La última actualización de Windows 11 ha generado nuevas preocupaciones entre los usuarios tras la aparición de errores críticos en componentes esenciales del sistema.

La versión KB5074105, prometía corregir fallos previos, pero terminó provocando una serie de inconvenientes que afectan la experiencia diaria en temas básicos como la cámara web, la pantalla de bloqueo y el rendimiento del sistema operativo.

Fallos detectados tras la actualización de Windows 11

Poco después de la publicación del parche, comenzaron a reportarse problemas en la comunidad de usuarios y foros de soporte. Uno de los inconvenientes más graves estuvo relacionado con la cámara web integrada en varios modelos de portátiles.

Usuarios de diferentes marcas, como Acer, informaron que al instalar la actualización, la cámara comenzó a mostrar un comportamiento errático: al abrir la aplicación correspondiente, la imagen parpadeaba constantemente, y en la mayoría de las páginas web o aplicaciones de videoconferencia, el sistema reportaba un “fallo de hardware” sin mostrar video ni capturar imágenes.

Estos problemas no se limitaron únicamente a la cámara. Otros usuarios advirtieron que la pantalla de bloqueo experimentó errores notables tras el parche. El reloj de la pantalla, que debería permanecer visible, se cerraba automáticamente a los dos segundos de aparecer, impidiendo su uso normal.

Además, se registraron demoras en la barra de tareas, que tardaba en cargar y mostrarse correctamente después de reiniciar el equipo.

Por qué se producen estos problemas

La actualización KB5074105 pertenece a las llamadas “actualizaciones opcionales de vista previa” que Microsoft publica habitualmente en la tercera o cuarta semana de cada mes. Estas versiones se distribuyen para que los administradores puedan probar las novedades y correcciones antes de que se lancen de manera obligatoria en el conocido “martes de parches”. Debido a su carácter experimental, pueden incluir errores no detectados en fases previas.

Muchos usuarios desconocen que su equipo puede instalar automáticamente estas actualizaciones si la opción “Recibe las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles” está activada en Windows Update. Esto implica que incluso quienes no buscan manualmente los parches pueden verse sorprendidos por fallos inesperados en el sistema.

La situación se agrava porque, aunque la actualización KB5074105 corrige problemas previos del explorador de archivos, el control de cuentas y el bug de activación de Windows, introduce a su vez fallos en otros componentes esenciales, como la cámara y la pantalla de bloqueo.

De esta forma, la comunidad se encuentra ante un dilema: instalar el parche y arriesgarse a nuevos errores, o posponerlo y convivir con los problemas anteriores.

Soluciones y medidas recomendadas para usarios de Windows 11

Frente a la cantidad de reportes, la solución más eficaz para quienes ya experimentaron los fallos consiste en desinstalar la actualización problemática.

El proceso se realiza accediendo al historial de actualizaciones de Windows Update, seleccionando el parche KB5074105 y eligiendo la opción de desinstalación. Tras reiniciar el equipo, la mayoría de los problemas, especialmente los relacionados con la cámara, desaparecen.

Para evitar que el sistema vuelva a instalar automáticamente parches de este tipo, se recomienda desactivar la opción “Recibe las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles” en el menú de configuración de Windows Update. Esta medida limitará la instalación a versiones finales y estables, reduciendo el riesgo de encontrar errores imprevistos.

Otra alternativa es utilizar la función “Pausar actualizaciones”, que permite posponer la búsqueda e instalación de nuevos parches durante el período que el usuario defina, habitualmente hasta 14 días. De esta forma, se puede esperar a que Microsoft publique una corrección definitiva o a que se confirme la estabilidad del parche antes de aplicarlo.

La recomendación general para los usuarios es actuar con cautela respecto a las actualizaciones opcionales, informarse sobre los posibles riesgos y mantener un control estricto sobre las opciones de Windows Update.

El femicidio de Catalina Leyva en noviembre de 2024 permitió a las autoridades identificar el rastro de uno de los presuntos depredadores sexuales más peligrosos del sur de Bogotá durante los últimos años.

Y aunque son solo 9 las mujeres las que denunciaron y por las cuales el ciudadano venezolano Cardín Daniel Montilla enfrenta procesos judiciales, según reveló Semana, investigadores lograron reconstruir el modus operandi de los abusos sexuales en serie.

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Montilla tiene 27 años y a él se le atribuye el abuso de al menos 19 mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar, aunque los reportes manejados por las autoridades sostienen que el número real de víctimas podría alcanzar las 50.

La investigación, difundida por el medio nacional, detalló que Montilla llegó a Colombia cuatro años atrás, luego de haber pertenecido a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

Al llegar a Colombia, se radicó en el sur de la capital bajo distintas identidades falsas, se cree que pudo tener hasta 20 distintas, como informó el medio citado. Las autoridades determinaron que el principal patrón de las agresiones consistía en la suplantación de roles dentro de la industria de modelos webcam.

El sospechoso atraía a mujeres, incluso menores de edad, a través de redes sociales y anuncios laborales en grupos de Facebook como “Solo gente Usme” y “Negocios Soacha”.

Las víctimas contactadas por Montilla recibían promesas de trabajo como modelos y ofrecimientos salariales de hasta cuatro millones de pesos semanales.

Una vez respondían, el acusado se comunicaba bajo múltiples identidades, simulando ser fotógrafo, mánager o supuesto participante exitoso de la red ficticia. El hombre manipulaba a las mujeres para que enviaran material gráfico íntimo, así como videos solicitados para supuestos castings, como indicó el reporte de Semana.

Posteriormente, el encuentro presencial se concertaba en la estación del barrio Perdomo, donde el acusado operaba con pleno dominio del sector.

Las víctimas eran guiadas paso a paso mediante llamadas y mensajes, mientras Montilla seguía su avance desde puntos estratégicos en los barrios de los cerros de la localidad.

El caso fue reconstruido a partir de mensajes enviados a las víctimas cuando las hacía llegar al sitio en el que las iba a perjudicar: “Traigan una sábana, pañitos húmedos, no se depilen y lleguen puntual a la estación del Perdomo”, señalaba uno de los textos en los chats analizados.

Incluso, exigía que enviaran videos y fotos con requisitos específicos antes de citarlas en la zona de los hechos.

Una vez sus víctimas llegaban al sitio convenido, el agresor procedía a inmovilizarlas, amenazarlas y violentarlas, según testimonios recogidos por la revista. El patrón incluyó extorsión mediante el uso de los videos obtenidos y en al menos un caso, el asesinato de Catalina Leyva, cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades en una zona boscosa.

En los registros hallados tras la captura de Montilla, las autoridades encontraron decenas de videos de mujeres sometidas bajo coacción, que constituirían evidencia relevante en el proceso.

Solo nueve víctimas iniciaron proceso judicial, aunque un registro policial citado por el medio, identificó a 19 mujeres abusadas por el presunto depredador. Los investigadores de la Policía Nacional señalaron que el número podría ser mucho mayor.

La detención de Cardín Daniel Montilla ocurrió cuando acechaba a una potencial víctima y se preparaba para conducirla a una zona boscosa.

Además,el medio documentó que la esposa del investigado, también venezolana, fue arrestada bajo cargos de hurto y es objeto de investigaciones por posible complicidad en los delitos sexuales y homicidios. El expediente abierto incluye la existencia de un tercer cómplice que habría participado en algunos de los hechos.

La investigación continúa, mapeando coincidencias en las rutas y los horarios de los ataques ocurridos en Ciudad Bolívar. Las autoridades instan a más víctimas a acercarse y a contribuir para ampliar el caso. El presunto abusador permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Nintendo ha puesto fin a la limitación de usar únicamente su cámara oficial (de 54 dólares) para videochat y GameChat en la nueva Switch 2. La consola permite conectar cámaras USB, ya sean oficiales, de PC compatibles, o incluso el móvil, ampliando las opciones de comunicación visual sin necesidad de hardware adicional de Nintendo.

Aunque la compañía indica que es posible conectar “cualquier cámara USB‑C compatible”, en la práctica no todas funcionan. Los modelos recientes como Logitech Brio 4K, Insta360 Link o Elgato Facecam MK 2 no son compatibles, mientras que algunas cámaras más antiguas (como las Logitech C920) sí funcionan sin problemas.

La comunidad gaming está compilando listas de compatibilidad en Reddit para orientar a los usuarios.

Qué cámaras funcionan y por qué el “cualquier USB‑C” puede engañar

- La cámara oficial Nintendo, conectada vía USB‑C, ofrece resolución 1080p, lente gran angular y funciones como privacidad de obturador y ajustes de imagen en GameChat

- Webcams USB‑A clásicos, como la Logitech C920, funcionan al conectarlas (incluso con adaptadores), sin necesidad de drivers.

– Webcams USB‑C modernas, muchos reportan incompatibilidad, aunque la causa parece estar en el firmware o el protocolo de la consola, no en el tipo de conector.

Nintendo habilita una función de prueba para verificar compatibilidad: Ajustes del sistema → Controladores y accesorios → Probar cámara USB. Esta forma rápida y confiable permite comprobar qué cámaras funcionan sin depender de conjeturas.

Usa tu móvil como webcam: así es posible

Un reciente anuncio de Engadget confirma que es posible usar un iPhone como cámara en la Switch 2. Solo se necesitan cables económicos, una app gratuita y un soporte para mantener el teléfono en posición adecuada.

Este método podría replicarse con Android, usando aplicaciones de webcam por USB‑C. Incluso en YouTube se han compartido tutoriales que explican cómo hacerlo.

Pros y contras de usar una cámara externa

Ventajas

• Ahorro económico: muchas cámaras ya en casa pueden ser reutilizadas.
• Más calidad o flexibilidad: webcams premium o móviles de alta gama suelen ofrecer mejor imagen que la cámara oficial.
• Suma de funcionalidades: chat visual en GameChat y posibles usos futuros (por ejemplo, apps de fitness o multitarea) .

Desventajas

• Compatibilidad incierta: no todas las cámaras funcionan incluso si entran por USB‑C.
• Poca información oficial: Nintendo no ha publicado una lista pública de cámaras compatibles.
• Dependencia de adaptadores y apps externas: para usar móviles o webcams USB‑A requiere cables extra o soportes.

¿Qué juegos y modos soportan estas cámaras?

El principal uso en esta etapa es para el GameChat, donde hasta 12 jugadores pueden comunicarse por voz y video. Solo uno puede compartir imagen, lo que facilita charlas cara a cara mientras se juega.

Hasta ahora, solo Super Mario Party Jamboree integra funciones de videojuego completas con la cámara, permitiendo interacción física con mini‑juegos. Quizá en el futuro se sumen más títulos y funcionalidades creativas con detección de movimiento o streaming.

Nintendo Switch 2 y cámaras

La Nintendo Switch 2 ofrece más libertad que su antecesora al permitir conectar cámaras externas por USB, incluyendo la opción económica de usar tu propio móvil como webcam. Si bien la compatibilidad no está garantizada para todos los modelos, la función de prueba de cámara hace que valga la pena explorar. Puedes ahorrar dinero, mejorar la calidad de imagen y ampliar las posibilidades de uso.

Para jugar con amigos a distancia, hacer videollamadas o anticiparte a posibles usos futuros con IA o fitness, esta capacidad la convierte en una herramienta útil. Sólo recuerda: antes de comprar accesorios adicionales, prueba primero lo que ya tienes en casa.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre una vivienda ubicada en el norte de Bogotá, señalada de haber sido utilizada para la explotación sexual de menores de edad mediante servicios de webcam.

El inmueble, situado en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba y avaluado en mil millones de pesos, no podrá ser vendido, transferido ni utilizado en actividades comerciales mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con la información oficial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía adoptó la decisión tras recopilar pruebas que indican que la vivienda, aunque tenía la apariencia de un hogar familiar, fue adaptada con cámaras, luces, conexiones de internet y escenarios destinados a la grabación de videos de niñas y adolescentes desnudas.

Los registros audiovisuales obtenidos en el lugar eran posteriormente difundidos y compartidos a través de diversas plataformas virtuales de contenido explícito.

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Durante la investigación, las autoridades identificaron el caso de una menor de 13 años que habría sido sometida en vivo a diferentes vejámenes sexuales dentro del inmueble.

Por estos hechos, el arrendatario de la vivienda fue condenado por el delito de estímulo a la prostitución de menores de edad.

La Fiscalía informó que la medida de suspensión del poder dispositivo sobre el bien busca impedir cualquier transacción o actividad comercial relacionada con la propiedad mientras se desarrolla el proceso judicial.

La entidad reiteró que la información se divulga por razones de interés general y en el marco de la lucha contra la explotación sexual de menores y la utilización de inmuebles para la comisión de delitos.

Cayó red de trata de personas en Bogotá

Las autoridades lograron identificar a los responsables de una red de trata de personas en Bogotá tras la denuncia de una de las víctimas y los controles realizados por la Secretaría Distrital de Seguridad y Migración Colombia.

El caso, que involucró la explotación sexual de adolescentes extranjeras en situación de vulnerabilidad, culminó con la captura de tres personas en un operativo conjunto.

La organización criminal operaba desde un bar en el sector de Lourdes, en la localidad de Chapinero, donde menores de entre 15 y 16 años eran captadas, trasladadas y retenidas bajo falsas promesas. La red generaba cerca de 120 millones de pesos mensuales mediante la explotación sexual de adolescentes, principalmente extranjeras.

El operativo, liderado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, se llevó a cabo tras un año de investigaciones que incluyeron la recopilación de testimonios, seguimientos y análisis de pruebas.

Las autoridades ejecutaron el allanamiento tanto en el bar como en un domicilio vinculado a la estructura criminal. Los informes de las autoridades confirmaron que los tres capturados, identificados como alias Mauricio, alias Sergio y alias Ruby, desempeñaban roles clave dentro de la organización.

Alias Mauricio, señalado como líder, se encargaba de trasladar y retener a las menores en el bar, donde eran sometidas a abusos sexuales antes de ser ofrecidas a los clientes. Por su parte, alias Sergio, administrador del establecimiento, gestionaba la falsificación de documentos de identidad para ocultar la verdadera edad de las víctimas y evadir los controles legales.

Alias Ruby tenía la función de atraer a las adolescentes con promesas engañosas y luego entregarlas al líder de la red. Los capturados enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual, secuestro agravado y acceso carnal violento.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario para los implicados, cuyas edades oscilan entre los 41 y 50 años. Además, dos de los capturados ya contaban con antecedentes penales por delitos como inducción a la prostitución, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, porte y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La influencer de OnlyFans, Lily Phillips, podría enfrentar una prohibición permanente en Airbnb después de organizar un evento que violó las normas de la plataforma.

La joven de 23 años de edad, conocida por su contenido en la plataforma de adultos, organizó un encuentro con 100 hombres en 14 horas dentro de un apartamento alquilado en Londres, generando polémica por el uso indebido de la propiedad.

Qué hizo la modelo de Onlyfans en Londres

El apartamento, una residencia de época victoriana valorada en 1.9 millones de dólares, está ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Londres.

Phillips utilizó la propiedad como escenario para un evento que posteriormente fue transmitido en sus redes.

Durante el encuentro, ln influencer violó varias de las políticas de Airbnb, incluidas las que prohíben la creación de contenido sexual, reuniones perturbadoras y exceder el número máximo de ocupantes.

Aunque el anfitrión calificó inicialmente a Phillips como una “huésped encantadora” que respetó las reglas de la casa, la información sobre el evento salió a la luz después de su partida.

Los vecinos tampoco reportaron actividades sospechosas en ese momento, ya que asumieron que los numerosos visitantes eran trabajadores. Sin embargo, tras conocerse los detalles, el propietario expresó su descontento, mencionando que no había indicios de lo sucedido durante la inspección posterior.

Políticas estrictas de Airbnb para usuarios

Airbnb establece políticas claras para el uso de sus propiedades. Entre las principales restricciones se incluyen:

• Prohibición de trabajo sexual o creación de contenido pornográfico.
• Limitación en el número de invitados permitidos.
• Prohibición de actividades que perturben la tranquilidad de los vecinos.

La empresa tiene la facultad de suspender o vetar permanentemente a los usuarios que infrinjan estas políticas, y el caso de Phillips podría resultar en su exclusión definitiva.

Reacciones al caso de la modelo de Onlyfans en Londres

El incidente en Londres ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos defienden la libertad de Phillips para utilizar las plataformas según sus necesidades profesionales, otros critican su falta de respeto por las normas establecidas.

Este caso subraya la tensión entre el auge de la economía digital y las reglas tradicionales de plataformas como Airbnb.

Por su parte, Airbnb no ha emitido un comunicado oficial sobre este caso específico. Sin embargo, la empresa ha reiterado en otras ocasiones la importancia de respetar los acuerdos entre anfitriones y huéspedes para mantener la confianza en la comunidad.

Si Airbnb decide prohibir a Phillips, las consecuencias podrían ir más allá de esta plataforma. La reputación digital de los usuarios afectados puede influir en su acceso a otros servicios similares, restringiendo sus opciones de alojamiento y colaboraciones futuras.

Contexto más amplio

Este no es el único caso que ha puesto de manifiesto el uso indebido de propiedades alquiladas. En años recientes, Airbnb ha enfrentado varios incidentes relacionados con fiestas masivas y actividades no autorizadas, lo que ha llevado a la plataforma a implementar medidas más estrictas. Estas incluyen verificación de antecedentes, límites en el número de ocupantes y restricciones para realizar eventos.

El caso de Phillips también refleja cómo la creación de contenido digital puede entrar en conflicto con las normas de espacios compartidos, destacando la necesidad de actualizar las políticas para abordar estas situaciones.

El incidente de Lily Phillips subraya los desafíos que enfrentan las plataformas de economía compartida al equilibrar las expectativas de sus usuarios con la necesidad de proteger los derechos de anfitriones y comunidades locales. A medida que la economía digital evoluciona, casos como este podrían sentar precedentes importantes sobre los límites del uso comercial de propiedades alquiladas.

Mientras Airbnb evalúa posibles sanciones, el debate sobre la regulación de actividades no convencionales en espacios privados sigue abierto.

El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, procesó con prisión preventiva a tres hombres por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de 10 millones de pesos para dos de los imputados en grado de coautores -uno de ellos, abogado-, y de 3 millones de pesos para el tercero, considerado partícipe necesario. Están acusados de haber engañado con falsas ofertas laborales al menos a 21 mujeres en situación de vulnerabilidad, para luego explotarlas sexualmente en estudios webcam a través de una empresa denominada “Belle Argentina”.

Según informó la página de noticias de la Procuración, la resolución fue dictada en línea con el pedido realizado por el fiscal general Francisco Maldonado, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano.

En el marco de la investigación, los dos principales imputados fueron identificados como dueños de la empresa y de diferentes domicilios ubicados en la capital de la provincia de San Juan donde habrían entrevistado, acogido y explotado sexualmente a las víctimas. El tercer imputado está acusado de oficiar de “monitor” de las víctimas durante los streamings eróticos. En su resolución, el juez indicó que el capital producido por las víctimas supera los 141 millones de pesos netos de ganancias generado en un plazo de dos años, aproximadamente, lo que equivale a un promedio de 6 millones de pesos de ingresos mensuales.

Infobae había revelado el año pasado una operatoria similar: una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al mando del juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González, que llevó tres años y derivó en la acusación contra 17 personas tras una serie de allanamientos en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y Rosario. Allí la mayoría de las víctimas era en su mayoría mujeres de nacionalidad argentina, colombiana y venezolana, que eran explotarlas sexualmente a través de la producción de fotografías y transmisiones en vivo -vía streaming-.

Aquí todo se centró en San Juan. La pesquisa se había iniciado el 29 de marzo del 2022, luego de una denuncia anónima formulada en la División de la Unidad Operativa Federal San Juan de la Policía Federal sobre la existencia de una página publicitaria en la red social Facebook de la empresa “Belle Argentina – Estudio de Modelaje WebCam”, que se promocionaba como una franquicia única en la provincia. La publicidad ofrecía trabajo en la industria del modelaje mediante cámaras web “de forma segura, legal y profesional” para mujeres de 18 a 45 años.

La persona denunciante detalló además que se había enterado de su existencia por una mujer de su entorno que se dedicaba al “sexo virtual”, con el uso de juguetes controlados a la distancia por los clientes de distintos países, y por el cual le pagaban en dólares. Señaló que “la puerta de ingreso al lugar se encontraba con candado el cual es abierto por uno de los dueños” y que solo podía ingresar o salir de allí personal que estuviera autorizado por aquellos. Detalló que el horario de trabajo era de 16.00 a 22.00, de lunes a sábados, y que “el sexo virtual es ofrecido en distintas plataformas virtuales, las cuales se encuentran bloqueadas para acceso en Argentina y sólo se puede si se utiliza un VPN” (una red privada virtual).

Debido a la complejidad y la sofisticación de los medios empleados para la explotación de las mujeres en el caso, la fiscalía requirió autorización judicial para el uso de la técnica del agente revelador prevista en el artículo 5° de la ley 27.319, que consiste en que un miembro de fuerzas de seguridad simule un interés y/o ejecute o participe de una actividad del grupo criminal investigado “con la finalidad de identificar personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos”.

Tras esa medida, se ordenaron que una serie de allanamientos que finalmente se llevaron a cabo el 3 de julio pasado en cinco domicilios particulares, donde se secuestraron monitores, webcams, celulares, preservativos, cocaína, pendrives, entre otros documentos de interés para la causa.

Según se pudo determinar, la captación se llevó a cabo a través de ofertas laborales engañosas publicadas en redes sociales, en las cuales se mencionaba la búsqueda de “talentos” para todas aquellas mujeres que quisieran dar “un giro en su vida”. Las mujeres que aplicaban para esa oferta eran entrevistadas por los principales imputados y en ese momento tomaban conocimiento que el ofrecimiento estaba vinculado a realizar streamings eróticos para usuarios de diferentes países del mundo a cambio de quedarse con el 50% del dinero producido -en dólares- en esas transmisiones.

Luego, las víctimas recibían un “kit de iniciación” que constaba de diferentes tipos de objetos sexuales, como vibradores, lubricantes y dildos de diferentes tamaños para su utilización durante los actos sexuales. Se instalaban en los estudios de grabación de la empresa “Belle Argentina”, ubicados en la calle Güemes 4 Sur y en dos departamentos en los que algunas de las víctimas residían de manera permanente, por no tener otras posibilidades a partir de sus vulnerabilidades socio económicas. Allí debían “pagar” su estadía mediante actos sexuales y no con dinero. El pago se realizaba por semana o quincena, dependiendo de la elección de la víctima; los dos principales imputados usaban una serie de excusas para incumplir con la promesa de pago del 50% y les entregaban el 20%. Los denominados “clientes” abonaban a través de “tokens” y/o criptoactivos mediante diferentes billeteras virtuales.

Según se informó, las plataformas para la interacción tenían como común denominador la exigencia de un tiempo mínimo de ocho minutos, por los que se abonaban unos 200 tokens, lo cual equivalía a la misma cantidad en dólares. La explotación sexual tuvo lugar a través del empleo de un sistema de amenazas, manipulaciones y descuentos, pues los imputados exigían un “estándar” de ganancias a cambio de continuar en la tarea e imponían descuentos por los “kit de iniciación” y también por supuestos consumos y gastos realizados en el comercio de uno de los imputados. También se hallaron registros de descuentos por horas incumplidas, multas y faltas contabilizadas, por encontrarse con su período, o por licencia médica, cansancio y llegadas tarde.

Al dictar los procesamientos, el juez consideró que las mujeres “eran cosificadas y ultrajadas” en forma constante. Especificó que las acciones podían resultar más agresivas cuando un cliente pagaba por una “sala privada”, que abonaba en dólares y por minuto. Se hizo hincapié en que los términos “sexo virtual” o “streaming erótico” son eufemismos para la “oferta de servicios sexuales ajenos, cuyo único propósito era la obtención de ganancias económicas producto del material producido por las víctimas”.

En tal sentido, el magistrado puso de relieve que la conducta de los imputados “se agrava”, ya que consideró en principio acreditado que “la captación se producía mediante engaño consistente en una promesa laboral falsa” a cambio del “ofrecimiento de grandes rendimientos económicos en dólares, propuesta inicial que no habría sido cumplida por los encausados”. De acuerdo al relato de una de las víctimas, los jefes cobraban en dólares y ellas en pesos pero la conversión siempre en detrimento de las mujeres, quien compartían un contexto socioeconómico complejo”.

Las victimas presentaban “una situación de vulnerabilidad psicosocial, emocional y económica marcada por las escasas o nulas redes de contención, falta de oportunidades laborales y de recursos económicos que les facilitara un ingreso estable y les permitiera progresar en la vida de una forma integral”. “Esta vulnerabilidad de base que presentaban las víctimas habría sido la llave que permitió que soportaran -durante un tiempo determinado- el maltrato y las condiciones de trabajo que resultaron ser muy diferentes a las prometidas”, dijo el juez.