El crucero MV Hondius, retenido frente a las costas de Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus que ha causado tres muertes, se prepara para atracar en Canarias. El Gobierno español ha anunciado que la embarcación llegará a las islas dentro de tres días y que el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, brindará la atención médica a los pasajeros. A pesar de este anuncio, fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial sobre la llegada ni instrucciones para la recepción de los afectados.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha declarado en el programa Mañaneros de TVE que ni el Ministerio de Sanidad ni la presidencia del Gobierno han informado sobre los motivos del atraque ni sobre cambios en el protocolo sanitario habitual.

El MV Hondius, que cubría una ruta entre Argentina y Canarias, permanece aislado tras confirmarse varios contagios por hantavirus, con al menos ocho casos sospechosos y tres positivos en pruebas realizadas en Suiza y Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en la variante “Andes” del virus, poco habitual fuera de Sudamérica y única capaz de transmitirse entre personas a través de contacto directo y estrecho, según la propia OMS y el Centro de Enfermedades Virales Emergentes.

El Ejecutivo central ha explicado que la decisión de acoger el crucero se toma “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, en coordinación con la OMS. A bordo viajan 149 personas de 23 nacionalidades, incluidas 14 de nacionalidad española. La OMS ha elevado a 8 los casos y señalado que el virus es de la cepa Andes, la única cepa de este virus transmisible entre humanos.

Vox equipara la llegada del crucero con hantavirus a la entrada de migrantes

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha equiparado este miércoles la llegada a Canarias del MV Hondius con la entrada de inmigrantes a España: “Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días y sin ningún control barcos así a España”, ha publicado en la red social X. Vázquez sostiene que la noticia del crucero sirve para desviar la atención de los problemas de seguridad y acusa al Gobierno de permitir la escala “sin ningún control”, argumentando que “el gobierno ha vuelto a colocar una noticia en portada para tapar los apuñalamientos y violaciones diarias”.

La compañía Oceanwide Expeditions, responsable del crucero, ha asegurado este miércoles que mantiene un contacto constante con las autoridades para definir los protocolos de cuarentena, los controles sanitarios a los pasajeros y la fecha definitiva de llegada en caso de que el buque se autorice a atracar en Canarias.

Desde el Cabildo de Tenerife, sin embargo, se ha expresado un “rechazo absoluto” a la recepción del crucero en su territorio: “Tenerife no puede convertirse una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar”, ha detallado Rosa Dávila, subrayando que “resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial” de la isla.

La bronca política comienza a asomar ante la falta de entendimiento entre el gobierno canario y el Ejecutivo central respecto al desembarco del crucero afectado por hantavirus.

Esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, arremetía contra el Ministerio de Sanidad por la falta de información sobre el cambio en el criterio en el protocolo habitual y la situación que se vive actualmente en el barco. Aseguró que no se le había trasladado lo acordado entre el Gobierno y la OMS y advirtió que el sistema sanitario “solo disponía de una cama” de alto aislamiento para atender a los enfermos más graves.

La “confusión” ha sido aprovechada por el Partido Popular para señalar la “falta de transparencia” del Gobierno y entrar al choque con la ministra de Sanidad, Mónica García. No confiamos en la gestión de la crisis de la ministra de Sanidad. Ha demostrado una gran incapacidad de gestión en anteriores crisis menores, ha trasladado el vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular,Elías Bendodo, en unas declaraciones a los medios.

Exigen transparencia y piden al Gobierno enviar efectivos

Los populares han exigido “transparencia” al Gobierno para “trasladar tranquilidad” frente a la crisis del hantavirus y han pedido al Ejecutivo no tomar decisiones “sin conocer” la realidad a bordo del barco. “Estamos solicitando el envío de efectivos necesarios para conocer exactamente la situación que se está viviendo, cuál es la cepa que está afectando al crucero y cuál es el número real de contagios [..] No se puede fallar”, ha añadido Bendodo.

El MV Hondius, el barco que cubría una ruta entre Argentina y Canarias, permanece aislado y preparando la cuarentena tras confirmarse varios contagios. La versión oficial es que hay al menos ocho casos sospechosos y tres positivos confirmados en pruebas realizadas en Suiza y Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en la variante “Andes” del virus, poco habitual fuera de Sudamérica y única capaz de transmitirse entre personas a través de contacto directo y estrecho.

El jefe del Ejecutivo ha presidido esta mañana en La Moncloa la reunión de seguimiento del desembarco junto a cuatro ministros (Sanidad, Interior, Política Territorial y Transportes) y ha contado con la participación del presidente canario. Está prevista una rueda de prensa a las 13:15.

Vox lleva la polémica al terreno del odio

Por su parte, Vox ha aprovechado la crisis para recurrir al discurso del odio, comparando la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la llegada de migrantes.

Así lo ha expresado en un mensaje en X el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. “Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días, ha afirmado Vázquiez, quien ha acusado después al Gobierno de permitir la escala “sin control”.

Ecologistas en Acción lo califica de “pelotazo urbanístico”. Se trata del plan parcial Majada de las Monjas, que unos propietarios privados quieren desarrollar en plena sierra de Madrid, en el pequeño municipio de Becerril de la Sierra (6.700 habitantes), gobernado actualmente por un Gobierno de coalición de PP y Vox. El plan se acaba de exponer a información pública para que se puedan presentar alegaciones, un plan que prevé construir un 79% más de las viviendas previstas inicialmente, pasando de 43 a 77 en dos parcelas que suman 48.600 metros cuadrados de un alto valor ecológico.

“Este plan parcial es un trato de favor hacia los propietarios del ámbito, con la pretensión de multiplicar el uso lucrativo previsto en las normas urbanísticas, autorizando la construcción de 34 viviendas más sobre las 43 establecidas por la actual normativa”, explica Adolfo Rodríguez, portavoz de los ecologistas. El objetivo que tienen los dos propietarios del suelo (una familia de toda la vida de Becerril y el estudio de arquitectura Fernández Carballada) es levantar en estos terrenos 43 pisos en altura, en cuatro bloques, y luego 34 chalés en parcelas más pequeñas de 350 metros cuadrados.

“La aspiración es que haya un mayor lucro para los propietarios, la antítesis de lo que debería suponer una ordenación del territorio hecha en base a los intereses generales”, denuncian desde Ecologistas. “Nosotros también hemos presentado alegaciones. Apostamos por construir solo 43 viviendas, no 77, y que sean viviendas bajas, chalés. ¿Por qué? Esta zona de Becerril está alejada del casco urbano y muy cerca del límite con Moralzarzal, lo que construir pisos en altura atenta contra la morfología urbana en un territorio de carácter rural y con importantes valores medioambientales y paisajísticos", explica Manoli Jiménez, portavoz del grupo socialista.

Los ecologistas señalan que el documento aprobado por el Ayuntamiento es “rudimentario, incompleto y de baja calidad. Lo que venimos denominando como ‘ecopostureo’, donde hay términos que pueden sonar bien, pero que son ambiguos y superficiales, que no comprometen y que son impropios de un documento que pretende ser una norma urbanística. Se abusa de ‘se intentará’, ‘en la mayor medida posible’, ‘se propondrá’. ‘el máximo respeto posible’, ‘preferiblemente’, ‘se estudiará’, ‘preferentemente’, ‘adecuarse lo más posible’...” Además, su aprobación crearía un grave precedente. Infobae se ha puesto en contacto con un portavoz municipal para trasladarle una serie de cuestiones, pero al cierre de esta información no había obtenido respuesta.

Un efecto imitación

De aprobarse la densidad de viviendas propuesto en este Plan Parcial, “se provocaría un efecto imitación y agravio comparativo, que llevaría a que los propietarios de los numerosísimos ámbitos sin edificar o urbanizar que existen, exigieran el mismo nivel de densificación, planteando incrementos en el número de viviendas en torno al 80%, lo que desbordaría todas las previsiones de las Normas Subsidiarias, las infraestructuras y servicios públicos”, recalca Adolfo Rodríguez. Una persona que tuviera, por ejemplo, una parcela de 1.000 metros cuadrados en la que solo se permitiera una vivienda unifamiliar, podría plantear, por agravio comparativo, una modificación para hacer tres viviendas unifamiliares en ella o incluso un bloque multifamiliar para 20 pisos.

Este plan de iniciativa privada y aprobación municipal cuenta con que de las 77 viviendas, 43 serán protegidas, VPP, “una coartada de interés social que carece de fundamento”, denuncian los ecologistas. Los precios máximos legales para VPP en Becerril de la Sierra han aumentado entre un 67% y un 80% tras la reclasificación de zonas, situándose en valores altos para sectores vulnerables y jóvenes. Una vivienda VPP básica (de 90 metros cuadrados) costaría unos 202.700 euros, mientras que una VPP de precio limitado (entre 80 y 120 metros cuadrados) oscilaría entre los 239.300 y los 317.000 euros. “Las VPP pueden ser adquiridas por familias con rentas de hasta 90.000 euros al año, sin cupos reservados para habitantes del municipio y sin requisitos sociales específicos”.

El plan también señala que las parcelas afectadas “apenas tienen cobertura arbórea”, lo que según los ecologistas falta a la realidad. De hecho, todo el ámbito tiene unos altos niveles de protección por estar situado en Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, la Zona Forestal de la Comunidad de Madrid, la Zona de Alta Calidad de Paisaje, la Zona de Alta Fragilidad de Paisaje, y estar junto a la vía pecuaria Vereda de los Arroyuelos. Hay una importante presencia de fauna dentro de este paraje y una rica vegetación mezcla de roble rebollo y fresno, con matorrales y praderas.

Desde el PSOE recuerdan que en 2013 el PSOE llegó a un acuerdo para el PP para hacer 60 viviendas de protección adosadas, “pero llegamos a la votación y tres ediles del PP votaron en contra con IU y Podemos. Ya estaría hecho si se hubiese aprobado, pero ahora meter bloques es una locura. Hay que conjugar el desarrollo urbanístico del pueblo con el medio ambiente. No lo llamaríamos pelotazo. Venimos de 40 años sin reformas urbanísticas. Quedan cinco planes parciales por desarrollar de hace 40 años, que han perdido vigencia y hay que actualizarlos". Este plan en concreto todavía tiene que aprobarse en el Pleno.

Las elecciones andaluzas cerrarán el próximo 17 de mayo un maratoniano ciclo electoral de cuatro elecciones casi seguidas. Los partidos, que sacarán sus propias conclusiones del conjunto de estos resultados, ya tienen la mirada puesta en un decisivo 2027, año en el que se agotará la legislatura de Pedro Sánchez. El escenario electoral que dibujan los últimos sondeos elaborados por 40dB para El País y Sigma Dos para El Mundo revela que, con leves diferencias en sus cifras, el Partido Popular se impondría como primera fuerza frente a un PSOE que absorbe a las formaciones a su izquierda y un Vox que presenta señales de estancamiento.

En concreto, el sondeo de 40dB otorga al partido de Alberto Núñez Feijóo un respaldo de alrededor del 31,3% de los votos, similar al resultado que prevé la segunda encuesta, ligeramente más optimista, con un 32,3%. En todo caso, los datos muestran que los populares cosecharían menos votos que en 2023.

El Partido Socialista permanece por debajo del listón del 29%, con una pérdida de 3,3 puntos con respecto a su resultado en los últimos comicios generales. No obstante, el hundimiento de Sumar y Podemos amortiguaría la caída de la formación de Pedro Sánchez. Sigma Dos estima que los socialistas podrían captar hasta el 19,2% del voto que Sumar obtuvo en 2023, una transferencia que supera la captación de Podemos y refleja un trasvase neto de apoyos hacia los socialistas.

Vox se estanca, pero es el que más crece

En cuanto al futuro de Vox, ambas encuestas coinciden en que la extrema derecha saldría como tercera fuerza, siendo el partido que, con diferencia, más crece desde las pasadas elecciones.

No obstante, los datos constatan que la tendencia con los de Abascal es descendente después de batir máximos en los últimos meses: pierde cerca de un punto porcentual en estimación de voto en solo un mes y acumula varios meses en caída. La encuesta de Sigma Dos añade que esto se traduciría en la pérdida de un diputado respecto al último sondeo. En todo caso, la gran fortaleza de Vox reside en la fidelidad de su votante: casi el 88% de quienes optaron por la formación ultra en 2023 repetiría hoy su voto.

Una de las novedades de los próximos comicios será la candidatura del partido de Alvise Pérez, que logró obtener representación en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no consiguió repetirlo en el actual ciclo autonómico. Según 40dB, la candidatura de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, crece casi un punto y se aproxima a igualar a Podemos en estimación de voto.

La derecha se impone con casi 13 puntos respecto a la izquierda

La suma de bloques deja una realidad demoledora para el espacio progresista. Los votos de los partidos de derecha y extrema derecha, PP y Vox, alcanzan el 49,2% de los votos, que podría escalar al 51% si se le añaden los de Se Acabó la Fiesta. La izquierda (PSOE, Sumar y Podemos) reúne al 36,6%.

Es decir, la ventaja del PP y Vox sobre las fuerzas progresistas es de casi 13 puntos. La intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista aglutina el 7,6% de los votos, medio punto más de lo que sumaron en 2023.

El nuevo Gobierno de Aragón ha dado a conocer su nueva composición con los representantes del Partido Popular y Vox. El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de la formación de ultraderecha en Aragón, la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Junto a él, además, habrá otras dos consejería clave para los socios de gobierno de los populares: Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo.

La nueva estructura, que contará con un total de nueve departamentos, ha sido presentada un día antes del acto de toma de posesión previsto en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, donde el presidente Jorge Azcón estará acompañado por su círculo de confianza y las nuevas incorporaciones.

Entre los cambios más relevantes también figura la llegada de Eva Valle Maestro a la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo. Con experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Valle asumirá este departamento como respuesta a la estrategia de reforzar el área económica en el gabinete.

Nueva distribución de competencias en el Ejecutivo

Desde Vox, Arancha Simón, con más de dos décadas de experiencia en gestión de regadíos y dirección de obras hidráulicas, sustituirá a Javier Rincón y reforzará la presencia técnica en el área agrícola. Por su parte, Luis Biendicho, funcionario de carrera y experto en asesoría jurídica, asumirá la cartera de Medio Ambiente tras desempeñar funciones en la gestión de empresas públicas y en la secretaría técnica del Departamento de Agricultura.

El núcleo central del gabinete se mantiene con Mar Vaquero, quien retiene la Vicepresidencia y competencias en Presidencia y Justicia, e incorpora Cultura a su gestión. Vaquero, abogada con amplia experiencia en el ámbito local y autonómico, cede Economía a Eva Valle, marcando un ajuste en las áreas de influencia dentro del gobierno.

Roberto Bermúdez de Castro continúa al frente de Hacienda, Interior y Administración Pública, tras una carrera en la gestión empresarial y en instituciones estatales como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y La Liga. Octavio López, por su parte, conserva su posición en Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, respaldado por su experiencia en la administración local y orgánica del Partido Popular.

Una nueva oportunidad

La renovación se extiende a dos áreas estratégicas: Sanidad y Educación. Ángel Sanz Barea, ingeniero industrial y funcionario superior, asume el reto de liderar la gestión sanitaria tras dirigir instituciones como AST y el Servicio Navarro de Salud. Su perfil técnico y su experiencia en la administración autonómica sustentan esta designación. Por otro lado, Carmen Susín Gabarre toma la responsabilidad de Educación. Con formación en Ciencias Políticas, Derechos Humanos y contabilidad pública, y un máster en liderazgo, Susín aporta una visión orientada a la gestión y la auditoría de la administración educativa.

La toma de posesión de los nuevos consejeros tendrá lugar en el Edificio Pignatelli, donde cada uno asumirá formalmente las competencias asignadas, dando comienzo a una etapa en la que la gestión compartida entre Partido Popular y Vox será puesta a prueba tras el adelanto electoral que impulsó Azcón ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, continúa empujando la candidatura de Juanma Moreno para asegurar que pueda gobernar en solitario. En un mitin en Jerez de la Frontera, el líder del PP nacional ha insistido en que lo que está en juego en las urnas no es solo si su partido ganará (como así prevén todas las encuestas), sino el cómo gobernará.

Es el mensaje que lleva defendiendo el dirigente andaluz desde el inicio de la precampaña: los andaluces “tendrán que elegir” entre la “estabilidad” o el “lío” que significaría la entrada de los de Santiago Abascal en el gobierno autonómico, como así ha ocurrido en Extremadura, Aragón y previsiblemente en Castilla y León.

Las encuestas auguran una victoria del Partido Popular, pero siempre con la duda de si conseguiría la mayoría absoluta o si Moreno estaría obligado a contar con el apoyo de Vox para renovar su cargo. El propio Moreno señaló en precampaña que la llave del gobierno podría estar en apenas 15.000 votos. Y en este sentido, Feijóo ha pedido a la ciudadanía votar “en masa, más que nunca” para mantener una estabilidad “absolutamente indispensable” en Andalucía. “Aquí no tenemos mayoría de nada”, ha advertido Feijóo.

Feijóo espera que este resultado sea “el resorte” para “sacar” del Gobierno de España a un PSOE de “abusos y de prácticas que dan vergüenza”. “No se puede sustituir la estabilidad consolidada por un lío de varios partidos. Andalucía no está para apagones. Aquí se ofrece estabilidad, gestión e igualdad”.

Carga contra la polarización del PSOE y lamenta que Montero “ignore a los médicos”

El líder del PP ha cargado contra la estrategia de polarización de los socialistas de María Jesús Montero, que tratan de exprimir los pactos de PP y Vox en las comunidades autónomas, especialmente con la prioridad nacional.

“Nuestros adversarios están de los nervios. No vienen aquí para quedarse porque siguen sin renunciar al acta de diputada en el Congreso”, ha comentado Feijóo, quien ha reivindicado que el proyecto de Moreno “es un proyecto para todos” y ha contrapuesto el Gobierno “decente” del barón popular con el de los “hombres de Sánchez”.

En este punto, ha lamentado que el Ministerio “ignore” a los médicos, que llevan meses de huelga, y ha reprochado a la candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que “vengan a hablar de sanidad los que llevan diez meses con una huelga que supone la mayor lista de espera del sistema andaluz de salud de su historia... Pida perdón por la huelga, cállese y busque una solución”.

La campaña electoral andaluza para el 17 de mayo ha comenzado con los principales candidatos lanzando sus mensajes en distintas ciudades de la comunidad, marcando el inicio de dos semanas de actividad política intensiva.

A partir de las 00:00, se dio comienzo a la tradicional pega de carteles, un acto simbólico que oficializa el arranque de la campaña y que reunió a equipos y simpatizantes en diferentes puntos de Andalucía.

La búsqueda de votos y la movilización de los diferentes electorados han centrado las primeras horas de unas elecciones en las que el empleo, los servicios públicos y la seguridad ocupan el centro del debate.

Moreno pide mayoría y estabilidad

Durante la apertura de campaña, Juanma Moreno ha comenzado los actos en los Jardines de Murillo, en Sevilla, conminando a los andaluces a realizar “un examen” de su gestión al frente de la Junta. Ha subrayado que, tras siete años y cuatro meses de gobierno, se ha dejado atrás una etapa marcada por deudas con universidades y proveedores, y por situaciones como las “camas en los pasillos” de hospitales.

El actual presidente y candidato a la reelección por el PP ha defendido que necesita una mayoría legislativa fuerte, remarcando que “cuando las cosas van razonablemente bien, no nos podemos meter en un lío”. Moreno ha advertido así del riesgo de perder la mayoría absoluta, lo que podría abocar a pactos con Vox, y ha subrayado la importancia de garantizar la estabilidad institucional.

El presidente popular ha afirmado que mantiene “más ganas de Andalucía que nunca” y que quiere continuar impulsando reformas dirigidas a crear empleo y futuro para la comunidad. Del mismo modo, ha pedido a su electorado “no meterse en líos”, haciendo un llamamiento explícito para que el futuro gobierno andaluz no dependa de otras fuerzas políticas, en alusión a Vox.

Asimismo, Moreno ha sostenido que el avance logrado bajo su mandato requiere continuidad y ha instado a mantener “seguridad y solidez” durante los próximos cuatro años, además de reivindicar que el PP “se ha ganado a pulso la confianza y el cariño de la ciudadanía de Andalucía”.

Montero apela a la movilización

En el acto de apertura celebrado en Granada, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, se ha dirigido a sus simpatizantes pidiendo “movilización” ante lo que ha calificado de “encrucijada” electoral. Ha advertido en su intervención del peligro de “sociedades que excluyen a una parte por molestar a algunos”, señalando el riesgo que suponen políticas basadas en la llamada “prioridad nacional”.

Montero ha insistido en que la sanidad pública, la educación y la dependencia se encuentran “asfixiadas” bajo la gestión del PP, reprochando la política “privatizadora” del actual presidente. Ha asegurado que “la dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión, aunque aquí alguno azuza sentimientos de odio”, precisando que el PSOE es “la única alternativa” a ese escenario.

Montero ha caracterizado la propuesta socialista como garante de los derechos sociales y ha llamado a que el voto progresista defienda servicios públicos esenciales. Ha apelado a la ciudadanía a acudir a las urnas “en la puerta del colegio, en la reunión del club del jubilado, en la fábrica o en el comercio”, y ha establecido una contraposición directa entre el PSOE y los “políticos que son lobos con piel de cordero”, en referencia velada al presidente en funciones.

Vox y la izquierda alternativa buscan romper el escenario

Por parte de Vox, Manuel Gavira ha iniciado la campaña en Cádiz subrayando que estas elecciones suponen decidir si Andalucía “pone primero la prioridad nacional”. Gavira ha declarado ante los medios que Vox afronta la convocatoria con la intención de “ganarlas” y lograr un cambio en las políticas andaluzas.

Ha criticado lo que considera “políticas de puertas abiertas” atribuidas al PP y al PSOE, y ha advertido de las consecuencias de “la regularización masiva” en los servicios públicos, la seguridad y los barrios. Gavira ha repetido su apuesta por que “los andaluces sean lo primero” e insiste en que Vox defenderá un gobierno que reduzca “el gasto político” y priorice la inversión social.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, ha inaugurado su campaña en Sevilla manifestando la convicción de que su coalición “dará la sorpresa” el 17 de mayo. Ha recordado que el PP pactó por primera vez con Vox en Andalucía y ejecutó acuerdos referidos a bajadas de impuestos “a las altas rentas y grandes patrimonios”, privatización y permisividad con fondos de inversión.

Maíllo ha reivindicado la centralidad de la defensa de los servicios públicos y la necesidad de una mayor inversión en sanidad, educación y dependencia, afirmando que “el debate no es si hay dinero o no, sino dónde se pone”. Su mensaje incluye la aspiración a representar a la mayoría social frente a “los ultra ricos” y la voluntad de “dar la sorpresa y cambiar el guion de quienes nos lo tienen que escribir”.

Por su parte, José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha optado por iniciar su campaña en Málaga, tierra del actual presidente, desde donde ha declarado que “el fin de Moreno Bonilla y el PP empieza en Málaga”.

García ha definido esta provincia como el “laboratorio” de políticas de vivienda y turismo que “expulsan a los vecinos”, y ha rechazado que las autonómicas sean un “ensayo” de las elecciones generales. Su llamamiento a la movilización se basa en apelar a la esperanza y a una izquierda “nueva, valiente, que no se vende, andalucista y feminista”.

Modelos en disputa

La diversidad de planteamientos programáticos y la intensidad en la confrontación de modelos económicos y sociales han dominado la apertura de los actos electorales. En los primeros discursos, los candidatos han recurrido a citas y datos concretos: Moreno ha sostenido que “tiene más ganas de crear empleo, de crear futuro y de reformar nuestra tierra”, mientras que Montero ha incidido en que “Andalucía apuesta por la esperanza y la dignidad”, y Gavira ha recalcado que “el 17 de mayo los andaluces nos jugamos un gobierno que ponga primero la prioridad nacional”.

Las consignas en defensa de los servicios públicos, la referencia a la gestión económica y la presión por la movilización electoral vertebran esta primera fase de la campaña, con especial atención al electorado progresista y al rechazo de modelos privatizadores. En todos los casos, la movilización del voto se confirma como objetivo esencial de los primeros días, con palabras y estrategias cuidadosamente reivindicadas en los actos de arranque.

Jorge Azcón (PP) ha sido reelegido este miércoles presidente de Aragón con 39 votos a favor —26 del Partido Popular (PP) y 13 de Vox— en el segundo día del debate de investidura celebrado en las Cortes de Aragón. La derecha y la extrema derecha sellan así un Gobierno de coalición con la formación ultra que incluye, entre sus puntos más polémicos, el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y prestaciones públicas.

El popular se convierte en el primer presidente en repetir mandato en la comunidad desde la restauración democrática. La aritmética de la sesión refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en el parlamento aragonés: entre PP y Vox suman 40 diputados de los 67 que componen la Cámara, aunque una parlamentaria ultra no compareció por enfermedad, lo que redujo el respaldo efectivo a 39 votos. Azcón calificó el resultado de “investidura histórica”, en alusión a la mayoría absoluta que ambas fuerzas obtuvieron en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, una vicepresidencia y tres consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación. La formación también se hará con un senador de designación autonómica. “Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable”, ha afirmado Nolasco durante el pleno, para quien el acuerdo “no es un cheque en blanco”. El portavoz ultra fue más allá en la defensa de la “prioridad nacional”: “No tenemos miedo a decirlo: primero los aragoneses y españoles, primero quienes sostienen España”, subrayó ante la Cámara.

El propio Azcón se esforzó en matizar el alcance de esa cláusula. El presidente investido insistió en que la medida se aplicará con “estricta legalidad”, que en el acuerdo “no se habla de los nacidos en España ni se exige ninguna nacionalidad” y que el criterio de acceso se vincula a un “arraigo real, duradero y verificable”.

Momentos tensos en la investidura

El debate de este miércoles también dejó momentos de tensión dialéctica. Cuando la portavoz de Izquierda Unida (IU), Marta Abengoechea, cargó contra el candidato por “legitimar el discurso racista” de Vox, Azcón respondió con una pregunta que arrancó las risas del propio Nolasco: “¿Quién le ha dado el carnet de sexador de demócratas?”. La izquierda aragonesa —PSOE, IU y Chunta Aragonesista (CHA)— mantuvo a lo largo de la jornada una ofensiva sostenida contra la asunción del ideario ultra por parte del PP.

La portavoz del PSOE y jefa de la oposición, Pilar Alegría, ha abierto la sesión recordando que Nolasco no aplaudió en ningún momento el discurso de investidura de Azcón el día anterior. “No es porque fuera un discurso aburrido, flojo, que lo fue; no le aplaudió porque su socio quiere demostrar desde el primer momento quién manda”, señaló Alegría, quien advirtió que Vox intentará “devorarles por dentro” a lo largo de la legislatura. La exministra reprochó además a Azcón no haber buscado un acuerdo presupuestario con los socialistas antes de convocar elecciones anticipadas ni haber tendido puentes tras las urnas del 8 de febrero.

Nolasco, que previsiblemente ocupará la vicepresidencia del nuevo Ejecutivo, fue tajante sobre las expectativas de su partido: “Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox”. La advertencia llega en un contexto en el que Azcón convocó las elecciones anticipadas en diciembre precisamente para tratar de deshacerse de la dependencia parlamentaria de los ultras, que le impedía sacar adelante los presupuestos. El resultado fue el contrario: el PP perdió dos diputados respecto a la legislatura anterior, mientras Vox duplicó su representación, lo que otorgó a la formación de Santiago Abascal un peso aún mayor en la negociación del nuevo pacto de gobierno.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles su nuevo equipo de cara a la nueva etapa en el Gobierno que compartirá con Vox. En una rueda de prensa en Mérida ha avanzado que estará formado por diez consejerías y, como novedad, esta vez habrá dos vicepresidencias. En el nuevo gabinete volverán a verse caras conocidas de la legislatura, pero también habrá tres nuevas incorporaciones.

Abel Bautista asumirá una de las vicepresidencias y la cartera de Interior y Emergencias, área que incorpora la planificación y extinción de incendios forestales. Según ha avanzado Guardiola, será él quien asuma el mando de la Junta en ausencia de la líder extremeña.

La otra Vicepresidencia, vinculada a la cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Enfermería, quedará a cargo del líder de Vox Óscar Fernández, quien concentrará además las competencias de servicios sociales, infancia y familia, y juventud, funciones que antes integraba la cartera de salud. En virtud del acuerdo que se ha alcanzado para investir a Guardiola, el partido de Santiago Abascal también asumirá la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que será dirigida por el diputado Juan José García. Esta cartera, ha adelantado Guardiola, incluye la gestión de la PAC, pesca y la tauromaquia.

Guadiola espera aprobar los presupuestos en las próximas semanas

Elena Manzano continuará al frente de Hacienda y Administración Pública y seguirá como portavoz del ejecutivo autonómico, además de ser la encargada de elaborar los presupuestos autonómicos para el nuevo periodo. Sobre este último asunto, Guardiola ha evitado dar plazos concretos, pero ha estimado “un par de semanas” para iniciar su tramitación parlamentaria.

La dirección de Industria quedará en manos de Mercedes Morá, que suma ciencia e investigación a sus atribuciones tras su paso previo por Agricultura. Guillermo Santamaría liderará Economía, Empleo y Transformación Digital; Sara García Espadas permanecerá al frente de Salud y Atención a la Dependencia; Sandra Valencia asume la Consejería de Educación; y Laureano León dirigirá Turismo y Deportes, tras su experiencia como presidente en la diputación de Cáceres y en sustitución de Victoria Bazaga.

Según ha explicado la dirigente extremeña, la toma de posesión de los cargos y la aprobación de los decretos de estructura de cada consejería tendrán lugar en el siguiente consejo de gobierno, que tendrá lugar este jueves.

En su intervención, la presidenta extremeña ha reafirmado que se trata de un nuevo gobierno “plenamente motivado y ambicioso”, que se va a encargar de “materializar” su programa de gobierno, así como “a cumplir los acuerdos alcanzados para poder ofrecer estabilidad a nuestra región en los próximos cuatro años”, ha resaltado.

Noticia con información de agencias

Tras la derogación este martes en el Congreso del decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y nuevas herramientas para quienes enfrentan la incertidumbre de su vivienda. El rechazo de la medida, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, “deja sin protección a cerca de un millón de familias inquilinas y beneficia a los intereses rentistas”, denuncia la organización.

“PP, Vox y Junts per Catalunya con su voto en contra y la abstención del PNV demuestran que son el brazo político del rentismo. Con su negación a la prórroga de alquileres demuestran claramente sus prioridades: proteger al rentismo por encima de la mayoría de la población”, señalan en un comunicado los sindicatos, que también critican la falta de respuestas institucionales a la crisis habitacional. Por ello, la organización convoca la primera gran protesta para el 24 de mayo en Madrid, que saldrá a las 12:00 horas desde Atoacha, como inicio de una serie de acciones en todo el país. “No vamos a permitir que el rentismo dicte las reglas de acceso a la vivienda”, aseguran.

La organización explica que, aunque la prórroga era una medida de mínimos que no solucionaba la crisis de vivienda, “sí podía evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales de 2027”, al ofrecer protección ante el incremento sostenido de los alquileres.

Desde la organización recuerdan que “la prórroga es legalmente válida si se ha solicitado entre el 22 de marzo y el 28 de abril, ambos días incluidos”, aunque también advierten que es fundamental responder de forma firme a cualquier negativa de los propietarios, ya que prevén que las empresas rentistas e inmobiliarias “intentarán generar confusión”.

Para anticipar posibles conflictos, durante el último mes los sindicatos han remitido más de 16.000 solicitudes de prórroga y han recopilado las contestaciones de los caseros, lo que les ha permitido elaborar cuatro documentos específicos para rebatir las excusas más habituales empleadas para rechazar la prórroga.

Una web con asesoramiento

Los sindicatos han lanzado además una web con recursos legales, asesoramiento y modelos de respuesta para quienes buscan sostener sus contratos. Para quienes no pudieron acogerse a la prórroga, la organización mantiene activa la campaña de desobediencia civil Nos Quedamos y convoca a asambleas presenciales en distintas ciudades.

También denuncian que la actual situación económica agrava la crisis: “Mientras los salarios han subido una media del 20% en los últimos cinco años, los precios del alquiler en las capitales de provincia han subido un 60%”. Este desfase, concluyen, ha acentuado la presión sobre los hogares inquilinos.

Casi 3 millones de personas inquilinas volverán a exponerse a subidas desorbitadas tras la derogación del decreto de vivienda en el Consejo de los Diputados. De nuevo, el bloque progresista ha sido incapaz de sortear el bloqueo de las derechas de PP, Junts y Vox, que por tercera vez han votado en contra de la medida. La votación se ha producido con 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones.

El decreto, aprobado el pasado 20 de marzo en el Consejo de Ministros permitía a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las subidas de renta. El socio minoritario del Gobierno ha tratado de luchar los apoyos hasta el final, confiando en su “altísima capacidad negociadora”.

Horas antes de la votación, el ministro de Cultura hacía un llamamiento desesperado a la responsabilidad, retando a los diputados a posicionarse “de manera muy clara” entre los derechos de sus ciudadanos o “los intereses espurios de una minoría que juega con los derechos de la gente”.

Desde la Cámara Baja hacía lo propio en una rueda de prensa la portavoz de Sumar, Verónica Babero, quien pidió explicaciones a los grupos que se opondrían a la medida. “Insisto en que quienes hoy voten en contra tendrán que explicárselo a los votantes. No vale distancia ni medias tintas”, afirmó.

Y desde el Pleno, secundó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy: “Lo que hoy se vota es evitar que este expolio continúe. Toda esa inversión especulativa no solo exprime a las familias, sino que es una amenaza para el desarrollo económico del país. Solo extrae rentas, asfixia la economía y destroza miles de vidas por el camino”, aseveró.

Sumar se aferró al milagro, pero era una misión imposible

Pero en realidad nunca estuvo cerca de conseguir convencer a los de Puigdemont, que, como PP y Vox, se instalaron en el ‘no’ desde que la medida se aprobó en el Consejo de Ministros.

Ya el inicio de la jornada se presentaba todavía más complicado para los de Yolanda Díaz. El PNV, vista la imposibilidad de sacar adelante un decreto que ya provocaba reticencias en el grupo, se desmarcaba en una entrevista anunciando su abstención, argumentando que no compartía “ni el contenido ni las formas” del Gobierno.

Desde Junts per Catalunya llevaban días argumentando que el decreto no respetaba el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas. Además, como también señaló el PP, generaba inseguridad jurídica y desincentivaba la oferta de viviendas en alquiler. “No vamos a votar algo que es totalmente lo contrario. España tiene un problema de vivienda que es estructural, nosotros presentamos nuestro plan, pero está bloqueado por la Mesa de Francina Armengol”, denunció la portavoz popular Ester Muñoz.

La explicación de Vox, que ni siquiera fue invitado a la ronda de negociaciones impulsada por Sumar, fue más escueta, señalando que la única medida de vivienda que vale es la que implique la salida del presidente del Gobierno.

Aunque Sumar sostenía que todavía existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo de último momento, los socios progresistas de Sánchez y el propio PSOE ya dieron por perdida la votación antes del Pleno. Desde Podemos lamentaron la “mala noticia”, señalando que este decreto, a pesar de sus limitaciones, “sí que era una medida de mínimos”. Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, alentaba a los inquilinos a apurar las últimas horas del decreto para solicitar las prórrogas.

Los socios de Sánchez señalan a la ministra de Vivienda

A pesar de cosechar el tercer fracaso, desde Sumar han hecho poca autocrítica sobre su estrategia negociadora. Es más, desde la coalición plurinacional han afeado la poca presencia del PSOE en las conversaciones; particularmente, de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La representante de Más Madrid, Tesh Sidi, llegó incluso a denunciar que los socialistas les habían “dejado solos”.

La réplica llegó a través del portavoz de los socialistas, Patxi López, quien pidió a Sumar que “no se equivocase de enemigo”, asegurando que desde el Gobierno “es uno y cuando negocia un ministro, dos o tres, negocia el Gobierno, no una parte”. “El Gobierno ha hablado y sigue hablando”, reiteró el diputado socialista tras asegurar que le “consta que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (Rafael Simancas) ha hablado todos los días con Junts para sacar el decreto adelante”.

“Mafia sanchista”, “cállese señoro”, “perritos falderos”, “miserable”, traidor", “palmeros, buleros y mamporreros de quinta”, “miserables”... el Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía popular, el escenario donde los representantes del pueblo intentan hacer política y, de vez en cuando, se insultan. En el mes de marzo hasta en 324 ocasiones. La plataforma ‘España Mejor’, fundada por la abogada Miriam González, esposa del exviceprimer ministro británico, Nick Clegg, ha impulsado una especie de contabilidad, bautizada como ‘El Faltómetro’, para retratar la educación de sus señorías.

“El ‘Faltómetro’ no pretende ser un estudio exhaustivo ni una medición perfectamente precisa. Es un ejercicio de observación y denuncia social que busca poner el foco en las faltas de respeto, interrupciones y descalificaciones que deterioran el debate parlamentario de nuestro país”, explica la plataforma. Los datos han sido obtenidos a partir de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados mediante un proceso automatizado con apoyo de inteligencia artificial y revisión manual. En los seis meses analizados, se han contabilizados 2.200 insultos, descalificaciones, burlas, interrupciones agresivas.

En marzo de este año lidera ‘el Faltómetro’ el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 20 faltas de respeto, seguido de Alberto Nuñez Feijóo, con 19, y de Óscar Puente con 18. En febrero, con 441 faltas de respeto, el podio lo lidera la diputada de Vox Carina Mejías (16), seguida de Óscar Puente (14) y Miguel Tellado, con 13. En diciembre de 2025, porque hubo menos Plenos y quizás porque sus señorías estaban imbuidos del espíritu navideño, solo se registraron 191 faltas. En esta ocasión, el podio lo encabeza José María Sánchez, de Vox, con 13 improperios.

Sánchez, 63 años, es magistrado en excedencia, catedrático de Derecho en la Universidad de Sevilla y doctor por la de Bolonia, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además socio de prestigiosos bufetes de abogados. Hace unos días protagonizó un mediático y bochornoso espectáculo en el Congreso. Otro más. Sánchez irrumpió en el estrado que ocupa la Mesa del Congreso y se encaró, a unos pocos centímetros, con quien desempeñaba en esos momentos la presidencia, la tercera autoridad del Estado: el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Un diputado de ERC incluso le acusó de llamarle “criminal” y “asesino”, palabras que, si se produjeron, no quedaron registradas en el diario.

Miguel Tellado, un habitual

En noviembre se batió el récord de los insultos, con 549. En este caso el podio lo encabeza el ministro socialista Félix Bolaños, con 36, seguidos de los populares Miguel Tellado (30) y Alberto Nuñez Feijóo con 15. En octubre, otro mes muy faltón en el Congreso con 464 descalificativos, también lo lidera un miembro de Vox. José María Figaredo pronunció 29 faltas de respeto, seguido de la socialista María Jesús Montero (19) y la popular Esther Muñoz (18). Por último, septiembre, con 251 faltas. Miguel Tellado, del PP, uno de los habituales, lideró ese mes con 17 faltas, seguido de Figaredo (13) y el socialista José Zaragoza (13). La plataforma ‘España Mejor’ deja claro que con este ejercicio “no pretende cuestionar la libertad de expresión de los diputados”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que ve “posible” y “viable” llegar a un “acuerdo” con Junts que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, a pesar de que el partido de Miriam Nogueras ha señalado que votará en contra del decreto, al igual que lo rechazan PP y Vox, por lo que todo apunta a que la medida no saldrá adelante.

Bustinduy ha explicado en el programa La Hora de La 1 que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral. El ministro ha señalado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la “preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán”, según informa EFE.

Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, “matizaciones aceptables” y “alguna medida fiscal” que Sumar no comparte, pero que “con la prórroga en vigor podría merecer la pena”, ha dicho. “Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”, ha confiado el ministro.

Hasta el momento, tanto Junts como PP y Vox han rechazado la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. La formación independentista argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas. El partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler, mientras que los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios.

Por otro lado, el ministro Bustinduy ya ha advertido en otras ocasiones del “coste social” que supondrá para el PP votar en contra de este decreto, que busca aliviar la situación de quienes enfrentan dificultades para mantener su vivienda en el actual contexto de encarecimiento de los alquileres. Además, el límite del 2% a la actualización anual de la renta impediría incrementos abusivos, lo que daría mayor estabilidad a los inquilinos.

(Con información de EFE)

El Congreso vota este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta. El PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, pero PP, Vox y Junts, que suman mayoría, ya han anunciado su rechazo, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será el encargado de defender el decreto ante el pleno, una iniciativa que Sumar logró sacar adelante en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo tras intensas tensiones internas y la mediación directa de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el presidente Pedro Sánchez.

El PSOE, reticente a aceptar la prórroga por dudas jurídicas y políticas, llegó a advertir que el decreto podía rozar la inconstitucionalidad. La excepción se impuso ante la crisis abierta por la guerra en Irán, pero el sector socialista ha optado por mantener un perfil bajo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apoya el marco legal pero se resiste a recomendar abiertamente que los inquilinos pidan la prórroga, ante el riesgo de una derogación que podría arrastrar a miles de familias a la inseguridad jurídica.

Algunos algunos juristas advierten que, si el Congreso rechaza el decreto, podría haber una oleada de demandas en los tribunales. La principal duda es si las prórrogas de alquiler solicitadas durante la vigencia de la norma seguirán siendo válidas o quedarán anuladas, ya que no hay doctrina al respecto.

Por qué la rechazan

Por su parte, PP, Vox y Junts rechazan la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler. Los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios, mientras que la formación liderada por Miriam Nogueras argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas.

El ministro Bustinduy ha insistido en el “coste social” que supondrá para el PP votar en contra y este domingo, a las 12:30 horas, hay una concentración frente a la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid, junto a organizaciones y colectivos de vivienda, con el lema “O con la gente o con los especuladores”. La formación de Feijóo no ha querido reunirse con Sumar para negociar la medida.

Más del 70% de la población apoya la medida

El 73,6% de los españoles apoya la prórroga de los alquileres, según una encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo The Left a petición de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. Ese mismo sondeo indica que el apoyo también es significativo entre el electorado del PP (65%) y de Vox (60%). Es más, casi la mitad de los encuestados, un 48,7%, asegura que reconsideraría su voto si su partido se opone a esta medida en el Congreso. Entre los votantes del PP, uno de cada tres estaría dispuesto a cambiar de opción, y entre los de Vox, la cifra se acerca al 36%.

(Con información de EFE)

El apoyo electoral a Vox —y, por tanto, su fuerza política— viene en aumento desde hace unos meses. Evidenciado queda por el avance de la formación en Aragón y Extremadura, donde el grupo se ha consolidado como segunda fuerza y el Partido Popular ha necesitado su respaldo para formar gobierno y asegurar la gobernabilidad en ambas comunidades.

En Aragón, Vox ha logrado entrar en el Ejecutivo autonómico tras las últimas elecciones, ocupando tres consejerías y dos puestos de relevancia institucional: uno en la Mesa de las Cortes y otro en el Senado. Este acuerdo con el PP ha supuesto la llegada al gobierno autonómico de figuras como Alejandro Nolasco y Luis Biendicho, y representa un salto respecto a acuerdos previos, de menor duración e impacto.

En Extremadura, la evolución ha seguido un camino similar. Tras la ruptura de la coalición de gobierno en 2024, Vox acudió a las urnas con el objetivo de ampliar su presencia en la Asamblea regional y lo consiguió. La candidatura encabezada por Óscar Fernández ha doblado su representación, y el partido se ha convertido en un actor imprescindible para la investidura y la estabilidad política en la comunidad.

El crecimiento de Vox se congela en Andalucía

En Andalucía, sin embargo, la situación de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo es diferente. Los últimos datos recogidos en encuestas y barómetros reflejan un enfriamiento del ascenso de Vox en la comunidad. El último barómetro del CIS estima que Vox recibiría un 8,8% del voto en Andalucía, por debajo de los niveles alcanzados en otros territorios (y muy por debajo del 13,46% que obtuvo en la comunidad en 2022), y muestra un trasvase de votantes hacia el Partido Popular, especialmente en provincias como Granada.

Allí, la encuesta preelectoral apunta a que Vox podría quedarse con un solo escaño, frente a los dos que tenía, y a que el porcentaje de voto desciende respecto al ciclo electoral anterior. El Partido Popular, por el contrario, refuerza su posición e incluso podría aumentar su representación en la provincia —el CIS le da mayoría absoluta—, mientras el PSOE se mantiene como segunda fuerza.

La fidelidad del votante de Vox en Andalucía también presenta una tendencia a la baja si se compara con otras regiones. La encuesta del CIS señala que el porcentaje de quienes aseguran que repetirán su voto a Vox es más bajo que en Aragón, Extremadura o Castilla y León.

Otro aspecto relevante es la distribución de la intención de voto por edades. En Andalucía, Vox no ocupa las primeras posiciones en ningún tramo generacional y pierde especialmente fuerza entre los mayores de 45 años, donde pasa a ser cuarta o quinta opción. Entre los jóvenes, aunque tradicionalmente había conseguido mejores resultados, en la actualidad tampoco logra posicionarse como una alternativa destacada.

El panorama que dibujan los estudios demoscópicos y los sondeos a pie de calle es el de una formación que, aunque sigue presente y con representación, no consigue romper el techo alcanzado en 2022. Las estimaciones de cara al 17 de mayo mantienen a Vox como tercera fuerza, sin señales claras de un nuevo impulso.

Más de 200 alumnos de dos centros educativos de Talayuela (Cáceres) podrían dejar de recibir clases de lengua árabe y cultura marroquí tras la eliminación del programa, una medida incluida en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. El pacto entre ambas formaciones, alcanzado tras la investidura de María Guardiola como presidenta autonómica, ha generado preocupación en la comunidad educativa del municipio.

El acuerdo contempla la supresión del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que hasta ahora se impartía en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, los dos centros ubicados en Talayuela.

El programa está amparado por el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y Marruecos, firmado en 1980 y en vigor desde 1985, según la información de Educarex. Se trata de una iniciativa de carácter estatal presente en varias comunidades autónomas, aunque su aplicación depende de cada administración educativa. Asimismo, se desarrolla fuera del horario lectivo y es financiado por el Gobierno de Marruecos.

Desde los centros educativos señalan que el programa ha sido un apoyo fundamental en el día a día, ya que contaban con la ayuda del profesorado del PLACM en tareas de comunicación y mediación con las familias, especialmente en cuestiones de traducción y adaptación lingüística. Por ello, afirman que la eliminación del programa genera preocupación entre la comunidad educativa.

Preocupación en la comunidad educativa

La eliminación del programa ha sido recibida con inquietud por parte de los centros y de representantes locales, que subrayan su papel en la convivencia y la integración del alumnado. “No sirve para nada, es absurdo. Como no están en los centros, no conocen y no saben. El beneficio es al alumnado, por supuesto, pero también al profesorado porque nos sirve para mediar”, señaló el director del CEIP Gonzalo Encabo, Luis Alberto Corrales, en declaraciones a La Sexta.

“Además de dar el crecimiento cultural y lingüístico que tiene la asignatura, es una gran herramienta para la convivencia. Así que animamos para que se rectifique la decisión”, afirma Youseff Meziane, representante de la comunidad musulmana de Talayuela.

La eliminación del programa

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM) se enmarca en la colaboración bilateral entre los Gobiernos de España y Marruecos. Está coordinado por la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y su gestión corresponde a las comunidades autónomas. Además, según explica el propio ministerio, el profesorado es funcionario marroquí.

Actualmente, se desarrolla en centros de Educación Primaria y Secundaria de diez comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura e Illes Balears.

Entre sus objetivos destacan la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí; la promoción de la inclusión escolar y sociocultural; el fomento de valores de tolerancia y convivencia; y la cooperación con las familias para facilitar la comunicación con el profesorado y mejorar la participación en el proceso educativo.

Los acuerdos de gobierno del PP y Vox en Aragón y Extremadura han devuelto -si es que se había ido en algún momento- la cuestión de la integración al centro del debate político. La implantación de la “prioridad nacional” para acceder a ayudas públicas se ha llevado la mayoría de los titulares. Figuras de ambos partidos han definido este concepto de distinta forma, mientras la oposición la tacha de racista o clasista.

La exigencia de adaptar el Reglamento Europeo de Retornos para “endurecer la política migratoria” y la primera prohibición autonómica del burka y el niqab en espacios públicos se unen a la prioridad nacional como otras de las medidas alcanzadas en esta dirección. Los partidos firmantes defienden estas iniciativas como una apuesta por la seguridad y el arraigo.

Prioridad nacional en las ayudas públicas

La principal novedad del acuerdo es la aplicación del principio de “prioridad nacional” para el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Según el texto del pacto, tendrán preferencia quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable con la comunidad, reforzando la exigencia de empadronamiento y la vinculación con el territorio.

Los criterios mencionados para comprobar este “arraigo” son la cantidad de años de residencia registrada, vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y educativos, así como el historial de cotizaciones y aportes al sistema. Esto significa que quienes hayan residido más tiempo, hayan trabajado durante más años, tengan familiares en la región o hayan realizado estudios allí pueden acumular más puntos para acceder a ayudas o prestaciones.

Sin embargo, según la documentación oficial, no se otorga mayor puntuación por haber nacido en España frente a quienes nacieron en el extranjero, de manera que un español que llegue próximamente a Extremadura o Aragón no partiría con ninguna ventaja. Los obstáculos para los migrantes llegan porque es mucho más complicado que cumplan con criterios como los vínculos familiares.

Endurecimiento migratorio y prohibición del burka

Otra de las líneas de acción prioritarias del pacto consiste en instar al Gobierno central a adaptar de manera inmediata el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo. Este reglamento, orientado a endurecer el control sobre los retornos y la política migratoria, debe ser incorporado a la legislación nacional antes de septiembre de 2026, defienden los dos partidos según lo pactado.

La décima página del pacto de Aragón, tras estas dos medidas, la completa una de las cuestiones que ha generado más polémica en los últimos meses. Se trata de la prohibición autonómica del uso del burka, el niqab y cualquier prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos de la comunidad. Los dos partidos han aprobado esta restricción, que justifican con motivos de seguridad, identificación personal y convivencia, pero también por la defensa de los valores de igualdad y dignidad.

De esta forma, este acuerdo supone la primera vez que una comunidad autónoma prohíbe el uso de estas prendas. Algunos ayuntamientos, principalmente liderados por Vox, han impulsado medidas similares, pero nunca se ha hecho a nivel autonómico. Hace unos días lo anunció Lleida, gobernada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). El alcance de sus competencias limita esta norma en la práctica, pero los espacios que dependan de la comunidad tendrán que regirse por esta medida.

El PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones en Andalucía con entre 51 y 59 escaños, horquilla que contempla la mayoría absoluta, a partir de los 55, y un 43,6% de los votos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes en relación con los comicios autonómicos que se celebran el 17 de mayo.

Según este mismo estudio, el PSOE, segunda fuerza, con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero como candidata, obtendría el peor resultado en su historia, con entre 27 y 34 escaños y un 25,8% de apoyos. Vox, termómetro del 17-M, porque de su resultado depende que el PP siga o no gobernando en solitario, habría frenado su ascenso.

La formación de Manuel Gavira, candidato de Santiago Abascal en esta región, se embolsaría entre 8 y 17 representantes, con un 10,3% de los sufragios. Hace cuatro años logró 14. Sin un aumento como el visto en Extremadura o Aragón, Moreno puede respirar tranquilo, si bien la actualidad política mantiene el río revuelto y un puñado de indecisos pudiera aún cambiar el signo.

No muy distinto al CIS andaluz

En una y otra región, PP y Vox han podido concretar estos últimos días un acuerdo para gobernar, en el que los segundos han colado a los primeros en los respectivos textos un sintagma que ya les está haciendo daño: prioridad nacional. Es decir, los españoles primero, si bien el partido no ha sido capaz de determinar cuál es el alcance ni si es de obligado cumplimiento.

La llamada izquierda a la izquierda del PSOE aspira a hasta los 12 escaños, según el CIS. Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, con Antonio Maíllo como número 1, alcanzaría entre 5 y 7 parlamentarios, mientras que Adelante Andalucía, encabezado por José Ignacio García, sentaría a entre 4 y 5 diputados.

No son resultados muy diferentes a los vertidos por el Centra, conocido como el CIS andaluz. Según este, Moreno tiene a su alcance mantener la mayoría absoluta, con una estimación de entre 54 y 57 escaños, y Montero se quedaría por debajo de la mitad, entre 26 y 27, también por debajo incluso del suelo histórico de los socialistas en esta región.

Al igual que el CIS, el Centra detecta un frenazo de Vox, con entre 17 y 20 parlamentarios, si bien cabe puntualizar que esta encuesta es de hace 10 días y realizó las preguntas antes incluso de que Podemos se sumara a Por Andalucía. En cualquier caso, Montero dijo no creerse este estudio: “Está hecho por el PP con recursos públicos”, criticó. Al igual que el CIS de José Félix Tezanos.

El concepto de “prioridad nacional” está estos días en el centro del debate político tras los recientes acuerdos de investidura en Extremadura y Aragón. Impulsada por Vox y aceptada, con matices e interpretaciones distintas, por el Partido Popular, esta propuesta busca introducir nuevos criterios en el acceso a los servicios públicos y ayudas sociales. Parece ser, sin embargo, que no está tampoco claro del todo dentro del propio partido que lo está impulsando.

Este jueves, Joan Garriga - el portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya - afirmaba que, a su parecer, español es quien ha “nacido de padre y madre española”. Cabe asumir con esto que, para Joan Garriga, si sólo uno de los progenitores es español, el nacido dejaría de serlo. Esta definición de “español” contradice la constitucional, que recoge que, con que solo un progenitor lo sea, si el nacido lo hace en España, será español (de origen) también. Además de que existen varias maneras en las que uno puede adquirir la nacionalidad española y ser, por tanto, español.

La interpretación de Joan es un “error”, según Ignacio

Ignacio Garriga, secretario general del mismo partido político, ha expresado durante una entrevista en RTVE que considera que la interpretación que hace Joan Garriga es un “error en términos de la legislación vigente”: “La legislación española dice que es español quien tiene el DNI. Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españolas”. Ha añadido, sin embargo, que “llegará un momento” en el que habrá que abrir el debate sobre cómo y a quién se otorga la nacionalidad española, ya que, a su parecer, “ahora se regala”.

Garriga ha reconocido que existen dificultades para poner en marcha la implantación de la “prioridad nacional”, pero defiende la constitucionalidad de la medida. Desde Vox se barajan fórmulas para aplicar estos criterios a la hora de conceder ayudas o prestaciones públicas. Entre estos criterios, se plantea tener en cuenta la antigüedad en el padrón, los años de estudio en el territorio o la residencia de los padres. “No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte. Hemos hablado del tiempo empadronado”, ha puntualizado el secretario general del partido.

El Partido Popular también ha querido dejar clara su postura en torno a esta cuestión. Ante las críticas internas y el revuelo generado, el partido ha emitido un comunicado en el que afirma: “Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley, dando así continuidad al de Extremadura”.

Defiende expulsar a todas las personas migrantes en situación irregular, pero “con cariño”

Otro de los puntos destacados del acuerdo PP-Vox es la política lingüística: plantea “liberar” a Aragón del catalán. Garriga ha defendido que la política lingüística debe abordarse en el entorno educativo y no destinar recursos públicos a “institutos para fomentar el catalán”, incluso en aquellos municipios donde esta lengua forme parte de la vida cotidiana.

En cuanto a la cuestión migratoria, Ignacio Garriga ha reiterado la posición de Vox, que pasa por la expulsión de todas las personas en situación irregular para “defender” las fronteras españolas. Durante sus declaraciones, ha insistido en que estas expulsiones deben llevarse a cabo “con cariño pero a la vez con toda la contundencia”, poniendo el acento en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, salubridad y un “soporte vital mínimo” mientras estas personas permanezcan en España. Así, el debate sobre la prioridad nacional se entremezcla con el de la inmigración y la definición misma de quién puede o no puede considerarse español en el contexto actual.

Adelante Andalucía ha presentado una denuncia ante la Oficina contra el Fraude y la Corrupción por un presunto incumplimiento del reglamento de incompatibilidad de la Radio Televisión Andaluza (RTVA). El director de Comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, pertenece a su consejo de administración y cobra un salario público que ronda los 60.000 euros al año que le exige dedicación “absoluta y exclusiva”.

Zancajo fue jefe de prensa de la candidata Macarena Olona en las elecciones andaluzas celebradas en junio de 2022. Cuatro meses después, en octubre, el periodista ingresó en el consejo del ente. Ahora, recorre la comunidad junto a Santiago Abascal, trabajando directamente en la estrategia del partido paa obtener el mayor número de votos en los comicios autonómicos que tendrán lugar el 17 de mayo.

Se trata de un rostro conocido para los espectadores, presentador durante años de Antena 3 Noticias, primero en fin de semana y después en prime time junto a Sandra Golpe. Al terminar esta etapa, Zancajo ficha por RTVE como director del Canal 24 Horas. Recala en Canal Sur en 2020, al frente de los informativos, pero al poco fue cesado acusado de manipular y entre fuertes protestas de la redacción.

“Dedicación absoluta y exclusiva”

Es la sombra de Abascal desde octubre de 2024, sin haber dejado de ganar 40.910,04 euros anuales del erario, más 597,58 por cada asistencia a reuniones del consejo -al menos 30 al año-, más otros 200 para manutención, alojamiento o desplazamiento. Su remuneración de parte de Vox, que se supone todavía superior, forma parte del ámbito privado.

“Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, ha protestado este jueves el portavoz y candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Según esta formación, la labor que realiza Zancajo para Vox “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo. Asegura García que no va a “quedar a la espera” de una respuesta de la Oficina contra el Fraude y “en caso de inacción”, contempla elevar la denuncia ante la Fiscalía “por presunta financiación ilegal”.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración indica que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

“Un señor que va hablando de paguitas”

“Exigimos su cese porque estamos hartos de los señoritos de las paguitas”, ha subrayado García, haciendo suyo el lenguaje que Vox achaca a otros dirigentes y a sus votantes o a los migrantes. “Son ellos -Vox- los que se lucran de esas paguitas”, ha subrayado el candidato.

“Lo que quieren es que nos peleemos con el de al lado para que no miremos a los listos, como este, que se lo llevan calentito. Hasta aquí hemos llegado. No vamos a permitir que suelten su discurso manipulador y mentiroso contra las personas migrantes, mientras ellos son los señoritos de las paguitas”, ha zanjado.

En relación con Canal Sur, García ha recordado que Vox “prometió cerrarlo” y lo calificaba de “chiringuito”. También se ha dirigido al PP de Juanma Moreno: “Podría cesarlo automáticamente si tuviera la voluntad política para ello. Ahora todos los partidos se tienen que posicionar. ¿Queremos un señor que va hablando de paguitas cobre una de Canal Sur sin trabajar para Canal Sur, sino para Vox?“

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, lleva tiempo reclamando sanciones contra los diputados reincidentes que se dedican a boicotear los turnos de intervención de representantes de diferente signo político. En los pasillos del Congreso se ha llegado a comentar que un diputado llevó un sonómetro durante una sesión parlamentaria y los niveles de ruido fueron “parecidos a una grada hooligan”. Desde este periódico no hemos podido verificar esta anécdota, aunque sí puede servir como fiel reflejo de la coreografía que se vive en los Plenos en la Cámara Baja, marcada por las intervenciones fuera de turno, los gritos e incluso los insultos.

Entre todos, la diana está en el diputado de Vox, José María Sánchez García, quien el pasado martes cruzó todas las líneas rojas tras levantarse de su escaño para encararse con una letrada de la Mesa y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien presidía la Cámara en ausencia de la diputada balear. No es la primera vez que este diputado incumple el reglamento de la Cámara, señaló entonces el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que recordó en unas declaraciones a los medios que este diputado llamó “bruja” a una diputada del PSOE".

La Mesa activó el artículo 104 y Sánchez García fue expulsado tras ser llamado al orden tres veces, como así narró el acta taquigráfica del pleno. La Mesa decidió estudiar sanciones más graves en una reunión posterior a puerta cerrada. Desde el grupo socialista pidieron aplicar el artículo 106 del Reglamento, que contempla la expulsión de un diputado durante un mes cuando “un miembro -o no miembro- de la Cámara en el recinto parlamentario promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra será inmediatamente expulsado”.

La Mesa llega “tarde” para aplicar el 106

La decisión final, que contó con el rechazo de los cuatro miembros del PP, solo fue una resolución de condena enérgica solicitada por la presidenta de la Mesa, en la que se hace además un llamamiento a todas las formaciones políticas para que relajen el clima de crispación que se está trasladando. El castigo no cumplió con las expectativas de la bancada socialista, pero en realidad, era la medida más estricta contemplada en el reglamento. ¿Y qué hay del artículo 106? La respuesta es que la Mesa cometió un error en su aplicación.

Fuentes parlamentarias consultadas por Infobae indican que la clave está en la expresión “inmediatamente”. El artículo 106, comentan las mismas fuentes, se tendría que haber aplicado en el momento. ”Si llevas este asunto a una reunión de la Mesa posterior al Pleno, ya no se puede aplicar”, añaden.

El Congreso avanza en la reforma del Reglamento

La Mesa de la Comisión de Reglamento, encargada de las reformas de las normas de la institución, planea avanzar en la reforma del Reglamento para aplicar sanciones más severas que eviten este tipo de actos.

Armengol ha planteado endurecer varios artículos, especialmente el 30, y el grupo socialista, a través de Patxi López, ha asumido materializar en una reforma legal del Reglamento para impulsar el cambio normativo, aunque reconocen, no obstante, que el proceso es largo y prefieren no dar plazos para llevarlo a Pleno. El Congreso deberá debatir esta reforma y someterla a votación, que, al igual que una ley orgánica, debe convalidarse con mayoría absoluta.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha cargado este miércoles contra el acuerdo de gobierno sellado entre el Partido Popular y Vox en Aragón, al que ha definido sin ambages como “un ejercicio de supervivencia política” y “un reajuste de intereses”, desvinculándolo de cualquier planteamiento programático orientado a la comunidad. La dirigente socialista ha comparecido tras la reunión de la Ejecutiva autonómica del partido, en una jornada marcada por el anuncio del pacto que permitirá la investidura del popular Jorge Azcón.

Desde el primer momento, Alegría ha cuestionado el sentido político del acuerdo, subrayando que llega tras “cuatro meses de parálisis” institucional sin que, a su juicio, se haya articulado una propuesta de gobierno reconocible. “Lo que hemos conocido no es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”, ha resumido, incidiendo en la idea de que el entendimiento entre ambas formaciones responde más a una lógica de poder que a la voluntad de abordar los problemas estructurales de la comunidad.

El diagnóstico de la líder socialista se ha centrado en la ausencia de medidas concretas en ámbitos sensibles de la gestión pública. Ha puesto como ejemplo la situación de la sanidad, con demoras de al menos quince días para acceder a una cita en atención primaria, o las dificultades de acceso a la vivienda, cuestiones sobre las que, ha remarcado, no se ha escuchado “ni una sola propuesta” en el marco del acuerdo.

En la misma línea, ha aludido a la falta de respuestas sobre la red de residencias públicas, otro de los frentes que, según el PSOE, exige actuaciones urgentes. “Aragón ha estado cuatro meses paralizado para esto”, ha insistido, en una crítica que combina el reproche por el tiempo transcurrido con la ausencia de contenido del pacto.

Alegría ha dirigido también sus dardos a Azcón, a quien ha recordado que convocó elecciones anticipadas con el objetivo declarado de reforzar la estabilidad y la autonomía política de su gobierno. A su entender, el resultado ha sido el contrario. “Ha perdido ambas”, ha afirmado, sugiriendo que el nuevo Ejecutivo nacerá condicionado tanto en su margen de maniobra como en su capacidad de decisión.

Un acuerdo condicionado y bajo sospecha de inestabilidad

La dirigente socialista ha ido más allá al cuestionar la génesis del pacto, que, según ha señalado, se habría cerrado bajo la tutela de la dirección nacional del Partido Popular, con la participación del dirigente Miguel Tellado. Este extremo, en su opinión, evidenciaría una pérdida de autonomía política en Aragón, al trasladar el centro de decisión fuera de la comunidad.

A partir de ahí, Alegría ha dibujado un escenario de incertidumbre para la legislatura que ahora se abre. Ha sostenido que la relación entre PP y Vox está marcada por la “desconfianza mutua”, una circunstancia que, lejos de disiparse con el acuerdo, podría trasladarse a la acción de gobierno. “Esa desconfianza se traducirá en inestabilidad, y esa inestabilidad la acabarán pagando los aragoneses”, ha advertido.

En ese contexto, ha augurado un recorrido limitado al pacto, al que ha atribuido una “fecha de caducidad” breve, en coherencia, ha dicho, con la naturaleza de un acuerdo que no se sustenta en un proyecto compartido, sino en la necesidad coyuntural de alcanzar el poder.

La dirigente socialista ha reservado también parte de su intervención para cuestionar la inclusión del concepto de “prioridad nacional” en el acuerdo, que ha interpretado como una quiebra del principio de igualdad recogido en la Constitución Española. A su juicio, este planteamiento puede derivar en una criminalización de la población migrante, frente a la que ha reivindicado políticas de integración y regularización respaldadas —ha recordado— por una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y por diversos agentes sociales.

Chunta Aragonesista eleva el tono

Las críticas al acuerdo no se han limitado al PSOE. El presidente de Chunta Aragonesista y portavoz en las Cortes, Jorge Pueyo, ha reaccionado con dureza al pacto, al considerar que supone un giro de gran calado en la política autonómica. En su valoración, el entendimiento entre PP y Vox implica que “el fascismo está en las instituciones de Aragón” y anticipa “tiempos oscuros” para la comunidad.

Pueyo ha sostenido que el acuerdo “vulnera los derechos humanos” y los principios básicos tanto del Estatuto de Autonomía como de la Constitución, y ha vinculado esta situación al adelanto electoral impulsado por Azcón, que ha calificado como “un fracaso” para los populares tras la pérdida de escaños.

Asimismo, ha rechazado la creación de nuevas estructuras como una “vicepresidencia de desregulación”, que, en su opinión, podría erosionar el autogobierno, y ha criticado la configuración de departamentos que ha vinculado a políticas de recorte y a planteamientos restrictivos en materia migratoria.

Pueyo ha reprochado también a Vox haber aceptado responsabilidades institucionales pese a haber rechazado previamente este tipo de acuerdos, subrayando lo que considera una contradicción en su discurso. “No pactaban sillones, pero han pactado los sillones del Gobierno, los de la Mesa de las Cortes y uno de los senadores autonómicos”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que su formación ejercerá una oposición activa frente al nuevo Ejecutivo.

El PP y Vox han llegado a un acuerdo para renovar al candidato popular y presidente en funciones, Jorge Azcón, como líder del Ejecutivo autonómico. Así lo han anunciado este miércoles sendos partidos, poniendo fin a más de dos meses de bloqueo institucional tras las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

El líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha avanzado que Vox tendrá una vicepresidencia, que puede ir o no, “unida a una consejería determinada”, pese a que todavía no han determinado cuál. Además, la ultraderecha contará con tres consejerías, mientras que el PP se quedará con nueve: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medioambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación, así como el senador autonómico y un puesto en la Mesa de las Cortes.

"Acabamos de cerrar un acuerdo que no es otra cosa que la respuesta natural de las urnas. Los aragoneses eligieron una manera natural para darle forma. Lo que es evidente es que los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”, ha sentenciado Nolasco, a las 17.30 horas en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Un pacto de 13 puntos donde se incluye la “prioridad nacional”

Por su parte, Azcón ha defendido que el pacto, que consta de 13 puntos, “cumplirá con el principio de legalidad”, y será “transparente” para un Gobierno que será efectivo durante “los próximos cuatro años”. “Con un reparto proporcional al resultado de las elecciones, con un acuerdo que cumple con el mínimo común que los dos partidos les hemos prometido a los aragoneses, estamos convencidos de que hay que creer en la palabra de que será un gobierno de cuatro años”, ha añadido.

Sin embargo, el pacto sigue la misma hoja de ruta que el acuerdo de Extremadura e incluye, al igual que este, el principio de “prioridad nacional”. Este mismo miércoles el Congreso ha rechazado la moción presentada por su partido aliado para implantar este concepto en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas, que ha contado con el voto en contra de los populares, que esperaban adoptar medidas como la repatriación de todos los inmigrantes irregulares o que cometieran delitos.

“Mi prioridad absoluta son los aragoneses. Este debate de que haya un principio en la prioridad nacional tiene dos debates distintos: uno que tiene que ver con la política y otro con la legalidad”, ha señalado el popular, asegurando que la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo del Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe jurídico de la casa“.

Sobre el rechazo a la moción, Feijóo ha apuntado que este arraigo no depende el lugar de nacimiento, sino del tiempo que lleva empadronado o residiendo en este territorio, motivo por el que Azcón ha apuntado que “son conceptos distintos y no incompatibles”. “Lo que vamos a proponer siempre va a estar ligado a los distintos criterios de legalidad, sea por permanencia, arraigo, por mayor número de empadronamiento, de años o porque se ha conseguido la residencia legal que es asimilable a la nacionalidad española”, ha apuntado.

Sobre los presupuestos, Azcón ha asegurado que la prioridad es que se aprueben “cuatro presupuestos”, después de que precisamente se adelantaran al no llegar a un acuerdo. “Lo importante es ser coherente”, ha afirmado, subrayando además que “si llevamos dos años sin presupuesto, lo lógico es que llamemos a los aragoneses”, dijo hace unos meses el líder de la región.

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón como presidente de la comunidad autónoma, poniendo fin a más de dos meses de bloqueo institucional tras las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero. El pacto, que será presentado formalmente esta tarde, llega en la víspera del Día de Aragón y sigue la estela del acuerdo sellado entre ambas formaciones en Extremadura.

Azcón comparecerá ante los medios a las 17:30 horas para detallar el contenido del acuerdo, que se ha cerrado tras intensificar los contactos en los últimos días y una vez consumada la investidura de María Guardiola en Extremadura. El líder del PP aragonés había expresado su intención de alcanzar un entendimiento antes de la festividad de San Jorge, una fecha simbólica que la comunidad no había vivido hasta ahora sin un Gobierno plenamente constituido.

El entendimiento entre ambas formaciones se produce después de una negociación prolongada y deliberadamente discreta, en la que han participado tanto las direcciones autonómicas como representantes de las cúpulas nacionales. La culminación del acuerdo en Aragón ha estado condicionada, además, por el desarrollo de las conversaciones paralelas en otras comunidades, especialmente en Extremadura, cuyo pacto ha servido de referencia programática y política.

Un acuerdo en la estela de Extremadura

El texto pactado en Aragón sigue de cerca la arquitectura del acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, tanto en su planteamiento general como en algunos de sus elementos más significativos. Entre ellos destaca la incorporación del concepto de “prioridad nacional”, una formulación impulsada por Vox que ha adquirido centralidad en la negociación y que ha generado debate en el seno del propio Partido Popular.

Este principio, cuya concreción práctica no ha sido detallada, se presenta como un criterio orientador en el acceso a determinados recursos públicos. Mientras Vox defiende una interpretación explícita de “los españoles primero”, en palabras de sus dirigentes, el PP ha tratado de acotar su alcance, subrayando que en ningún caso implicará vulnerar la legalidad vigente ni introducir discriminaciones.

La asunción de este término por parte de los populares ha suscitado incomodidad en algunos sectores del partido, que cuestionan tanto su encaje político como su traslación al ámbito estatal, donde ya ha sido incorporado en iniciativas parlamentarias. Desde la dirección, sin embargo, se defiende como parte de una estrategia orientada a garantizar la gobernabilidad en los territorios donde la suma con Vox resulta imprescindible.

Equilibrio de fuerzas tras las urnas

El resultado electoral ha sido determinante en la configuración del acuerdo. El Partido Popular obtuvo 26 escaños —dos menos que en la anterior legislatura—, mientras Vox experimentó un notable crecimiento hasta alcanzar los 14 diputados, siete más que en 2023. Este reparto ha reforzado la posición negociadora de la formación liderada por Santiago Abascal, que ha aspirado desde el inicio a una presencia proporcional en el futuro Ejecutivo.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ya había anticipado en los últimos días que su partido acudiría a la negociación con una posición de fuerza superior a la de otros territorios, en referencia a su mayor porcentaje de voto respecto a Extremadura. En ese contexto, Vox confía en haber obtenido concesiones adicionales en el reparto de responsabilidades gubernamentales.

Aunque los detalles sobre la estructura del Ejecutivo no han sido aún desvelados, distintas fuentes apuntan a que la formación podría asumir un número relevante de consejerías. Desde el Partido Popular, no obstante, se ha insistido en que la negociación se ha centrado prioritariamente en el contenido programático y no en la distribución de cargos.

Durante las últimas jornadas, los equipos negociadores han intensificado los contactos para cerrar los últimos aspectos del acuerdo. La vicepresidenta en funciones y portavoz del PP en las conversaciones, Mar Vaquero, ya había avanzado que las negociaciones se encontraban en una fase muy avanzada, subrayando el progreso realizado en cada uno de los puntos del documento.

En paralelo a la negociación política, el Gobierno aragonés en funciones ha mantenido una posición crítica respecto a la política migratoria del Ejecutivo central, especialmente en relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes. Vaquero anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo y advirtió del impacto que, a su juicio, estas medidas pueden tener sobre los servicios públicos, si bien reiteró el compromiso de cumplir la legalidad estatal.

El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción presentada por Vox para implantar la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas. La iniciativa ha quedado relegada después de que el Partido Popular, junto al resto de formaciones, haya votado en contra de la propuesta. Su cambio de postura ha ocurrido después de que el partido liderado por Santiago Abascal negara la posibilidad de introducir enmiendas que matizaran el texto.

El objetivo de esta moción buscaba obligar al Gobierno a adoptar medidas como la repatriación de todos los inmigrantes irregulares o que cometieran delitos, la limitación del acceso a la sanidad para los extranjeros a situaciones de emergencia, la derogación del decreto de regularización de inmigrantes y la exclusión de la asistencia jurídica gratuita para este colectivo. La votación que ha dejado solo a Vox en el Congreso de los Diputados ha sido unas pocas horas después de que saliera adelante la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

Y es que, este concepto era, a petición del partido de Abascal, una de las condiciones para formar una coalición en la comunidad extremeña. Los populares habrían ofrecido diferentes aportaciones para intentar una transacción del texto, pero todas fueron rechazadas por Vox, según han confirmado fuentes del PP. Además, los de la ultraderecha también se negaron a que la moción se votara por puntos.

“El español trabaja para el que acaba de entrar”

Los del Partido Popular han justificado su postura por diversos motivos. Primero, defienden el criterio de arraigo “es importante” para el acceso a los servicios públicos. Asimismo, han negado que su acuerdo en Extremadura implicase restringir la sanidad o la educación de los inmigrantes. Así, “ningún extranjero que tenga arraigo se quedará sin servicios públicos, porque eso sería ilegal”.

El diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha acusado al Gobierno de provocar “una España al revés”, durante su turno en el debate. También ha denunciado que “el español trabaja para el que acaba de entrar”. Según Hoces, la inmigración está transformando la identidad de España y denunció lo que denominó “endofobia” en el Ejecutivo y la izquierda. “Gobernar es priorizar y han olvidado a los españoles”, ha criticado.

Por lo que el diputado defiende que la “prioridad nacional” es una exigencia de justicia social y no una cuestión xenófoba. Pese al acercamiento en Extremadura, la formación de Abascal ha descartado cualquier modificación, insistiendo en que el acuerdo “está bien, pero hoy estamos en el Congreso”. Por parte del PP, la diputada Carmen Navarro ha marcado distancias con Vox y ha recalcado que su formación no se apartará del marco constitucional ni de lo formado en Extremadura. Asimismo, ha insistido en que “el debate de la inmigración requiere de seriedad”.

Desde el Gobierno y los partidos de izquierda se han multiplicado las críticas al concepto de “prioridad nacional”, al que tildaron de “racista” y “xenófobo”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera preocupante la deriva del PP en este ámbito y ha alertado que el Ejecutivo recurrirá ante los tribunales cualquier norma autonómica que recorte derechos o libertades fundamentales. “Quieren quitar la sanidad a las personas migrantes cuando aquí hay sanidad universal. El PP atenta contra dos artículos de la Constitución. Estaremos vigilantes”, ha asegurado.

Tras cuatro meses de bloqueo y dos intentos de investidura fallidos, María Guardiola ha sido reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor de PP y Vox. El resultado de la votación de este miércoles ha sido de 40 votos a favor y 25 en contra, lo que permite que Guardiola tome posesión del cargo este viernes.

Sus primeras declaraciones como presidenta extremeña han sido fiel reflejo de la tensión que se ha vivido en la región. Hasta hace una semana estaba avocada a la repetición electoral: “Hoy quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado acompañándome todo este tiempo, dándome la mano, levantándome cuando me he caído; quiero darles un abrazo, quiero llorar, quiero gritar y divertirme con ellos y celebrar porque todo el PP de Extremadura lo merece”, ha asegurado.

En realidad, Guardiola ha afrontado este debate con el apoyo de los de Abascal más que garantizado, tras alcanzar la semana pasada un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, en el que Vox asumirá una vicepresidencia y dos consejerías, además del senador autonómico. El texto consta de 61 puntos y 74 medidas, que abarcan “todas las áreas del Gobierno y que van a ser buenas para Extremadura”, defienden sus impulsores.

El acuerdo ha sido muy criticado por la oposición, que arremete especialmente contra el concepto de “prioridad nacional”, un concepto que los populares, a petición de Vox, se han comprometido a incorporar en el acceso a ayudas sociales. También ha protagonizado el primer choque entre los nuevos socios de gobierno, que todavía no tienen clara la interpretación de este principio.

La “prioridad nacional” protagoniza el debate de investidura

Porque mientras el PP cree que la prioridad se refiere al “arraigo”, Vox mantiene que lo que se ha firmado es “la prioridad de los españoles” respecto a las personas extranjeras, eliminando precisamente el término del arraigo. Abascal ya ha adelantado que pretende replicar su idea en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Vox acusó a la Dirección Nacional del PP de boicotear el acuerdo que, según ellos, había sido acordado “con el partido en Extremadura”, no con Génova. “Que no molesten” ni intenten “truncar” el pacto”, recriminó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster. En su turno durante el debate de investidura, María Guardiola volvió a repetir que “aquí no se va a priorizar a nadie” y trató de quitar hierro a este choque cargando contra el PSOE y Unidas por Extremadura por tratar de “demonizar” el acuerdo.

Próxima parada: Aragón

El pasado 4 de abril, la presidenta extremeña fracasó en su primer intento de investidura con el único apoyo del PP. Tras apelar a la abstención en la segunda votación, Vox dejó claro que su sentido de voto sería “un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas”.

Desde entonces, aprovechando la ventana que se abría entre las elecciones de Castilla y León y las de Andalucía, el PP ha multiplicado sus contactos con los de Abascal en las últimas semanas. El acuerdo llegó tras dos reuniones sobre el terreno con las direcciones nacionales encabezando los equipos negociadores.

Ahora es el turno de Aragón, que debe llegar a un acuerdo antes del 4 de mayo si quiere evitar una repetición electoral. Tanto el PP como Vox insisten en que el acuerdo es inminente y podría llegar, incluso, en la tarde de este miércoles.

El acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura esconde un elemento altamente inflamable que amenaza con hacer estallar la coalición en la región y las alianzas que están por venir en el resto del territorio español. Se trata de la interpretación del concepto “prioridad nacional”, un principio que, a petición de Vox, se plantea introducir en los formularios para solicitar ayudas sociales en cualquier región.

¿Qué significan estas palabras? Vox cree que es la prioridad que se le debe dar a los españoles de nacimiento para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, así como al acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. Los de Abascal quieren acabar con la idea del arraigo, una vía jurídica contemplada en el reglamento de Extranjería para que personas extranjeras en situación irregular puedan regularizar su estancia en España, ya sea porque trabajan aquí o por vinculación familiar excepcional.

Los de Abascal quieren hacer de su “prioridad nacional” el eje estratégico de su agenda en todos los territorios y preparan una batería de mociones a nivel regional, autonómico y nacional para implantar este término. El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, recuerda que su medida no es nueva y ha afirmado que la idea de “prioridad nacional” también forma parte del acuerdo de investidura alcanzado con el popular Juanfran Pérez Llorca en la Generalitat Valenciana. La última ofensiva se ha dado en el Congreso, donde los de Abascal han llevado una moción, con su interpretación, para instar al Gobierno a implementar su “prioridad nacional”.

Vox sostiene que “no es capricho”, pero su medida deja de lado a 214.000 personas

“Mientras la población española disminuye y el Gobierno se afana en dificultar la vida a las familias e impedir que nazcan niños, el plan del ejecutivo es regularizar la invasión utilizando además herramientas como el arraigo”, señaló la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

En su moción, a la que tuvo acceso Infobae, defienden que no iría en contra de la legalidad porque, según ellos, “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia vinculado al deber de atender a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional”; aunque eso suponga obviar a los más de 214.000 migrantes que trabajan -y por tanto, contribuyen- en España gracias al arraigo.

El PP se enroca en el arraigo: “No se va a priorizar a nadie”

¿Dónde se posicionará el PP en la medida de Vox? Los populares quieren evitar que esto produzca un efecto de bola de nieve que hipoteque sus futuras negociaciones y desde el lunes advierte a Bambú que eso no es lo que firmaron. Fuera del marketing del nombre, los populares insisten en que no se da la prioridad de los españoles, sino que se pretende priorizar a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional. “Este es el alma del acuerdo en Extremadura”, defienden fuentes del PP. “El texto recoge de forma textual y literal el criterio de arraigo de las personas”, insistió también la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en los pasillos del Congreso. Y así lo ha querido dejar por escrito en una enmienda a la moción que Vox lleva esta semana al Congreso.

La candidata a la presidencia de la Junta y ganadora de las elecciones, María Guardiola, también insistió en que “aquí no se va a priorizar a nadie”. Se pretende, añadió la extremeña, que las personas que viven en Extremadura “tengan oportunidades aquí y vamos a valorarlo con ese arraigo y con esa vinculación territorial”.

Los mensajes del PP han provocado el enfado de Vox, que ha cargado de nuevo contra el “boicot de Génova”. “Aquí ha habido un entendimiento con el PP de Extremadura y lo queremos dejar muy claro, el PP de Extremadura, porque la dirección del Partido Popular se ha dedicado a poner trabas”, denunció Millán, que calificó de “extraña” la estrategia de los populares.

La tensión entre ambos partidos tiene lugar en un momento crítico en las negociaciones en Aragón, donde se debe alcanzar un acuerdo para investir a Jorge Azcón antes del 4 de febrero si se quieren evitar elecciones. Allí Vox avisa que volverá a llevar su modelo de prioridad nacional con todavía más exigencias, tratando de no dejar lugar a especulaciones. ¿Aceptará el PP o cederá Vox ante el giro de los de Alberto Núñez Feijóo?

Desde el 1 de enero de este año, la normativa de tráfico en España exige que todos los vehículos lleven en su interior la baliza luminosa V-16. Este dispositivo tiene la función de alertar de forma automática sobre un incidente en la carretera y transmitir la localización exacta del suceso.

El objetivo principal de la medida es sustituir los triángulos de señalización tradicionales con la intención de minimizar riesgos para los conductores y reducir el número de atropellos. Circular sin la baliza a mano implica una multa de 80 euros, idéntica a la que se aplicaba por no llevar los triángulos; pero puede ser mucho más elevada si el dispositivo se utiliza de forma incorrecta o con un fin distinto, pudiendo alcanzar los 30.000 euros en los casos más graves.

Tanto Vox como Sumar han aprovechado una ley impulsada por el PSOE que está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados - y busca endurecer las sanciones por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad - para presentar dos enmiendas relacionadas con elementos de señalización y el sistema de multas de tráfico.

Vox: defensa de los triángulos y críticas a la obligatoriedad

La enmienda de Vox propone que la señal V-16 se pueda utilizar como alternativa a los triángulos en lugar de sustituirlos completamente. El texto, difundido por Europa Press, especifica que los triángulos “podrán seguir utilizándose sin limitación temporal”, en contraposición al modelo de la Dirección General de Tráfico que, aunque permite el uso de triángulos siempre y cuando sea además de la baliza, apuesta por la conectividad y la digitalización como eje central.

Según la propuesta del partido, tampoco será obligatorio que la baliza incorpore conectividad con los sistemas de la DGT ni que disponga de geolocalización. Vox sostiene, en defensa de su posición, que “la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España” y recuerda que su eficacia ha sido cuestionada por diferentes organismos expertos en seguridad vial. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) comparte esta perspectiva y “se inclina por la complementariedad en vez de la obligatoriedad”.

Vox expresa en su enmienda: “No se entiende por qué el Gobierno descarta la opción de que sea el conductor quien decida qué dispositivo utilizar”. El partido argumenta que levantar la obligatoriedad permitiría seguir investigando y evaluando otras medidas, siempre respaldadas por estudios técnicos y forenses independientes. El objetivo que defiende la formación es evitar “cargas adicionales a las familias y empresas” y priorizar soluciones cuya eficacia haya sido probada en condiciones reales.

Sumar: un modelo de multas según la renta

Sumar, por su parte, ha presentado una enmienda para modificar el régimen sancionador de tráfico y adaptarlo a la capacidad económica de cada infractor. El sistema actual fija las multas únicamente según la gravedad de la infracción, con importes de 100, 200 o 500 euros, sin distinguir la renta del sancionado.

La propuesta de Sumar introduce una escala progresiva: las multas se incrementarían un 150% para personas con ingresos entre 70.000 y 85.000 euros anuales, un 300% para quienes declaren entre 85.000 y 100.000 euros, y un 500% para los que superen los 100.000 euros al año.

El grupo parlamentario sostiene que “el efecto de disuasión no será el mismo” si la sanción recae sobre una persona con ingresos mensuales de 1.100 euros que sobre otra que percibe 10.000 euros en el mismo periodo. Sumar recuerda que este modelo ya se aplica en varios países europeos desde hace más de un siglo, con Finlandia como pionera en 1921. El principio fundamental es que la cuantía sea “razonable en relación con la capacidad de pago”. Entre los países que utilizan sistemas similares se encuentran Suiza, Dinamarca y Reino Unido.

Los purgados de Vox continúan avivando su guerra contra la cúpula del partido en plena campaña electoral andaluza. Excargos y críticos con la formación de Santiago Abascal han anunciado que se reunirán el 20 de junio en Madrid para promover la “construcción de una alternativa” ante el viraje “totalitario” de la formación.

Así lo han señalado los impulsores de esta cita, los mismos que promovieron el año pasado la ‘Declaración de Barajas’ —respaldada por alrededor de cien cargos y excargos de la formación—, quienes exigen la refundación de la organización “ante el serio riesgo de que Sánchez pueda seguir en la presidencia tras las elecciones generales de 2027”.

Desde hace semanas, Bambú trata de apagar los innumerables frentes en las sedes regionales del partido con varias expulsiones “arbitrarias” a nivel nacional, regional y local. La más reciente ha sido la del exportavoz madrileño Javier Ortega Smith, quien ya ha amenazado con elevar este asunto a instancias judiciales.

“La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia. Vox se fundó para combatir todo esto”, escribió el exportavoz en un mensaje en redes sociales. El afiliado con el carnet con el número 1 del partido, Ignacio Ansaldo, concejal del Ayuntamiento de Madrid afín a Ortega Smith, también ha anunciado a través de sus redes sociales que recurrirá la “ilegal, injusta y arbitraria” expulsión de Vox.

La guerra interna abre frentes judiciales

Por el ala de los purgados, tanto Ortega Smith como otro histórico de Vox, el exsecretario general Javier Espinosa de los Monteros —además del exportavoz murciano, José Ángel Antelo—, llevan semanas reclamando a Abascal la celebración de un congreso extraordinario en el partido para que los votantes y afiliados elijan el rumbo del partido. Vox trata de fingir normalidad acusando al PP de haber propagado este incendio para beneficiarse electoralmente e insiste en que “no caerá en la política del corazón”. “A mí me ocupa los problemas reales de los españoles, ni me preocupa ni me ocupa en absoluto la política del corazón”, señaló Abascal en un mitin de precampaña en Jaén.

Por el ala de la Dirección Nacional, Vox mantiene su querella contra Iván Espinosa de los Monteros por un posible delito de revelación de secretos, originado por filtraciones difundidas en OkDiario. En este contexto, este jueves comparecieron Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro, dos altos cargos del partido.

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Abascal ha evitado alimentar la confrontación entre líderes afines en el ámbito ideológico y ha apostado por una lectura pragmática de las discrepancias entre aliados. A su juicio, las diferencias en determinadas materias no deben interpretarse como una quiebra de las relaciones, sino como la consecuencia natural de la defensa de intereses nacionales distintos.

Lealtad sin uniformidad

El líder de Vox ha construido su argumentación sobre una idea central: la compatibilidad entre la lealtad política y el desacuerdo. “No nos peleamos ni rompemos”, ha resumido, aludiendo a la necesidad de preservar las alianzas incluso cuando no existe coincidencia plena en todos los frentes.

Para ilustrarlo, ha recurrido a su relación con el presidente argentino, Javier Milei. Abascal ha recordado que, pese a la sintonía personal e ideológica que mantiene con el mandatario, discrepa de su apoyo al acuerdo comercial de Mercosur, una iniciativa que él rechaza pero que Milei respalda por considerarla beneficiosa para Argentina.

Desde esa lógica, el presidente de Vox ha interpretado el desencuentro entre Trump y Meloni como una expresión de esa misma dinámica. Ha afirmado estar “convencido” de que ambos líderes actúan guiados por la defensa de sus respectivos intereses nacionales, sin que ello deba traducirse en descalificaciones personales o políticas. En ese marco, ha subrayado que Meloni afronta su acción de gobierno en condiciones complejas y con “muchísimas dificultades”, lo que, en su opinión, acentúa el valor de su liderazgo.

Abascal ha ido más allá al advertir contra la tentación de erosionar a socios políticos por discrepancias puntuales en materia geopolítica o internacional. Ha reivindicado la figura de la dirigente italiana como una “gran patriota” y ha apelado a la necesidad de comprender el margen de maniobra de cada gobierno antes de emitir juicios categóricos.

China como eje de confrontación interna

La comparecencia ha derivado, sin solución de continuidad, hacia la política nacional. Abascal ha aprovechado la referencia internacional para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a propósito de su viaje oficial a China, que ha situado en el centro de su crítica.

El líder de Vox ha cuestionado que el Ejecutivo pueda presentar al país asiático como un modelo de referencia. En su intervención, ha descrito a China como una “dictadura represiva” en la que no existe pluralismo político ni posibilidad de alternancia, y ha denunciado que se proyecte una imagen positiva de ese sistema en el debate público español.

Su reproche no se ha limitado a la política exterior. Abascal ha vinculado esa supuesta admiración por el modelo chino con una crítica más amplia al funcionamiento democrático en España. Ha sugerido que el Gobierno evita la convocatoria electoral y pretende “robar la voz al pueblo”, en una acusación que ha elevado el tono del discurso en plena precampaña en Andalucía.

En ese contexto, también ha denunciado lo que considera una contradicción en el discurso de algunos dirigentes políticos, a quienes ha reprochado que califiquen de dictadores a líderes democráticamente elegidos en otros países mientras, al mismo tiempo, muestran indulgencia o simpatía hacia el sistema chino. A su juicio, esa doble vara de medir revela una utilización interesada de los conceptos democráticos.

Abascal ha cerrado su intervención intensificando sus críticas hacia Sánchez, al que ha acusado de mantener una relación distante con la ciudadanía y de impulsar políticas migratorias y de nacionalización con efectos sobre el censo electoral. Un argumento que entronca con el eje habitual del discurso de Vox y que, en esta ocasión, ha quedado entrelazado con la crítica a la política internacional del Ejecutivo.

La percepción no siempre se corresponde con la realidad y, cuando se trata de personas migrantes, la distancia entre lo que se dice y lo que ocurre es aún mayor. La regularización extraordinaria, que entra en vigor en España este 16 de abril, vuelve a poner en primer plano los bulos y prejuicios que circulan en torno a la migración: desde comentarios racistas a la idea de que roban el puesto de trabajo a la población local. Sin embargo, los datos y la experiencia de quienes llevan años en el país muestran una realidad distinta.

Son principalmente dirigentes y agitadores de ultraderecha quienes lanzan mensajes de odio y difunden falsedades sobre la población migrante, a la que vinculan con la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos sin aportar pruebas o datos fiables, e incluso hablan directamente de “invasión migratoria”. Sobre esta nueva regularización extraordinaria, Vox ha señalado que el proceso “pretende promover el efecto llamada para acelerar la invasión”, unas críticas a las que también se ha sumado la derecha.

En una intervención ante diputados y senadores del Congreso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que su partido rechaza la nueva regularización, a la que calificó de “irresponsable, inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Feijóo ha argumentado que el proceso “alienta a las mafias”, pues reciben el mensaje de que “España es un chollo”, y perjudica “a quien cumple y ha entrado de forma legal”, además de “sobrecargar el Estado del bienestar”.

Esta postura alineada con la de Vox difiere de la de 2024, cuando el PP votó a favor de admitir a trámite en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una medida impulsada por la plataforma Regularización Ya para que miles de personas que ya residían y trabajaban en España pudieran obtener papeles. Además, durante los años 2000 y 2001, bajo el gobierno de José María Aznar, el PP también promovió procesos de regularización de migrantes.

Las personas migrantes que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, mientras que quedarán excluidas aquellas con antecedentes penales graves o consideradas una amenaza para el orden público. Además de permitir que medio millón de personas migrantes accedan a permisos de residencia y trabajo, el Gobierno señala que la regularización busca “reducir la economía informal, proteger frente a abusos laborales y asegurar que quienes ya viven en España lo hagan con plenas garantías legales”. A continuación, en Infobae desmentimos los principales bulos que circulan en torno a la regularización.

No concede automáticamente el derecho a voto

Una de las desinformaciones más extendidas asegura que el Ejecutivo ha impulsado la regularización para que las personas migrantes puedan votar en las próximas elecciones, pero se trata de una información falsa, pues este proceso no concede automáticamente el derecho a voto. Solo quienes tienen nacionalidad española pueden votar en elecciones generales y en las autonómicas, un proceso que requiere varios años de residencia y cumplir con una serie de requisitos legales.

Aunque la regularización permite vivir y trabajar legalmente en España, no concede la nacionalidad. Con la residencia legal, las personas migrantes regularizadas solo podrán votar en elecciones municipales, y únicamente si proceden de países con acuerdos de reciprocidad con España.

No hay un efecto llamada

Otro de los bulos que circula en redes es que la regularización va a provocar un efecto llamada cuando en realidad la medida solo afecta a las personas que ya viven y trabajan en España, y no a las que puedan llegar en el futuro. Esta es la séptima regularización que se produce en el país desde la llegada de la democracia y tampoco en los procesos anteriores se produjo ningún efecto llamada. De hecho, según un estudio de la Universidad de Chicago, la última regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de Zapatero, no redujo el empleo ni los salarios de los trabajadores nativos con menor cualificación. Por el contrario, añade el informe, mejoró la calidad del empleo y los salarios de los perfiles más cualificados.

Lo que sí cambia es la balanza de las aportaciones: las personas regularizadas pasan de usar los servicios públicos sin cotizar formalmente a financiarlos con sus impuestos. De hecho,, tras la regularización de 2005, cada persona regularizada generó más de 4.400 euros anuales en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, al regularizar a personas que ya están trabajando en la economía informal se evita que algunos empleadores puedan aprovecharse de su situación para pagar salarios más bajos. En ese sentido, otro estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostiene que las personas migrantes ni quitan el empleo a los españoles ni hacen que sus sueldos sean menores.

Más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir

En España actualmente unas 156.000 vacantes laborales sin cubrir, según datos del INE, principalmente en los servicios, la construcción y el sector primario. De hecho, estas son las áreas donde se concentra la mayoría del empleo de quienes se beneficiarán de la regularización: el 17% trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio. En ese sentido, la Comisión Europea también apunta a la migración como palanca esencial para mantener sectores estratégicos de difícil cobertura.

Si en España disminuyera la inmigración, también peligrarían servicios esenciales, tal y como advierte un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), que calcula que, si la inmigración cae un 30% para 2075, la población activa se reduciría en 9 millones de personas, habría 63.000 médicos especialistas menos y cerrarían unos 90.000 bares.

No se agrava la situación en la sanidad

Las afirmaciones que vinculan la regularización con el colapso de la sanidad también carecen de respaldo en la evidencia. Aunque el sistema de salud presenta mayores niveles de saturación desde la pandemia, el acceso de la población migrante a estos servicios es comparable al de la ciudadanía española de igual edad. Además, se estima que la regularización podría aportar hasta 3.300 euros adicionales por persona a las arcas del Estado, desmontando la percepción de que los migrantes suponen una carga para el sistema.

En cuanto a la vivienda, la regularización no cambia la demanda, ya que las personas beneficiarias ya residen en España y alquilan o comparten piso. El proceso tampoco da acceso a vivienda social ni a ayudas específicas, pero sí ofrece seguridad jurídica y permite firmar contratos de alquiler, presentar una nómina como aval o abrir una cuenta bancaria.

Es conocido que Vox ha encontrado en Estados Unidos e Italia su bastón de apoyo en el terreno de la ultraderecha internacional. Sin embargo, el partido que lidera Santiago Abascal avanza y recula a medida que sus formaciones amigas se meten en problemas. Dentro de la derecha radical europea, Vox se ha consolidado como el aliado más fiel de Donald Trump. Sin embargo, esa lealtad le ha obligado en repetidas ocasiones a hacer equilibrios para no respaldar decisiones que podrían perjudicar a España. Los aranceles, Venezuela, Groenlandia, Irán y ahora el Papa León XIV han puesto al partido en varias situaciones incómodas.

“No le tengo miedo a la Administración Trump”, dijo tajante el nuevo pontífice este lunes tras los ataques vertidos por el presidente estadounidense: “El papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, afirmó Trump después de que el papa, nacido en Estados Unidos, se pronunciara en contra de la guerra entre Irán y Oriente Próximo.

En ese contexto, la reacción de Giorgia Meloni ha terminado de tensar la cuerda. La primera ministra italiana, que en varias ocasiones ha presumido de su amistad con Vox, y viceversa, salió en defensa del pontífice y calificó de “inaceptables” las palabras de Trump. “El papa es la cabeza de la Iglesia Católica, y es justo y apropiado que abogue por la paz y condene toda forma de guerra”, ha señalado esta, quien además ha roto el acuerdo militar entre Italia e Israel.

Choque entre aliados

Desde el Congreso, este miércoles la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha tratado de templar el choque. Así, ha tachado de “poco comprensibles” las críticas del líder estadounidens y ha reivindicado a Meloni, a quien ha llamado “aliada y amiga”, como “una de las políticas más valientes del mundo”. Sobre el Papa, optó por marcar distancias con el terreno político: “No está para someterse a ningún político”, afirmó.

Todo ello pese a que Vox abandonó en 2023 el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por Meloni, para integrarse en Patriotas, impulsado por el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán. Aun así, la formación sigue presumiendo de buena relación y sintonía con la dirigente italiana, que mantiene además una estrecha amistad personal con Santiago Abascal.

En los últimos meses, Vox ha tenido que hacer equilibrios para adaptarse a Trump. A principios de año, cuando el presidente estadounidense llegó a plantear la anexión del territorio danés —en plena crisis diplomática con la Unión Europea—, Vox evitó posicionarse. “Si tenemos que tener una opinión de todo en la vida, incluso de Groenlandia, yo la verdad... No pensamos sobre Groenlandia. Tenemos bastante con Pedro Sánchez y la corrupción como para ponernos a pensar en Groenlandia”, llegó a afirmar su portavoz, José Antonio Fúster, restando importancia a una crisis que tensaba la OTAN y las relaciones transatlánticas.

El conflicto con Irán ha seguido el mismo patrón. El ‘No a la guerra’ defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado febrero, horas después del inicio de los bombardeos de EEUU e Israel. Por su lado, el partido de Santiago Abascal respaldó los ataques de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, aunque su líder se limitó a afirmar que veía “con gran esperanza” que el “régimen de los ayatolás pueda caer” y deslizó reproches hacia Trump.

Algo similar ocurrió con los aranceles impuestos a Europa el verano pasado. Lejos de cargar contra Washington, Vox culpó directamente a la UE, achacando el resultado de la negociación a los “terribles errores” cometidos por la UE durante las conversaciones con el presidente norteamericano.

Entre Washington y Roma, entre la estrategia internacional y el interés nacional, el partido de Santiago Abascal vuelve a caminar por la cuerda floja.

Ferraz lleva semanas con la maquinaria electoral a pleno rendimiento para tratar de despertar al electorado absentista que tanto ha lastrado al partido en los comicios autonómicos. Pedro Sánchez espera que su crítica enérgica contra Donald Trump, que tanto peso internacional le está otorgando, también le dé rédito en clave nacional. Por contra, se espera que la condescendencia e incluso el vasallaje de cierto sector de la política, siguiendo esta tesis, podría penalizarlos electoralmente.

Sin embargo, la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia, realizada entre el 23 de marzo y el 8 de abril, nos dice que la tónica dominante en otros países de Europa no llegaría a ser así en España. Al menos respecto a Vox, que ni siquiera la guerra interna desatada en la calle Bambú, entre Abascal y sus críticos, parece pasarle factura. Así, mientras el PSOE y PP descenderían ligeramente sus votos, la formación de Santiago Abascal conseguiría duplicar su resultado obtenido en 2023.

Y este resultado son malas noticias para la izquierda. Porque, pese al leve retroceso del partido de Feijóo en beneficio de Vox, ambas fuerzas sumarían una holgada mayoría absoluta si ahora se celebrasen elecciones: un total de 194 escaños, de los que 130 corresponderían al PP y 64 a Vox.

El PSOE se queda corto, pero la debacle es a su izquierda

Paralelamente, el hundimiento en la izquierda sería de dimensiones prácticamente inéditas. Según el sondeo de Ipsos, el PSOE cosecharía un 28,4% de los votos –tres puntos menos que en las últimas generales–, un resultado similar al del naufragio del 2011 y solo por encima del umbral de supervivencia del 2015 o el 2016. La estimación en escaños que le otorga a los socialistas es de 117 diputados, frente a los 121 que tienen actualmente. Pero sus opciones de gobernar se verían lastradas, esencialmente, por el desastre que se dibuja a su izquierda.

De no conseguirse la reconciliación entre Podemos y la coalición Sumar, el resultado que le da esta encuesta es de apenas siete escaños para los socios de coalición minoritarios e implicaría la desaparición de los de Ione Belarra.

Y en el caso de que finalmente cuajara, el cómputo de diputados podría elevarse a 17, pero sin capacidad de alterar la abrumadora mayoría absoluta conservadora. De hecho, según la encuesta, la desmovilización a la izquierda del PSOE se evidencia en el porcentaje de voto estimado para Sumar (5,8%), que contrasta con el 12,3% que obtuvo la candidatura de Yolanda Díaz en el 2023. Y si se añade la estimación de Podemos (1,8% del sufragio), la caída del conjunto de ambas fuerzas es de casi cinco puntos.

La fortaleza de Vox: la fidelidad de su votante

El dato que mejor explica el horizonte electoral de la encuesta es la radiografía sobre la fidelidad y los trasvases de voto. Como es sintómatico del resto de encuestas, Vox exhibe la mayor fidelidad electoral (con más de un 85% de sus votantes que repetirían el sufragio del 2023). A continuación, pero casi 15 puntos por debajo, se sitúa el PP, con una fidelidad del 71% y un 9% de indecisos.

Y más abajo aún, aparece el PSOE, cuyo índice de fidelidad es del 64%, aunque su tasa de indecisos alcanza al 11% de sus votantes de hace casi tres años. En cuanto a la izquierda alternativa, menos de la mitad de los votantes de Sumar repetirían ahora su voto y solo uno de cada diez optaría por Podemos.

La batalla catalana con Aliança Catalana de por medio

La encuesta de La Vanguardia también analiza la batalla particular por la hegemonía independentista entre Esquerra y Junts, aunque en esta ocasión el partido de Junqueras se impondría con más claridad, tanto en votos como en escaños. La proyección de las estimaciones daría ocho diputados a ERC (uno más que ahora) y cinco a Junts (dos menos que en el 2023).

El resultado de Esquerra podría tener un culpable, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, quien se ha posicionado como el personaje político mejor valorado. Rufián cosecha una nota de 4,5 y aparece como el dirigente que se sitúa más cerca del aprobado. De hecho, obtiene mejor nota entre los votantes del PSOE que Salvador Illa o el propio Pedro Sánchez.

En medio de esta pugna, ha aparecido un nuevo contendiente, aupado por la ola nacional-populista que recorre Europa: Aliança Catalana. El grupo de Sílvia Orriols lograría irrumpir en la Cámara Baja con dos escaños y se nutriría de uno de cada diez votantes de Junts y de los nuevos electores.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del humorista Jair Domínguez para garantizar su presencia en el juicio por incitación al odio que se celebrará la próxima semana, tras varios intentos fallidos de localizarlo tanto por teléfono como en su domicilio.

El cómico afronta esta situación después de que Vox presentara una denuncia en su contra por unas declaraciones realizadas en un programa de Catalunya Ràdio en 2021, justo después de las elecciones en Cataluña. Según el escrito de acusación, Domínguez afirmó en directo: “El pueblo más poligonero del Alt Empordà (Girona) vota a Vox. El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, ¿quién se lo podía imaginar? Más adelante, añadió: “Al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca”.

Vox solicita para el humorista, a raíz de estos comentarios, una pena de dos años de prisión y una multa de 216.000 euros para la emisora pública, acusándolo de incitar a la violencia contra el partido y sus simpatizantes. El tribunal, tras sostener que Domínguez se encuentra en “ignorado paradero”, ha emitido un auto de búsqueda y captura contra él.

Quién es Jair Domínguez

Jair Domínguez y Torregrosa es conocido sobre todo por su labor como guionista en programas en Cataluña como 52 (Premio Ondas 2005), Polònia, Crackòvia, Buenafuente o Minoria absoluta. Además, entre sus méritos figura ser uno de los coautores de la canción Baila el Chiki Chiki, que llevó a Rodolfo Chikilicuatre a representar a España en Eurovisión en 2008.

Actualmente, el humorista figura como uno de los colaboradores del informativo satírico de TV3, televisión autonómica catalana, Està Passant. Además, también es presentador del programa de radio El búnker, emitido en Catalunya Radio. Como escritor, Domínguez ha publicado el libro de cuentos Jesucrist era marica y las novelas Hawaii Meteor y Els xiprers, junto con otros libros como 99 coses que hem d’aniquilar si volem ser independents, Seguir vora el foc, Perímetre, Estructures Profundes y Allegro con Fuoco.

La respuesta de Jair Domínguez

La medida cautelar que ha emitido el tribunal contra Jair Domínguez busca asegurar la asistencia de Domínguez al juicio previsto para el martes próximo, en un proceso en el que solo Vox mantiene la acusación, ya que la Fiscalía no aprecia delito de odio en las palabras del humorista y las enmarca dentro de un contexto humorístico.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Domínguez ironizó sobre la situación judicial al haber compartido el auto que ordena su detención junto con el comentario: “Pero qué averiguar paradero si estoy en Banyoles”. Sin embargo, el tribunal defiende que los intentos de notificación judicial han sido infructuosos, tanto en los canales oficiales como a través de los representantes legales del acusado. Por ello, subraya: “Las razones expresadas son causa suficiente para decretar la búsqueda y detención del mismo”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, retomaron el contacto tras las elecciones de Castilla y León para avanzar en las negociaciones de los gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y la propia comunidad castellano y leonesa. El líder popular ha revelado que las delegaciones negociadoras se citaron el 25 de marzo en Mérida, según ha explicado en una entrevista con Servimedia.

Las conversaciones, que tuvieron lugar diez días después de los comicios, contaron con la presencia de Miguel Tellado, número dos del PP. Ambas partes acordaron además que sus equipos se reunirían “inmediatamente en Extremadura” para seguir avanzando en los contactos.

Aunque ha evitado revelar los detalles de su conversación con Abascal, Feijóo ha insistido en que los votantes del PP y de Vox han enviado “un mensaje claro”. “No podemos defraudar a la gente”, ha afirmado, subrayando que, a su juicio, la única alternativa viable tras los resultados pasa por la formación de gobiernos de centroderecha en las tres regiones.

Tras los comicios autonómicos, ambos líderes acordaron “seguir reuniéndose” para avanzar en las negociaciones de los ejecutivos regionales, en un contexto en el que han intensificado sus contactos. Esta voluntad de diálogo se mantiene pese a las recientes tensiones, después de que Vox lanzara su ataque contra Feijóo y la dirección del PP, a quienes acusó de prácticas desleales y de promover un “ataque brutal, calumnioso y miserable”.

En este escenario, Feijóo ha defendido la necesidad de acatar el mandato de las urnas: “Donde la gente manda, los políticos tenemos que obedecer. Y lo que nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox”. El líder popular ha recalcado que el resultado es “inapelable”, con un PP reforzado, un PSOE en retroceso y Vox consolidado como tercera fuerza política.

“Los votantes no lo perdonarán”

“No creo que la gente pueda aceptar, ni nosotros podamos defraudarles, al no garantizar estabilidad en los gobiernos autonómicos. Para eso se convocan elecciones: para recibir un mandato y seguir gobernando, o para pasar a la oposición. Y en este caso, es para seguir gobernando”, ha señalado Feijóo.

Además, trasladó a Abascal la presión del electorado: “Si no hay acuerdo, los votantes no lo perdonarán, y harán bien”. El líder popular ha recordado que, tras el “peor resultado” histórico del PSOE y con la suma de la derecha en los parlamentos autonómicos, “la cosa está juzgada”.

“Una vez dictada la sentencia, hay que acatarla. Y la sentencia electoral en Castilla y León, Extremadura y Aragón es que haya gobiernos liderados por el PP, con apoyo en la intensidad que se considere oportuno por parte de Vox”, ha afirmado. “Nosotros, desde luego, planteamos así la situación y no nos levantaremos de la mesa hasta lograr estabilidad en las tres comunidades autónomas”, ha añadido.

Los límites en la negociación

En el transcurso de las negociaciones, los equipos del PP y de Vox están evaluando las propuestas del partido de Abascal en función de las posibilidades legales y presupuestarias de cada comunidad autónoma.

Algunas de las medidas planteadas por Vox exceden las competencias autonómicas, como “el fin” de Mercosur, del Pacto Verde Europeo o de los acuerdos alcanzados por PP y Vox en Bruselas. “Un presidente autonómico no puede adoptar decisiones que vayan en contra de la legislación española o europea”, ha advertido Feijóo.

La negociación que se encuentra más avanzada, o que el PP aspira a cerrar primero, es la de Extremadura. Aunque Feijóo aseguró desconocer los detalles concretos que bloquean el acuerdo, ha señalado que su equipo está “contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales, presupuestarias y legales” para comprobar si pueden encajar en los Presupuestos, en el marco competencial y en la legislación vigente.

Feijóo ha concluido que “la gente está muy cansada” y no quiere “problemas” ni “discusiones formales”, sino “soluciones” y debates “de fondo”. Por ello, ha insistido en que su prioridad es “garantizar la estabilidad y la aceptación del resultado de las urnas”, centrando su acción en “presentar un proyecto y una alternativa” y en hacer una política “distinta a la frivolidad de la política nacional”.

Un museo taurino al aire libre dentro del principal parque del municipio. Esto es lo que ha propuesto y aprobado el Ayuntamiento de Galapagar, liderado por el Partido Popular en coalición con Vox. Con este proyecto, valorado en cerca de 1,5 millones de euros y financiado mediante un préstamo a largo plazo, se pretende transformar el parque de El Toril en un espacio temático de más de 27.000 metros cuadrados, que combinará biodiversidad, patrimonio cultural y tradición taurina.

Y, dentro de toda la reforma, el elemento central será el “primer museo taurino al aire libre de Madrid”, según lo anuncia el Ayuntamiento en sus redes sociales, que contará con un recorrido con paneles informativos que se leerán mediante un QR, esculturas y espacios expositivos. Según la memoria del proyecto, la idea es explicar “la importancia del mundo taurino en Galapagar” y su papel en la historia local. Entre sus vecinos más conocidos figuran el torero José Tomás y el ganadero Victorino Martín.

Aunque la actuación no se limita a lo taurino. El diseño incluye también zonas dedicadas a la biodiversidad, un centro de interpretación de la naturaleza y un espacio etnográfico, con el objetivo de combinar cultura, medio ambiente y ocio en el mismo entorno. Desde el Ayuntamiento se defiende que esta transformación permitirá atraer visitantes y reforzar la identidad del municipio.

Financiación con deuda

Para la financiación, el Consistorio ha aprobado una modificación de crédito para habilitar una inversión de 1.499.120 euros, que se sufragará mediante un préstamo a largo plazo. El expediente justifica esta fórmula por tratarse de un gasto que “no puede demorarse” y para el que no existe suficiente dotación en el presupuesto municipal actual. En la práctica, esto supone que el Ayuntamiento recurrirá al endeudamiento para ejecutar la obra, una decisión que ha sido cuestionada por los grupos de la oposición.

Uno de los más críticos ha sido la coalición Por Galapagar, que ha lanzado una recogida de firmas en contra del proyecto. Su portavoz, la concejala Maribel Ramírez, confiesa a Infobae que, en su opinión, es un gasto desproporcionado: “Yo no digo que no haya que arreglar el parque de El Toril, que probablemente se deba arreglar, pero el gasto es una pasada”.

Además, en los reclamos de la oposición sostienen que el uso de un procedimiento de urgencia en la contratación ha reducido los plazos y podría haber limitado la concurrencia de empresas. Y, en la misma línea, denuncian que el proyecto responde más a una estrategia política que a una necesidad prioritaria del municipio, criticando también el aumento de la deuda municipal que implicará su ejecución.

El contrato también fue objeto de una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública por parte de la oposición del Consistorio. Sin embargo, este órgano no llegó a analizar el fondo del asunto. El tribunal consideró que no era competente, al tratarse de un contrato de obras y con un importe inferior a los umbrales que permiten su intervención, fijados en este caso por debajo de los tres millones de euros.

Tala de seis pinos protegidos

El proyecto se presenta oficialmente como una actuación centrada en la mejora ambiental. El Ayuntamiento sostiene que permitirá incrementar la biodiversidad y crear un espacio más sostenible para los vecinos. No obstante, el propio documento técnico reconoce que el terreno actual presenta limitaciones importantes. Describe el suelo como degradado y con escasa capacidad para sostener vegetación, lo que obligará a crear un nuevo sustrato artificial para desarrollar las zonas verdes.

Entre las actuaciones previstas, el proyecto contempla intervenciones directas sobre el arbolado existente, incluyendo la tala de varios ejemplares. En concreto, la memoria recoge la propuesta de talar seis pinos protegidos por la normativa autonómica para permitir la ampliación de algunas instalaciones dentro del parque. La actuación obligará, según el propio documento, a reponer los árboles talados mediante nuevas plantaciones, según la antigüedad de los ejemplares eliminados.

Asimismo, se plantea la retirada de raíces y troncos cortados de ejemplares ya eliminados, y la elaboración de un inventario del arbolado con riesgo, junto con labores de poda en otros árboles para evitar daños durante las obras. Estas medidas se enmarcan dentro de la reconfiguración completa del espacio, pero afectan al impacto ambiental de la zona.

“Un museo taurino cuando la afición es minoritaria”

Aunque desde el Ayuntamiento han hecho público este proyecto desde sus redes sociales, describiéndolo como “una experiencia inmersiva que se vive, se aprende y se disfruta durante todo el año”, no ha sido muy bien recibido. En sus redes sociales, la publicación con el anuncio de esta reforma ha recibido numerosos comentarios negativos y quejas de los vecinos por destinar grandes partidas presupuestarias a este tipo de medidas.

Una de las usuarias comentó en la publicación que “es discutible dedicar un espacio tan grande y dinero público a un museo taurino cuando la afición es minoritaria y casi ajena a las generaciones más jóvenes”, y propone alternativas, como “hacer un proyecto para poner en valor algo que sí compartimos todos: la naturaleza, la flora y el entorno de nuestra localidad”.

Otro, por ejemplo, cree que “la limpieza de aceras, calles y zonas de basura, el mantenimiento de las calles de Galapagar requieren una atención ineludible de cara al verano”, y añade que “la tauromaquia implica una carga de violencia y sufrimiento animal que resulta inapropiada en estos tiempos”. “Qué vergüenza, con el pueblo tan bonito que tenemos lo estáis destrozando con vuestros caprichos”, denuncia después una vecina en los comentarios.

Vox ha elevado varios grados la confrontación con el Partido Popular al acusar directamente a su dirección nacional de orquestar una campaña política y mediática contra la formación. Lo hace en una carta a la militancia firmada por su secretario general, Ignacio Garriga, en la que denuncia un “ataque brutal, calumnioso y miserable” y señala con nombres y apellidos a Alberto Núñez Feijóo y su núcleo duro.

La misiva, difundida tras días de informaciones sobre tensiones internas, salidas de dirigentes y polémicas en torno a las cuentas del partido, no se limita a una defensa genérica. Vox construye un relato cerrado: su crecimiento electoral habría provocado una reacción coordinada para frenar su avance.

“Después de los extraordinarios resultados obtenidos […] ha llegado el ataque brutal, calumnioso y miserable que estamos sufriendo. No es extraño”, arranca el texto, que sitúa el origen de esa ofensiva en “muchos interesados, no solo en la política, en que Vox no continúe creciendo”.

“Clan gallego” y “prácticas de contrabandistas de ría”

El punto de mayor tensión llega cuando Garriga identifica de forma explícita a los responsables. “Todo este brutal ataque […] tiene un único origen”, sostiene, para añadir a continuación: “no es otro que la dirección actual del Partido Popular. En concreto, el señor Núñez Feijóo, su asesora, Mar Sánchez, y el secretario general de su partido, Miguel Tellado”.

La carta da un paso más allá en el tono al describir a ese entorno como “ese clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría”, al que acusa de haber “contactado con arribistas y despechados para poner en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España”.

No es una expresión menor ni retórica: introduce un elemento de deslegitimación política directa en pleno proceso de negociación entre ambos partidos para la formación de gobiernos autonómicos. De hecho, Vox contrapone esta actuación con la etapa de Pablo Casado, de quien afirma que “ya lo intentó en su momento”, aunque —añade— “de una forma más honorable”.

La dureza del ataque convive, sin embargo, con un matiz relevante. Garriga distingue entre la dirección nacional del PP y sus dirigentes territoriales. “La mayoría de los ‘barones’ del PP no han contribuido al ataque mafioso”, afirma, y reconoce que con ellos “es posible llegar a acuerdos”, lo que mantiene abierta la puerta a pactos en comunidades como Extremadura o Aragón.

Defensa cerrada ante las acusaciones

La carta dedica buena parte de su contenido a desmontar las informaciones publicadas en los últimos días. Vox asegura que sus cuentas son “tan cristalinas que ni siquiera con todo el poder del aparato del sanchismo han conseguido montar ningún caso”.

En ese contexto, el texto enumera lo que califica como “auténticos disparates”: desde la afirmación de que el presidente del partido “se ha embolsado dos millones de euros de Disenso” hasta supuestos vínculos con el ‘caso Koldo’ o pagos “millonarios” a asesores. “Barbaridades y mentiras”, resume Garriga.

El dirigente atribuye parte de estas informaciones a antiguos miembros de Vox que abandonaron el partido “en los momentos más difíciles” y que ahora, con mejores expectativas electorales, reaparecen “con un desvergonzado ‘¿qué hay de lo mío?’”.

Frente a ello, reivindica los mecanismos internos de control: “Las únicas irregularidades […] han sido descubiertas gracias a nuestros mecanismos” y sus responsables “han sido expulsados y denunciados”. Y anuncia una respuesta judicial: el partido, asegura, “ya está poniendo las correspondientes demandas y querellas”.

El objetivo sería silenciar a Vox

Más allá de la defensa, la carta articula una tesis política sobre el sentido de la ofensiva. “Los objetivos […] no son otros que conseguir que Vox tenga que defenderse de las mil insidias”, escribe Garriga, “y no pueda seguir lanzando su mensaje”.

Ese mensaje incluye, según detalla, cuestiones como “la vivienda inaccesible”, “la sanidad colapsada”, “los impuestos abusivos” o “la corrupción que arruina y mata”. Y, de forma destacada, la inmigración, definida en el texto como “invasión migratoria” que “también arruina y mata”.

La conclusión operativa es un llamamiento a la militancia: “Salgamos a la calle y a las redes”, pide Garriga, instando a evitar “el debate fangoso de corruptos y embusteros” y a centrarse en la acción política.

El PP rebaja el choque

Desde el Partido Popular, la respuesta ha sido contenida y medida. Fuentes de la dirección nacional consultadas por Artículo 14 han evitado entrar en el cuerpo a cuerpo y han optado por rebajar la tensión: “Dos no pelean si uno no quiere, y nosotros no queremos”.

Los populares rechazan estar detrás de ese supuesto “ataque” y marcan distancias con la estrategia de Vox. “No responderemos a los ataques ni amplificaremos sus líos”, aseguran, insistiendo en que su adversario político es el Gobierno de Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, en Génova interpretan la carta como un movimiento interno para cohesionar al partido en un momento de presión, aunque evitan trasladar esa crítica en términos directos que puedan dinamitar las negociaciones autonómicas.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, afirmó en sus redes sociales que el deporte implica esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia. Estas declaraciones se produjeron tras los cánticos islamófobos y xenófobos escuchados durante el partido amistoso entre España y Egipto que se celebró en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat en Barcelona, evento que ha generado reacciones y condenas de representantes de diferentes partidos políticos y miembros del Gobierno, según informó el medio original.

Durante el encuentro, integrantes de la grada conocida como 'La Curva', habitual espacio de animación del RCD Espanyol, corearon repetidamente desde el minuto 20 el cántico “musulmán el que no bote”, y silbaron el himno nacional de Egipto en los instantes previos al inicio. De acuerdo con lo consignado por la fuente, se escucharon también insultos orientados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo menor de asistentes, en un ambiente general de celebración que resultó empañado por estos hechos.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes calificó de “absolutamente inaceptables” estos comportamientos en un comunicado posterior al partido. El ministerio resaltó que tales actitudes no representan “a la inmensa mayoría de la afición española”, cuya conducta entiende al deporte como un ámbito de respeto y convivencia, detalló el medio citado. Además, el organismo reafirmó su compromiso para combatir cualquier muestra de violencia en el contexto deportivo, subrayando la colaboración con entidades e instituciones para impulsar medidas dirigidas a eliminar este tipo de conductas discriminatorias.

Según publicó la fuente, la titular del ministerio reiteró su posición en una publicación digital: “El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad.” Además, la entidad insistió en que la tolerancia cero ante comportamientos discriminatorios responde a una exigencia institucional y constituye un principio democrático irrenunciable. En esta línea, el ministerio defendió que el deporte debe funcionar como punto de encuentro e integración.

Representantes gubernamentales trasladaron su rechazo a los incidentes. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, expresó que el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez promueven valores como paz, integración y convivencia, considerándolos motivo de orgullo nacional. Torres aseguró, mediante un mensaje en la red 'X', que los insultos xenófobos “no nos representa. Son grupos ultras jaleados por la política ultra. Y nos avergüenzan”. El ministro enfatizó que el odio y el racismo no tienen espacio ni en el deporte ni en la vida pública, señalando además a quienes omiten posicionamientos ante tales hechos: “Quien calla es cómplice”, una cita reproducida por el medio.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, relacionó estos comportamientos con un discurso que, según él, ha fomentado la derecha racista y xenófoba, sustentado también en sectores mediáticos. “Es el fascismo, amigos. Y no se le ríen las gracias, ni se le blanquea”, manifestó Puente en redes sociales y fue recogido por la publicación.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también repudió los insultos y cánticos racistas en el estadio, asegurando que estos comportamientos “nos avergüenzan como sociedad”. Bolaños destacó la responsabilidad de quienes permanecen en silencio ante este tipo de sucesos y sostuvo que colaboran con una extrema derecha a la que, según sus palabras, “no va a dejar un espacio libre de su odio”. En su mensaje en 'X', reiteró que se continúa trabajando por un país tolerante y respetuoso.

La reacción del Partido Popular la expresó su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien describió los cánticos como “lamentable y condenable” a través de sus redes sociales. Por el lado de Podemos, Irene Montero, secretaria política y eurodiputada, manifestó que escuchar frases como “musulmán el que no bote” en un estadio es motivo de vergüenza. Montero observó que estas expresiones surgen porque algunas personas, según su reflexión, han percibido mensajes en medios y política que presentan el odio como si fuera “sentido común”. Su mensaje incluyó el llamado directo a evitar que la islamofobia se extienda más.

Por otra parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, evitó condenar los cánticos racistas y, en sus declaraciones, se refirió a otros asuntos que considera de mayor gravedad: el aumento de violaciones, el número de presos de nacionalidad extranjera y la consolidación de España como el país europeo con más detenciones relacionadas con yihadismo. Según el propio Garriga, “barbaridad es que se cedan más estadios para el Ramadán que para partidos de la selección española en Cataluña. Barbaridad es que los españoles se sientan extranjeros en su propio barrio”, cita recogida por el medio.

Las reacciones ante los incidentes abarcaron, según consignó la fuente, tanto el repudio a los hechos como diferentes posturas respecto a las causas de su aparición y el contexto político y social. Todas las voces coincidieron en señalar la afectación que estos actos pueden tener en la convivencia y la imagen pública del país, al mismo tiempo que se reclamó la erradicación de actitudes discriminatorias y la necesidad de actuar para evitar que se multipliquen situaciones similares en el ámbito deportivo y social.

La decisión de formar una ponencia conjunta de diputados y senadores destinada a examinar cómo podría afectar una eventual regularización extraordinaria de migrantes sobre la seguridad nacional generó críticas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según consignó Europa Press, Elma Saiz, ministra y portavoz del Gobierno, expresó su desacuerdo respecto a la postura tomada por el Partido Popular (PP) y Vox en este tema, subrayando que representa un cambio drástico en la trayectoria política del PP sobre cuestiones migratorias, especialmente después de haber respaldado en el pasado una iniciativa legislativa popular vinculada a la regularización de personas migrantes.

De acuerdo con Europa Press, Elma Saiz atribuyó a ambas formaciones políticas intenciones de exclusión con la propuesta de alejar los centros de menores extranjeros no acompañados del entorno urbano en la Comunidad Valenciana. Saiz calificó este planteamiento como un intento de “apartheid”, indicando que “pactar para que los centros de menores de niños y niñas no acompañados se lleven lo más lejos posibles de nuestra realidad tiene un nombre, se llama apartheid”. Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE).

El planteamiento, impulsado por Vox y que prevé recibir el apoyo del PP en las Cortes Valencianas, busca cambiar la ubicación de los centros en los que residen menores extranjeros no acompañados, alejándolos de las ciudades. La portavoz gubernamental contextualizó esta propuesta en el marco de las conversaciones y pactos entre PP y Vox para la conformación de gobiernos autonómicos, señalando que determinadas condiciones están siendo impuestas en dichas negociaciones.

Elma Saiz hizo hincapié, según detalló Europa Press, en la “absoluta incoherencia” del Partido Popular en relación a la política migratoria. La ministra recordó que el PP brindó respaldo un año atrás a una iniciativa legislativa popular que, según explicó, constituye el primer paso para que el Gobierno adopte una respuesta social mediante la regularización de personas migrantes. Sobre esto, Saiz señaló que “es un giro absoluto” respecto al posicionamiento anterior de los populares.

Saiz también reprochó al PP la supeditación de sus políticas a las exigencias de Vox, sosteniendo que “el PP está supeditado a los acuerdos que le está marcando la ultraderecha”. Añadió su rechazo a la vinculación propuesta por el PP entre la regularización extraordinaria de migrantes y el terrorismo, postura que calificó de injustificada.

El análisis de la ministra incluyó una crítica al enfoque que promueve el PP de realizar la regularización de migrantes “caso por caso”, al mismo tiempo que plantea la eliminación de la figura del arraigo, mecanismo que, según resaltó, es el que permite al Gobierno evaluar individualmente las situaciones de migrantes para determinar su regularización. Según declaró Saiz, esta petición refleja “desconocimiento” por parte de los populares sobre el funcionamiento del sistema vigente, puesto que el propio Gobierno ya regula estos procesos de modo personalizado a través del arraigo.

Europa Press reportó que Saiz enmarcó sus declaraciones en la preocupación por el rumbo de la política migratoria en la Comunidad Valenciana si se aprueban iniciativas como la impulsada por Vox y apoyada por el PP, que buscan apartar a menores migrantes no acompañados del entorno urbano. La ministra expresó que este tipo de medidas no encajan con la integración social ni con el enfoque humanitario que, según defendió, debería guiar toda política pública dirigida a menores.

Además, la ministra situó el actual debate en el contexto de las tensiones y condicionantes que rodean la formación de nuevos gobiernos autonómicos, haciendo referencia a los acuerdos pendientes entre PP y Vox y las exigencias que ello implica en materia de políticas migratorias. Recalcó que este giro en la política del Partido Popular vulnera el consenso previo existente en torno a la necesidad de dar una respuesta social a los procesos migratorios.

Para finalizar, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó la contradicción entre lo que el PP solicita y lo que el sistema actual ya contempla, e insistió en que el estudio de cada caso es precisamente la función que cumple la figura del arraigo. Saiz pidió consecuentemente coherencia y conocimiento preciso en la formulación de propuestas que afectan tanto a menores extranjeros no acompañados como a la totalidad de la política migratoria nacional.

Beatriz Sánchez del Álamo, responsable de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena, expresó públicamente su desacuerdo con la dirección adoptada por Vox al comunicar su baja como afiliada mediante un mensaje difundido en la red social X. En su comunicación, señaló que el trato que reciben los integrantes del partido resulta “indigno” y consideró que la cúpula de la formación ha desvirtuado los principios originales del colectivo político. Sánchez del Álamo puntualizó que la dirección ha llevado a Vox a lo que denominó una "deriva absoluta", lo que motivó su decisión de abandonar la afiliación, de acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press.

El mensaje enviado por la concejala incluye críticas directas a las decisiones y el proceder de los líderes actuales del partido. Beatriz Sánchez del Álamo se refirió a la organización como "un auténtico despropósito" en manos de sus dirigentes, a la vez que los acusó de dinamitar los valores fundacionales de la formación. “Hasta aquí. No todo vale”, escribió al final de su declaración, retirando así públicamente el respaldo que mantenía como integrante afiliada, según publicó Europa Press.

La salida de Sánchez del Álamo se enmarca dentro de un desacuerdo con el rumbo estratégico y la gestión interna de Vox, tal como ella manifestó. Según consignó Europa Press, la edil mantiene su puesto dentro del ayuntamiento como responsable de Turismo, pero no continuará con la filiación al partido cuyas directrices cuestiona abiertamente. El pronunciamiento en la red social X enfatiza que el ambiente interno y las prácticas recientes han distorsionado el propósito original de la organización.

En los mensajes difundidos, la concejala pone en evidencia la tensión interna dentro de Vox, sumándose a otros episodios previos en los que miembros de la formación han anunciado abandonos por divergencias con la dirección nacional. Según el medio Europa Press, la concejala remarca la existencia de una brecha entre la base y la dirigencia de la organización, especialmente en lo referido al trato hacia sus integrantes y a las políticas seguidas por los órganos superiores del partido.

La crítica de Sánchez del Álamo se centra en la transformación de las dinámicas dentro de la formación, algo que califica como contrario a los principios con los que Vox se identificaba inicialmente. Su renuncia se produce en un contexto de tensión interna ya registrado en otras agrupaciones territoriales del partido, añadió Europa Press.

El rechazo a las actuaciones de la cúpula estuvo acompañado de denuncias sobre una estrategia que, en palabras de la concejala, desvirtúa los objetivos originales del proyecto político. Estas expresiones públicas refuerzan la dificultad para mantener la cohesión interna en el contexto actual de Vox, tal como expone Europa Press.

Las reacciones ante la baja de Sánchez del Álamo no se han hecho públicas por parte de la dirección nacional del partido. El episodio coincide con otros acontecimientos recientes en los que cargos electos o afiliados han defendido la necesidad de debate interno para redefinir el rumbo estratégico de la formación, subraya Europa Press.

El anuncio de la salida de Beatriz Sánchez del Álamo trae a primer plano la cuestión del liderazgo dentro de Vox, los métodos de gestión de la militancia y el modo en que las decisiones de la dirección afectan a los cargos públicos y a la base social de la formación, concluye Europa Press.

En un mensaje publicado en la red social X, Beatriz Sánchez del Álamo, quien ocupaba el cargo de concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Cartagena, expresó que el trato recibido por los integrantes de Vox resulta "indigno" y criticó la gestión de la cúpula del partido. Sánchez del Álamo hizo pública este miércoles su decisión de darse de baja como afiliada, motivada por lo que describió como la "deriva absoluta" que experimenta la formación liderada por Santiago Abascal. El anuncio se difundió a través de sus propias redes sociales, donde aseguró que la directiva ha transformado Vox en lo que calificó como un "auténtico despropósito" y acusó a los responsables de "dinamitar sus propios principios".

Según publicó el medio, Sánchez del Álamo subrayó que su ruptura con Vox responde no solo a discrepancias ideológicas o políticas, sino principalmente al ambiente interno y al trato dispensado a los miembros. En su declaración pública, señaló que "hasta aquí", acompañando su mensaje con la expresión "no todo vale", enfatizando con ello el punto de ruptura al cual ha llegado respecto a las dinámicas internas del partido.

De acuerdo con la información consignada por la fuente, la concejala destacó que sus motivos para abandonar la formación política se centran en el cambio de rumbo que observa en las directrices y formas de actuar de sus dirigentes. La exintegrante de la formación subrayó que la cúpula ha modificado de manera radical los valores originales con los que se sentía identificada, lo que le llevó a cuestionar la viabilidad de continuar en el grupo.

El medio detalló que la renuncia de Sánchez del Álamo añade presión sobre la dirección del partido en Murcia y genera cuestionamientos sobre la gestión de Santiago Abascal y su equipo. Su salida de Vox ocurre en un momento en el que aumentan las críticas de militantes y exafiliados respecto a la gestión interna y la pérdida de referentes que originalmente atrajeron a muchos simpatizantes.

Asimismo, Sánchez del Álamo apuntó a la falta de consideración hacia quienes forman parte activa del partido, y enfatizó, según reportó el medio, que la estructura directiva ha optado por tomar decisiones que contradicen los principios fundacionales. Esta situación, de acuerdo a su mensaje, ha generado desencanto y desconfianza entre algunos sectores de la base militante.

Tal como consignó el medio, la concejala de Turismo de Cartagena justificó su decisión argumentando que la dirigencia habría manipulado el proyecto original, lo cual, desde su perspectiva, contradice los valores con los que se fundó Vox. Sobre este punto, enfatizó que el trato dirigido a los integrantes resulta inaceptable y que el rumbo actual del partido no corresponde con los principios que ella misma defendió durante su etapa de afiliada.

La comunicación de la baja en la afiliación, realizada mediante la red social X, generó diversas reacciones de usuarios, militantes y otros representantes políticos. La salida de Sánchez del Álamo suma un nuevo episodio en la serie de tensiones internas que enfrenta Vox y brinda nueva visibilidad al debate sobre la orientación y la forma de gestionar la vida interna del partido. Según reiteró la fuente, la ahora exafiliada insistió en que su determinación responde al convencimiento de que los valores originales ya no están representados en la actual dirección.

El medio puntualizó que Sánchez del Álamo no detalló futuros pasos políticos ni nuevos compromisos partidarios, limitándose a anunciar su renuncia y a exponer sus motivos, principalmente centrados en el desacuerdo con el enfoque y el liderazgo vigente en la formación de Santiago Abascal.

València siempre sorprende, ya sea por un petardo ruidoso o por una política que no parece superar “el caloret faller” de Rita Barberá. En esta ocasión, el momento surrealista se ha producido de la mano de dos ediles díscolos de Vox, Juanma Badenas y Cecilia Herrero. Ambos concejales han registrado en la sesión plenaria del Ayuntamiento de València un voto particular firmado como si pertenecieran al “grupo municipal Nox”. Denominación que coincide con el nombre del partido ficticio que parodia a Vox en la última película de Santiago Segura, Torrente Presidente.

La iniciativa ha generado reacciones tanto en el hemiciclo como en redes sociales, introduciendo elementos de sátira y confusión en el debate político local. Badenas, apartado por un presunto amaño en una adjudicación en marzo de 2025, y Herrero, quien denunció entonces “malas formas” desde la dirección nacional de Vox, han emitido sus votos bajo el nombre de ‘Nox’ al rechazar una moción sobre Oriente Medio.

El incidente ha tenido lugar durante el debate de una moción promovida por Compromís centrada en la “apuesta por la paz, la defensa del derecho internacional y la desescalada bélica en el conflicto de Oriente Medio”. Pese a que la propuesta no ha salido adelante por la oposición de Partido Popular y Vox, Badenas y Herrero han considerado oportuno elaborar un escrito independiente dirigido tanto al letrado consistorial como al resto de grupos municipales. En él justifican su voto desfavorable y matizan que lo hacen “por imposición y disciplina del grupo municipal Nox”.

Qué se sabe del uso de la firma “grupo municipal Nox” por ediles de Vox en el pleno de València

Tanto Badenas como Herrero, que hace un año fueron apartados temporalmente de Vox y readmitidos posteriormente, han utilizado un documento oficial para exponer su postura. Ambos insisten en que la votación era puramente instrumental, argumentando en el escrito: “Se trata de un debate y una votación instrumentales, que no tienen que ver con competencias municipales y cuyo resultado de la votación (cualquiera que sea) no va a tener ninguna incidencia en la vida directa de los ciudadanos valencianos”, según ha recogido la Cadena SER.

La pareja añade también que la posición de cada grupo municipal en este tipo de debates “no es más que un remedo de las consignas que cada uno de sus partidos políticos respectivos mantienen o deben mantener ante las cámaras legislativas donde existen comisiones y control gubernamental sobre política exterior y defensa”.

La elección de la denominación ‘Nox’ en la firma del voto particular ha dado pie a especulaciones sobre si se trata de un error tipográfico o de una acción intencionada, ya que el nombre coincide exactamente con el del partido ficticio que aparece en la película de Santiago Segura.

Las tensiones internas en Vox en València alcanzan la parodia

La relación entre los dos concejales y la dirección de Vox ha pasado por momentos de tensión, especialmente tras el episodio que supuso la baja temporal de ambos en 2025, en el marco de acusaciones de acoso laboral y un escándalo de presunta corrupción vinculado a la etapa de Badenas al frente de València Activa.

Tras su reincorporación, y pese a someterse a la disciplina de voto del partido, han aprovechado ciertas ocasiones para desmarcarse con explicaciones escritas que evidencian su distanciamiento respecto a la cúpula de Vox. En sus escritos, los concejales remarcan que, a nivel personal, rechazan “los conflictos internacionales que perjudiquen los intereses y el bienestar de los españoles”.

El documento se cierra con la expresión “por imposición y disciplina del grupo municipal Nox”, sellando la referencia al universo satírico de la última película de la saga Torrente. El alcance de esta singularidad administrativa, sumado a la difusión en medios y redes sociales, ha convertido el episodio en uno de los tópicos de debate más comentados en la política municipal valenciana en las últimas horas.

Vox incluyó en su denuncia detalles sobre la celebración de actos en el Casco Viejo de San Sebastián, donde la organización terrorista ETA perpetró varios asesinatos, y sobre la exhibición en Pamplona de la imagen de Francisco 'Patxi' Ruiz Romero, condenado por terrorismo, en la camiseta de un menor. Según informó este partido mediante un comunicado, la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional se dirige contra AEK, organizadora de la Korrika, y acusa la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, así como una posible responsabilidad penal de la entidad.

De acuerdo con Vox, los hechos denunciados se habrían producido durante la celebración de la carrera a favor del euskera en diversas localidades del País Vasco, Navarra y el sur de Francia. Vox sostiene que, a lo largo de este evento, ocurrieron reiterados homenajes y manifestaciones de apoyo a personas relacionadas con ETA, calificando estos hechos, en su opinión, como una afrenta para quienes sufrieron las acciones de la organización criminal. Tal como publicó el comunicado, la denuncia señala que tres miembros de ETA, identificados como Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain, participaron de forma activa y visible durante la Korrika, portando el testigo oficial y recibiendo reconocimiento por parte de los asistentes.

El medio detalló que Vox también denuncia la reincidencia de actos de apoyo a presos de ETA en localidades como Getxo, Berango, Lasarte-Oria y Pamplona, entre ellas, el despliegue de pancartas, consignas y exhibición de imágenes en homenaje a personas condenadas por delitos de terrorismo. La formación política subraya que estos hechos, según su denuncia, se dieron sin que la organización del evento adoptase medidas para frenar dichas conductas, pese a contar con los medios necesarios para hacerlo.

Vox plantea en su escrito ante la Audiencia Nacional que AEK, como entidad responsable de la Korrika, permitió que estos episodios se desarrollaran repetidamente durante el evento. Según consignó el comunicado de Vox, la ausencia de acciones por parte de la organización para evitar estos homenajes constituye parte esencial de la denuncia. Además, los servicios jurídicos del partido sostienen que la difusión de dichos actos a través de medios de comunicación y redes sociales agrava la situación al amplificar el mensaje.

La denuncia solicita la apertura de diligencias para investigar las responsabilidades correspondientes, tanto de los organizadores de la Korrika como de quienes participaron en los hechos señalados. Vox pide a la Audiencia Nacional que se practiquen diligencias como la identificación de los implicados, la toma de declaración de testigos y responsables, la recopilación de informes policiales y la obtención de material audiovisual que documente lo ocurrido.

Según reportó Vox, las conductas denunciadas podrían configurarse como delitos de enaltecimiento del terrorismo y actos de descrédito, menosprecio y humillación a las víctimas. El partido considera que la reiteración y la visibilidad pública de los homenajes señalados refuerzan la gravedad del caso, según los argumentos aportados en el escrito remitido al tribunal.

La formación política estableció que la investigación de la Audiencia Nacional resulta necesaria para esclarecer los hechos e identificar a los autores y responsables de las acciones denunciadas, tal como se detalla en el comunicado presentado a los medios. Además, solicita que se determine si AEK incurrió en responsabilidad penal por la supuesta permisividad ante las conductas referidas durante la Korrika.

El medio refirió que la denuncia también expone la concurrencia de menores en los actos, incluyendo la mención a la camiseta con la imagen de 'Patxi' Ruiz Romero, lo que, en opinión de Vox, añade gravedad al suceso. Indican, asimismo, que consideran indispensable la investigación sobre las actuaciones específicas de todos los involucrados para depurar las posibles responsabilidades legales.

Finalmente, el comunicado de Vox remite a la Audiencia Nacional la recopilación integral de material audiovisual que sirva como prueba documental, así como la coordinación con las fuerzas policiales y otras entidades para la consecución de los objetivos del proceso judicial iniciado con la presentación de la denuncia.

La falta de acuerdo político en comunidades como Castilla y León, Extremadura y Aragón está generando consecuencias que afectan a la ciudadanía, según explicó Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Durante una comparecencia posterior al Consejo de Ministros, mencionó que la situación responde a motivos distintos del interés general, cuestionando la priorización de los "cálculos electorales" sobre la colaboración institucional que consideran esencial para la puesta en marcha de políticas públicas. La noticia principal gira en torno a la denuncia del Gobierno sobre la "parálisis" en varios gobiernos autonómicos donde dependen de pactos entre el Partido Popular y Vox para avanzar en la toma de decisiones clave.

Según consignó el medio en el texto proporcionado, Saiz explicó que, mientras las negociaciones entre estas formaciones se encuentran estancadas, la ausencia de acuerdos imposibilita que las administraciones avancen en la adopción de iniciativas conjuntas entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central. La ministra planteó que diferentes regiones sí han conseguido poner en marcha medidas para atender los retos sociales y económicos, y añadió que estos territorios colaboran coordinadamente con el Gobierno central en ámbitos esenciales para la ciudadanía. La situación contrasta con la tendencia de bloqueos en aquellos gobiernos donde el PP y Vox no han sellado entendimientos.

El medio detalló que Saiz remarcó la relevancia de la acción conjunta de las administraciones para fortalecer la respuesta ante contextos adversos, indicando que la fragmentación y la falta de consenso en las mencionadas regiones obedecen a "intereses que no responden al interés general". Según explicó la portavoz, la colaboración institucional resulta fundamental en momentos donde se exige una respuesta rápida y efectiva a los problemas públicos, como la coyuntura actual.

De acuerdo con la información publicada, la ministra expuso que la ciudadanía de Castilla y León, Extremadura y Aragón "está viendo las consecuencias" directas del bloqueo político, ya que no se implementan nuevas iniciativas ni políticas de refuerzo que acompañen los esfuerzos del Gobierno central. Saiz hizo hincapié en la necesidad de que todos los responsables políticos den prioridad a las necesidades colectivas, alejándose de estrategias basadas únicamente en la competencia electoral y en los intereses partidistas. Según la portavoz, la responsabilidad de las comunidades autónomas en fortalecer la colaboración no puede quedar relegada, pues incide de manera directa en la llegada y la eficacia de las políticas públicas.

La información difundida subraya que el Gobierno observa un riesgo en la parálisis institucional, ya que interfiere en la capacidad de las administraciones para responder a demandas ciudadanas en materias como la inclusión social, la seguridad social o las acciones para paliar los efectos de crisis coyunturales. Saiz destacó que, mientras algunas autonomías avanzan con el Ejecutivo, en estos casos el estancamiento se traduce en una inercia que limita la puesta en marcha de medidas urgentes y necesarias.

Según publicó el medio, la portavoz recordó que la cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado constituye un pilar en las políticas públicas que buscan atender a los ciudadanos en situaciones complejas. A su juicio, preservar la coordinación debe prevalecer sobre la lógica de los intereses estrictamente electorales. Saiz insistió en que el Gobierno seguirá promoviendo iniciativas e invitando a todas las administraciones regionales a sumarse a un esfuerzo conjunto que permita responder a las legítimas demandas sociales.

A lo largo de su intervención, Saiz reiteró el llamamiento para que los partidos implicados resuelvan sus diferencias y prioricen el debate constructivo y el consenso. La portavoz enfatizó que la parálisis actual representa no solo un obstáculo político sino una barrera concreta para el avance de iniciativas que mejoren la vida cotidiana de las personas y afiancen la cooperación interinstitucional en todos los niveles de la administración.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz remarcó que no permitirán retrocesos que impliquen recortes en los derechos de las mujeres, en referencia a una reciente moción local para derogar la ley del aborto promovida por el Partido Popular y Vox en Elche. Según consignó el medio Información, la colaboración entre ambos partidos en este ayuntamiento ha generado debate sobre la posible eliminación de la norma que regula los derechos sexuales y reproductivos en España.

Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, advirtió sobre el riesgo de restringir derechos, destacando que considera alarmante la propuesta del Partido Popular para derogar la ley del aborto, especialmente cuando se hace en alianza con Vox. "Que el Partido Popular plantee derogar la ley del aborto me parece que es algo que en el pleno siglo XXI debería de escandalizarnos. Y el hecho de que lo haga de la mano de la ultraderecha, es una constatación de que ya no podemos decir que va a venir el lobo. El lobo ya está aquí y el Partido Popular le abre la puerta", afirmó Saiz, declaración recogida por el medio Información y otros medios nacionales.

En su intervención, Saiz también recordó públicamente que la norma sobre salud sexual, reproductiva y sobre la interrupción voluntaria del embarazo tiene rango de ley orgánica, lo que implica garantías jurídicas reforzadas para la protección del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. De acuerdo con sus palabras durante la rueda de prensa, “la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo es una ley orgánica que protege un derecho de las mujeres a abortar”. Criticó que la iniciativa del Partido Popular y Vox se haya formulado como una moción a nivel local, indicando que ese tipo de propuestas no pueden socavar los derechos protegidos por una ley estatal con carácter orgánico.

La portavoz del Gobierno subrayó que, tanto desde el punto de vista normativo como político, no aceptarán iniciativas que pretendan limitar libertades adquiridas, especialmente cuando afectan a derechos fundamentales. Según publicó Información, la moción presentada en el ayuntamiento de Elche recoge la petición de derogar la legislación vigente sobre el aborto, reflejando una colaboración explícita entre el Partido Popular y Vox.

Durante la comparecencia, Saiz insistió en que España no debe experimentar retrocesos en materia de derechos ya reconocidos legalmente, y que el Gobierno central se mantendrá vigilante ante cualquier iniciativa que intente restringir el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. De acuerdo con los reportes de Información y otros medios, las palabras de Saiz también hicieron referencia al contexto político nacional, alertando sobre las consecuencias de apoyar, desde plataformas municipales o autonómicas, mociones impulsadas por partidos que se oponen frontalmente a la actual regulación de derechos reproductivos.

La controversia surgida a raíz de esta propuesta en Elche se suma al debate recurrente sobre el papel de las administraciones locales en cuestiones reguladas a nivel estatal. Según detalló Información, el enfrentamiento se intensificó después de que trascendiera el acuerdo de ambos partidos para debatir en el pleno municipal la derogación de la ley. Saiz reiteró que el Ejecutivo interpreta este tipo de movimientos políticos como una muestra clara de que la amenaza a los derechos de las mujeres está presente.

En el contexto actual, la ley orgánica de salud sexual, reproductiva y sobre la interrupción voluntaria del embarazo, vigente en España, define el marco legal que garantiza a las mujeres el acceso al aborto seguro y regulado. Informó Información que la propuesta elevada en Elche por PP y Vox no representa una iniciativa aislada, sino que se inserta en una estrategia política más amplia, impulsada por sectores que cuestionan la legitimidad de la norma estatal vigente.

Elma Saiz concluyó su comparecencia reiterando que el Gobierno utilizará todos los instrumentos legales y políticos a su disposición para impedir cualquier pérdida de derechos. Subrayó que las alianzas políticas a nivel local no pueden estar por encima del marco jurídico estatal ni traducirse en menoscabo de libertades fundamentales. Según lo reportado por Información, la ministra y portavoz reiteró el compromiso del Ejecutivo de salvaguardar la protección jurídica del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y reiteró su rechazo categórico a iniciativas que pretendan limitar derechos fundamentales en el territorio nacional.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, expresó su confianza en que los acuerdos para la constitución de gobiernos autonómicos se logren en los próximos días, al tiempo que señaló que gran parte de la sociedad demanda la formación de ejecutivos regionales sin demoras excesivas. Según publicó el medio de comunicación, Muñoz afirmó que el proceso de negociación con Vox, en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León, avanza pese a que la otra formación ha preferido agotar los plazos disponibles. Subrayó que existe una exigencia social clara hacia la búsqueda de soluciones y al rechazo de la parálisis política.

De acuerdo con lo detallado por el medio, Muñoz se refirió a la actual situación en rueda de prensa en el Congreso, donde recordó que los equipos negociadores continúan trabajando en los diferentes territorios afectados y transmitió que las conversaciones mantienen un desarrollo positivo. Ante la consulta sobre la actitud de Vox respecto a los tiempos para cerrar los pactos, reiteró que aunque la formación liderada por Santiago Abascal ejerce su derecho a gestionar los tiempos negociadores, la ciudadanía se ha mostrado contraria a cualquier tipo de bloqueo institucional.

El medio consignó que la portavoz del Partido Popular no comunicó novedades específicas sobre el estado de las negociaciones, pero reiteró con firmeza su pronóstico de que los acuerdos llegarán y que no existen dudas al respecto. Muñoz insistió en que la sociedad, especialmente los votantes desde el centro hasta la derecha del espectro político, no está dispuesta a aceptar nuevas situaciones de bloqueo gubernamental.

Según reportó la fuente, la portavoz también comentó que, con los datos actuales, la población ha advertido con claridad que las formaciones políticas deben priorizar la generación de gobiernos estables y funcionales frente a reivindicaciones partidistas destinadas a mostrar fuerza política. Al ser preguntada por la falta de cumplimiento del plazo del 1 de abril, establecido por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como referencia para cerrar al menos el pacto en Extremadura, Muñoz reconoció las decisiones de Vox en cuanto a los tiempos, pero recalcó que lo fundamental es responder a la voluntad de los ciudadanos.

En el transcurso de su intervención, la portavoz del Partido Popular remarcó que los equipos negociadores se mantienen activos e implicados en las conversaciones en curso. Según publicó el medio citado, Muñoz reiteró que la formación que representa tiene como prioridad la formación inmediata de gobiernos autonómicos y el cumplimiento de los mandatos expresados en las urnas. Además, destacó la importancia de evitar la prolongación de la incertidumbre política, señalando que los electores transmitieron claramente un mensaje de rechazo a escenarios de bloqueo tras las últimas elecciones regionales.

Durante la comparecencia, recogida por el medio, la representante del Partido Popular insistió en que la disposición a alcanzar acuerdos sigue intacta por parte de su formación. Indicó que la batalla principal reside en demostrar capacidad de entendimiento y sumar esfuerzos para establecer ejecutivos regionales funcionales en Castilla y León, Extremadura y Aragón. Esta posición se ha dado en respuesta a la actitud de Vox, partido que, según detalló la fuente, ha optado por utilizar el máximo de plazo disponible antes de comprometerse con un pacto definitivo.

El Partido Popular, según consigna el medio, mantiene la expectativa de que la normalidad institucional se restablezca de manera ágil y sin más dilaciones, en consonancia con el sentir expresado en las urnas por la mayoría de los ciudadanos de las comunidades afectadas.

El debate parlamentario sobre la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Ejecutivo quedó marcado por acusaciones sobre posibles consecuencias para la protección nacional y europea. Según informó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, se ha decidido constituir una ponencia de diputados y senadores encargada de analizar los eventuales riesgos del proceso iniciado por el Gobierno de España. Esta medida fue aprobada tras una propuesta del Partido Popular, que logró la mayoría absoluta en la comisión con el apoyo de Vox, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra.

De acuerdo con el medio, la ponencia tendrá la función de examinar los efectos que la nueva regularización pueda tener en el ámbito de la política de Seguridad Nacional. El diputado del Partido Popular Rafael Hernando explicó que se busca “supervisar, analizar y estudiar el conjunto del proceso, así como en su caso exigir responsabilidades”. La iniciativa se centra en un análisis exhaustivo del citado proceso impulsado por el Ejecutivo, tras la aprobación de un trámite de urgencia por parte del Consejo de Ministros, realizado el 27 de enero, que plantea la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes.

Según publicó la fuente, la justificación del Gobierno para este procedimiento parte de un acuerdo entre PSOE y Podemos, que ha dado lugar a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros en el país. Este real decreto retoma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas en 2004, la cual fue considerada en el Congreso con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios en esa fecha, con excepción de Vox. Pese a ese amplio apoyo, la ILP había quedado bloqueada en los procedimientos legislativos.

Durante el debate parlamentario, detalló la fuente, Rafael Hernando manifestó que el proceso de regularización presenta riesgos considerables tanto por su contenido como por la forma en la que se ha llevado a cabo. Hernando acusó al Gobierno de actuar de modo unilateral mediante un decreto urgente en enero, en lo que denominó un “decretazo” realizado durante una campaña electoral. Según el diputado, esta decisión se tomó para “tapar sus casos de corrupción”, abriendo así la puerta a una regularización masiva para los inmigrantes que no cumplen las condiciones legales necesarias, sin la existencia de garantías suficientes y fuera de los procedimientos habituales.

El Partido Popular y Vox argumentaron que la medida pudiera debilitar los controles de seguridad interna y favorecer la actividad de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas. Según consignó el medio, Hernando advirtió que la regularización convierte a España en un punto de entrada atractivo para estas redes, lo que plantea riesgos no solo para el país sino también para otros Estados miembros de la Unión Europea. Además, alertó sobre la posibilidad de que personas con antecedentes delictivos o vinculadas a actividades terroristas logren ingresar y permanecer tanto en España como en otras naciones europeas bajo el amparo del proceso de regularización.

La oposición parlamentaria, formada principalmente por PSOE, ERC y EH Bildu, rechazó la constitución de la ponencia y la premisa de que el procedimiento de regularización sea una amenaza para la seguridad nacional. Estos grupos consideraron que los planteamientos del Partido Popular y Vox carecen de fundamento y defendieron que la regularización responde a criterios de derechos humanos y adaptación a la realidad migratoria, tal como reportó la fuente.

El alcance de la ponencia incluirá un análisis detallado del impacto en las estructuras de seguridad fronteriza, interna y en el marco cooperativo comunitario, considerando especialmente la integración de España en los mecanismos de seguridad europeos. La comisión buscará contrastar los argumentos políticos y técnicos procedentes tanto de expertos como de agentes sociales involucrados, con el objetivo de elaborar un dictamen sobre la conveniencia o no de la medida gubernamental. El proceso se inicia tras meses de presión desde distintos ámbitos políticos y sociales, subrayó la fuente, que han solicitado una revisión exhaustiva de las políticas migratorias en el contexto de la seguridad nacional y la cooperación europea.

El debate sobre los efectos de la regularización extraordinaria constituye uno de los puntos más controvertidos de la agenda política actual, en la que los partidos de la oposición apuntan a la gestión migratoria como un tema clave en la estrategia del Gobierno. A la vez, asociaciones civiles y entidades pro derechos humanos han mostrado posturas favorables al proceso de regularización, recordando el respaldo ciudadano expresado a través de la ILP que dio origen a la propuesta.

El desarrollo de la ponencia parlamentaria se encuentra pendiente de los procedimientos establecidos por la comisión mixta, que deberá organizar las sesiones de trabajo, solicitar comparecencias especializadas y reunir la información necesaria para evaluar con detenimiento los riesgos alegados. Según detalló el medio, la comisión tendrá la responsabilidad de presentar conclusiones que serán claves para determinar la continuidad o modificaciones del proceso impulsado desde el Ejecutivo.

La intervención del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, incluyó el anuncio de un futuro paquete de medidas dirigido a afrontar el impacto inflacionario ocasionado por la guerra en Irán y Oriente Próximo, así como la atención a la crisis migratoria y la asistencia a víctimas de violencia machista. Estas propuestas fueron presentadas en el marco del Debate de Política General de 2026, que este martes reanuda su segunda sesión, según informó el medio.

El Consell de Mallorca retomará a las 10:00 horas la jornada parlamentaria, en la que se prevén intervenciones de los portavoces insulares sobre cuestiones relacionadas con vivienda, infraestructuras, servicios sociales y la respuesta institucional ante crisis internacionales, tal como detalló el medio. De acuerdo con la organización establecida, los grupos de la oposición abrirán el turno de palabra, siguiendo un orden de mayor a menor representación, seguidos por los partidos que respaldan al gobierno insular, que intervendrán en sentido inverso. Tanto los partidos opositores como los oficialistas tendrán un tiempo límite de 30 minutos para exponer sus argumentos.

Una vez finalizadas estas exposiciones, el presidente Llorenç Galmés contará con una intervención sin límite de tiempo, configurando el eje central de la respuesta gubernamental en el debate. Posteriormente, los grupos parlamentarios podrán ejercer su derecho de réplica, con un máximo de 15 minutos por formación. Galmés cerrará la sesión con una alocución de duración indefinida, según publicó el medio.

Durante la sesión previa, que marcó el inicio del debate este lunes, el presidente insular formalizó el traspaso de un solar al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de 323 viviendas de protección pública situadas junto al Velòdrom Illes Balears de Palma. A esto se sumó el anuncio del inicio de las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma antes de la mitad de 2027, con una inversión proyectada en 78 millones de euros, reportó el medio.

Junto a los anuncios en materia de vivienda e infraestructuras, Galmés se refirió a la implementación de diversas iniciativas sociales, incluyendo la atención a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y el fortalecimiento de recursos para víctimas de violencia de género, además del desarrollo de políticas frente a desafíos como la crisis migratoria y los efectos de los conflictos internacionales en la economía local, según consignó el medio.

Las reacciones de las fuerzas de oposición no se hicieron esperar y criticaron el discurso presidencial, calificándolo como una intervención “vacía” y señalando la presencia de “anuncios repetidos” procedentes de años anteriores, indicó la información recogida por el medio. Por su parte, representantes del Partido Popular (PP) y Vox subrayaron la “estabilidad” alcanzada por el ejecutivo insular, con Galmés destacando el pacto entre ambas formaciones como un ejemplo a nivel nacional.

El desarrollo del Debate de Política General contempla, además, que la oposición utilice su espacio para cuestionar la gestión y los compromisos del Ejecutivo en los ámbitos priorizados de esta legislatura, y para proponer alternativas ante los retos expuestos. Los partidos en el gobierno, por su parte, según publicó el medio, defenderán los acuerdos alcanzados en materia de vivienda, infraestructuras, servicios sociales y respuesta ante crisis externas, justificando la viabilidad y temporalidad de las medidas anunciadas.

El Debate de Política General del Consell de Mallorca representa uno de los principales espacios de discusión parlamentaria sobre el estado de la administración insular y permite a todos los grupos expresar su posicionamiento respecto a los lineamientos impulsados por el Ejecutivo y anunciados durante la anterior sesión por Llorenç Galmés, de acuerdo con lo que reportó el medio.

Los ejes temáticos sobre los que giran las intervenciones comprenden la política de vivienda, con la cesión de terrenos públicos para vivienda protegida; la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como el nuevo tramo de la circunvalación de Palma; y la planificación de recursos asistenciales a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Además, la actual coyuntura internacional, marcada por la inestabilidad en Oriente Próximo, la guerra en Irán y sus consecuencias económicas y sociales en Mallorca, concentra parte del análisis parlamentario, según detalló el medio.

El presidente Galmés remarcó, según los registros oficiales, la importancia de la colaboración institucional y del pacto PP-Vox, que el gobierno insular presenta como un modelo de funcionamiento estable de cara al resto del territorio nacional, según consignó el medio en su cobertura de la sesión.

A la espera de la segunda jornada del debate, tanto la oposición como los partidos que apoyan al gobierno ultiman sus aportaciones para abordar los asuntos priorizados. Está previsto que las respuestas y réplicas giren en torno a la ejecución de los compromisos adquiridos y los retos que afronta Mallorca en una fase marcada por la presión internacional y la situación socioeconómica derivada de la inflación y la migración, según lo publicado por el medio.

Según han trasladado los aspirantes y ha recogido el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Marcos Manrique, diversas preguntas del examen seguirían un esquema repetitivo: todas las respuestas incluían un punto final excepto una, y la opción correcta sería sistemáticamente la inmediatamente posterior a aquella que carecía de ese signo de puntuación. Este supuesto patrón, de confirmarse, habría permitido identificar respuestas correctas sin necesidad de conocer el contenido, lo que ha generado dudas sobre la limpieza del proceso.

Manrique ha calificado los hechos como potencialmente “inadmisibles” y ha advertido de la gravedad de una situación que afecta a cientos de personas que “se han preparado durante meses” y han abonado una tasa para concurrir a estas plazas. Desde su formación insisten en que cualquier sospecha de manipulación o trato de favor en el acceso al empleo público debe ser investigada en profundidad.

Las medidas adoptadas

Ante la acumulación de denuncias y la presión política, el Ayuntamiento de Parla decidió suspender el proceso selectivo. El 13 de marzo, la Concejalía de Recursos Humanos dictó un decreto en el que solicitaba al Tribunal Calificador —órgano competente en este tipo de procesos— una “aclaración profunda y exhaustiva” sobre las causas que habrían dado lugar al supuesto patrón detectado en el examen.

Posteriormente, y tras una reunión con las secciones sindicales en el marco de la Mesa General de Negociación, así como a la vista del acta emitida por el propio tribunal, el Consistorio adoptó varias decisiones relevantes. En primer lugar, se procedió a la anulación del examen celebrado el 10 de marzo con el objetivo de garantizar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. En segundo lugar, se aceptó la renuncia de todos los integrantes del Tribunal Calificador, en un intento de preservar la imparcialidad del proceso. Finalmente, se solicitó a la Comunidad de Madrid la realización de una instrucción aclaratoria por parte de personal funcionario ajeno al Ayuntamiento para esclarecer los hechos.

Desde el equipo de Gobierno se ha subrayado que el proceso se ajustaba inicialmente a la normativa vigente. En este sentido, recuerdan que las bases de la convocatoria, aprobadas el 23 de julio de 2025, establecen que los procesos selectivos deben ser desarrollados por un tribunal compuesto por personal funcionario y regirse por los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público. El tribunal responsable fue designado el 14 de octubre de 2025.

Las exigencias políticas

Pese a estas medidas, Vox considera que las explicaciones ofrecidas hasta el momento son “insuficientes” y ha ido más allá reclamando responsabilidades políticas. El pleno municipal ha aprobado la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido, una iniciativa impulsada por esta formación.

Manrique ha insistido en que la suspensión del examen “es solo el primer paso” y ha defendido la necesidad de analizar en profundidad aspectos clave como la elaboración de la prueba, los controles previos a su realización o la posible existencia de filtraciones. Asimismo, ha señalado que la situación resulta especialmente preocupante por la participación en el proceso de una concejal del propio Gobierno municipal como aspirante, lo que, a su juicio, incrementa la necesidad de transparencia.

Desde Vox también se ha solicitado la comparecencia del alcalde y la devolución de las tasas abonadas por los opositores. En un vídeo difundido en redes sociales, la formación ha asegurado que continuará investigando hasta “llegar al final” y ha reclamado al regidor que “asuma su responsabilidad” y ofrezca explicaciones claras a la ciudadanía.

La toma de postura sobre el impacto en el sector primario y las críticas a la introducción provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur han ocupado el centro del debate, con la portavoz de Vox, Leticia Díaz, advirtiendo que si se permite la aplicación del tratado antes del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), podrían cerrarse explotaciones ganaderas en localidades como Soba o Valderredible de forma irreversible. Este cuestionamiento se dirigió específicamente a la petición de Vox de que el Parlamento cántabro promueva un referéndum consultivo sobre el acuerdo, además de suspender cualquier avance mientras el TJUE no se pronuncie. La propuesta, sin embargo, no prosperó en el Pleno, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votaron en contra, postura que, según reportó el medio, refuerza el respaldo de la mayoría de la Cámara al pacto con Mercosur, bajo el argumento de sus potenciales beneficios económicos y la urgencia de reformas en el sector agrario.

De acuerdo con la información consignada por los medios, la iniciativa parlamentaria impulsada por Vox buscaba detener la aplicación pasajera del tratado entre la Unión Europea y los países sudamericanos integrantes de Mercosur. El texto presentado argumentaba la necesidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante referéndum y expresaba preocupaciones sobre las repercusiones de permitir la entrada de productos agropecuarios de estos países en condiciones que podrían perjudicar a los productores locales. Leticia Díaz insistió en que el sector agrario español ya enfrenta dificultades graves por el aumento de los costes y la escasez de relevo generacional, lo que a su juicio agravaría la situación si se suma la competencia externa promovida por el acuerdo. También señaló el uso de "fitosanitarios u hormonas que aquí son ilegales" en los productos importados y denunció la “hipocresía climática” que supone exigir a los productores europeos normas ambientales mientras se acepta mercancía de países que han realizado talas masivas.

Durante el debate en la Cámara, el Partido Popular argumentó que el acuerdo con Mercosur puede traer ventajas relevantes como la eliminación de aranceles, el crecimiento en el comercio exterior y la posible creación de más de 22.000 empleos. El portavoz popular, Juan José Alonso, declaró que el verdadero desafío para el sector agrícola no proviene del pacto con Mercosur, sino de las políticas gubernamentales y la desconfianza generada por el Ejecutivo nacional. Defendió la importancia de que se incorporen controles y condiciones de reciprocidad en la aplicación del acuerdo, subrayando que con la “protección y con controles”, el tratado puede fortalecer al sector agrario en vez de debilitarlo. Para el PP, las mejoras introducidas y la supervisión garantizan una evolución positiva para el campo.

El Partido Socialista, según detallaron los medios, sostuvo una postura similar al PP sobre la oportunidad que representa el tratado, rememorando el proceso de adaptación que experimentó el sector lácteo español tras la entrada a la Comunidad Económica Europea hace cuatro décadas. Joaquín Gómez, diputado socialista, subrayó que en aquel entonces los ganaderos españoles afrontaron el reto de igualarse a la competencia europea y, con el tiempo, lograron una posición destacada. Añadió que el reto presente reside más en el envejecimiento del sector y la dificultad para atraer a nuevas generaciones que en el acuerdo comercial en sí. A su entender, la situación de los precios de la leche y la carne en Cantabria se encuentra en niveles óptimos.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) fue la única formación que respaldó la iniciativa de Vox, pese a admitir que existen puntos a favor del acuerdo con Mercosur. El portavoz regionalista, Pedro Hernando, expresó preocupación por el “desequilibrio” generado, ya que mientras algunos sectores económicos obtienen beneficios, el agrario asume costes desproporcionados. En su intervención ante el Parlamento, Hernando alertó sobre la inmediatez e irreversibilidad de los efectos en el sector primario, y cuestionó que se recurra a la aplicación provisional del tratado en tanto persisten dudas y no existe una resolución definitiva del Parlamento Europeo ni del TJUE. Tanto Vox como el PRC recalcaron que dicha provisionalidad contó con el respaldo de populares y socialistas europeos, a pesar de que representantes de estos grupos acudieron recientemente a manifestaciones de ganaderos donde expresaron reservas sobre Mercosur.

El debate coincidió con una concentración de ganaderos en Meruelo que protestaban por el descenso del precio de la leche. Los argumentos expresados por Vox en la sesión parlamentaria hicieron referencia a esta coyuntura, alertando que la entrada en vigor del acuerdo comercial podría suponer un agravante estructural para el sector ante la pérdida de explotaciones y el agravamiento de la crisis de relevo generacional. La portavoz de Vox enfatizó que “introducir ahora la competencia de Mercosur es darle el tiro de gracia” al campo cántabro. El grupo defendió, en palabras de Leticia Díaz, que “si el acuerdo se está revisando en el TJUE, lo prudente y lo legal es esperar”.

Por otro lado, tanto el PP como el PSOE rechazaron las acusaciones de falta de protección al sector primario y mostraron conformidad con la estrategia de adaptar y modernizar la agricultura y ganadería regionales frente a los retos comerciales globales. El diputado popular Juan José Alonso argumentó que la campaña de rechazo al acuerdo es “demagógica y populista”, porque “no explican a los ganaderos de Cantabria qué sería de nuestro sector primario si rompemos con Europa como pretenden”. Del lado socialista, Gómez defendió la adaptación como clave para no quedar fuera del mercado y valoró la capacidad del sector para transformar los retos en oportunidades desde el acceso de España a la comunidad europea.

La votación final dejó en minoría a Vox y PRC, consolidando el respaldo mayoritario en el Parlamento cántabro al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur con las condiciones añadidas de protección y supervisión. Durante la sesión, desde la oposición se denunció también la falta de coherencia de populares y socialistas, señalando que muchos de sus miembros acudieron a protestas agrarias, pero luego apoyaron medidas en instancias europeas. Leticia Díaz de Vox resaltó esta paradoja señalando que “la verdadera foto se produce hoy votando”.

La resolución parlamentaria refleja las profundas divisiones sobre los retos del sector primario frente a los acuerdos internacionales de comercio, y marca la posición de la mayoría de la Cámara favorable a avanzar con el tratado de Mercosur bajo mecanismos de control y revisión. Según publicó el medio, la discusión parlamentaria se produjo en un contexto de elevada tensión en el sector primario, tanto por el encarecimiento de insumos y la ausencia de relevo generacional como por el temor ante la progresiva apertura a productos importados bajo normas diferentes a las europeas.

El encargado del Registro Civil debe valorar la existencia de un posible fraude de ley en cada solicitud de cambio de sexo, según lineamientos vigentes. El Gobierno respondió por escrito a una consulta parlamentaria del grupo Vox, afirmando que, a lo largo de 2025, un total de 5.148 personas realizaron cambios en la mención registral correspondiente al sexo en el Registro Civil. Así lo informó Europa Press tras revisar la respuesta del Ejecutivo, en la que se abordan distintas preguntas formuladas por los diputados de Vox.

La respuesta se refirió a los cambios registrados durante el año y aclaró que estos datos reflejan únicamente las modificaciones formales inscritas en el Registro Civil. Las preguntas de Vox incluyeron también solicitudes sobre eventuales fraudes y rechazos de cambios en años anteriores, así como el número de intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual realizadas durante 2025. El Ejecutivo indicó que las solicitudes de rectificación deben presentarse ante el encargado de cualquier oficina del Registro Civil y destacó que no existe un registro informatizado de denegaciones, por lo que dichos datos no están disponibles.

En cuanto al control de posibles fraudes, la respuesta del Gobierno señaló que corresponde al responsable del Registro Civil verificar que no se origine un fraude de ley o abuso de derecho. Para esto se basa en la instrucción emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública el 26 de mayo de 2023, en la que se detalla la aplicación estricta de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Según consignó Europa Press, la normativa instruye a los encargados de los registros a extremar el cuidado para evitar cualquier uso indebido en las solicitudes de cambio de sexo.

El medio Europa Press detalló además que el Gobierno explicó que los datos vinculados a cirugías de cambio de sexo no forman parte del Registro Civil, sino que se recopilan en el Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad, concretamente en el Registro de Actividad de Atención Especializada. De forma paralela, el Ejecutivo respondió a una pregunta sobre el presunto incremento de agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres y argumentó que este aumento está relacionado con un contexto de mayor visibilidad y denuncia. El Gobierno atribuyó el crecimiento de los delitos contra la libertad sexual a políticas activas de concienciación y a la reducción de la tolerancia social frente a estos delitos, indicando que ello propicia una mayor disposición de las víctimas a acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, disminuyendo los niveles de infradenuncia.

A lo largo de la respuesta, el Gobierno enfatizó la función del Registro Civil como órgano encargado de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y reiteró que las cifras conocidas corresponden únicamente a modificaciones en la mención registral de sexo. Sobre las preguntas relativas a solicitudes fraudulentas y denegaciones durante los años 2023 y 2024, así como para el año 2025, la Administración central explicó que estos datos no están recogidos en ninguno de los sistemas informáticos de registro y, por tanto, no resultan accesibles para su remisión.

El requerimiento de Vox sobre el número de intervenciones quirúrgicas también quedó respondido con la remisión al Ministerio de Sanidad, ya que es esta área la que registra y publica dicha información. Europa Press indicó que el Gobierno evitó proporcionar cifras concretas en este apartado, recordando que todas las operaciones médicas asociadas a procesos de rectificación de sexo quedan grabadas dentro de los registros hospitalarios y estadísticos especializados.

La respuesta parlamentaria, reseñada por Europa Press, concluyó señalando que los cambios en la mención registral y las estadísticas sobre delitos sexuales deben analizarse con base en la normativa vigente y el contexto de avance en las políticas de igualdad y prevención. El Gobierno insistió en que el incremento de denuncias refleja una disminución de la tolerancia social hacia la violencia sexual y un entorno más favorable para que las víctimas recurran al sistema de justicia y protección policial.

Enma López, portavoz adjunta del PSOE y secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social, afirmó que da la impresión de que para el Partido Popular ningún socialista cuenta con la formación o la valía necesaria para desempeñar cargos de responsabilidad. Según publicó Europa Press, López argumentó que esta actitud de descalificación por parte del PP hacia los miembros del gobierno socialista y su entorno se ha repetido a lo largo del tiempo y no se limita a un solo dirigente.

Esta declaración surgió tras una serie de críticas que el secretario general del PP, Miguel Tellado, dirigió a la designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa del Ejecutivo, en sustitución de María Jesús Montero. Tal como reportó Europa Press, Tellado consideró que el nombramiento de Cuerpo constituía una "trampa", al ser presentado como un perfil técnico y ecuánime, y lanzó varios reproches tanto a la figura del ministro como al presidente Pedro Sánchez. Según el dirigente popular, "los retoques cosméticos de esta semana solo demuestran que Sánchez sigue acaparando poder en torno a sí mismo. Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado, ya, ya. Ya sabemos cómo acaban los técnicos y los moderados con Sánchez", sostuvo Tellado en declaraciones atribuidas por Europa Press.

El anuncio del cambio en la Vicepresidencia primera del Gobierno se produjo el pasado jueves, cuando Sánchez comunicó la salida de Montero para centrarse en su candidatura en las elecciones andaluzas, y a la vez hizo público el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, quien hasta ese momento ocupaba la Secretaría de Estado de Política Territorial, según detalló el mismo medio.

Tellado, de acuerdo con Europa Press, llevó más allá su crítica señalando que quien acepta ser el "número dos" en el Gobierno "más corrupto de la historia", también acepta ser "el número dos de la corrupción, el número dos del sectarismo y el número dos de la degeneración institucional". Estas palabras marcaron el tono de confrontación en el debate político abierto en torno a los recientes nombramientos en el Ejecutivo.

En respuesta, Enma López lamentó, en una entrevista emitida por ‘La Hora de la 1’ y recogida por Europa Press, lo que considera una política de insulto y de desprecio por parte del PP. "Es una política de desprecio, es una política de insulto. Creo que deberían respetar más a su adversario y centrarse más en la política pero, por desgracia, a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", aseguró López. La representante socialista recordó que hasta fechas recientes el propio Cuerpo era valorado positivamente por el partido de la oposición y, al asumir sus nuevas competencias, pasó a convertirse en objeto de ataques. Según subrayó López, "hace un año, hace un mes, el señor Cuerpo les gustaba mucho, era el único que se salvaba y ha sido llegar a ser vicepresidente primero y resulta que ya parece ser que nada le vale".

A juicio de la dirigente socialista, el PP recurre de modo sistemático al agravio porque, según sus palabras, "a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", tal como recoge Europa Press. López opinó que el nivel de la oposición ha descendido y que, a veces, insultan directamente y en otras ocasiones tratan de retraerse, pero que el resultado es una escalada verbal que, en su opinión, empobrece el debate político.

El medio Europa Press detalló que entre los reproches de López también figura la actitud del PP respecto a las medidas sociales impulsadas por el Gobierno en los últimos años. La portavoz lamentó que los populares calificaran de "claramente insuficientes" las acciones del denominado decreto anticrisis presentado por el Ejecutivo y recordaba que el PP nunca ha votado favorablemente a ninguno de los decretos sociales adoptados en los últimos siete años. López sostuvo que la oposición ha ido cambiando de argumento en cada ocasión y afirmó que "han ido cambiando de excusas, es casi imposible llevar el hilo de todas las excusas que han ido poniendo", lo que, bajo su punto de vista, dificulta a la ciudadanía comprender la postura del partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo.

Durante la entrevista, Enma López defendió los 5.000 millones de euros movilizados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Según resaltó y reportó Europa Press, la portavoz insistió en que estas ayudas han producido resultados en el corto plazo, mencionando que, tras la aprobación de las medidas, el precio de la gasolina experimentó una baja. Según López, estas iniciativas apuntan a no dejar a ningún ciudadano fuera, mientras que, en sus palabras, "las excusas" del PP -en referencia a su falta de apoyo a estos decretos- "no valen" y se han mostrado "inútiles para este país".

López reiteró que el partido de la oposición "nunca se puede contar con su apoyo a la hora de defender a los españoles y las españolas", insistiendo en que Vox, aliado parlamentario en ocasiones del PP, vota directamente en contra y que sus prioridades tampoco coinciden con las necesidades de la ciudadanía. Sobre la postura del partido liderado por Santiago Abascal, agregó que "hablan mucho de los españoles pero cuando llega la hora de la verdad en el fondo están con quien está poniendo aranceles al campo español y con quien está generando esta guerra injusta ilegal", según recogió Europa Press.

A lo largo de sus intervenciones, López mostró una visión crítica sobre el papel adoptado por el PP en la oposición, tanto en el tono empleado hacia sus adversarios como en relación con la ausencia de propuestas alternativas significativas frente a las decisiones recientes del Ejecutivo. Según subrayó, este escenario se ve reflejado en la dinámica parlamentaria y en el rechazo sistemático de los populares a las reformas y medidas orientadas a afrontar las crisis recientes. Los socialistas atribuyen esta actitud a una falta de rumbo y de proyecto político en el principal partido de la oposición, según consignó Europa Press.

El Patriarcado Latino de Jerusalén ha calificado como “manifiestamente irrazonable y desproporcionada” la prohibición de acceso al cardenal Pierbattista Pizzaballa en la Iglesia del Santo Sepulcro durante la misa de Domingo de Ramos, decisión que consideró también un “grave precedente que ignora la sensibilidad de miles de millones de personas de todo el mundo”, cuyos ojos, añadió la diócesis, se encuentran enfocados en Jerusalén especialmente en fechas de Semana Santa. A partir de estas declaraciones, Vox ha solicitado al Ejecutivo israelí explicaciones y rectificaciones por lo ocurrido. Según consignó el medio, el partido liderado por Santiago Abascal manifestó su demanda públicamente este domingo a través de su cuenta en la red social X.

El medio detalló que la Policía israelí impidió el paso al cardenal, jefe de la iglesia Católica en Jerusalén, obligando a la comitiva privada a abandonar la zona de culto mientras se dirigía a la celebración religiosa en el Santo Sepulcro. La postura del partido Vox, de acuerdo con lo publicado, incluyó la petición de que el gobierno de Israel “explique y corrija lo ocurrido”, subrayando que si bien reconocen la complejidad de la situación en la ciudad con el cierre de lugares sagrados de las tres religiones, demandan garantías para que “se mantenga intacta la libertad religiosa de los cristianos” y se tomen las medidas necesarias para asegurar su protección ante “los ataques islamistas”.

La organización religiosa afectada comunicó que la intervención policial se produjo pese a que el Patriarcado Latino había sido notificado el sábado de que la visita prevista del cardenal no se podría realizar, según argumentó la Policía israelí en declaraciones recogidas por el medio. El gobierno israelí y la Policía justificaron esta acción en motivos de seguridad, bajo directrices del Ejército, en un contexto marcado por la guerra contra Irán.

Según reportó la fuente, la denuncia del Patriarcado Latino no se limitó a la interrupción del acto religioso, sino que también alertó sobre el impacto global de la medida, enfatizando la importancia simbólica que reviste Jerusalén, especialmente durante la Semana Santa, una de las fechas más significativas para el mundo cristiano.

La posición de las autoridades israelíes, según publicó el medio, se basa en las condiciones de seguridad vigentes en la ciudad, que también han derivado en el cierres de otros espacios considerados sagrados tanto para cristianos como para fieles judíos y musulmanes. Estas restricciones se han implementado como respuesta a la escalada del conflicto en la región, incrementando la tensión en torno al respeto y el acceso a los lugares de culto.

Vox recalcó, conforme a su mensaje en la citada red social, que la protección de los cristianos y la defensa de su libertad religiosa no solo es un asunto interno del país, sino que posee un alcance global, dada la relevancia de Jerusalén para las tres grandes religiones monoteístas. El partido también incidió en la necesidad de hacer compatible la seguridad nacional con el respeto a estas libertades fundamentales.

El comunicado emitido por el Patriarcado Latino y la reacción del partido Vox han generado nuevas exigencias de clarificación y diálogo entre las autoridades israelíes y representantes de las distintas confesiones religiosas, según lo señalado en la publicación. La situación deja en evidencia los desafíos constantes que enfrenta Jerusalén en el mantenimiento del equilibrio entre seguridad y respeto a la libertad religiosa en contextos de alta tensión geopolítica y militar.

Durante su paso por Logroño, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, planteó que millones de españoles convocados a las urnas en Extremadura, Castilla y León y Aragón respaldaron de manera significativa al PP. Gamarra destacó que este respaldo constituye un mandato para alcanzar pactos entre las formaciones conservadoras en estas comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar la formación de gobiernos estables. Según informó el medio de comunicación, la dirigente del PP subrayó la urgencia de cerrar los acuerdos pendientes con Vox en las tres regiones, argumentando que los ciudadanos exigen soluciones inmediatas y la concreción de la voluntad expresada en las urnas.

La dirigente popular explicó que el partido actúa desde la responsabilidad y reclamó la misma actitud a todas las formaciones implicadas. Tal como publicó la agencia, Gamarra sostuvo que el objetivo de estos acuerdos es no otorgar ninguna ventaja al actual Gobierno central liderado por Pedro Sánchez, al que denominó “Sanchismo”. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Gamarra expresó: “No se le puede dar ni un milímetro de oxígeno al Sanchismo, con lo cual, cuanto antes empiecen a funcionar esos Gobiernos, mucho mejor”.

Durante su intervención, realizada antes de la visita a la exposición ‘Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño’ en el Ayuntamiento de la capital riojana, la vicesecretaria enfatizó que la alternativa política debe ser “firme, seria y responsable”, cumpliendo con el mandato electoral de los últimos comicios autonómicos. Insistió en que el PP persigue la estabilidad institucional y el cumplimiento del voto mayoritario en las regiones mencionadas, según reportó el medio.

Gamarra también vinculó la premura de los pactos con la necesidad de afrontar de inmediato los retos e inquietudes de los ciudadanos de Extremadura, Castilla y León y Aragón, argumentando que la velocidad en la toma de decisiones políticas es esencial para no defraudar la expectativa creada en la población tras los últimos procesos electorales regionales, consignó la fuente.

En otro asunto, la dirigente se refirió al reciente nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente del Gobierno, anunciado por Pedro Sánchez. Gamarra afirmó que Carlos Cuerpo, hasta el momento ministro de Economía, es “tan responsable como Pedro Sánchez de las medidas adoptadas y la inflación a la que no se le pone freno”. Además, manifestó que el nuevo vicepresidente ha formado parte del equipo económico del ejecutivo y, como tal, comparte la responsabilidad sobre la gestión económica nacional, tal como consignó el medio.

Sobre la figura de Carlos Cuerpo, Gamarra añadió que el ministro “ya ha tenido responsabilidades” y su labor se encuadra dentro de la línea política del Ejecutivo central. En palabras recogidas por la prensa, sostuvo que Cuerpo “no es alguien nuevo, es alguien que ya forma parte del Sanchismo desde hace mucho tiempo”, y que “su papel ha sido el de servir al Sanchismo como el resto de sus compañeros de Consejo de Ministros”.

La responsable popular sostuvo, además, que la corrupción sigue afectando al Gobierno actual y achacó a Carlos Cuerpo no haber tomado, según sus palabras, una postura firme ante esta problemática. Según detalló el medio, Gamarra indicó que “hasta el momento no ha dicho absolutamente nada en relación a la misma ni ha luchado en su contra”.

Respecto a la situación del Ejecutivo central, Gamarra defendió que los recientes cambios en la cúpula no han permitido superar las principales dificultades, mencionando que el Gobierno sigue sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sin capacidad para gobernar con eficacia. Acusó también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no poder mantener el orden dentro de su propio ejecutivo, según informó la misma fuente.

Por otro lado, Gamarra remarcó que la solicitud de responsabilidad se extiende a todas las formaciones políticas implicadas en las negociaciones autonómicas, reiterando la necesidad de acuerdos que afiancen la gobernabilidad y respondan al requerimiento de estabilidad expresado por la población durante los recientes comicios. La dirigente nacional expresó su esperanza de que estos acuerdos se concreten en el menor tiempo posible, tal como detalló el medio, subrayando la urgencia de dotar de gobernabilidad a las tres comunidades autónomas y evitar vacíos de poder que puedan beneficiar a la actual administración estatal.

El Partido Popular sostiene que la consecución de estos acuerdos permitirá implementar programas y políticas orientadas a responder a las necesidades de los ciudadanos en Extremadura, Castilla y León y Aragón, atendiendo a la demanda de soluciones inmediatas, como publicó el medio. Esta agenda incluye la voluntad de que todos los procesos políticos y administrativos derivados de las elecciones se cierren de acuerdo con la voluntad de los votantes, sin demoras que puedan interpretarse como un incumplimiento de lo que el electorado reclama.

Durante el acto en Logroño, Gamarra explicó que la postura del PP se alinea con el compromiso de “seguir gobernando” en las tres comunidades autónomas citadas, en concordancia con el resultado depositado en las urnas y para contrarrestar la política del Ejecutivo central. Estas declaraciones se producen en un periodo de negociación entre las formaciones conservadoras, con la consigna de que la estabilidad es una prioridad para responder a los retos regionales y nacionales, en un contexto donde el PP busca marcar distancias con el Gobierno central liderado por Pedro Sánchez y remarcar su propia propuesta política.

En las conversaciones internas del Partido Popular, el riesgo de que la abstención comprometa la mayoría absoluta de Juanma Moreno se mantiene como una de las principales inquietudes. Según revelaron fuentes citadas por Europa Press, el equipo de campaña ha llamado la atención sobre la posibilidad de que, durante la primavera y coincidiendo con el puente del 1 de mayo, parte de los votantes decidan aplazar su participación electoral. Este escenario, según reconoció el propio Moreno, puede estar marcado por el buen clima y las salidas a diferentes zonas de Andalucía, lo que incrementa el temor a que una parte de los apoyos se pierda por no acudir a las urnas. En este contexto, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elabora una estrategia presencial, de contacto directo y movilización territorial, con el objetivo de reforzar la candidatura de Moreno y minimizar el impacto de la abstención y el crecimiento de Vox en las encuestas.

Europa Press detalló que Feijóo plantea una campaña caracterizada por la cercanía y la presencia constante en la calle, apostando por un acercamiento directo a la ciudadanía. El planteamiento parte de la idea de movilizar a la estructura del partido en todos los municipios de Andalucía y evitar la relajación que podría derivarse del buen resultado obtenido por Moreno en la elección anterior, donde alcanzó una mayoría absoluta inédita para el PP en la región con 58 escaños y el 43,1% de los votos. Ante la situación actual, los populares se enfrentan a encuestas que les sitúan cerca de la mayoría, pero no la garantizan, lo que de acuerdo con las mismas fuentes puede generar la necesidad de pactar con Vox para formar gobierno.

El ascenso del partido liderado por Santiago Abascal ha sido una constante en las más recientes convocatorias autonómicas, superando el 16% de los votos en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Según consignó Europa Press, Vox actualmente ostenta un papel determinante en la gobernabilidad de estas comunidades, obligando a negociar acuerdos de investidura con el Partido Popular. Ante ese precedente, la dirección nacional de los populares andaluces insiste en la importancia de mantener una hoja de ruta centrada en sus propios mensajes y propuestas, evitando, en palabras transmitidas al medio por el entorno de Moreno, caer en una “obsesión” respecto a Vox.

El diseño de la campaña aún no se encuentra cerrado, pero portavoces cercanos a Feijóo afirman que la prioridad será mantener una presencia activa en la calle, en contraste con la estrategia de otros líderes nacionales, como Pedro Sánchez, según apunta el equipo popular. Estas fuentes sostienen que Feijóo puede recorrer cualquier municipio de España sin necesidad de reforzar la seguridad personal, lo que interpretan como un indicio de la receptividad de la base electoral. Desde la sede de ‘Génova’, se ha resaltado a Europa Press que el grado de implicación definitiva de Feijóo en la campaña dependerá de las necesidades específicas que marque el equipo de Moreno. Esto responde a la intención de adaptarse a la dinámica definida internamente en Andalucía, procurando no interferir en la estrategia local.

En los comicios de hace cuatro años, la implicación de Feijóo fue total tras su elección como líder del PP nacional, coincidiendo con una etapa de reconstrucción interna del partido después de la salida de Pablo Casado. Feijóo y Moreno compartieron algunos actos, aunque dividieron su presencia en diferentes puntos de Andalucía para ampliar el alcance territorial de la campaña. Ahora, el reto principal sigue siendo mantener o superar el resultado que aseguró la primera mayoría absoluta para el PP en la Junta de Andalucía, una comunidad que durante tres décadas fue administrada por los socialistas.

Moreno cuenta, según subrayan dirigentes populares consultados por Europa Press, con el respaldo de su gestión en la última legislatura, un argumento que consideran clave tras episodios críticos como el accidente de Adamuz o las inundaciones ocurridas el pasado mes de febrero. Estas circunstancias, a juicio de los estrategas del PP, han reforzado el perfil de Moreno como gestor y candidato, consolidando su figura de cara a la cita con las urnas. Sin embargo, admiten la complejidad añadida de obtener una mayoría absoluta en una región con ocho circunscripciones, donde el reparto final de escaños puede depender de fracciones escasas de votos.

La estrategia definida por la dirección del partido incluye moderar las expectativas y transmitir un mensaje claro sobre las alternativas políticas. En declaraciones citadas por Europa Press, un dirigente territorial resumió la posición al señalar que “vamos a gobernar, no hay alternativa a Moreno”, apuntando que el interrogante se limita a saber si revalidarán la mayoría absoluta. Las encuestas recientes han situado al PP-A muy próximo al umbral de 55 escaños, cifra que marca la mayoría. Ante este escenario, la campaña organizada por Feijóo pretende potenciar la movilización y contener el avance de Vox, que hace cuatro años ya logró consolidarse como tercera fuerza en la región con 14 escaños y el 13,46% de los apoyos.

El equipo de Feijóo considera que, para evitar escenarios como los vividos en Extremadura, Aragón o Castilla y León –donde Vox poseen la llave de la gobernabilidad–, la única vía consiste en asegurar la mayor participación posible y desarrollar un discurso propio centrado en las características y demandas andaluzas. El mensaje interno, tal como relató Europa Press, gira en torno a evitar el exceso de confianza y la desmovilización de la base electoral, insistiendo en la importancia de no confiarse ante los resultados de convocatorias pasadas.

Moreno ha verbalizado su preocupación en entrevistas recientes recogidas por Europa Press, señalando que “sinceramente me da miedo ese exceso de confianza que podría generar que una parte de mis apoyos se pudieran perder en esa primavera, con temperaturas elevadas, yendo a otros parajes y rincones de Andalucía y no yendo a votar”. Con este telón de fondo, el PP andaluz se prepara para desplegar una campaña en la que la movilización, la cercanía y la participación son las consignas principales con las que buscan defender su posición frente al avance de otras fuerzas políticas y el peligro de la abstención.

La relación entre el Partido Popular (PP) y Vox continúa definiendo los equilibrios de poder en diversas comunidades autónomas de España, mientras Alberto Núñez Feijóo encara su cuarto año al frente del PP con el objetivo de desvincularse de la influencia de la formación de Santiago Abascal. Según detalló Europa Press, a pesar de los logros territoriales y los avances electorales bajo el liderazgo de Feijóo, la presencia de Vox como socio necesario en gobiernos autonómicos como Extremadura, Aragón y Castilla y León mantiene a ambos partidos en una situación de interdependencia que condiciona la capacidad del PP para actuar con plena autonomía.

Europa Press informó que la llegada de Feijóo a la presidencia del PP, en abril de 2022, respondió a una crisis interna sin precedentes que desembocó en la salida de Pablo Casado. La tensión entre Casado e Isabel Díaz Ayuso llegó a su punto álgido tras la publicación de informaciones sobre presunto espionaje vinculado al entorno familiar de la presidenta madrileña. En ese contexto, Feijóo asumió la dirección del partido, heredando una formación fragmentada y un entorno político marcado por la competencia con Vox, que contaba entonces con 52 escaños y un 14,8% de los votos, según consignó el mismo medio.

Fuentes citadas por Europa Press señalaron que, durante los primeros meses de Feijóo en la sede de Génova, varias encuestas reflejaban un empate técnico entre PP y Vox. El temor a un “sorpasso” se encontraba vigente, y la crisis interna del PP se hacía patente en manifestaciones en la misma calle Génova. El relevo en la dirección del partido, según reportaron miembros de la formación a Europa Press, trajo consigo una dinámica de unidad y estabilidad organizacional que permitió a los populares presentarse como alternativa de gobierno y acumular poder territorial.

Tras abandonar la presidencia de la Xunta de Galicia, cargo en el que permaneció casi 14 años, Feijóo se instaló en la sede nacional del partido en Madrid. Desde entonces, ha centrado sus esfuerzos en consolidar un PP cohesionado, logrando, según Europa Press, victorias en diez de las últimas doce elecciones. Entre estos resultados destaca el ascenso del PP de 89 a 137 escaños en las generales de julio de 2023, una diferencia de 104 diputados frente a Vox. Los resultados se interpretan desde la dirección del partido como una recuperación del terreno perdido frente a la ultraderecha, aunque Vox conserva una posición relevante en varias autonomías.

El desarrollo electoral bajo el mandato de Feijóo ha tenido hitos significativos, como las elecciones andaluzas de junio de 2022. En esos comicios, Juanma Moreno obtuvo para el PP la primera mayoría absoluta en Andalucía, histórica plaza del PSOE. Posteriormente, el PP consolidó victorias en municipales, europeas y otras citas autonómicas, continuando con la estrategia de expansión territorial. El futuro inmediato del partido contempla la campaña para los próximos comicios andaluces del 17 de mayo, en la que Génova espera revalidar la mayoría absoluta de Moreno y reforzar la proyección nacional de Feijóo, publicó Europa Press.

La unidad interna del PP se ha reflejado también en la recuperación de la sintonía entre figuras históricas del partido. La foto del reencuentro entre José María Aznar y Mariano Rajoy, organizada en Valencia en febrero de 2023, sirvió como escenificación del cierre de divisiones previas. Feijóo ha hecho referencia en varias ocasiones a ambos expresidentes como sus referentes y ha defendido la consolidación de una única visión estratégica para la formación.

En el último congreso nacional del PP, celebrado en julio, Feijóo fue reelegido presidente con el 99,24% de los votos. En ese foro, subrayó la necesidad de alcanzar los 10 millones de votos en futuros procesos generales y presentó una serie de tareas prioritarias en caso de acceder a la Moncloa. Entre sus compromisos figuran la aprobación de un plan de regeneración democrática, políticas de reducción de la inmigración irregular, una bajada de impuestos, un pacto nacional del agua, medidas para vivienda, refuerzo del sistema sanitario y mejoras en materia de seguridad.

Durante ese cónclave, Feijóo reiteró su posicionamiento frente a la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistiendo en que su proyecto representaría “otra forma de gobernar” y reiteró su intención de “derogar el sanchismo”. De acuerdo con Europa Press, en la dirección del PP se considera que el ciclo político actual ofrece una “última oportunidad” a Feijóo para alcanzar la presidencia del Gobierno, tras la frustración generada por no lograrlo en 2023. Dirigentes del partido citados por el medio advierten que, si no se materializa este objetivo, el partido afrontaría una nueva pugna interna con Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno como principales aspirantes a la sucesión.

A pesar de los éxitos en las urnas y la expansión de su influencia en el panorama territorial, el PP de Núñez Feijóo no ha logrado desligarse por completo de Vox en varios gobiernos regionales. Según datos difundidos por Europa Press, la llave de la gobernabilidad que ostenta Vox en comunidades como Castilla y León, Aragón y Extremadura se perfila como un factor de peso ante una eventual repetición electoral a escala nacional, manteniendo el debate sobre la conveniencia y los límites de la colaboración con la extrema derecha en el centro de la estrategia popular.

Durante la entrevista, Esperanza Aguirre analizó los orígenes de la fragmentación de la derecha española y atribuyó la aparición de Vox a una decisión central de Mariano Rajoy en su etapa como líder del Partido Popular (PP). Aguirre señaló que Rajoy no respetó el programa del PP, lo que, desde su visión, allanó el camino para el surgimiento de Vox como fuerza política independiente. Esta declaración se recogió en una entrevista difundida por El Periódico y citada por Europa Press, en la que la ex presidenta madrileña revisó también la evolución de la formación conservadora en las últimas dos décadas.

Aguirre expuso que José María Aznar se mantiene como su principal referente dentro del partido. De acuerdo con lo que publica El Periódico, la exdirigente recordó que, bajo el liderazgo de Aznar, el Partido Popular consiguió aglutinar distintas sensibilidades, integrando socialdemócratas, liberales, conservadores y demócrata-cristianos. Según su relato, esta cohesión facilitó el primer triunfo con mayoría absoluta para el partido en el año 2000 y el acceso por primera vez a un gobierno tras las elecciones de 1996. La dirigente aseguró que la etapa de Aznar permitió que todo el espectro ideológico del PP se encontrara cómodo y unido, destacando el impacto positivo de esa unidad en los resultados electorales.

Consultada por El Periódico sobre la decisión de Aznar de designar a Mariano Rajoy como su sucesor en la presidencia del partido y como candidato a las elecciones generales en 2004, Aguirre admitió que dicha elección representó un error colectivo, ya que la votación se realizó en la Junta Directiva Nacional, implicando a múltiples miembros de la directiva del PP. Añadió que Aznar dejó un partido cohesionado a Rajoy, en contraste con la situación que, bajo la dirección de Rajoy, terminó con la formación dividida en tres: PP, Vox y Ciudadanos. Aguirre afirmó que “Aznar pasó el partido a Rajoy unificado y con todos cómodos y tranquilos y Rajoy se lo pasó a Pablo Casado dividido en tres”, en referencia a la fragmentación del espacio político conservador.

Sobre la actual jefa del ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid expresó una valoración positiva de su mandato, aunque aludió a un punto de divergencia respecto a la protección cultural. Aguirre señaló que sólo desearía que Ayuso promoviera la declaración del Valle de los Caídos como bien de interés cultural, discrepando con la posición de la dirigente regional sobre este asunto. El Periódico reportó que Aguirre se mostró convencida de que Díaz Ayuso representa el mejor liderazgo disponible en la Comunidad de Madrid al frente del PP.

El medio detalló, además, que Aguirre abordó su perspectiva sobre el feminismo en la misma entrevista. Definió su postura como feminismo centrado en la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, y expresó su opinión contraria a políticas que eliminen la presunción de inocencia para los hombres. Al comparar su enfoque con el que defiende Vox, Aguirre valoró que ambos comparten una idea similar en cuanto a la equidad legal, afirmando que “la formación que lidera Santiago Abascal también defiende la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, así que es el mismo feminismo”.

Las intervenciones de Aguirre sobre el presente y el pasado del Partido Popular, así como su análisis acerca de figuras pilares como Aznar, Rajoy y Ayuso, fueron expuestas a lo largo de la entrevista difundida por El Periódico y referencia por Europa Press. Sus reflexiones incluyeron críticas sobre la gestión interna y las derivaciones políticas que condujeron a la aparición de nuevas formaciones dentro del espectro de la derecha española.

El análisis sobre la eficacia de las políticas públicas frente al reto demográfico revela que solo el 37% de los fondos destinados por el Gobierno a los núcleos despoblados se ha ejecutado, según detectó el Tribunal de Cuentas. Esta cifra, citada por el movimiento 'Soria ¡Ya!', evidencia la disconformidad de parte de las plataformas impulsoras de la Revuelta de la España Vaciada, que este 31 de marzo alcanza su séptimo aniversario. En 2019, la movilización logró llevar a decenas de miles de personas hasta el centro de Madrid para exigir respuestas al fenómeno de la despoblación y reclamar igualdad de oportunidades entre el medio rural y las ciudades. Sin embargo, hoy el movimiento enfrenta una pérdida de representación política, atravesada por la polarización, la reducción de apoyos electorales y una presencia decreciente en la agenda pública. Así lo reportó Europa Press.

La protesta convocada por 'Soria ¡Ya!' y 'Teruel Existe' en marzo de 2019 reunió entre 50.000 y 100.000 manifestantes según datos de la Delegación del Gobierno y los organizadores, junto a más de 80 plataformas ciudadanas, situando la despoblación en el centro del debate nacional. Europa Press detalló que ese acto significó una apertura política inédita para las formaciones territoriales, que lograron trasladar una demanda periférica hasta el Parlamento y algunos gobiernos autonómicos.

El contexto político ha cambiado sustancialmente desde entonces. Según analizó Europa Press, los últimos ciclos electorales autonómicos han reflejado una caída en el respaldo y la representación de estos partidos, en un escenario dominado por la polarización y el voto útil. El protagonismo creciente de la confrontación entre bloques ideológicos ha reducido el espacio de los partidos centrados en el reequilibrio territorial, según reconocieron sus dirigentes y expertos consultados por el medio.

Ángel Ceña, candidato de 'Soria ¡Ya!', atribuyó el retroceso a un desplazamiento del debate hacia lógicas estatales y destacó que la formación ha pasado de alcanzar casi un 43% de apoyo en su primera cita autonómica a un 20% en el presente. En declaraciones recogidas por Europa Press, Ceña afirmó: “Supimos transmitir en 2022 una emoción de protesta frente al abandono histórico de Soria, pero ahora esa emoción se ha visto contrarrestada por el voto en clave nacional”. Denunció además que la presencia constante de líderes nacionales durante la campaña “buscaba polarizar el mensaje y no dejar espacio a lo territorial”. Criticó la falta de ejecución de las políticas públicas y cuestionó la utilidad de las 130 medidas aprobadas por el Gobierno, recordando la baja ejecución de los fondos.

Por su parte, Tomás Guitarte, diputado de 'Teruel Existe' y actual representante en el Parlamento autonómico aragonés, coincidió en que la polarización política ha sido determinante para la nueva dinámica electoral. Europa Press reprodujo su reflexión: “Se está consiguiendo polarizar la situación política y da igual que estés en un territorio u otro: lo importante es si el voto es anti-Sánchez o anti-Vox”. Guitarte consideró que la confrontación entre partidos ha restado visibilidad a los problemas estructurales del medio rural, contribuyendo a lo que denominó como “invisibilización” del fenómeno de la despoblación.

El experto en Ciencia Política Pablo Simón ofreció a Europa Press una lectura que introduce la idea de que el éxito electoral de estas plataformas coincidió con un contexto político excepcional, difícil de replicar, y señaló que muchas nacieron como partidos “nicho”, articulados en torno a una reivindicación concreta. Esta naturaleza limitaría su consolidación en ausencia de resultados tangibles. Para Simón, cuando no logran revertir la situación demográfica, parte del electorado migra hacia otras opciones, como Vox o partidos tradicionales, aunque subrayó que el mayor logro del movimiento ha sido instalar el tema en la agenda pública y “los partidos grandes han absorbido ese discurso”.

En relación al cambio de prioridades, el catedrático Fernando Vallespín, de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó a Europa Press que la atención mediática al reto demográfico ha menguado conforme el debate se ha desplazado a conflictos de índole nacional e internacional. Las tensiones entre el gobierno y la oposición han dominado el espacio informativo, relegando el fenómeno de la despoblación. Al mismo tiempo, señaló que formaciones como Vox han capitalizado parte del voto protesta del medio rural por medio de discursos orientados al abandono del campo y la ganadería.

El descenso en el apoyo a plataformas de la España Vaciada no se traduce en una mejora sustancial de la situación demográfica, según advirtió Europa Press a partir de la opinión de especialistas. Vicente Pinilla, catedrático en Economía y especializado en despoblación, migraciones y sector agrario, remarcó que localidades aragonesas de menos de 5.000 habitantes continúan perdiendo residentes, al tiempo que crecen los núcleos urbanos. Pinilla indicó que las principales dificultades para revertir el fenómeno social son el acceso a empleo cualificado, la vivienda y la movilidad, aunque reconoció que el nivel de servicios públicos resulta “bastante razonable”. Además, la dependencia del vehículo privado sigue siendo una traba determinante para el desarrollo local.

En la misma línea, el investigador Juan Antonio Lobato señaló que, aunque la pérdida de población no se ha revertido, sí se advierte una desaceleración de esa tendencia, situando a España en un “punto de inflexión”. No obstante, advirtió a Europa Press que cualquier transformación profunda demandará décadas de políticas consistentes, enfatizando las dificultades para adaptar expectativas sociales a plazos de solución tan prolongados.

Siete años después de la Revuelta de la España Vaciada, el reto demográfico ha perdido centralidad en la política nacional, aunque persiste la urgencia territorial. Europa Press puntualizó que la movilización que en marzo de 2019 logró visibilidad inédita para el problema aún no ha dado paso a soluciones efectivas capaces de revertir la despoblación. El debate en torno a la España rural se enfrenta ahora a un escenario donde la confrontación ideológica y la dinámica del voto útil han reducido la representatividad y la presencia en la agenda de quienes impulsaron la discusión sobre la demografía y la desigualdad de oportunidades.

El futuro de la planta industrial de Solvay en Barreda y los criterios que emplea el Ejecutivo cántabro para garantizar su continuidad se encuentran entre los temas que serán foco de atención en la sesión plenaria que celebrará este lunes el Parlamento de Cantabria. Además, la agenda del Pleno incluye iniciativas sobre sanidad, relaciones comerciales internacionales, la política fiscal para trabajadores autónomos y el abordaje de la dependencia, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la sesión, prevista para comenzar a las 13:00, incluirá el debate de una moción del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) centrada en la adopción de medidas para mitigar los efectos derivados del aumento de los costos del carburante. Además, se debatirán cuatro proposiciones no de ley (PNL), dos de las cuales estarán vinculadas al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este sentido, el partido Vox presentará una iniciativa que busca rechazar cualquier medida asociada al acuerdo que pueda resultar perjudicial para los productores cántabros, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitará protección para el sector pesquero regional ante el impacto de ese tratado.

El Partido Popular (PP), por su parte, llevará a debate una proposición para pedir el cumplimiento de la normativa europea que permitiría establecer el sistema de IVA franquiciado para los trabajadores autónomos en Cantabria. Esta medida fiscal pretende favorecer a los pequeños empresarios y profesionales independientes, según reportó Europa Press. El PRC también agregará a la sesión una iniciativa que plantea la creación de un programa de becas de excelencia académica dirigido al próximo curso escolar.

En la misma sesión, el Gobierno del PP tendrá que responder a tres interpelaciones presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Los regionalistas demandarán una explicación sobre los procedimientos y criterios adoptados para asegurar el futuro de la planta industrial de Solvay, ubicada en Barreda, cuya situación ha motivado preocupación sobre la viabilidad y el empleo en la zona. Según publicó Europa Press, las preguntas buscarán aclarar qué pasos está dando la administración para mantener la actividad y los puestos de trabajo en ese enclave industrial.

El PSOE y Vox orientarán sus interpelaciones hacia el sistema de atención a la dependencia. En el caso de los socialistas, se busca que el ejecutivo que lidera María José Sáenz de Buruaga explique los motivos que han llevado a Cantabria a estar entre las comunidades con menor calificación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, lo que sugiere un bajo nivel de satisfacción y seguridad en el acceso a servicios esenciales para personas dependientes. Por parte de Vox, la solicitud al Gobierno está referida al grado de cumplimiento de una moción previamente aprobada en el Parlamento, en la que se instaba a realizar un estudio para identificar con precisión las necesidades actuales en materia de dependencia en la comunidad autónoma.

Varios temas relacionados con la sanidad ocuparán también el debate parlamentario, según consignó Europa Press. Entre ellos, figuran el proyecto Cohorte Cantabria, un estudio poblacional de referencia, las agresiones al personal sanitario, las demoras en la Atención Primaria y cuestiones relacionadas con infraestructuras de salud como el centro de salud y hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales. El PRC, en concreto, solicitará información sobre el contenido y los términos del convenio que permitiría a Cohorte Cantabria poner a disposición de una farmacéutica estadounidense los datos de 50.000 cántabros. Esta cuestión suscita interrogantes acerca de la protección de información personal y de los usos previstos para estos datos en investigaciones médicas o farmacológicas.

El PSOE, además, cuestionará al Ejecutivo respecto a los episodios de agresiones reportadas por el personal sanitario y pedirá información sobre los avances y planificación del centro de salud y hospital de Castro Urdiales, infraestructura clave para la atención en esa área geográfica. Vox, por su parte, formulará preguntas relativas al programa ZIUR, orientado a la prevención de conductas suicidas, y a la situación de las listas de espera en la Atención Primaria, un asunto recurrente de preocupación entre la población y los profesionales sanitarios.

Según informó Europa Press, la diferencia de posiciones entre los partidos políticos marcará el desarrollo de la sesión. Los debates reflejarán la diversidad de intereses y prioridades del arco parlamentario cántabro, desde la preocupación por el futuro industrial y las políticas de empleo, hasta los retos que plantea la sostenibilidad del sistema sanitario y la protección fiscal de los profesionales autónomos. Además, los representantes regionales abordarán el impacto local de acuerdos internacionales, especialmente en sectores económicos considerados estratégicos para la región, como la pesca y la producción agrícola.

El Pleno se configura así como un espacio para la confrontación y el contraste de propuestas ante las principales inquietudes sociales, laborales y económicas de Cantabria, detalló Europa Press. La jornada prevé exposiciones y debates sobre la sanidad pública, las relaciones comerciales, la fiscalidad y la gestión de servicios sociales, con la expectativa por parte de los distintos grupos de exponer sus posiciones, estrategias y medidas concretas ante cada uno de los retos en agenda.

En la reciente entrevista concedida a 'La Vanguardia', Alberto Núñez Feijóo defendió la convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, justificando que los presupuestos no pueden renovarse de forma indefinida y considerando un fraude político el hecho de que el Gobierno no haya presentado cuentas durante la legislatura. Según informó Europa Press, el presidente del Partido Popular afirmó además que ve necesaria una reforma legal para que ningún ejecutivo pueda completar su mandato sin aprobar presupuestos.

Feijóo manifestó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca que el Partido Popular pierda espacio electoral a través de una colaboración indirecta con Vox. “Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP”, declaró, señalando una estrategia en la cual los votantes conservadores se desplacen hacia el partido dirigido por Santiago Abascal, lo que a su juicio debilitaría la posición del PP. Esta postura fue explicada como una consecuencia de un contexto de polarización que atribuye directamente a la estrategia del Gobierno socialista, según reportó Europa Press.

Sobre los recientes resultados electorales en esas comunidades, Feijóo destacó que Vox ha incrementado su apoyo, pero no a costa del Partido Popular, sino capitalizando electores provenientes de la abstención y votantes previos del Partido Socialista. Señaló como relevante que, en Extremadura, el PP y Vox sumaron un 62% del respaldo electoral, lo que interpretó como una transformación política en una autonomía tradicionalmente ligada al socialismo, tal como indicó Europa Press.

Ante las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos, Feijóo sostuvo que impulsa acuerdos con Vox en estos territorios para asegurar la estabilidad política. Aseguró que la repetición de las elecciones en comunidades como Extremadura o Aragón significaría una decepción sustancial. Detalló además que, a su entender, los votantes de Vox esperan se alcance un pacto con el Partido Popular.

Interrogado sobre la relación con Pedro Sánchez, Feijóo aseguró que el jefe del Ejecutivo actual ha elevado el nivel de confrontación en la vida política española. Europa Press reportó que Feijóo lo calificó como alguien que ha generado numerosos conflictos, tanto internos como externos a su partido y gobierno, y recordó la oposición histórica que Sánchez enfrentó dentro de su formación política tras su salida y posterior regreso como secretario general. También remarcó los conflictos en la coalición de Gobierno y con los presidentes autonómicos, argumentando que no encuentra precedentes de tal grado de confrontación en la democracia reciente.

En cuanto a la conexión política de su partido con Junts, Feijóo declaró que en caso de obtener los votos necesarios, presentaría una moción de censura contra Sánchez. Según consignó Europa Press, expresó que nunca había identificado un periodo de mayor deterioro institucional o de bienestar en el marco de la política española. Añadió que el Gobierno utiliza la figura de Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat y líder de Junts, así como la demora en una decisión del Tribunal Constitucional, como táctica para prolongar la legislatura.

Feijóo manifestó su convencimiento de que los votantes de Junts no respaldaron al partido para que Yolanda Díaz asumiera la vicepresidencia del Gobierno, defendiendo además posturas políticas que incluyen una política de vivienda diferente, reducción de impuestos, el mantenimiento de la energía nuclear y una regulación de la inmigración más estricta. Opinó que la dirección de Sánchez representa un provecho para ciertos partidos independentistas, pero un perjuicio para la sociedad catalana. “¿De verdad que con Sánchez hay algún catalán que viva mejor?”, cuestionó el líder del PP, y criticó que los políticos catalanes no estén prestando suficiente atención a los problemas de la ciudadanía tras la retirada de los Presupuestos autonómicos.

En el ámbito internacional, Feijóo opinó sobre la política exterior del Gobierno en el contexto de la situación en Oriente Medio, diferenciando entre las políticas de alineamiento con la administración de Donald Trump y una actitud de enfrentamiento hacia Estados Unidos, actual postura atribuida a Sánchez. Según difundió Europa Press, sostuvo que esta estrategia ha deteriorado la fiabilidad de España en la escena global.

Sobre las bases militares estadounidenses que se encuentran en territorio español, Feijóo afirmó que necesita información precisa sobre sus propósitos y recalcó su prioridad en la defensa de los intereses nacionales frente a cualquier cálculo electoral, según insistió ante el medio. Concluyó que privilegiaría los intereses de España incluso si ello conlleva una pérdida de apoyos electorales.

Varios exdirigentes de Vox han manifestado recientemente sus críticas hacia la dirección actual del partido, entre ellos los exsecretarios generales Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, minimizó estas discrepancias internas y expresó su convicción de que algunos de los críticos podrían unirse al Partido Popular (PP). Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Garriga sostuvo que estos movimientos buscan desestabilizar a Vox y estarían promovidos desde dentro y fuera de la organización, incluyendo sectores del PP, del PSOE, patronales, sindicatos y algunos medios de comunicación. Ante esta situación, defendió la cohesión interna y negó la existencia de una crisis dentro de su formación.

El secretario general de Vox describió el inicio de una "nueva fase" en las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Según destacó Europa Press, la incorporación de portavoces nacionales especializados de Vox en las conversaciones con el PP busca abordar cada una de las medidas políticas específicas en estas comunidades. Ignacio Garriga señaló que el diálogo actual es más fluido que meses atrás y reclamó al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que permita a los líderes regionales mantener el contacto directo con Vox: "Confío en que el PP, en concreto el señor Feijóo, no siga poniendo palos en las ruedas en las negociaciones y deje a los líderes regionales del PP seguir en esa interlocución que estamos teniendo muy fluida, mucho mejor que hace unos meses".

En sus declaraciones, Garriga recriminó al presidente popular que, a su juicio, prioriza la opinión del PP europeo en Bruselas frente a las necesidades de los ciudadanos españoles, según recogió Europa Press. El dirigente de Vox insistió en que la posibilidad de formar gobiernos de coalición en las regiones mencionadas dependerá de la disposición del PP a renunciar a ciertas medidas ideológicas que, según Garriga, comparte con el PSOE.

El líder de Vox en Cataluña negó que su partido esté obstaculizando los avances en las negociaciones para constituir los ejecutivos autonómicos. Afirmó que “Vox no está bloqueando absolutamente nada, que deje de mentir el PP”, y aseguró que la estrategia de Vox persigue salvaguardar los acuerdos ante posibles cambios de postura del PP, recordando la salida de la formación de gobiernos anteriores por cuestiones relacionadas con el reparto de inmigrantes. Garriga indicó que en la región de Extremadura el proceso de negociación progresa satisfactoriamente y estimó factible alcanzar un acuerdo programático en el mes de abril. Además, expresó el compromiso de Vox para evitar una repetición electoral y subrayó la responsabilidad de su partido ante el desarrollo de las conversaciones.

Según Europa Press, Ignacio Garriga detalló que, si bien Vox y el PP no han establecido una fecha límite para cerrar los pactos, sí consideran necesario que existan plazos concretos, especialmente de cara a la aprobación de los presupuestos en las comunidades afectadas. “Plazos significa, entre otras cosas, tener unos presupuestos a tiempo”, explicó.

Sobre el funcionamiento interno de Vox, Garriga defendió la disciplina y la coherencia del partido. Destacó que en la organización “todos los líderes o portavoces regionales dicen lo mismo independientemente del lugar en el que estén”, diferenciándose así del PP, donde, según su visión, existen posturas distintas entre la dirección nacional y los presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno.

En este contexto, el secretario general justificó decisiones recientes adoptadas por Vox, entre ellas la expulsión de afiliados y la apertura de expedientes disciplinarios. Argumentó que en el partido todos los miembros están sujetos a las mismas normas, desde el primer afiliado al más reciente. Lamentó que algunos exmiembros destacados, que hasta hace poco aprobaban contratos y transferencias, ahora cuestionen esos mismos procedimientos. Garriga afirmó que el partido responderá con determinación para impedir que se propaguen calumnias o informaciones falsas sobre la gestión interna.

Respecto al plano internacional, Europa Press consultó a Garriga acerca de la postura de Vox ante la guerra en Oriente Medio. El secretario general indicó que su partido agradece a quienes han contribuido a derrocar a líderes responsables de la represión en sus países, citando el caso del ayatolá. No obstante, matizó que los conflictos internacionales no son lo que necesita España y abogó por prudencia para limitar el impacto que puedan tener sobre la población española. Además, Garriga acusó al presidente Pedro Sánchez de utilizar la guerra en Oriente Medio para desviar la atención sobre los efectos de sus políticas en España.

Al referirse a la supuesta conexión entre Vox y el Gobierno de Estados Unidos, Ignacio Garriga rechazó la existencia de tal vínculo y calificó esta asociación como un relato creado con fines políticos, según lo publicado por Europa Press. Consideró que esta percepción forma parte de los intentos de debilitar a Vox desde el Gobierno español. Preguntado por las formas de hacer política del presidente estadounidense y, en particular, sobre el uso de amenazas, Garriga manifestó que cada dirigente tiene su propio estilo y aseguró que Vox no es representante ni de Estados Unidos ni de Donald Trump.

A lo largo de la entrevista, el secretario general de Vox insistió en que su partido se mantiene unido y comprometido con su programa, pese a los intentos de desestabilización. Rechazó las críticas internas y defendió la actuación de la dirección, remarcando la vigencia del liderazgo de Santiago Abascal y la continuidad de la línea política actual. Según sus palabras, quienes cuestionan el rumbo del partido podrían estar más cómodos en otros proyectos políticos, en referencia a los recientes debates internos y manifiestos programáticos.

En cuanto a la coyuntura política, Garriga reiteró la disposición de Vox para negociar y alcanzar acuerdos de gobierno, subrayando el carácter complejo de las negociaciones pero también el avance de las mismas respecto a etapas anteriores. Mantuvo su exigencia para que el PP cese los obstáculos y facilite el diálogo a través de sus líderes regionales, reclamando unidad de acción y transparencia en los procesos de negociación, tal como informó Europa Press.

El portavoz de Iniciativa y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, expuso que no pasa una semana sin que representantes de distintos partidos progresistas pregunten por el regreso de Mónica Oltra a la política. Según detalló Europa Press, Ibáñez destacó la relevancia de Oltra como figura capaz de recomponer el espacio de la izquierda en la Comunidad Valenciana, recalcando que su “liderazgo desborda a Compromís” y tiene alcance en todo el espectro progresista valenciano.

De acuerdo con la entrevista publicada por Europa Press, Ibáñez expresó su convencimiento de que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana estará nuevamente en la primera línea política y ocupará una posición destacada en las próximas listas electorales, acorde a su condición de referente. El portavoz señaló que Oltra debería encabezar una candidatura fuerte en las próximas elecciones, aunque evitó concretar si su preferencia es para que lidere la lista al Ayuntamiento de Valencia. Al respecto, se limitó a afirmar: “El dónde ya vendrá”.

Ibáñez declaró que el perfil público de la exconsellera es el idóneo para impulsar la unidad entre las formaciones de izquierda, e invitó a las diferentes organizaciones políticas a reflexionar sobre las circunstancias que llevaron a Oltra a retirarse en 2022. En referencia a su dimisión, Ibáñez recordó la presión existente en torno al proceso judicial por el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017. Remitió a la reciente apertura de juicio oral contra Oltra decidida por la Audiencia de Valencia, medida que consideró un ejemplo de “lawfare brutal” –es decir, guerra judicial–, según consignó Europa Press. Ibáñez puntualizó que este procedimiento judicial carece de pruebas y sostuvo que Compromís debe estar preparado ante situaciones de estas características.

En lo relativo a la estrategia política, el portavoz de Iniciativa explicó que apuesta por la conformación de un frente amplio de toda la izquierda para concurrir unida a las próximas citas electorales, tanto autonómicas como generales. Según lo relatado por Europa Press, Ibáñez consideró necesario articular una candidatura que, bajo el liderazgo de Compromís, integre de manera generosa a Izquierda Unida, Podemos, ERC, Movimiento Sumar y, en su caso, al PACMA. Comparó este planteamiento con el modelo defendido por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Ibáñez señaló, de acuerdo con la información de Europa Press, que Compromís debe abrir un debate interno sobre cuál es la mejor fórmula electoral y reconoció que dentro de la coalición existen posturas que tienden a priorizar la identidad partidista, particularmente en la mayoritaria Més Compromís. No obstante, reiteró la necesidad de “desbordar Compromís”, sin restarle autonomía ni su capacidad de proyecto propio, y defendió que deben mostrar generosidad hacia otras formaciones con las que comparten propuestas programáticas.

Sobre la ley electoral vigente y sus repercusiones, el diputado recordó que el sistema de circunscripción provincial penaliza a las fuerzas políticas que se presentan divididas, lo que, según su análisis remitido a Europa Press, refuerza el argumento a favor de la cooperación y las alianzas. Al referirse a las divisiones recientes en el Congreso, como la protagonizada por la diputada de Compromís, Àgueda Micó, quien abandonó Sumar para incorporarse al Grupo Mixto, Ibáñez admitió que estas fracturas no han beneficiado la imagen de Compromís y subrayó la coincidencia en las votaciones con IU y Podemos en la mayoría de ocasiones.

En relación al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, Ibáñez indicó que detecta un problema de “liderazgo y de presencia territorial” bajo la secretaria general y ministra de Ciencia, Diana Morant. Según publicó Europa Press, el portavoz de Iniciativa criticó que, en ocasiones, Morant confunde su papel como responsable institucional con el del partido, y opinó que debería ajustar mejor su agenda pública. Afirmó que, a pesar de la colaboración diaria entre ambas formaciones, el PSOE no está sacando partido de la acción del gobierno estatal para ofrecer un contrapunto político efectivo a la Generalitat dirigida por Juanfran Pérez Llorca, apoyada por Vox. Ibáñez consideró, según consignó Europa Press, que este hecho refleja el temor de los socialistas a que Compromís consolide su posición como fuerza hegemónica de la izquierda, percepción respaldada por sondeos y debates recientes.

Con respecto al futuro político y judicial del expresidente autonómico, Carlos Mazón, Ibáñez se refirió a la reciente citación judicial relacionada con la llamada “dana” que provocó muertes durante un temporal, considerando, según indica Europa Press, que el escenario para Mazón se ha complicado. El diputado recordó que en la comisión de investigación del Congreso pidieron voluntariamente los mensajes que Mazón intercambió con la exconsejera Salomé Pradas y con su jefe de gabinete, con el propósito de esclarecer la gestión de la crisis del 29 de octubre de 2024. Ibáñez volvió a solicitar públicamente la dimisión de Mazón como diputado en el parlamento valenciano, más allá de las resoluciones judiciales que aún están pendientes.

En cuanto a la gestión del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Ibáñez criticó la presencia de situaciones que, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, muestran prácticas asociadas a la corrupción y a la repartición de cargos entre allegados. Mencionó, como ejemplos, el emplazamiento de la esposa de Pérez Llorca en un puesto funcionario de la Diputación de Valencia y la adjudicación de viviendas de protección oficial a una concejal del PP en Alicante. Ibáñez argumentó que estos episodios evidencian un modelo de gobernanza orientado principalmente a favorecer los intereses de ciertos grupos sociales privilegiados. Alertó, según detalló Europa Press, sobre el riesgo de que la atención mediática hacia estos temas o polémicas familiares del presidente distraiga de lo que describió como una gestión perjudicial para la ciudadanía valenciana.

Ibáñez concluyó que la izquierda debe mantenerse alerta y centrada en denunciar y contrarrestar estos episodios, asegurando que afectan directa y negativamente a la población de la Comunidad Valenciana, conforme a lo comunicado a Europa Press.

La preocupación por el futuro de los ingredientes tradicionales empleados en las recetas españolas ha tomado relevancia en el debate público de Valladolid. Según detalló el medio, Irene Carvajal, portavoz de Vox y responsable de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, subrayó el riesgo que representa el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur para la producción local de alimentos fundamentales en la elaboración de dulces típicos, como las torrijas, especialmente consumidas durante la Cuaresma y la Semana Santa.

Tal como publicó la fuente, Carvajal recurrió a la red social X para difundir su inquietud, acompañando su mensaje con una imagen de una bandeja de torrijas, postre emblemático en la tradición culinaria española vinculado a celebraciones religiosas. Citando sus palabras, la portavoz afirmó: “Con leche, huevos, pan y azúcar de calidad, de nuestro campo, disfrutábamos de las torrijas. Estos productos y nuestra cocina tradicional están en peligro por Mercosur”. El acuerdo entre el bloque europeo y los países sudamericanos comprende la apertura comercial de productos agroalimentarios, lo que, según Carvajal, podría afectar tanto la disponibilidad como la calidad de los ingredientes locales.

El medio informó que Carvajal vinculó la situación con la conservación de costumbres y recetas transmitidas entre generaciones, indicando que “Semana Santa es época de tradiciones culinarias, heredadas de nuestras abuelas”. La representante municipal insistió en que la posible entrada masiva de productos procedentes de Sudamérica pondría en riesgo la posición de los productores nacionales, amenazando la continuidad de la agricultura y la ganadería locales de calidad.

De acuerdo con la publicación, la dirigente de Vox en Valladolid incluyó en su intervención el debate sobre el impacto económico y cultural de estos tratados internacionales, aludiendo a la necesidad de proteger tanto la labor de los agricultores de la zona como la permanencia de las tradiciones gastronómicas que caracterizan a las festividades religiosas. A criterio de Carvajal, los ingredientes como la leche, los huevos, el pan y el azúcar, todos provenientes del entorno rural español, resultan esenciales en la preservación del patrimonio culinario, por lo que ve en el pacto con Mercosur una amenaza directa.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha despertado distintas reacciones en el sector agrícola y ganadero de España. Según consignó la fuente, los términos del tratado abren las fronteras a importaciones de materias primas a precios potencialmente inferiores a los de producción nacional, generando preocupaciones sobre la capacidad de los productores españoles para competir en el nuevo escenario. La opinión expresada por Carvajal se une a la de otros sectores que abogan por la salvaguarda de la producción local y la autonomía alimentaria frente a la globalización de los mercados.

El centro de la argumentación presentada por la portavoz de Vox reside en la vinculación entre el acuerdo internacional y la identidad cultural local. Tal como informó el medio, la defensa de los ingredientes autóctonos no solo apunta a razones económicas, sino a la conservación de celebraciones y hábitos que forman parte del acervo común de la sociedad, en particular durante períodos como la Semana Santa. Carvajal ha difundido este mensaje en redes sociales coincidiendo con la proximidad de las festividades, en un intento de llamar la atención sobre las posibles consecuencias del pacto entre bloques.

De esta manera, la representante municipal de Vox ha puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro de la producción alimentaria regional y su relación con las políticas de apertura internacional. El mensaje difundido en la red social X, reseñado por el medio, anuncia el riesgo que visualiza para los productos de calidad de la despensa española, aludiendo a la pérdida potencial de tradiciones y al impacto económico y social para los productores y consumidores locales frente a los cambios que podría traer la implantación definitiva del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

La jueza encargada de la investigación por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz ha advertido expresamente que podría tomar medidas para coordinar, acumular o unificar la actuación de las múltiples acusaciones populares, con el objetivo de asegurar la economía procesal y prevenir dilaciones innecesarias. Según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada señaló la posibilidad de recurrir a estas medidas en función de sus atribuciones procesales, y remarcó la necesidad de preservar el correcto desarrollo del procedimiento ante el elevado número de partes.

El accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero, resultó en la muerte de 46 personas y más de 120 heridos. Tras analizar los diversos escritos presentados para personarse en la causa, la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro emitió un auto el 26 de marzo, en el que rechaza la personación como acusación popular de los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, así como del partido político Iustitia Europa y del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).

De acuerdo con la información difundida por el TSJA, la instrucción desestimó la participación de los ayuntamientos por no acreditar legitimación para ejercer la acción popular en este expediente. Según reportó el TSJA, en cuanto a Iustitia Europa, la decisión de inadmitir su personación se basó en la inexistencia de un acuerdo válido de alguno de los órganos internos habilitados para autorizar su intervención como acusación popular. Dicha falta de cumplimiento de requisitos formales, consistente en la ausencia de autorización específica, motivó la exclusión de esta formación.

En relación al Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro), el medio TSJA explicó que este colectivo solicitó por escrito, con fecha 17 de marzo, personarse como acusación particular e incorporarse a una de las piezas separadas del sumario. Esta solicitud fue atendida mediante diligencia, pero al mismo tiempo reclamó su baja de la pieza relativa a las acusaciones populares, motivo por el cual la jueza le negó el acceso a este último recinto procesal.

Por otra parte, la jueza acordó admitir la personación como acusación popular de varios colectivos, incluyendo al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, la Asociación HazteOir.org, el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctima de los Políticos y la Asociación Liberum. El TSJA detalló que la admisión de estos solicitantes se encuentra supeditada a la prestación previa de una fianza de 3.000 euros para cada uno. La magistrada justificó esta imposición por considerarla proporcionada y adecuada, dado el volumen de acusaciones populares interesadas, la naturaleza del procedimiento y la necesidad de evitar disfunciones derivadas de la participación de una pluralidad excesiva de partes.

El auto otorga a cada solicitante un plazo de nueve días para consignar la fianza en alguna de las formas previstas legalmente. TSJA informó que la jueza advirtió que, si no se acredita el depósito de la cantidad exigida dentro del plazo, los aspirantes no serán tenidos por personados.

Además, la instructora concluyó que las entidades admitidas cumplen con los requisitos legales, ya que han presentado los escritos de postulación adecuados, mostraron disposición para prestar la fianza establecida y, según la jueza, no existen indicios de "finalidad espuria ni desviación del proceso penal". La resolución sostiene que los interesados concurren las condiciones imprescindibles para su reconocimiento formal como parte en el proceso.

El TSJA subrayó en su comunicado que la jueza enfocó la organización procesal en prevenir interferencias y sobrecargas derivadas de la multiplicidad de partes acusadoras, recalcando la preservación de la economía procesal y la buena marcha del proceso. Entre las entidades con personación admitida figuran organizaciones de diversa índole, desde asociaciones hasta sindicatos, lo que pone de manifiesto el alto interés social y jurídico que despierta el expediente sobre el accidente en Adamuz.

El auto judicial emitido el 26 de marzo por la magistrada al frente del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) establece que la actuación como acusación popular en el proceso por el accidente ferroviario de Adamuz queda limitada a ciertas entidades que cumplan el requisito de presentar una fianza de 3.000 euros cada una. Esta decisión afecta directamente a varias organizaciones y colectivos interesados en participar en la investigación de un siniestro que costó la vida a 46 personas y dejó más de 120 heridos. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), también quedan fuera del proceso otros ayuntamientos y formaciones por no reunir los requisitos exigidos por la ley.

De acuerdo con la información difundida por el TSJA y publicada por varios medios, la magistrada determinó que los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría no contaban con la legitimación necesaria para ejercer la acción popular dentro de este procedimiento. El auto precisa que “no ha lugar a tenerlos por personados por falta de legitimación para el ejercicio de la acción popular”, por lo cual ambos consistorios quedan fuera de la investigación penal vinculada al accidente de 2017 en la localidad cordobesa de Adamuz.

El auto también resuelve sobre la solicitud de personación presentada por el partido político Iustitia Europa. En este caso, la jueza argumenta que la entidad no cumplió los requerimientos formales para personarse, ya que no presentó la autorización o acuerdo del órgano competente que le permitiera ejercer la acción como acusación popular en el contexto de este proceso penal. Esta omisión de documentación formal privó al partido político de intervenir en el caso.

El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) interpuso el 17 de marzo un escrito donde manifestó su deseo de actuar como acusación particular. Paralelamente, formalizó el alta en una de las piezas separadas del procedimiento y, de manera simultánea, solicitó su exclusión de la pieza destinada a las acusaciones populares. Estos movimientos llevaron a la jueza a denegar su personación en calidad de acusación popular, mientras aceptó su intervención solo dentro de la pieza correspondiente a la acusación particular, tal como reportó el TSJA.

Por otra parte, sí se permite la participación como acusación popular a distintos colectivos y organizaciones, siempre que cumplan previamente con el pago de una fianza individual de 3.000 euros. Entre los admitidos figuran el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, el partido político Vox, la Asociación HazteOir.org, el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctima de los Políticos y la Asociación Liberum. La inclusión de estos sujetos queda sujeta específicamente al cumplimiento del mencionado requisito económico, según detalló la magistrada en la resolución, recogida por el TSJA.

El accidente ferroviario objeto de la investigación judicial se produjo en Adamuz y dejó un saldo de 46 fallecidos y más de 120 heridos, lo que ha generado el interés de diversas entidades en formar parte del proceso penal como acusación popular. No obstante, el auto reciente delimita claramente qué organizaciones pueden intervenir y bajo qué condiciones, priorizando el cumplimiento estricto de los requisitos legales y formales.

La información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contribuye a aclarar el alcance de la presencia de distintos actores en la investigación judicial, perfilando así la composición de las acusaciones que se presentarán en la causa. El procedimiento judicial continúa avanzando mientras las entidades admitidas evaluarán si cumplen o no con la provisión de la fianza establecida para poder ejercer los derechos procesales que la acusación popular conlleva.

El debate sobre el cierre de las centrales nucleares apareció como uno de los puntos conflictivos en la postura del principal partido de la oposición respecto a las políticas ecológicas de la Unión Europea. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), expresó que decisiones tomadas en Bruselas, como el abandono de la energía nuclear, se han basado más en cuestiones ideológicas que en evaluaciones técnicas sobre la viabilidad tecnológica y las consecuencias económicas para familias y empresas. Según consignó Europa Press a través de una entrevista en “La mañana de RNE”, Nadal cuestionó estas estrategias, señalando que algunas han tenido un carácter “casi talibanesco o radical” al priorizar la descarbonización sin ponderar los efectos en la competitividad industrial ni en la vida cotidiana.

El medio Europa Press detalló que, durante la entrevista, Nadal dejó clara la distancia que separa al PP del “negacionismo climático” asociado con Vox, aunque reconoció coincidencias en otras cuestiones económicas. Tanto el Partido Popular como Vox coinciden en la necesidad de rebajar la presión fiscal y la carga regulatoria actual sobre familias y pequeñas y medianas empresas. No obstante, Nadal subrayó que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo defiende una visión económica “mucho más abierta” que abarca tanto el desafío climático como el contexto socioeconómico español.

Respecto a la transición ecológica, Nadal reafirmó la postura favorable del PP hacia la descarbonización, distinguiéndola claramente de las posiciones de Vox. Argumentó que la lucha contra la emergencia climática y la necesidad de diversificar fuentes energéticas responde tanto a razones climáticas como a cuestiones geoestratégicas. Sin embargo, puntualizó que la descarbonización debe “adecuarse a la tecnología disponible en cada momento”, evitando imposiciones normativas que incluyan fechas poco realistas en los boletines oficiales o en la legislación europea.

De acuerdo con Europa Press, Nadal criticó que algunos marcos regulatorios impulsados por la Unión Europea se han implementado sin evaluar a fondo su impacto en sectores estratégicos, como la industria y el agrario. A juicio del dirigente popular, resulta insuficiente fijar objetivos sin acompañarlos de respuestas tecnológicas comprobadas ni analizar cómo estas medidas afectan la viabilidad de las empresas y el bienestar de la sociedad.

Durante la conversación, Nadal defendió la necesidad de buscar una “limpieza energética” equilibrada. Afirmó que las políticas deben adoptar un enfoque “de sensatez”, que compatibilice la sostenibilidad ambiental con la competitividad y los desafíos económicos. Sostuvo que la fijación de metas rígidas y la toma de posiciones ideológicas, en especial la relativa al abandono de la energía nuclear, complican el avance hacia una transición eficaz y ordenada.

En el transcurso de la entrevista reportada por Europa Press, Nadal enfatizó que el PP apoya la adopción de estrategias energéticas compatibles con los recursos y capacidades tecnológicas actuales. El político remarcó la importancia de evitar medidas precipitadas o carentes del análisis de impacto pertinente, y reiteró la disposición del partido a avanzar concretamente en la descarbonización siempre que esta priorice el realismo tecnológico y las necesidades concretas de los ciudadanos y las industrias.

“Ya no compito con un remo en las manos, pero sigo remando con el mismo compromiso en Vox para dejar un país mejor para nuestros hijos”. Esta declaración de Cristian Toro, recogida en un comunicado enviado a los medios y citada por Vox, marca el inicio de su rol como nuevo portavoz nacional en Deportes del partido. Según informó Vox, el medallista olímpico asume la vocería con el propósito de trasladar valores como el sacrificio, la disciplina y el mérito al área política, enfatizando la importancia de que el deporte se convierta en un motivo de unión y orgullo para España y no en un elemento de división o confrontación.

El partido anunció la designación de Toro, campeón olímpico junto a Saúl Craviotto en los Juegos de Río 2016, señalando su objetivo de consolidar una política deportiva centrada en el mérito, la salud y la cohesión nacional. El propio Toro afirmó: “Afronto esta nueva etapa con la misma disciplina, el mismo sacrificio y el mismo amor por España que ha marcado mi carrera deportiva”. Además, añadió que representar a España en unos Juegos Olímpicos ha sido “lo más importante” de su vida, subrayando su intención de llevar esos valores y experiencias al ámbito político. Manifestó su aspiración de que el deporte continúe rigiéndose por el mérito y la capacidad de los deportistas, sin condicionamientos ideológicos.

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, destacó que la incorporación de Toro representa la entrada en política de una persona que ejemplifica el esfuerzo y el sentido de pertenencia a España. Según publicó Vox, Garriga recalcó: “Sacrificio, mérito y orgullo nacional”, al enumerar los valores que el partido aspira promover en la sociedad. El dirigente también sostuvo que la política pública debe volver a situar el deporte en el centro, considerándolo un instrumento para la salud, la educación y la cohesión social. Expresó que, frente a lo que calificó como la utilización ideológica del deporte, Vox propone recuperar su esencia a través del esfuerzo, la superación y la unidad.

Junto al nombramiento de Toro, Vox informó el lanzamiento de una batería de diez propuestas para transformar el modelo deportivo nacional. El objetivo central, según consignó el partido, es hacer del deporte un eje prioritario en salud, educación y desarrollo económico. Una de las medidas prioritarias presentadas incluye la integración del deporte como herramienta esencial para prevenir enfermedades, combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de la población. Vox propuso también la puesta en marcha de un Plan Nacional contra la obesidad infantil que garantice el acceso al deporte desde la infancia.

Vox señaló que pretende reforzar el deporte base como elemento vertebrador de la sociedad, reducir la carga fiscal asociada a la práctica deportiva y facilitar nuevas oportunidades educativa y laborales para los deportistas durante y tras su carrera profesional. Entre las líneas de actuación presentadas por el partido se encuentra la propuesta de incrementar, como mínimo, a cinco las horas semanales de Educación Física y de fortalecer los vínculos entre centros educativos, clubes y federaciones deportivas.

Según reportó Vox, también figura entre las prioridades del partido la despolitización del deporte, así como la garantía de que las selecciones nacionales representen a España en competiciones internacionales, reforzando la unidad nacional ante las cesiones al separatismo. El partido expresó la defensa del deporte femenino, reclamando que las competiciones se rijan por criterios biológicos y deportivos objetivos que permitan la igualdad de oportunidades.

El nombramiento de Toro se suma a un equipo de catorce portavoces nacionales sectoriales designados por la formación como parte de su estrategia para responder a las demandas de los españoles, según informó Vox. La proyección pública y deportiva de Toro ha sido relevante en los últimos años: nacido en La Asunción, Venezuela, en 1992, se formó en Galicia y se especializó en Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Además de su oro olímpico junto a Craviotto en el K2 200 metros, ha sumado varias medallas mundiales y europeas representando a España, incluyendo platas mundiales y oros europeos en K2 200 m y K4 500 m.

De acuerdo con Vox, la carrera de Toro no se ha limitado al ámbito deportivo; el exatleta ha participado en programas de televisión como ‘Mujeres y hombres y viceversa’, y en 2023 pasó a la política como candidato en las elecciones municipales de Madrid, incorporándose posteriormente al grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de la capital.

Las Haciendas vascas ya han cifrado en varios millones las pérdidas derivadas de la disminución de ingresos fiscales por impuestos, provocada por medidas recientes dirigidas a abaratar el coste de los carburantes. Esta evaluación financiera se suma a la inquietud expresada por EH Bildu respecto a las políticas sociales en el actual contexto económico, marcado por el aumento de los precios y el encarecimiento de la vivienda en España. En este marco, el partido vasco ha reafirmado su intención de asegurar que el decreto de Vivienda, centrado en limitar el incremento en los alquileres, se valide en el Congreso de los Diputados. Según detalló Europa Press, Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu, enfatizó en una entrevista con Herri Irratia-Radio Popular que la formación llevará a cabo “todo lo posible” para que el decreto salga adelante, aludiendo a la necesidad de “imponer la lógica” y priorizar la protección de quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.

El Real Decreto-ley 8/2026, conocido como decreto de Vivienda, incluye como medidas principales un tope del 2% para la actualización de precios de alquiler y la prórroga de dos años en los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2027. Matute defendió ante Europa Press que estas medidas abren un escenario de mayor estabilidad para quienes residen de alquiler, subrayando que la regulación busca establecer precios razonables sin anular la obtención de beneficios por parte de quienes alquilan sus propiedades.

En su intervención, el diputado de EH Bildu señaló que la mayoría social en España se ve actualmente “ahogada, o bien pagando el alquiler o bien pagando la hipoteca”. Advirtió que quienes optan por favorecer a los llamados “rentistas” desconocen esta realidad, e hizo un llamamiento a que prevalezca el interés general de la sociedad en el proceso de convalidación parlamentaria del decreto. Según el medio Europa Press, Matute sostuvo que no existe un proyecto vital digno sin la garantía de un hogar, planteando que la vivienda es un elemento esencial para el desarrollo personal y familiar.

En relación al conjunto del escudo social aprobado en la Cámara Baja, la postura de EH Bildu fue de respaldo, aunque con una visión crítica. Matute explicó que el voto afirmativo de su partido obedeció a la necesidad de aportar soluciones que al menos reduzcan la incertidumbre para la ciudadanía frente al incremento de precios, la escalada de conflictos internacionales y otros riesgos geopolíticos mencionados durante su entrevista. En palabras recogidas por Europa Press, Matute consideró que las diferencias políticas tienden a reducirse ante una realidad adversa y defendió que EH Bildu mantuvo claridad en sus propuestas, apostando por la transición energética y el avance hacia una soberanía energética basada en renovables, aunque lamentó que algunas medidas adoptadas en el decreto contradigan ese objetivo.

El portavoz puntualizó que el abaratamiento del IVA y de otros impuestos relacionados con los combustibles tiende a beneficiar en mayor medida a quienes poseen mayores recursos, en contraste con el objetivo de justicia social planteado desde su formación. Asimismo, Europa Press informó que Matute advirtió que la reducción de ingresos tributarios se traducirá en un descenso de los fondos disponibles para desarrollar políticas sociales.

En cuanto al debate sobre la función del decreto de Vivienda, el representante de EH Bildu hizo hincapié ante Europa Press en que el propósito de la regulación no es que las personas se liberen de sus compromisos de pago, sino más bien garantizar que los precios sean razonables tanto para inquilinos como para propietarios. Se mostró crítico con la actitud de otras formaciones políticas, al señalar que, pese a reconocer la gravedad del acceso a la vivienda, algunas han optado por no implementar medidas concretas al respecto.

Sobre la actual legislatura y el futuro del gobierno que lidera Pedro Sánchez, Matute indicó que ve “cada vez más posible” que el presidente llegue hasta el límite legal de septiembre-octubre de 2027 para la convocatoria de elecciones. Según consignó Europa Press, subrayó que una finalización de la legislatura dentro de esos plazos respondería a la estabilidad política que EH Bildu busca respaldar, con la premisa de impedir que las fuerzas de derecha asuman el poder ejecutivo en España.

Durante el diálogo, Matute defendió la postura de EH Bildu como uno de los socios más fiables para el Gobierno central, recordando que sus compromisos electorales han sido claros respecto a la intención de no facilitar —ni por acción ni por omisión— una llegada de la extrema derecha al poder. En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz sentenció que “tanto monta monta tanto el PP como Vox y el orden de los factores no altera el fascismo”, insistiendo en la responsabilidad de su grupo para evitar que Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal ocupen las máximas posiciones del Ejecutivo.

En el plano de la política vasca, Matute manifestó que las iniciativas que EH Bildu pretende llevar al Parlamento regional buscan dar respuesta a las necesidades de las mayorías sociales y populares, alineando su agenda con los retos de la sociedad vasca. Según Europa Press, el diputado se mostró partidario de que el Parlamento celebre un pleno monográfico sobre la guerra, considerando necesaria una mayor concienciación sobre los posibles escenarios futuros vinculados a esta cuestión.

Finalmente, Matute reiteró que EH Bildu mantendrá una actitud proactiva y exigente para que el Gobierno español despliegue su capacidad política no solo en clave defensiva, sino promoviendo e implementando políticas. En relación con el futuro del decreto de Vivienda, el representante vasco expresó confianza en la posibilidad de que la “lógica del bien común” prevalezca en el Congreso, dando así respuesta a la preocupación por el acceso digno a una vivienda y contribuyendo a frenar la tendencia al alza de los precios del alquiler en España, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

La rebaja del IVA al 10% en la electricidad, el gas natural y los carburantes figura entre las principales medidas que el Gobierno español ha puesto en marcha con el objetivo de mitigar el impacto del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como el encarecimiento de la energía. Según informó Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltó la aprobación en el Congreso de los Diputados de un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros, diseñado para aliviar la carga económica sobre hogares y empresas.

De acuerdo con Europa Press, Sánchez subrayó a través de una publicación en la red social X: "Esta no es nuestra guerra. Pero los españoles sí son nuestra gente", y reafirmó su compromiso de seguir actuando para proteger tanto a las familias como al tejido empresarial. El Ejecutivo sostiene que la respuesta frente a la escalada bélica en Oriente Próximo debe focalizarse en medidas de protección interna, descartando cualquier implicación directa en la guerra y manteniendo una postura pacifista ante la coyuntura internacional.

El paquete aprobado implica la reducción del Impuesto al Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% sobre productos clave como los carburantes, el gas natural y la electricidad, lo que representa un abaratamiento directo para los consumidores y para el sector empresarial. Al mismo tiempo, el gobierno ha congelado el precio máximo de venta de los gases butano y propano, que tradicionalmente afectan el presupuesto de los hogares que utilizan este tipo de energía. Esta decisión busca evitar incrementos en los costes básicos para las familias durante la presente coyuntura de volatilidad en los mercados energéticos internacionales.

Otra disposición incorporada dentro del decreto consiste en la recuperación de la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria. Según recopiló Europa Press, esta medida supone un alivio considerable para sectores industriales intensivos en consumo de energía, que han visto elevarse sus costes operativos por causas asociadas a la inestabilidad y encarecimiento de la energía derivadas de las tensiones globales recientes.

Estas iniciativas fiscales y regulatorias forman parte de un Decreto Ley que, según reportó Europa Press, entró en vigor desde el momento en que fue aprobado por el Consejo de Ministros el viernes anterior. La convalidación en el Congreso de los Diputados, lograda este jueves, contó únicamente con el voto en contra de Vox mientras que el Partido Popular y Podemos optaron por la abstención, lo que permitió que la norma avanzara sin bloqueos en la cámara.

Dentro del decreto también se contempla el ajuste de los impuestos que influyen en los precios de la gasolina y el gasóleo, que bajarán hasta el mínimo permitido por la directiva europea, según detalló Europa Press. Esta actuación pretende atender una de las principales preocupaciones sociales y laborales planteadas por el alza de los precios del transporte y la movilidad, que afectan directamente a la economía de las familias y a la actividad de las empresas.

El conjunto de las 80 acciones económicas, enmarcado en la agenda del Gobierno para responder a los efectos colaterales de la guerra en Oriente Próximo, se destinó tanto a consumidores particulares como a empresas, con particular énfasis en los sectores más afectados por el aumento del precio de la energía y los combustibles, según insistió el Ejecutivo en sus declaraciones recogidas por Europa Press.

Al enfatizar su postura contraria al conflicto armado, el presidente Sánchez reiteró el mensaje de “¡No a la guerra!” al tiempo que defendió la suficiencia y necesidad del paquete de medidas para sostener la protección social y económica en España. Esta línea de actuación gubernamental se inscribe en una estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta nacional frente a las consecuencias de las crisis internacionales, huyendo de la participación en acciones bélicas y manteniendo el foco en la resiliencia interna, según señaló Europa Press.

La Agencia Tributaria, junto a las administraciones forales de País Vasco y Navarra, tiene previsto abonar una ayuda equivalente para la adquisición de fertilizantes, con el objetivo de que transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores puedan afrontar la crisis económica derivada del conflicto en Irán y, a su vez, controlar el aumento de los precios en la cesta de la compra. Según informó el medio, estas acciones forman parte de un amplio paquete de ochenta medidas recogidas en el Real Decreto-Ley de ayudas fiscales, validado por el Pleno del Congreso este jueves.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la Cámara Baja convalidó el decreto con el único voto en contra de Vox, mientras que el Partido Popular y Podemos optaron por la abstención y el resto de los grupos apoyó la propuesta. El decreto, en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, tendrá continuidad como proyecto de ley, tras la decisión del Congreso. El conjunto de medidas movilizará un volumen económico de 5.000 millones de euros para responder al impacto de la guerra en Irán.

Dentro del decreto, una de las medidas destacadas consiste en la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y ‘pellets’, pasando del 21% al 10%. El texto también congela el precio máximo de comercialización del butano y el propano. En paralelo, el Gobierno ha decidido reactivar una bonificación del 80% sobre los peajes eléctricos aplicados a la gran industria.

Según consignó la fuente, se incluyen cambios en los impuestos que afectan el coste de la gasolina y el gasóleo, que pasan a fijarse en el mínimo permitido por la directiva comunitaria. En cuanto a la factura de electricidad, la rebaja al IVA se complementa con la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que estaba en el 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) desde el 5% hasta el 0,5%, nivel mínimo exigido por la normativa de la Unión Europea.

Las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis reciben un apartado específico en el decreto. Según detalló el medio, la norma contempla la reducción al mínimo legal del impuesto sobre hidrocarburos. Además, se establece una ayuda de veinte céntimos de euro por cada litro de gasóleo profesional empleado, destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. La gestión de este apoyo recaerá en la Agencia Tributaria y en las administraciones forales del País Vasco y Navarra para los beneficiarios de esas regiones.

En el ámbito laboral, el paquete aprobado incluye una cláusula destinada a proteger el empleo. El decreto prohíbe a las empresas ejecutar despidos objetivos fundamentados en consecuencias económicas relacionadas directamente con el conflicto en Oriente Próximo. Esta prohibición se extiende también a las compañías receptoras de ayudas públicas asociadas a la guerra en Irán.

Según publicó la fuente, el Gobierno otorga nuevas facultades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pasará a encargarse de controlar que ninguna empresa beneficiaria de las ayudas obtenga ventajas indebidas. El mismo organismo podrá ejercer mayor vigilancia sobre los márgenes empresariales de las empresas suministradoras de combustible. Además, el Consejo de Ministros tendrá habilitación para poner límites a los beneficios empresariales en este sector, en caso de considerarlo necesario.

El decreto también abarca medidas destinadas a fomentar el autoconsumo energético y la transición hacia tecnologías más limpias. El medio informó que se implementará un paquete de deducciones fiscales a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes instalen sistemas de placas solares, puntos de recarga para vehículos y bombas de calor o sistemas de climatización en edificios. Estas deducciones forman parte de un “eje de naturaleza estructural” del plan aprobado.

Asimismo, el plan prevé deducciones del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, reforzando así los incentivos a la movilidad sostenible incluidos en la normativa. Todas estas medidas, que integran tanto ayudas directas como beneficios fiscales y controles regulatorios, buscan ofrecer una respuesta integral a las dificultades económicas ligadas al conflicto en Irán, detalló el medio.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, concretó ante representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la predisposición del Ejecutivo a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1983 el periodo contemplado para solicitar las compensaciones, así como a ampliar el plazo para la tramitación de las ayudas de uno a tres años y a flexibilizar los requisitos de acceso. Este acuerdo, según expuso Torres ante el Congreso, facilitaría que familias como la de Salvador Puig Antich y otras que experimentaron exclusión hasta ahora puedan encontrar reconocimiento bajo la futura norma. La medida, sin embargo, queda condicionada al curso parlamentario que debe afrontar el proyecto de ley y la correlación de apoyos políticos que determine su aprobación, según informó el medio origen.

La reforma de la Ley de Memoria Democrática fue ratificada este jueves por el Pleno del Congreso, una decisión que avala compensaciones económicas para familiares de víctimas mortales o con daños irreparables a consecuencia de acciones represivas desde el 1 de enero de 1968 hasta el 29 de diciembre de 1978. Según detalló el medio, el texto recibió el respaldo de los grupos habituales aliados del Gobierno, la abstención de Junts y el voto contrario del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). La norma se tramitará como proyecto de ley, lo que abre la puerta a la incorporación de nuevas demandas durante el proceso de enmiendas.

En la sesión plenaria, el ministro Ángel Víctor Torres lamentó la postura contraria del PP y de Vox. Durante sus declaraciones en los pasillos del Congreso, el titular de Memoria Democrática afirmó: "No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia". Según consignó el medio, Torres destacó que, pese a la previsión de rechazo por parte de ciertos grupos, la reforma ha salido adelante, lo que representa un avance para quienes serán reconocidos con estas compensaciones.

El medio añadió que partidos como Esquerra Republicana, Bildu, Podemos, PNV y BNG condicionaron su apoyo a futuras modificaciones en la norma, especialmente en relación al periodo de aplicación y los requisitos para acceder a las ayudas. Algunas de estas formaciones recalcaron la necesidad de ampliar el periodo cubierto hasta finales de 1983, teniendo en cuenta que la propia Ley de Memoria reconoce la existencia de vulneraciones de derechos humanos hasta esa fecha.

Por otra parte, desde Junts se manifestaron críticas respecto a la exclusión en la reforma de personas relacionadas con movimientos armados antifranquistas. El diputado Josep María Cervera calificó la decisión como un "salto hacia atrás" y planteó si una democracia puede negar reconocimiento a quienes, aunque recurrieron a vías armadas, contribuyeron a combatir la dictadura. Según publicó el medio, la norma estipula expresamente que quedan fuera de las ayudas quienes hayan pertenecido o sido familiares de miembros de agrupaciones armadas catalogadas como terroristas.

En cuanto al alcance económico de las indemnizaciones, la reforma actualiza las cantidades fijadas en la normativa anterior de 2008. El medio informó que familiares directos —como hijos, cónyuges o personas con vínculos afectivos similares, seguidos en orden por padres, nietos, hermanos e hijos en ausencia de los anteriores— podrán recibir hasta 250.000 euros en los casos de fallecimiento por represión durante el periodo señalado, siempre que no hayan sido previamente indemnizados por los mismos hechos. Para quienes resultaron con incapacidad permanente absoluta, la cuantía asciende a 180.000 euros, mientras que en situaciones de gran invalidez se establece en 500.000 euros.

El origen de este cambio radica en la derogación, en 2022, de la Ley de Memoria Histórica (2007), impulsada en su momento por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la cual contemplaba indemnizaciones para deudos de víctimas entre 1968 y 1977. El decreto ley de 2008 precisó que quienes sufrieron lesiones incapacitantes en defensa de las libertades y derechos fundamentales podían ser indemnizados, pero la reforma de 2022 dejó fuera a quienes fueron afectados durante los últimos años del franquismo, por lo que el actual Gobierno decidió introducir una nueva disposición adicional para corregir esa exclusión y ampliar el periodo cubierto hasta la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978.

Según indicaron fuentes parlamentarias recogidas por el medio, la tramitación del nuevo proyecto de ley contempla un plazo de dos a tres semanas para la presentación de enmiendas, aunque la experiencia con decretos convertidos en proyectos de ley durante la legislatura muestra que es posible que estos procesos de modificación se extiendan considerablemente o queden paralizados.

La ley renovada reconoce a casos emblemáticos como el de Manuel José García Caparrós, quien murió por disparos policiales durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 a favor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otros. Según indicó el medio, el reconocimiento oficial de estos sucesos constituye uno de los puntos de mayor simbolismo dentro del debate sobre la memoria democrática reciente.

El texto legal establece exclusiones precisas en relación con los beneficiarios: no podrán recibir indemnizaciones quienes estén relacionados, directa o familiarmente, con bandas armadas consideradas terroristas, como reiteró el medio. También se implementan criterios estrictos para evitar duplicidad en el pago de ayudas, limitando la percepción de compensaciones a casos en los que no se haya abonado anteriormente por los mismos motivos.

Distintos grupos parlamentarios enfatizaron durante el debate la relevancia de flexibilizar los requisitos de acceso a las indemnizaciones, argumentando que es necesario evitar "exclusiones injustas" que dejaron fuera a situaciones representativas de represión, según la información consignada en el medio. Entre las demandas reiteradas figura también la extensión de los plazos para la solicitud de compensaciones con el objetivo de asegurar que los afectados dispongan de suficiente tiempo y de condiciones accesibles para acogerse al nuevo marco legal.

La nueva regulación remarca la actualización de las cantidades indemnizatorias en relación con los valores vigentes desde hace más de una década. Según detalló el medio, el monto de 250.000 euros para familiares de personas fallecidas, junto con los tramos de 180.000 y 500.000 euros para distintos grados de incapacidad permanente, refleja el criterio del Gobierno de adecuar estas cifras a las "circunstancias excepcionales" en las que se produjeron las pérdidas y lesiones.

La tramitación como proyecto de ley permite la apertura del texto a enmiendas propuestas por distintos grupos, lo que podría modificar o ampliar los términos acordados inicialmente. El medio subrayó que este proceso representa una oportunidad para abordar reclamaciones históricas y puntos de conflicto que persisten en el debate sobre la memoria histórica y democrática en el país.

Durante los dos últimos años, el sistema sanitario español ha absorbido la llegada de casi dos millones de personas extranjeras, cifra a la que se podría sumar otro millón si se concreta la regulación que planea el actual Gobierno, de acuerdo con declaraciones del diputado David García del Grupo Parlamentario VOX. En este contexto, la Cámara Baja abordó la propuesta de derogar el Real Decreto que respalda la universalidad sanitaria para residentes extranjeros, una moción impulsada por VOX que no logró apoyos suficientes y terminó descartada tras la votación. Según detalló el medio Europa Press, el Congreso de los Diputados rechazó suprimir el Real Decreto que permite a las personas extranjeras residentes en España acceder a la atención médica pública.

El intento de VOX de revertir la universalidad sanitaria se materializó a través de una moción que no contó con respaldo mayoritario. En la sesión, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda para modificar el texto de la propuesta, pero esta tampoco fue incorporada. Finalmente, la votación registró 33 votos a favor, todos correspondientes a VOX, la abstención del PP —quienes se abstuvieron en bloque—, 138 abstenciones en total y 179 votos en contra, lo que selló el fracaso de la iniciativa.

El debate se produjo con la intervención de David García, quien defiende la necesidad de priorizar el acceso al sistema sanitario público para la población española, remarcando que “los españoles deben ser siempre los primeros” en obtener atención en el sistema público. A juicio de García, su grupo político propuso la revocación del Real Decreto, la implantación de la prioridad nacional para el acceso médico y una respuesta particular para las urgencias vitales, además de exigir la colaboración de las autonomías para combatir lo que denomina “turismo sanitario”. Según las palabras recogidas por Europa Press, García expresó: “España se ha convertido en una gigantesca sala de espera” en la que “los españoles solo tienen derecho a pagar, a esperar y a callar”. En ese marco, describió la situación actual de la sanidad como “límite”, responsabilizando tanto al Gobierno central como a los autonómicos.

VOX argumenta que el sistema público se encuentra saturado e incapaz de dar respuesta adecuada, lo que atribuyen a las legislaciones adoptadas por las administraciones previas. “Lo han construido ustedes, decisión tras decisión, ley a ley, abandono tras abandono”, declaró García durante la sesión, según recogió Europa Press. En su intervención, reiteró que “España no puede ser el hospital del mundo”, y criticó el supuesto uso inapropiado del sistema sanitario por parte de personas extranjeras, especialmente quienes acceden para recibir tratamientos costeados por el sistema público bajo el fenómeno conocido como “turismo sanitario”.

El grupo Sumar, representado por Alda Recas, refutó los argumentos esgrimidos por VOX y defendió la política de universalidad. Según consignó Europa Press, Recas argumentó que el Ministerio de Sanidad ha ejecutado incrementos en la inversión y promovido reformas para fortalecer el sistema. Hizo hincapié en el impacto restrictivo del Real Decreto aprobado por el Partido Popular en 2012, medida que, según precisó, dejó fuera de la atención sanitaria a más de 800.000 personas. Recas apeló a la vigencia de la cobertura universal, subrayando la necesidad de respetar dicho decreto. Destacó que la mayoría de las personas migrantes que viven en España son jóvenes, quienes utilizan menos el sistema y, desde su punto de vista, “es mucho mejor que lo utilicen antes y no después, que tengan que acudir a Urgencias”.

Durante el debate y el proceso de votación, el informe de Europa Press señaló que las posturas quedaron definidas en torno a la protección del acceso universal frente a propuestas restrictivas impulsadas desde el sector político de la derecha. El rechazo parlamentario incluyó tanto votos en contra como una amplia abstención, reflejando la falta de consenso sobre la restricción del acceso sanitario por motivos de nacionalidad o residencia.

El contenido del Real Decreto objeto de discusión mantiene, hasta la fecha, la garantía de acceso a la atención sanitaria pública para todas las personas extranjeras residentes en España, alineándose con las políticas adoptadas en la última década para restablecer la sanidad universal tras la citada reforma del año 2012. Europa Press remarcó que el intento de revertir esta política no prosperó, reafirmando la continuidad de la cobertura para los colectivos migrantes y rechazando los criterios de prioridad nacional en la prestación de los servicios médicos estatales.

Las declaraciones y el resultado de la votación reflejan la persistencia del debate político en torno a los efectos y la sostenibilidad del sistema público de salud, así como las diferencias entre las fuerzas parlamentarias sobre la inclusión social y los derechos sanitarios de la población extranjera residente en España.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto anticrisis impulsado por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio, tras una votación que ha despejado las dudas mantenidas durante buena parte de la mañana. La norma ha salido adelante con 175 votos a favor, las abstenciones de PP y Podemos y el voto en contra de Vox, consolidando así una mayoría suficiente para su aprobación.

El Ejecutivo ha logrado reunir los apoyos parlamentarios necesarios gracias al respaldo de PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, Junts y, finalmente, el BNG, cuya decisión ha resultado determinante para asegurar la holgura en el resultado. La formación nacionalista gallega ha anunciado su voto favorable a última hora de la mañana, alegando “responsabilidad política”, aunque ha subrayado que considera insuficientes las medidas incluidas en el decreto.

Pasadas las 13:00 horas, el Partido Popular ha anunciado su abstención, un movimiento que ha perdido relevancia en términos numéricos tras el posicionamiento del BNG. Por su parte, Coalición Canaria ha confirmado su voto favorable después de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para compensar económicamente aquellas medidas del decreto que no se apliquen en el archipiélago. La cuantía concreta de esta compensación se definirá el próximo lunes.

Rebajas fiscales y ayudas directas

El decreto convalidado incluye un amplio paquete con 80 medidas fiscales, sociales y económicas orientadas a mitigar el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles. Entre las principales iniciativas figura la rebaja del IVA de los carburantes al 10% y la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, lo que permitirá un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por depósito para un vehículo medio.

En el ámbito energético, la norma contempla una reducción del 60% en la carga impositiva de la electricidad, con la bajada del IVA al 10%, la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica y la disminución del impuesto especial del 5,11% al 0,5%. Asimismo, el IVA del gas natural, los pellets y la leña también se reduce al 10%, mientras que se congelan los precios del butano y el propano.

El decreto incorpora además una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para las industrias con mayor consumo energético, así como la extensión durante todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. A ello se suma el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta los 50 euros y la prohibición de interrumpir los suministros básicos a los hogares vulnerables.

En cuanto a las ayudas directas, el texto establece una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, además de una ayuda equivalente destinada a la adquisición de fertilizantes.

Medidas estructurales y laborales

El plan aprobado no se limita a medidas coyunturales, sino que también incorpora iniciativas de carácter estructural orientadas a reforzar la independencia energética y fomentar la transición hacia modelos más sostenibles. Entre ellas destacan las deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de climatización eficientes, así como el impulso al autoconsumo energético.

En el ámbito empresarial, el decreto incluye la prórroga de la moratoria contable para las pérdidas registradas durante la pandemia en los ejercicios 2020 y 2021, con el objetivo de evitar que empresas afectadas entren en causa de disolución. Asimismo, se prohíbe el despido objetivo en aquellas compañías que se beneficien de las ayudas contempladas en la norma.

El texto también refuerza los planes de movilidad sostenible, obligando a las empresas de más de 200 trabajadores a facilitar el desplazamiento de sus empleados al centro de trabajo mediante alternativas más eficientes.

Estas medidas forman parte de un paquete económico más amplio, publicado previamente en el Boletín Oficial del Estado y dotado con unos 5.000 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. Junto a este decreto, el Gobierno ha aprobado otro centrado en vivienda que incluye la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga extraordinaria de contratos, aunque este segundo texto deberá afrontar una votación posterior en el Congreso sin una mayoría aún garantizada.

Las modificaciones impulsadas en el Senado, que determinan la entrada en vigor de las nuevas normas el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —y no tras veinte días como se había previsto inicialmente—, marcarán la aplicación inmediata de medidas que endurecen el tratamiento penal de la multirreincidencia en España. El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal enfocada en contener la reincidencia delictiva, destacando el aumento de penas y sanciones para determinados delitos. Según informó El País, la iniciativa se envía ahora al BOE tras recibir el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria, incluyendo al Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

El texto aprobado en el Pleno del Congreso responde a una proposición de ley impulsada originalmente por Junts, partido que logró desbloquear la tramitación del proyecto luego de anunciar la ruptura de relaciones con el Gobierno. Según detalló El País, la actitud del Partido Socialista de Desbloquear la propuesta resultó decisiva para alcanzar el acuerdo, que contó con votos a favor de fuerzas de distinto espectro político, si bien se encontró con el rechazo de partidos de izquierda como Bildu, Podemos, Bloque Nacionalista Galego y Compromís. Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, decidió abstenerse.

Al paso del proyecto por el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, se incorporaron enmiendas de calado. Entre ellas destaca una modificación a la Ley de Extranjería, promovida en consenso por PP, Vox y Junts, que establece que en procesos de regularización de personas inmigrantes se verificará que los solicitantes carezcan de antecedentes penales, procedimientos abiertos o causas penales activas en España o en otros estados de residencia previa. El medio El País informó que esta medida surge en el contexto del proceso de regularización en marcha por parte del Ejecutivo.

En la Cámara Alta también prosperó otra propuesta del Partido Popular encaminada a aumentar el número de plazas en la Fiscalía. Esta reforma preveía ampliar, durante un periodo de dos años, la dotación de fiscales en fiscalías de área, provinciales y autonómicas, según un baremo de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000. No obstante, tanto esta enmienda sobre la Fiscalía como la relacionada con Extranjería quedaron vetadas en el Congreso por el Gobierno alegando razones presupuestarias.

De acuerdo con lo consignado por El País, Moncloa ejerció su facultad de veto sobre ambas enmiendas, sustentando su decisión en el incremento del gasto público que implicarían: la enmienda de Extranjería supondría contratar a 400 funcionarios adicionales en comisarías, con un coste medio de 42.000 euros por plaza, lo que supondría un sobrecoste de 16,78 millones de euros. La ampliación de fiscales requeriría convocar 491 nuevas plazas, con un coste adicional de 53,79 millones de euros. La Mesa de la Cámara Baja, gracias a la mayoría combinada de PSOE y Sumar, avaló el uso de esta prerrogativa, frenando así el debate sobre propuestas que supongan un aumento de gasto público o una disminución de ingresos.

Entre las enmiendas procedentes del Senado que sí alcanzaron la aprobación definitiva destacan dos nuevas figuras delictivas, según reportó el medio El País: la primera fija penas de prisión de entre seis y 18 meses, o multas de uno a dos años, para quienes cometan fraude energético dirigido al cultivo de marihuana. La segunda establece penas de entre tres y cinco años de cárcel para el suministro ilegal de combustible a embarcaciones utilizadas para el narcotráfico, práctica conocida como ‘petaqueo’. Estas enmiendas complementan la reforma penal añadiendo herramientas contra nuevas modalidades de criminalidad organizada.

Además, durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, los votos de PSOE y Junts permitieron introducir otras reformas punitivas. Entre ellas sobresale el endurecimiento de las penas para el robo de teléfonos móviles, que pasan a castigarse con hasta tres años de prisión, así como el incremento de castigos para ciertos tipos de estafa. El País detalló que las penas contempladas para quienes cometan una estafa inferior a 400 euros —siempre que sean personas multirreincidentes y acumulen al menos tres condenas por este delito— se fijan en una horquilla de entre uno y seis años de privación de libertad.

La nueva normativa, reportó El País, responde a la preocupación por el incremento de delitos cometidos por reincidentes, un fenómeno que ha suscitado debate público sobre la eficacia de las penas vigentes para disuadir la reiteración delictiva. A través de la reforma, el legislador pretende reforzar los elementos de prevención y represión de la delincuencia habitual, introduciendo sanciones más severas y ampliando el alcance de las conductas punibles. Las disposiciones recientemente aprobadas forman parte de un paquete más amplio de reformas legislativas encaminadas a actualizar el marco penal frente a las dinámicas delictivas actuales y las demandas surgidas desde diversas administraciones y colectivos ciudadanos.

Por otro lado, la tramitación parlamentaria ha evidenciado la división política respecto a la orientación penal y migratoria del nuevo texto legal. Mientras que la mayoría formada por PSOE, PP, Vox y Junts encontró puntos de acuerdo, los grupos situados a la izquierda del Gobierno expresaron su rechazo señalando las posibles consecuencias sociales de un endurecimiento penal. Según publicó El País, estos partidos centraron sus críticas en el riesgo de sobrepenalización y en el impacto que las nuevas medidas podrían tener sobre colectivos vulnerables.

Con la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado, las nuevas disposiciones legales comenzarán a aplicarse en todo el territorio de inmediato, tal como contempla la modificación introducida durante el proceso en el Senado. El País consignó que la inmediatez en la entrada en vigor responde a la voluntad política de afrontar de forma urgente el fenómeno de la multirreincidencia y a la presión social y política ejercida por sectores afectados por el incremento de delitos contra la propiedad y el fraude.

Las modificaciones aprobadas afectan tanto a delitos tradicionalmente perseguidos —como los robos y estafas— como a formas emergentes de criminalidad asociadas con la economía sumergida y el narcotráfico. En la práctica, el cambio legal implica una variación sustancial en la respuesta penal ante la reiteración de conductas delictivas, con la expectativa de reducir la impunidad percibida y dotar a jueces y fiscales de nuevos instrumentos para intervenir ante la reincidencia.

El intercambio de declaraciones entre representantes de Vox y del Partido Popular (PP) incluyó señalamientos directos sobre las responsabilidades de las tensiones internas. Vox acusó públicamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser responsable de los señalamientos sobre acusaciones de malversación que afectan a la formación de Santiago Abascal, además de atribuir a figuras del entorno de 'Génova' la difusión de denuncias de críticos internos de Vox relativas a supuestas irregularidades. En palabras del secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, "tratan de embarrar a Vox porque saben que en los próximos meses vamos a ver todos los casos de la Kitchen y a todos los políticos del PSOE embarrados en la corrupción. Por eso están soltando estas mentiras", según recogió el medio.

En respuesta a esta confrontación, representantes del PP enfatizaron la necesidad de avanzar en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, restando importancia a los reproches y exigiendo dejar de atribuirse culpas externas. Según informó el medio, el secretario general del PP, Miguel Tellado, declaró que no entiende el "enfado" manifestado por Vox y recalcó que la formación conservadora está trabajando en una mesa de negociación, en la que se ha acordado mantener respeto mutuo sobre los temas en discusión. Añadió que la negociación para la formación del gobierno en Extremadura se encuentra desbloqueada y los representantes de ambos partidos han retomado el diálogo tras una pausa que inició a principios de mes. "Volvemos a hablar y eso es muy buena noticia", insistió Tellado, según publicó la fuente.

La perspectiva del PP sobre el proceso negociador se expresó con optimismo. Tellado señaló ante la prensa que la reactivación de los contactos representa un paso positivo para conseguir un gobierno estable en Extremadura, subrayando la importancia de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y resaltando la sintonía observada en la última reunión, celebrada en Mérida. Según consignó el medio, tanto PP como Vox afirmaron al concluir dicho encuentro que los esfuerzos de negociación seguían en curso con “absoluta lealtad y absoluta sintonía”, aunque descartaron cerrarse a un acuerdo antes de Semana Santa.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, reclamó públicamente a Vox mayor responsabilidad en el avance de las negociaciones, señalando que la población de Extremadura permanece expectante ante la posibilidad de un pacto. Recogiendo declaraciones de Muñoz, el medio transmitió la opinión de la portavoz sobre el cambio de destinatarios de las críticas dentro de Vox, pasando de la presidenta María Guardiola a Feijóo, y recalcó que ninguna de esas figuras es la causa de las dificultades: “Lo que conviene es que pongamos un gobierno en marcha cuanto antes”. Muñoz instó a Vox a dejar las declaraciones y centrarse en trabajar para responder a la demanda de los electores, recordando el compromiso del PP con la transparencia y la disposición a aclarar cualquier información con la que estén en desacuerdo.

Consultada por el curso de las conversaciones entre ambas formaciones, Muñoz reiteró el llamado a Vox para que resuelvan internamente sus problemas y no trasladen esas disputas al proceso negociador. “Que las solucionen como puedan y cuando quieran, pero que no echen la culpa a los demás”, declaró, según reportó el medio.

Desde la dirección del PP a nivel nacional, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, reconoció la complejidad inherente a cualquier negociación política y sostuvo que Pereira y Vox alcanzarán finalmente acuerdos en Extremadura, así como en Aragón y Castilla y León. El medio detalló que Bendodo señaló a los periodistas que el diálogo político a veces alcanza resultados positivos y otras veces no, pero expresó esperanza y confianza en la capacidad de ambas partes para satisfacer las expectativas transmitidas por el electorado en las urnas. Bendodo afirmó su convencimiento de que la responsabilidad de ambos partidos servirá para favorecer el crecimiento en Extremadura y en las demás comunidades donde están en negociación.

En cuanto a la participación de dirigentes nacionales en los procesos autonómicos, Bendodo sostuvo que la dirección nacional del PP coordina los pactos y conversaciones, respetando las opiniones y prerrogativas de los presidentes autonómicos, rechazando que haya reticencias a la intervención de figuras como Tellado en las negociaciones regionales.

A lo largo de los últimos días, tanto PP como Vox han mantenido reuniones para explorar fórmulas que permitan la conformación del nuevo ejecutivo en Extremadura. Aunque el ambiente incluyó episodios de tensión y acusaciones cruzadas, ambos partidos coincidieron en públicamente en la disposición de avanzar en un clima de lealtad y respeto, según reflejó el medio. Hasta el momento, las formaciones descartaron cerrar un acuerdo antes del periodo de Semana Santa, mientras los dirigentes de ambas partes reiteran su voluntad de continuar el diálogo y evitar que las diferencias internas o los reproches personales interfieran en el progreso negociador.

Finalmente, el papel de las bases y la demanda ciudadana de un pacto político en Extremadura han servido como referencia continua en las intervenciones públicas de los portavoces del PP, quienes transmitieron su intención de que el diálogo con Vox se traduzca en la pronta puesta en marcha de un gobierno estable, alejado de disputas públicas y centrado en las necesidades concretas de la población de la comunidad autónoma.

Al concluir el acalorado debate sobre la ley de multirreincidencia en el Congreso, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, comunicó su decisión de eliminar del Diario de Sesiones las declaraciones del diputado de Vox, Carlos Flores, quien calificó la eutanasia de Noelia Castillo como una "ejecución". Según consignó el medio, Armengol justificó este acto argumentando que buscaba salvaguardar la dignidad de la persona mencionada y el respeto al derecho a morir dignamente establecido en España a partir de la ley aprobada en 2021.

Durante la sesión de la Comisión Constitucional, Carlos Flores, portavoz de Vox, utilizó la tribuna para manifestar su rechazo a la ley de eutanasia. Flores afirmó que, gracias a la norma aprobada en 2021, ese día se iba a “ejecutar” a una joven de 25 años, refiriéndose directamente al caso de Noelia Castillo, una persona parapléjica que había solicitado la eutanasia. El medio informó que Flores dirigió sus palabras al resto de los diputados al señalar: “La próxima vez que suban aquí para hablarnos de que los derechos humanos no admiten retroceso o para hablarnos de dignidad, recuerden que hoy en España se ejecuta a una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron”.

Estas afirmaciones provocaron inmediatas protestas por parte de otros sectores parlamentarios. Francisco Aranda, portavoz de Justicia del PSOE, cuestionó la postura de Vox al expresar que su rechazo a la ley contraviene derechos reconocidos en España, como el aborto y el derecho a morir dignamente. De acuerdo con lo publicado, Aranda declaró: “El infierno en la tierra son ustedes. ¡Qué uso más lamentable!”.

Al finalizar el debate, Enrique Santiago, portavoz de Justicia e Interior de Sumar, solicitó la palabra para reiterar que la eutanasia constituye un derecho ratificado por la Cámara. Según detalló el medio, Santiago recordó que la Ley de Eutanasia fue aprobada en el Congreso cinco años atrás y advirtió que Vox no tiene legitimidad para cuestionar la decisión personal de Noelia Castillo, quien habría soportado una prolongación de su sufrimiento durante dos años “con infinitos recursos”. Santiago también pidió expresamente a la presidenta de la Cámara que retirara del Diario de Sesiones las palabras de Flores, alegando que constituían un insulto y señalando: “Por la jurisdicción ordinaria, por la jurisdicción constitucional, por la jurisdicción europea, respeten la libertad de Noelia y, por favor, retire del Diario de Sesiones los insultos subvertidos al menos a este grupo parlamentario, al que (el diputado Flores) ha llamado asesino”.

Francina Armengol comunicó entonces que, por dignidad de la persona implicada y en respeto al derecho a morir dignamente, eliminaría del acta las afirmaciones del diputado de Vox que aludían a una “ejecución”. Así, tal como detalló el medio, la presidenta apeló a la salvaguarda del respeto institucional y la protección de los derechos reconocidos por el propio Congreso.

El desarrollo de este episodio refleja la persistente división parlamentaria respecto a la ley de eutanasia en España, legislación que había sido concebida, según palabras de Flores, para brindar alivio a pacientes terminales en las etapas finales de su vida. Sin embargo, su aplicación y la interpretación de sus alcances continúan generando debates intensos en ámbitos políticos y sociales, según reportó el medio.

Durante el intercambio, las diferentes posturas volvieron a dejar en evidencia las tensiones entre los grupos parlamentarios: por un lado, la argumentación de Vox y, por el otro, la defensa del derecho individual y la dignidad de las personas promovida por PSOE y Sumar. Este episodio se inscribe en el marco de una ley que, desde su aprobación, ha sido motivo de enfrentamientos retóricos en la Cámara baja, y cuya implementación sigue acompañada de discusiones sobre los límites de la autonomía personal y el papel del Estado en las decisiones sobre el final de la vida, según destacó la cobertura original.

En el debate sobre las tensiones internas y externas en Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé expresó en la red social X que los críticos de la formación están ofreciendo apoyo indirecto al PSOE y desempeñan un rol funcional para el bipartidismo, facilitando ataques que debilitan la imagen del partido. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa y reportadas por Europa Press, los dirigentes de Vox enfocaron sus críticas tanto en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como en el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras un intercambio de acusaciones por corrupción en el Congreso.

Según informó Europa Press, Vox calificó de “cobarde” a Feijóo y atribuyó al entorno del líder popular la responsabilidad de impulsar informaciones que, en su opinión, buscan aislar a su partido y silenciar sus posiciones en el panorama político español. Además, la formación sostuvo que Pedro Sánchez “no tiene huevos” para dirigir sus mensajes contra Santiago Abascal fuera del Congreso y sin el amparo de la inmunidad parlamentaria. Estas expresiones se produjeron tras la intervención de Sánchez en el Pleno de este jueves, donde el jefe del Ejecutivo acusó a Abascal de utilizar recursos públicos de forma irregular y lo señaló como alguien que, según sus palabras, permanece en la política para beneficiarse económicamente, refiriéndose a la “patria de un billete de 500 euros”. Sánchez también cuestionó las denuncias de antiguos miembros de Vox sobre financiación, según detalló Europa Press.

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, reprochó en los pasillos de la Cámara Baja las afirmaciones de Sánchez y consideró que las acusaciones vertidas contra Abascal constituyen “terribles barbaridades” que, en sus palabras, “son mentira”. Figaredo afirmó que el presidente del Gobierno realiza estos señalamientos solo bajo la protección de la inmunidad parlamentaria y criticó que el debate se traslade al terreno personal y no se desarrolle fuera del hemiciclo. De acuerdo con Europa Press, Figaredo insistió en que las filtraciones y comentarios provienen tanto del ala socialista como del entorno cercano de Feijóo, con la finalidad de desacreditar a Vox cuando, afirmó, “es el único partido que tiene cero casos de corrupción”.

El mismo dirigente argumentó que los demás partidos intentan relacionar a Vox con casos de corrupción en un momento en el que considera que la atención pública se enfoca en investigaciones como la del caso Kitchen, que afecta a figuras del Partido Popular, y en los escándalos que, según señala, involucran al PSOE. Según lo publicado por Europa Press, Figaredo defendió que Vox es víctima de una campaña de desprestigio basada en informaciones que cataloga como falsas, y sugirió que el objetivo de esta estrategia consiste en impedir que su partido gane relevancia frente a las dos principales formaciones políticas.

Figaredo también dirigió sus críticas hacia Alberto Núñez Feijóo, argumentando que, a diferencia de su antecesor Pablo Casado, quien —según su relato— expresó sus reproches directamente, el actual líder del PP no se enfrenta con la misma determinación. En ese contexto, expresó la necesidad de dejar de involucrar a Vox en tramas de corrupción inexistentes para la formación y reclamó que se ponga fin a los intentos de, según él, desacreditar al único partido ajeno a prácticas corruptas.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, también se refirió a la intervención de Pedro Sánchez en el debate, calificando su actuación en el Congreso de “espectáculo lamentable”. Millán sostuvo que el debate parlamentario se está desvirtuando y denunció un clima político en el que, argumentó, el Congreso se asemeja cada vez más a una barra de bar debido a las formas y el tono empleados, según reportó Europa Press.

En el ámbito digital, el eurodiputado Jorge Buxadé extendió las críticas a los sectores internos de Vox que han manifestado discrepancias con la dirección nacional. En su mensaje difundido en la plataforma X, Buxadé acusó a los disidentes de ofrecer argumentos aprovechados tanto por los partidos rivales como por los medios afines al bipartidismo, favoreciendo a los adversarios políticos en momentos de tensión parlamentaria. Además, enfatizó que esas disputas internas contribuyen a desviar la atención de las acusaciones de corrupción que, según sus palabras, afectan a otras formaciones y no a Vox.

De acuerdo con el medio Europa Press, la escalada de declaraciones de los responsables de Vox se enmarca en una fase de recrudecimiento del enfrentamiento verbal entre los principales partidos españoles, marcada por la acusación y la réplica en torno a casos de corrupción y el uso de fondos públicos. Tanto la utilización de la tribuna parlamentaria por parte de Sánchez como las contrarreplicas posteriores han preludiado un ambiente de polarización política, trasladando el debate más allá del Congreso hacia la interacción en redes sociales y los medios de comunicación.

Europa Press afirmó que las tensiones entre Vox, el PSOE y el PP han aumentado tras las últimas sesiones plenarias, en las que las alusiones personales y las referencias a posibles irregularidades financieras dominaron buena parte de las intervenciones. Los líderes de Vox consideran que estas maniobras alejan el foco de los problemas internos de los partidos tradicionales y buscan neutralizar el crecimiento de la formación liderada por Santiago Abascal.

Las acusaciones cruzadas y la respuesta de las figuras de Vox reflejan la atmósfera de enfrentamiento político que domina la agenda pública, donde la pugna por la legitimidad y la defensa contra los señalamientos de corrupción desplaza otros temas de interés. Según Europa Press, tanto las valoraciones de Figaredo en los pasillos del Congreso como las declaraciones de Millán y los mensajes publicados por Buxadé han contribuido a intensificar la disputa, con nuevos reproches dirigidos a los principales dirigentes de los partidos rivales y a los críticos internos de Vox.

En este contexto, la controversia acerca de la financiación y los casos de corrupción ya ha provocado diversas acusaciones y desmentidos, y ha llevado a que los distintos partidos recalcen sus posturas sobre la honradez y la transparencia en la vida política nacional. Los líderes de Vox insisten en que estas estrategias de confrontación forman parte de un intento por frenar el avance de su formación política, mientras continúa el intercambio de recriminaciones en el escenario parlamentario y mediático.

Según consignó el medio Europa Press, la organización política Vox ha expresado su rechazo a la autorización judicial para que Noelia, una joven víctima de una agresión sexual múltiple que sufre paraplejia irreversible tras intentar suicidarse, pueda acceder a una muerte asistida. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, declaró que la situación representa “un fracaso y una aberración” y aseveró que la resolución judicial “abre una vía muy peligrosa” en materia de suicidio asistido.

Millán hizo referencia a la repercusión social del caso al señalar que considera la noticia como “muy lamentable, muy triste” y mencionó que “hay una mayoría de españoles muy afectados por esto”. Según informó Europa Press, la portavoz subrayó que, en opinión del partido, tanto las enfermedades como los problemas personales deben abordarse garantizando el cuidado y la dignidad de las personas durante todas las etapas vitales. Los miembros de Vox recalcan su posición contraria a la práctica de la eutanasia, independientemente de las circunstancias personales del paciente.

El caso de Noelia se ha hecho público a raíz de la intervención de los tribunales, luego de que su padre y la organización Abogados Cristianos interpusieran recursos para impedir el procedimiento. Finalmente, la solicitud llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que intervino en la revisión del proceso, tal como detalló Europa Press.

La situación de Noelia destaca por la complejidad jurídica y ética que plantea en el contexto de la reciente legislación sobre eutanasia en España. El medio Europa Press detalló que la joven desarrolló una discapacidad irreversible como consecuencia de un intento de suicidio, que se produjo tras ser víctima de una agresión sexual múltiple. Vox argumenta que la autorización de la muerte asistida en un contexto de dolencia psiquiátrica podría sentar un precedente que, según sus portavoces, ampliaría los supuestos para aplicar el suicidio asistido de manera peligrosa.

Durante sus declaraciones en la Cámara Baja, Millán destacó que el cuidado de la vida y la dignidad humana resulta prioritario, y manifestó que Vox considera imprescindible proteger a las personas vulnerables ante las dificultades físicas y mentales. Europa Press recogió las palabras de la diputada, quien reiteró que las autoridades y la sociedad deben favorecer la búsqueda de alternativas que garanticen la asistencia y el apoyo.

El debate sobre la eutanasia en España ha generado diversas reacciones desde la aprobación de la ley que regula esta práctica. Según indicó Europa Press, casos como el de Noelia han propiciado discusiones sobre los límites y las implicaciones sociales, jurídicas y éticas de la aplicación de la normativa en circunstancias especialmente sensibles. El pronunciamiento de Vox se suma a las voces críticas que solicitan una revisión de los criterios y procedimientos establecidos para casos de graves trastornos psicológicos o consecuencias derivadas de agresiones.

Según el medio, la solicitud de muerte asistida presentada por Noelia se vio precedida de un proceso judicial complejo, en el que participaron no solo su familia y organizaciones vinculadas a la defensa de principios religiosos y éticos, sino también instancias judiciales nacionales e internacionales. Europa Press precisó que la resolución abre interrogantes en sectores sociales y políticos sobre el alcance de la legislación vigente y su impacto en situaciones que combinan discapacidades físicas y traumas de origen externo.

Además de abordar el caso concreto de Noelia, Vox manifestó su preocupación por la posibilidad de que futuros procedimientos pudieran autorizar la eutanasia en pacientes con padecimientos psiquiátricos, sin que medie una patología física terminal. Según destacan representantes del partido citados por Europa Press, la resolución judicial supone una “vía peligrosa” y representa lo que consideran un cambio en el paradigma del tratamiento de los problemas de salud mental en España.

El recurso presentado por el padre de Noelia, junto con la organización Abogados Cristianos, refleja el grado de polarización que acompaña las decisiones sobre eutanasia en el sistema legal español. El seguimiento del caso por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos añade otra dimensión internacional a la controversia, indica el medio Europa Press, pues brinda visibilidad global a los debates en torno al suicidio asistido y a la protección de los derechos personales en contextos de alta vulnerabilidad.

Finalmente, el caso de Noelia ha reavivado las discusiones políticas y sociales sobre la protección de las personas con discapacidad, así como sobre el papel de las instituciones en la salvaguarda de los derechos fundamentales. Europa Press subraya que la resolución judicial aún genera debates sobre los futuros alcances y las consecuencias de la ley de eutanasia en España, especialmente cuando se involucran circunstancias de gran complejidad personal y social.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, manifestó ante el pleno del Parlamento Foral que el deporte debe ser un espacio donde predominen los valores y no tenga cabida ninguna agresión. De acuerdo con el relato ofrecido por el Gobierno de Navarra, Esnaola condenó los hechos registrados tras el encuentro deportivo, subrayando que más de 20.000 personas asistieron ese día a El Sadar y se comportaron de manera cívica, disfrutando del partido sin incidencias. La consejera enfatizó que los incidentes reportados no reflejan la actitud ni del total de los aficionados ni de la mayoría de las personas presentes.

En respuesta a una pregunta planteada por el grupo parlamentario Vox sobre las acciones para eliminar la violencia en el ámbito deportivo, Esnaola destacó el trabajo coordinado que desarrollan tanto el Gobierno de Navarra como los diferentes agentes implicados. Según consignó el medio oficial, la consejera detalló que existen distintas actuaciones, incluidas iniciativas impulsadas por la Liga de Fútbol Profesional, como la mencionada instalación de códigos QR en los asientos, que permite a los espectadores denunciar cualquier conducta inapropiada que observen durante los partidos.

La consejera negó la existencia de pasividad por parte del Ejecutivo foral, asegurando que el Gobierno trabaja en colaboración con diferentes entidades para erradicar la violencia y proteger la seguridad de los eventos deportivos en la región. Indicó que los encuentros organizados en Navarra se desarrollan habitualmente con tranquilidad, normalidad y satisfacción de los asistentes, reflejando la efectividad de las medidas implementadas.

Asimismo, Esnaola defendió la existencia de un compromiso global, tanto institucional como social, para mantener el deporte libre de violencia y agresiones. Destacó la transversalidad del trabajo realizado, junto con la presencia de nuevas iniciativas colectivas, con el objetivo de reforzar la prevención y la protección integral de quienes asisten o participan en los eventos deportivos.

Durante la sesión parlamentaria, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, expresó su postura sobre la actuación del Gobierno regional. Tal como reportó el medio, Jiménez cuestionó la supuesta permisividad del Ejecutivo frente a los incidentes provocados por grupos ultras, en particular el grupo Indar Gorri, al que atribuyó la reincidencia de altercados en el estadio. El portavoz insistió en que no resulta suficiente condenar los hechos, sino que se requiere una respuesta más firme y directa. Solicitó la expulsión de estos grupos de los campos de fútbol de Pamplona y exigió tolerancia cero ante las manifestaciones de violencia en este contexto.

Jiménez agregó que, en su opinión, el club debería incrementar su implicación en la prevención y reacción ante estos comportamientos, señalando que las repercusiones de tales incidentes exceden el ámbito del recinto deportivo y afectan al conjunto de la sociedad navarra.

Las acciones y debates en torno a este episodio reflejan la preocupación institucional y parlamentaria por erradicar la violencia asociada al deporte, así como las demandas de la oposición para endurecer las políticas y mejorar los mecanismos de prevención y protección en los estadios y espacios donde se celebran eventos futbolísticos multitudinarios.

Era el nombre que figuraba en muchas quinielas y Vox prometió que no habría sorpresas. El Comité Ejecutivo Nacional ha ratificado el nombre de Manuel Gavira para encabezar la candidatura de los de Abascal en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 19 de mayo.

Gavira, diputado autonómico desde las elecciones de 2018, será por primera vez candidato a la Presidencia de la Junta, con la difícil misión de arrebatar la mayoría absoluta que ostenta el dirigente del PP, Juanma Moreno. Gavira fue apartado de la portavocía el pasado 2022 para dejar paso a la candidatura Macarena Olona. Tras el fracaso de aquella operación, el Comité Ejecutivo Nacional ha optado por un perfil arraigado en el territorio, por encima de un candidato mediático.

Gavira comparecerá a las 11:30 horas, en la sede del Parlamento andaluz tras hacerse pública su designación como candidato a la Presidencia de la Junta. En su cuenta de X, ha agradecido a la Dirección del partido la confianza depositada en él y ha afirmado que asume “con honor y responsabilidad” ser el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía. “¡A por todas!“, ha sentenciado en su mensaje.

Vox busca mejorar los 14 escaños que logró en 2022

Vox contó en esta última legislatura, la XII, con 14 escaños, dos más de los que obtuvo en la XI legislatura (que arrancó tras las elecciones de diciembre de 2018) y en la que alcanzó un pacto de investidura con el PP-A para hacer posible la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Los populares andaluces (que fueron la segunda fuerza más votada tras el PSOE-A y obtuvieron 26 escaños) sellaron entonces un pacto de gobierno con Ciudadanos (ya desaparecido en el Parlamento) y un acuerdo de investidura con Vox. Ni el candidato que encabezó en 2018, el jurista Francisco Serrano, ni la propia Olona permanecieron en el Parlamento Andaluz hasta final de legislatura.

Manuel Gavira, quien ocupa el cargo de portavoz en el Parlamento andaluz y ejerce como diputado por Vox desde el año 2018, será el representante de la formación en las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo. Vox comunicó este jueves, mediante una nota oficial citada por varios medios, que la decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, confirmando así la candidatura de Gavira a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Según comunicó Vox en su anuncio, la designación de Gavira marca la primera ocasión en la que este parlamentario encabezará la candidatura a la Presidencia de la Junta en unos comicios autonómicos. El medio informó que Gavira se ha consolidado en los últimos años como un referente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, manteniendo su escaño desde las elecciones celebradas en 2018 y desempeñando funciones de portavoz en el mismo órgano legislativo.

El proceso de selección de candidato se resolvió a través del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que eligió a Gavira a partir de la trayectoria que ha desarrollado dentro del grupo en el Parlamento andaluz. Vox expuso estos detalles en el comunicado que hizo público la mañana del jueves, donde también resaltó la experiencia política del diputado.

El medio consignó que con esta designación, Gavira ocupa el puesto de máxima relevancia en la estructura electoral del partido para esta convocatoria electoral. Vox destacó en su nota el papel de Gavira como portavoz parlamentario, desde donde ha intervenido en diversos debates y fijado postura sobre las cuestiones clave del ámbito regional.

Esta será la primera vez que Gavira compite como candidato a la Presidencia de la Junta, dado que en anteriores legislaturas no ocupó esa posición en las listas electorales de Vox. Desde que accedió a su escaño, se ha mantenido en la primera línea de la actividad parlamentaria andaluza, lo que ha sido un factor relevante para su elección como cabeza de lista.

El próximo 17 de mayo tendrá lugar la cita electoral en la que Gavira, en representación de Vox, se presenta ante el electorado andaluz. El medio detalló que aún quedan por definirse otros aspectos de la campaña y la lista definitiva de candidatos que acompañarán al portavoz en este ciclo electoral, aspectos que Vox ha señalado ampliará próximamente.

La figura de Espinosa de los Monteros ha estado asociada desde los inicios a la consolidación de Vox como una de las principales fuerzas políticas en España. Su papel como fundador y portavoz parlamentario situó su nombre entre los más influyentes dentro del partido de Santiago Abascal, contribuyendo a su proyección nacional y al desarrollo de una estrategia que logró reunir a una gran proporción del electorado.

No obstante, en los últimos meses se ha acentuado un distanciamiento visible entre Espinosa y la dirección del partido, marcado por el surgimiento de diferencias profundas respecto a la táctica política, el modelo de liderazgo y el funcionamiento democrático interno. El antiguo portavoz ha llegado a asegurar que “no conoce” a este Santiago Abascal. Esto le llevó a liderar discursos de recuperar la antigua línea del partido.

“Si alguien destaca, se le corta la cabeza”

Un grupo de dirigentes históricos, encabezados por Espinosa de los Monteros, ha impulsado una serie de exigencias dirigidas a la cúpula de Vox. Exigen la convocatoria de un congreso extraordinario abierto a toda la militancia, con el objetivo de revisar la estrategia general y la arquitectura organizativa del partido. Entre las demandas centrales figuran una mayor transparencia en la toma de decisiones, una estructura más participativa y un debate real sobre el liderazgo y el futuro político de la formación.

Los críticos alertan sobre el empobrecimiento del debate interno y el cierre progresivo bajo el liderazgo de Santiago Abascal, al señalar que la concentración extrema de poder en el núcleo duro ha provocado la expulsión o marginación de voces relevantes. “Si alguien destaca, se le corta la cabeza”, denunció en una entrevista en Cope hace unas semanas. A su juicio, la estrategia de Vox ha resultado insuficiente para aprovechar el contexto favorable a la derecha, quedando relegada en ocasiones a un papel secundario respecto al PP.

Dura respuesta de la dirección

Frente a este escenario, la dirección de Vox, encabezada por Santiago Abascal y portavoces como José Antonio Fúster y José María Figaredo, reaccionó con firmeza. La cúpula del partido acusó a Espinosa y al resto de críticos de actuar por motivos personales y de alimentar maniobras desestabilizadoras, supuestamente impulsadas por el PP. La dirección defiende que la representación interna se encuentra garantizada y descarta la celebración de un congreso extraordinario en los términos solicitados.

El distanciamiento ha alcanzado un punto en el que Espinosa de los Monteros se sitúa fuera de la dirección y de la estrategia política. Aunque mantiene respaldo entre parte de la militancia, su salida y la de otros fundadores ha coincidido con episodios de expulsión, como el de Javier Ortega Smith, y un endurecimiento del control interno. Ahora, parece haber desembocado en un salida definitiva.

Iván Espinosa de los Monteros, quien ocupara la secretaría general de Vox hasta 2023, destacó en sus declaraciones recientes la publicación de un manifiesto impulsado junto a varios exdirigentes y críticos del partido, entre los que se encuentra Javier Ortega Smith. En este documento solicitaban la organización de un congreso abierto a todos los afiliados, con el objetivo de debatir sobre la dirección estratégica y posibles mejoras en el funcionamiento interno de Vox. Según consignó Europa Press, Espinosa de los Monteros informó que su partido le notificó la apertura de un proceso disciplinario para su expulsión el mismo día en que se anunció la convocatoria anticipada de elecciones en Andalucía.

El propio Espinosa de los Monteros publicó un mensaje en la red social X donde relató la secuencia de los hechos. Según sus palabras, “el lunes pasado sobre las 20.30, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido”. El exparlamentario atribuyó el procedimiento a la actual estrategia de la organización política, que, de acuerdo con su análisis, se caracteriza por cerrarse ante el disenso interno y por mantener una postura de confrontación hacia cualquier integrante que exprese desacuerdo o sorpresa ante la situación del partido.

De acuerdo con Europa Press, el enfrentamiento entre la dirección actual, encabezada por Santiago Abascal, y distintos exdirigentes, ha escalado durante los últimos meses. El manifiesto impulsado por Espinosa de los Monteros y los demás críticos hacía hincapié en la necesidad de abrir el debate y redefinir la hoja de ruta de Vox, demandando una mayor participación de la militancia en la toma de decisiones clave.

El caso de Javier Ortega Smith, también involucrado en el manifiesto crítico, ejemplifica los procedimientos disciplinarios recientemente activados dentro del partido. Según detalló Europa Press, Ortega Smith fue expulsado de Vox a principios de marzo. El Comité de Garantías determinó que el diputado había incurrido en una “infracción muy grave” al resistirse a un relevo en la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, lo que motivó una sanción formal por desobediencia y la suspensión de sus derechos de militancia.

La salida de Espinosa de los Monteros de los cargos de dirección en 2023 ya había supuesto un punto de inflexión en la estructura interna del partido. Desde entonces, las tensiones han aumentado entre la corriente oficialista y quienes defienden la apertura de mecanismos de deliberación y una mayor democratización interna, según reportó Europa Press. Este contexto ha desembocado en la apertura de expedientes disciplinarios contra las figuras más visibles de la crítica interna, intensificando así la pugna por el rumbo político de Vox.

La coincidencia entre la decisión de abrir el expediente a Espinosa de los Monteros y la convocatoria de elecciones en Andalucía añade otro elemento al debate sobre el manejo disciplinario dentro de la formación. A través de sus publicaciones en redes sociales, el exdirigente cuestionó la capacidad de la dirección actual para atraer nuevos apoyos y amplificar la base de la organización, frente a la opción de restringir el debate y limitar el crecimiento político de la formación.

Europa Press subraya que estas recientes expulsiones y procedimientos disciplinarios evidencian la consolidación de una estrategia centrada en la disciplina interna y la contención de las voces disidentes en Vox. Mientras la convocatoria a elecciones en Andalucía reordena el escenario político, la dinámica interna de Vox se presenta marcada por divisiones y el refuerzo de la autoridad central del partido.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hizo alusión a declaraciones previas de miembros de Vox para sostener que la formación estaría beneficiándose económicamente a expensas de los trabajadores y las clases medias de España. El medio Europa Press reportó que Bolaños fundamentó sus acusaciones mencionando testimonios de exdirigentes del partido, como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Juan García Gallardo. En este contexto, el ministro denunció que la cúpula de Vox “se lo están llevando crudo” y contrapuso la postura del Ejecutivo respecto al progreso social frente al modelo que, según sus palabras, representan los partidos de derecha y ultraderecha.

Según informó Europa Press, Bolaños afirmó que el Partido Popular y Vox están en vías de cerrar un acuerdo para formar gobierno en Extremadura. El ministro describió este posible ejecutivo como una coalición “reaccionaria”, apuntando a que favorecería “a los poderosos, a favor de la guerra y a favor de los machistas”. Bolaños expresó además: “Con su pan se lo coman”. Estas declaraciones surgieron como respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Partido Popular Míriam Guardiola, quien acusó al Gobierno de encontrarse rodeado de “un lodazal de corrupción”.

La diputada popular, detalló Europa Press, sostuvo que existen indicios de que el PSOE habría abonado hasta 20.000 euros a operarios de fontanería con el propósito de obtener información sobre jueces y fiscales implicados en investigaciones por supuesta corrupción dentro del partido. Guardiola recurrió además a expresiones despectivas para referirse al ministro, calificándolo de “cartucho quemado” y “juguete roto”, al tiempo que aseguró que el presidente Pedro Sánchez “no tiene compañeros, tiene vasallos”.

En su intervención, Bolaños rechazó las acusaciones y señaló que la diputada no había dejado “ni un solo bulo por utilizar en esta antología de la mentira”. El ministro exhortó a Guardiola a que procure contrastar la veracidad de las afirmaciones que esgrime en sede parlamentaria. Añadió: “Ustedes, a los cuentos y nosotros, a las cuentas”, antes de exponer cifras económicas como los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, una tasa de desempleo por debajo del 10% y más de 2.500 millones de euros destinados a becas, en contraste —según él— con lo que denominó “cuentos” provenientes del PP.

Durante la misma sesión, Europa Press detalló que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interrogó al titular de Justicia sobre las razones por las que Ucrania dispone de presupuestos mientras que España carece de ellos. La parlamentaria acusó a Bolaños de actuar como “ministro para el sometimiento de las Cortes”. El ministro replicó señalando que Álvarez de Toledo considera una falta la ausencia de presupuestos en el Congreso, mientras que en Castilla y León —gobernada por una coalición del PP y Vox— ve normal ese mismo hecho. Asimismo, Bolaños acusó a la bancada popular de incumplimiento de la Constitución por no renovar los magistrados del Tribunal Constitucional responsabilidad del Senado.

Europa Press consignó que, en respuesta a la pregunta sobre la guerra, Bolaños subrayó que mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había manifestado su rechazo a la guerra ese día, Álvarez de Toledo había publicado el 7 de marzo un mensaje en redes sociales con el texto “sí a la guerra”. La diputada defendió su postura afirmando: “Digo sí a la libertad y por tanto sí a la derrota de una teocracia criminal”, y acusó al Gobierno de usar la guerra para “no perder” el poder.

Álvarez de Toledo repasó acontecimientos como los atentados yihadistas de 2004 señalando que, según su opinión, el PSOE politizó aquellas tragedias para influir en los comicios. Tildó el manejo del 11-M como “el gran bulo” que, afirmó, incluyó el cerco a sedes del PP y la utilización política de la masacre. Añadió: “Terrorismo, guerras, danas, todo aprovecha el convento socialista”. A raíz de estas afirmaciones, Bolaños le reprochó poner en duda la legitimidad de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de aquel año y exigió una rectificación inmediata. Según publicó Europa Press, el ministro calificó a Álvarez de Toledo como “mujer bulo” y expresó que su discurso se encuentra “más cerca de Donald Trump y Benjamin Netanyahu que de Pedro Sánchez”.

Europa Press informó que la portavoz de Vox, Pepa Millán, dirigió una pregunta directa sobre la definición de progreso que maneja el Gobierno. Bolaños respondió que “seguro que no es lo que entienden ustedes” y criticó al líder de Vox, Santiago Abascal, por abandonar el hemiciclo antes de tiempo, a pesar de reclamar frecuentemente debates con el presidente Sánchez. Millán replicó señalando que “el que acusa debe probar” y lamentó que, según su percepción, muchas familias hoy deben elegir “entre llenar el depósito o llenar la nevera”. La diputada de Vox atribuyó al Ejecutivo el despliegue de un modelo de precariedad, deterioro de servicios públicos y corrupción, y sostuvo que “su no a la guerra es una gran mentira”.

Frente a estas acusaciones, el ministro recurrió a testimonios de exmiembros de Vox para reiterar su denuncia de supuestos beneficios obtenidos por la dirección de este partido, reiterando que tales actuaciones se realizan a costa de los trabajadores y clases medias del país. Según reiteró Europa Press, la dinámica del debate parlamentario se centró tanto en la disputa sobre el posible pacto en Extremadura como en el enfrentamiento entre los discursos de Gobierno y oposición en torno a los temas de corrupción, política presupuestaria y conflictos internacionales.

Las declaraciones de antiguos y actuales miembros de Vox han incrementado la presión en torno a la gestión financiera del partido y de su líder, Santiago Abascal. Según consignó Europa Press, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez aludió a testimonios como los del exdiputado Iván Espinosa de los Monteros y su compañero Javier Ortega Smith, quienes expresaron preocupaciones sobre la falta de transparencia y la utilización de recursos dentro del partido. A estos señalamientos se suman las palabras de Juan García-Gallardo, quien manifestó dudas sobre los ingresos de Abascal. Sánchez utilizó estas referencias para centrar el debate en las acusaciones de enriquecimiento y desvío de fondos en Vox, vinculándolo con prácticas financieras opacas y cuestionando la integridad de la formación opositora.

De acuerdo con Europa Press, el jefe del Ejecutivo propuso a Vox el cambio de denominación a “Abascal, S.L.”, argumentando que el partido actúa como un negocio cuyo principal interés es el beneficio económico personal de su líder. Sánchez asoció la imagen del partido al billete de 500 euros y señaló una transición de la llamada “Caja B” del caso Bárcenas a una supuesta “caja A” bajo el mando de Abascal. Durante la intervención, el presidente cuestionó la ausencia de Abascal en el Pleno y sugirió que evita enfrentar las críticas sobre el manejo de las cuentas de Vox, procedentes no solo de adversarios políticos sino también desde dentro del partido. Sánchez ironizó respecto a la posibilidad de que, ante la imposibilidad de expulsarlo del partido, Abascal prefiriera abandonar el hemiciclo.

Entre los puntos señalados por Sánchez, según publicó Europa Press, destaca la mención a un supuesto desvío de 2,5 millones de euros desde la Fundación Disenso, vinculada con Abascal, hacia su beneficio personal. Apoyándose en los testimonios de miembros y exmiembros de Vox, Sánchez sostuvo que quien prometía regenerar la política habría incurrido en prácticas contrarias a esa premisa. Según expresó, a su juicio Abascal “está en política para forrarse”. Estas declaraciones se produjeron mientras parte de la bancada del Gobierno respondía con risas a los comentarios del presidente, quien aprovechó el contexto para dirigir acusaciones directas a Abascal, calificando su ausencia como un signo de falta de valor y ridiculizando la autodenominación de la oposición como “la derechita valiente”, según reportó el medio.

Europa Press también reportó que Sánchez cuestionó los elevados salarios dentro de la cúpula de Vox, destacando el pago mensual de 27.000 euros que recibe el asesor Kiko Méndez-Monasterio. El presidente remarcó que, si un asesor percibe esa cifra, los ingresos de Abascal deben ser aún mayores, insinuando una estructura interna cuyo fundamento esencial sería el lucro de sus dirigentes. Sánchez también añadió que a su parecer, Abascal actúa como un intermediario más que como un dirigente político.

En materia de fiscalización y control externo, Sánchez recordó que el Tribunal de Cuentas mantiene abiertas tres investigaciones sobre las cuentas de Vox. Detalló, según consignó Europa Press, la existencia de sanciones acumuladas superiores al millón de euros, así como la obtención de créditos valorados en 9,2 millones de euros para costear las elecciones generales de 2023, señalando que estos fondos habrían sido concedidos por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, a quien asoció con posturas próximas a Rusia. Entre otros señalamientos, el presidente apuntó que el 80% de los costos de campaña para las elecciones europeas de 2014 procedieron de fondos iraníes, reforzando así los cuestionamientos sobre la transparencia financiera en el partido.

En el desarrollo del debate parlamentario, Santiago Abascal aprovechó el turno de preguntas para dirigir críticas hacia la política social del Gobierno, cuestionando el gasto de fondos públicos en la atención sanitaria a extranjeros. Según reportó Europa Press, Abascal pidió a Sánchez consultar mediante un referéndum si los ciudadanos desean que sus impuestos se destinen a la cobertura de salud para personas no cotizantes provenientes de otros países. Argumentó que la presión en la sanidad pública estaría directamente relacionada con la atención a millones de extranjeros, señalando que esto contribuye a la saturación de servicios, especialmente en el contexto del decreto anticrisis que el Congreso debía someter a votación.

En su respuesta, Sánchez, de acuerdo a lo publicado por Europa Press, replicó que el Gobierno ha transferido 300.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas desde su gestión. Instó a Abascal a reclamar en las regiones gobernadas junto al Partido Popular que los recursos se destinen de manera prioritaria a fortalecer el sistema sanitario público, en lugar de optar por bonificaciones fiscales dirigidas a sectores privilegiados.

Durante el intercambio, Abascal sostuvo que en Vox “hay cero casos de corrupción”, diferenciándose de la situación interna del PSOE, donde mencionó la imputación de la esposa y el hermano de Sánchez por distintos delitos. Acusó también al presidente de utilizar la tribuna parlamentaria para lanzar ataques personales basados en información proporcionada por otros actores políticos, en vez de responder de manera directa a la cuestión planteada en el control parlamentario.

El debate entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal mantuvo el foco en el cruce de acusaciones relacionadas tanto con la transparencia y la gestión financiera de Vox como con la política social del Ejecutivo en materia de salud pública. Europa Press recogió las diversas intervenciones y declaraciones, así como los distintos antecedentes sobre investigaciones abiertas y las posiciones expresadas por miembros y exmiembros de la formación opositora, configurando un escenario parlamentario de confrontación donde las cuentas del partido y su relación con fondos nacionales e internacionales tuvieron un papel central.

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para investir a María Guardiola en Extremadura está en camino, pero no se cerrará antes de Semana Santa. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa el Secretario General del Partido Popular de la región, Abel Bautista, después de que El País adelantara durante este mediodía que el PP había alcanzado un acuerdo preliminar con la ultraderecha con las primeras medidas pactadas para comenzar a gobernar, tres meses después de las elecciones extremeñas. “Marcarse plazos no creo que ayude nada a la negociación, cuando estén maduras las cosas se anunciarán”, ha apuntado, afirmando que “hacerlo antes de Semana Santa es imposible”.

“Hemos avanzado mucho”, ha asegurado, quien ha desmentido “por tercera vez” que el pacto esté cerrado. “No me gusta desmentir a la prensa, pero pedimos que las fuentes sean contrastables y sobre hechos ciertos”.

Aun así, ha remarcado que las reuniones que se han estado manteniendo son “muy positivas”. En concreto, sobre la que ha tenido lugar este miércoles en Mérida, se ha “avanzado mucho". “Parece que vamos en el camino correcto, en buena dirección y que hay sintonía. Hay más cosas que nos unen que nos separan”, ha apuntado. Con esto se ha mostrado de acuerdo el portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, quien está “satisfecho” con los avances conseguidos.

Antes de Semana Santa “es imposible”

El diputado popular también ha explicado que no quieren que el acuerdo suponga una caída en “la inestabilidad a lo largo del tiempo. Se trata de dar un Gobierno para los próximos cuatro años”. Bautista ha recordado que el objetivo son los presupuestos, motivo por el que Guardiola convocó elecciones hace unos meses, al no conseguir llegar a un acuerdo con Vox. “Cuanto más trabajado esté el acuerdo de gobierno, más garantías habrá de que ambas partes estén cómodas y sigamos avanzando en una Extremadura mejor”.

Sobre los avances, el político ha hablado sobre “la fiscalidad, las rebajas impositivas, la adaptación de figuras para hacer las inversiones más fáciles”. En cuanto a la gestión forestal, han hablado de temas como el regadío; sobre vivienda y la necesidad de “seguir avanzando para que nuestros jóvenes y las familias accedan en condiciones óptimas” o sobre la central nuclear de Almaraz, entre otros. “Algunos puntos están casi cerrados, otros hay que seguir estudiándolos. Hay asuntos que podemos dar por cerrados y otros que necesitan un poco de madurez, pero es cuestión de trabajo”, ha añadido.

Por su lado, Fernández ha asegurado que “creen que pueden ser optimistas de cara al futuro”. “Quiero subrayar que todavía no hay ningún tipo de acuerdo y no lo ha habido en ningún momento”, aunque afirma que hay ”predisposición" por parte de Guardiola.

Fuentes del partido de Santiago Abascal consultadas por Infobae han confirmado este mediodía que la reunión se ha centrado “exclusivamente” en las medidas políticas a adoptar, sin abordar en ningún momento posibles vicepresidencias, consejerías ni otros cargos dentro de la administración autonómica. Desde Vox han remarcado que estas cuestiones se abordarán una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político, que deberá incluir un compromiso de plazos y garantías de ejecución.

El equipo negociador de Vox ha estado integrado por Óscar Fernández; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda. Por parte del PP, fuentes de la dirección nacional han confirmado a EFE que en la reunión han participado el secretario general, Miguel Tellado, de forma presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia, además de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, junto a su secretario general, Abel Bautista.

Pedro Sánchez destacó durante el debate en el Congreso de los Diputados que el gasto militar habría ascendido hasta el 5% del PIB con un gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, lo que supondría destinar 350.000 millones de euros a defensa en la próxima década. Esta cuantía contrasta con el 2,1% en el que se mantiene actualmente, después de que el Ejecutivo rechazara aceptar nuevos compromisos con la OTAN, según informó el medio. En ese contexto, Sánchez afirmó convicción en que, de estar el Partido Popular junto a Vox dirigiendo el país, habrían apoyado la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán por “servilismo”.

Tal como consignó la prensa, la sesión de control al Gobierno se desarrolló tras un debate de casi seis horas centrado en la posición de España frente al conflicto en Oriente Próximo. Durante su intervención, el presidente del Gobierno criticó los supuestos riesgos económicos y políticos que, a su juicio, traería una hipotética gestión de Feijóo, señalando que, bajo ese liderazgo, los ciudadanos habrían desembolsado 24.000 millones de euros adicionales en el último mes, suma que, según Sánchez, se ha evitado gracias a la implementación de energías renovables. “Su servilismo y negacionismo sí que cuesta mucho al país”, manifestó Sánchez, según reportó el medio.

El líder del Partido Popular, por su parte, centró su respuesta en reprochar la falta de transparencia en la gestión económica. Feijóo denunció que el Gobierno no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado, incumpliendo su promesa de hacerlo en el primer trimestre de 2026, y sostuvo que la política de vivienda del Ejecutivo ha sido un “fracaso”. Además, aseguró que la recaudación récord que ha registrado el Estado desde la llegada de Sánchez al poder no se ha traducido en una mejora de los servicios ni en la solución de los principales problemas nacionales, subrayando que “España se cae a pedazos”.

En cuanto a la fiscalidad, Feijóo acusó al Gobierno de exigir a los ciudadanos el pago del impuesto sobre la renta mientras Hacienda, según él, no estaría cumpliendo sus compromisos ni presentando las cuentas públicas necesarias. Añadió que, con la gestión socialista, los españoles han pagado 179.000 euros más en impuestos, a cambio —dijo— de no tener acceso a vivienda adecuada ni a presupuestos actualizados.

Durante el intercambio parlamentario, Sánchez instó al Partido Popular a apoyar el decreto anticrisis que se votará en el Congreso. El texto, compuesto por 80 medidas, contempla una reducción de impuestos en combustibles y energía, con el objetivo de mitigar el aumento de precios derivado del conflicto militar. El presidente presionó a Feijóo para que aclare la posición de su grupo en la próxima votación. “¿Pero entonces va a votar que sí mañana?”, preguntó, de acuerdo a lo detallado por el medio.

En cuanto a la gestión de crisis recientes, Feijóo lamentó que no se haya producido ninguna dimisión en el Gobierno a pesar de sucesos como el apagón general registrado un año atrás, el retraso en la apertura del AVE a Málaga, la huelga de médicos o los problemas en la aplicación de la legislación de vivienda. Se refirió asimismo a tragedias específicas como el suceso de Adamuz, donde fallecieron 46 personas, y al accidente de la pasarela en Santander, en el que murieron seis jóvenes. “Ni por Adamuz, ni por la pasarela de Santander, cero dimisiones”, subrayó.

El líder opositor también aludió a la próxima salida de la vicepresidenta María Jesús Montero, quien se postulará en las elecciones andaluzas, y sugirió de manera irónica el nombramiento del ministro de Transportes, Óscar Puente, para sustituirla, cuestionando la competencia del gabinete. Además, criticó el estado de las infraestructuras, calificándolas de desfasadas, y exigió al presidente que convoque elecciones generales. Según recogió el medio, Feijóo finalizó su intervención solicitando que “dejen a los españoles ponerles democráticamente en su sitio, fuera de la Moncloa”.

El debate parlamentario estuvo marcado por la confrontación abierta sobre la orientación internacional de la política española, el manejo de los fondos estatales y la respuesta oficial ante las emergencias y crisis sociales. La votación sobre el decreto ley anticrisis está prevista para el jueves siguiente, con carácter decisivo para la estrategia económica del Gobierno frente al presente contexto de conflicto internacional.

Las declaraciones de Pedro Sánchez durante la sesión plenaria incluyeron referencias a que la integridad en la gestión de fondos de Vox ha sido cuestionada desde dentro del propio partido, señalando testimonios recientes de varios de sus principales exmiembros sobre movimientos financieros y decisiones de su cúpula. El presidente del Gobierno utilizó estos argumentos para exponer públicamente sus dudas acerca del uso de recursos en el partido de ultraderecha, abordando directamente las sospechas de enriquecimiento ilícito y criticando la supuesta opacidad en torno a la dirección económica de la formación liderada por Santiago Abascal, según consignó Europa Press.

En un debate parlamentario marcado por la ausencia de Abascal en el Congreso, Pedro Sánchez subrayó que esa decisión podría estar vinculada a la intención del dirigente de Vox de evitar afrontar las críticas que, según Sánchez, ya no proceden solo de adversarios políticos, sino de antiguos miembros del partido y actuales figuras internas. Según informó Europa Press, Sánchez señaló que la falta de respuesta y la marcha del líder del pleno refleja una actitud evasiva frente a las acusaciones.

El presidente del Gobierno detalló ante la Cámara Baja que, de acuerdo con información proveniente de excompañeros del líder de Vox, han salido a la luz movimientos internos que desvelan una gestión poco transparente. En referencia a las declaraciones del diputado Javier Ortega Smith, Sánchez mencionó que este exsecretario general señaló que Abascal logró convertir el partido en su “gallina de los huevos de oro” y consideró que su destitución estuvo relacionada con su negativa a participar en determinadas prácticas. Sánchez preguntó públicamente a qué “comportamientos” se estaría refiriendo Ortega Smith, dado que estos podrían arrojar nuevas implicaciones para la dirección del partido.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo también hizo alusión a los comentarios de Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, quien denunció que el partido se ha transformado en una red de gestión económica con escasa claridad en sus cuentas, de acuerdo con lo que reportó Europa Press. A ello sumó la denuncia de Juan García Gallardo, antiguo vicepresidente de Castilla y León, quien acusó directamente a Abascal de recibir ingresos de manera presuntamente ilegal, preocupándose por la sostenibilidad interna del partido y sugiriendo que “a este paso solo quedará su plan de pensiones”.

Sánchez aseguró ante los diputados que, según información filtrada desde el propio entorno de Vox, Abascal habría desviado supuestamente 2,5 millones de euros provenientes de la Fundación Disenso a sus cuentas personales. Dicha fundación está vinculada con actividades afines al ideario del partido. El presidente argumentó que la ausencia de Abascal en el Parlamento podría estar relacionada con la gravedad de estas acusaciones, afirmando que esa posición lo deja en evidencia ante los señalamientos por posibles prácticas irregulares.

En relación con los salarios dentro del partido, Sánchez mencionó que uno de los asesores principales de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio, percibe una remuneración mensual de 27.000 euros, según lo informado por Europa Press. A partir de este dato, el presidente planteó de manera retórica cuál sería entonces el salario del propio Abascal, insinuando que tales cifras no se compadecen con la imagen proyectada por sus líderes. Sánchez afirmó que Abascal no ejerce como un político convencional, sino como un “intermediario”, en referencia a las operaciones financieras que, según las acusaciones, marcan la gestión del partido.

Al profundizar en el contexto legal y financiero de Vox, Sánchez sostuvo que la formación enfrenta actualmente tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas. Estas pesquisas se suman a multas superiores al millón de euros y a operaciones crediticias, como un préstamo de 9,2 millones de euros recibido para las elecciones de 2023 cuyo origen atribuyó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reconocido por su alineamiento con el presidente ruso, Vladímir Putin. Además, Sánchez recordó que, según Europa Press, el 80% del financiamiento de la campaña electoral de 2014 de Vox procedió de fuentes iraníes, lo que añadió una dimensión internacional a los cuestionamientos sobre la financiación del partido.

Durante su intervención, Sánchez ironizó respecto a la ausencia de Abascal en el Congreso y sugirió el cambio de nombre del partido por “Abascal, S.L.”, una expresión dirigida a subrayar su postura crítica sobre el manejo económico de la organización. La oposición se remitió a las risas de la bancada oficialista frente a estas declaraciones, mientras el presidente insistía en que la lealtad de la dirección de Vox se orienta, en su opinión, hacia fines económicos más que ideológicos.

La intervención del jefe del Ejecutivo se inserta en medio de un clima de tensiones políticas sobre la transparencia y la legalidad de las estructuras de financiación partidaria, con un foco particular en las actuaciones de Vox y la proyección pública de su líder. Conforme detalló Europa Press, las acusaciones emitidas durante el pleno no solo involucran la figura de Abascal, sino también la relación del partido con sus asociados, asesores y sus principales fuentes de recursos, acentuando la controversia que actualmente rodea al partido en la esfera parlamentaria y mediática.

La presión para lograr un acuerdo en Extremadura aumentó esta semana, con la perspectiva de que el fracaso en las negociaciones obligue a la repetición de elecciones en caso de no alcanzarse un pacto antes de principios de mayo. Según publicó Europa Press, representantes del Partido Popular (PP) y Vox se reunieron este miércoles en Mérida para avanzar en un posible acuerdo que destrabe la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, en un contexto de negociaciones estancadas desde mediados de marzo.

El encuentro, celebrado en la capital extremeña, marcó la reanudación de los contactos formales tras más de un mes de pausa, periodo en el que las conversaciones se mantuvieron inactivas debido a la campaña electoral en Castilla y León. Según detalló Europa Press, la reunión contó con la presencia en Mérida del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien viajó expresamente a Extremadura ausentándose del Pleno del Congreso que debatía asuntos sobre el conflicto en Irán. Además, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y su secretario general, Abel Bautista, participaron en la negociación, mientras que la diputada y jefa de gabinete Marta Varela lo hizo de manera telemática.

El medio Europa Press reportó que por parte de Vox integraron el equipo negociador Óscar Fernández (portavoz en la Asamblea de Extremadura), Montserrat Lluís (secretaria general adjunta), José María Figaredo (portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización) y Carlos Hernández Quero (portavoz nacional de Vivienda). Las fuentes consultadas señalaron que el objetivo central del encuentro ha sido pactar medidas políticas que ambas formaciones consideran imprescindibles para la conformación del nuevo gobierno autonómico.

Tanto Vox como el PP han confirmado que la negociación se enfocó en aspectos programáticos. Según indicó Europa Press, las conversaciones se centraron en acordar políticas específicas, excluyendo la discusión sobre posibles cargos en la administración, como vicepresidencias o consejerías. Desde Vox aseguraron que este punto —la asignación de puestos— se abordaría sólo después de consensuar el programa político, sus plazos de ejecución y las garantías para su cumplimiento.

La formación liderada en la región por Santiago Abascal estableció que exige medidas como garantizar la seguridad ciudadana, ofrecer vivienda accesible, reducir significativamente los impuestos y destinar preferencia a los españoles en materia sanitaria. Además, buscan eliminar el despilfarro de fondos públicos y adoptar políticas para frenar el despoblamiento juvenil, priorizar la familia en la agenda política, promover la reindustrialización y rechazar acuerdos europeos como Mercosur y el Pacto Verde. Vox también demanda el fin de lo que denomina "adoctrinamiento en las aulas" y la reversión de los pactos sostenidos entre el PP y el PSOE en el ámbito europeo.

Por parte del Partido Popular, Europa Press consignó que la propuesta consiste en establecer un acuerdo sustentado en la coherencia programática, el respeto a la proporcionalidad de los resultados electorales y el compromiso de aprobar cuatro presupuestos consecutivos. Estas bases buscan asegurar tanto estabilidad institucional como la eficiencia en el cumplimiento de las políticas pactadas.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado la necesidad apremiante de alcanzar un acuerdo para desbloquear el gobierno regional. En una entrevista televisiva difundida el martes y citada por Europa Press, Feijóo calificó como muy avanzado el estado de las negociaciones y sugirió que era inaplazable establecer un contacto formal que permitiera la investidura de Guardiola. Remarcó, en ese sentido, que no consideraba razonable que Extremadura permaneciera sin ejecutivo y urgió a las partes a evitar que la ausencia de pacto persistiera hasta el próximo mes de mayo.

La presión temporal se acentúa por la expiración de los plazos legales: el 3 y 4 de mayo son las fechas límite para alcanzar un acuerdo antes de que se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevos comicios. Según indicó Europa Press, tanto en Extremadura como en Aragón esos plazos son inapelables y los populares buscan cerrar el pacto antes del inicio de la campaña para las elecciones en Andalucía, previstas para el 17 de mayo.

La postura de Vox ha sido reiterada por sus líderes en declaraciones recogidas por Europa Press. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, expresó recientemente que el avance de las negociaciones con el PP ocurre "medida a medida", insistiendo en la importancia de discutir las acciones concretas antes que los acuerdos sobre cargos políticos. Añadió que aspiran a que, tras el cierre programático, se aborden los nombres que asumirán responsabilidades en los futuros gobiernos autonómicos, y afirmó: "Reafirmarnos en que nosotros vamos a entrar en esos gobiernos, vamos a protagonizar esos cambios en primera persona".

Durante la semana anterior, Feijóo solicitó a Vox llegar a acuerdos definitivos tanto en Extremadura como en Aragón durante el mes de abril para evitar prórrogas. Según relató Europa Press, el líder del PP ha recomendado a sus delegados evitar declaraciones que puedan aumentar la fricción con el partido alternativo de derechas, resaltando que "no voy a provocar al señor Abascal ni a Vox porque no me parece responsable". Estas afirmaciones buscan apaciguar las tensiones generadas tras publicaciones y declaraciones de exdirigentes de Vox respecto a la financiación del partido y la posible intromisión del propio PP en la difusión de esos contenidos.

Vox, por su parte, ha destacado que su enfoque en la negociación busca resultados tangibles y ciertas garantías en la implementación de sus propuestas. Los portavoces del partido remarcaron ante Europa Press que solo después de alcanzar acuerdos sólidos sobre los contenidos programáticos quedará pendiente la distribución de funciones en el consejo de gobierno.

El desarrollo de las negociaciones ha mantenido a los medios de comunicación expectantes. De acuerdo con Europa Press, tanto Abel Bautista como miembros del equipo negociador de Vox convocaron a las 16:00 horas a los periodistas para ofrecer declaraciones y ampliar detalles sobre la evolución de las conversaciones y los siguientes pasos. La progresiva formación del gobierno en Extremadura depende de la capacidad de ambas formaciones para cerrar cuanto antes un acuerdo programático que permita la investidura de María Guardiola antes del vencimiento del plazo legal, con el objetivo de evitar que la región vaya a nuevas elecciones y permanezca sin ejecutivo.

Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, centró su intervención en la diferencia de financiación entre las ayudas destinadas a menores inmigrantes no acompañados y el importe asignado por plaza en las escuelas infantiles andaluzas. Según Gavira, el Gobierno andaluz concede más de 4.500 euros mensuales por menor inmigrante, mientras que las guarderías reciben una asignación congelada en 240 euros por plaza, a pesar de que el coste real por niño supera los 360 euros. Gavira expuso estos datos al participar en una concentración frente al Parlamento de Andalucía en defensa de la financiación de los centros infantiles.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios como Europa Press, el representante de Vox reiteró que la situación financiera de las escuelas infantiles es, en sus palabras, “insostenible” y denunció que el sector lleva años “abandonado”. Gavira explicó que Vox fue el único grupo parlamentario que trasladó las solicitudes del colectivo de escuelas infantiles de forma constante a la Cámara andaluza y recordó que su formación ha reclamado la actualización de la financiación de estos centros, así como el cumplimiento de los pagos en plazos claros y definidos.

Gavira aseguró a los medios, según informó Europa Press, que si Vox entra en el Gobierno andaluz tras las elecciones del 17 de mayo, su partido garantizará la gratuidad de la educación para el tramo de 0 a 3 años. Añadió que también establecerán “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas para estos servicios. Durante su comparecencia, manifestó que la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, oficialmente actualiza cada año los sueldos del presidente y los consejeros, pero mantiene congelado el precio por plaza destinado a las guarderías desde el año 2020.

El portavoz de Vox subrayó que la medida de gratuidad presentada por el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, no implica una financiación real por parte del Gobierno autonómico, sino que, según las cifras aportadas, las escuelas infantiles siguen asumiendo la diferencia entre el precio fijado y el coste real. El medio Europa Press detalló que Gavira acusó al Ejecutivo regional de entregar recursos “según conveniencias”, priorizando a personas de fuera antes que a los andaluces.

Europa Press consignó que Gavira recordó la reunión mantenida hace un año, el 13 de mayo de 2025, entre Vox y la Plataforma Ticei 0-3 años Andalucía, foro en el cual las escuelas adheridas al Programa de Ayuda a las Familias de la Junta comunicaron la gravedad de su situación. Como resultado de ese encuentro, Vox presentó en el Parlamento andaluz una proposición no de ley orientada a la actualización del precio por plaza, la mejora de la transparencia en los pagos, la modificación del decreto de gratuidad para asegurar el acceso de todos los centros adheridos y la reapertura de un canal de diálogo con el sector, propuesta que fue rechazada en su totalidad por el grupo parlamentario del Partido Popular andaluz.

En línea con la labor parlamentaria, Gavira relató, según el reporte de Europa Press, que Vox volvió a plantear la cuestión en la tramitación de los Presupuestos para 2026, esta vez proponiendo una actualización del precio por plaza ajustada al Índice de Precios al Consumo (IPC) y una calendarización que incluyera pagos en agosto, iniciativas que, según Gavira, también fueron descartadas por el Partido Popular.

Durante su declaración, recogida por Europa Press, Gavira afirmó: “El voto en contra del PP no fue casual ni técnico, se trata de una decisión política consciente de no asumir ningún compromiso real con las escuelas infantiles”. Agregó que el actual gobierno autonómico, dirigente durante seis años, ha desestimado “todas nuestras propuestas para actualizar el precio por plaza y dar seguridad al sector”.

A lo largo de sus intervenciones, Gavira insistió, según Europa Press, en la necesidad de que la Junta de Andalucía asuma, con medidas concretas, la resolución de la crisis financiera que atraviesan las escuelas de educación infantil del territorio andaluz. Resaltó que la ausencia de una respuesta efectiva del Gobierno autonómico, sumada al rechazo sistemático de las iniciativas parlamentarias presentadas por Vox, ha derivado en un escenario que califica de desatención prolongada hacia estos centros educativos. En su mensaje, vinculó este escenario con lo que considera una falta de prioridades a la hora de decidir las políticas de asignación presupuestaria dentro del ámbito educativo y social andaluz.

Ante los medios, Gavira argumentó que los datos demuestran un tratamiento desigual, apuntando que, mientras se atienden otras partidas, las escuelas infantiles siguen afrontando restricciones y dificultades económicas. En diversas ocasiones, Europa Press reportó que Gavira ancló su discurso en la denuncia de este desequilibrio financiero y en la promesa de poner en marcha un sistema de ayudas actualizado y equitativo si su formación logra formar parte de la Junta tras los próximos comicios autonómicos.

El gobierno en Extremadura podría ver la luz en cuestión de días. Tres meses después de celebrarse los comicios, el Partido Popular ha alcanzado un acuerdo preliminar con Vox con las primeras medidas pactadas, según una información adelantada por el diario El País.

Fuentes del partido de Santiago Abascal consultadas por Infobae confirman que la reunión ha tenido lugar esta mañana en Mérida y se ha centrado “exclusivamente” en las medidas políticas a adoptar, “sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica”.

Estas cuestiones, remarcan desde Vox, se abordarán una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político, que deberá incluir un compromiso de plazos y garantías de ejecución. El portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, comparecerá esta tarde para explicar los detalles de la reunión.

El equipo negociador de Vox ha estado formado por el propio Óscar Fernández, Montserrat Lluís, secretaria general adjunta, José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

El equipo de Génova y Bambú negocian a contrarreloj

Por parte del PP, fuentes de la dirección nacional han confirmado a EFE que en la reunión están el secretario general, Miguel Tellado, de manera presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia, así como la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y su secretario general, Abel Bautista.

El propio líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este martes en una entrevista para Antena 3 que el acuerdo “estaba muy cerca” y adelantó que esta semana estaba previsto “un contacto ya más formal” en esa región. María Guardiola ganó las elecciones del pasado mes de diciembre y debe ser investida antes del 3 de mayo si quiere evitar una repetición electoral.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, insistió en que oponerse al bombardeo de escuelas no constituye una cuestión ideológica, sino que es una postura relacionada con principios humanitarios. De acuerdo con el medio de comunicación que publica estas declaraciones, durante el debate parlamentario sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Rufián dirigió duras acusaciones al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su posición respecto a la crisis en Oriente Próximo y su aproximación a la estrategia política de Vox.

Según informó el medio, Rufián manifestó ante el pleno que Feijóo hace “el ridículo” por no oponerse frontalmente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó como “asesino”, ni al ex presidente estadounidense, Donald Trump, a quien tildó de “pedófilo”. Al mismo tiempo, censuró al líder popular por “caer en la trampa de copiar a Vox” al criticar la diplomacia de La Moncloa frente al conflicto en la región.

Durante su intervención, consignó el medio, Rufián también reconoció a Feijóo haber realizado uno de los discursos parlamentarios que más le han sorprendido, aunque agregó que, a su parecer, Feijóo “lo ha estropeado” al alinearse con la ultraderecha. De acuerdo con la información publicada, Rufián recalcó que la imitación a Vox por parte del PP supone, en sus propias palabras, “la verdadera victoria de la ultraderecha”.

Respecto a la postura internacional, el portavoz republicano mencionó a líderes europeos como Emmanuel Macron, presidente de Francia; Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno de Italia; y Friedrich Merz, primer ministro alemán, afirmando que comparten el posicionamiento del Ejecutivo español sobre el conflicto de Oriente Próximo. Según reportó la fuente, Rufián enfatizó que esta convergencia política “no convierte a nadie en sanchista” y subrayó que “estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas, te hace humano”.

En su análisis de la relación entre patriotismo y alineamiento internacional, Rufián señaló, tal como publicó el medio citado, que “estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota”, dirigiéndose tanto a la derecha como a la ultraderecha y al grupo Junts. De acuerdo con la crónica periodística, acusó a estas formaciones políticas de carecer de un proyecto propio y de buscar únicamente oponerse al Gobierno central, declarando que “su único proyecto es hacer y decir lo contrario de lo que hace y dice el Gobierno”.

En la continuación de su intervención, Rufián advirtió al PP que el mayor triunfo para la ultraderecha es que otros partidos adopten sus postulados, no que accedan al poder. Citó expresiones como “lo de ser patriota les viene grande” y acusó a los populares de “vender a su gente” ante las presiones de figuras extranjeras influyentes, según rectificó el medio. Remató su postura señalando: “tanto dinero y tanto esfuerzo invertido en ser los grandes patriotas, y al final un asesino y un pedófilo les ponen en evidencia”.

Sobre la influencia estadounidense en política internacional, Rufián expuso que la narrativa heroica que tradicionalmente se atribuye a Estados Unidos en el cine se desvanece ante la realidad, según palabras reproducidas por el medio: “En las películas, Estados Unidos salva al mundo, pero en realidad estamos viendo que el mundo necesita ser salvado de Estados Unidos”. Añadió que tanto Netanyahu como Trump persiguen intereses económicos en la región; atribuyó al primero la intención de “invadir y apropiarse de todo lo que pueda en Oriente Medio” y al segundo el deseo de dominar recursos como el petróleo, buscando “competir y frenar a China”. Según detalló, no habría motivaciones de libertad, democracia o valores occidentales, sino de “petróleo, dinero y poder”.

Al dirigirse a Pedro Sánchez, consigna la fuente, Rufián reconoció al presidente “visión estratégica” y “un poco de potra estratégica”, pero exigió que el “no a la guerra” se manifieste en iniciativas tangibles, más allá de lemas o declaraciones públicas. Planteó preguntas al presidente del Gobierno sobre si esta vez se frenará el comercio de armas tanto con Israel como con Estados Unidos, si España continuará ejerciendo una política aliada con ambos países, si habrá represión ante protestas contra la guerra y si se defenderán los intereses de países como Cuba.

El portavoz de ERC instó al Ejecutivo a combinar la bajada de impuestos con medidas de intervención en el mercado, advirtiendo, según informó el medio, que limitarse a reducir impuestos sin modificar la estructura del mercado solo beneficia a los dueños de las grandes distribuidoras.

Estas intervenciones reflejaron las recientes tensiones en el Congreso respecto a la política exterior del Gobierno y a las alianzas internacionales, así como las estrategias de los partidos en torno al conflicto en Oriente Próximo y las repercusiones sobre la política nacional.

Las negociaciones autonómicas entre PP y Vox llevan meses acabando en fumata negra. Y en el caso de Extremadura ya suman tres meses de cónclave. El PP se cansa de esperar el sí formal de los Abascal porque no ven razonable que la región “continúe sin Gobierno en la segunda quincena de marzo”. “Ya no tendremos un acuerdo rápido, pero al menos que sea bueno”, llevan mascullando fuentes de Génova 13 en las últimas semanas.

Las prisas son evidentes en el PP porque ni los plazos ni las negociaciones pueden estirarse más. En el caso extremeño, María Guardiola debería ser investida antes del 3 de mayo si quiere evitar una repetición electoral. Por si esto fuera poco, está el peligro de que coincidan en el tiempo con la precampaña andaluza, después de que Juanma Moreno precipitase comicios para este mismo mes de mayo.

Las negociaciones para cerrar gobiernos en Extremadura y Aragón ya habían sido aparcadas por los comicios de Castilla y León. Ambas formaciones confiaban en cerrar el pacto en la ventana de oportunidad que se abría hasta el mes de junio, fecha en la que estaban previstos los comicios andaluces.

Todo parecía ir por buen camino, con PP y Vox llevando las negociaciones desde la máxima discreción para evitar abrir nuevos frentes. El acuerdo programático —el primer paso antes de negociar los asientos— ya se daba por cerrado en Génova. Incluso el propio Feijóo no podía esconder su optimismo: “Extremadura está muy adelantada”, confesó el líder del PP en una entrevista para Antena 3, para después revelar que esta semana estaba previsto “un contacto ya más formal” en esa región.

Vox acusa al PP de provocar el incendio en la calle Bambú

Sin embargo, Vox volvió a lanzar una sombra de duda esta semana, dando a entender que ese acuerdo no estaría tan cerca como prevén los populares. ¿Qué es lo que queda por resolver? El PP desliza que el bloqueo no tendría que ver con un desencuentro programático, sino por la guerra interna de Vox. Vox está tratando de sofocar el incendio que ha provocado el frente abierto entre los afines a Santiago Abascal y sus purgados, que desde hace semanas se libra en el plano político y recientemente se libra en frentes judiciales.

Por el ala de los purgados, el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y el exsecretario general de Vox, Javier Espinosa de los Monteros, están sacando los trapos sucios de Vox, retando a Abascal a revelar qué se hace con el dinero del partido y calificando su deriva ideológica como el “régimen del terror”. El último episocio tiene lugar en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, donde se lleva adelante una investigación por un posible delito de revelación de secretos, originado por filtraciones difundidas en la web OkDiario que afectaron a Iván Espinosa de los Monteros. En este contexto, este jueves comparecieron Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro, dos altos cargos del partido.

Vox trata de fingir normalidad acusando al PP de haber propagado este incendio para beneficiarse electoralmente. “Sánchez podría volver a ganar si el PP se empeña en dañarnos”, acusó Abascal en una entrevista para ABC. Desde el lado popular no están dispuestos a entrar en una escalada de acusaciones porque, señalan fuentes del PP, “no queda tiempo”. “Vamos a hacer oposición a Sánchez. No van a obtener respuesta por nuestra parte”, señalan. “Yo no voy a provocar al señor Abascal ni a Vox, porque no me parece responsable”, sentenció el propio Feijóo.

Feijóo ha asegurado que el PP “hará todo lo posible para que haya gobiernos” en las CCAA pero ha admitido que es una decisión que “corresponde a Vox” porque su partido no tiene mayoría absoluta para que sus presidentes sean investidos. “Y el 4 de mayo, si no hay un presidente en Aragón o una presidenta en Extremadura, hay que repetir las elecciones. Por tanto, el PP está por la estabilidad y por la proporcionalidad en base a los resultados para la conformación de gobiernos en comunidades autónomas”, ha apostillado.

Santiago Abascal, en su intervención en el Pleno del Congreso, afirmó que Pedro Sánchez busca intencionadamente aprovechar situaciones de conflicto internacional y desastres para afianzar sus alianzas políticas y desviar la atención sobre presuntas prácticas corruptas. Según publicó Europa Press, el líder de Vox acusó al jefe del Ejecutivo de utilizar “el ruido de las explosiones” para encubrir situaciones comprometedoras y facilitar acuerdos con sus socios en el Parlamento.

Durante su discurso, Abascal expresó que el presidente del Gobierno se sirve de cualquier desastre, desde guerras hasta pandemias o catástrofes naturales, para consolidar beneficios políticos. “A usted le gusta la guerra porque cualquier desastre lo aprovecha para hacer caja con sus socios y tapar sus corrupciones”, sostuvo Abascal, según consignó Europa Press. El portavoz de Vox subrayó que Sánchez utiliza tanto crisis internacionales como acontecimientos internos para favorecer su posición en el Congreso.

La intervención de Abascal incluyó cuestionamientos sobre la implicación de Sánchez en conflictos en países como Irán o Ucrania. El dirigente de Vox indicó que para el presidente del Gobierno resulta indiferente el lugar del conflicto, ya que, según sus palabras, lo importante es la oportunidad de obtener ventajas políticas. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”, declaró Abascal ante los diputados, según recogió Europa Press.

Abascal insistió en que Sánchez actúa “como los peores belicistas de la historia” y aseguró que el presidente recurre al ruido social y mediático generado por catástrofes para oscurecer las noticias sobre presuntas corruptelas, crímenes y traiciones, así como la situación social y económica de los españoles. Las afirmaciones del líder de Vox llegaron en un contexto de tensión dentro de la Cámara Baja, en medio del debate parlamentario con intervención directa del presidente del Gobierno.

Europa Press detalló que Abascal vinculó estas acusaciones con la estrategia gubernamental para mantenerse en el poder gracias a pactos con distintas fuerzas políticas. El líder de Vox señaló que el presidente socialista “hace caja con sus socios” precisamente en los peores momentos nacionales e internacionales.

El discurso de Abascal profundizó en la crítica a la gestión gubernamental de crisis. Según informó el medio, el jefe de la oposición ultraderechista declaró que las calamidades no resultan casuales en el contexto parlamentario actual, sino que constituyen una herramienta utilizada por Sánchez para reforzar su apoyo en el hemiciclo y camuflar sospechas sobre la integridad del Ejecutivo.

La mención a los desastres incluyó tanto amenazas externas como fenómenos naturales y sanitarios recientes. Abascal se refirió también a pandemias, inundaciones y borrascas, todas ellas citadas como ejemplos de eventos sobre los que, según su óptica, Sánchez busca sacar rédito político, de acuerdo con la cobertura de Europa Press.

Durante la sesión plenaria, según reportó Europa Press, Abascal elevó el tono de su intervención, reiterando que el mandatario socialista estaría priorizando conflictos y calamidades como cortina de humo sobre “la situación a la que ha condenado a los españoles”, en alusión tanto a presuntas irregularidades como a la coyuntura nacional. El Parlamento recogió con tensión las palabras de Abascal, en una jornada marcada por el cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición.

Durante su intervención en el Congreso, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió que la situación actual en Oriente Próximo representa un riesgo aún mayor que el de la guerra de Irak en 2003, aludiendo a que el conflicto con Irán podría desencadenar consecuencias de alcance global y de mayor gravedad, tanto por la capacidad militar del país implicado como por su influencia económica internacional. Según consignó el medio, Sánchez comparó el escenario actual con los episodios pasados que derivaron en devastadores efectos para la población, alertando sobre el impacto que podría generar la escalada bélica en la región.

De acuerdo con la información publicada, Sánchez expuso en la tribuna del Congreso de los Diputados para explicar la postura española frente a la guerra en Oriente Próximo. El mandatario destacó que Irán cuenta con una población mucho mayor que Irak, así como con un peso en la economía mundial cinco veces superior. Sánchez remarcó que "no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak, estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo". El presidente sostuvo que el conflicto que enfrenta la región podría provocar consecuencias internacionales de una magnitud inédita en comparación con la invasión de Irak.

En su intervención, Sánchez se dirigió al Partido Popular (PP) y a Vox, acusando a ambas formaciones de contribuir al conflicto con Irán, ya sea por su respaldo explícito o por su silencio. Según publicó la fuente, Sánchez afirmó que "callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad, sino un acto de cobardía y complicidad". Sánchez insistió en la necesidad de adoptar una postura clara de rechazo a la guerra e hizo hincapié en la responsabilidad política de no repetir los errores del pasado.

El presidente también realizó un paralelismo con la guerra de Irak de 2003, criticando duramente la actuación del entonces presidente José María Aznar. Sánchez le atribuyó una motivación basada en intereses personales y en el deseo de obtener reconocimiento por parte de la administración estadounidense liderada por George W. Bush. En palabras reproducidas por el medio, Sánchez sostuvo que Aznar buscó "sentirse importante" y "que el entonces presidente estadounidense George Bush le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa". Continuó diciendo que "una guerra a cambio de la dignidad de todo un país a cambio de esa foto" fue el saldo final de aquella decisión política.

El mandatario español también señaló las consecuencias de la guerra de Irak, recordando que el conflicto provocó trescientos mil muertos, cinco millones de desplazados y dejó al país en ruinas. Entre los efectos colaterales, Sánchez mencionó el fortalecimiento de organizaciones terroristas como Al Qaeda y el Daesh, así como la ejecución de atentados como el de Madrid en 2004.

El medio detalló que Sánchez considera que actualmente la historia se repite, con los actuales líderes de PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, ocupando el lugar que antes tuvo Aznar, y con el expresidente Donald Trump en el sitio que ocupó George W. Bush. Sánchez advirtió acerca del peligro de minimizar el papel de España y de la Unión Europea en la actual coyuntura internacional, remarcando la necesidad de no avalar ni acompañar intervenciones unilaterales que atenten contra el derecho internacional.

En cuanto a las políticas internas ante la crisis, Sánchez contrastó las medidas adoptadas bajo su Gobierno con las de la administración de Aznar durante la guerra de Irak. Según reportó el medio, el presidente subrayó que "el señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal, cero reformas, cero ayudas". Sánchez añadió: "Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el boletín oficial del Estado como para preocuparse por la ciudadanía". Además, anticipó que en el Pleno del Congreso escucharían nuevamente propuestas de rebajas fiscales por parte de los partidos de la oposición a las que calificó de desajustadas al contexto actual.

Durante su discurso, el presidente español calificó la guerra en Oriente Próximo como "ilegal" y "absurda", y criticó que este tipo de conflictos alejan a los países afectados de sus metas económicas, sociales y medioambientales. Sánchez manifestó la posición del Gobierno exigendo el fin inmediato de la guerra y reafirmó el compromiso con la legalidad internacional, el rechazo a los errores del pasado y la defensa de la democracia frente a lo que consideró motivaciones de codicia y cálculo político.

Tal como publicó la fuente, Sánchez concluyó su intervención reafirmando el rechazo de su Ejecutivo a la guerra, defendiendo la necesidad de impedir una escalada mayor en la región y recibiendo el respaldo de la bancada socialista en el Parlamento.

Ángel Víctor Torres, al ser preguntado sobre quién podría remplazar a María Jesús Montero tras su salida del Gobierno, indicó que existen perfiles con experiencia política capaces de asumir el liderazgo en las áreas de Economía y Hacienda. El medio Europa Press reportó que, en una entrevista en el programa ‘La Noche en 24 horas’, Torres también planteó la posibilidad de fusionar ambas carteras ministeriales, una propuesta que surge en el contexto de los recientes cambios provocados por el avance electoral en Andalucía.

Según manifestó Torres durante la conversación recogida por Europa Press, la decisión final sobre el futuro de las áreas económicas del Ejecutivo corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática evitó compartir cuál sería su intuición sobre quién sería el sucesor o sucesora de Montero, señalando que teme pronunciarse por la posibilidad de que la opción sugerida finalmente no se concrete. Torres remarcó que desconoce los planes que Sánchez tiene para resolver la crisis de Gobierno generada tras la decisión de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, de adelantar las elecciones autonómicas.

En relación con las carteras ministeriales, Europa Press detalla que distintas informaciones han señalado la opción de una unión de Hacienda y Economía, lo que supondría que el ministro Carlos Cuerpo asumiría la responsabilidad de ambas áreas durante el periodo restante de legislatura, que abarca aproximadamente un año y medio. Torres aclaró que, más allá de los distintos escenarios que se manejan, corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo tomar la decisión definitiva sobre los cambios.

A lo largo de la entrevista, Torres abordó también el tema de la relación entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el ministro afirmó que la relación entre ambos miembros del Gobierno es buena, aunque reconoció que pueden surgir diferencias debido a que pertenecen a formaciones políticas distintas. Esta declaración ocurre tras las objeciones señaladas por el Consejo de Estado respecto al registro horario, que originaron un nuevo encuentro entre ambos cargos.

El ministro de Memoria Democrática también se refirió a los debates que rodean la memoria histórica en el contexto internacional. Europa Press consignó que, ante el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina y las desapariciones forzadas durante la dictadura militar, Torres expresó la seguridad de que Vox actuará, según sus palabras, “exactamente lo mismo que está haciendo el presidente argentino, Javier Milei”, y cuestionará la cifra de los 30.000 desaparecidos en España durante la Guerra Civil. Torres aseguró: “Indudablemente sí, estoy absolutamente convencido”.

Las declaraciones de Torres adquieren especial relevancia en un momento de incertidumbre sobre la composición del Ejecutivo y la posible reestructuración de áreas clave como Hacienda y Economía, además de la atención que suscitan los debates internos en el Gobierno y las posiciones sobre memoria democrática en el escenario político. El desarrollo de estos acontecimientos dependerá, según detalló Europa Press, de las decisiones que adopte Pedro Sánchez en respuesta a la situación política generada en Andalucía y a las necesidades del Ejecutivo en la etapa final de la legislatura.

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados rechazó la proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP) y respaldada únicamente por Vox, cuyo objetivo consistía en que el Gobierno español promoviese la condena internacional del régimen cubano y denunciase las violaciones a los derechos humanos en la isla. De acuerdo con la información recogida por el medio, la propuesta sumó 17 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, lo que provocó que no prosperara en la comisión parlamentaria.

Tal como indicó el medio, la iniciativa planteada por el PP buscaba instar al Ejecutivo a que en "todos los foros de los que España forma parte" se impulsara una condena unánime al gobierno cubano, haciendo especial hincapié en la represión que sufren las mujeres en el país caribeño. Durante el debate, la diputada popular Silvia Franco sostuvo que “Cuba no es ningún mito revolucionario, es una dictadura opresora, la más longeva de América Latina, un régimen que ha eliminado el pluralismo político, que reprime sistemáticamente la disidencia y que ha condenado con su modelo económico fracasado a generaciones de cubanos a la escasez, a la pobreza estructural y a la migración forzosa”, según detalló el medio.

Franco argumentó que la iniciativa también pretendía demostrar “la capacidad del Congreso de los Diputados para llamar dictadura a una dictadura y víctima a una víctima”, además de denunciar la persecución que padecen las mujeres en la isla. Reclamó coherencia al Gobierno y cuestionó que no se puede “hablar de feminismo en Madrid” y “mirar hacia otro lado” cuando “las mujeres golpeadas, difamadas, llevan la bandera cubana”. Según publicó la fuente, esta intervención formó parte de la defensa de la postura del PP que, finalmente, quedó aislado junto a Vox en la votación.

Desde el PSOE, el diputado David Serrada respondió al PP señalando que al principal partido de la oposición, “le importa entre poco y nada la situación de los Derechos Humanos en Cuba”, y afirmó que la intención real del PP era condicionar posicionamientos políticos en torno a la situación de la isla, relató el medio. Serrada indicó: “Por supuesto que nos preocupa la situación en Cuba, por supuesto que defendemos los Derechos Humanos y de manera muy especial los derechos de las mujeres en cualquier lugar del mundo”. Rechazó que su partido utilice los derechos humanos como “arma arrojadiza o coartada política”, sostuvo que la propuesta del PP resultaba vacía y criticó que no incluía ninguna medida nueva ni mecanismos eficaces para mejorar la situación de los ciudadanos cubanos.

Por parte de Sumar, el portavoz Francisco Sierra Caballero criticó la posición del PP y acusó tanto a este partido como a Vox de alinearse con “el tirano de la Casa Blanca”. Según reportó la fuente, Sierra alertó sobre la necesidad de denunciar las amenazas de Estados Unidos contra Cuba, citando el agravamiento de la situación humanitaria en la isla a raíz del “bloqueo energético y el asedio petrolero” que se habrían traducido en apagones masivos.

El debate también incluyó referencias a la presencia de Pablo Iglesias en Cuba. Silvia Franco y Francisco José Alcaraz, portavoz de Vox, cuestionaron el viaje de una flotilla de solidaridad integrada por Iglesias y otras figuras. Franco calificó de incongruente que la izquierda española se refiera al gobierno cubano como un “faro moral” y señaló que sus miembros organizan misiones humanitarias desde hoteles de lujo, pero no dedican tiempo, dijo, a denunciar la represión ejercida, recoge el medio. Alcaraz, por su parte, mencionó que Iglesias se aloja en hoteles donde el costo diario equivale al sueldo de dos años de un cubano y denunció que quienes participan en esa flotilla se han reunido “con los opresores, con los dictadores”, según divulgó la fuente original. Las declaraciones de Iglesias incluyeron imágenes con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, difundidas a través de redes sociales, lo que fue objeto de nuevas críticas por parte de los portavoces del PP y Vox.

El rechazo a la proposición del PP por parte de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar mostró la división entre las posiciones políticas respecto a la política exterior española sobre Cuba, la valoración de la situación de los derechos humanos en la isla y la postura ante las acciones del Gobierno de Estados Unidos y su embargo. El medio indica que los partidos en la comisión esgrimieron diferentes argumentos para justificar sus votos, desde la necesidad de medidas eficaces para mejorar la situación de la población cubana hasta la interpretación de la iniciativa como un uso político de la cuestión cubana.

La votación cerró con el resultado adverso para el PP y Vox, que no lograron recabar apoyos suficientes para que el Congreso inste al Gobierno a liderar una condena internacional contra el régimen cubano y denuncie, especialmente, la represión hacia las mujeres. El debate también subrayó la utilización de la situación en Cuba como elemento de confrontación política interna, según reflejó la cobertura del medio.

Ester Muñoz hizo hincapié en que el calendario electoral deja poco margen para maniobras que frenen la formación de gobiernos en Extremadura y Aragón, pues el plazo máximo para investir presidenta a María Guardiola y presidente a Jorge Azcón se vence el 3 y 4 de mayo, respectivamente. Según informó el medio, si en esas fechas no se alcanza un acuerdo, las Cortes de ambas comunidades se disolverán y los votantes tendrán que acudir nuevamente a las urnas.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso sostuvo en rueda de prensa que espera cerrar acuerdos con Vox en estos territorios antes de que expiren dichos plazos. De acuerdo con lo detallado por el medio, Muñoz manifestó que no percibe interés en Vox para provocar una repetición electoral en Extremadura y Aragón, ya que, según sus palabras, "eso es ir en contra de lo que piden los votantes de centroderecha de este partido".

En el Congreso de los Diputados, después de la Junta de Portavoces, Muñoz recordó que en Castilla y León, cuando se celebraron elecciones autonómicas el 15 de marzo, Vox optó por interrumpir las negociaciones debido a que existía un plazo más largo para formar gobierno. No obstante, según reportó el medio, ahora en Extremadura y Aragón el tiempo apremia y la celebración previa de elecciones en Andalucía, previstas para el 17 de mayo, no influirá en los acuerdos, dadas las fechas límite más próximas en las otras dos regiones.

Muñoz subrayó que, desde su perspectiva, existe una mayoría social que demanda la formación de gobiernos de centroderecha en estas autonomías como contrapeso al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Hay una gran mayoría de españoles que quiere un gobierno de derechas que sean acicate contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y no quieren gobiernos de izquierdas en sus comunidades autónomas", declaró la portavoz, según consignó el medio.

Durante su intervención, también insistió en que las prioridades nacionales deben prevalecer sobre las estrategias particulares de los partidos. "Por encima de los intereses personales de cada persona, por encima de los intereses de Vox o del Partido Popular, está España. Están los españoles". Añadió que si Vox coincide con este planteamiento, no tendría razones para bloquear la formación de gobiernos alternativos de centroderecha en aquellas comunidades autónomas.

El medio detalló que una suspensión en la investidura de los presidentes designados en Extremadura y Aragón derivaría en una nueva convocatoria electoral en ambos territorios. Por ello, las declaraciones de Muñoz hacen referencia a la necesidad de evitar un escenario de repetición electoral, ante el deseo mayoritario expresado en las últimas elecciones por los votantes de centroderecha.

Las palabras de la portavoz popular reflejan la estrategia del Partido Popular para presionar una resolución rápida en las negociaciones con Vox, reforzada por la advertencia de que la falta de acuerdo dejaría la decisión en manos de los ciudadanos, quienes fueron quienes impulsaron el cambio en las urnas, según se desprende de la información publicada.

Durante su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, el presidente de Adif, Pedro Marco, expuso documentación y argumentos detallados sobre los acontecimientos posteriores al accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, ante preguntas señaladas por distintos grupos parlamentarios acerca de la gestión de pruebas y de la investigación abierta. Según informó el medio que cubrió la sesión, Marco respondió especialmente a las dudas y acusaciones formuladas por representantes del Partido Popular y Vox, quienes desplegaron una serie de informaciones publicadas en medios en las últimas semanas, con especial atención sobre las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de investigación.

De acuerdo con estos reportes, Marco calificó como “infamias” los rumores y versiones que apuntaban a una supuesta manipulación o destrucción de pruebas, o a la obstrucción de la acción judicial por parte de la entidad ferroviaria. Tal como publicó la fuente, el responsable de Adif subrayó con rotundidad que “ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido la justicia, ni hemos alterado pruebas, ni hemos ignorado las advertencias de los maquinistas, ni estamos terriblemente tensos porque estemos investigados por los fondos europeos”.

En relación con los señalamientos sobre alteraciones en documentos e informes internos realizados después del accidente, el presidente de Adif detalló, según consignó el medio, que la empresa de ingeniería Ayesa, responsable de las inspecciones de las soldaduras del tramo afectado, procedió únicamente a emitir una fe de erratas para corregir el orden de una secuencia de códigos QR, sin modificar el contenido de la información técnica previa. Marco enfatizó que esta actualización documental en ningún caso afectó el fondo de los informes originales.

Respecto a la manipulación de pruebas materiales o la recogida de elementos sin cumplir los procedimientos judiciales establecidos, Marco argumentó ante el Congreso, según reportó el medio, que “es una infamia el decir que Adif ha recogido pruebas y las ha ocultado”. Según subrayó, tanto la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como la Guardia Civil ya habían concluido su labor de recogida de evidencias en el tramo afectado antes de que Adif procediera a retirar objetos a más de 130 metros del epicentro del accidente. Todos los elementos retirados, explicó Marco, fueron debidamente documentados y puestos posteriormente a disposición de la investigación abierta.

Sobre la naturaleza y alcance de las advertencias recibidas desde el colectivo de maquinistas, el presidente de Adif precisó, según publicó el medio, que las recomendaciones se centraban en cuestiones de confortabilidad y fiabilidad, y no señalaban deficiencias vinculadas a la seguridad operacional de la vía. Según Marco, estas advertencias sugerían una reducción general de la velocidad a 250 kilómetros por hora en toda la red ferroviaria, aunque en el caso de la línea Madrid-Barcelona, el tráfico ya circulaba, en su mayoría, a esa velocidad o por debajo de ella.

El debate parlamentario también abordó la hipótesis acerca de una posible rotura previa del carril implicado en el accidente. Pedro Marco reconoció ante la comisión, según indicaron los medios, la existencia de datos que podrían inducir a tal sospecha, pero negó categóricamente que se haya podido determinar este extremo. El presidente de Adif explicó que, entre la documentación entregada, figuraba una variación de voltaje en el circuito de vía que descendió aproximadamente de 2,2 a 1,5 voltios —el umbral para identificar la ocupación del circuito se sitúa en 1 voltio—. Según especificó, este circuito abarca 756 metros, y cualquier objeto metálico desprendido por el paso del tren, o incluso una piedra de balasto movida, podría provocar esa alteración en el voltaje.

Marco puntualizó que, aunque en un alto porcentaje los casos de roturas de carril suelen reflejarse como ocupaciones en el circuito de vía, ese procedimiento no está diseñado específicamente para identificar una rotura, sino para determinar el posicionamiento de los trenes. Por ello, sentenció: “Decir que la vía estaba rota es mentira. Nadie puede determinarlo. Hay una incidencia que puede ser coincidente”.

La comparecencia se organizó a propuesta del propio presidente de Adif para responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios en torno a las informaciones difundidas tras el accidente ferroviario de Adamuz y para aclarar los procedimientos internos aplicados, la gestión de las alertas técnicas previas, la eliminación de supuestas dudas sobre la gestión de evidencias y la naturaleza de las investigaciones paralelas que analizan el uso de fondos europeos en la empresa pública.

Según detalló el medio, el enfrentamiento entre Marco y representantes de la oposición intensificó el debate sobre la transparencia en la investigación del accidente, exponiendo discrepancias sobre la interpretación de los documentos técnicos, la interpretación de las advertencias procedentes de los profesionales ferroviarios y el manejo público de la información relativa a posibles causas y condiciones de la infraestructura implicada. El presidente de Adif reiteró la disposición de la entidad a ofrecer toda la documentación y registros requeridos por las investigaciones en marcha.

El desarrollo de la sesión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible ofreció espacio tanto a la defensa institucional expresada por Marco como a la exposición, por parte de distintos representantes parlamentarios, de los cuestionamientos públicos que surgieron en los dos meses posteriores al accidente de Adamuz, especialmente aquellos que circularon a través de informaciones periodísticas no confirmadas o desmentidas por la empresa pública ferroviaria.

Según publicó el medio de comunicación, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, advirtió que el Senado había respaldado la enmienda propuesta por su grupo con el apoyo de Vox y Junts, lo que anticipaba un resultado favorable en el Congreso. Muñoz expuso que el Gobierno, consciente de esta votación probable, decidió vetar la enmienda de manera "ilegal" para evitar su aprobación. La noticia principal radica en la denuncia planteada por el PP, que acusa al Ejecutivo de emplear argumentos presupuestarios que considera insuficientes para bloquear la tramitación de una iniciativa legal destinada a limitar la regularización de inmigrantes, y anuncia que recurrirá a acciones legales por presunta falta de transparencia y abuso de poder.

De acuerdo con la información aportada por el medio, el Partido Popular calificó este martes de "ilegal" la decisión del Gobierno de vetar la tramitación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia. Esta normativa pretendía modificar el actual proceso de regularización de inmigrantes a través de un mayor control de antecedentes penales. El Ejecutivo basó su veto en la afirmación de que esta enmienda exigía la contratación de 400 funcionarios adicionales en el área de Extranjería, lo que se traduciría en un gasto extra de 16,8 millones de euros.

La Constitución española concede al Gobierno la potestad de vetar iniciativas legislativas que impliquen un aumento del gasto presupuestario o una disminución de los ingresos del Estado. Sin embargo, el medio detalló que estos vetos deben estar debidamente justificados y recibir el visto bueno de la Mesa del Congreso, órgano donde PSOE y Sumar alcanzan mayoría absoluta. La parlamentaria del PP, Ester Muñoz, insistió en que la posición del Ejecutivo se fundamenta en “motivos presupuestarios”, aunque cuestionó la solidez de estos motivos argumentando que hace tres años no hay unos presupuestos generales nuevos aprobados y que el propio Gobierno declaró que la regularización "masiva" que implementa no tendría impacto ni en las cuentas públicas ni en los servicios públicos.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Muñoz defendió que la medida vetada buscaba, entre otros objetivos, que España no se transformara en "un coladero de delincuentes", al tiempo que aseguraba ajustarse a la normativa europea vigente. Según informó el medio, la portavoz del PP expuso que el Gobierno, aun siendo minoría en el Congreso y conocedor de la probabilidad de que la enmienda fuera aprobada, la paralizó unilateralmente. Muñoz apuntó: “Estamos maniatados frente a un Gobierno que es una mafia”, dando cuenta de la escalada de tensión política entre la bancada popular y el Ejecutivo.

La jefa parlamentaria del PP anunció, de acuerdo con lo consignado, que su grupo recurrirá la decisión ante la Mesa del Congreso, y no descartó que el Senado —donde los populares cuentan con mayoría absoluta— formule un nuevo conflicto de atribuciones. El medio señaló que el argumento utilizado por el Gobierno para justificar el veto, relativo al incremento de gasto, choca con la opinión del PP, que interpreta que no existe base suficiente para impedir el debate y la votación de la enmienda.

En el trasfondo de la polémica se encuentra la capacidad del Ejecutivo para frenar iniciativas parlamentarias a través de prerrogativas constitucionales, siempre que haya impacto en el gasto o los ingresos públicos. Según el medio, la controversia no solo involucra la interpretación sobre la suficiencia de las justificaciones presupuestarias, sino también acusa al Gobierno de opacidad y abuso de poder en la gestión de procedimientos legislativos.

Finalmente, la confrontación política quedó evidenciada en los términos de las declaraciones de Muñoz, quien anunció la presentación de acciones legales por considerar que el veto gubernamental atenta contra el correcto funcionamiento democrático en el Congreso. Según publicó el medio, la dirigente remarcó la intención del PP de emplear todos los mecanismos institucionales a su alcance para revertir la decisión y habilitar el debate sobre la enmienda cuyo objetivo es reforzar los controles en los procesos de regularización migratoria.