógica de intimidación que se ha vuelto estructural.

El día después del montaje

Venezuela despertó este lunes con las consecuencias de una jornada predecible. El régimen se quedó con todos los poderes y reforzó su narrativa de fortaleza institucional. Pero también quedó más aislado, más cuestionado, más vacío de legitimidad.

El chavismo aplaude su propio espectáculo. Amoroso calificó la elección como “una demostración de civismo” y agradeció a las Fuerzas Armadas y a los observadores internacionales “que siguen confiando en el sistema electoral más eficiente del mundo”. El liceo Fermín Toro, epicentro simbólico por su cercanía al Palacio de Miraflores, mostró temprano una fila de funcionarios y militares. En el resto del país, la imagen fue otra: desolación.

“Este domingo el mandato del 28 de julio fue ratificado por el pueblo con su desobediencia”, dijo Machado. La mayoría calló. La mayoría no votó. La mayoría, simplemente, ya no cree.

Y esa abstención es, hoy por hoy, la única fuerza real que enfrenta al chavismo.

La pregunta, a esta altura, es si el chavismo permitirá la publicación de las actas de totalización que respalden los resultados difundidos o si, como ya hizo en julio pasado, optará por el secretismo absoluto. Se trata del único mecanismo —aunque ya bajo sospecha— que podría ofrecer una mínima verificación de que lo anunciado guarda alguna relación con lo realmente votado.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado este viernes la detención del opositor Juan Pablo Guanipa, a quien ha acusado de liderar una red criminal cuyo objetivo era "sabotear y generar violencia" de cara a las elecciones regionales del 25 de mayo.

Cabello ha indicado en una rueda de prensa recogida por el Ministerio en su perfil de Instagram que las fuerzas de seguridad han incautado cuatro teléfonos, un ordenador, así como cuadernos y agendas en las que se detallaban los planes "terroristas" que iba a llevar a cabo.

Asimismo, ha informado de que se han decomisado granadas en el estado de Zulia que iban a ser utilizadas contra estaciones policiales y otras infraestructuras críticas. La red criminal liderada por Guanipa, según ha detallado, estaba conformada por una serie de personas --tanto venezolanos como extranjeros-- distribuidas en distintos estados del país.

"Él se ufanaba, se burlaba y se creía intocable e invisible, pero los órganos de seguridad del Estado venezolano han demostrado su eficiencia. Aquí no hay nadie invisible", ha resaltado Cabello, quien ha agregado que las autoridades están "comprometidas" con la seguridad del pueblo y la "integridad" de las elecciones.

PIDEN SU LIBERACIÓN "INMEDIATA"

Primero Justicia (PM), uno de los partidos más importantes de la oposición venezolana, había denunciado anteriormente la detención del opositor, que se produce a pocos días de que se celebren las elecciones regionales, y había exigido su liberación "inmediata".

"A pocas horas del fraude del 25 de mayo, la dictadura de Nicolás Maduro secuestra a quien ha sabido retarlos y cuya voz ha mantenido despierta la conciencia de muchos", ha indicado el partido en un comunicado en el que ha expresado su "solidaridad" con su familia.

La formación ha denunciado ante la comunidad internacional "la escalada de violencia política" que ha estallado en el país latinoamericano en las últimas horas. "Se trata de una nueva ola de represión que reafirma el talante cruel de quienes secuestran en el poder en Venezuela", ha agregado.

En este sentido, ha advertido de que aquellos que "forman parte del aparato represivo del régimen" sufrirán las "consecuencias penales dentro y fuera del país". "En el futuro de democracia que nos espera no podrán alegar que cumplían órdenes", ha sentenciado.

El propio Guanipa, cercano a la líder opositora María Corina Machado, había señalado en redes sociales que había sido "secuestrado" por las fuerzas de seguridad debido al "miedo de la dictadura al espíritu del 28 y 29 de julio", en alusión a las anteriores elecciones en el país.

"Por meses yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin. A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura", ha resaltado.

Por su parte, el excandidato opositor Edmundo González, exiliado en España, ha indicado en la misma línea que el arresto se produce "a pocas horas de una farsa electoral sin garantías de ningún tipo" y en el marco de "una persecución implacable contra quienes pueden movilizar sectores clave".

"Acosan a líderes políticos, sociales y comunitarios. Persiguen a quienes inciden en la opinión pública. Pretenden cerrar todo espacio informativo alternativo y asegurar el monopolio narrativo, buscando maquillar la ilegitimidad y el consabido fracaso de la farsa montada para este domingo, en la que se sabe que la participación real será mínima", ha precisado en redes sociales.

De igual forma, Machado ha denunciado que se está produciendo una "razzia feroz en todo el país". "Esto es terrorismo de Estado puro y duro. Juan Pablo Guanipa es un hombre valiente e íntegro. Es mi compañero y mi hermano. Es un ejemplo para todos los ciudadanos y los dirigentes políticos, dentro y fuera de Venezuela", ha apuntado.

REACCIÓN DE LAS ONG

El subdirector para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, ha indicado en sus redes sociales que sigue "con enorme preocupación la nueva ola" de arrestos en el país. "Hemos recibido reportes de numerosas detenciones arbitrarias, incluyendo defensores de Derechos Humanos, sindicalistas y miembros de la oposición", ha denunciado.

En la misma línea se ha pronunciado Amnistía Internacional (AI), que ha exigido a las autoridades venezolanas la liberación de "todas las personas detenidas arbitrariamente". Dichos arrestos, según la ONG, "confirman patrones de una política de persecución a la opinión y disidencia en el marco de procesos electorales".

El opositor detenido, exgobernador electo del estado de Zulia, fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó. Su hermano, Pedro Guanipa --quien era director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo-- fue arrestado en septiembre de 2024.

Juan Pablo Guanipa ganó la Gobernación de Zulia en los comicios regionales del 15 de octubre, pero el Consejo Legislativo de este estado venezolano, de mayoría 'chavista', declaró vacante el cargo porque el dirigente opositor se negó a tomar posesión ante la Asamblea Constituyente.

Caracas, 22 may (EFE).- El chavismo decretó por adelantado este jueves, durante el cierre de la campaña electoral, su victoria en los comicios regionales y parlamentarios del próximo domingo, contra un sector minoritario de la oposición que se desligó de la mayor coalición antichavista y decidió participar para, según dice, defender el voto.

Este 25 de mayo, se elegirá un total de 569 cargos: 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales.

El bloque chavista 'Gran Polo Patriótico Simón Bolívar', encabezado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), protagonizó, con actos en Caracas y varias regiones del país, el fin de una campaña que duró 23 días, desde el pasado 29 de abril, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Caracas, se destacó la asistencia del jefe de Estado, Nicolás Maduro, acompañado de su esposa, la diputada Cilia Flores, candidata a la reelección, y su hijo Nicolás Maduro Guerra, rodeados de cientos de personas que marchaban por varias calles de la capital venezolana.

El mandatario, quien juró en enero pasado para un tercer sexenio consecutivo en el poder tras su cuestionada reelección en 2024, expresó que, aunque "el imperialismo" estadounidense y "la derecha extremista se nieguen a aceptarlo", el chavismo es "una realidad" y un "bloque histórico".

"Que el mundo sepa (que) vamos a una gran victoria", dijo el gobernante junto a su hijo que espera también repetir en el próximo lustro del Parlamento, que comenzará en enero de 2026.

Maduro Guerra afirmó luego que hoy "Caracas se movilizó para respaldar la victoria" de su padre -tachada de fraudulenta por la oposición- y para "marcar la nueva época de transformaciones".

Por su parte,  la primera dama aseguró que el pueblo "sabe lo que significan estas elecciones", en las que, dijo, no solo se votará por "los candidatos de la revolución (el chavismo)", sino "contra el fascismo".

Además, Flores ve como un hecho "muy positivo" la participación de "un sector de la oposición que es muy crítica", lo que, agregó, "es el deber ser".

"Este domingo tendremos el triunfo que Miranda merece", se escuchaba durante el cierre de campaña del candidato opositor a la Gobernación de este estado cercano a Caracas, Juan Requesens, uno de los políticos que se hicieron a un lado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza antichavista, para participar en estos comicios, así como Henrique Capriles, dos veces aspirante a la Presidencia.

Requesens, quien indicó a EFE que participar es un acto de "resistencia democrática", recorrió en motocicleta varias zonas de Petare, la favela más grande de Venezuela, y luego, montado en un camión que rodeaban cientos de motoristas, visitó otros sectores de Miranda.

"Esto no ha sido un juego igual, ellos (los chavistas) tienen el árbitro, ellos esconden la pelota, ellos se aumentan el marcador, pero yo tengo un compromiso, y sé que mis candidatos a diputados también. El compromiso que nosotros tenemos es no dejarle esta vaina a ellos, compañeros. Miranda la vamos a pelear con todo lo que tenemos. Este domingo vamos a hacer historia", expresó Requesens, quien consideró que el chavismo "sabe que son minoría".

Por su parte, el también opositor Stalin González, candidato a diputado, pidió a los venezolanos protestar con el voto "contra los candidatos de Maduro" y alzar la voz "por la recuperación de gobernaciones y espacios de participación en la Asamblea Nacional y parlamentos regionales".

En Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), el actual gobernador, el opositor Manuel Rosales, quien espera ser reelegido, destacó hoy, a través de X, que el próximo domingo esta región petrolera "marcará un hito histórico y será apoteósico", a la vez que señaló que los habitantes de este estado "encendieron la llama de la victoria, con el corazón firme y la voluntad inquebrantable".

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó, en un acto en el estado Sucre (noreste), que los chavistas van a ganar "todos los cargos", mientras que sus contrincantes "no van a sacar nada" en las urnas.

"Hay que tener cuidado con ellos (los opositores), porque (...) siempre andan preparándose para sabotear al pueblo, (...) para sabotear las elecciones", sostuvo el también número dos del chavismo, quien posteriormente encabezó actos con candidatos en Delta Amacuro y Monagas, ambas regiones en el este del país.

Entretanto, el presidente del Parlamento y jefe del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, estuvo en el estado insular Nueva Esparta -actualmente gobernado por un opositor-, donde dijo que la victoria "está decretada, pero todavía no está conseguida", por lo que hizo un llamado a no descuidarse y trabajar para lograrla.

"Cada minuto del próximo domingo, 25 de mayo, cuenta", sentenció Rodríguez, quien también busca la reelección.

El chavismo aspira extender su dominio hacia los cuatro estados que perdió en los anteriores comicios regionales, entre ellos también Barinas, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y tener a un "primer" gobernador de la que considera la región número 24 de Venezuela, el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.

Este miércoles, Maduro vaticinó "una de las más grandes victorias" del chavismo en "estos 26 años".

Caracas, 22 may (EFE).- Más de 50 personas han sido detenidas en los últimos días en Venezuela por un supuesto plan violento contra las elecciones regionales y parlamentarias del próximo domingo, dijo este jueves el presidente Nicolás Maduro, quien las acusó de ser "mercenarios".

"Ya hoy llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o hacer ataques violentos al país", afirmó el gobernante durante el cierre de campaña electoral del bloque chavista 'Gran Polo Patriótico Simón Bolívar' en Caracas.

Maduro, quien juró en enero pasado para un tercer mandato consecutivo de seis años tras su cuestionada reelección en 2024, indicó que esos presuntos mercenarios que entraron al país estaban vinculados a una operación dirigida por los "estertores del fascismo", aunque no dio más detalles.

Así mismo, el mandatario agradeció a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los distintos organismos policiales por "el plan perfecto para garantizar la paz".

Según las autoridades, hasta el pasado lunes habían sido detenidos 38 presuntos "mercenarios", de los cuales 17 son extranjeros y 21 venezolanos, entre ellos algunos que "se habían ido" del país caribeño y "estaban regresando".

Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo el pasado lunes que el plan antielectoral incluía "ataques" contra embajadas, comandos policiales, hospitales, estaciones de servicio e instalaciones del sistema eléctrico nacional, así como atentados contra "personalidades (...) tanto de la revolución (el chavismo) como de la oposición", especialmente candidatos opositores a los comicios.

Cabello también anunció la suspensión de "todos los vuelos" desde Colombia, al denunciar la llegada a Venezuela de presuntos mercenarios desde ese país vecino, entre ellos, ciudadanos con nacionalidad colombiana, mexicana y ucraniana, una medida que está prevista hasta el próximo lunes, 26 de mayo.

Esta semana, la FANB desplegó a más de 412.000 efectivos militares en todo el territorio, con el fin de resguardar las instalaciones y el material electoral.

El domingo se elegirá un total de 569 cargos, entre ellos 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales, en unos comicios que son rechazados por la mayor coalición opositora, que denunció "fraude" en las presidenciales del año pasado.

Este 25 de mayo, se elegirá un total de 569 cargos: 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales.

El bloque chavista 'Gran Polo Patriótico Simón Bolívar', encabezado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), protagonizó, con actos en Caracas y varias regiones del país, el fin de una campaña que duró 23 días, desde el pasado 29 de abril, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Caracas, se destacó la asistencia del jefe de Estado, Nicolás Maduro, acompañado de su esposa, la diputada Cilia Flores, candidata a la reelección, y su hijo Nicolás Maduro Guerra, rodeados de cientos de personas que marchaban por varias calles de la capital venezolana.

El mandatario, quien juró en enero pasado para un tercer sexenio consecutivo en el poder tras su cuestionada reelección en 2024, expresó que, aunque "el imperialismo" estadounidense y "la derecha extremista se nieguen a aceptarlo", el chavismo es "una realidad" y un "bloque histórico".

"Que el mundo sepa (que) vamos a una gran victoria", dijo el gobernante junto a su hijo que espera también repetir en el próximo lustro del Parlamento, que comenzará en enero de 2026.

Maduro Guerra afirmó luego que hoy "Caracas se movilizó para respaldar la victoria" de su padre -tachada de fraudulenta por la oposición- y para "marcar la nueva época de transformaciones".

Por su parte,  la primera dama aseguró que el pueblo "sabe lo que significan estas elecciones", en las que, dijo, no solo se votará por "los candidatos de la revolución (el chavismo)", sino "contra el fascismo".

Además, Flores ve como un hecho "muy positivo" la participación de "un sector de la oposición que es muy crítica", lo que, agregó, "es el deber ser".

"Este domingo tendremos el triunfo que Miranda merece", se escuchaba durante el cierre de campaña del candidato opositor a la Gobernación de este estado cercano a Caracas, Juan Requesens, uno de los políticos que se hicieron a un lado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza antichavista, para participar en estos comicios, así como Henrique Capriles, dos veces aspirante a la Presidencia.

Requesens, quien indicó a EFE que participar es un acto de "resistencia democrática", recorrió en motocicleta varias zonas de Petare, la favela más grande de Venezuela, y luego, montado en un camión que rodeaban cientos de motoristas, visitó otros sectores de Miranda.

"Esto no ha sido un juego igual, ellos (los chavistas) tienen el árbitro, ellos esconden la pelota, ellos se aumentan el marcador, pero yo tengo un compromiso, y sé que mis candidatos a diputados también. El compromiso que nosotros tenemos es no dejarle esta vaina a ellos, compañeros. Miranda la vamos a pelear con todo lo que tenemos. Este domingo vamos a hacer historia", expresó Requesens, quien consideró que el chavismo "sabe que son minoría".

Por su parte, el también opositor Stalin González, candidato a diputado, pidió a los venezolanos protestar con el voto "contra los candidatos de Maduro" y alzar la voz "por la recuperación de gobernaciones y espacios de participación en la Asamblea Nacional y parlamentos regionales".

En Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), el actual gobernador, el opositor Manuel Rosales, quien espera ser reelegido, destacó hoy, a través de X, que el próximo domingo esta región petrolera "marcará un hito histórico y será apoteósico", a la vez que señaló que los habitantes de este estado "encendieron la llama de la victoria, con el corazón firme y la voluntad inquebrantable".

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó, en un acto en el estado Sucre (noreste), que los chavistas van a ganar "todos los cargos", mientras que sus contrincantes "no van a sacar nada" en las urnas.

"Hay que tener cuidado con ellos (los opositores), porque (...) siempre andan preparándose para sabotear al pueblo, (...) para sabotear las elecciones", sostuvo el también número dos del chavismo, quien posteriormente encabezó actos con candidatos en Delta Amacuro y Monagas, ambas regiones en el este del país.

Entretanto, el presidente del Parlamento y jefe del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, estuvo en el estado insular Nueva Esparta -actualmente gobernado por un opositor-, donde dijo que la victoria "está decretada, pero todavía no está conseguida", por lo que hizo un llamado a no descuidarse y trabajar para lograrla.

"Cada minuto del próximo domingo, 25 de mayo, cuenta", sentenció Rodríguez, quien también busca la reelección.

El chavismo aspira extender su dominio hacia los cuatro estados que perdió en los anteriores comicios regionales, entre ellos también Barinas, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y tener a un "primer" gobernador de la que considera la región número 24 de Venezuela, el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.

Este miércoles, Maduro vaticinó "una de las más grandes victorias" del chavismo en "estos 26 años". EFE

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El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado la entrega a las autoridades de Estados Unidos del exmilitar Joseph St. Clair, que se encontraba encarcelado en Caracas, la capital del país caribeño, tras ser acusado de entrar en territorio venezolano para cometer "actos terroristas" en noviembre de 2024.

"Ayer se entregó un ciudadano de nacionalidad estadounidense que vino a Venezuela a cometer actos terroristas", ha manifestado Cabello durante su programa 'Con el Mazo Dando', donde ha explicado que se trata de un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que "fue agarrado en el sur" y que "no venía precisamente a hacer un pícnic".

En este sentido, ha asegurado que el veterano del Ejército "había estado en Ucrania, tal y como él mismo manifestó" y ha hecho hincapié en que, una vez detenido tras cruzar la frontera a través del paso de Zulia, en el oeste del país, "se inventó una historia que no viene al caso contar".

La confirmación llega un día después de que las autoridades de Estados Unidos informaran de que el exmilitar había sido liberado. El enviado de la Casa Blanca para misiones especiales, Richard Grenell, señaló entonces que la entrega fue posible "gracias al presidente Donald Trump, que pone a los estadounidenses por delante".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió a finales de enero con Grenell en Caracas para abordar la cuestión. El enviado anunció entonces que seis estadounidenses detenidos en Venezuela serían liberados.

"El Gobierno quiere que el próximo domingo esto sea una elección como clandestina, porque el Gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que debería hacerse, que es dar información sobre las elecciones", señaló el dos veces aspirante presidencial a EFE durante un recorrido de campaña por la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

Capriles argumentó que en Venezuela "hay gente que todavía no sabe que hay elecciones" este fin de semana.

"No han entregado boleta electoral, no pusieron los puntos de información, prácticamente no hay publicidad", afirmó.

"Lo que quieren -añadió- es que la gente no salga a votar, porque a lo que más miedo le tiene este Gobierno es al voto de los venezolanos".

El antichavista ha decidido acudir a las urnas, pese a la negativa de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a participar en una votación que la oposición mayoritaria considera "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección del presidente Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este domingo que para el 25 de mayo habilitará un total de 15.736 centros de votación en los que habrá 27.713 mesas electorales.

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, informó que se ha cumplido con el 85 % del cronograma para estos comicios regionales y legislativos -que no ha sido publicado en la Gaceta Electoral- y que quedan pendientes el 40 % de las auditorías al sistema.

Quintero indicó que en las elecciones, a las que están llamados a participar 21.485.000 ciudadanos, se elegirán un total de 569 cargos, entre ellos 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales. EFE

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El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha informado que el Ejecutivo ha suspendido los vuelos provenientes de Colombia con el fin de evitar posibles ataques: "Esto sería de manera inmediata y duraría más allá del domingo", ha explicado durante una rueda de prensa.

"Los planes de ellos no llegan al 25 de mayo (fecha de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela), ya que tienen en mente que van a tener una situación continuada de violencia. Nosotros sabemos que ellos no aguantan ni medio día", ha declarado, mientras que ha denunciado que los objetivos eran Embajadas y sedes de las autoridades locales.

Asimismo, ha resaltado que entre las nuevas detenciones hay 17 que corresponden a extranjeros, incluidos ciudadanos con nacionalidad colombiana, y ha asegurado que la derecha lleva años recibiendo dinero "para financiar conspiraciones en el país".

Cabello, que ha responsabilizado de estos planes a la líder opositora María Corina Machado, ha indicado que siete de los arrestados están supuestamente implicados en actividades delictivas vinculadas a una organización de criptoactivos que, según ha revelado, estaría "relacionada con una red de narcoalcaldes" en el estado de Zulia.

El Gobierno de Colombia, por su parte, ha confirmado que fue notificado por Caracas sobre su decisión de suspender los vuelos comerciales entre los dos países "por razones de seguridad", una medida que se levantará "el lunes 26 de mayo a las 18 horas", si bien ha señalado que "la operación de aquellos de carga continuará con normalidad".

El Ministerio de Exteriores ha asegurado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X que "no ha recibido información sobre detenciones de ciudadanos colombianos" en alusión a la supuesta entrada de mercenarios al país vecino desde su territorio, mientras que "las gestiones para determinar alguna captura de connacionales se mantendrán".

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este lunes la suspensión de los vuelos a Colombia después de haber denunciado una supuesta entrada de "mercenarios" desde el país vecino, tras lo que las autoridades venezolanas han detenido a cerca de 40 personas a las que se les acusa de haber participado en un plan conspirativo.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha informado que el Ejecutivo ha suspendido los vuelos provenientes de Colombia con el fin de evitar posibles ataques: "Esto sería de manera inmediata y duraría más allá del domingo", ha explicado durante una rueda de prensa.

"Los planes de ellos no llegan al 25 de mayo (fecha de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela), ya que tienen en mente que van a tener una situación continuada de violencia. Nosotros sabemos que ellos no aguantan ni medio día", ha declarado, mientras que ha denunciado que los objetivos eran Embajadas y sedes de las autoridades locales.

Asimismo, ha resaltado que entre las nuevas detenciones hay 17 que corresponden a extranjeros, incluidos ciudadanos con nacionalidad colombiana, y ha asegurado que la derecha lleva años recibiendo dinero "para financiar conspiraciones en el país".

Cabello, que ha responsabilizado de estos planes a la líder opositora María Corina Machado, ha indicado que siete de los arrestados están supuestamente implicados en actividades delictivas vinculadas a una organización de criptoactivos que, según ha revelado, estaría "relacionada con una red de narcoalcaldes" en el estado de Zulia.

"José Félix Ribas, Petare y Sucre son testimonio de lucha, de convicción, de un pueblo que ha sido muy golpeado por el Gobierno y su gente, pero nuestra gente sale todos los días con esperanza y mucha expectativa", señaló Requesens a EFE en un recorrido por esta barriada popular.

Asimismo, dijo que el objetivo de su visita a esa zona es "visibilizar las demandas y las necesidades" de los ciudadanos.

"José Félix es un sector muy golpeado, aquí el alcalde no ha hecho nada, el gobernador no ha hecho nada, la desidia, nuestra gente (está) pasando mucha necesidad, pero aún así todos los días se levantan con ganas de echar para adelante y nosotros no podemos hacer menos", añadió.

Por su parte, Rosales sostuvo, en declaraciones a la prensa, que el estado Zulia "se crece en la dificultad" y dijo estar seguro de que la región se convertirá en el "mayor ejemplo cívico y democrático" del país.

"No creemos en invasiones extranjeras, no creemos en sanciones que estrangulan al pueblo, no creemos en rendirnos, apartarnos o abstenernos. Creemos en la lucha cívica y democrática y cívica y democráticamente, el Zulia va a ganar el próximo 25 de mayo", apostilló.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria y de la que forman parte Requesens y Rosales, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones.

Este miércoles, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado reiteró su rechazo a la convocatoria del 25 de mayo, al insistir en el triunfo del antichavismo en las presidenciales del año pasado, pese a que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en una grabación publicada en X.EFE

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"Estamos preparados y en el camino de la victoria para seguir avanzando en los cambios que la gente reclama, la gente quiere paz, quiere prosperidad, quiere cambio y los venezolanos escogimos el mejor camino, salir a votar el 25 de mayo para seguir luchando por lo que todos soñamos y aspiramos", dijo Rosales, citado en una nota de prensa.

El gobernador sostuvo que en el país se ha querido "mancillar" el voto, pero "el pueblo, como manifestación soberana, siempre sale a expresarse y defender su instrumento de lucha, que es pilar fundamental de la democracia".

A su juicio, el próximo 25 de mayo, en el que buscará la reelección a la Gobernación, "habrá una gran participación ciudadana" en toda Venezuela.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente electoral -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección del presidente Nicolás Maduro en los comicios de 2024.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a comicios regionales y legislativos sin que, hasta la fecha, haya publicado los resultados desagregados de las presidenciales de julio pasado que confirmen la victoria de Maduro, mientras la PUD insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia, quien permanece en el exilio.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones de mayo próximo. EFE

"El voto hoy en Venezuela está golpeado, lo golpeó el Gobierno, pero para mí sigue siendo un derecho que tiene cada venezolano que siempre será mejor hacer uso de él", dijo el exgobernador en una rueda de prensa en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

A su juicio, votar el 25 de mayo "no es legitimar ni a Elvis Amoroso (presidente del CNE) ni a Maduro", sino una acción para "castigar a este Gobierno", por lo que insistió en su llamado a cada ciudadano a que "no renuncie" a lo que en Venezuela es un derecho establecido en su Constitución.

"Nosotros tomamos una decisión (de participar) no para dividir a las fuerzas de la unidad (opositora), todo lo contrario, es para que la política no muera, (...) yo creo que siempre hay que hacer uso de los derechos que nosotros tengamos en la Constitución, siempre, a pesar de las condiciones", dijo.

El también dos veces candidato presidencial aclaró que su propósito no es convertirse en "jefe de la oposición", sino que "el sentimiento de cambio en este país no se apague".

"Si aquí la gente entra en la desesperanza, ¿qué viene después? La resignación. Yo no quiero que Venezuela sea otra Cuba, otra Nicaragua, (...) yo creo que hay que luchar", expresó.

A su juicio, actualmente "no hay clima electoral", lo que atribuyó a que "la mayoría de los venezolanos" están "decepcionados de lo que ha pasado" y se sienten "robados de lo que pasó el 28 de julio del 2024".

"Aquí hasta las piedras saben que Edmundo González (Urrutia) ganó las elecciones", dijo Capriles, quien reiteró que el Gobierno de Maduro "es ilegítimo de origen, porque se robó una elección".

Sobre el Legislativo, con una contundente mayoría chavista, aseguró que hoy "no tiene oposición" ni hay "una voz que defienda" a los pensionados o a los trabajadores públicos, o que "denuncie la situación que viven los hospitales del país", por lo que consideró como "un error" que el sector mayoritario del antichavismo no participara en las parlamentarias de 2020.

"El Gobierno, obviamente, no quiere que votemos, porque al Gobierno le interesa que la oposición vuelva otra vez a debatir entre votar o no votar. Yo pensaba que ese debate estaba superado, lamentablemente no", agregó.

En los comicios del 25 de mayo también se elegirán los gobernadores de la veintena de regiones en las que está dividida Venezuela, además de los miembros de los consejos legislativos de cada estado. EFE

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Caracas, 22 ene (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó este miércoles que los policías en Colombia "no miran, no ven" lo que sucede en el país andino, donde, según el funcionario, se han refugiado integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, extendida por varias naciones latinoamericanas, entre otros delincuentes.

"Hemos descubierto cómo muchos de estos sujetos se han refugiado en Colombia, donde pareciera que los organismos policiales no miran, no ven lo que ocurre a su alrededor", expresó el titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía), durante una actividad de la institución en Caracas.

Entre esos "prófugos de la Justicia" venezolana, Saab mencionó a un sujeto con el alias 'el Conas', a quien acusó de "la voladura de la fachada del Palacio de Justicia de Maracaibo", capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), en 2022.

"Todo el mundo sabe que está en Colombia, hemos solicitado que nos lo entreguen, incluso, este sujeto, en varios audios y videos, me amenazó, amenazó mi integridad física, la de fiscales y jueces por estar nosotros actuando en base a lo que establece la ley", agregó.

El Ministerio Público pidió este miércoles entregar a los miembros del Tren de Aragua -nacido en cárceles venezolanas- que estén detenidos en el exterior para que sean procesados por las autoridades del país caribeño y "reciban la máxima pena", que es de 30 años de cárcel.

El lunes, el fiscal, que da por desmantelado el Tren de Aragua en el país caribeño, señaló que "una de las barreras que han impedido mayor avance en el juzgamiento de los integrantes" de esta banda es "el cobijo que reciben en territorio colombiano", al tiempo que responsabilizó a los exmandatarios Álvaro Uribe e Iván Duque de permitir la entrada de estos criminales en la nación andina.

El pasado 16 de enero, Saab instó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a ocuparse de los "múltiples y graves problemas" que -afirmó- tiene el país andino, luego de que el gobernante celebrara la excarcelación del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, en Caracas, en lugar de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.

En respuesta, Petro llamó a ocuparse de "los grandes problemas de la humanidad", y se señaló como "responsable de la vida y dignidad de un millón de venezolanos", en aparente referencia a los cerca de tres millones de migrantes establecidos en Colombia. EFE

El ministro de Exteriores de Colombia saliente, Luis Gilberto Murillo, ha pedido este miércoles por vía diplomática a Venezuela que impida el paso de integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su frontera.

"Hemos estado a través de canales diplomáticos, en interacción, y manifestando al Estado venezolano que es supremamente definitivo que se eviten los pasos de los integrantes del ELN por la frontera. Hay una serie de pasos ilegales. También que, de ninguna manera, sería conveniente cerrar puentes", ha subrayado desde Nueva York.

En este sentido, el ministro colombiano ha señalado que es necesario garantizar que los integrantes del ELN no utilicen el territorio del país vecino "como plataforma para moverse" y así "generar situaciones tan desafiantes" como la actual en Catacumbo.

Sus palabras se producen en el marco de la crisis de violencia entre la guerrilla del ELN y las disidencias del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Catatumbo, en el noreste del país, que en apenas cinco días ha provocado al menos 80 muertos y el desplazamiento forzado de 32.000 personas.

Las Fuerzas Armadas venezolanas han dado inicio este mismo miércoles a unos importantes ejercicios por los que se han desplegado unos 150.000 militares. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha supervisado las maniobras desde el estado de Zulia, según ha recogido la cadena de televisión VTV.

Desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro ha dado comienzo a estos ejercicios militares, que han obligado a cerrar los puentes internacionales que conectan los estados de Táchira Táchira y Apure con Norte de Santander y Arauca, según la emisora RCN.

Caracas, 19 ene (EFE).- El Ministerio de Interior de Venezuela informó este domingo que las autoridades han atendido a un total de 812 colombianos desplazados por los combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la convulsa región fronteriza del Catatumbo, que ha dejado más de 80 muertos.

"Un total de 812 desplazados han sido asistidos en los cuatro puntos de atención humanitaria, instalados por el Gobierno bolivariano en el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, desde el jueves hasta este domingo", señaló la cartera de Estado en una publicación en Instagram.

Asimismo, dijo que el viceministro para Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti, llevó a cabo una supervisión en la que constató la atención que se brinda a los ciudadanos en materia de salud, comida, transporte y "garantía de identidad".

"Entre los asistidos se encuentran 352 hombres, 258 mujeres y 202 niños en los corredores humanitarias en los puntos kilómetro 16, Destacamento de Comandos Rurales 11-1 'Mi Ranchito', Puente Ecuador y la Escuela Esmirda de Muñoz, centros de apoyo que reciben a los afectados", añadió.

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Militares están centrados en el envío de ayuda humanitaria y el rescate de personas en riesgo por los combates entre el ELN y una disidencia de las FARC en la convulsa región del Catatumbo, noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela, que ha dejado más de 80 muertos, informaron este domingo las autoridades.

"Se ha producido la extracción de importantes líderes de la región, de firmantes de paz, pero también de familias de firmantes", explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras un consejo de seguridad en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se están produciendo los enfrentamientos.

El Gobierno está evaluando las necesidades y los recursos y este domingo llegó un avión de Bogotá con 25 toneladas de ayudas para las personas que están en albergues de Ocaña, la principal ciudad de la zona, donde se ha refugiado buena parte de la población rural del Catatumbo.

La situación en algunas zonas rurales del Catatumbo sigue siendo confusa después de que el jueves el ELN comenzara una ofensiva contra una disidencia de las FARC, un frente del Estado Mayor de los Bloques (escisión del Estado Mayor Central), que ha puesto en jaque a la población.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que el viernes visitó Tibú, anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, al que acusó de cometer "crímenes de guerra" en el Catatumbo y del que dijo que no tiene "ninguna voluntad de paz".

La negociación está suspendida hasta que el ELN definitivamente decida "caminar hacia la paz" porque "este país no aguanta más estos vaivenes", explicó por su parte la jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos, Vera Grabe. EFE

Caracas, 19 ene (EFE).- El Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela informó este domingo que, tras cinco días de operativo, se logró el rescate de un ejemplar de 'caimán de la costa', en el estado La Guaira (norte) para ser reinsertado en su hábitat natural con "mejores condiciones".

"Gracias a las denuncias oportunas que recibimos a través de las redes sociales y el 0-800 AMBIENT, podremos reinsertarla en su hábitat natural, brindándole mejores condiciones para asegurarle una larga vida", señaló la cartera de Estado en una publicación en Instagram.

El operativo estuvo encabezado por funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo, la Policía del estado La Guaira, así como voluntarios residentes de la región.

Esta especie se puede encontrar desde el sur de la Florida, en Estados Unidos, pasando por el sur de México y el norte de Perú, así como en todos los países alrededor del mar Caribe, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana.

En Venezuela vive en las regiones costeras, así como en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia).

De acuerdo al Ministerio de Ecosocialismo, la principal amenaza de este caimán es la pérdida de su hábitat, como los ríos, lagos y pantanos, lo que ha provocado una reducción de su población.

"Otra amenaza importante para el caimán de la costa es la caza furtiva. La carne, la piel y el cuerpo de los caimanes son codiciados por los humanos", añadió.

En junio del año pasado, el ministerio anunció la liberación de 136 'caimanes del Orinoco', también en peligro de extinción, en el estado Apure (fronterizo con Colombia) como parte de un plan de conservación.

La especie -indicó el Ejecutivo en una nota de prensa- cayó en "peligro crítico de extinción" debido a la "sobreexplotación de la caza furtiva para su tráfico", por lo que las autoridades lo incluyeron dentro de los programas de conservación. EFE

Caracas, 19 ene (EFE).- La ONG venezolana Fundaredes pidió este domingo a Venezuela y Colombia que fortalezcan sus mecanismos de protección a la población civil tras los enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, en la región colombiana del Catatumbo (noreste), que han causado más de 80 muertos.

"Esta problemática trasciende fronteras y exige una respuesta conjunta. Es imperativo que Colombia y Venezuela fortalezcan sus mecanismos de protección a la población civil y aborden las causas estructurales de esta crisis", señaló la organización en un comunicado publicado en su página web.

Fundaredes sostuvo que los recientes enfrentamientos han provocado un "alarmante" incremento en el desplazamiento forzado de la población civil, lo que considera una "problemática con graves repercusiones tanto en Colombia como en Venezuela".

Señaló que "muchos" colombianos se han desplazado hasta los estados fronterizos de Zulia y Táchira, con lo que -dijo- "quedan expuestos a la violencia endémica que ha caracterizado a esta región durante años".

"La presencia de la guerrilla del ELN y de bandas criminales ha consolidado al estado Zulia, según registro de Fundaredes, como uno de los más violentos de Venezuela. Entre 2023 y 2024, se han documentado más de 299 homicidios y 129 enfrentamientos armados en la región", añadió.

La ONG aseguró haber identificado la presencia de 18 bandas criminales en el estado Zulia, y en el municipio Jesús María Semprún, en particular, "el control territorial y la imposición de autoridad recaen predominantemente en la guerrilla ELN, representando una grave amenaza para la estabilidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía".

"Estos desplazados enfrentan no solo el trauma de la pérdida, sino también la persistente amenaza de una violencia que afecta profundamente al estado Zulia", agregó.

El sábado, la Administración del líder chavista Nicolás Maduro anunció la activación de un operativo para atender a la población que ingrese al país desde Colombia.

En Telegram, el titular de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que la operación se puso en marcha a través de Protección Civil y las alcaldías de las localidades fronterizas de Jesús María Semprún y García de Hevia (Táchira, oeste).

Los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC en la región colombiana del Catatumbo han causado más de 80 muertos, más de 20 heridos y miles de personas desplazadas, informó este domingo el gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar.

La guerra del ELN contra las disidencias de las FARC, que comenzó el pasado jueves, ha provocado además el éxodo de miles de campesinos, principalmente hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo, e incluso algunas han pasado la frontera selvática hacia Venezuela.

El Catatumbo es una región pobre y montañosa de Norte de Santander, en donde diversos grupos armados ilegales se disputan el control territorial, de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico. EFE

(Actualiza con nuevas declaraciones de Yván Gil)

Caracas, 18 ene (EFE).- La Administración del líder chavista Nicolás Maduro activó este sábado un operativo para atender a la población que ingrese al país desde Colombia a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo, que ya han causado alrededor de 35 muertos y 22 secuestrados.

En un mensaje difundido en Telegram, el titular de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que la operación se puso en marcha a través de Protección Civil y las alcaldías de las localidades fronterizas de Jesús María Semprún (en el estado Zulia, noroeste) y García de Hevia (Táchira, oeste).

El plan busca brindar atención a "la población civil desplazada desde Colombia, que se ve obligada a escapar de la terrible violencia armada que les ha azotado", señaló la nota, que incluyó un video en el que se observa a un grupo de personas, entre ellos niños, que -según narra una persona no identificada- llegaron al territorio venezolano desde Colombia.

En el comunicado, Caracas expresó su disposición a "prestar el apoyo humanitario requerido a la población recurrentemente afectada por el flagelo de la guerra en el hermano país".

Gil indicó, en declaraciones al canal estatal VTV, que ya son "cientos de familias" que han cruzado la frontera hacia Venezuela, por lo que reiteró que se puso a disposición un operativo en los estados Zulia y Táchira para poder brindarles refugio, alimentos y servicios sanitarios.

"Esperamos poder atenderles como es debido, de manera humanitaria, para darles todas las condiciones que puedan sobrepasar esta mala situación que les ha tocado vivir en los últimos días", señaló.

Asimismo, dijo que el Ejecutivo chavista ha estado en contacto con la Cancillería de Colombia para ofrecerles "todo el apoyo" y para que "la población civil que se vea en necesidad de moverse, de salir de sus casas, de su territorio, pueda encontrar en Venezuela ese refugio".

Tras los choques armados en el Catatumbo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió suspender el viernes los diálogos con el ELN, guerrilla a la que acusó de cometer "crímenes de guerra" en esa región y que consideró no tiene "ninguna voluntad de paz".

La ofensiva emprendida desde el jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, por el ELN contra sus rivales de las disidencias de las FARC sorprendió a los habitantes de varios caseríos que tuvieron que correr a buscar refugio para protegerse de los tiroteos, todo documentado en videos subidos a las redes sociales.

Caracas acogió, en noviembre de 2022, el ciclo inaugural de los diálogos entre el Gobierno de Petro y el ELN, y repitió como escenario de la cuarta ronda de negociaciones.

Ciudad de México y La Habana también han sido sedes de las conversaciones entre las dos partes, que tenían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos congelada desde hace meses por desavenencias. EFE

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado la puesta en marcha para atender a los desplazados por la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el norte colombiano, y que se ha saldado por el momento con 23 muertos.

En una declaración realizada a través de su cuenta de Telegram, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, por instrucción del presidente del país, Nicolás Maduro, ha anunciado la "activación de un "operativo especial para la atención de la población civil desplazada desde Colombia, que se ve obligada a escapar de la terrible violencia armada que les ha azotado".

En la operación están participando las alcaldías de las poblaciones fronterizas de Jesús María Semprún (en el estado de Zulia) y García de Hevia (en el estado de Táchira), con la incorporación de efectivos de Protección Civil.

"Venezuela, fiel a su compromiso de hermandad y solidaridad con el pueblo y gobierno colombianos, siempre estará dispuesta a prestar el apoyo humanitario requerido a la población recurrentemente afectada por el flagelo de la guerra en el hermano país", lamenta Gil.

Caracas, 18 ene (EFE).- El Gobierno del líder chavista Nicolás Maduro activó este sábado un operativo para atender a la población que ingrese al país desde Colombia a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo, que ya han causado alrededor de 30 muertos y más de 20 heridos en dos días.

En un mensaje difundido en Telegram, el titular de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que la operación se puso en marcha a través de Protección Civil y las alcaldías de las localidades fronterizas de Jesús María Semprún (en el estado Zulia, noroeste) y García de Hevia (Táchira, oeste).

El plan busca brindar atención a "la población civil desplazada desde Colombia, que se ve obligada a escapar de la terrible violencia armada que les ha azotado", señaló la nota, que incluyó un video en el que se observa a un grupo de personas, entre ellos niños, que -según narra una persona no identificada- llegaron a territorio venezolano desde Colombia.

En el comunicado, Caracas expresó su disposición a "prestar el apoyo humanitario requerido a la población recurrentemente afectada por el flagelo de la guerra en el hermano país".

Tras los choques armados en el Catatumbo el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió suspender este viernes los diálogos con el ELN, guerrilla a la que acusó de cometer "crímenes de guerra" en esa región y que consideró no tiene "ninguna voluntad de paz".

La ofensiva emprendida desde el jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, por el ELN contra sus rivales de las disidencias de las FARC sorprendió a los habitantes de varios caseríos que tuvieron que correr a buscar refugio para protegerse de los tiroteos, todo documentado en videos subidos a las redes sociales.

Caracas acogió, en noviembre de 2022, el ciclo inaugural de los diálogos entre el Gobierno de Petro y el ELN, y repitió como escenario de la cuarta ronda de negociaciones.

Ciudad de México y La Habana también han sido sedes de las conversaciones entre las dos partes, que tenían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos congelada desde hace meses por desavenencias. EFE

La ONG Foro Penal ha informado de un total de 19 arrestos durante la jornada del viernes en manifestaciones de la oposición para protestar por la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Estos arrestos se reparten en varios estados del país: cinco en Zulia, tres en Yaracuy, dos en el distrito Capital, dos en Carabobo, dos también en Monagas y uno en Portuguesa, Lara, Trujillo, Cojedes y Aragua.

"Seguimos recibiendo y verificando otros reportes. De éstos o de otros estados", ha explicado el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta en la red social X.

Previamente, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, ha indicado que "solo en enero hemos verificado, hasta ahora, 49 arrestos con fines políticos, 42 desde el 7 de enero. Y continúan...".

En total, la ONG cifra en 1.697 los "presos políticos" pese a las recientes liberaciones de cientos de detenidos. Entre los presos hay 1.495 hombres y 202 mujeres. Además distingue entre 1.535 civiles y 162 militares y entre 1.694 adultos y 3 adolescentes. Hay 38 personas en paradero desconocido.

Foro Penal informa asimismo de que ha contabilizado 18.185 detenciones políticas y de que ha asistido a más de 14.000 personas que han sido finalmente excarceladas.

Foro Penal explica que el concepto de presos políticos incluye a "personas que se mantienen privadas de libertad" y no incluye a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo, es decir, en un periodo de 48 horas.

Caracas, 9 ene (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal informó este jueves que al menos 16 personas fueron detenidas luego de participar en las protestas antichavistas para reivindicar el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a que el resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro.

A través de X, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo que hasta las 19:50 hora local (23:50 GMT) ha podido confirmar la detención de estas 16 personas en los estados Zulia, Carabobo, Lara, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy y Caracas.

Asimismo, señaló que han recibido reportes de posibles detenciones en los estados Bolívar y Cojedes que la ONG está verificando.

La líder opositora María Corina Machado había llamado a los simpatizantes del antichavismo a mantenerse concentrados este jueves en "toda Venezuela" con "serenidad y firmeza", y manifestarse por la "lucha" y "conquista" de la "libertad", y con la "misma energía" del 28 de julio, cuando ella y la mayor coalición opositora afirman que ganó González Urrutia por un amplio margen.

Cientos de venezolanos se concentraron en diversas ciudades del país a la víspera de la toma de posesión de la Presidencia, que tanto Maduro como González Urrutia prometen asumir.

Machado reapareció este jueves en Caracas rodeada de cientos de seguidores, después de permanecer en la clandestinidad desde el pasado 28 de agosto, cuando participó en otra protesta a favor del reclamando triunfo de González Urrutia.

"Nunca en mi vida me había sentido tan orgullosa. En toda Venezuela la gente salió a la calle", dijo, al llegar al lugar en donde la esperaban, desde horas antes, miles de personas.

El Comando con Vzla, de la oposición mayoritaria de Venezuela, denunció el "secuestro" y posterior liberación de Machado luego de participar en la protesta.

En una publicación en X, el equipo opositor señaló que la exdiputada fue retenida, tras ser "interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba".

"En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios videos y luego fue liberada", agregó. EFE

Caracas, 7 ene (EFE).- Trabajadores públicos y voluntarios de Venezuela extrajeron, durante 2024, unas 306.409 toneladas de desechos sólidos del Lago de Maracaibo, el más grande del país, a través de un plan gubernamental de recuperación ambiental, informó este martes el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente).

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que de ese total, 185.872 toneladas corresponden a desechos impregnados de petróleo.

Asimismo, explicó que el año pasado el Gobierno llevó a cabo 7.113 actividades destinadas a definir "la ruta de trabajo para el rescate del lago, en el que se implementaron buenas prácticas ambientales y ecológicas", a través del Plan Maestro de Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, ubicado en el estado Zulia (noroeste).

En septiembre pasado, el Ejecutivo venezolano instaló mesas técnicas de trabajo con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la evaluación de acciones enfocadas en el control y atención de derrames de hidrocarburos.

Los expertos y funcionarios estudiaron "protocolos de actuación ante derrames de hidrocarburos", así como otros temas relacionados con el crudo y la protección del medioambiente, según una nota del Ministerio de Ecosocialismo.

El director de Manejo de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos de la cartera de Ecosocialismo, José Acosta, explicó entonces que se abordó "el uso de dispersantes en la atención de derrames" y el "impacto ambiental que podría generar el empleo de este tipo de sustancias", con el fin de "fijar una política en esta materia".

En julio de 2023, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció un "plan especial" para descontaminar el Lago de Maracaibo, afectado por derrames de petróleo, la confluencia de desechos y la proliferación de una bacteria llamada verdín, entre otros factores. EFE

Caracas, 4 ene (EFE).- La ONG Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) pidió este sábado a las autoridades que investiguen la muerte de una mujer de 23 años que tenía discapacidad motora, visual e intelectual, quien, según la organización, falleció a causa de "graves quemaduras" por un reto que circula en la red social de origen chino TikTok.

A través de una nota de prensa, Consorven indicó que María Elaine Herrera "se prendió en fuego tras ser incitada por usuarios de la red social" en la madrugada del 26 de diciembre, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y falleció luego de permanecer siete días en cuidados intensivos.

Por tanto, solicitó una "investigación exhaustiva y transparente" que permita aplicar "las sanciones correspondientes a todos los involucrados".

Asimismo, instó a los usuarios de redes sociales a no promover este tipo de retos, al tiempo que rechazó "cualquier tipo de contenido que incite a la violencia o ponga en peligro la integridad física y emocional de las personas con y sin discapacidad".

El pasado diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela impuso una multa equivalente a 10 millones de dólares estadounidenses a TikTok por lo que considera una "negligencia" al no haber implementado medidas para evitar la difusión de retos virales que, de acuerdo a las autoridades, causaron la muerte de otras tres personas.

El TSJ también ordenó a TikTok designar una representación con sede en Venezuela que sirva para supervisar y controlar la aplicación, "de acuerdo al cumplimiento del ordenamiento constitucional y jurídico de Venezuela en materia de telecomunicaciones y redes sociales".

Según el Gobierno, en Venezuela también se registraron decenas de heridos e intoxicados por retos virales que circulan en TikTok. EFE

Caracas, 3 ene (EFE).- Autoridades de Venezuela incineraron 5.000 kilogramos de marihuana en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), que fueron incautados recientemente por militares del país, informó este viernes la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad).

A través de una publicación en Instagram, el superintendente Danny Ferrer Sandrea explicó que con esta incautación e incineración, el estado Amazonas "pasa a ocupar el tercer lugar con mayor cantidad de droga incautada, antecedido por el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) y el territorio marítimo".

"Lo que nos permite observar e informar que la defensa territorial cada vez deja menos espacio de maniobra y son interceptados inmediatamente que pisan nuestro territorio", añadió.

La incineración se llevó a cabo en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), en Amazonas, entre funcionarios de la SUNAD y el "Sistema Defensivo Territorial".

El jueves, el Ministerio de Interior informó de la incautación de la droga, al tiempo que detalló que el alijo estaba compuesto por 162 sacos que contenían más de 4.800 envoltorios de marihuana, sin precisar si hubo detenidos.

La incautación se hizo en el municipio Atabapo en el marco de la 'Operación Neblina', un plan que se creó -según la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)- en Amazonas para proteger los espacios naturales, como parques y monumentos nacionales, reservas forestales y de biosfera.

El pasado 28 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro informó que la FANB neutralizó la introducción de drogas por las costas del estado Falcón, en el oeste de Venezuela.

Según el mandatario, efectivos de la Aviación Militar Bolivariana detectaron "una incursión narcotraficante", tras lo cual, "en tiempo récord y de acuerdo a la ley y a la Constitución, actuaron" y la "neutralizaron", aunque no ofreció detalles sobre detenidos o incautaciones.

Maduro indicó que, en 2024, hubo 33 "operaciones estratégicas en profundidad", además de 189 "despliegues tácticos-operacionales", acciones en las que ha participado "toda la estructura" de la FANB, con el fin de consolidar "la paz nacional en todo el espacio venezolano". EFE

Caracas, 27 dic (EFE).- El chavismo convocó este viernes a sus militantes a "grandes marchas" en Caracas y cinco regiones de Venezuela para el próximo 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro -proclamado ganador de los comicios de julio por el organismo electoral- insiste en que acudirá al Parlamento a jurar como jefe de Estado para un tercer mandato consecutivo.

Ese día, el chavismo se propone "llenar" una decena de avenidas de Caracas y marchar en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, todos fronterizos con Colombia, así como en la región insular de Nueva Esparta, según explicó el vicepresidente de Movilización y Eventos del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Nahum Fernández, en rueda de prensa trasmitida por el canal estatal VTV.

"El 10 yo juro con Maduro", dijo el también jefe de Gobierno de Caracas, quien aseguró que serán "grandes marchas" en respaldo al presidente, quien -afirmó- obtuvo una "gran victoria" en los comicios del pasado 28 de julio, cuyos resultados todavía se desconocen de manera desglosada, pese a que su publicación estaba establecida en el cronograma oficial.

A juicio de Fernández, la "ultraderecha" y la comunidad internacional "tienen que entender" que será una "gran celebración" por la "victoria" del líder chavista en medio de un "bloqueo" y de "medidas coercitivas".

Fernández, junto con la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, indicó que esas movilizaciones forman parte de una agenda que contempla actividades culturales, deportivas y religiosas en la capital durante todo el próximo mes hasta el 4 de febrero, cuando conmemorarán los 33 años del fallido golpe de Estado de 1992 encabezado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez.

La agenda, denominada 'Enero de victoria 2025', incluye festejos por el Día de Reyes, una maratón de 21 kilómetros, desfiles, caravanas de motoristas, conciertos, una marcha por el comienzo del último año del actual Parlamento -controlado por el chavismo- y la celebración, los días 8 y 9, de otro "congreso internacional antifascista", según las autoridades locales.

Entretanto, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, según el 83,5 % de las actas que asegura haber reunido mediante testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno considera falsos.

El opositor, asilado en España, ha insistido en que volverá a Caracas para tomar posesión como jefe de Estado. EFE

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Caracas, 24 dic (EFE).- La líder antichavista María Corina Machado denunció este martes que el "régimen" de Nicolás Maduro "secuestró" a Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando de campaña opositor Mundo con Venezuela.

"Pido a todos los venezolanos que están alrededor del mundo y aquí en nuestro país que levanten sus voces durísimo por su libertad", manifestó Machado a través de X.

Asimismo, aseguró que Tarbay es un "hombre extraordinario, un líder valiente y trabajador, querido y respetado por todos" que ha "dedicado su vida a luchar por la libertad de Venezuela".

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por Machado, señaló que Tarbay "no ha cometido delito alguno", al tiempo que exigió su liberación.

"Es perseguido por organizar y acompañar a toda la diáspora venezolana que ha alzado su voz contra las injusticias", afirmó VV en X.

La detención de Tarbay se suma a las recientes de cuatro miembros de VV; a la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; a la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; a la del activista Luis Palocz; y a la del dirigente campesino Carlos Azuaje.

El lunes, el opositor Juan Pablo Guanipa afirmó que, en los últimos días, ha habido una escalada de "detenciones arbitrarias" que buscan "silenciar" a quienes "alzan su voz por la verdad y la justicia".

"Estos y muchos otros casos no son aislados. Son parte de un patrón sistemático de persecución y represión", señaló el antichavista.

VV computa un total de 164 dirigentes y activistas detenidos, la gran mayoría miembros de la principal coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, a los que considera "presos políticos", mientras Maduro niega que hayan sido arrestados por estos motivos, sino que -asegura- cometieron diversos delitos. EFE

Caracas, 21 dic (EFE).- El opositor venezolano Henrique Capriles exigió este sábado la liberación de todos los considerados "presos políticos", al tiempo que rechazó las recientes detenciones denunciadas por partidos y dirigentes antichavistas.

"Rechazamos todas las detenciones que han venido ocurriendo sin haber delito, irrespetando todos los procedimientos y leyes, violando la Constitución y los derechos humanos", manifestó Capriles a través de X.

Asimismo, el también dos veces candidato a la Presidencia afirmó que, a pocos días para celebrar la Navidad, la "justicia psuvista", en referencia al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), "sigue sumando presos políticos".

"Hablan de paz y de Navidades felices, pero persiguen y acusan injustamente a los venezolanos que los adversan sumando arbitrariedades a la larga lista que ya acumulan", expresó el opositor, a la vez que destacó que "cientos de madres continúan sufriendo por tener a sus hijos y familiares presos".

En las últimas semanas, fueron detenidos cuatro miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; el exconcejal de Caracas Jesús Armas; el alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; el activista Luis Palocz, y el dirigente campesino Carlos Azuaje.

Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el marco de las protestas poselectorales contra el resultado oficial que dio la reelección a Nicolás Maduro, quien considera que los arrestados no son "presos políticos" sino personas que atacaron, amenazaron, agredieron y "mataron".

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó este viernes de 200 nuevas excarcelaciones de personas detenidas en ese contexto, para un total de 733 liberaciones, concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia. EFE

Caracas, 21 dic (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó este sábado de la excarcelación de la periodista Ana Carolina Guaita, detenida el pasado 2 de agosto en medio de la crisis poselectoral tras la proclamada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales.

A través de X, el SNTP recordó que Guaita -trabajadora del medio digital venezolano La Patilla- estuvo presa por más de cuatro meses y fue acusada de terrorismo, instigación al odio y obstrucción de vía pública.

En la misma red social, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) celebró la excarcelación de Guaita, al tiempo que afirmó que "jamás debió estar detenida" porque "no cometió ningún delito".

Asimismo, el CNP recordó que aún quedan varios periodistas detenidos, 11 en total, según el conteo de la organización, la mayoría arrestados tras las elecciones del 28 de julio.

Este sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó la excarcelación de 60 "presos políticos" detenidos en el contexto poselectoral, a la vez que advirtió que "hay serias dudas con la cifra oficial" de liberados, ya que -agregó- "no es la primera vez que se miente sobre la cantidad de excarcelados".

La Fiscalía anunció este viernes 200 nuevas excarcelaciones, para un total de 733 liberaciones, concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia.

Las últimas liberaciones se han llevado a cabo en paralelo a nuevas detenciones, como las de cuatro miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; la del activista Luis Palocz, y la del dirigente campesino Carlos Azuaje. EFE

Caracas, 21 dic (EFE).- La ONG de Venezuela Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó este sábado la excarcelación de 60 "presos políticos" detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio una cuestionada reelección a Nicolás Maduro.

A través de X, la organización detalló que del total de liberaciones -reportadas entre el viernes y este sábado, según familiares de los arrestados-, 37 corresponden a presos de la cárcel de Tocorón, 13 de Tocuyito y 10 de Las Crisálidas.

Según la ONG, en Tocorón y Tocuyito "están usando vehículos oficiales y ambulancias para sacar a escondidas a los presos políticos, principalmente de noche".

"Los dejan en terminales solo con lo que llevan puesto, y estos deben llamar a sus seres queridos para que los ayuden a regresar a sus ciudades de residencia", aseguró.

Este viernes, la Fiscalía anunció 200 nuevas excarcelaciones de personas detenidas tras las presidenciales, para un total de 733 liberaciones, concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia.

Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que "hay serias dudas con la cifra oficial", ya que -agregó- "no es la primera vez que se miente sobre la cantidad de excarcelados".

"Además, persiste la política de opacidad gubernamental al no ofrecerse información oportuna, pertinente, verificable de calidad y acceso libre desde las instituciones del Estado", indicó.

Asimismo, denunció que hay "prohibición" de grabar videos, dar declaraciones a la prensa y que los detenidos cuenten lo que vivieron dentro de la cárcel.

Aseguró que, además, "se coacciona a los liberados y a sus familiares", por eso -prosiguió- las organizaciones de la sociedad civil "encuentran dificultades para documentar la cantidad de excarcelaciones concretadas".

Las últimas liberaciones se han llevado a cabo en paralelo a nuevas detenciones, como las de cuatro miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; la del activista Luis Palocz, y la del dirigente campesino Carlos Azuaje.

Además, ONG, familiares y activistas denunciaron las tres muertes en prisión -una en noviembre y dos este mes- de detenidos en el contexto poselectoral, casos que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pide sean documentados por la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño. EFE

Caracas, 19 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó este jueves que en el país haya presos por razones políticas, al tiempo que dijo que los detenidos tras la crisis postelectoral son personas que atacaron, amenazaron, agredieron y "mataron".

"Salen a decir que son presos políticos, no son presos políticos son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió, destruyeron y mataron", aseguró el mandatario en un acto televisado.

Maduro sostuvo que en el país "no triunfó el terror ni el fascismo, triunfó la paz y la vida".

Varias ONG y organismos internacionales han denunciado una escalada de la "represión" en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro, una victoria que la mayor coalición opositora considera fraudulenta.

Este jueves, la ONG venezolana Provea pidió que se otorgue una medida humanitaria para la libertad de los que considera "presos políticos", cifrados en 1.877 tras las liberaciones de las últimas semanas según la organización Foro Penal.

A través de X, Provea afirmó que los "presos políticos" de Venezuela necesitan una medida humanitaria "para recuperar su vida, reencontrarse con sus familiares, amigos y seres queridos".

"Aún estamos a tiempo", indicó, a la vez que pidió una Navidad sin "presos políticos", la mayoría de ellos detenidos tras las presidenciales.

Diversas ONG han denunciado casos de personas que no estaban protestando y, sin embargo, fueron detenidas, contrario a lo que asegura la Fiscalía, que califica a los arrestados de "terroristas" y los acusa de generar "violencia" y "vandalismo".

El lunes, la Fiscalía informó que 533 personas detenidas tras las elecciones fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

Estas liberaciones se dieron en paralelo a nuevas detenciones, como las de dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf, la del activista Luis Palocz; y del dirigente campesino Carlos Azuaje.

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) anunció la incautación de material de guerra de las disidencias de las Farc, que operan en la zona fronteriza con Colombia.

Según el reporte entregado por las autoridades venezolanas, el operativo se desarrolló en zona denominada Sur del Lago del municipio Jesús María Semprún, ubicado en el estado de Zulia, tras un mes de investigación por parte de las fuerzas militares del vecino país.

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Durante el operativo fueron detenidos cuatro personas que serían integrantes del grupo armado colombiano, junto con un arsenal de guerra como 494 cartuchos de distintos calibres, 363 para fusiles y seis armas de fuego, entre ellos, cuatro pistolas (referencia Glock, Beretta y Walther), una carabina Ruger y un fusil AK-47.

Además, los militares venezolanos decomisaron dos explosivos artesanales, siete cargadores de fusil, seis cargadores de pistola, una mira láser y dos radiotransmisores, así como prendas alusivas a las disidencias de las Farc, chalecos y otros elementos.

Tanto los capturados como el material de guerra fueron dejados a disposición de las autoridades competentes donde se definirá su situación judicial.

La incautación de este arsenal representa un golpe significativo a las capacidades operativas de las disidencias en la zona, aunque también evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad en esta región fronteriza.

La región del Sur del Lago, cercano a la frontera entre Colombia y Venezuela, es conocida por su ubicación estratégica y su difícil acceso, ya que ha sido históricamente un punto de interés para grupos armados irregulares. La presencia de las disidencias de las Farc en esta área ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional, debido a las implicaciones de seguridad y estabilidad que esto conlleva.

A su vez, las autoridades mencionaron que las disidencias de las Farc han mantenido presencia en esta región, aprovechando las condiciones geográficas y la falta de control estatal en algunas áreas para establecer rutas de tráfico de armas, drogas y otros ilícitos.

Policía colombiana incautó material táctico de las disidencias en Norte de Santander

Esta incautación de material alusivo a las disidencias de las Farc en Venezuela, se suma al operativo adelantado por la Policía Nacional, coordinado por la Dirección de Tránsito y Transporte y el Departamento de Policía Norte de Santander, que resultó en la incautación de un importante cargamento de material táctico destinado a grupos armados ilegales.

De acuerdo con información oficial, la operación se efectuó en la vía que comunica a Sardinata con Cúcuta (noreste de Colombia), en la que se logró la captura de un individuo y la confiscación de un vehículo tipo automóvil.

La intervención policial permitió la recuperación de un lote de equipos tácticos que incluía 19 pares de botas, 19 pecheras, 10 sintelas, una reata y dos riñoneras. Este material, según las autoridades, estaba destinado a fortalecer las capacidades operativas de las disidencias de las Farc, específicamente del Bloque Jorge Suárez Briceño, que se mantiene en disputa con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la región del Catatumbo.

El operativo comenzó con la interceptación de un vehículo en la ruta Cúcuta – Tibú, donde las autoridades detuvieron al sospechoso que transportaba parte del material táctico.

Posteriormente, y gracias a labores de inteligencia, se localizó un segundo cargamento en un paradero cercano al terminal de transporte de Cúcuta. En este lugar, los agentes encontraron 60 brazaletes con insignias del ‘Bloque Jorge Suárez Briceño’, ocho morrales tácticos pixelados, ocho pantalones tácticos y ocho cinturones tácticos.

La Policía Nacional destacó que esta operación representa un golpe significativo para las estructuras ilegales, ya que interrumpe el flujo de recursos logísticos esenciales para su operatividad. Según la información obtenida del detenido, alias ‘Calarcá’ estaba organizando el envío de estos materiales y combatientes hacia el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’, otra facción de las disidencias de las FARC.

Tanto el material incautado como el procesado fue dejado a disposición de las autoridades competentes en la que se definirá su situación ante la justicia.

Caracas, 19 dic (EFE).- La ONG de Venezuela Provea pidió este jueves que se otorgue una medida humanitaria para la libertad de los considerados "presos políticos", cifrados en 1.877 tras las liberaciones de las últimas semanas según la organización Foro Penal.

A través de X, Provea afirmó que los "presos políticos" de Venezuela necesitan una medida humanitaria "para recuperar su vida, reencontrarse con sus familiares, amigos y seres queridos".

"Aún estamos a tiempo", indicó, a la vez que pidió una Navidad sin "presos políticos", la mayoría de ellos detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio una cuestionada reelección a Nicolás Maduro.

Varias ONG han denunciado casos de personas que no estaban protestando y, sin embargo, fueron detenidas, contrario a lo que asegura la Fiscalía, que califica a los arrestados de "terroristas" y los acusa de generar "violencia" y "vandalismo".

El lunes, la Fiscalía informó que 533 personas detenidas tras las elecciones fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

Estas liberaciones se dieron en paralelo a nuevas detenciones, como las de dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz.

El Gobierno asegura que en el país no hay "presos políticos", sino que quienes están encarcelados cometieron delitos de diversa índole que contemplan penas de cárcel. EFE

Caracas, 17 dic (EFE).- La ONG de Venezuela Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) abogó este martes porque la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) -que regresó de forma parcial al país tras su expulsión en febrero- interceda para que se liberen a todos los "presos políticos", cifrados en 1.913 según la organización Foro Penal.

"Extendemos nuestros votos para que (...) la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela pueda ejercer cabalmente su mandato de protección y desde sus funciones pueda interceder efectivamente por la liberación de todos los presos políticos", manifestó la ONG en una nota de prensa.

Asimismo, recordó la actualización del informe sobre la situación de Venezuela que hizo el pasado viernes el alto comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, quien expresó preocupación porque, según él, "muchos de los detenidos" en el país "lo han sido de forma arbitraria, incluyendo adolescentes y jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados".

Türk también reclamó una "pronta y efectiva investigación" de al menos 28 asesinatos en las protestas poselectorales y que continúe la puesta en libertad de los que considera detenidos de forma "arbitraria", antes y después de las presidenciales del 28 de julio.

A juicio de JEP, la declaración de Türk coincide con un momento en el que se evidencia "el patrón de liberación de algunos reclusos víctimas de arrestos plagados de violaciones al debido proceso", seguido de nuevas "detenciones arbitrarias" enfocadas "sobre todo en activistas políticos y defensores".

La Fiscalía informó este lunes que 533 personas detenidas en el contexto poselectoral fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se suman, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

Estas liberaciones se dieron en paralelo a nuevas detenciones, como las de dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz. EFE

Caracas, 16 dic (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó este lunes que un total de 533 personas que fueron detenidas en el contexto de crisis postelectoral han sido excarceladas luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se suman, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la institución indicó que las nuevas revisiones de medidas fueron solicitadas entre el 10 y 14 de diciembre ante el Poder Judicial, todas correspondientes a "hechos de violencia ocurridos tras la celebración de las elecciones", cuando se desataron protestas en contra del resultado oficial, que dio la victoria a Nicolás Maduro.

Hasta la fecha, el Ministerio Público solo había informado de la liberación con medidas cautelares de 225 personas de los cerca de 2.400 detenidos en el contexto de crisis postelectoral, a las que se sumarían otras 103 que dio a conocer la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana el pasado jueves.

Entretanto, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de "presos políticos", computaba hasta el pasado martes un total de 1.913 detenidos por motivos de conciencia, la gran mayoría arrestados tras las presidenciales.

Las últimas liberaciones se dieron a la vez que se produjeron nuevas detenciones, como las de dos coordinadores en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del activista y exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz en Caracas.

El sábado, ONG de Venezuela denunciaron la muerte bajo custodia del Estado de Jesús Rafael Álvarez, uno de los cientos de detenidos en la nación tras las elecciones del 28 de julio.

Álvarez, de 44 años de edad, estaba recluido en la prisión conocida como Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), uno de los centros penitenciarios intervenidos en 2023 por las autoridades y habilitados este año para encarcelar, según Maduro, a "todos los guarimberos (manifestantes violentos)".

La ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos exigió "justicia y reparación" para la familia de Álvarez y que se determine la causa del fallecimiento, así como "las responsabilidades de los órganos de seguridad, que no cuidaron su integridad física y mental". EFE

Caracas, 12 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este jueves que en las últimas 72 horas se excarcelaron a 103 personas -que se suman a otras 225 liberadas en noviembre-, detenidas en el contexto de las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador.

"Se informa al país que en las últimas 72 horas (10, 11 y 12 de diciembre) se han producido 103 excarcelaciones, que se suman a 225 medidas cautelares otorgadas el pasado 26 de noviembre del presente año", señaló la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz en un comunicado publicado en Telegram.

Añadió que esta medida se llevó a cabo tras una solicitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los "órganos del sistema de justicia" de revisar las causas vinculadas a "hechos de violencia y delitos cometidos en el marco de la elección del 28 de julio".

El pasado 20 de noviembre, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que, entonces, el sistema de justicia evaluaba la posibilidad de excarcelar a más personas arrestadas tras las presidenciales, de los cerca de 2.400 detenidos en el contexto de la crisis postelectoral.

Por el momento, se desconoce si, con las últimas excarcelaciones, se ha cumplido la meta del Ejecutivo o si se plantean más.

En un acto de conformación de un "comité de víctimas del fascismo", integrado por familiares de personas fallecidas y heridas luego de los comicios, reiteró que si no hay "elementos de convicción" para demostrar la responsabilidad penal de alguno de los detenidos, ese ciudadano "será liberado".

Por su parte, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de "presos políticos", computaba hasta este martes un total de 1.913 detenidos por estos motivos, la gran mayoría apresados tras las presidenciales, así como 165 excarcelaciones, según dijo el miércoles a EFE el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de esta organización.

Las liberaciones de esta semana se dieron a la vez que se ejecutaron nuevas detenciones, como las de dos coordinadores en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, la del activista y exconcejal de Caracas Jesús Armas y la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf. EFE

Caracas, 11 dic (EFE).- La Alcaldía de Cabimas, en el estado venezolano de Zulia (noroeste), denunció este miércoles que su titular, el antichavista Nabil Maalouf, fue detenido la tarde del martes en su residencia por policías "sin ninguna explicación ni justificación".

A través de un comunicado, el ayuntamiento aseguró que "todos y cada uno de los requisitos" para la liberación del funcionario "han sido consignados", a la vez que dijo tener sus puertas abiertas para que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) "realice las investigaciones que considere pertinentes".

"Queremos hacer un llamado a la calma, a que se respeten las instalaciones de nuestra Alcaldía y la integridad física y mental de cada uno de los servidores públicos que trabajan día a día para construir, junto a nuestro alcalde, la tierra de lo posible", reza el texto oficial, publicado en la red social Instagram.

Asimismo, la Alcaldía afirmó que continúan las actividades en sus oficinas, con el fin de "llevar bienestar y calidad de vida" a los habitantes del municipio.

Maalouf es el segundo alcalde opositor del Zulia detenido en los últimos meses, luego de Rafael Ramírez Colina, exjefe de la Alcaldía de Maracaibo -capital de esta región fronteriza con Colombia-, quien fue aprehendido el 1 de octubre, junto con otros hoy exfuncionarios del municipio, por una supuesta trama de corrupción.

Ambos respaldaron al candidato de la mayor coalición opositora en las presidenciales de julio, Edmundo González Urrutia, en las que la alianza antichavista asegura que ganó su líder y señala como fraudulenta la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral sin publicar posteriormente, como establecía su cronograma, los resultados desglosados.

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles también exigió hoy "respeto a la integridad física" del alcalde de Cabimas y su liberación, así como la del resto de los "presos políticos".

"Justamente ayer, Maduro exigía al mundo el respeto a los derechos humanos, mientras en Venezuela no hay Estado de derecho, manipulan las causas, montan ollas y violan la Constitución y leyes según les convenga. ¡Ser opositor no es un delito!", expresó en X el antichavista. EFE

Las imágenes difundidas por el régimen muestran a Cabello interactuando con los desplazados mientras descendían de un helicóptero que los evacuó desde zonas de conflicto. Como es sabido, estas personas huyeron de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, que generaron una ola de violencia en la región. Cabello aseguró que el objetivo de su presencia es garantizar asistencia humanitaria y apoyo a quienes han cruzado la frontera en busca de refugio.

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En declaraciones recogidas por medios oficialistas, Cabello afirmó que el operativo contó con la participación de más de 680 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), así como personal de protección civil, policías y bomberos. De acuerdo con el líder chavista, estas acciones buscan garantizar la paz y la estabilidad en una región que calificó como estratégica. Además, destacó que el operativo incluyó la provisión de asistencia médica y el traslado de los desplazados a hospitales o a casas de familiares para asegurar su bienestar.

Cabello enfatizó que esta operación es una respuesta real y tangible a la crisis, y aseguró que la comunidad local puede dar fe de los esfuerzos realizados. “Atendemos a los desplazados colombianos que han venido huyendo de la muerte con asistencia médica, los trasladamos a los hospitales, o a casa de algún familiar, por su seguridad y bienestar”, declaró.

Corredor humanitario y la operación Mercurio

Medios oficialistas del régimen informaron que, el operativo forma parte de la denominada operación Mercurio, una iniciativa que busca establecer un corredor humanitario para atender a los desplazados colombianos que cruzaron hacia territorio venezolano en los últimos días. Esta operación, según el régimen, se da en un esfuerzo más amplio para responder a la crisis generada por el conflicto armado en el Catatumbo.

El presidente Nicolás Maduro, en declaraciones realizadas el miércoles 22 de enero, confirmó la presencia de Cabello en la zona fronteriza y destacó la importancia de esta operación dentro del contexto del Ejercicio Escudo Bolivariano 2025. Según Maduro, este ejercicio tiene como objetivo garantizar la paz, la soberanía y la democracia en Venezuela. “Diosdado está por allá apoyando al pueblo de Colombia en el Catatumbo. (...) Este es el primer ejercicio Escudo Bolivariano 2025 para garantizar la paz, la soberanía, la libertad y la democracia verdadera de nuestra Venezuela amada”, afirmó el mandatario.

Acusaciones de complicidad con grupos armados

A pesar de los esfuerzos del régimen por presentar esta operación como una respuesta humanitaria, algunos sectores señalaron posibles vínculos entre las autoridades venezolanas y los grupos armados que operan en la región. De acuerdo con los críticos, la presencia de Cabello y el despliegue de efectivos podrían estar relacionados con una supuesta complicidad del régimen con el ELN y las disidencias de las Farc, que también tienen presencia en territorio venezolano.

Estas acusaciones se suman a las tensiones históricas entre Colombia y Venezuela en torno a la seguridad en la frontera, donde los grupos armados han encontrado un terreno fértil para sus actividades debido a la falta de control estatal en ambos lados.

En respuesta a la situación, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, instó a las autoridades venezolanas a no permitir el paso de miembros del ELN a través de la frontera. Por su parte, Maduro advirtió que no adoptará una postura neutral frente a los acontecimientos en la frontera. El mandatario aseguró que Venezuela hará respetar su territorio frente a lo que calificó como amenazas de grupos generadores de violencia provenientes de Colombia. “No vamos a permitir que los terroristas armados de Colombia (...) y toda gente que amenace y pretenda agredir a Venezuela actúen impunemente”, declaró.

Estas personas han huido de los enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

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De acuerdo con declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil en un comunicado del difundido a través de su canal en Telegram, funcionarios de Protección Civil han sido movilizados para atender a los desplazados en los municipios afectados.

El operativo busca atender las necesidades urgentes de los desplazados que han llegado a territorio venezolano en busca de refugio. Este flujo migratorio se ha intensificado debido a los recientes episodios de violencia en el Catatumbo, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico.

El Catatumbo, una región fronteriza entre Colombia y Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. Este conflicto ha generado una crisis humanitaria que afecta tanto a las comunidades locales como a los desplazados que buscan escapar de la violencia.

Según reportó el periodista venezolano Jhorman Cruz, los afectados han cruzado la frontera hacia Venezuela en busca de refugio, utilizando motos, bicicletas, camiones y tractores para llegar a localidades como Casigua El Cubo, en el estado Zulia.

Según Cruz, los colombianos se están agrupando en colegios de Táchira, solicitando colchones, comida y refugio.

Mientras tanto, en el lado colombiano, las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en la región del Catatumbo. Según informó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, el Ejército colombiano ha desplegado 300 militares en la zona, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha llevado a cabo evacuaciones en áreas afectadas.

Villamizar también confirmó que, además de las víctimas mortales, más de 20 personas han resultado heridas y varias comunidades permanecen confinadas, a la espera de que se habiliten corredores humanitarios que les permitan salir de la región.

En respuesta a la escalada de violencia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó la decisión de suspender los diálogos de paz con el ELN. Petro acusó a este grupo armado de no demostrar voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, lo que representa un revés significativo en los esfuerzos por pacificar la región.

Fuerzas Militares de Colombia anuncian estrategias para enfrentar la crisis en el Catatumbo

Ante esta alarmante situación, las Fuerzas Militares de Colombia han detallado las acciones ofensivas que implementarán para combatir a los grupos armados ilegales que operan en la zona. Estas medidas buscan restablecer la seguridad en una de las áreas más afectadas por la guerra en el país.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que las operaciones estarán dirigidas principalmente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, grupos que han intensificado sus actividades en la región.

Cubides señaló que estas organizaciones han mostrado una falta de voluntad para avanzar en procesos de paz, lo que ha llevado a la suspensión de los diálogos con el ELN. En este contexto, las Fuerzas Armadas han decidido reforzar sus estrategias de inteligencia y operaciones militares para contrarrestar las acciones de estos grupos armados.

El almirante Cubides también denunció que las acciones de los grupos armados en el Catatumbo han incurrido en violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Según detalló, estas organizaciones han llevado a cabo asesinatos selectivos de excombatientes, lo que constituye un claro quebrantamiento del principio de distinción que protege a las personas que no participan en las hostilidades. Además, estas acciones han generado un clima de terror e incertidumbre entre los habitantes de la región.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este lunes sobre un aumento de la represión contra periodistas y activistas en las Américas, con un énfasis particular en la situación de Venezuela, tras varios incidentes que reflejan una escalada de hostilidad contra la libertad de prensa y de expresión en el país.

El organismo denunció la desaparición de Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, quien fue interceptado el pasado 7 de enero por individuos encapuchados en el centro de Caracas. Desde entonces, su paradero es desconocido. Según la organización que lidera, Correa fue visto por última vez alrededor de las 5:00 pm (21:00 GMT).

Diversos colectivos de derechos humanos, como Provea, y movimientos ciudadanos han calificado el hecho como una “detención arbitraria” y exigieron su liberación inmediata, afirmando que el caso ocurre en un contexto de intensificación represiva tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

En un comunicado, Espacio Público exigió al Estado venezolano garantizar la seguridad de Correa y cumplir con los principios del Estado de derecho. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), junto a otras organizaciones, también se sumó al reclamo por su pronta aparición, calificando su desaparición como una violación a los Derechos Humanos.

Represión a periodistas y opositores

La situación se ha agravado con la detención de periodistas durante protestas opositoras en contra de la juramentación inconstitucional de Nicolás Maduro. Según el SNTP, el periodista Leandro Palmar y su asistente técnico Belices Salvador Cubillán fueron arrestados el pasado jueves en el estado de Zulia (noroeste) por militares mientras cubrían manifestaciones en rechazo a la toma de posesión de Maduro. Ambos fueron acusados de “terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y alteración del orden público”, cargos que organizaciones de periodistas y derechos humanos calificaron como un intento de criminalizar el trabajo periodístico.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Zulia exigió la liberación inmediata de los comunicadores, condenando que no se respetara su derecho a una defensa privada. Asimismo, denunció lo que considera una “flagrante violación a la libertad de prensa” en un contexto de creciente hostigamiento contra quienes documentan los acontecimientos en Venezuela.

A su vez, Julio Balza, periodista del equipo de prensa de la opositora María Corina Machado, fue arrestado en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cuando se dirigía a su vehículo tras una protesta opositora. Su familia pidió su liberación y aseguró que el reportero “no ha cometido delito alguno”.

Restricciones a plataformas digitales
Por otra parte, la SIP denunció informes sobre el presunto bloqueo de la plataforma TikTok en Venezuela, reportado por usuarios desde la semana pasada. La organización vinculó el hecho con amenazas previas de Maduro de endurecer el control sobre redes sociales, en un contexto de crecientes restricciones digitales que han limitado el acceso a información independiente.

Contexto político

Las denuncias ocurren en medio de una crisis política agravada tras la reelección de Maduro en los comicios de julio, cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada por la oposición y diversos organismos internacionales.

La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, denunció fraude electoral y reclamó su victoria, respaldada por múltiples gobiernos extranjeros. Desde su toma de posesión inconstitucional el pasado viernes, Maduro ha enfrentado protestas masivas y una creciente presión internacional por violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades democráticas.

La SIP y diversas organizaciones internacionales han señalado que estas acciones forman parte de una “escalada represiva” que busca silenciar las voces críticas y coartar el derecho a la información en Venezuela.

Los grupos al margen de la ley no están dando tregua, y sus ataques contra miembros del Ejército Nacional y sus instalaciones se han vuelto más recurrentes en los últimos días.

Sobre las 8:00 p. m. del 20 de diciembre, un policía falleció y dos más resultaron heridos tras la explosión de una granada en el municipio de El Zulia, área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander. Los uniformados se desplazaban en una motocicleta por el sector de La Milagrosa al momento del ataque.

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Según Blu Radio, los afectados realizaban labores de patrullaje rutinarias cerca de la antigua Plaza de Toros del municipio cuando fueron atacados por hombres que les lanzaron artefactos explosivos que provocó heridas a los policías y dejó la motocicleta envuelta en llamas.

En videos registrados por la comunidad se observa el momento en que los habitantes auxilian a los heridos mientras esperaban la llegada de los servicios médicos, para ser trasladados al hospital Juan Luis Londoño de El Zulia. Sin embargo, según Semana, uno de los policías falleció al llegar al centro asistencial.

En las imágenes difundidas se aprecia a varias personas rodeando a uno de los heridos; mientras le ayudan a retirarse prendas para evaluar la gravedad de sus lesiones.

La Policía Nacional confirmó las identidades de los heridos y del uniformado fallecido en el cumplimiento de sus labores. Además, la institución rechazó este tipo de actos contra quienes trabajan por garantizar la seguridad de las comunidades en Colombia. Así lo expresó en su cuenta oficial en la red social X:

“¡Luto institucional! Condenamos el criminal atentado con artefacto explosivo en El Zulia (Norte de Santander) que segó la vida de nuestro subintendente Carlos Emel Cárdenas Galavis y dejó heridos a los señores patrulleros José Ariel López Sepúlveda y Fabián Alexis Soto Quintero. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso institucional de dar con el paradero de quienes perpetraron el hecho y llevarlos ante la justicia”, menciona la publicación.

Ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido este atentado, y las autoridades aún no han confirmado la procedencia de los hechos. Sin embargo, no se descarta que hayan sido miembros del ELN, ya que es una de las estructuras criminales con mayor presencia en la zona. Una de las posibles causas podría ser una represalia tras el operativo realizado la semana pasada en el lugar, que dejó como saldo la muerte de una guerrillera y un miembro de la institución fallecido durante una diligencia de captura de un cabecilla de esta estructura.

En el territorio, el Ejército Nacional ha sostenido combates con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de la región, que se financia principalmente a través de actividades ilegales como el cobro de extorsiones, secuestros y el tráfico de drogas a gran escala.. Uno de los enfrentamientos más recientes se llevó a cabo contra el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Tres soldados heridos deja ataques en contra del Ejército en Cauca y Bolívar

Tres miembros del Ejército Nacional de Colombia resultaron heridos tras ser víctimas de dos ataques terroristas ocurridos la noche del 19 de diciembre en los departamentos de Bolívar y Cauca. Los incidentes, atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), se produjeron en medio de enfrentamientos armados entre las tropas y miembros de este grupo insurgente.

El primer ataque tuvo lugar en la vereda San Luquitas, ubicada en el municipio de Morales, al sur del departamento de Bolívar. Durante un operativo de las fuerzas armadas para proteger a la población civil, un artefacto explosivo de fabricación artesanal fue detonado, dejando heridos a tres soldados pertenecientes al Batallón de Selva N.° 48, según detalló el medio.

El segundo hecho tuvo lugar en el batallón de entrenamiento del Ejército que está ubicado en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, Cauca.

Terroristas habrían lanzado dos tatucos (armamento no convencional que elaboran de forma artesanal las guerrillas del país desde la década de 1990) a un camión, por fortuna, los artefactos cayeron en campo abierto y no causaron daños a personas, el último de los explosivos detonó al interior del vehículo dejándolo en llamas sobre la vía.

Caracas, 8 nov (EFE).- El opositor venezolano Andrés Velásquez exigió este viernes la libertad para el exdiputado antichavista Américo De Grazia, detenido hace 90 días, al tiempo que denunció que su familia no ha podido visitarlo hasta la fecha.

"Se cumplen 90 días del secuestro de Américo De Grazia. Arbitrariamente detenido por la dictadura de (Nicolás) Maduro. Su familia no ha podido verlo. Se le mantiene en estado de indefensión al no permitirsele defensa privada. Una víctima más de la represión", escribió Velásquez en la red social X.

El pasado 8 de agosto, opositores y partidos políticos de Venezuela denunciaron la detención de De Grazia, quien según su hija, María De Grazia, se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -conocido como El Helicoide- en Caracas.

Entonces, su hija indicó desconocer los cargos que se le imputan al exdiputado, al tiempo que dijo que no hubo una orden de captura.

La mujer afirmó que su padre estaba "siendo perseguido" luego de los comicios presidenciales, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como ganador, algo que la mayor coalición opositora cuestionó -igual que gran parte de la comunidad internacional- ya que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos, según "el 83,5 %" de las actas electorales que reunieron a través de testigos.

Este viernes, el partido opositor Primero Justicia (PJ) exigió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro la liberación "inmediata" de sus 34 miembros que -denuncia- están detenidos, así como del resto de "presos políticos".

En una nota de prensa, PJ aseguró ser "el segundo partido de oposición en Venezuela con más presos políticos", entre los que nombró al exalcalde de Maracaibo -estado Zulia (noroeste)- Rafael Ramírez Colina, detenido en octubre por una supuesta trama de corrupción en la que el Gobierno también vinculó a Pedro Guanipa, exdirector de la Alcaldía, aprehendido en septiembre.

Primero Justicia exigió la liberación de los 1.958 "presos políticos" que, de acuerdo al cómputo de la organización no gubernamental Foro Penal, hay en el país, la gran mayoría detenidos tras las elecciones, entre ellos, 69 menores de edad, con edades de 14 a 17 años, siempre según la ONG. EFE

Caracas, 8 nov (EFE).- El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) exigió este viernes al Gobierno del presidente Nicolás Maduro la liberación "inmediata" de sus 34 miembros que -denuncia- están detenidos, así como del resto de "presos políticos".

En una nota de prensa, PJ aseguró ser "el segundo partido de oposición en Venezuela con más presos políticos", entre los que nombró al exalcalde de Maracaibo -estado Zulia (noroeste)- Rafael Ramírez Colina, detenido en octubre por una supuesta trama de corrupción en la que el Gobierno también vinculó a Pedro Guanipa, exdirector de la Alcaldía, aprehendido en septiembre.

Ambos opositores respaldaron la candidatura del líder de la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral, un resultado señalado como fraudulento por este sector del antichavismo, que reclama el triunfo de su abanderado.

Primero Justicia exigió la liberación de los 1.958 "presos políticos" que, de acuerdo al cómputo de la organización no gubernamental Foro Penal, hay en el país, la gran mayoría detenidos tras las elecciones, entre ellos, 69 menores de edad, con edades de 14 a 17 años, siempre según la ONG.

Esas cifras, prosiguió PJ, reflejan "la represión desatada en respuesta a las manifestaciones en todo el país, donde los venezolanos exigían respeto a la voluntad popular expresada" en los comicios.

La formación denunció también que el "régimen de Maduro persigue tanto a líderes de oposición como a defensores de derechos humanos y miembros clave de la sociedad civil", y mencionó a los activistas Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, y Rocío San Miguel, aprehendida en febrero de este año.

Además, el partido urgió al Gobierno a cesar "la persecución" y garantizar los derechos de "cada uno de los presos políticos", a la vez que pidió a la comunidad internacional seguir "registrando y denunciando las constantes violaciones de derechos humanos" en el país caribeño. EFE

Los hijos del detenido: Stephenie, Layneth, Eduardo y Manuel Labrador se han manifestado en este documento, asegurando que su padre no ha cometido delito alguno y solicitando un gesto humanitario para revisar su caso.

“Nuestro papá, Eduardo Emiro Labrador, (...), fue detenido por la Policía Regional del estado Zulia, (cuando) se dirigía a pasar unos días con nuestra hermana e hija Stephanie Labrador y su nieto, en la ciudad de Medellín, Colombia”, señalaron en la misiva.

El contexto de la detención de Labrador el pasado 18 de octubre por la Policía Regional ha generado gran preocupación entre los familiares y allegados, quienes hasta el momento no han podido confirmar el lugar exacto de su detención ni han tenido ocasión de visitarlo.

“Desde la fecha de la detención policial de nuestro padre hemos vivido días de angustia, preocupación y temor”, indicaron los hijos en su mensaje. Tal situación ha llevado a su familia a elevar una rogativa ante las autoridades, apelando a la posibilidad de una revisión del caso bajo la perspectiva de un trato humanitario.

“Hasta la fecha, 32 días después, no hemos sabido con certeza dónde está detenido, como se encuentra, si ha tomado sus medicamentos y cuáles son los cargos por lo que lo detienen y lo aíslan totalmente”.

Los hijos del legislador zuliano han manifestado en su relato cómo estos 33 días desde la detención han estado plagados de incertidumbre para los Labrador, pues aseguran que no hay información clara sobre los motivos ni el estado actual en el que se encuentra su padre.

En la carta, solicitan a las entidades judiciales permitir a su padre el “debido derecho a la defensa” y la oportunidad de verlo, derechos que hasta ahora les han sido denegados.

“Lamentablemente no hemos podido tener respuesta a la petición que hacemos desde nuestra angustia por saber algo de nuestro papá”, añadieron.

Los hijos de Eduardo Labrador destacan su integridad como ciudadano ejemplar al servicio de la educación y la política, siempre apegado a los principios constitucionales. Subrayan que su padre ha inculcado valores de no violencia y respeto entre sus hijos, principios reflejados en su trayectoria académica como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia.

“Señor Presidente de la República, Señor Fiscal General, elevamos a su consideración como seres humanos la rogativa de nuestra familia para una revisión o reconsiderando del caso de nuestro padre Eduardo Emiro Labrador”, escribieron.

“Él es inocente, es un ser humano cristiano humanista, cuyo sustento y pasión es ser profesor activo”, expresaron en la misiva, haciendo un llamado al dictador Nicolás Maduro para que reconsidere el caso.

La situación legal y el silencio oficial entorno al paradero de Labrador alimentan las tensiones alrededor de su detención. Los hijos urgieron tanto al presidente como al fiscal general a examinar este caso bajo las perspectivas de justicia y humanitarismo. La fuerte apelación de la familia Labrador se concluye esperando un cambio pronto:

“Señor Presidente de la República, Señor Fiscal General, elevamos a su consideración como seres humanos la rogativa de nuestra familia”.

En la misiva se destaca la preocupación generalizada en torno a este caso etiquetado de forma alarmante por su aparente violación de derechos fundamentales y el pedido urgente de acción por parte del régimen.

“Su ejercicio de la política siempre ha sido apegado a la constitución, a los principios de no violencia y respeto por las ideas de los demás. Así nos los inculcó como padre amoroso”, concluyeron.

La carta completa:

Caracas, 30 oct (EFE).- Familiares de José Sánchez 'Mazuco', exdiputado opositor de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, denunciaron este miércoles que desconocen el paradero del exlegislador, detenido hace un mes en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), cuando era asistido por un mecánico luego de que su carro se accidentara.

A través de un comunicado, los familiares sostuvieron que desconocen en dónde se encuentra, así como su condición "física y emocional".

"El día 30 de septiembre, Sánchez salió de su residencia y minutos después la camioneta que conducía quedó accidentada (averiada), en consecuencia, llamó a un mecánico amigo y ambos se dispusieron a buscar los repuestos necesarios para reparar el vehículo", relataron.

Asimismo, indicaron que, a pocos metros de donde se había quedado averiado el vehículo del exdiputado, un "grupo de hombres vestidos de negro y fuertemente armados lo interceptaron, lo montaron en un carro y se lo llevaron".

"Testigos del hecho relataron que los supuestos efectivos policiales también se llevaron al ciudadano Antonio Buzzetti, el mecánico que se ofreció a acompañar a Sánchez a conseguir los repuestos para la camioneta", añadieron.

Los familiares dijeron que Sánchez actualmente no tiene "participación política de ningún tipo, por el contrario, está dedicado a algunas actividades comerciales de tipo privado".

Rossaly Nava, asistente de Sánchez, sostuvo que el exdiputado fue "aparentemente detenido sin orden judicial, sin respetar la presunción de inocencia que establece la Constitución y sin que sus familiares más cercanos conozcan el lugar de reclusión".

Nava indicó que el exparlamentario sigue siendo un "paciente oncológico que, además, tiene padecimientos cardíacos, hipertensivos y migrañas severas".

"De no recibir los medicamentos y la atención médica que requiere, su estado de salud se puede agravar", apostilló. EFE

Caracas, 29 oct (EFE).- Stephanie Labrador, hija del opositor Eduardo Labrador, diputado regional en el estado venezolano del Zulia (noroeste), exigió este martes a las autoridades información sobre el paradero de su padre, detenido -expresó- de forma "arbitraria" hace 11 días por la Policía de esa región fronteriza con Colombia.

En un vídeo compartido en la red social X, la joven, en nombre de su familia, pidió también al Gobierno y al Ministerio Público (MP, Fiscalía) saber "cómo está" y "cómo se encuentra su estado de salud", así como tener acceso a él.

"Es una angustia y una incertidumbre muy grandes el no saber de él ni cómo está. Exigimos verlo, mi papá es un hombre honesto, trabajador, luchador, humanista, demócrata, mi papá no ha cometido ningún delito", expresó la hija del también profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) en el video, compartido por varios opositores, entre ellos, la líder antichavista María Corina Machado.

La exdiputada expresó en X que Labrador "tiene once días secuestrado", por lo que pidió a los usuarios de la red social ver el video de la hija y compartir su mensaje.

Por su parte, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles rechazó la detención del diputado regional, a quien describió como un "hombre trabajador y honesto".

"¿De qué lo acusan? ¿Cuál es el delito? No respetan las leyes, la integridad de las personas ni los derechos humanos. Su hija, familiares, amigos y el Zulia quieren saber el paradero del profesor Eduardo. ¡Basta de atropellos!", escribió Capriles, quien también compartió el video.

Este lunes, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió fe de vida e información sobre el paradero del antichavista, señalado por la alianza como una víctima de desaparición, así como el respeto a sus derechos y la "inmediata" liberación.

El pasado 20 de octubre, el Consejo Universitario de LUZ expresó, a través de un comunicado, su preocupación por la detención, y exigió a las autoridades el respeto a sus derechos humanos y garantías constitucionales, así como "información veraz sobre la situación actual" de Labrador.

El diputado regional es uno de los 162 dirigentes y activistas opositores que, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), están hoy detenidos, en su gran mayoría colaboradores de la alianza antichavista. EFE

Caracas, 28 oct (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió este lunes fe de vida del antichavista Eduardo Labrador, diputado regional en el estado Zulia (noroeste), detenido hace diez días por la Policía de esa región fronteriza con Colombia.

A través de la red social X, la plataforma también pidió información sobre el paradero de Labrador, señalado por la alianza como una víctima de desaparición, así como el respeto a sus derechos y la "inmediata" liberación.

"Hacer política no es delito", expresó la PUD en X, donde compartió una fotografía del también profesor universitario, detenido el pasado 18 de octubre cuando iba a visitar a su hija, según denunciaron entonces partidos opositores.

El día 20, la líder antichavista María Corina Machado expresó que Labrador fue "secuestrado por el régimen" -en referencia al Gobierno del presidente Nicolás Maduro- y dijo entonces que la familia del opositor "no ha podido saber de él ni entregarle los medicamentos que requiere".

La PUD exige fe de vida del diputado regional tres días después de que denunciara "el cruel asesinato" de su colaborador en el estado Apure (oeste, también fronterizo con Colombia) Edwin Santos, quien, según su partido, Voluntad Popular (VP), había sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el miércoles.

Sin embargo, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, desmintió esa información y aseguró que el dirigente y cofundador de VP falleció en un accidente de tránsito.

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por Machado-, 161 dirigentes y activistas están detenidos -la gran mayoría colaboradores de la campaña presidencial de la coalición opositora-, entre ellos Labrador. EFE

Caracas, 23 oct (EFE).- El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, quien se encuentra bajo resguardo, dijo este miércoles que la acusación en su contra fue obtenida "vía coacción", luego de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo vinculara a una trama de corrupción en la Alcaldía de Maracaibo, estado Zulia (noroeste), para financiar actos de campaña del antichavismo mayoritario.

"Se me pone como cabecilla de una estructura de la cual jamás he formado parte porque simplemente no existe", aseguró Guanipa a través de un video en X, al tiempo que dijo que la "coacción" invalida el testimonio de su hermano Pedro Guanipa, exdirector de la Alcaldía -detenido en septiembre-, mostrado el martes por Cabello en el canal estatal VTV.

Según el ministro, a Guanipa "se le entregaba" unos "50.000 dólares semanales", aun cuando su hermano, en el vídeo reproducido por Cabello, dijo que el "financiamiento" a "actividades políticas" del exparlamentario era de unos "6.000 dólares mensuales".

A juicio del exdiputado, "el régimen", como llama al Gobierno de Nicolás Maduro, está en "una vorágine represiva nunca antes vista en la historia" del país y busca "cualquier método para amedrentar a los venezolanos" que están "resistiendo el descarado robo electoral" de las presidenciales del 28 de julio.

Asimismo, dijo que "el régimen tratar de distraer (...) con falsas acusaciones a diestra y siniestra" el objetivo de "lograr que se respete la soberanía popular", en referencia al triunfo que asegura obtuvo el candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese al resultado oficial que dio la reelección a Maduro.

"Pretenden desmoralizarnos para que bajemos la guardia y cedamos en la lucha que libramos por la democracia y la liberación de Venezuela. Pero nuestra única opción es seguir", sostuvo.

Tras las presidenciales, se desataron protestas en el país por la denuncia de "fraude" del resultado electoral, lo que derivó en una crisis en la que más de 2.400 personas fueron detenidas.

Caracas, 22 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó este martes a exfuncionarios del municipio Maracaibo (noroeste) -estado Zulia-, entre ellos, al exalcalde antichavista Rafael Ramírez Colina, de desviar recursos públicos para financiar actos de la campaña de la oposición mayoritaria, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que Ramírez Colina -detenido el 1 de octubre- "financió directamente" actividades "políticas y proselitistas", así como "pagos de personal" fuera de la nómina de la Alcaldía, con recursos obtenidos a través del cobro del servicio de aseo urbano por parte de siete empresas contratadas para su recolección en la capital del estado Zulia.

La prestación de ese servicio "la cobraban" pese a que "no recogían" la basura, y ese dinero, según explicó Cabello, "lo utilizaban para financiar al partido Primero Justicia", del que forma parte el exfuncionario, y para "financiar actividades de movilizaciones de la campaña de Edmundo González" en Zulia.

En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal VTV, Cabello reprodujo un video que muestra al opositor Pedro Guanipa, exdirector de la Alcaldía de Maracaibo -detenido en septiembre-, confesando que era consciente del "financiamiento (...) autorizado por el alcalde Rafael Ramírez para las actividades de campaña de Edmundo González y María Corina Machado".

Además, Cabello afirmó que en esta trama de corrupción también está implicado el exdiputado Juan Pablo Guanipa, a quien "se le entregaba" unos "50.000 dólares semanales", aun cuando su hermano Pedro Guanipa dijo en el video reproducido que el "financiamiento" a "actividades políticas" del exparlamentario "por medio de la Alcaldía" era de unos "6.000 dólares mensuales".

En total, el desfalco, según el ministro, supera los 2,7 millones de dólares, y "solo en la contratación" de las siete empresas.

En las pasadas elecciones, Ramírez Colina respaldó la candidatura de González Urrutia, líder de la mayor coalición opositora, que lo reconoce como ganador de los comicios, aun cuando el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por ente electoral. EFE

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El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha acusado este martes al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, detenido a principios de octubre, de formar parte de una trama de corrupción para favorecer al partido opositor Primero Justicia.

"Financió directamente a su partido para actividades políticas proselitistas, pagos de personal que no tienen que ver nada con la nómina de la Alcaldía", ha asegurado en una rueda de prensa, agregando que "ninguno de estos hechos va a quedar" impune.

Entre los implicados en la trama estaría Juan Pablo Guanipa, el candidato a las primarias de la oposición por el partido Primero Justicia --exgobernador electo del estado de Zulia--, así como Pedro Guanipa, hermano de este, director de la Alcaldía de Maracaibo y vicepresidente de Primero Justicia en Zulia.

"¿De dónde venía esa plata? De la recolección de basura, de basura en Maracaibo, que en verdad la cobraban, pero no la recogían y ese dinero lo utilizaban para financiar al partido Primero Justicia, para financiar actividades de movilizaciones de la campaña de Edmundo González cuando fue al estado Zulia", ha agregado Cabello.

Ramírez apoyó la candidatura del candidato opositor Edmundo González, ahora exiliado en España, a las elecciones presidenciales que se celebraron el 28 de julio en el país y acudió pocos días antes a una manifestación en Zulia junto a miles de sus simpatizantes.

Tanto Ramírez como el resto de funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo a los que el Gobierno venezolano acusa de formar parte de una trama de corrupción fueron detenidos en el ejercicio de sus funciones y trasladados a la sede local del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Caracas, 20 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este domingo que el antichavista Eduardo Labrador, diputado regional en el estado Zulia, está incomunicado desde que fue aprehendido el viernes pasado por la Policía de esa región petrolera, fronteriza con Colombia.

"Eduardo Labrador es diputado, dirigente del movimiento Zulia Humana y profesor universitario. Fue secuestrado por el régimen el viernes 18 de octubre y su familia no ha podido saber de él ni entregarle los medicamentos que requiere", alertó en X la exdiputada.

Machado compartió un video de la hija del detenido Stephanie Labrador, en el que pide a las autoridades que le permitan conocer el paradero de su padre, profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), y que le sean respetados sus derechos.

Hasta ahora, la familia desconoce el motivo de la detención y no ha podido acreditar un abogado para manejar el caso ante algún tribunal.

La detención de Labrador también ha sido criticada por el gremio docente, que pide la liberación inmediata del profesor, aprehendido cuando iba a visitar a su hija.

Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, exigió la libertad del diputado, así como "el cese de la persecución en contra de venezolanos que trabajan por un cambio en el país".

Según cálculos de la oposición, cerca de 160 políticos fueron detenidos en los meses anteriores y posteriores a las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial -que dio la victoria a Nicolás Maduro- ha sido señalado de fraudulento por la PUD y no es reconocido por numerosos países. EFE

Caracas, 18 oct (EFE).- El partido político Vente Venezuela (VV) -liderado por la exdiputada María Corina Machado- denunció este viernes la detención de un diputado del regional Consejo Legislativo del estado Zulia (noroeste) por funcionarios de la Policía estatal, cuando iba a visitar a su hija.

"Eduardo Labrador, dirigente del movimiento Zulia Humana y diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, fue detenido la mañana de este 18 de octubre, por funcionarios de la Policía estatal cuando se disponía a visitar a su hija", explicó en X el Comité de Derechos Humanos de la formación.

Asimismo, alertó que se desconoce el paradero de Labrador y que sus "familiares temen que esté siendo trasladado a Caracas”.

Entretanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, exigió la libertad de Labrador, así como "el cese de la persecución en contra de venezolanos que trabajan por un cambio en el país".

Igualmente, el exgobernador Henrique Capriles señaló que sigue la "persecución y hostigamiento" en Zulia, así como el "uso de las instituciones para atropellar e intentar callar las voces democráticas que adversan al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)".

El pasado 1 de octubre, el alcalde opositor de Maracaibo, -capital del estado Zulia-, Rafael Ramírez Colina, fue detenido por presunta corrupción.

Ramírez Colina es acusado por la Fiscalía de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señala al opositor de entregar a "partidos políticos de la extrema derecha" recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos"

El pasado 2 de octubre, Vente venezuela aseguró que en el país hay 154 políticos del antichavismo detenidos, casi todos aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la reelección a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país. EFE

Caracas, 17 oct (EFE).- Policías de Venezuela detuvieron en las últimas horas a dos mujeres -una adolescente de 17 años y una joven de 27- que colaboraban con una banda criminal de "alta peligrosidad" dedicada a extorsionar comerciantes en el estado Zulia (noroeste), informó este jueves el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Ambas mujeres eran "cooperadoras activas" de la organización criminal 'El pote de pólvora', que "azota a comerciantes" en esa región fronteriza con Colombia, aseguró el director del Cicpc, Douglas Rico, en una publicación en Instagram.

Las dos se encargaban de "recoger el dinero proveniente de las extorsiones", aunque la menor de edad también se ocupaba de obtener información de las víctimas y tomar fotografías de los comercios, por lo que "obtenían un porcentaje" de lo recogido de forma ilícita, explicó el funcionario.

Durante el operativo, los agentes incautaron un vehículo "adquirido con dinero proveniente de las extorsiones" y dos celulares con información de "interés criminalístico", agregó el director del Cicpc.

La ONG Fundaredes denuncia que, en Zulia, los derechos a "la vida, a la integridad personal y a la propiedad están comprometidos y vulnerados por la actuación desmedida de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión" que operan -asegura- con "conocimiento de autoridades militares y policiales".

En ese sentido, afirma que "la corrupción y la ineficacia de las fuerzas de seguridad han permitido que las bandas delictivas operen con impunidad". EFE

Caracas, 16 oct (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó este miércoles que un rayo provocó el incendio en un tanque de almacenamiento de crudo ubicado en una localidad del estado de Zulia, en el noroeste del país, que se registró desde la madrugada del martes, sin que entonces se conocieran las causas.

"Las condiciones atmosféricas extremas, características de la zona, ocasionaron el siniestro aproximadamente a las 4.40 hora local (8.40 GMT), cuando un rayo impactó en uno de los tanques que almacenaba crudo liviano", explicó Pdvsa en un comunicado publicado en Telegram.

Indicó que desde el comienzo del incendio, en un patio petrolero en la ciudad de Cabimas, un equipo de bomberos y especialistas, en coordinación con los organismos del Estado, activaron el "protocolo de seguridad para mitigar el incendio; logrando en la primera fase su contención y evitando su propagación".

"Gracias a la unión cívico, militar y policial, continuaremos trabajando para el control total de este lamentable siniestro", añadió.

Pdvsa sostuvo que no se registran "afectaciones a terceros" y aseguró que las comunidades cercanas "se encuentran fuera de peligro".

El martes, el comandante general del cuerpo de bomberos de Cabimas, Mufid Houmeidan, explicó que el incendio se produjo en un tanque con capacidad para almacenar 75.000 barriles de petróleo.

"No es necesaria la evacuación de la ciudad, no es necesario, esto está acá confinado y solamente estamos a la espera de la espuma para poder inyectar. La ciudad de Cabimas tenga calma que aquí están los bomberos de Cabimas con bomberos de Pdvsa y vamos a apagar este incendio", dijo Houmeidan en un vídeo compartido en redes sociales.

El pasado febrero, un incendio parcial se produjo en una empresa dedicada al tratamiento de desechos petroleros ubicada cerca de Cabimas -como consecuencia de la propagación de incendios forestales alrededor de las instalaciones-, que posteriormente fue controlado, según informó entonces a EFE Houmeidan. EFE

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este domingo que el antichavista Eduardo Labrador, diputado regional en el estado Zulia, está incomunicado desde que fue aprehendido el viernes pasado por la Policía de esa región petrolera, fronteriza con Colombia.

“Eduardo Labrador es diputado, dirigente del movimiento Zulia Humana y profesor universitario. Fue secuestrado por el régimen el viernes 18 de octubre y su familia no ha podido saber de él ni entregarle los medicamentos que requiere”, alertó en X la ex diputada.

Machado compartió un video de la hija del detenido Stephanie Labrador, en el que pide a las autoridades que le permitan conocer el paradero de su padre, profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), y que le sean respetados sus derechos.

Hasta ahora, la familia desconoce el motivo de la detención y no ha podido acreditar un abogado para manejar el caso ante algún tribunal.

La detención de Labrador también ha sido criticada por el gremio docente, que pide la liberación inmediata del profesor, aprehendido cuando iba a visitar a su hija.

Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, exigió la libertad del diputado, así como “el cese de la persecución en contra de venezolanos que trabajan por un cambio en el país”.

La oposición venezolana denunció el viernes la detención de Eduardo Labrador, legislador del estado de Zulia, quien supo estar en las filas del régimen de Nicolás Maduro hasta 2019.

Labrador fue miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta 2019, cuando fue expulsado por pedir la destitución del entonces Ministro de Energía Eléctrica ante los recurrentes racionamientos de la energía y la falta de una respuesta adecuada a la aguda crisis que el sector atravesaba.

Desde entonces, su distanciamiento solo fue aumentando, al punto de que se mostró explícitamente en favor del candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Inclusive, en sus redes sociales se pueden encontrar decenas de posteos en apoyo al ex diplomático y a María Corina Machado, videos de concentraciones opositoras, flyers con las convocatorias a las marchas mundiales y demás mensajes denunciando el fraude de Maduro y la represión de sus aparatos de seguridad.

Rafael Ramírez es uno de los nombres que se leen en su perfil de X, en publicaciones que reclaman por su liberación. Ramírez es alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia, y se encuentra detenido desde el pasado 2 de octubre por supuestos hechos de corrupción.

Según cálculos de la oposición, cerca de 160 políticos fueron detenidos en los meses anteriores y posteriores a las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial -que dio la victoria a Nicolás Maduro- ha sido señalado de fraudulento por la PUD y no es reconocido por numerosos países.

(Con información de EFE)

Caracas, 15 oct (EFE).- Un grupo de bomberos combate este martes un incendio en un tanque de almacenamiento de crudo ubicado en una localidad del estado petrolero de Zulia, en el noroeste de Venezuela, informaron fuentes oficiales.

El incendio se produjo en un tanque con capacidad para almacenar 75.000 barriles de crudo, en un patio petrolero en la ciudad de Cabimas, explicó el comandante general del cuerpo de bomberos de esta localidad, Mufid Houmeidan, en un video compartido en redes sociales.

En el lugar se encuentran bomberos de Cabimas y de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes, según adelantó el funcionario a las 7:20 hora local (11:20 GMT), estaban a la espera de la llegada de una espuma que planean "inyectar" para apagar el incendio.

"No es necesaria la evacuación de la ciudad, no es necesario, esto está acá confinado y solamente estamos a la espera de la espuma para poder inyectar. La ciudad de Cabimas tenga calma que aquí están los bomberos de Cabimas con bomberos de Pdvsa y vamos a apagar este incendio", dijo Houmeidan en el video, sin explicar la causa de este evento.

Según medios locales, el incendio de "gran magnitud" se registra desde las 4:30 hora local (8:30 GMT), luego del impacto de un rayo en uno de los tanques de almacenamiento de la estatal petrolera.

El pasado febrero, un incendio parcial se produjo en una empresa dedicada al tratamiento de desechos petroleros ubicada cerca de Cabimas -como consecuencia de la propagación de incendios forestales alrededor de las instalaciones-, que posteriormente fue controlado, según informó entonces a EFE Houmeidan.

Ese operativo, que se extendió por casi cuatro horas y media, fue llevado a cabo por 16 bomberos y tres unidades contra incendios, según el comandante, y contó con el apoyo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Los bomberos usaron entonces espuma contra incendios para evitar su propagación.

El pasado 7 de octubre, el ministro de Ecosocialismo (Medioambiente), Josué Lorca, indicó que bomberos nacionales combatieron más de 2.300 incendios forestales desde principios de año hasta entonces. EFE

La oposición venezolana denunció este viernes la detención de un nuevo diputado antichavista en el país. En esta oportunidad, se trató de Eduardo Labrador, legislador del estado de Zulia, quien supo estar en las filas del régimen de Nicolás Maduro hasta 2019.

Según trascendió, Labrador fue detenido por la mañana en la frontera entre Zulia y Colombia, cuando se disponía a salir del país para encontrarse con su hija de Cartagena de Indias. Inicialmente, habría sido llevado a un puesto policial en Coromoto aunque su familia teme que haya sido trasladado a Caracas.

Se desconocen las acusaciones en su contra y cualquier otro detalle relativo a su caso.

“Condenamos la inconstitucional e ilegal detención de Eduardo Labrador, diputado del Consejo Legislativo de Zulia y profesor activo de LUZ”, escribió en sus redes sociales el político Henrique Capriles, que advirtió a continuación que sigue “la persecución y el hostigamiento en Zulia, el uso de las instituciones para atropellar a intentar callar las voces democráticas que adversan al PSUV”.

“¡Basta de BARBARIE!”, sentenció al cierre del mensaje.

Voluntad Popular también realizó una publicación en redes sociales en repudio a su arresto y exigió “que sea liberado inmediatamente porque NO ha cometido ningún delito”. Asimismo, la agrupación llamó a “organismos internacionales a que documenten su caso”, como una evidencia más de los crímenes perpetrados por la dictadura.

Labrador fue miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta 2019, cuando fue expulsado por pedir la destitución del entonces Ministro de Energía Eléctrica ante los recurrentes racionamientos de la energía y la falta de una respuesta adecuada a la aguda crisis que el sector atravesaba.

Desde entonces, su distanciamiento solo fue aumentado, al punto de que se mostró explícitamente en favor del candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Inclusive, en sus redes sociales se pueden encontrar decenas de posteos en apoyo al ex diplomático y a María Corina Machado, videos de concentraciones opositoras, flyers con las convocatorias a las marchas mundiales y demás mensajes denunciando el fraude de Maduro y la represión de sus aparatos de seguridad.

Rafael Ramírez es uno de los nombres que se leen en su perfil de X, en publicaciones que reclaman por su liberación. Ramírez es alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia, y se encuentra detenido desde el pasado 2 de octubre por supuestos hechos de corrupción.

Según informó el Ministerio Público, se recibieron “varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Maracaibo por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley contra la Corrupción”, por lo que se avanzó con la detención del Alcalde y “otros colaboradores” y su posterior imputación “por los graves hechos irregulares que se les atribuyen, con base en suficientes elementos de convicción y fehacientes pruebas”.

No obstante, desde la Plataforma Unitaria Democrática alertaron de que se trata de un nuevo caso de represalia por parte del régimen de Caracas contra un político que manifestó abiertamente su respaldo a la oposición en los comicios y que, posteriormente, se sumó a la “legítima petición ciudadana” para que el Consejo Nacional Electoral “publique los resultados mesa por mesa, centro por centro”.

Desde comienzos del año, más de 150 dirigentes opositores han sido arrestados por su cercanía a la oposición o su participación activa en los comicios. Sin embargo, por fuera de los márgenes estrictamente políticos, ya son más de 2.400 los civiles disidentes que fueron detenidos desde el fraude de julio, acusados de ser “terroristas” que buscan alterar la paz en el país.

(Con información de AFP)

Caracas, 10 oct (EFE).- El director de Servicios Públicos de la Alcaldía de Maracaibo -capital del estado venezolano de Zulia (noroeste)-, Adrián Romero, fue juramentado este jueves como alcalde encargado tras la detención del antichavista en el cargo, Rafael Ramírez Colina, informó su esposa, Vanessa Linares.

"Siguiendo el trabajo honesto de nuestro querido alcalde Rafael Ramírez Colina, quien siempre nos guió con decencia, transparencia y apego a la ley, hemos juramentado a nuestro compañero Adrián Romero como alcalde encargado", señaló Linares en su cuenta en la red social X.

Aseguró que Romero encarna la unidad del equipo de directores y la "integridad" de los concejales.

Entretanto, el político Juan Pablo Guanipa, quien milita en Primero Justicia junto a Ramírez Colina, sostuvo, en la misma red social, que la ciudad seguirá con una "gestión que vele por el bienestar del pueblo marabino", pese a la detención del alcalde.

"Por un lado es deplorable que se haya cometido la injusticia de la detención del alcalde legítimo, electo por la ciudadanía, junto a parte de su equipo. Pero por otro lado, nuestra ciudad seguirá con una gestión que vele por el bienestar del pueblo marabino", indicó.

El martes, Linares denunció que trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo viven un "clima de persecución e intimidación".

Ramírez Colina es acusado por la Fiscalía de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señala al opositor de entregar a "partidos políticos de la extrema derecha" recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos".

El sábado, Linares denunció que al alcalde se le ha prohibido la defensa privada, en una audiencia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en la que se le ratificó la "privación de libertad".

El alcalde es uno de los 154 políticos opositores que, según el partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, están presos en el país, la mayoría tras ser aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, que ha sido cuestionada dentro y fuera del país.

En estas elecciones, Ramírez Colina respaldó la candidatura del abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, y se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el ente comicial "publique los resultados" desagregados, tras la denuncia de "fraude" del antichavismo, que afirma que Maduro fue derrotado en las presidenciales. EFE

Caracas, 9 oct (EFE).- El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa agradeció este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por otorgarle medidas cautelares, tras considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.

"Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otorgar medidas cautelares por la persecución de la que tanto yo como mi familia hemos sido objeto, la cual ha arreciado en los últimos meses", indicó el exdiputado en la red social X.

Guanipa, de 59 años, denunció varios intentos de detención en su contra en las manifestaciones en las que participó, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, lo que el antichavismo considera fraudulento.

Según la parte solicitante, Guanipa "ha sido objeto de intimidaciones, hostigamientos y agresiones, por lo menos, desde 2016", y en agosto pasado habría sido perseguido al menos dos veces por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), después de manifestarse a favor de Edmundo González Urrutia, que se encuentra exiliado en España.

En una declaración, la CIDH solicitó al Estado de Venezuela adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Guanipa, exprimer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió específicamente que el Estado venezolano asegure que sus agentes "respeten los derechos y la integridad personal" del opositor de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.

Guanipa hace parte de los miembros de la oposición venezolana, como la líder María Corina Machado, que han tenido que abandonar las manifestaciones en la calle en contra del régimen por temor a sufrir represalias e incluso abandonar su hogar, en su caso, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), según dijo a EFE en una entrevista reciente.

Al menos 154 políticos opositores y activistas sociales están detenidos en Venezuela actualmente, buena parte de ellos colaboradores de González Urrutia y Machado, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la formación Vente Venezuela (VV), liderada por la exdiputada. EFE

Washington, 9 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles medidas cautelares a favor del líder opositor Juan Guanipa Villalobos, tras considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.

El abogado, de  59 años y  precandidato presidencial del partido Primero Justicia, ha denunciado varios intentos de detención en su contra en las manifestaciones en las que participó, tras las  elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, lo que el antichavismo considera fraudulento.

Según la parte solicitante, Guanipa “ha sido objeto de intimidaciones, hostigamientos y agresiones, por lo menos, desde 2016”. Y en agosto pasado habría sido perseguido al menos dos veces por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), después de manifestarse a favor de Edmundo González Urrutia, que se encuentra exiliado en España.

 Además, varios integrantes de la familia del líder también habrían sido hostigados, el pasado 26 de septiembre el hermano de Guanipa supuestamente fue detenido sin que se le informara formalmente los motivos de su detención. También se desconoce el lugar de reclusión en el que se encuentra.

En una declaración, la CIDH solicitó al Estado de Venezuela adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Guanipa,  ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió específicamente que el Estado venezolano asegure que sus agentes “respeten los derechos y la integridad personal” del líder opositor de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.

Guanipa hace parte de los miembros de la oposición venezolana, como la líder María Corina Machado, que han tenido que abandonar las manifestaciones en la calle en contra del régimen por temor a sufrir represalias e incluso abandonar su hogar, en su caso, el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), según dijo a EFE en una entrevista reciente.

Al menos 157 políticos opositores y activistas sociales están detenidos en Venezuela actualmente, buena parte de ellos colaboradores de González Urrutia y Machado, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la formación Vente Venezuela (VV), liderada por la exdiputada. EFE

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Caracas, 8 oct (EFE).- Trabajadores de la Alcaldía venezolana de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), viven un "clima de persecución e intimidación", denunció este martes Vanessa Linares, esposa del alcalde de dicha ciudad, Rafael Ramírez Colina, detenido hace una semana por presunta corrupción.

"Los últimos días, concejales, directores y el personal de carrera de la Alcaldía de Maracaibo han vivido un lamentable clima de persecución e intimidación sin límites", señaló Linares en un video publicado en X.

Sostuvo que es "inaceptable" que "tantas familias vivan en un clima de zozobra y que no se les permita hacer lo que quieren hacer y venían haciendo" con su esposo Ramírez Colina, que -aseguró- es "trabajar por una mejor ciudad para todos".

"Voy a dedicarme a luchar por la verdad, que se traduce en luchar por la liberación de mi esposo Rafael Ramírez Colina, quien ha sido injustamente privado de libertad junto a su equipo, a quienes sus hijos están esperando en casa", añadió.

Linares indicó que esta lucha también será por la "integridad" de los trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo, "quienes viven bajo el acoso de quienes actúan de forma cobarde, utilizando el poder para destruir lo que con tanto esfuerzo y honestidad se ha construido".

Ramírez Colina es acusado por la Fiscalía de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señala al opositor de entregar a "partidos políticos de la extrema derecha" recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos.

El sábado, Linares denunció que al alcalde se le ha prohibido la defensa privada, en una audiencia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en la que se le ratificó la "privación de libertad".

Agregó entonces que "nadie" ha podido ver a Ramírez Colina y no se sabe en "qué condición se encuentra".

El alcalde es uno de los 154 políticos opositores que, según el partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, están presos en el país, la mayoría tras ser aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, que ha sido cuestionada dentro y fuera del país.

En estas elecciones, Ramírez Colina respaldó la candidatura del abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, y se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el ente comicial "publique los resultados" desagregados, tras la denuncia de "fraude" del antichavismo, que afirma que Maduro fue derrotado en las presidenciales. EFE

Caracas, 5 oct (EFE).- El partido político opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) acordó este sábado "reforzar las denuncias" ante instancias internacionales, sin precisar cuáles, ante "la privación de libertad y judicialización sistemática como parte del terrorismo de Estado".

A través de X, dijo que el "terrorismo de Estado" es "aplicado" por el presidente Nicolás Maduro contra "todos los que asumieron hacer respetar los resultados del 28 de julio", cuando se celebraron las elecciones presidenciales.

Tras estos comicios, la mayor coalición opositora denunció como "fraudulento" el resultado oficial de las presidenciales, que dio la reelección a Maduro, mientras que el bloque asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el ganador de esta contienda, lo que desató una crisis que derivó en protestas, en las que fueron detenidas más de 2.400 personas, según el Ejecutivo.

PJ asumió el "compromiso por realizar todos los esfuerzos para lograr la liberación de todos los presos políticos así como el acompañamiento de los familiares de las víctimas que hoy sufren esta lamentable injusticia".

Asimismo, reiteró su rechazo "la persecución y represión" contra "dirigentes y militantes", entre ellos el alcalde de Maracaibo -capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia)-, Rafael Ramírez Colina, y Pedro Guanipa, director de la Alcaldía de esta ciudad, ambos detenidos.

Ramírez Colina y Guanipa son dos de los 154 políticos opositores que, según el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, fueron detenidos en el país, entre los que se encuentran dirigentes nacionales y personas que ocupaban cargos de elección popular cuando fueron arrestados, casi todos aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a las presidenciales. EFE

Caracas, 3 oct (EFE).- El partido político opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) rechazó este jueves las "falsas acusaciones" contra su militante detenido Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo -capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia)-, quien, según la Fiscalía, será acusado de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción.

A través de X, PJ afirmó que "nuevamente se demuestra que el régimen madurista utiliza las instituciones del Estado para la persecución política" contra "los líderes de oposición", para "detenerlos arbitrariamente, hostigar a sus familias y violar derechos humanos fundamentales".

"Nuestro dirigente hoy forma parte de la larga lista de presos políticos en el país que han sido apresados solo por pensar diferente, por negarse a rendirse ante las injusticias y la desidia dirigida por el régimen madurista. Exigimos su libertad plena y la de todos los detenidos injustamente en Venezuela", manifestó el partido.

El miércoles, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó al alcalde de Maracaibo de entregar a "partidos políticos de la extrema derecha" -como el oficialismo suele referirse a la oposición mayoritaria- recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos.

Además de Ramírez Colina, también fueron aprehendidos el director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, David Barroso, y dos miembros del equipo de seguridad del alcalde, según dijeron a EFE fuentes de la Alcaldía.

El alcalde es uno de los 154 políticos opositores que, según el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, están presos en el país, la mayoría tras ser aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a la controvertida reelección del mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, que no ha sido reconocida por numerosos países.

En estas elecciones, Ramírez Colina respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia, y se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el ente comicial "publique los resultados" desagregados, tras la denuncia de "fraude" del antichavismo, que afirma que Maduro fue derrotado en las presidenciales. EFE

Caracas, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó este miércoles a la Alcaldía de Maracaibo -cuyo titular, el opositor Rafael Ramírez Colina, fue detenido el martes- de entregar a "partidos políticos de la extrema derecha" -como el oficialismo suele referirse a la oposición mayoritaria- recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos.

"Todos los impuestos que se recogían en el municipio Maracaibo era para entregarlos a los partidos políticos de la extrema derecha y algunos que no son de la extrema derecha", dijo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.

El funcionario aseguró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y organismos de seguridad del Estado "han tenido que actuar" ante "toda una cadena de corrupción" que -dijo- se detectó en la Alcaldía de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde "fueron capturadas unas personas".

Según dijeron a EFE fuentes de la Alcaldía, también fueron aprehendidos el director general de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, David Barroso, y dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina.

La Fiscalía adelantó este miércoles que Ramírez Colina y "otros colaboradores" serán presentados ante un tribunal para "ser imputados por graves hechos irregulares" relacionados con corrupción.

Asimismo, un fiscal especializado en la materia "se encuentra procesando varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Maracaibo por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley contra la Corrupción".

Sin embargo, la Alcaldía aseguró que la detención de su titular se efectuó "sin justificación y explicación alguna", por lo que exigió su "inmediata" liberación.

Por su parte, el gobernador del Zulia, el opositor Manuel Rosales, expresó que la detención de Ramírez Colina "en nada ayuda a conseguir el sosiego que el país reclama" en medio de la crisis política tras las presidenciales del 28 de julio.

En estas pasadas elecciones, el alcalde respaldó la candidatura del líder opositor Edmundo González Urrutia, y se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el ente comicial "publique los resultados" desagregados.

El mayor bloque opositor -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- rechazó la detención de Ramírez Colina, que calificó de "arbitraria e ilegal". EFE

Caracas, 2 oct (EFE).- El gobernador del estado venezolano Zulia (noroeste), el opositor Manuel Rosales, expresó este miércoles que la detención del alcalde antichavista Rafael Ramírez Colina "en nada ayuda a conseguir el sosiego" en medio de la crisis política que vive el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

"Quienes hemos insistido en buscar soluciones dentro del cauce democrático consideramos que la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, en nada ayuda a conseguir el sosiego que el país reclama", dijo el funcionario en X.

El alcalde de Maracaibo -capital de Zulia, región fronteriza con Colombia- fue detenido el martes y será acusado, según adelantó el Ministerio Público (MP, Fiscalía), de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción.

Sin embargo, Rosales describió a Ramírez Colina como "un luchador social de conocida trayectoria que actualmente trabaja junto a su equipo en la recuperación de la ciudad".

"Esperamos que su situación se esclarezca lo antes posible para que se concrete el reencuentro con su familia, compañeros de trabajo y las comunidades de Maracaibo", agregó el gobernador.

Según dijeron a EFE fuentes de la Alcaldía, también fueron aprehendidos el director general de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, David Barroso, y dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina.

La Alcaldía de Maracaibo denunció este miércoles que la detención de su titular se efectuó "sin justificación y explicación alguna", por lo que exigió su "inmediata" liberación.

Ramírez Colina es uno de los 154 políticos que, según el partido de la líder opositora María Corina Machado (Vente Venezuela), están presos en el país, la mayoría tras ser aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a la controvertida reelección del mandatario Nicolás Maduro, que no ha sido reconocida por numerosos países.

En estas pasadas elecciones, el alcalde respaldó la candidatura del líder opositor Edmundo González Urrutia, y se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el ente comicial "publique los resultados" desagregados. EFE

Caracas, 2 oct (EFE).- El alcalde del municipio venezolano de Maracaibo (noroeste), el opositor Rafael Ramírez Colina, detenido el martes, será acusado de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción, adelantó este miércoles el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Según un comunicado, en "las próximas horas" Ramírez Colina y "otros colaboradores" serán presentados ante un tribunal para "ser imputados por los graves hechos irregulares que se les atribuyen", con base en "suficientes elementos de convicción y fehacientes pruebas" recabadas en "pesquisas adelantadas en coordinación con la Policía Nacional contra la Corrupción".

El MP señaló que un fiscal especializado en la materia "se encuentra procesando varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Maracaibo por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley contra la Corrupción".

Según dijeron a EFE fuentes de la Alcaldía, también fueron aprehendidos el director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, David Barroso, y dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina.

La Alcaldía de Maracaibo -capital del estado Zulia (fronterizo con Colombia)- denunció este miércoles que la detención de su titular se efectuó "sin justificación y explicación alguna", por lo que exigió su "inmediata" liberación.

El ayuntamiento hizo un llamado al "respeto por las instituciones" y "los espacios físicos de los poderes públicos municipales", así como al "resguardo de cada uno de los más de 8.000 servidores públicos" de la ciudad.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) -del que forma parte el alcalde- exigió su liberación "inmediata" y la de "los demás funcionarios detenidos, así como el cese de la persecución política".

Además, la formación señaló que el alcalde fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), al tiempo que dijo desconocer detalles sobre su condición y los motivos por los cuales fue arrestado.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que el Gobierno desató una "ola de terror" en el país con la detención del alcalde de Maracaibo y tres miembros de su equipo, así como de un coordinador regional del partido de la antichavista, todos capturados el martes.

Ramírez Colina es uno de los 154 políticos que, según el partido de Machado (Vente Venezuela), están presos en el país, la mayoría tras ser aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a la controvertida reelección del mandatario Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, que no ha sido reconocida por numerosos países.

En estas pasadas elecciones, el alcalde respaldó la candidatura del líder opositor Edmundo González Urrutia, y se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el ente comicial "publique los resultados" desagregados. EFE

Caracas, 2 oct (EFE).- La Alcaldía de Maracaibo, capital del estado venezolano del Zulia (noroeste), denunció este miércoles que la detención de su titular, el opositor Rafael Ramírez Colina, se efectuó "sin justificación y explicación alguna", por lo que exigió su "inmediata" liberación.

El ayuntamiento, que confirmó también la detención, este martes, de "otros funcionarios", hizo un llamado al "respeto por las instituciones" y "los espacios físicos de los poderes públicos municipales", así como al "resguardo de cada uno de los más de 8.000 servidores públicos" de la ciudad.

En un comunicado, aclaró que continúa con "el trabajo diario para llevar soluciones a cada una de las 18 parroquias, cumpliendo con la planificación establecida y la prestación de los servicios públicos municipales".

Asimismo, aseguró que Ramírez Colina, en el cargo desde 2021, ha hecho un "titánico esfuerzo de recuperación" de la capital de esta región fronteriza con Colombia, con "transparencia y rendición de cuentas".

Según dijeron a EFE fuentes de la Alcaldía, también fueron aprehendidos el director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, David Barroso, y dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina.

Este miércoles, el partido opositor Primero Justicia (PJ) -del que forma parte el alcalde- exigió su liberación "inmediata" y la de "los demás funcionarios detenidos, así como el cese de la persecución política".

Además, la formación señaló que el alcalde fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), al tiempo que dijo desconocer detalles sobre su condición y los motivos por los cuales fue arrestado.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que el Gobierno desató una "ola de terror" en el país con la detención del alcalde de Maracaibo y tres miembros de su equipo, así como de un coordinador regional del partido de la antichavista, todos capturados el martes.

Ramírez Colina es uno de los 154 políticos que, según el partido de Machado (Vente Venezuela), están presos en el país, la mayoría tras ser aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a la controvertida reelección del mandatario Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, que no ha sido reconocida por numerosos países.

En estas pasadas elecciones, el alcalde respaldó la candidatura del líder opositor Edmundo González Urrutia, y se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el ente comicial "publique los resultados" desagregados. EFE

Caracas, 2 oct (EFE).- El mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó este miércoles la detención de Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo -capital del estado Zulia (oeste)-, quien fue detenido el martes junto a otros tres funcionarios locales, entre ellos el director general de seguridad ciudadana de la ciudad, David Barroso.

"Desde la Plataforma Unitaria rechazamos la detención del alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez junto a parte de su equipo. Su detención es arbitraria e ilegal", afirmó la PUD a través de X.

Asimismo, manifestó que Ramírez es "un alcalde democrático que está al servicio del pueblo de Maracaibo" y "no hay motivo alguno para que esté privado de su libertad", por lo que exigió "su liberación inmediata".

El alcalde, militante del partido opositor Primero Justicia (PJ), respaldó al abanderado de la principal coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, en las presidenciales del 28 de julio, en las que el resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro entre acusaciones de fraude.

Asimismo, Ramírez se sumó a la "legítima petición ciudadana" de que el Consejo Nacional Electoral "publique los resultados, mesa por mesa, centro por centro", de las pasadas elecciones, a fin de "otorgar la confianza que el proceso electoral necesita", según manifestó en su cuenta de Instagram.

"La defensa de forma pacífica y ciudadana de los resultados del 28 de julio con absoluta transparencia es la defensa de la Constitución y de la soberanía nacional, nada ni nadie puede oponerse a este principio", reza una publicación en esa red social tras los comicios. EFE

Caracas, 2 oct (EFE).- El partido político opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) exigió este miércoles la liberación "inmediata" de Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo -capital del estado Zulia (oeste)-, quien fue detenido el martes junto a otros tres funcionarios locales, entre ellos el director general de seguridad ciudadana de esta ciudad, David Barroso.

"En respeto a la voluntad del pueblo de Maracaibo que lo eligió y el reconocido trabajo que está haciendo por la ciudad, exigimos la inmediata liberación de Rafael Ramírez Colina, los demás funcionarios detenidos, así como el cese de la persecución política", indicó la formación, de la cual forma parte el alcalde, en un comunicado publicado en X.

PJ explicó que Ramírez fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), al tiempo que dijo desconocer detalles sobre su condición, así como los motivos por los cuales fue arrestado.

"Rafael Ramírez Colina ha sido un destacado alcalde, que tras ser elegido el 21 de noviembre de 2021, solo se ha dedicado a construir soluciones, sembrar esperanza y garantizar que cada una de las 18 parroquias (sectores) que conforman Maracaibo reciban la asistencia necesaria en función de valores y principios que nos definen como justicieros", añadió.

Ramírez Colina, Barroso y dos miembros del equipo de seguridad del alcalde fueron detenidos el martes, según informaron fuentes de la Alcaldía a EFE.

Estas detenciones se producen en medio de una crisis política desatada tras las presidenciales del 28 de julio, en las que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con base en unos resultados que aún se desconocen de forma desagregada, pese a que su publicación estaba contemplada en el cronograma oficial.

El alcalde respaldó al abanderado de la principal coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, en estos comicios.

Asimismo, Ramírez Colina se sumó también a la "legítima petición ciudadana" de que el CNE "publique los resultados, mesa por mesa, centro por centro", de las pasadas elecciones, a fin de "otorgar la confianza que el proceso electoral necesita", según manifestó en su cuenta de Instagram.

"La defensa de forma pacífica y ciudadana de los resultados del 28 de julio con absoluta transparencia es la defensa de la Constitución y de la soberanía nacional, nada ni nadie puede oponerse a este principio. Solo la verdad traerá la paz y para encontrarla no tenemos que tropezar con la violencia, en cualquiera de sus expresiones", reza una publicación hecha en esa red social tras los comicios. EFE