En relación con el reciente asalto estadounidense que resultó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Leopoldo López manifestó que la incidencia de Estados Unidos en Venezuela representa ahora un factor de peso en los posibles cambios políticos y democráticos del país. Tal como publicó Europa Press, López consideró que la presencia estadounidense crea un contexto diferente en el que la democratización debe estar en la agenda de Washington, no solo en función de los intereses venezolanos, sino también de los propios intereses de integración regional de Estados Unidos. El líder opositor señaló específicamente las visitas oficiales, como la del secretario de Energía Chris Wright, para ilustrar un nuevo tipo de interacción diplomática: “Antes se hablaba de un desembarco militar, pero está habiendo un desembarco de corbatas”, puntualizó López según reportó Europa Press, aludiendo al cambio en la naturaleza del involucramiento extranjero.

La noticia principal radica en que López, fundador de Voluntad Popular y referente de la oposición, expresó apoyo a la apertura de conversaciones con la actual mandataria interina, Delcy Rodríguez. Sin embargo, advirtió públicamente sobre el peligro de que tales negociaciones deriven en “engaños”, dada la experiencia de procesos previos de diálogo que no condujeron a soluciones democráticas efectivas. Europa Press recogió estas declaraciones durante un acto del Madrid Foro Empresarial, donde López aceptó la necesidad de intercambios con el gobierno, pero puso en duda el significado y la eficacia del diálogo, subrayando la urgencia de diseñar una “ruta concreta hacia la democratización”.

López argumentó, según reportó Europa Press, que aunque las conversaciones son necesarias, el término “diálogo” ha perdido valor en el contexto venezolano por los repetidos fracasos asociados a esta vía. El dirigente recordó que “los procesos internacionales se utilizaron para rebajar la tensión”, pero no permitieron “terminar de presionar a una solución del conflicto”. Citó experiencias previas con mediadores noruegos, expresidentes latinoamericanos y la OEA, que en su valoración no alcanzaron los resultados esperados por la oposición y la sociedad venezolana, atribuyendo parte de la falta de avances al escaso acompañamiento de los países del entorno regional.

En medio de la coyuntura actual, con siete formaciones opositoras –entre ellas Unión y Cambio, vinculada a Henrique Capriles– iniciando contactos con el gobierno interino de Rodríguez, Europa Press informó que Voluntad Popular, el propio partido de López, no ha emitido aún un posicionamiento oficial sobre el tema. La necesidad de unidad opositora fue otro eje central en el discurso de López, quien rechazó las apreciaciones sobre fracturas internas y defendió que, pese a la existencia de “ruido” provocado en parte por intentos del oficialismo para dividir y comprar voluntades, los principales partidos han actuado coordinadamente en procesos electorales recientes.

Al referirse a la agenda democrática, López insistió en la importancia de definir un camino que contemple la celebración de elecciones legítimas, la legalización de todos los partidos políticos, el retorno de los exiliados, el restablecimiento de las libertades civiles y la eliminación de mecanismos de censura y restricciones al derecho de reunión. Europa Press recogió sus palabras: “Hay que plantearse cuál es la ruta para celebrar elecciones, nombrar un consejo electoral, legalizar partidos políticos, permitir el regreso de los exiliados, abrir el espacio cívico, cesar la censura y permitir el derecho a reunirse y manifestarse”. El dirigente reiteró que estos puntos esperan encontrar eco en la agenda de Estados Unidos respecto al futuro de Venezuela.

Otro elemento abordado durante la actividad organizada en Madrid fue la ley de amnistía. Según detalló Europa Press, López consideró que la norma propuesta resulta “incompleta”, con múltiples lagunas y procesos que otorgan demasiada discrecionalidad a los tribunales, lo que, a su juicio, impediría una amnistía total como la reclamaba parte de la población. Sostuvo además que la preocupación por la totalidad de la amnistía figura entre las prioridades de Estados Unidos, y remarcó que la presión continuaría hasta la liberación de todos los presos políticos. López puntualizó el caso específico de militares y policías en detención, estimando en más de 500 las personas de este sector todavía privadas de libertad, y subrayó que no se puede dejar de exigir su excarcelación.

El análisis de López también incluyó una crítica al proceso legislativo venezolano actual, señalando que una asamblea “ilegítima”, presidida por Jorge Rodríguez –hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez– encabeza la discusión tanto de la ley de amnistía como de la de hidrocarburos, ambas caracterizadas, en su opinión, por la opacidad y la falta de reglas claras. Afirmó: “Las dos leyes que se están tramitando ahora mismo tienen muchos elementos de opacidad. Una ley es buena cuando es clara en las reglas, cuando todos los que la buscan tienen claridad en cuáles son los procedimientos: ni la ley de hidrocarburos ni la de amnistía tienen esto claro por ahora”. Enfatizó la relevancia de la voluntad política sobre el diseño técnico de las leyes y consideró que, actualmente, ese impulso político proviene más de Washington que de las autoridades de Miraflores.

López transmitió también su intención personal de regresar al país “cuanto antes”, aunque priorizó el retorno de Edmundo González y María Corina Machado, líderes opositores a los que atribuyó disposición total para retornar en cuanto sea viable. Según consignó Europa Press, después de doce años de exilio, López evitó hablar sobre eventuales candidaturas propias y reiteró que las estrategias políticas deben adaptarse a cada convocatoria electoral.

Durante su intervención, el dirigente reiteró la idea de que un proceso electoral democrático requiere cohesión de la oposición, asegurando que esta cuenta con la madurez suficiente para actuar unificada, tanto en comicios presidenciales como legislativos. Recalcó la necesidad de que la hoja de ruta hacia elecciones libres y limpias forme parte de las discusiones fundamentales con los actores internacionales con influencia en la situación venezolana, en particular Estados Unidos.

Europa Press recogió estas intervenciones en un contexto de debate profundo sobre el futuro político de Venezuela, con distintas fuerzas debatiendo cuál es la mejor vía para alcanzar una transición y en el que la experiencia de anteriores negociaciones, sumada a la presión internacional y a nuevas coyunturas producidas por acontecimientos recientes, plantea un escenario dinámico para la oposición y el conjunto del país.

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, confirmó en sus redes sociales la liberación de los reporteros gráficos Julio Balza y Gabriel González, ambos integrantes del equipo de prensa de María Corina Machado, quienes permanecían privados de libertad desde enero y junio de 2024, respectivamente. Según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), la excarcelación de estos comunicadores forma parte de un grupo de al menos 18 trabajadores de la prensa que recuperaron la libertad tras haber sido detenidos en el contexto de las protestas que surgieron en Venezuela después de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.

El medio SNTP detalló a través de sus publicaciones en redes sociales que la mayoría de las detenciones se produjeron durante la cobertura de las manifestaciones posteriores a los comicios. Entre los excarcelados se encuentran también nombres relevantes dentro del sector mediático como el exreportero de Últimas Noticias, Ramón Centeno, quien había sido arrestado en febrero de 2022 mientras investigaba redes de narcotráfico en el país, y Nicmer Evans, exdirector del medio digital Punto de Corte, a quien capturaron durante las protestas recientes. El periodista Luis López también se incluye en la lista de liberados, situación que, de acuerdo con lo reportado por el SNTP, refleja la presión ejercida sobre trabajadores informativos en ejercicio de su labor profesional.

Según publicó el sindicato, otra de las figuras que han regresado a sus hogares es Roland Carreño, reconocido periodista y dirigente del partido opositor Voluntad Popular. Al grupo de excarcelados se suman Rafael García Márvez, presidente de la Asociación de Columnistas del estado Carabobo y articulista de El Carabobeño, así como Leandro Palmar y Salvador Cubillán, desempeñándose como informador y camarógrafo, respectivamente, quienes fueron arrestados durante las protestas en la ciudad de Maracaibo.

SNTP incluyó además en sus comunicaciones al periodista y profesor universitario Carlos Marcano, al periodista Víctor Ugas, a Carlos Julio Rojas y a los trabajadores de Impacto Venezuela Nakary Ramos y su pareja, el camarógrafo Gianni González. La información fue difundida progresivamente; en un primer momento, el sindicato informó sobre la liberación de catorce trabajadores, pero en actualizaciones posteriores se dio a conocer la excarcelación adicional de otras cuatro personas, completando al menos dieciocho casos confirmados hasta la fecha.

Entre los nombres difundidos más recientemente se encuentran Omario Castellanos, el redactor de Punto de Corte Ángel Godoy, Carlos Lesma —director de la emisora Señal 94.9 en el estado Nueva Esparta— y Mario Chávez Cohen. El seguimiento a cada caso permitió al sindicato precisar la evolución del proceso y mantener informada a la opinión pública sobre la situación de los comunicadores detenidos.

El medio SNTP estimaba antes de las liberaciones que veinticuatro periodistas, trabajadores de la comunicación y otros empleados del sector permanecían en cárceles venezolanas bajo detención que el sindicato considera "ilegal y arbitraria". La información aportada por el SNTP da cuenta de la dificultad que enfrentan los trabajadores de la prensa en Venezuela durante escenarios de conflicto político y social.

Las excarcelaciones reconocidas por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y registradas por el SNTP se produjeron tras un contexto de movilizaciones y protestas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Las detenciones, que afectaron a distintos periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y directivos de medios, concentraron la atención de organizaciones defensoras de la libertad de prensa dentro y fuera del país.

El detalle de cada caso difundido por el SNTP permite observar la diversidad de perfiles involucrados: desde miembros de equipos de prensa de figuras políticas opositoras como María Corina Machado hasta profesionales encargados de la cobertura informativa en medios nacionales, regionales y digitales. Entre los liberados se hallan quienes investigaban temáticas delicadas, como el narcotráfico, o quienes desempeñaban funciones de dirección y articulismo en medios relevantes del ámbito local.

El seguimiento público a los casos de privación de libertad de comunicadores ha sido central para la labor del sindicato, que ha insistido a través de plataformas digitales en el carácter "arbitrario e ilegal" de las detenciones. De acuerdo con lo consignado por el SNTP, los comunicadores excarcelados habían sido arrestados en diversos momentos y contextos, con periodos de reclusión que se extendieron por meses e incluso años, como fue el caso de Centeno.

Los registros divulgados revelan la distribución geográfica de los hechos: varias detenciones ocurrieron en el marco de las protestas en distintas ciudades venezolanas, incluidas Caracas y Maracaibo. La implicación de miembros de reconocidos medios nacionales y portales digitales refuerza la preocupación sobre el estado del ejercicio periodístico durante situaciones de tensión política en el país. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y el SNTP mantienen la vigilancia respecto al destino del resto de los comunicadores que permanecen en situación de reclusión en Venezuela, según precisaron ambas entidades en sus actualizaciones.

Julio Balza y Gabriel González, miembros del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado, recuperaron la libertad después de varios meses en prisión, según confirmaron fuentes del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela citadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP). Ambos periodistas figuraban entre los catorce trabajadores de medios excarcelados tras las protestas surgidas en Venezuela luego de las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio de 2024.

El medio de comunicación del SNTP publicó este miércoles que estos catorce reporteros y reporteros gráficos fueron liberados en el contexto de las recientes manifestaciones. Entre los excarcelados se encuentran profesionales con distintos perfiles y trayectorias dentro del periodismo y la comunicación venezolana. Según detalló la organización sindical a través de sus redes sociales, la lista de liberados incluye a Julio Balza, encarcelado desde enero, y Gabriel González, quien permaneció en prisión desde junio de este año. Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, confirmó la información señalando que ambos ya se encuentran fuera de prisión.

Entre los nombres destacados también figura Ramón Centeno, exreportero del diario Últimas Noticias, quien había sido arrestado en febrero de 2022 mientras realizaba una investigación sobre redes de narcotráfico en el país. Centeno había permanecido privado de libertad durante más de dos años en este contexto, reportó el SNTP. A la lista se suma Nicmer Evans, exdirector del medio digital Punto de Corte, y Luis López, periodista que también fue arrestado mientras cubría protestas recientes.

El SNTP informó que el periodista Roland Carreño, también identificado como dirigente del partido opositor Voluntad Popular, fue excarcelado junto a Rafael García Márvez, presidente de la Asociación de Columnistas del estado de Carabobo y articulista del diario El Carabobeño. Entre los detenidos liberados se encuentran además Leandro Palmar y Salvador Cubillán, informador y camarógrafo, respectivamente, arrestados en Maracaibo cuando documentaban protestas.

El sindicato explicó que el periodista y profesor universitario Carlos Marcano fue liberado en esta jornada, junto con Carlos Julio Rojas y la periodista Nakary Ramos, quien trabaja en el portal digital Impacto Venezuela. Ramos fue arrestada junto a su pareja, el camarógrafo Gianni González, quien también fue liberado, expuso el SNTP a través de sus publicaciones informativas.

A pesar de estas excarcelaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa estima que al menos veinticuatro periodistas, comunicadores y otros trabajadores del sector continúan detenidos "ilegal y arbitrariamente" en distintas cárceles del territorio venezolano. Esta cifra evidencia que, aunque algunos profesionales de la prensa han sido excarcelados recientemente, las detenciones persisten dentro del ejercicio periodístico y la cobertura de los hechos políticos y sociales en Venezuela.

El SNTP comenzó a dar seguimiento a los casos desde que se intensificaron las protestas tras las polémicas elecciones presidenciales celebradas a finales de julio. Las detenciones de periodistas y trabajadores de prensa han recibido el seguimiento de organizaciones de derechos humanos, que denuncian restricciones a la libertad de información y documentan las privaciones de libertad de quienes cubren actividades opositoras o investigan temas sensibles, como el narcotráfico.

Las plataformas digitales y redes sociales han sido los principales canales usados por el sindicato y por organizaciones vinculadas a derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, para difundir la información sobre detenciones y excarcelaciones. En este contexto, el SNTP argumenta que la liberación de estos catorce trabajadores de prensa no soluciona la problemática general de la persecución laboral y judicial hacia periodistas en Venezuela.

La situación descrita coincide con una etapa de alta tensión política y social, marcada por protestas masivas y denuncias de irregularidades en el proceso electoral. El monitoreo de detenciones y liberaciones realizado por el SNTP refleja un entorno de permanente riesgo para quienes informan o reportan acontecimientos relacionados con la coyuntura del país.

Varias de las excarcelaciones reportadas incluyen a figuras conocidas en la prensa local, como Rafael García Márvez y Salvador Cubillán, quienes fueron arrestados mientras desempeñaban su labor informativa. Nicmer Evans, por su parte, dirigía un medio digital y fue detenido en el contexto de las protestas antigubernamentales que siguieron a los comicios.

El caso de Ramón Centeno, privado de libertad desde que investigaba el narcotráfico en febrero de 2022, también evidencia los riesgos específicos de cubrir temas considerados sensibles dentro del país, según la recopilación de datos compartida por el sindicato. En los informes publicados, el SNTP reiteró su exigencia de libertad para los periodistas y trabajadores de prensa que permanecen bajo arresto, insistiendo en que su reclusión resulta contraria a las normas nacionales e internacionales sobre libertad de información.

Las redes sociales han servido a las familias, colegas y organizaciones para ejercer presión y visibilizar el reclamo por la liberación de comunicadores, lo que permitió, según el SNTP, la revisión de algunos expedientes y la excarcelación de estos catorce trabajadores. No obstante, la organización sindical reiteró su preocupación por la persistencia de detenciones que considera "ilegales y arbitrarias" debido a su carácter vinculado al ejercicio de la profesión periodística.

De acuerdo con las últimas publicaciones del SNTP, estos procesos de excarcelación incluyen tanto a trabajadores de medios tradicionales como digitales, abarcando distintas regiones del país. Entre los liberados figuran periodistas con experiencia en diarios impresos, portales web, emisoras radiales y equipos de comunicación de políticos de la oposición.

Las organizaciones de derechos humanos y el propio SNTP han señalado en repetidas ocasiones la importancia de garantizar condiciones de seguridad y respeto al trabajo periodístico, subrayando que la detención de reporteros y comunicadores impacta de manera directa en el derecho de la sociedad a la información. Mientras tanto, las protestas y las demandas de libertad para los comunicadores detenidos continúan en la agenda de debate público en Venezuela, según la información recopilada y difundida por el sindicato y el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Luisa Trujillo, representante en Barcelona del movimiento Vente Venezuela, expresó durante la jornada el objetivo central de la concentración: celebrar “la primera fase de la libertad por la cual hemos luchado 26 años”, aludiendo a los recientes acontecimientos políticos vinculados a Venezuela. Trujillo remarcó ante los medios que su expectativa se centra ahora en “la segunda fase del proceso de transición”, y señaló que “la estructura del chavismo todavía sigue en pie”. El foco inmediato, según sus declaraciones recogidas por los periodistas presentes, recae en lograr “la estabilización civil para reforzar las elecciones que ganó María Corina Machado y Edmundo González” el pasado 28 de julio de 2024. Esta intervención ejemplifica el sentir predominante entre los convocados y da contexto a la protesta ocurrida en la capital catalana.

De acuerdo con lo publicado por medios locales y recogido por el medio que difundió la convocatoria, cerca de mil personas se congregaron la tarde del domingo en las inmediaciones del Arc de Triomf, en Barcelona. El motivo que unió a organizaciones y particulares fue rechazar el actual Gobierno de Venezuela y respaldar la aprehensión de su presidente, Nicolás Maduro, realizada en Estados Unidos, según informaron los organizadores y reportó la fuente original. La marcha y concentración contaron con la convocatoria formal de diversos colectivos opositores venezolanos, como Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza.

En un comunicado conjunto, los organizadores puntualizaron que el respaldo a la detención de Maduro y de su esposa representa, bajo su óptica, una oportunidad para “la restitución del orden democrático y el fin de la represión” en Venezuela. La declaración, recogida por el medio informante, atribuye especial relevancia a la acción internacional, considerándola un paso inicial hacia la apertura de una etapa de transición política en el país sudamericano.

Entre las demandas expresadas en la concentración destacó el llamado a “pleno respeto” a los resultados electorales en los que el pueblo venezolano, según los convocantes, eligió a Edmundo González Urrutia como presidente con 7.443.584 votos, lo que representa una cifra del 67% del electorado. Dichos datos y demandas fueron divulgados durante la manifestación y reproducidos por el medio citado, subrayando la dimensión y alcance que, a juicio de los participantes, tuvieron los comicios más recientes.

A las consignas en respaldo a la acción internacional y a la exigencia de reconocimiento de los resultados electorales se sumó la petición de liberar a “todos los presos políticos (863) civiles y militares”. Esta cifra, mencionada en el comunicado expuesto por los organizadores, aspira a confirmar el compromiso con los derechos humanos y el fin de las detenciones que consideran motivadas por razones políticas.

Según detalló la cobertura realizada por el citado medio, los manifestantes insistieron en la necesidad de asegurar una transición que contemple el respeto a la institucionalidad, la paz y los derechos humanos. Para los líderes de la convocatoria, dicha transición debe garantizar una salida ordenada de la crisis política y social que señalan vive Venezuela, recalcando que el proceso de cambio democrático debe quedar blindado frente a episodios de violencia o arbitrariedades institucionales.

El acto de protesta fue concluido con declaraciones como las de Trujillo, quien reiteró ante los periodistas que la movilización en Barcelona forma parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la consolidación de una nueva etapa política en Venezuela. Los organizadores recalcaron que confían en el respaldo internacional para sostener el proceso abierto con la reciente captura y para reafirmar la legitimidad electoral, haciendo eco de los resultados y demandando el reconocimiento efectivo por parte de la comunidad de naciones.

El seguimiento del evento por el citado medio detalla cómo la concentración desplegó diversas pancartas y consignas exigiendo garantías para todos los ciudadanos venezolanos, así como reiteradas llamados a la acción y vigilancia democrática por parte de los gobiernos extranjeros e instituciones internacionales. La concentración reflejó el anhelo de los asistentes por una transición política que consideran pendiente en Venezuela, así como el reclamo por el cese de la represión y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, elementos presentes tanto en los comunicados como en las declaraciones recogidas durante la manifestación.

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este miércoles que Macario González, miembro de su dirección nacional y ex alcalde de Barquisimeto —capital del estado Lara, en el occidente del país—, lleva dos meses detenido “sin acceso a sus familiares ni abogados”, y sin que las autoridades informen dónde se encuentra preso. A través de X, VP afirmó que a González se le están “violando sus derechos humanos” y que su situación constituye, desde hace dos meses, una “desaparición forzada”.

La organización subrayó que “Macario no ha cometido ningún delito. Solo es un docente que ha dedicado su vida a servir a Venezuela como exalcalde”, y advirtió que la vida del dirigente político corre peligro: “Sigue en riesgo, ya que es un adulto mayor de 73 años que sufre de hipertensión”.

Del mismo modo, VP denunció que su activista Luis Somaza —detenido el pasado 12 de febrero— permanece “aislado en una celda pequeña”. La formación alertó que Somaza sufre “hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica y dolorosa de la piel que produce nódulos que supuran sangre y pus bajo la piel”, lo que agrava su estado dentro del aislamiento.

VP exigió la liberación de González, de Somaza y de todos los presos políticos, cuyo número asciende a 884, según cifras de la ONG Foro Penal. No obstante, la dictadura de Venezuela sostiene que el país está “libre de presos políticos” y que las personas señaladas como tales se encuentran encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón informó este sábado que ha recibido denuncias sobre “castigos, suspensión de visitas y maltratos” contra los presos políticos recluidos en cárceles de Venezuela. En un comunicado difundido en X, la organización explicó que los familiares de los detenidos alertaron sobre una serie de abusos que incluyen “golpes, restricción de alimentos y trato humillante”.

La ONG agregó que, “como defensores de derechos humanos, acompañamos a las familias en su preocupación y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos”.

Las denuncias de partidos opositores y organizaciones de derechos humanos reflejan un panorama de creciente preocupación sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Mientras la dictadura insiste en negar la existencia de detenciones por motivos políticos, las familias, activistas y defensores continúan exigiendo garantías básicas, transparencia y la liberación de quienes consideran injustamente encarcelados.

(Con información de EFE)

El Ministerio del Interior del régimen de Venezuela confirmó este fin de semana haber solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la retirada de la nacionalidad venezolana al opositor Yon Goicoechea tras sus llamamientos a una intervención militar extranjera. La decisión, parte de una serie de acciones administrativas y judiciales, apunta a líderes opositores que han instado públicamente al apoyo de fuerzas foráneas para intervenir en el país sudamericano. Estas medidas contemplan la eliminación de todos los documentos de identificación de Goicoechea como ciudadano venezolano, según comunicó el Ministerio.

El comunicado del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, citado por diversos medios nacionales, fundamenta la solicitud en el “llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios y funcionarias de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como el asesinato masivo de venezolanos y venezolanas que integran movimientos y organizaciones del Poder Popular”. En el texto, se resalta el deber de honrar a la patria y proteger la soberanía e integridad territorial de Venezuela.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela procederán con los trámites para anular toda documentación de Goicoechea como nacional de este país, en lo que se convierte en la nueva modalidad de acoso y persecución contra la disidencia del país incluso cuando se encuentran en el exilio.

Yon Goicoechea, quien reside en España desde 2020 y tiene nacionalidad española, reaccionó previamente en sus redes sociales: “No me dejan ir a Venezuela porque voy preso. No me dan documentos venezolanos desde hace años. ¿Qué me van a quitar? ¿Mi sentimiento? ¿Haber nacido en Venezuela? No tienen poder para eso”. Respondía así a un mensaje publicado en X por el opositor Luis Ratti, quien afirmó: “Yon Goicoechea y Lester Toledo hoy ingresan formalmente a la lista para que ya no tengan ninguna relación legal como venezolanos, ¡pasan a ser ex venezolanos!”

“Ellos no tienen ese poder, no lo tienen moralmente, no lo tienen legalmente. Yo soy venezolano, he dedicado mi vida a Venezuela y eso no me lo va a quitar nadie”, dijo el antichavista a la agencia EFE. El dirigente de Voluntad Popular insistió en su petición de “ayuda internacional”: “No tengo ningún complejo en pedir a la comunidad internacional, y específicamente a Estados Unidos, su apoyo político, diplomático y militar para derrotar a las personas que están oprimiendo a los venezolanos. Y me ratifico en la solicitud de intervención militar en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder, porque solo de esa manera creo que podremos empezar a reconstruir el país (...) No tengo miedo”.

Este procedimiento contra Goicoechea se suma a una solicitud previa de revocatoria de nacionalidad a Leopoldo López, cuyo pasaporte fue retirado de inmediato mientras permanece exiliado en España. López, referente opositor, ha defendido abiertamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela, calificando como “absolutamente legítima” la acción ante el “golpe de Estado” que, a su juicio, ejecutó Maduro en las elecciones de julio de 2024.

El pasado miércoles, el dictador Nicolás Maduro informó sobre la petición al TSJ de un análisis constitucional para retirar la nacionalidad a quienes, según el Gobierno, colaboren con fuerzas extranjeras para una invasión. La vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, también anunció la anulación del pasaporte de Leopoldo López tras acusarlo de incitar a la invasión militar y de cooperar con gobiernos extranjeros para promover el bloqueo económico y la violencia en el país.

En un comunicado divulgado, el partido afirmó: “Voluntad Popular, fiel a su misión de luchar por la libertad y la democracia en Venezuela, manifiesta su respaldo a las acciones lideradas por los Estados Unidos y acompañadas por la comunidad internacional, para enfrentar al Cartel de los Soles”.

Según la agrupación, esta “organización criminal” no representa una estructura paralela, “sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país”.

La formación también aplaudió el reconocimiento del Cartel de los Soles como “organización terrorista” por parte de países como Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Ecuador.

Voluntad Popular atribuye la causa de la actual crisis al “golpe de Estado perpetrado por Maduro durante las elecciones fraudulentas del 28 de julio (de 2024) y en su decisión de sostener un aparato criminal que representa una gran amenaza en la región”.

También subrayó la importancia de “redoblar la presión política, económica y diplomática para acelerar la transición hacia un país libre, con instituciones legítimas y respeto a los derechos humanos”.

El partido hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos parlamentarios y actores democráticos para “no legitimar un régimen que opera como una estructura de crimen organizado. Esta acción no es contra Venezuela, es contra una organización criminal”.

Por su parte, la Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y ha fijado una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura, algo que el régimen de Caracas niega.

El viernes, Trump anunció que el Ejército estadounidense realizó un nuevo ataque “letal” contra un “barco afiliado a una organización terrorista”, informando la muerte de tres presuntos narcotraficantes. Según publicó en Truth Social, “la inteligencia” indicó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos hacia Estados Unidos.

Con este hecho, Estados Unidos ha sumado cuatro embarcaciones ligadas al narcotráfico hundidas en el sur del Caribe, cerca de costas venezolanas desde agosto, en el contexto del aumento militar en aguas internacionales con el argumento de combatir el narcotráfico.

Por su parte, Maduro asegura que la movilización estadounidense responde a un plan para forzar un “cambio de régimen” e imponer un “Gobierno títere” afín a los intereses de Washington.

Trump, sin embargo, rechazó el jueves haber sostenido conversaciones con su administración para planificar un “cambio de régimen” en Caracas.

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este martes conocer el lugar de reclusión de su activista José Riera, quien, según la agrupación, fue detenido hace 45 días, aunque las autoridades no han informado sobre su paradero.

El partido señaló que los familiares de Riera acudieron a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, además de visitar centros de detención. La respuesta, destacaron, “siempre ha sido la misma: silencio”.

“No hay registro de su detención, no informan de su paradero y, lo más doloroso, no sabemos si José está con vida”, afirmó la formación opositora.

La organización sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro “utiliza la desaparición forzada como mecanismo de persecución y castigo”.

“Nicolás Maduro y su aparato represivo son los responsables de este crimen de lesa humanidad y de lo que pueda ocurrirle a él”, expresó Voluntad Popular.

El partido exigió al régimen la “liberación inmediata” de Riera y el fin de la “práctica sistemática de desaparecer y encarcelar a los venezolanos cuyo único ‘delito’ es pensar distinto”.

“No descansaremos hasta que José aparezca, hasta que todos nuestros hermanos estén libres y hasta que recuperemos la democracia”, añadió.

La organización no gubernamental Foro Penal informó este martes que en Venezuela existen 823 presos políticos, de los cuales 723 son hombres y 100 son mujeres.

Según un informe publicado en su cuenta de X, que tiene como fecha de corte al 8 de septiembre, la ONG indicó que siete detenciones se han sumado al registro publicado a finales de agosto, cuando se computaron 816 privados de libertad con fines políticos en el país.

Del total de presos políticos, 653 son civiles y 170 militares, apunta el informe.

Además, el conteo detalla que cuatro de los arrestados son adolescentes y el resto adultos.

Sin mencionar más detalles, Foro Penal agrega que en el grupo hay 91 personas con nacionalidad extranjera.

La mayoría de estas detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador a Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.486 casos que tipifica como “detenciones políticas” en Venezuela.

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este jueves conocer el paradero de Julio Velazco, padre del activista político Marcos Velazco, al alertar sobre su desaparición desde la medianoche del martes.

“Ninguna autoridad ha dado información oficial”, aseguró el partido en su cuenta de X, al tiempo que pidió la “aparición inmediata y con vida” de Julio Velazco.

Asimismo, exigió que cese “la práctica criminal de la desaparición forzada contra los venezolanos” y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por “la vida e integridad de Julio Velazco”.

Por su parte, Marcos Velazco, activista del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la opositora María Corina Machado- denunció el miércoles que no sabe dónde está su padre y “ninguna autoridad ha dado respuesta” sobre su paradero.

“Mi padre es un hombre honesto y trabajador. Como su hijo, exijo saber dónde está, exijo que aparezca con vida y exijo su inmediata libertad”, manifestó.

El pasado sábado, la ONG Provea denunció, en una publicación a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que en Venezuela ha habido un “incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente” y “sometidas a largos períodos de incomunicación”, sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su “paradero o condiciones de reclusión”.

Provea, que describe en el informe 23 casos documentados entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, advirtió que los familiares enfrentan “situaciones desafiantes” cuando intentan “agotar las vías regulares ante las autoridades competentes, sin obtener respuesta oportuna”.

Por tanto, la ONG pide investigaciones “transparentes y expeditas” por parte de la Fiscalía para que se ordene “el cese de la incomunicación a los organismos de seguridad respectivos y determinen e informen de inmediato el paradero de las personas”.

También exige a las autoridades “determinar las responsabilidades” por “estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas”, con el fin de “imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición”.

(Con información de EFE)

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) solicitó a la comunidad internacional que se pronuncie sobre los casos de los activistas detenidos Roland Carreño y Freddy Superlano, quienes, de acuerdo con su denuncia, fueron trasladados hace “más de 72 horas” a un “paradero desconocido” desde su centro de reclusión en Caracas. Las autoridades no confirmaron estos movimientos.

En un mensaje difundido en la red social X, el partido político expresó: “Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de derechos humanos a alzar la voz”.

También alertó sobre la situación del político José Riera, arrestado hace 40 días, a quien consideran víctima de “desaparición forzada”.

Voluntad Popular sostuvo que “estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y demuestran que en Venezuela existe un patrón sistemático de persecución, tortura y desapariciones forzadas contra quienes pensamos distinto”.

El lunes, la agrupación comunicó por redes sociales el traslado de Superlano y Carreño, sin que ninguna autoridad hubiese notificado oficialmente sobre la medida.

El martes, la activista Aurora Silva, esposa de Superlano, exigió en X información sobre las condiciones “físicas y mentales” de su pareja y también sobre Carreño.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador al dictador Nicolás Maduro. La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), junto a varios países, no reconocieron ese resultado y sostienen que el vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Carreño fue arrestado el 2 de agosto de 2023 durante la crisis postelectoral, marcada por denuncias de fraude de la PUD ante la proclamada victoria del chavismo. Carreño había sido detenido previamente el 26 de octubre de 2020 por cargos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, y fue excarcelado el 18 de octubre de 2023 tras un acuerdo entre el régimen y la oposición en Barbados.

De acuerdo con la organización Foro Penal, existen 816 presos políticos en Venezuela.

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) solicitó este lunes una prueba de vida de sus activistas detenidos Freddy Superlano y Roland Carreño, después de que ambos fueran supuestamente trasladados a un “paradero desconocido” desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide, en Caracas.

Según informó el partido, “de manera extraoficial, se conoció que ambos fueron sacados del Helicoide hace más de 24 horas, vestidos con bragas azul y amarillo, y trasladados en camionetas del Sebin. Desde entonces, se desconoce su destino”.

La organización política indicó que en algún momento se especuló que los activistas podrían haber sido presentados en tribunales, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre su paradero.

Voluntad Popular demandó: “Exigimos de inmediato al régimen una fe de vida de Roland Carreño y Freddy Superlano, su inmediata liberación, pues nunca debieron estar presos; y que cese la política de odio y persecución contra quienes luchamos por una Venezuela libre”.

El partido también pidió a la comunidad internacional, a organismos multilaterales y a defensores de derechos humanos pronunciarse “de manera firme ante esta grave violación”.

Freddy Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador al dictador Nicolás Maduro.

Este resultado fue desconocido por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y por diversos gobiernos, que sostienen que el legítimo vencedor fue Edmundo González Urrutia, quien actualmente se encuentra exiliado.

Roland Carreño fue arrestado el 2 de agosto del año pasado, en medio de la crisis poselectoral tras la denuncia de fraude presentada por la PUD frente a la proclamación de Maduro.

Carreño había sido detenido con anterioridad, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. Fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, como parte de un acuerdo entre el régimen y la oposición, firmado en Barbados.

A través de la red social X, el bloque opositor Unión y Cambio felicitó al pueblo boliviano por "la jornada cívica" y dijo que el proceso electoral "marca el fin de más de dos décadas oscuras" en el país andino y "abre una posibilidad real de cambio democrático y electoral".

El exgobernador y diputado electo al Parlamento Henrique Capriles, que forma parte de Unión y Cambio, felicitó al senador Rodrigo Paz Pereira y al expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, quienes disputarán la primera segunda vuelta en la historia de Bolivia el próximo 19 de octubre.

"Bolivia ayer abrió un camino distinto e inicia un cambio histórico que definirá su futuro. ¡Que la democracia y el bienestar de todos los bolivianos sean los que guíen la segunda vuelta!", agregó.

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) calificó de "valiente" al pueblo boliviano por dar "un paso importante hacia la reconstrucción institucional y el respeto a las libertades, desmarcándose del modelo autoritario que tanto daño ha hecho" en la región.

"Creemos firmemente que cuando los pueblos tienen la oportunidad de expresarse en libertad, eligen futuro, no opresión. Así lo hicimos los venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, a pesar de la cruel represión de la dictadura de Nicolás Maduro. ¡Viva Bolivia democrática!", agregó VP también en X.

Este partido venezolano hizo referencia a las presidenciales celebradas el año pasado en el país caribeño, en las que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo comicial, controlado por funcionarios afines al chavismo, lo que fue denunciado como un "fraude" por la mayor coalición opositora, que reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41 % de las actas.

Mientras que Quiroga (2001-2002) de alianza Libre alcanzó 26,81 % de los votos, según estos datos que son preliminares y "no reemplazan" los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tenía como candidato al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, después de que Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia.EFE

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) destacó este miércoles el “contundente pronunciamiento” ante la OEA de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, Gloria de Mees, quien denunció la profundización de la represión del régimen de Nicolás Maduro desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Según la declaración difundida en la red social X, VP agradeció el respaldo internacional al reconocer al candidato de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, como presidente electo, a pesar de la proclamación de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo señalado de estar controlado por funcionarios afines al oficialismo.

En un mensaje en X, Voluntad Popular afirmó: “Hoy en la OEA volvió a exponerse alto y claro el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro, así como la atroz represión y violaciones de derechos humanos que han cometido desde entonces. La voz de los venezolanos que exigimos justicia y verdad se sigue escuchando en el mundo”.

La relatora de la CIDH, Gloria de Mees, intervino este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para actualizar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, cuando se cumple poco más de un año desde las presidenciales cuyos resultados aún no han sido plenamente verificados, como demandan tanto la oposición como organismos internacionales.

En una entrevista previa con la agencia EFE, De Mees sostuvo que la represión en Venezuela “no es nueva, pero ahora es sistemática”. Según afirmó la relatora, la “vigilancia” implementada por el régimen de Maduro genera “un clima del miedo y acaba silenciando” a la población. “Se ha intensificado y no solo afecta a los defensores de derechos humanos, periodistas o disidentes, ahora es a todo el mundo, porque hay temor a las represalias”, precisó De Mees.

La relatora subrayó que la persecución oficial abarca “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos inhumanos, cancelación de pasaportes de periodistas, defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición”, además de la “autocensura generalizada entre la población en general por miedo a las represalias”.

Durante su comparecencia, De Mees recalcó que el Consejo Nacional Electoral, bajo control de funcionarios alineados con el chavismo, proclamó a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios sin publicar los resultados detallados, a pesar de que su propio cronograma exigía dicha divulgación.

La CIDH reiteró su petición a las autoridades venezolanas para que liberen a todas las personas detenidas de forma arbitraria, pongan fin a la criminalización de periodistas, activistas y ciudadanos críticos con el Gobierno, y que haya justicia para los 25 fallecidos tras los comicios.

En el contexto internacional, la CIDH subrayó su compromiso de mantener el seguimiento de la situación venezolana, destacando que este esfuerzo “debe mantenerse fiel a su mandato” al margen de cambios políticos, como el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la elección de Albert Ramdin como secretario general de la OEA.

“Los venezolanos necesitan saber que el pueblo venezolano no está solo. Seguiremos con nuestras acciones para crear conciencia entre la comunidad internacional de que Venezuela debe seguir estando en la agenda colectiva”, concluyó Gloria de Mees ante el Consejo Permanente de la OEA.

(Con información de AFP y EFE)

La familia informó que Riera padece hipertensión arterial y es alérgico, condición médica que consideran agravada por la falta de información sobre si ha recibido atención sanitaria tras su detención. “Desconocemos si hasta este momento él ha recibido algún tipo de asistencia médica, lo cual podría desencadenar, de no ser así, algún episodio más grave de salud”, señaló una de las hermanas en el mensaje compartido por Voluntad Popular. El padre del activista solicitó “por favor, una fe de vida de mi hijo”.

Desde su cuenta en X, Voluntad Popular denunció que Riera “fue detenido arbitrariamente el 26 de julio y desde entonces es víctima de una desaparición forzada” y exigieron su liberación inmediata. Añadieron que “no hay fe de vida, no hay contacto, no hay respuestas. José necesita sus medicamentos, es alérgico y estaba bajo observación médica por su presión arterial. ¡Su vida corre peligro!”

El viernes, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que desconoce el paradero de Riera, definiendo también el caso como “desaparición forzosa” y exigiendo la cesación de “las prácticas de persecución y tortura contra quienes piensan distinto”.

El 15 de julio, Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre un “aumento drástico” de detenciones de forma sistemática en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, fecha en que el ente electoral proclamó la reelección del presidente Nicolás Maduro. Según AI, estos casos presentan “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”.

El régimen venezolano y su Fiscalía niegan la existencia de presos políticos y argumentan que los detenidos enfrentan cargos por diferentes delitos, mientras que organizaciones y partidos opositores insisten en que se trata de persecución política. La ONG Human Rights Watch (HRW) señaló el lunes que en Venezuela persiste el “patrón de puerta giratoria”, con excarcelaciones que se alternan con nuevas detenciones, dentro de un contexto de denuncias sobre fraude electoral y presión internacional.

El partido Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, reporta que tras recientes liberaciones, cerca de 40 críticos han sido detenidos, aunque algunos ya han sido excarcelados. Desde HRW, su directora Juanita Goebertus afirmó que “el gobierno de Maduro lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria’” y llamó a la comunidad internacional a seguir de cerca estos acontecimientos.

Organizaciones de derechos humanos reiteran la exigencia de información sobre el paradero de José Riera y la garantía de su integridad física y procesal.

En un video compartido en X por el partido opositor Voluntad Popular (VP), dos hermanas de Riera dijeron que se trata de una "desaparición forzosa" que ha generado una "angustia insoportable" en la familia.

"No hemos tenido ninguna llamada, (...) ningún mensaje. No se le permite comunicarse con sus familiares, no se le permite comunicarse con sus abogados, y esto es, simplemente, una violación a sus derechos humanos", señaló una de las mujeres.

La otra hermana advirtió que es hipertenso y alérgico y que desconocen "si, hasta este momento, él ha recibido algún tipo de asistencia médica", por lo que temen que, "de no ser así", sufra "algún episodio más grave de salud".

Asimismo, hizo un llamado a las "autoridades que dirigen estos cuerpos de seguridad" a que "no cometan ningún exceso contra la integridad física" de Riera.

Por su parte, el padre pidió "por favor" una fe de vida de su hijo, lo que también exigió Voluntad Popular a través de X, donde la formación denunció que Riera "fue detenido arbitrariamente el 26 de julio y desde entonces es víctima de una desaparición forzada".

"No hay fe de vida, no hay contacto, no hay respuestas. José necesita sus medicamentos, es alérgico y estaba bajo observación médica por su presión arterial. ¡Su vida corre peligro! Exigimos saber dónde está José Riera y su liberación inmediata", agregó el partido.

El viernes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que se desconoce el paradero de Riera y dijo que se trata de un caso de "desaparición forzada", por lo que exigió una fe de vida y el cese de "las prácticas de persecución y tortura contra quienes piensan distinto".

El pasado 15 de julio, Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre un "aumento drástico" de las detenciones cometidas de "forma sistemática" en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las presidenciales en las que el ente comicial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

AI aseguró ver en estos casos "elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada".

La organización venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este viernes que se desconoce el paradero del activista opositor José Riera, quien, según el partido Voluntad Popular (VP), fue detenido hace seis días por funcionarios estatales. La ONG afirmó a través de X que la familia de Riera lleva sin comunicarse con él desde el 26 de julio y que tampoco ha recibido información oficial sobre su situación.

Ante la falta de información, el Clipp calificó el caso como una “desaparición forzada”.

“José Riera lleva 6 días en desaparición forzada (...) No ha tenido acceso a sus seres queridos ni a una defensa legal”, afirmó la organización, que subraya que el régimen de Nicolás Maduro “tiene la obligación de dar respuestas”.

Voluntad Popular sumó este jueves su reclamo y exigió la liberación de Riera, a quien describe como víctima de una “detención arbitraria”.

“La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Exigimos a las autoridades que den fe de vida de José Riera y que cesen las prácticas de persecución y tortura contra quienes piensan distinto”, señaló el partido político opositor.

El Estatuto de Roma define la desaparición forzada como la “aprehensión, detención o secuestro de personas por parte de un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o proporcionar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de mantenerlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”.

Los hechos se producen en un clima de creciente preocupación internacional. El 15 de julio, Amnistía Internacional (AI) alertó sobre un “aumento drástico” de detenciones cometidas de “forma sistemática” en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, fecha en la que el ente electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro. Según AI, estos casos exhiben “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”.

El régimen venezolano y su Fiscalía rechazan la existencia de presos políticos en el país y mantienen que quienes han sido privados de libertad enfrentan cargos por diversos delitos. Activistas y partidos opositores desestiman estas explicaciones y denuncian persecución política.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que en Venezuela se repite el “patrón de puerta giratoria”: excarcelaciones de algunos presos políticos que se alternan con nuevas detenciones, a un año de unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y el mantenimiento en el poder de Maduro. El 18 de julio de 2025, el régimen venezolano anunció la excarcelación de 80 personas y la liberación de 10 estadounidenses o residentes permanentes de Estados Unidos, en un intercambio por la salida de 252 migrantes venezolanos que el gobierno estadounidense de Donald Trump había expulsado a una cárcel en El Salvador.

De acuerdo con Vente Venezuela, el partido político encabezado por la dirigente opositora María Corina Machado, después de las recientes liberaciones han sido detenidos cerca de 40 críticos, de los cuales algunos han sido puestos en libertad, señala HRW.

La directora de la ONG, Juanita Goebertus, declaró que “el gobierno de Maduro lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria’” y advirtió que Estados Unidos y otros países “deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”.

HRW llamó a la comunidad internacional a “contrarrestar el sistema de incentivos internos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos”.

(Con información de AFP y EFE)

"Las lluvias de los últimos días han dejado a nuestro estado Apure incomunicado por tierra, con comunidades enteras bajo el agua, familias evacuadas y pérdidas incalculables", dijo VP en un mensaje en su cuenta de X.

En ese sentido, la formación exigió "atención inmediata, planificación real y respuestas a la altura de la tragedia" que, señaló, está viviendo esa región.

Por su parte, PJ afirmó, en la misma red social, que "las lluvias torrenciales han colapsado carreteras y puentes clave" en el estado "dejando -advierte- a miles de familias aisladas, sin acceso a alimentos, medicinas, ni combustible".

"Apure está aislado del resto del país", alertó el partido político.

La organización hizo un llamado a "apoyar a los llaneros" y a "no dejar solos a quienes hoy lo han perdido todo".

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), autoridades inauguraron este jueves un puente en Apure "para restablecer la comunicación terrestre con el estado Barinas".

Además, anunciaron que, a partir del próximo lunes, la línea aérea estatal Conviasa triplicará los vuelos desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, hasta San Fernando De Apure, la capital regional.

El Ministerio de Transporte informó igualmente este jueves en Instagram que un equipo multidisciplinario de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios continúa "supervisando los daños provocados por la crecida de los ríos Portuguesa y Apure" en el vecino estado Guárico (centro).

"Las fuertes lluvias causadas por los cambios climáticos han impactado a los municipios de Camaguán y San Jerónimo de Guayabal, en la región llanera, dejando a más de 5.000 familias vulnerables", detalló la publicación sobre el panorama en Guárico.

El titular de esa cartera, Ramón Velásquez Araguayán, dijo, citado en la publicación, que la ayuda se encuentra en camino, "con suministros de comida, medicinas e insumos necesarios".

Además, constató, durante una inspección junto al gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, que "el nivel del agua se mantiene estable", debido -según la información- a trabajos de canalización emprendidos por el equipo del programa gubernamental Gran Misión Transporte Venezuela.

Más temprano, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró en X que una niña murió por ahogamiento en Apure, a raíz de "un accidente por falta de señalización" que indicara el derrumbe de un puente.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado también daños en el sur y en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Apure, Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, donde se informó de la muerte de una persona. EFE

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este martes que el dirigente campesino Carlos Azuaje, detenido desde diciembre de 2024, fue enviado a juicio “sin pruebas reales”, acusado de incitación al odio, conspiración y traición a la patria, calificados por la organización política como “delitos fabricados”.

A través de un mensaje en su cuenta de X, VP indicó que la decisión de llevar a juicio al activista se tomó tras una audiencia preliminar celebrada “más de 200 días después de su detención”, lo que, según el partido, viola el “plazo legal de 45 días establecido por el debido proceso".

“El expediente alega falsamente que Carlos (Azuaje) ofreció entrevistas a medios internacionales pidiendo una supuesta intervención extranjera”, afirmó VP, que calificó la acusación como “absolutamente infundada”.

La formación sostuvo que el trabajo “político y comunicacional” de Azuaje siempre ha estado orientado a “la vía electoral y democrática” como único camino “para lograr el cambio en Venezuela”.

La detención de Azuaje fue denunciada en diciembre pasado por el ex gobernador opositor César Pérez Vivas, quien la vinculó con una “escalada de violencia” por parte de la dictadura venezolana “contra los luchadores democráticos”.

Pérez Vivas, integrante de la principal coalición opositora –la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)–, señaló que el dirigente campesino fue arrestado en la carretera hacia la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Según el ex gobernador, Azuaje era portavoz de agricultores y campesinos, y un “firme defensor del derecho a la democracia” que, aseguró, no había cometido “delito alguno”.

Por su parte, la ONG venezolana Comité por la Liberación de los Presos Políticos ha exigido la “libertad plena” para el dirigente campesino. “Carlos es una persona honesta, cuyo único delito ha sido pensar distinto y querer un país más justo. Su caso se suma al de decenas de venezolanos que hoy están presos por razones políticas, sometidos a tratos crueles, violaciones a sus derechos humanos y ausencia de garantías judiciales”, señaló en mayo la organización en una publicación en X.

El comité exigió su liberación y el “cese de la persecución contra quienes piensan diferente”.

Este mes, el Foro Penal contabilizó 932 presos políticos en Venezuela, incluidos menores de edad y extranjeros. Según el reporte, con fecha de corte al 30 de junio, se contabilizan 844 hombres y 96 mujeres privados de libertad bajo acusaciones que la ONG considera de carácter político. Entre ellos, figuran 936 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

El caso de Carlos Azuaje se inscribe en un contexto más amplio de denuncias por criminalización de la disidencia en Venezuela, donde organizaciones nacionales e internacionales alertan sobre un uso sistemático del aparato judicial para silenciar voces críticas. Mientras persisten los reclamos por su liberación, el número de personas detenidas por motivos políticos continúa en aumento, reflejando, según las ONG, un deterioro sostenido del estado de derecho en el país.

(Con información de EFE)

A través de la red social X, VP calificó este periodo como “un año de injusticia, de dolor para sus hijos, nietos” y para sus seres queridos. Además, advirtieron que su “delicado estado de salud en prisión es otro motivo para que lo liberen”.

El partido subrayó que las autoridades están al tanto de su condición: “Su vida corre peligro y el régimen lo sabe (...) Aldo Rosso tiene 70 años. Es hipertenso, diabético y tiene una hernia que lo hace retorcerse del dolor. Pero sigue preso, sin juicio, sin tratamiento médico, sin que se cumpla la ley que prohíbe encarcelar a adultos mayores. Su delito: pensar distinto”.

“Ellos lo saben: tienen los exámenes médicos que comprueban que comprometen seriamente su vida dejándolo injustamente detenido”, aseguró la oposición.

Por esta razón, Voluntad Popular exige al régimen de Nicolás Maduro que “deje de poner en riesgo la vida de Aldo Rosso y lo libere inmediatamente”, reiterando su compromiso con la defensa del opositor.

“Aldo Rosso se había despertado temprano. Se bañó, desayunó, y le dio la bendición a su hija. “Nos vemos en un rato”, dijo antes de salir. Pero nunca regresó”, lamentó Voluntad Popular por X.

Rosso, miembro de VP, fue detenido el 4 de julio de 2024, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral para las presidenciales del 28 de ese mes. El partido denunció esta detención y solicitó a la comunidad internacional que haga “todo lo posible para poner fin a esta táctica macabra que solo cobra la libertad de personas inocentes”.

Por otro lado, la semana pasada, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, alertó sobre un significativo deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela durante 2024 y 2025, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Türk señaló que múltiples personas “han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos”.

Específicamente desde mayo de 2024, la oficina del alto comisionado ha registrado al menos 32 casos de tortura y malos tratos a personas bajo custodia, entre ellos 15 menores de edad. Además, se documentaron 28 desapariciones forzadas posteriores a las elecciones presidenciales, incluidas 12 personas extranjeras.

Frente a estas acusaciones, la dictadura venezolana acusó a Türk de usar los derechos humanos “políticamente”. Asimismo, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, declaró ‘persona non grata’ al alto comisionado, criticándolo por no pronunciarse sobre la situación de los 252 migrantes que Caracas denuncia como “secuestrados” en El Salvador y los 18 menores “retenidos” en Estados Unidos.

La situación de Aldo Rosso representa un caso emblemático dentro del contexto más amplio de la crisis de derechos humanos en Venezuela. Mientras el régimen de Nicolás Maduro continúa reprimiendo a opositores y limitando las libertades fundamentales, la comunidad internacional enfrenta el desafío de mantener la presión para que se respeten los derechos y se garantice la liberación de personas detenidas injustamente.

La defensa de Rosso y de tantos otros presos políticos se convierte así en un llamado urgente a la justicia y a la dignidad en un país que atraviesa una profunda vulneración de sus valores democráticos.

(Con información de EFE)

Este martes, al conmemorarse los 204 años de la Batalla de Carabobo —acontecimiento clave en la independencia de Venezuela frente a España—, el equipo político Con Venezuela, que respalda a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, hizo un llamado a fortalecer la unión entre civiles y militares en rechazo a la actual dictadura.

“Este 24 de junio urge una verdadera unión cívico-militar, y no obedecer ni defender a un régimen que desconoce la soberanía popular y nacional”, publicó el grupo en la red social X, en alusión a lo que consideran fue la victoria de González Urrutia en las elecciones presidenciales del año pasado, cuya legitimidad rechazan por considerar fraudulenta la proclamación de Nicolás Maduro.

En ese mismo contexto, el partido opositor Voluntad Popular (VP) recordó la Batalla de Carabobo como símbolo de lucha por la libertad y afirmó que “hoy esa lucha sigue” contra el régimen de Maduro.

“En este nuevo Carabobo, la libertad tiene otros rostros: los de nuestros presos políticos, las casi 1.000 personas que pagan con su libertad el precio de la dignidad”, señaló VP, pese a que el dictador Maduro y el fiscal general Tarek William Saab niegan la existencia de presos por razones políticas, alegando que se trata de personas procesadas por delitos comunes.

Voluntad Popular reafirmó su compromiso con la causa “por la que (Simón) Bolívar empuñó la espada: una Venezuela verdaderamente libre, democrática y justa”.

De manera similar, el partido Primero Justicia (PJ) expresó su compromiso de seguir trabajando “con firmeza por una Venezuela libre, democrática y de derechos”, al rememorar la “gesta” y el “legado” de la Batalla de Carabobo. Esta confrontación, ocurrida el 24 de junio de 1821 entre las fuerzas lideradas por Simón Bolívar y el Ejército realista de Miguel de la Torre, representó un momento decisivo en la Guerra de Independencia de Venezuela.

La batalla también tuvo un impacto significativo en la consolidación de la Gran Colombia, la unión de Venezuela, Nueva Granada (Colombia) y Ecuador, que en ese momento se consideraba una sola nación. Además, la victoria en Carabobo permitió a Bolívar iniciar la Campaña del Sur, que llevaría a la liberación de Ecuador y Perú.

La Batalla de Carabobo es considerada un símbolo de la lucha por la libertad y la soberanía de Venezuela, y se celebra cada año en el país como el Día del Ejército. La Guerra de Independencia de Venezuela, que vivió varias fases, comenzó en 1810, con una revolución, y terminó en 1823, tras la batalla naval del lago de Maracaibo.

(Con información de EFE)

El partido opositor Voluntad Popular (VP) afirmó que el nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, “se equivoca” al solicitar “solo diálogo” con Venezuela, después de que el funcionario surinamés manifestara su apoyo a un enfoque de entendimiento con el país.

“Se equivoca el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin: Venezuela no necesita solo ‘diálogo’”, publicó el partido.

El comunicado añadió que lo que requiere Venezuela es “justicia y acompañamiento internacional para recuperar su democracia”.

Para Voluntad Popular, “el problema no es la falta de diálogo”, sino “la falta de democracia” y expresó que, frente a esta situación, “se espera firmeza de quienes quieran ayudar a Venezuela, no ambigüedad”.

El partido opositor también señaló que “no se puede construir estabilidad” ignorando los “casi 1.000 presos políticos” que, según la ONG Foro Penal, existen en Venezuela, y ante el “desconocimiento a la victoria” que asegura obtuvo el líder opositor Edmundo González Urrutia frente al dictador Nicolás Maduro, proclamado ganador en las presidenciales de 2024 por el ente electoral manejado por rectores afines al chavismo.

Albert Ramdin declaró en una entrevista con la agencia de noticias EFE que apuesta por abrir un “diálogo” con el gobierno y la oposición de Venezuela, y evitó pronunciarse sobre si el país “es una dictadura o no”.

Cuando le preguntaron por posibles acciones de presión sobre el régimen de Maduro, el diplomático afirmó que busca “promover un enfoque basado en el diálogo con el Gobierno, la oposición y todos los partidos”.

“Para mí es importante que si hay un problema sobre democracia y elecciones tratemos de resolverlo para que haya estabilidad política en el futuro. Solo decir que es una dictadura, ¿y después? Necesito soluciones”, indicó Ramdin ante la posibilidad de que algunos Estados miembro de la OEA adopten una postura sobre un acercamiento con Venezuela.

En 2017, el régimen de Maduro denunció la Carta de la OEA para retirarse del foro regional, un proceso que demanda dos años. Sin embargo, en 2019 el organismo reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país y este retiró la denuncia.

Actualmente, el asiento de Venezuela en la OEA permanece desocupado.

Voluntad Popular y el Partido Comunista de Venezuela anunciaron este miércoles que no participarán en las elecciones municipales del próximo 27 de julio en el país caribeño.

Las organizaciones criticaron las condiciones en que se celebrarán los comicios, y señalaron la falta de transparencia y garantías democráticas.

Voluntad Popular, dirigido por el líder opositor Leopoldo López, denunció fraude en las presidenciales del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al dictador Nicolás Maduro.

En un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el partido afirmó: “Voluntad Popular acompaña al pueblo venezolano en su decisión de no participar en la próxima farsa electoral de Nicolás Maduro”.

Según la agrupación, millones de venezolanos se hicieron oír en las presidenciales del 28 de julio de 2024 al elegir a Edmundo González Urrutia como presidente, y después se ausentaron de la “farsa electoral” del pasado 25 de mayo.

“En ambos momentos, el mensaje de los vecinos de cada municipio del país fue el mismo: Venezuela quiere elegir su propio destino, avanzar hacia la libertad y la democracia”, argumentó.

El partido subrayó que no pasa la página del 28 de julio: “Ese día, el pueblo venezolano habló con fuerza y valentía. Nuestra lucha sigue y no descansaremos hasta que en Venezuela el voto vuelva a tener valor y los ciudadanos puedan decidir su futuro en libertad”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición principal de la oposición a la que pertenece Voluntad Popular, aún no ha definido si participará en los comicios municipales.

En las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo, la PUD optó por no concurrir y denunció fraude en las presidenciales al afirmar que su candidato, González Urrutia, había sido el ganador.

A pesar de esto, partidos como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela y el ex candidato presidencial Henrique Capriles participaron en la consulta.

El CNE, controlado por rectores afines al chavismo, asignó al oficialismo 23 de 24 gobernaciones y 256 de 285 escaños parlamentarios, sin publicar los resultados desagregados de las elecciones más recientes ni de las presidenciales que confirmen la victoria de Maduro el año pasado.

La postura del Partido Comunista

Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela alegó que, bajo la actual administración, las elecciones se han convertido en una “fachada” para dar “apariencia de legalidad” al régimen de Maduro.

La determinación de abstenerse surgió tras una reunión del Comité Central, calificando la convocatoria como una “nueva farsa electoral” organizada de forma “apresurada”.

El Partido Comunista, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aseguró que en Venezuela las votaciones han perdido su contenido democrático y solo buscan legitimar a un gobierno sin reconocimiento.

“Los mecanismos de participación popular también han sido secuestrados: solo pueden postularse quienes cuenten con el visto bueno del poder”, enfatizó.

Además, pidió la “renuncia inmediata” de los rectores del CNE y la designación de nuevas autoridades que recuperen la confianza en el sistema de votación. Y exigió la anulación de la “ilegal sentencia 1.160 del TSJ”, que desconoce a la legítima dirección del partido y otorga los símbolos electorales a personas cercanas al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) exigió este lunes el “fin de la criminalización” contra la disidencia del país caribeño, cuando se cumplen 10 meses de la detención de Roland Carreño, periodista y activista político de la formación.

A través de su cuenta en la red social X, VP pidió justicia para Carreño y para “todos los presos políticos”, cifrados en 922 por la ONG Foro Penal, la mayoría detenidos tras los comicios de julio del año pasado, en el contexto de la crisis que vivió Venezuela después de que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, adjudicara una cuestionada victoria en las presidenciales a Nicolás Maduro.

“Durante estos 10 meses, Roland ha sido víctima de tratos crueles y violaciones a sus derechos humanos. Su caso es otra representación de la persecución sistemática contra quienes piensan distinto en Venezuela”, afirmó VP.

Según el partido, Carreño fue “detenido arbitrariamente” el 2 de agosto del año pasado por el régimen de Maduro “sin pruebas, sin debido proceso, sin justicia”.

“Su único ‘delito’ ha sido luchar por una Venezuela libre, decir la verdad y acompañar a quienes han sufrido la represión”, indicó la formación.

Por su parte, la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió la “libertad inmediata” de Carreño y también la de todos los presos políticos.

“Han pasado 10 meses desde la detención arbitraria de Roland Carreño, sin que se respeten sus derechos ni el debido proceso”, indicó el bloque opositor en su cuenta de X.

Esta es la segunda vez que Carreño es detenido, ya que fue arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.

En otro orden, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este lunes que el abogado y activista Eduardo Torres continúa “incomunicado”, cuando se cumplen 25 días de su detención, calificada por la organización como “injusta”.

“Sigue en El Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas), incomunicado y sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza”, afirmó Provea en X, donde exigió la liberación del miembro de su equipo de exigibilidad legal.

La ONG reiteró que Torres es “beneficiario de medidas cautelares de protección” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido -señaló- a las “amenazas y actos de hostigamiento” que ha “sufrido” por su labor.

En ese sentido, Provea consideró que las autoridades venezolanas “están obligadas” a garantizar el respeto a los derechos del abogado, no solo -precisó- “a la defensa y al debido proceso”, sino también a la “integridad personal”.

El 13 de mayo pasado, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del activista de Provea quien, indicó entonces, se encuentra detenido por su presunta vinculación con una trama para “generar violencia” en los recientes comicios regionales y legislativos, celebrados el 25 de mayo.

Provea había denunciado, tres días antes del anuncio de Saab, que se desconocía el paradero del activista.

El partido opositor venezolano Voluntad Popular exigió este viernes la liberación del ex diputado Freddy Superlano, quien cumple diez meses detenido arbitrariamente por el régimen chavista.

“Hoy, nuestro hermano Freddy Superlano cumple 10 meses secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Freddy no ha cometido ningún delito y ha sido sometido a un régimen de aislamiento total”, apuntó la organización en sus redes sociales.

Asimismo, VP indicó que el opositor sigue recluido en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y que, hasta el momento, no se le han permitido visitas ni contacto con su familia y sus abogados, lo que constituye una grave violación de sus derechos.

“No lo dejan ver a su esposa, Aurora; sus hijas; familiares ni abogados. Su única fe de vida ha sido su ropa usada que recibe Aurora. Lo único que saben sus hijas pequeñas de él es que algún día, sin fecha clara, volverá a casa para abrazarlas”, lamentó la agrupación.

Así, el mensaje cierra insistiendo una vez más en que “Feddy Superlano debe estar libre junto a su familia, luchando por el país que sueña y por el que tanto ha trabajado: una Venezuela que es la misma que sueñan la mayoría de los venezolanos”.

A estas palabras se sumaron las de la presidente del partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez, quien también denunció el secuestro del disidente, aunque destacó que pese a los esfuerzos por “arrebatarle sus triunfos y libertad”, la dictadura no ha podido “doblegarlo”.

Superlano fue detenido el pasado 30 julio, apenas dos días después de las elecciones presidenciales en las que Maduro cometió fraude y se proclamó ganador. Sin embargo, esta maniobra quedó rápidamente expuesta gracias al trabajo de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática, que crearon un sitio web en el que cargaron todas las actas de votación recopiladas aquel domingo y demostraron que la voluntad popular real se había expresado en favor de Edmundo González Urrutia.

A raíz de ello y de las masivas manifestaciones a las que comenzó a convocar la disidencia, el régimen ordenó una escalada represiva, que derivó en decenas de arrestos injustificados, muchos de ellos, de colaboradores cercanos a Machado y González Urrutia.

Superlano fue una de las tantas víctimas del régimen, que no tardó en llevarlo al Helicoide y acusarlo de haber trabajado junto a Perkins Rocha y Biagio Pilieri en la divulgación de más de un 80% de las actas que fueron publicadas en internet.

El fiscal general Tarek William Saab informó que los tres disidentes serían investigados por “avalar”, “verificar”, “difundir” y “divulgar como real” la página web creada por la PUD, mientras que el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró entonces que Superlano “está hablando muy bien”, burlándose así de las denuncias por torturas.

Al igual que ocurrió este viernes, el miércoles la principal agrupación opositora denunció que Pilieri cumplía nueve meses detenido por la dictadura, también bajo un régimen de “total aislamiento” por el que “nadie lo puede ver” ni tiene “derecho a un abogado”.

“Su único delito es trabajar por una Venezuela libre. Como el régimen no logró callarlo ni doblegarlo, lo secuestró”, sumó la oposición, que prometió seguir trabajando por la liberación de todos los presos políticos en el país.

(Con información de EFE)

"La participación siempre, siempre ha sido muy buena. Aquí no tenemos nosotros que estar a la defensiva con el tema de la participación. Usted va a votar, usted está participando, usted decide que no va a votar, está dejando que otros decidan", dijo el funcionario tras votar en su estado natal Monagas (este).

Cabello invitó a los que dicen que no hay participación a que recorran los centros electorales de su pueblo, El Furrial.

"O que se vayan -añadió- para los centros donde nosotros pasamos, para que vea gente votando, ejerciendo el derecho al voto, sin ningún tipo de presiones".

Asimismo, afirmó que el país está "en absoluta calma" y que, hasta el momento, no ha habido reportes de alteraciones.

"Esto no es un voto empujado (obligado), es un voto consciente, es un voto (de) que la gente está convencida de lo que está haciendo, porque cuando usted está votando, usted está luchando contra los que nos quieren dominar, cuando usted vota, usted está luchando contra los que quieren entregar a Venezuela a las potencias extranjeras", añadió.

A través de las redes sociales, partidos opositores integrantes de la coalición mayoritaria, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), han publicado fotografías y videos de centros electorales de distintas regiones del país en los que se ve poca afluencia de ciudadanos ejerciendo su derecho al voto.

"El pueblo aguerrido de Petare (favela más grande de Venezuela) desobedeció y no se prestó para la farsa electoral de (Nicolás) Maduro", señaló Voluntad Popular (VP) en una publicación en X.

La formación publicó imágenes de centros electorales en los estados Guárico, Yaracuy, Zulia, Carabobo, Bolívar, Táchira, Barinas, así como en Delta Amacuro.

El miércoles, la líder opositora María Corina Machado pidió a los ciudadanos quedarse en sus casas este domingo en rechazo a estas votaciones que la PUD considera fueron convocadas por "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección del presidente Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, opositores como el exgobernador Henrique Capriles, el exdiputado Juan Requesens y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, decidieron participar.

Requesens señaló este domingo que "numerosos" dirigentes y ciudadanos decidieron participar y "usar el voto como una herramienta de lucha, como una herramienta de resistencia".EFE

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El ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció este viernes la detención de Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado, en la "madrugada de hoy" en un operativo de desmantelamiento de un supuesto "grupo terrorista" que presuntamente tenía un plan contra lo comicios del domingo, que ya había denunciado el lunes.

El funcionario reprodujo un video que muestra el momento en el que el opositor fue detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una vivienda y posteriormente trasladado a un vehículo.

Cabello lo acusó de ser el "jefe de esta red" que, dijo, "intenta boicotear" las votaciones de este 25 de mayo, a través de "actos terorristas" en embajadas, comandos policiales, hospitales, instalaciones de transporte, eléctricas, petroleras y estaciones de servicios.

En este operativo también fue detenido el periodista Carlos Marcano y el activista de 84 años de edad Isidro León, según denunciaron en X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el partido opositor Voluntad Popular (VP).

Posterior a su arresto, Guanipa aseguró en un mensaje,difundido en su cuenta de X que está "injustamente preso, pero nunca derrotado".

Guanipa, exprimer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), uno de los principales defensores del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se encontraba en la clandestinidad debido a la persecución contra él y "todos los dirigentes políticos", según ha denunciado.

El opositor, así como la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazan los comicios de este domingo por considerar que hubo "fraude" en las presidenciales de julio del año pasado, en los que el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

En medio de este panorama, la PUD rechazó la "ola de persecución" que en las "últimas horas se ha desatado contra un número indeterminado de ciudadanos", según publicó en X.

El bloque opositor condenó la detención de Guanipa y reiteró su llamado a que en Venezuela se realice una "negociación formal y transparente", que construya "una solución democrática, pacífica y sostenible" para superar la "profunda crisis" que, dijo, padece la nación.

Por su parte, Machado denunció la detención de "más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas" en el país caribeño, entre ellos, Guanipa.

Según expresó la opositora en la red social X, se trata de una "razzia feroz en todo el país" y un "terrorismo de Estado puro y duro".

Igualmente, Henrique Capriles, candidato a diputado de la Asamblea Nacional, exigió la liberación de Guanipa y repudió que se le acuse de "terrorista".

El exdiputado Tomás Guanipa aseguró que la detención de su hermano forma parte de un nuevo capítulo de "persecución" por parte del Gobierno de Maduro para profundizar en la "división" y la "confrontación".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este viernes de la instalación del 99,52 % de las mesas de votación para los comicios regionales y parlamentarios de este domingo, en los que se elegirán 569 cargos, entre ellos 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores -incluido el del Esequibo, el territorio en disputa con Guyana que Caracas cuenta como su estado 24- y 260 legisladores regionales.

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, indicó, durante un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el organismo solo ha tenido "0,53 % de novedades" con las máquinas de votación "o uno de sus componentes".

Venezuela estableció, desde este viernes hasta el próximo lunes, un "estricto control" del desplazamiento fronterizo de personas, por vía terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos, con el fin de "prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad" del país, que limita con Colombia y Brasil, en medio del proceso electoral.

Las autoridades también prohíben, durante ese periodo, el expendio y la distribución de licores, las manifestaciones públicas y el traslado de maquinaria pesada, además de que mantiene la prohibición del porte de armas desde 2019.EFE

"Más allá de nuestras profundas diferencias ideológicas, reconocemos en él a un hombre que defendió el valor de la democracia por sobre las dictaduras", afirmó en su cuenta de X el partido Voluntad Popular, liderado por el opositor exiliado Leopoldo López.

Justo al texto, la formación antichavista compartió un video de unas declaraciones de Mujica, quien en 2024 tachó de "autoritario" al Gobierno de Venezuela.

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles también envió sus condolencias a los allegados del referente de la izquierda en la región, con quien -dijo- "en el pasado" tuvo "diferencias" con respecto al tema venezolano.

"Pero sin duda un político inspirador cuya humildad, compromiso social y visión transformadora dejaron una huella imborrable en Uruguay y en el mundo", añadió Capriles en sus redes sociales.

Asimismo, el opositor Stalin González expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento de exmandatario uruguayo, que describió como un hombre que dedicó su vida a la lucha por la justicia social.

"Su legado, al igual que sus mensajes, siempre críticos pero certeros y llenos de sabiduría, permanecerán en la memoria de los uruguayos y de todos aquellos que vimos en él un símbolo de lucha y esperanza por un mundo más justo", sostuvo González.

En esa misma línea, el partido Un Nuevo Tiempo, del gobernador del estado Zulia (oeste), Manuel Rosales, extendió su pésame al pueblo de Uruguay en este momento de duelo.

"Desde Un Nuevo Tiempo lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, referente de la izquierda latinoamericana", escribió la tolda política en su perfil de X.

Mujica falleció este martes en Montevideo, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

El actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, comunicó en su cuenta de X el fallecimiento de Mujica, de 89 años de edad.EFE

Según el Clipp, Ariadna Pinto murió el sábado "tras meses de sufrimiento causado por una detención injusta, el colapso del sistema de salud y el abandono institucional", una "tragedia que revela el costo humano de la criminalización de la protesta en Venezuela".

A través de la red social X, el comité aseguró que "el encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo 1 y comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas".

Señaló que el 12 de agosto fue hospitalizada por una hiperglucemia grave en un centro de salud público, pero luego fue devuelta al lugar de detención "sin recibir tratamiento sostenido".

En septiembre, prosiguió el Clipp, fue "nuevamente ingresada de emergencia por complicaciones severas" y con una "condición general crítica", y "permaneció hospitalizada hasta su excarcelación, el 7 de diciembre, bajo custodia del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y esposada, en condiciones humillantes y con total indiferencia estatal".

"Durante ese tiempo, su madre cubrió todos los gastos médicos gracias a la solidaridad de familiares y amigos. Su liberación fue el resultado de una intensa presión pública, impulsada por su madre y organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero ya su cuerpo mostraba signos de agotamiento", afirmó.

La ONG indicó que, posteriormente, Pinto estuvo hospitalizada en dos ocasiones, la última desde el 27 de abril pasado hasta el 10 de mayo, cuando falleció.

"Ariadna no murió solo por una complicación médica. Murió por la indiferencia de un sistema que persigue, encarcela y abandona. Su historia no puede repetirse. Es símbolo del sufrimiento que enfrentan los presos políticos enfermos en Venezuela, víctimas del abandono institucional, privados de atención y sometidos al deterioro físico y psicológico", expresó el comité.

Asimismo, señaló que su fallecimiento ocurre "apenas una semana después" de la muerte "bajo custodia del Estado" de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, otro de los cientos de detenidos en el contexto de crisis poselectoral, con la que, según el comité, "ya son al menos seis las personas fallecidas" en prisión "entre 2024 y lo que va de 2025".

Voluntad Popular también lamentó "el fallecimiento de la ex presa política Ariadna Pinto", quien, a juicio del partido, fue "víctima de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro después del fraude electoral del 28 de julio", en alusión a la victoria del mandatario proclamada por el organismo comicial, controlado por rectores afines al chavismo.

Esta semana, el Clipp llevó a cabo la llamada 'Ruta Global por la Justicia y la Libertad', durante la que visitó las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón en Caracas, así como la Delegación de la Unión Europea (UE), con el fin de "denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y solicitar solidaridad internacional y apoyo diplomático". EFE

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"Rogamos a Dios Todopoderoso que guíe su pontificado por senderos de sabiduría, paz y reconciliación para toda la humanidad. Con humildad, pedimos que mantenga siempre a nuestro pueblo en sus oraciones y en su corazón pastoral", señaló la PUD en una publicación en X.

El bloque opositor celebró con la frase en latín '¡Habemus Papam!' la elección del estadounidense Robert Francis Prevost, quien dirigió hoy un "saludo de paz" en sus primeras palabras desde el balcón de la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

El nombramiento de Prevost, que cuenta también con nacionalidad peruana, fue celebrado por otros antichavistas, como el dos veces candidato presidencial y exgobernador Henrique Capriles.

"Que este nuevo papado llene a todas las naciones de la paz que tanto necesitamos", escribió Capriles en su perfil de X, al tiempo que llamó a orar por el nuevo líder de la Iglesia católica.

Por su parte, el dirigente Juan Pablo Guanipa pidió en sus redes sociales que Dios acompañe al papa "en los retos internos y mundiales que afronta la Iglesia y la humanidad".

También la exdiputada Delsa Solórzano deseó en X que "el Espíritu Santo" ilumine al pontífice "en esta nueva misión al servicio de la verdad, la justicia y la paz".

En esa misma línea, el partido Voluntad Popular, fundado por el líder en el exilio Leopoldo López, dijo esperar que la experiencia en Latinoamérica del religioso "sirva para mirar con atención" la región, en estos momentos que describió como "complicados".

Prevost, de la orden agustina, nació en 1955 en Chicago (EE.UU.) pero su carrera eclesiástica ha transcurrido principalmente en Perú. Su antecesor, Francisco, lo nombró como obispo de Chiclayo en 2018.

En 2023, el pontífice argentino lo llamó a Roma para hacerlo cardenal y nombrarlo prefecto del Dicasterio para los Obispos, el ministerio vaticano que elige a los monseñores de todo el planeta, además de presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.EFE

"Impecable", dijo el líder opositor Edmundo González Urrutia, en respuesta a un mensaje de la exdiputada María Corina Machado en X, en el que aseguró que hubo una "operación impecable" para la salida del país caribeño de los asilados.

Por su parte, el exgobernador César Pérez Vivas celebró, en la misma red social, la "liberación de los rehenes secuestrados" en la residencia diplomática en Caracas, y pidió la libertad para todos los considerados presos políticos en Venezuela.

La presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, dijo estar agradecida con Dios y contenta porque se logró lo que definió como un "acto de justicia".

"Todo lo que vivieron nuestros compañeros en lo que debió ser un asilo con sus prerrogativas, no tiene justificación alguna. Estoy segura que Venezuela les agradecerá profundamente su testimonio que contribuye al saldo de liberación nacional", añadió en X.

Igualmente, el exdiputado Juan Pablo Guanipa dijo estar aliviado por la salida de los opositores y añadió que ahora, "desde la seguridad, podrán seguir trabajando con entereza por la libertad del país".

El partido político Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, celebró que se encuentren a salvo "gracias a esta operación conjunta con el Gobierno de Estados Unidos".

Este martes, Rubio confirmó que los cinco opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas han sido "rescatados" y se encuentran en territorio estadounidense.

Además, el secretario de Estado anotó que el Gobierno de Venezuela "ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro la seguridad regional".

Entretanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció a Estados Unidos y a quienes formaron parte de lo que describió como una "exitosa operación" que permitió que los cinco venezolanos asilados en la sede de su país en Caracas fueran "extraídos" y trasladados a territorio estadounidense.

En las últimas semanas, los opositores pidieron la emisión de salvoconductos para su salida de Venezuela, para lo cual plantearon la mediación de los Gobiernos del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del argentino Javier Milei y de los países firmantes de la Convención sobre asilo diplomático (1954), suscrita y ratificada por Venezuela.

Los asilados ingresaron a la residencia el 20 de marzo de 2024 luego de que la Fiscalía anunciara una orden de detención en su contra.

Un día después, se sumó el exministro de Transportes y Comunicaciones Fernando Martínez Mottola, quien estuvo en la residencia diplomática hasta el 19 de diciembre del año pasado, cuando se presentó ante la Fiscalía. En febrero pasado, el opositor murió tras sufrir una hemorragia intracerebral.

Durante su estadía, los antichavistas dijeron haber sufrido "todo tipo de atropellos físicos, mentales y emocionales, acompañados del permanente asedio y de la falta de servicios básicos elementales".EFE

"Emplazamos a los demócratas del mundo a acompañarnos con más fuerza exigiendo su liberación y la de todos los presos políticos. Roland, no estás solo: Venezuela entera te acompaña. ¡Fuerza, hermano!", expresó VP a través de su cuenta de X.

Según el partido, Carreño sigue "injustamente detenido sin poder ver a sus familiares ni abogados", pese a que -recordó VP- recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que considera que el opositor se encuentra en "una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos".

"Son 6 meses continuos del régimen violando sus derechos humanos. No descansaremos hasta ver a Roland libre nuevamente, como siempre ha debido estar", reiteró el partido opositor.

Carreño fue detenido, por segunda vez, el 2 de agosto, en contexto de crisis luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, declaró la reelección de Nicolás Maduro, una victoria que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera fraudulenta.

Anteriormente, el periodista fue arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.

Según la ONG Foro Penal, en el país hay 1.601 personas que se consideran "presos políticos", la mayoría arrestadas tras las presidenciales.

La Administración de Maduro y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que cometieron algún delito. EFE

En un pronunciamiento a través de su cuenta en X, la formación opositora aseguró que esta medida "pone en riesgo la estabilidad y seguridad de más de 350.000 compatriotas".

"Las razones que justificaron la implementación del TPS para los venezolanos no solo persisten, sino que se han agravado con el paso del tiempo", argumenta VP, partido que integra el dirigente Carlos Vecchio, quien fungió como representante diplomático en Estados Unidos del exdiputado venezolano Juan Guaidó.

La formación sostuvo que Venezuela "continúa bajo el control de una dictadura que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, con más de 2.000 personas encarceladas en los últimos seis meses por razones políticas".

"La represión, la persecución y la falta de garantías democráticas mantienen a millones de venezolanos en una situación de extrema vulnerabilidad", añadió.

Además, dijo que se suma "la prolongada crisis económica, que ha desencadenado una de las emergencias humanitarias más severas en la historia de la región".

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes el memorando que hace oficial la revocación del TPS para unos 350.000 venezolanos que viven en ese país.

Medios estadounidenses habían adelantado el fin de semana la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, de eliminar este amparo migratorio para venezolanos llegados en los últimos años, y que en los próximos meses podrían ser sujetos de deportación.

La orden, publicada el fin de semana en la web del Gobierno y que se hace efectiva desde este lunes, señala que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos a partir de la fecha de caducidad de este beneficio.

La orden citada atribuye la revocación a la secretaria del DHS, Kristi Noem, después de que la agencia realizara una revisión de las "condiciones del país" y concluir que el TPS es "contrario" al "interés nacional de EE.UU."

El TPS para los venezolanos permite a más de 600.000 de ellos y ellas trabajar y residir legalmente en Estados Unidos.

El pasado jueves, el Gobierno de Trump revocó una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que fue aprobada al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

La noticia se produce después de que Venezuela aceptara encargarse del transporte y de recibir a sus ciudadanos que sean deportados de EE.UU., luego de que el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajara a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro, a quien el país norteamericano no reconoce como presidente. EFE

Caracas, 20 ene (EFE).- El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) felicitó este lunes al recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que el país caribeño cuenta con su "apoyo" para comenzar una "nueva etapa en democracia y libertad".

A través de X, VP abogó por el "respeto mutuo y estrecha colaboración" que, agregó, "solo será posible" cuando el líder de la mayor coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, asuma como presidente de Venezuela, ya que la formación insiste en que el opositor fue el ganador en las elecciones de julio, contrario al resultado oficial, que dio el triunfo a Nicolás Maduro.

VP deseó éxitos para Trump, quien tomó posesión como mandatario número 47 de Estados Unidos este lunes y reconoce a González Urrutia, exiliado desde septiembre en España, como el "presidente electo" de Venezuela.

El opositor intervino este domingo en una de las galas inaugurales por la investidura de Trump para asegurar "con certeza, que la libertad prevalecerá" en Venezuela y pidió unidad entre los pueblos de las Américas para que "la democracia sea inquebrantable y las libertades se fortalezcan".

Asimismo, afirmó que Maduro, quien tomó posesión el pasado 10 de enero como presidente para un nuevo sexenio en el poder en Venezuela, pese a una cuestionada reelección, "intentó convertir las elecciones del 28 de julio en una farsa", pero, agregó, no lo permitirán, gracias "a una fuerza física que defendió la victoria con pruebas irrefutables".

Según fuentes del equipo de Trump consultadas por EFE recientemente, "Venezuela es un problema porque está mandando a sus criminales a Estados Unidos y genera preocupación de seguridad nacional. Maduro acabará yéndose en menos tiempo del que creemos", algo que se conseguiría sin intervención militar estadounidense.

Otras fuentes familiarizadas con los debates internos en el nuevo equipo de Trump para Latinoamérica, liderado por el nominado a secretario de Estado, Marco Rubio, creen que "Estados Unidos tiene canales de comunicación abiertos" con el chavismo y varias palancas para forzar la salida de Maduro.

En su audiencia de confirmación en el Capitolio, Rubio abrió la posibilidad de poner fin a la exención que permite que Chevron opere en Venezuela, un paso que para la oposición venezolana sería un golpe "que rompería las costuras del chavismo, dejando claro que no hay futuro posible". EFE

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) pidió este miércoles la liberación del activista político Roland Carreño, quien fue detenido por segunda vez hace ocho meses y permanece en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como Helicoide.

A través de su cuenta en X, VP manifestó que el régimen de Nicolás Maduro “secuestró” a Carreño, a quien considera inocente, por lo que -agregó- “no debe pasar ni un día más tras las rejas”.

La formación opositora aseguró que Carreño no tiene acceso a sus abogados de confianza ni a sus familiares, lo que -agregó- viola derechos constitucionales.

“¡Basta de injusticia! Todos los venezolanos conocemos a Roland Carreño; sabemos que ha dedicado su vida a construir una mejor Venezuela”, indicó VP.

Carreño fue detenido el 2 de agosto del año pasado, aunque ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en Barbados.

El pasado jueves, la ONG Foro Penal informó que en Venezuela hay 901 personas que considera como presos políticos, la mayoría detenidas en el contexto de protestas postelectorales contra el triunfo que proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Nicolás Maduro, considerado por la PUD como “fraudulento”.

Reparación integral a las víctimas del chavismo

En otro orden, la líder opositora venezolana María Corina Machado y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, prometieron una reparación integral para las que consideran víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del chavismo, un compromiso que dijeron harán realidad en la “Venezuela democrática que se avecina”.

“Nos dirigimos a todas las víctimas directas e indirectas de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dentro y fuera de Venezuela. Cada uno de ustedes merece justicia y reparación por parte del Estado venezolano”, expresaron a través de un comunicado conjunto, publicado en X.

Mencionaron como propuesta el impulso de reformas estructurales que “aseguren que la justicia sea la verdadera garante de los derechos y libertades de los venezolanos”, así como que “la independencia del poder judicial esté garantizada y no sea nunca más un instrumento de persecución”.

Los opositores aseguraron que en los últimos 26 años, tiempo en el que el chavismo ha permanecido en el poder, “el régimen ha cometido graves violaciones de derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad” que se han documentado, añadieron, por la sociedad civil y varios organismos internacionales.

“No son hechos aislados cometidos por agentes insubordinados; es una política sistemática de persecución y represión, diseñada y ejecutada desde los más altos niveles de poder y bajo la complicidad del resto de la maquinaria estatal”, afirmaron.

Estas prácticas, agregaron, “han incluido persecución por razones políticas, asesinatos en contexto de la legítima protesta, ejecuciones extrajudiciales, muertes en custodia, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias”, entre otras.

“Nuestro compromiso es claro: erradicar la impunidad y garantizar que la Justicia en Venezuela sea independiente, imparcial y efectiva”, indicaron Machado y González Urrutia, quienes prometieron que su “Gobierno cumplirá con el derecho internacional y garantizará la reparación integral y efectiva al daño causado a cada una de las víctimas”.

(Con información de agencias)

Caracas, 8 ene (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió este miércoles la "liberación inmediata" del excandidato a la Presidencia Enrique Márquez, detenido el martes por agentes de seguridad del Estado, según confirmó hoy su familia.

"Exigimos la aparición con vida y liberación inmediata del excandidato presidencial Enrique Márquez y el cese de la represión gubernamental. Defender la Constitución no es delito", indicó la formación comunista en una nota de prensa.

El PCV condenó la "escalada represiva" contra las "fuerzas" que claman "por la restitución de la Constitución y el Estado de derecho en el país".

"Reiteramos que en Venezuela está en curso una peligrosa conspiración de los poderes constituidos -bajo control total de la cúpula del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)- para desconocer la voluntad popular", añadió.

El PCV hizo un llamado a las "fuerzas genuinamente democráticas y populares" a la más amplia "unidad de acción" para hacer frente a la "deriva autoritaria de la gestión antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro y avanzar hacia la recuperación de las garantías constitucionales".

Entretanto, el Frente Democrático Popular (FDP), plataforma que agrupa organizaciones políticas y sociales de izquierda, denunció en X que además de la detención de Márquez, el exalcalde Juan Barreto y la abogada María Alejandra Díaz han sido víctimas de hostigamiento con presencia policial a las afuera de sus casas.

Por su parte, el partido Voluntad Popular calificó el hecho como un "secuestro" del que responsabilizó al Gobierno de Maduro, al que acusó de llevar a cabo una "ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos este martes".

"Márquez, al igual que la mayoría de los venezolanos, no avaló el fraude de Maduro el pasado 28 de julio. No ha cometido ningún delito. Exigimos que aparezca ya y que sea liberado inmediatamente", agregó VP.

Hasta el momento, la autoridades del Estado no han informado sobre la detención del opositor.

Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.

El pasado 31 de diciembre, aseguró que la "voluntad de cambio" político de los venezolanos está "intacta", pese a que tanto el CNE como el TSJ -dijo- "se colocaron al margen" de la Constitución.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denuncia fraude electoral y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, lo que dice probar con el 85,18 % de las actas que -asegura- recogió el día de las elecciones gracias a testigos y miembros de mesa desplegados en los centros electorales. EFE

El excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, ha sido detenido este martes por las fuerzas de seguridad de Venezuela, apenas tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro, según ha denunciado el partido opositor Voluntad Popular.

"Denunciamos que la dictadura de Nicolás Maduro secuestró al excandidato presidencial Enrique Márquez, en medio de una ola de desapariciones de dirigentes y activistas de Derechos Humanos este martes", reza un comunicado de la formación antichavista publicado en su perfil de la red social X.

Asimismo, ha remarcado que "Márquez, al igual que la mayoría de los venezolanos, no avaló el fraude de Maduro el pasado 28 de julio" de 2024. "No ha cometido ningún delito. Exigimos que aparezca ya y sea liberado inmediatamente", ha manifestado.

Márquez, que fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2021 y 2023, se presentó a las elecciones de 2024 junto con otros nueve candidatos, si bien la votación se planteó en todo momento como un duelo entre Maduro y el aspirante opositor Edmundo González, que encabezó la coalición Plataforma Unitaria Democrática tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.

Horas antes, González, que se exilió a España tras los comicios presidenciales, denunció la detención de su yerno, Rafael Tudares: "Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos de 7 y 6 años, en Caracas, a dejarlos por el inicio a clases, y lo interceptaron hombres encapuchados, vestido de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido".

Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales tras las que Maduro se reafirmó como vencedor, si bien la oposición negó los resultados y asegura contar con las actas electorales que avalan el triunfo de González, buscado por la Justicia venezolana, aunque sostiene que tomará posesión del cargo el 10 de enero.

El exaspirante presidencial, que se encuentra realizado una gira internacional, ha asegurado que no tiene "restricciones" para regresar a Venezuela y que no revelará "ni el día ni la forma" en la que volverá a su país.

Caracas, 7 ene (EFE).- El excandidato opositor a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela por el partido Centrados, Enrique Márquez, fue detenido este martes por agentes de seguridad del Estado, según denunció la formación antichavista Voluntad Popular (VP).

En la red social X, esta organización, que califica el hecho como un "secuestro", responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusó de llevar a cabo una "ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos este martes".

"Márquez, al igual que la mayoría de los venezolanos, no avaló el fraude de Maduro el pasado 28 de julio. No ha cometido ningún delito. Exigimos que aparezca ya y que sea liberado inmediatamente", agregó VP.

De momento, el partido de Márquez no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho, que sucede tras la detención este mismo martes de seis políticos opositores, además de la denunciada "desaparición" del activista Carlos Correa y del "secuestro" del yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, en Caracas.

Márquez, también exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.

El pasado 31 de diciembre, Márquez aseguró que la "voluntad de cambio" político de los venezolanos está "intacta", pese a que tanto el CNE como el TSJ -dijo- "se colocaron al margen" de la Constitución.

En ese sentido, sostuvo que se debe perseverar en la búsqueda del cambio para evitar -añadió entonces- que la carta magna "se convierta en letra muerta".

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denuncia fraude electoral y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, lo que dice probar con el 85,18 % de las actas que -asegura- recogió el día de las elecciones gracias a testigos y miembros de mesa desplegados en los centros electorales.

Caracas, 7 ene (EFE).- El excandidato opositor a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela por el partido Centrados, Enrique Márquez, fue detenido este martes por agentes de seguridad del Estado, según denunció la formación antichavista Voluntad Popular (VP).

En la red social X, esta organización, que califica el hecho como un "secuestro", responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusó de llevar a cabo una "ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos este martes".

De momento, el partido de Márquez no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho, que sucede tras la detención este mismo martes de seis políticos opositores, según el antichavismo, además de la denunciada "desaparición" del activista Carlos Correa y del "secuestro" del yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, en Caracas. EFE

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Caracas, 7 ene (EFE).- Varios partidos y líderes opositores de Venezuela condenaron y repudiaron este martes lo que consideran el "secuestro" en Caracas de Rafael Tudares, el yerno del líder del antichavismo mayoritario, Edmundo González Urrutia, quien informó del suceso a través de la red social X.

En la misma plataforma, el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles consideró que "nuevamente arremeten en contra de la libertad de un inocente" y buscan "presionar a Edmundo hostigando y persiguiendo a su círculo cercano".

"¿Esta es la paz de la que viven hablando quienes ostentan el poder? Esto es terrorismo de Estado atentando contra la familia. ¡Repudio total! ¡Inaceptable!", agregó en X.

En la misma red social, el partido Voluntad Popular (VP) afirmó que el "secuestro" de Tudares es "un golpe bajo" que demuestra el "nivel de miseria" de la "dictadura de Nicolás Maduro", como acostumbra a calificar al Gobierno.

"La cobardía de Maduro no tiene límites. Emplazamos a la comunidad internacional (a) que se una rápidamente a nuestra exigencia a la dictadura para que libere a Tudares inmediatamente. ¡Basta de persecución!", expresó VP.

Por su parte, el excandidato presidencial de las primarias Andrés Caleca calificó el denunciado "secuestro" como una "práctica aberrante", que llamó "Sippenhaft" (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis), mientras envió su solidaridad a la familia del líder antichavista.

Además, la presidenta del partido Primero Justicia María Beatriz Martínez afirmó que esta acción es "otra medida desesperada de represión, persecución y amedrentamiento en contra de las fuerzas democráticas"

"(Es) una grave actuación de la decadencia que muestra de lo que son capaces en su desespero por mantenerse a la fuerza en el poder", afirmó Martínez en X.

Tudares se dirigía a la escuela a dejar a sus hijos cuando, según González Urrutia, "lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron".

"A esta hora se encuentra desaparecido", agregó el líder opositor.

Se desconoce si el hecho está relacionado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ni si se trata de una detención al uso o, por el contrario, es un secuestro, como ha denunciado el opositor.

Hasta el momento, las autoridades no se han manifestado sobre el suceso.

El líder antichavista -que reclama que es el ganador de las presidenciales del 28 de julio, contrario al resultado oficial, que dio la reelección a Maduro- canceló su agenda en Estados Unidos posterior al "secuestro" de su yerno.

Fuentes del entorno del político venezolano explicaron a EFE que la delegación se dirigirá hoy a Panamá "para continuar con la gira" que están llevando a cabo por América para recabar apoyos internacionales de cara a la investidura del 10 de enero, que tanto González Urrutia como Maduro prometen asumir. EFE

Caracas, 3 ene (EFE).- El mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este viernes su exigencia para que liberen al político y activista antichavista Roland Carreño, quien, según la coalición, permanece detenido de forma "arbitraria" desde hace más de cinco meses.

A través de X, la PUD manifestó que Carreño "debe ser liberado de inmediato", al igual que todos los considerados "presos políticos", cifrados en 1.794, según la ONG Foro Penal, la mayoría detenidos tras las presidenciales, cuando se desató una crisis por el cuestionado resultado oficial, que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

Asimismo, el bloque antichavista aseguró que ni Carreño ni los demás detenidos "han cometido delito alguno", sino que -agregó- querían una Venezuela "libre y próspera".

El jueves, el partido opositor Voluntad Popular (VP), el que pertenece el activista, también exigió al Gobierno su liberación, ya que -aseguró- "todos" saben que el opositor "no ha cometido ningún delito".

Carreño, detenido por segunda vez, también fue arrestado el 26 de octubre de 2020 acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD en Barbados. EFE

Caracas, 2 ene (EFE).- El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) denunció este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió, hasta el próximo lunes, las visitas y entregas de alimentos a los considerados "presos políticos" recluidos en el penitenciario conocido como Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

"Esto es una clara violación a los derechos humanos de los presos políticos, y alertamos sobre las graves consecuencias que podrían sufrir debido a esta peligrosa medida del régimen", expresó VP a través de X.

Asimismo, afirmó que la medida de suspensión se suma a lo que considera "violaciones de derechos humanos de algunos presos políticos", como Freddy Superlano y Roland Carreño, colaboradores de la formación, a quienes -aseguró el partido antichavista- se les ha negado el acceso a sus familiares y abogados de confianza desde que fueron detenidos.

VP exigió "al régimen de Nicolás Maduro" que deje de "poner en riesgo la vida de estos venezolanos y que los libere inmediatamente", una petición que extendió también para todos los "presos políticos".

La ONG Foro Penal informó el martes que tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.794 "presos políticos", la mayoría detenidos en el contexto de protestas postelectorales contra el resultado oficial que dio el triunfo a Maduro.

Según datos oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera que han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.

La mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera "presos políticos" a los arrestados durante las protestas poselectorales, mientras que el Gobierno asegura que en el país no hay ningún detenido por razones de conciencia, sino por hechos violentos y delictivos. EFE

Caracas, 19 dic (EFE).- El exgobernador opositor de Venezuela César Pérez Vivas denunció este jueves la detención del dirigente campesino Carlos Azuaje en el sur del país, lo que el antichavista señaló como parte de la "escalada de violencia" por parte del Estado y el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) "contra los luchadores democráticos".

"La dictadura pretende encarcelar a todos los dirigentes, voceros y luchadores democráticos con tal y quedarse ilegalmente en el poder. Expreso mi repudio a esta escalada de violencia", escribió en la red social X.

Pérez Vivas, miembro de la mayor coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, indicó que el dirigente campesino fue aprehendido en "la carretera hacia Puerto Ordaz", una ciudad del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

El exgobernador aseguró que Azuaje es un vocero de agricultores y campesinos y "firme defensor del derecho a la democracia", quien "no ha cometido delito alguno".

"Su pecado es denunciar la barbarie y la corrupción del 'socialismo del siglo XXI'", agregó, en referencia al modelo político promovido por el chavismo.

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) señaló que Azuaje "ha sido un activista comprometido con la transparencia y la recuperación de la democracia" venezolana, y aseveró que "no ha cometido ningún delito", por lo que exigió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que lo libere "inmediatamente" y "resguarde sus derechos humanos".

Además, la formación opositora alertó a la comunidad internacional de que "el régimen, mientras excarcela a algunos presos políticos, secuestra a otros".

El lunes, la Fiscalía indicó que 533 personas detenidas en el contexto de crisis poselectoral fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

Estas liberaciones se dieron en paralelo a nuevas detenciones, como las de dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz.

Venezuela vive una crisis política desatada tras los comicios de julio, en los que Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, un resultado señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

El pasado viernes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que defensores de DD.HH., líderes sindicales, responsables de prensa, miembros de la oposición y otros actores sociales son víctimas de amenazas y acoso. EFE

Caracas, 9 dic (EFE).- La ONG de Venezuela Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes "requisas invasivas" a mujeres que visitan a sus familiares, detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda (norte).

"Nos mandaron a desnudar y nos revisaron la ropa en el piso. Después me mandaron a poner en un rincón, me pidió que recostara la espalda en la pared y abriera las piernas como si fuera a parir", dijo una mujer al OVP, citada en una nota de prensa.

La organización destacó que las "requisas invasivas" contravienen los "principios básicos de la dignidad humana" y constituyen "una forma de tortura psicológica".

Asimismo, instó al Ministerio Público (Fiscalía) a abrir una investigación penal contra "estos perpetradores de violaciones a los derechos humanos", quienes -aseguró- "actúan bajo la mirada pasiva del Estado".

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular (VP) alertó al mundo sobre las "prácticas atroces" a las que el "régimen de Nicolás Maduro" somete a las madres de presos en Yare III.

"Ninguna mujer debe ser o sentirse violada por nadie, mucho menos por funcionarios del Estado", afirmó VP en X, a la vez que exigió poner fin a "estas violaciones disfrazadas de requisas".

Este lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó en X sobre la consignación de un documento ante la Fiscalía en el que se denuncian "tratos crueles, inhumanos y degradantes", así como la "constante violación a los derechos humanos", de los que "han sido víctimas los presos políticos y familiares".

El pasado miércoles, la ONG FundaRedes alertó sobre las condiciones de reclusión que sufren las "presas políticas" en Venezuela -como hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos-, al tiempo que denunció "patrones de violencia que se repiten", como psicológico, sexual, institucional y físico, que -manifestó- reflejan las "graves violaciones de derechos humanos".

Distintas organizaciones exigen a diario la libertad sin restricciones de los "presos políticos" en el país, un total de 1.905 -según la ONG Foro Penal-, la gran mayoría detenidos tras las elecciones, cuando se desató una crisis política a raíz de la proclamación de la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro, otorgada por el ente electoral nacional, y la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora. EFE

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este jueves conocer el paradero de uno de sus dirigentes, Luis Somaza, cuya detención fue denunciada por esa formación política este miércoles.

“Luis Somaza cumple más de 12 horas secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, su familia y amigos exigimos saber dónde está y que sea puesto en libertad de forma inmediata”, expresó VP en Instagram.

Somaza fue detenido por “cinco hombres, vestidos completamente de negro” que no tenían “ningún tipo de identificación de seguridad de cuerpos del Estado”, indicó este jueves la hermana del dirigente, Valeria Somaza, a periodistas durante una concentración ante una de las sedes del Ministerio Público, en Caracas.

“Fue secuestrado de donde él estaba en resguardo. Fue violentado su lugar de resguardo”, afirmó Somaza, según un video publicado por VP.

La mujer aseguró que su hermano “no es delincuente”, sino -agregó- “un luchador que quiere un cambio por Venezuela”.

“Temo por su vida. Temo también por las torturas que le puedan hacer (...). Necesito y exijo que me digan dónde está Luis Somaza”, agregó. “Por pensar diferente lo han secuestrado”, sostuvo.

Más temprano, el opositor Andrés Velásquez negó que el dirigente de VP sea un delincuente y calificó de “secuestro de carácter político” su arresto, pese a que las autoridades de la Administración de Nicolás Maduro no han confirmado que Somaza esté detenido.

“Como ya es costumbre le montarán el expediente favorito de la dictadura, para todo el que piensa distinto: terrorista, asociación para delinquir, etc”, afirmó Velásquez, en referencia a los delitos que, según partidos opositores y varias ONG, se les ha imputado a los detenidos poselectorales, a quienes consideran inocentes.

Hasta el 10 de febrero, la ONG Foro Penal computaba 1.194 “presos políticos” en el país, en su mayoría detenidos tras las presidenciales de julio del año pasado, cuando se desató una crisis a raíz de la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial -controlado por rectores afines al chavismo- y la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigieron al régimen poder visitar a sus seres queridos

Familiares de un grupo de presos políticos en Venezuela se acercaron este martes a la Defensoría para entregar a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro un documento en el que exigen permiso para poder visitar a sus seres queridos.

Andreína de Grazia, hija de Américo de Grazia, detenido el 7 de agosto por supuesta “instigación al odio e incitación a la rebelión”, denunció que no ha tenido contacto con él desde su arresto y que, por tanto, desconoce su estado de salud.

“Estamos exigiendo que, por favor, nos permitan, por lo menos, su visita para verificar (su salud) y tener contacto directo con él”, dijo en la sede de la Defensoría y recordó que, al igual que su padre, están en esta situación los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Ronald Carreño, Alfredo Díaz y “muchos otros”, injustamente detenidos e incomunicados.

“Estamos aquí, alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes”, insistió.

(Con información de EFE)

“Somaza es un dirigente pacífico comprometido con la democracia en Venezuela. No ha cometido ningún delito. No vamos a normalizar la criminalización del activismo político por parte del régimen”, escribió la formación antichavista en la red social X, donde compartió una fotografía del activista.

Asimismo, VP, que responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro, hizo un llamado a la comunidad internacional a estar atenta a “lo que pueda ocurrirle” al opositor.

“No podemos permitir que Luis Somaza entre en la larga lista de presos políticos de la dictadura. ¡Liberen a Somaza ya!”, agregó.

El partido luego compartió en X un video de la hermana del dirigente, Valeria Somaza, quien denunció que a las 18:38 hora local (22:38 GMT) de este 12 de febrero se lo llevaron “de su casa” unos “personajes encapuchados, vestidos todos de negro, sin ninguna identificación”.

“Luis siempre fue amenazado por el Gobierno de Nicolás Maduro, empezando por (el titular de Interior y Justicia) Diosdado Cabello (...) y (el presidente del Parlamento) Jorge Rodríguez. Luis no tuvo ninguna razón para salir del país por estas amenazas, ya que mi hermano no es ningún delincuente”, aseguró.

La joven dijo que desconoce “a dónde se lo llevaron” y que teme por la vida de su hermano, e hizo “responsable al régimen por lo que le pueda pasar”.

Hasta el 10 de febrero, la ONG Foro Penal computaba 1.194 presos políticos en el país, en su mayoría detenidos tras las presidenciales de julio del año pasado, cuando se desató una crisis a raíz de la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial -controlado por rectores afines al chavismo- y la denuncia de fraude por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria del presidente electo Edmundo González Urrutia.

(Con información de EFE)

El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) felicitó este lunes al recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que el país caribeño cuenta con su “apoyo” para comenzar una “nueva etapa en democracia y libertad”.

A través de X, VP abogó por el “respeto mutuo y estrecha colaboración” que, agregó, “solo será posible” cuando el presidente electo, Edmundo González Urrutia, asuma como mandatario de Venezuela, ya que la formación insiste en que el opositor fue el ganador en las elecciones de julio, contrario al resultado oficial, que dio el triunfo a Nicolás Maduro, bajo sospechas de fraude.

VP deseó éxitos para Trump, quien tomó posesión como mandatario número 47 de Estados Unidos este lunes y reconoce a González Urrutia, exiliado desde septiembre en España, como el presidente electo de Venezuela.

El opositor intervino este domingo en una de las galas inaugurales por la investidura de Trump para asegurar “con certeza, que la libertad prevalecerá” en Venezuela y pidió unidad entre los pueblos de las Américas para que “la democracia sea inquebrantable y las libertades se fortalezcan”.

Asimismo, afirmó que Maduro, quien tomó posesión el pasado 10 de enero como presidente para un nuevo sexenio en el poder en Venezuela, pese a una cuestionada reelección, “intentó convertir las elecciones del 28 de julio en una farsa”, pero, agregó, no lo permitirán, gracias “a una fuerza física que defendió la victoria con pruebas irrefutables”.

Según fuentes del equipo de Trump consultadas por la agencia de noticias EFE recientemente, “Venezuela es un problema porque está mandando a sus criminales a Estados Unidos y genera preocupación de seguridad nacional. Maduro acabará yéndose en menos tiempo del que creemos”, algo que se conseguiría sin intervención militar estadounidense.

Otras fuentes familiarizadas con los debates internos en el nuevo equipo de Trump para Latinoamérica, liderado por el nominado a secretario de Estado, Marco Rubio, creen que “Estados Unidos tiene canales de comunicación abiertos” con el chavismo y varias palancas para forzar la salida de Maduro.

En su audiencia de confirmación en el Capitolio, Rubio abrió la posibilidad de poner fin a la exención que permite que Chevron opere en Venezuela, un paso que para la oposición venezolana sería un golpe “que rompería las costuras del chavismo, dejando claro que no hay futuro posible”.

(Con información de EFE)

Caracas, 18 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela atribuyó este lunes los problemas eléctricos en el estado Nueva Esparta (insular) -donde se reportan varias horas sin luz- a un "ataque terrorista" en el Complejo Muscar en Monagas (este), donde se distribuye el gas que se utiliza para las termoeléctricas, según dijo la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal VTV, Rodríguez aseguró que el pasado lunes, una empresa externa de la estatal petrolera Pdvsa -sin precisar cuál-, con "cómplices internos", realizó una "maniobra dolosa" que produjo una explosión a "gran escala" en las instalaciones que -señaló- distribuyen el 80 % del gas "para el mantenimiento del sistema termoeléctrico del país".

Rodríguez, quien relacionó este hecho con "factores extremistas" que buscan "atentar contra el desarrollo económico" del país, aseguró que el Gobierno atiende la situación eléctrica de Nueva Esparta mediante planes de contingencia que no precisó.

Este lunes, el partido opositor Voluntad Popular (VP) alertó sobre una "crisis eléctrica" en la isla Margarita, Nueva Esparta, donde los habitantes -aseguró la formación- pasan más de diez horas sin el servicio, de lo que responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Durante años prometieron la construcción de plantas y de parques eólicos que quedaron en nada por culpa de la corrupción y el despilfarro. Hoy, como siempre, quienes sufren las consecuencias son los venezolanos", señaló la organización antichavista, que acusó a las autoridades de hacer "nada para ayudar" a los margariteños.

El país sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo, en regiones alejadas a Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza retieradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones de la industria, mientras que el antichavismo y expertos denuncian mala gestión, falta de mantenimiento y a la corrupción. EFE

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Caracas, 18 nov (EFE).- El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) alertó este lunes de una "crisis eléctrica" en la isla Margarita (noreste), donde los habitantes -aseguró la formación- pasan más de diez horas sin el servicio, de lo que responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Margarita (está) a oscuras por culpa del régimen", expresó en la red social X, donde dijo que la "dictadura" está "condenando" a los habitantes de la isla -perteneciente al estado insular de Nueva Esparta- a pasar "10, 12 o más horas sin servicio eléctrico".

"Durante años prometieron la construcción de plantas y de parques eólicos que quedaron en nada por culpa de la corrupción y el despilfarro. Hoy, como siempre, quienes sufren las consecuencias son los venezolanos", señaló la organización antichavista, que acusó a las autoridades de hacer "nada para ayudar" a los margariteños.

En ese sentido, el partido exigió al Gobierno soluciones "inmediatas" a la "crisis eléctrica" en la región insular, uno de los principales destinos turísticos del país caribeño, que ha recibido en los últimos años a miles de turistas procedentes, sobre todo, de Cuba y Rusia.

El sábado, el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, anunció que sería restituido el suministro de gas a las plantas termoeléctricas de Nueva Esparta, luego de resultar afectado por un "ataque terrorista" del que el funcionario acusó a la líder opositora María Corina Machado, según una nota de prensa oficial.

Sin embargo, habitantes de Margarita denunciaron en redes sociales que este lunes continúan las interrupciones del servicio, que se extienden, según varios de ellos, por un promedio de 12 horas.

Desde hace años, el país petrolero sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo, en regiones alejadas a Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza a la oposición mayoritaria, aun cuando militares vigilan las instalaciones de la industria, mientras que el antichavismo y expertos denuncian mala gestión, falta de mantenimiento y corrupción.

El pasado agosto, Venezuela vivió el apagón más largo desde marzo de 2019 -cuando pasó varios días a oscuras-, tras sufrir un fallo eléctrico que cortó la energía en Caracas y en los 23 estados. EFE

Caracas, 16 nov (EFE).- Jyuly Rosso, hija del activista del partido político Voluntad Popular (VP) Aldo Rosso, dijo a EFE que espera que el nombre de su padre entre en la lista de reos considerados "presos políticos" que serán excarcelados, una medida que varias decenas de detenidos durante la crisis poselectoral ya han recibido, con la consiguiente salida de prisión.

"Yo fui a los tribunales el día martes, para obtener alguna información directamente con su abogado defensor público, el cual me dijo que hay una lista, pero para las personas que fueron (detenidas) poselectorales, o sea, no me dio esperanza alguna, pero la fe es lo último que se pierde", dijo Rosso tras un encuentro de familiares de "presos políticos" en Caracas.

El opositor fue detenido el 4 de julio, junto al activista Ignacio Monique, según denunció VP, que relacionó estas detenciones con el inicio de la campaña para las presidenciales que se celebraron el 28 de julio.

Indicó que no maneja información sobre una posible liberación de su padre, por lo que -dijo- esperará a lo que suceda en el transcurso de la semana, porque -aseguró- se trata de "un preso político, sin ningún motivo esta allí, simplemente por luchar por la libertad".

Asimismo, recordó que a Rosso se le acusa de los delitos de asociación para delinquir, traición a la patria y terrorismo.

Este sábado, ONG de Venezuela anunciaron excarcelaciones en varios centros penitenciarios del norte del país de los considerados "presos políticos", detenidos luego de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales.

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó en Instagram que en el centro penitenciario Aragua (norte), conocido como Tocorón, han sido liberados 50 jóvenes adultos, con medidas cautelares.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló en X que en la cárcel del estado Carabobo (norte), conocido como Tocuyito, han sido liberadas unas 14 personas, que se suman así a las 10 que habían sido excarceladas de la cárcel de San Francisco de Yare, en el estado Miranda (norte), la mañana de este sábado.

El viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho pidió ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo. EFE

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El opositor César Pérez Vivas denunció este jueves que el régimen de Nicolás Maduro había detenido al dirigente campesino Carlos Azuaje, en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela.

“Otro líder democrático encarcelado por la dictadura. El ingeniero Carlos Azuaje, vocero de agricultores y campesinos, firme defensor del derecho a la democracia, fue detenido en la carretera hacia Puerto Ordaz”, escribió Pérez Vivas en su cuenta de X.

Acciones como estas, sumó, dan cuenta de la “escalada de violencia del Estado-PSUV contra los luchadores democráticos” y de la voluntad de la dictadura por “encarcelar a todos los dirigentes, voceros y luchadores como tal, y quedarse ilegalmente en el poder”.

“Carlos Azuaje es un hombre de bien, no ha cometido delito alguno. Su pecado es denunciar la barbarie y la corrupción del ‘socialismo del Siglo XXI’”, lamentó, en referencia al modelo dictatorial que el chavismo lleva imponiendo hace décadas en el país.

Por su parte, el partido Voluntad Popular reiteró que el campesino “no ha cometido NINGÚN delito” sino que ha dedicado sus días a trabajar por “la transparencia y la recuperación de la democracia en nuestro país” y, por tanto, exigió su liberación inmediata y el pleno resguardo de sus derechos humanos.

“¡Basta de persecución y de injusticia!“, se lee en su publicación.

Asimismo, la agrupación advirtió ante la comunidad internacional que las liberaciones de presos políticos de las últimas semanas, ordenadas por el chavismo, no son más que una estrategia para revertir su imagen negativa ya que “mientras excarcelan a unos, secuestran a otros”.

Este lunes, la Fiscalía informó que, desde noviembre, ya se ha dejado en libertad a unas 533 personas que habían sido detenidas en el contexto post electoral, en su mayoría por haber protestado en contra del fraude de Maduro o por estar vinculados, de alguna manera, a la Plataforma Unitaria Democrática. Su excarcelación responde, según el régimen, a una revisión de sus casos, aunque varias ONG que operan en el país han denunciado que se trata en su totalidad de causas inventadas y de procesos judiciales irregulares.

No obstante, mientras estas personas regresaban a sus hogares, con sus seres queridos, otros caían en manos de las fuerzas de seguridad chavistas, como fue el caso de la ex concejal de Caracas Jesús Armas, el activista Luis Palocz, dos miembros del partido Vente Venezuela y el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, entre otros.

Este jueves, la organización Foro Penal, que monitorea la situación en las cárceles del país, actualizó su balance y señaló que son 1.877 los presos políticos que siguen tras las rejas, es decir, 28 menos que en su anterior reporte. De ellos, 1.715 son civiles y 162 pertenecen a la Fuerza Armad Nacional, y aún hay seis adolescentes de entre 14 y 17 años.

A raíz de las denuncias por las condiciones inhumanas en los penales y tras conocerse en las últimas semanas varios casos de detenidos muertos bajo custodia policial, el partido Primero Justicia pidió a las autoridades cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida y la salud de estas personas.

“El Estado tiene la obligación legal y constitucional de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las personas que están bajo su custodia. Exigimos que esto sea respetado”, manifestaron en un comunicado difundido en redes sociales.

(Con información de EFE)

El partido Voluntad Popular (VP) celebró este martes que el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU, según un grupo de abogados denunciantes, haya abierto un caso contra el régimen de Venezuela para investigar el fraude electoral en los comicios del pasado julio y que, además, haya exigido conservar las actas de escrutinio.

“¡Un gran paso para demostrar la verdad! Celebramos la decisión del Comité de DDHH de la ONU de admitir el caso sobre Venezuela en las elecciones del 28 de julio y de pedir al Estado el resguardo del material electoral, incluyendo las actas”, escribió VP en la red social X.

Asimismo, la formación, que reclama la “victoria” del entonces candidato opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en España-, considera importante que la comunidad internacional “exija al régimen de Nicolás Maduro que cumpla con este requerimiento”.

“No hay excusas. Nosotros tenemos las actas que demuestran que nuestro presidente electo es Edmundo González. Lo sabe la ONU y lo sabe el mundo. ¡La verdad triunfará!”, agregó el partido.

Uno de los abogados denunciantes, Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a la agencia de noticias EFE que el Comité les notificó que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente, conservar los materiales electorales clave, como las actas de escrutinio.

Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EEUU), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.

Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo”.

Además, exponen en su denuncia la situación en el país caribeño antes, durante y después de sus elecciones, y señalan un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.

El Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.

(Con información de EFE)

El partido opositor Voluntad Popular (VP) dijo que la investigación contra la líder opositora María Corina Machado es una “nueva excusa” de “la dictadura de Nicolás Maduro” para “detenerla”, luego de que la Fiscalía iniciara este proceso al señalar a la ex diputada de apoyar un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Alertamos a la comunidad internacional que esta es una nueva excusa de la dictadura de Nicolás Maduro para perseguir y detener a la líder democrática de los venezolanos”, manifestó VP a través de X.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) sostuvo que inició esta investigación contra Machado para ser imputada “por su promoción y apoyo” al proyecto de ley del Senado de Estados Unidos que prohíbe a instituciones del Gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el régimen de Maduro.

Asimismo, el MP afirmó que los pronunciamientos que ha hecho Machado a favor de este proyecto de ley constituyen la comisión de los delitos de “traición a la patria”, conspiración con países extranjeros, así como asociación para delinquir.

VP, que calificó de “farsa” esta investigación, afirmó que la Fiscalía actúa como “el brazo judicial de la dictadura”, por lo que -agregó- “cualquier supuesta investigación o decisión no tiene ninguna credibilidad ni sustento jurídico”.

El miércoles, Machado auguró consecuencias para el régimen de Maduro por este proyecto de ley, aunque la norma debe ser aprobada por el Senado para que se haga efectiva.

“La ley Bolívar (oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela) envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias, y nadie podrá normalizarlas”, afirmó Machado.

Por su parte, Maduro calificó de “basura” la norma y advirtió que aquellos opositores que apoyen este proyecto de ley estarán cometiendo delitos, por lo que deberán atenerse a “las consecuencias” judiciales, sin precisar cuáles serían.

El jueves, el Parlamento -controlado por el chavismo- aprobó la discusión de una ley orgánica que busca inhabilitar políticamente a quienes soliciten a países, “grupos o asociaciones terroristas”, que impongan sanciones económicas contra la nación caribeña.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la plenaria, en la que el presidente de la Cámara, el chavista Jorge Rodríguez, insistió en que la inhabilitación política deberá ser perpetua.

El proyecto de ley Bolívar fue presentado por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe “mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.

(Con información de EFE)

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, exigió este domingo al Gobierno liberar “inmediatamente” a su dirigente Roland Carreño, detenido el 2 de agosto por “el régimen de Nicolás Maduro”, según la formación.

”La dictadura se ha ensañado con él por el simple hecho de decir siempre la verdad y por luchar por una Venezuela libre y democrática”, aseguró VP en una publicación en X, donde también expresó que Carreño, detenido por segunda vez, “nunca ha debido estar preso y debe estar libre”.

El también periodista fue detenido, por primera vez, el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre del año pasado, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- en Barbados.

VP aseguró que, sumando esa primera detención, Carreño “ha pasado 1.188 días privado de su libertad injustamente”, por lo que espera que “más pronto que tarde” haya “justicia” en su caso.

“Habrá memoria y reparación ¡Liberen a Roland!”, escribió el partido en la red social, donde compartió una imagen con el rostro del dirigente antichavista.

Las fuerzas de la dictadura chavista han arrestado a más de 2.400 personas desde los comicios. Estas detenciones se llevaron a cabo tanto en protestas contra el cuestionado triunfo de Maduro como en operativos policiales y militares. El régimen ha alegado que se trató de un golpe de Estado fallido en su contra, pero los opositores denuncian un esfuerzo sistemático para silenciar la disidencia.

Hace unas semanas, familiares de los detenidos realizaron una vigilia cerca de la prisión de Tocuyito, en el estado Carabobo, pidiendo la liberación de todos los presos políticos.

En respuesta a las críticas, el canciller de la dictadura, Yván Gil, aseguró que “Venezuela está libre de presos políticos”, una afirmación que fue inmediatamente rechazada por sectores antichavistas y defensores de derechos humanos.

En este sentido, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) denunció que “la represión y la censura son cotidianas” y urgió a acciones concretas para combatir la impunidad.

“Los crímenes contra la prensa no solo atacan a los periodistas, sino también a nuestro derecho a estar informados”, subrayó Ipys.

En Venezuela hay 1.963 “presos políticos”, según la ONG Foro Penal, de los cuales 1.836 fueron detenidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador, un resultado señalado como fraudulento por la PUD, que insiste en que su candidato, Edmundo González Urrutia, venció por un amplio margen.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su preocupación por el aumento de los ataques a la prensa, destacando que el régimen chavista “continúa opacando los pocos vestigios que quedan de las libertades de prensa y expresión”.

Este año, al menos 14 periodistas han sido arrestados, nueve de ellos después de las elecciones, lo que ha convertido el periodismo en una profesión de alto riesgo en Venezuela.

“Exigimos justicia para los periodistas que son víctimas de detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas directas”, manifestó la ONG Espacio Público.

(con información de EFE)

Caracas, 29 oct (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) agradeció este martes un pronunciamiento del subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en el que llama a una investigación "transparente" sobre la muerte del dirigente regional de la formación Edwin Santos, que el antichavismo asegura fue "asesinado", mientras que el oficialismo insiste en que fue un accidente de tránsito.

"Agradecemos al Gobierno de Estados Unidos por este importante pronunciamiento sobre la muerte de nuestro dirigente Edwin Santos", expresó VP en la red social X.

VP subrayó que el Ejecutivo de Nicolás Maduro "debe permitir una investigación transparente inmediatamente", por lo que -agregó- la "presión" internacional "es clave" para esto.

La formación -liderada por el exalcalde Leopoldo López- respondió así a una publicación en X de Nichols, quien dijo estar conmocionado por la muerte del que calificó como "destacado activista democrático venezolano".

"Nos sumamos al llamado para que se lleve a cabo una investigación transparente y una autopsia realizada de manera independiente para determinar la responsabilidad de su muerte, tras su supuesta detención por las fuerzas de seguridad", agregó el funcionario norteamericano.

El pasado 25 de octubre, VP denunció que Santos -dirigente de la formación en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia)- fue "asesinado", dos días después de haber sido detenido por miembros de los organismos de seguridad del Estado, un hecho -insistió la formación- "confirmado por testigos de la zona" donde se encontraba.

Sin embargo, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, desmintió esa información y aseguró que el también cofundador de VP falleció en un accidente de tránsito.

Este martes, un total de 100 académicos y políticos venezolanos exigieron también justicia en este caso, así como una investigación independiente, e hicieron un llamado a condenar "con la mayor fuerza" este hecho. EFE

Caracas, 29 oct (EFE).- Un total de 100 académicos y políticos venezolanos exigieron este martes justicia en el caso de la muerte del dirigente regional opositor Edwin Santos, que el antichavismo asegura que fue "asesinado" en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), mientras la Policía afirma que falleció en un accidente de tránsito.

"Solicitamos a todos los movimientos, partidos y gobiernos demócratas del mundo, condenar con la mayor fuerza este hecho, exigir una investigación independiente, tal como lo establece el Convenio de Estambul de 1999 y el Protocolo de Minnesota", indicaron en un comunicado, publicado por la ONG Provea.

El grupo manifestó su solidaridad con la familia, compañeros y amigos de Santos, al tiempo que dijo que acompañará sus "denuncias y la exigencia de justicia y reparación".

"Condenamos enérgicamente estas prácticas que solo pueden denunciarse como terrorismo de Estado", añadió.

Los académicos y políticos señalaron que Santos fue detenido el miércoles 23 de octubre por un "organismo de seguridad del Estado, al tiempo que indicaron haber recibido información de otros presos que "vieron a Edwin en el lugar en que estaban detenidos".

"La versión del Gobierno es que tuvo un accidente de tránsito mientras conducía su moto. Pero el Estado debe explicar a Venezuela y al mundo ¿Cómo puede tener un accidente de tránsito alguien que se encontraba detenido e incomunicado en la sede de un organismo de seguridad?", cuestionaron.

El viernes, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, aseguró que Santos, dirigente y cofundador del partido opositor Voluntad Popular (VP) en Apure, falleció en un accidente de tránsito.

A través de Instagram, Rico indicó que el cuerpo de Santos fue hallado en una carretera principal, junto a una motocicleta, "sin signos vitales producto de un accidente de tránsito tras impactar la moto que conducía contra un árbol".

"Rechazamos todas las noticias falsas dadas por algunos medios de información y voceros, que intentan manipular e informar que el Gobierno nacional pueda estar detrás de este lamentable suceso", añadió Rico.

Rico anunció que el Ministerio de Interior dio la orden de abrir una "averiguación a quienes están realizando estas campañas de desinformación y mentiras".

Entre tanto, VP denunció el "asesinato" del político, quien había sido detenido, según la formación, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según VP, el opositor fue un "actor fundamental en la victoria" en Apure de las presidenciales del 28 de julio, en referencia al triunfo que el antichavismo mayoritario, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, en esos comicios, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro.

Santos tenía 36 años de edad y había sido coordinador local del comando de campaña presidencial de la PUD, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela. EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido este martes una investigación "transparente" y una autopsia "independiente" para determinar responsabilidades por la muerte del líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Edwin Santos, en el estado de Apure (suroeste).

"Estamos conmocionados y entristecidos por la muerte del destacado activista democrático venezolano Edwin Santos", ha dicho el secretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, en la red social X.

Santos fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se dirigía con su motocicleta hacia la comunidad de El Piñal, según indicó el partido opositor venezolano, que horas antes había denunciado su desaparición.

El cuerpo del opositor fue encontrado en el puente que comunica Apure con el estado de Táchira. El líder del partido, Leopoldo López, publicó una fotografía de Santos con aparentes signos de tortura. "Lo torturaron hasta que lo asesinaron. La dictadura no podrá ocultar su responsabilidad", denunció.

Caracas, 28 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que espera que la líder antichavista María Corina Machado y los "corruptos de la oposición" sean "capturados" y "enjuiciados" por el "robo" de Citgo, la filial de la petrolera estatal Pdvsa, con sede en Estados Unidos, que corre el riesgo de ser embargada debido a impagos.

En su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario aseguró que este "robo descarado" fue encabezado, junto a Machado, por el expresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Juan Guaidó y por Leopoldo López, el fundador del partido opositor Voluntad Popular.

Asimismo, manifestó que la actual AN -controlada por el chavismo- "viene jugando un papel estelar" al elaborar un informe en el que se señala a 351 personas presuntamente vinculadas al "robo" de Citgo, entre ellas 95 exdiputados opositores.

El pasado viernes, el fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la apertura de una investigación por este caso tras recibir el informe del Parlamento de manos del primer vicepresidente de la Cámara, Pedro Infante, quien aseguró que la documentación reúne "elementos probatorios" que "demuestran las implicaciones que tienen estos actores en el robo de la empresa" petrolera.

Infante explicó que el informe consiste en 19 documentos, entre ellos actas de sesiones legislativas y acuerdos aprobados en 2019, cuando Guaidó se autoproclamó mandatario interino y contó con el reconocimiento de unos 60 países.

Asimismo, entregó a la Fiscalía informes sobre las juntas ad hoc "designadas de manera ilegal" por el Parlamento en 2019, cuando la mayoría antichavista que controlaba el Legislativo consideró ilegítima la continuidad de Maduro como jefe de Estado debido a su controvertida reelección de 2018. EFE

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Caracas, 28 oct (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió este lunes fe de vida del antichavista Eduardo Labrador, diputado regional en el estado Zulia (noroeste), detenido hace diez días por la Policía de esa región fronteriza con Colombia.

A través de la red social X, la plataforma también pidió información sobre el paradero de Labrador, señalado por la alianza como una víctima de desaparición, así como el respeto a sus derechos y la "inmediata" liberación.

"Hacer política no es delito", expresó la PUD en X, donde compartió una fotografía del también profesor universitario, detenido el pasado 18 de octubre cuando iba a visitar a su hija, según denunciaron entonces partidos opositores.

El día 20, la líder antichavista María Corina Machado expresó que Labrador fue "secuestrado por el régimen" -en referencia al Gobierno del presidente Nicolás Maduro- y dijo entonces que la familia del opositor "no ha podido saber de él ni entregarle los medicamentos que requiere".

La PUD exige fe de vida del diputado regional tres días después de que denunciara "el cruel asesinato" de su colaborador en el estado Apure (oeste, también fronterizo con Colombia) Edwin Santos, quien, según su partido, Voluntad Popular (VP), había sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el miércoles.

Sin embargo, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, desmintió esa información y aseguró que el dirigente y cofundador de VP falleció en un accidente de tránsito.

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por Machado-, 161 dirigentes y activistas están detenidos -la gran mayoría colaboradores de la campaña presidencial de la coalición opositora-, entre ellos Labrador. EFE

Canelones (Uruguay), 27 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó este domingo, tras ejercer su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias de su país, que aspira a una transición "bien ordenada" con el candidato que resulte electo para sucederlo en el Ejecutivo.

"Vamos a a estar como el primer día, terminando nuestra tarea y nuestra gestión. Es lo que nosotros nos comprometimos con los uruguayos y es lo que pretendemos hacer y al mismo tiempo hacer una transición bien ordenada y abierta con quien resulte electo y que el país transcurra con una continuidad", dijo a su salida del centro de votación en el departamento de Canelones.

En tanto, valoró la democracia de su país a la que calificó de "muy linda" en el que tanto militantes, candidatos y "todo el mundo" trasncurren la jornada electoral en paz y en la que se respeta "la voluntad popular".

"Si uno lee páginas o informativos de otros países o cuando ve gente distintos partidos repartiendo lista, justo tomando mate, a mí son cosas que me gustan y me emocionan mucho", sostuvo.

El mandatario uruguayo insistió en la "civilización" que existe en Uruguay al afirmar que, independientemente de los resultados, se mantendrá en contacto con todos los candidatos participantes en estas elecciones.

En ese contexto, remarcó que en los 125 días que le quedan de su Gobierno se puediera hacer un "análisis objetivo" de su gestión.

"El 1 de marzo del 2020 como pedí ser juzgado por algunas cosas y básicamente por la libertad de los uruguayos expresé cuatro o cinco formas de libertad y que si terminado el mandato, dentro de 125 días, los uruguayos están más libres habremos cumplido con la promesa", apuntó.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para expresar que, pese a que queda satisfecho por lo logrado durante su Gobierno, no queda conforme.

"Siempre quedan cosas por por hacer y, además, siempre uno tiene que dejar al que venga alguien mejor. Porque las sociedades evolucionan cuando la especie mejora (...). Acá el próximo Gobierno tiene que ser mejor que este y el otro y el otro", concluyó.

Este domingo, Uruguay afronta unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el periodo 2025-2030.

En caso de que ninguno de los once aspirantes supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados.

Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y uno que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos. EFE

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Caracas, 25 oct (EFE).- El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico, aseguró este viernes que Edwin Santos, dirigente y cofundador del partido opositor Voluntad Popular (VP) en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), falleció en un accidente de tránsito, por lo que descartó que haya sido asesinado como denunció el antichavismo.

A través de una publicación en Instagram, Rico indicó que el cuerpo de Santos fue hallado en una carretera principal, junto a una motocicleta, "sin signos vitales producto de un accidente de tránsito tras impactar la moto que conducía contra un árbol".

Asimismo, dijo que luego de localizar el cuerpo de Santos, funcionarios del CICPC sostuvieron una "entrevista" con los familiares, "quienes lo identifican y manifiestan que él mismo laboraba en la localidad de El Nula (Apure) y residía en la población de El Piñal (Táchira), haciendo mención que desconocían su paradero desde el día miércoles, 23 de octubre".

"Rechazamos todas las noticias falsas dadas por algunos medios de información y voceros, que intentan manipular e informar que el Gobierno nacional pueda estar detrás de este lamentable suceso", añadió Rico.

Ante esto, prosiguió, el Ministerio de Interior dio la orden de abrir una "averiguación a quienes están realizando estas campañas de desinformación y mentiras".

Este viernes, VP denunció el "asesinato" de Santos, quien había sido detenido, según la formación, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado miércoles.

"Voluntad Popular denuncia, responsablemente y con profundo dolor ante el país y la comunidad internacional, el asesinato de Edwin Santos a manos del régimen de (Nicolás) Maduro", dijo en un comunicado el partido.

En ese sentido, la organización señaló que el activista fue "asesinado luego de haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", un "hecho confirmado por testigos de la zona" donde se encontraba.

VP aseguró que, hasta la tarde del jueves, Santos estaba en "la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito", una localidad cercana a la frontera con Colombia.

Según el partido, el opositor fue un "actor fundamental en la victoria" en Apure de las presidenciales del 28 de julio, en referencia al triunfo que el antichavismo mayoritario, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, en esos comicios, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro.

Santos tenía 36 años de edad y había sido coordinador local del comando de campaña presidencial de la PUD, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, que exigió una investigación "transparente e independiente". EFE

Caracas, 25 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado tildó este viernes de "desgarrador" el "asesinato" de Edwin Santos, dirigente y cofundador del partido antichavista Voluntad Popular (VP) en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), quien había sido detenido, según la formación, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el pasado miércoles.

"Esto es desgarrador, asesinaron a Edwin. Un joven líder político y voluntario católico, padre de dos niños chiquitos", escribió Machado en una publicación en X.

La exdiputada aseguró que Santos era un hombre "bueno y alegre que amaba su tierra y se entregó a luchar por su democracia. Todo el mundo lo quería".

"Esto ha escalado a otro nivel de violencia y maldad. Un ciudadano es secuestrado por razones políticas, asesinado estando bajo el poder de fuerzas de seguridad y abandonado su cuerpo en la calle", añadió.

Machado dijo que por el dirigente político se tiene que hacer "cumplir la Constitución, el respeto a los derechos humanos y la soberanía nacional".

"Esto tiene que acabar, ni un muerto ni un preso más", apostilló.

Este viernes, VP denunció, a través de un comunicado, el "asesinato" de Santos luego de "haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", un "hecho confirmado por testigos de la zona" donde se encontraba.

VP aseguró que, hasta la tarde del jueves, Santos se encontraba en "la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito", una localidad cercana a la frontera con Colombia.

Según el partido, el opositor fue un "actor fundamental en la victoria" en Apure de las presidenciales del 28 de julio, en referencia al triunfo que el antichavismo mayoritario, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, en esos comicios, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro.

Su muerte -advirtió VP- es una "señal clara política de retaliación en su contra y en contra del activismo político democrático".

Santos tenía 36 años de edad y había sido coordinador local del comando de campaña presidencial de la PUD, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que exigió una investigación "transparente e independiente". EFE

Caracas, 25 oct (EFE).- Oenegés de Venezuela exigieron este viernes una investigación sobre el "asesinato" de Edwin Santos, dirigente y cofundador del partido antichavista Voluntad Popular (VP) en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), quien había sido detenido, según la formación, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado miércoles.

"Exigimos una investigación urgente que sea independiente e imparcial para esclarecer este lamentable hecho", señaló la ONG Provea en una publicación en X.

Asimismo, hizo un llamado de atención a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre este hecho.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló, en la misma red social, que los familiares de Santos merecen "respuestas oportunas y apegadas a la verdad".

Entretanto, la ONG Fundaredes sostuvo, en una publicación en X, que este hecho es una "muestra más de la situación de desprotección en la que viven los habitantes de estas regiones fronterizas".

"La organización exige una investigación transparente y justicia para Santos y hace un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales para garantizar la protección de las comunidades vulnerables en estas zonas, donde los derechos humanos y la seguridad ciudadana parecen estar gravemente amenazados", apostilló.

Este viernes, VP denunció, a través de un comunicado, el "asesinato" de Santos luego de "haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", un "hecho confirmado por testigos de la zona" donde se encontraba.

VP aseguró que, hasta la tarde del jueves, Santos estaba en "la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito", una localidad cercana a la frontera con Colombia.

Según el partido, el opositor fue un "actor fundamental en la victoria" en Apure de las presidenciales del 28 de julio, en referencia al triunfo que el antichavismo mayoritario, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste que obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, en esos comicios, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro.

Su muerte -advirtió VP- es una "señal clara política de retaliación en su contra y en contra del activismo político democrático".

Santos tenía 36 años de edad y había sido coordinador local del comando de campaña presidencial de la PUD, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que exigió una investigación "transparente e independiente". EFE

Caracas, 25 oct (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este viernes el "asesinato" de su cofundador y dirigente del estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) Edwin Santos, quien había sido detenido, según la formación, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado miércoles.

"Voluntad Popular denuncia, responsablemente y con profundo dolor ante el país y la comunidad internacional, el asesinato de Edwin Santos a manos del régimen de (Nicolás) Maduro", dijo en un comunicado el partido liderado por el exalcalde Leopoldo López.

En ese sentido, la organización señaló que el activista fue "asesinado luego de haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", un "hecho confirmado por testigos de la zona" donde se encontraba.

VP aseguró que, hasta la tarde del jueves, Santos estaba en "la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito", una localidad cercana a la frontera con Colombia.

Según el partido, el opositor fue un "actor fundamental en la victoria" en Apure de las presidenciales del 28 de julio, en referencia al triunfo que el antichavismo mayoritario, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, en esos comicios, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro.

Su muerte -advirtió VP- es una "señal clara política de retaliación en su contra y en contra del activismo político democrático".

Este caso, prosiguió, "confirma la continuidad de las políticas de represión, persecución y asesinato de un régimen criminal", por lo que expresó que luchará por una investigación independiente, y llamó al país a denunciar este "brutal asesinato".

"Mientras Nicolás Maduro siga en el poder, ningún ciudadano en Venezuela, ni siquiera quienes hoy son parte del régimen, tiene su vida o libertad a salvo. Maduro tiene que caer y debe venir la libertad para todos", agregó VP, que se solidarizó con la familia y amigos de Santos.

De 36 años de edad, Santos había sido coordinador local del comando de campaña presidencial de la PUD, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que exigió una investigación "transparente e independiente". EFE

El partido venezolano Voluntad Popular, presidido por el opositor Leopoldo López, ha denunciado este viernes el "asesinato" de uno de sus líderes, Edwin Santos, en el estado de Apure y ha responsabilizado de ello al "régimen" del presidente Nicolás Maduro.

"Edwin Santos, fundador de nuestro partido, miembro del equipo regional del estado de Apure, líder unitario y locutor de Radio Fe y Alegría, fue asesinado luego de haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", ha indicado la formación política en un comunicado.

Santos fue detenido el miércoles por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se dirigía con su motocicleta hacia la comunidad de El Piñal, "hecho confirmado por testigos en la zona", según el partido, que horas antes había denunciado su desaparición.

Voluntad Popular ha informado de que se tenía constancia de que se encontraba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la ciudad de Guasdualito, si bien su cuerpo ha sido encontrado en el puente que comunica Apure con Táchira.

"Responsabilizamos de este asesinato al régimen de Nicolás Maduro, particularmente a Wilmer Rodríguez, gobernador del esttado de Apuere; a José 'Chema' Romero, alcalde del municipio Páez, y a toda la cadena de mando de la DGCIM y el Sebin en el estado", ha subrayado.

El partido opositor ha asegurado que lucharán "por una investigación independiente" que incluya una autopsia "para esclareceder las causas de su asesinato y poder determinar los responsables del hecho". "Maduro tiene que caer y debe venir la libertad para todos", ha agregado.

El excandidato presidencial venezolano Edmundo González ha exigido "justicia" por su muerte. "Edwin era un joven comprometido con la democracia, con su familia, con su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad", ha indicado en la red social X.

Caracas, 25 oct (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este viernes que su cofundador y dirigente del estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) Edwin Santos fue detenido el miércoles por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y aseguró que desconoce su paradero desde entonces.

Según el partido, Santos fue "secuestrado" por "la dictadura", en referencia al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusa de llevar a cabo una "persecución política" contra la oposición mayoritaria, que denunció fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

"Edwin Santos es un dirigente comunitario comprometido con la población apureña de El Nula, en donde ha acompañado las denuncias de los ciudadanos sobre las afectaciones que ha generado la caída de un puente en la localidad semanas atrás", señaló el partido, que exigió la liberación del político.

VP compartió en la red social Instagram un video donde el vicario parroquial Gerardo Rosales, junto a la esposa de Santos, exige información sobre el detenido y poder tener comunicación con él.

"Algunos miembros de nuestra comunidad han dicho que lo han montado en una camioneta, algunos dicen que, probablemente, del Sebin. (...) Si algún organismo de seguridad del estado Apure tiene a Edwin Santos, queremos que se preserve su vida, sus derechos humanos, sus derechos políticos. Queremos que Edwin sea cuidado porque se lo merece, porque Edwin es un hombre de paz, es un buen ciudadano, un ciudadano demócrata", expresó.

Esta detención se suma a las más de 1.800 que, según la organización no gubernamental Foro Penal, ha habido en el país tras los comicios de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó -con base en unos datos aún desconocidos de forma desagregada- la reelección de Maduro, un anuncio señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria.

La gran mayoría de esas personas fueron detenidas en protestas contra el resultado oficial y en operativos militares o policiales, según ONG y partidos opositores. EFE

La dirigente opositora María Corina Machado ha prometido seguir "hasta el final" para que "prevalezca" la voluntad popular en Venezuela, en un mensaje que ha hecho coincidir con el primer aniversario de las elecciones primarias en las que los principales partidos de la oposición la eligieron como candidata común a las presidenciales.

El 22 de octubre de 2023 fue "un día que cambió nuestra historia", en palabras de Machado, quien ha señalado que las primarias "abrieron el cauce a fuerzas indetenibles". "Lo hicimos juntos, lo hicimos muy bien. Nos dimos un mandato y lo cumplimos el 28 de julio", ha dicho, en alusión a la fecha de los comicios presidenciales.

Machado, sin embargo, no pudo presentarse a las elecciones por estar inhabilitada, lo que llevó en un primer momento a su sustitución por Corina Yoris, que también ha llamado a no desfallecer en el actual escenario de incertidumbre. "Ahora, estamos en camino al 20 de enero", ha dicho, incidiendo en el arranque del próximo mandato presidencial en 2025.

También ha abogado por llegar "hasta el final" Edmundo González, el abanderado final de la oposición en las urnas tras la imposibilidad tanto de Machado como de Yoris de inscribirse en los comicios. González, al que los partidos opositores dan como vencedor de la votación del 28 de julio, está exiliado en España.

Pese a las reivindicaciones opositoras, el chavismo y las instituciones afines sostienen que quien venció las últimas elecciones fue el actual presidente, Nicolás Maduro. La comunidad internacional ha reclamado en vano la publicación de las actas que acreditan esta supuesta victoria.

• El gobierno de Estados Unidos solicitó una investigación “transparente” y una autopsia “independiente” tras la muerte del activista opositor Edwin Santos en Venezuela. Más de un centenar de académicos, políticos y ONGs se sumaron al pedido.
• Santos fue hallado muerto tras haber sido detenido por el Sebin, por lo que la oposición denuncia que fue torturado y asesinado.
• El régimen venezolano asegura que Santos murió en un accidente de tránsito, versión cuestionada por la oposición y grupos civiles.

Estados Unidos exigió este martes una investigación “transparente” y una autopsia “independiente” que permitan esclarecer las circunstancias de muerte del opositor venezolano, Edwin Santos, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 25 de octubre, luego de que se reportara su detención por parte de oficiales de seguridad del régimen.

“Estamos conmocionados y entristecidos por la muerte del destacado activista democrático venezolano Edwin Santos”, dijo el secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, antes de hacer el pedido que ayude a determinar las responsabilidades en el caso.

A él se sumaron también en las últimas horas más de un centenar de académicos, políticos y ONGs venezolanas, que exigieron justicia y acusaron al aparato represivo de Nicolás Maduro de estar detrás de este “asesinato”.

“Solicitamos a todos los movimientos, partidos y gobiernos demócratas del mundo condenar con la mayor fuerza este hecho, exigir una investigación independiente, tal y como establecen el Convenio de Estambul de 1999 y el Protocolo de Minnesota. Condenamos enérgicamente estas prácticas que solo pueden denunciarse como terrorismo de Estado”, escribió la organización Provea en un comunicado en el que también extendió su pésame a la familia y aseguró que los acompañará en sus “denuncias y la exigencia de justicia y reparación”.

Asimismo, un grupo de académicos se refirió a la versión del chavismo -que asegura que Santos sufrió un accidente de tránsito que le provocó la muerte- y cuestionaron: “El Estado debe explicar a Venezuela y al mundo, ¿cómo puede tener un accidente de tránsito alguien que se encontraba detenido e incomunicado en la sede de un organismo de seguridad?”.

Santos, co fundador del partido Voluntad Popular y dirigente del estado Apure, fue encontrado sin vida el pasado viernes en el puente que comunica esta zona con Táchira. Sin embargo, apenas unas horas antes, la agrupación había denunciado su desaparición, que luego corrigió por detención en manos de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Su cuerpo yacía en el pasto junto a su motocicleta, por lo que el régimen aseguró que el activista había tenido un accidente “contra un árbol” que le costó la vida.

Sin embargo, el líder de VP, Leopoldo López, difundió fotografías de sus restos en los que aseguró que se veían signos de maltratos. “Lo torturaron hasta que lo asesinaron. La dictadura no podrá ocultar su responsabilidad”, aseguró.

Ante esto, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del régimen, Douglas Rico, rechazó “todas las noticias falsas dadas por algunos medios de información y voceros, que intentan manipular e informar que el Gobierno nacional pueda estar detrás de este lamentable suceso” y sumó que desde el Ministerio del Interior se iniciará una “averiguación a quienes están realizando estas campañas de desinformación y mentiras”.

(Con información de EFE y Europa Press)

Madrid, 20 oct (EFE).- La líder venezolana María Corina Machado participó este domingo telemáticamente en el congreso del partido Voluntad Popular, organizado desde el exilio en Madrid, e hizo un llamamiento para que todos las formaciones de la coalición "dirijan sus fuerzas hacia el próximo 10 enero" porque "a Maduro lo vamos sacar".

"El 10 de enero es una fecha importante y tenemos que poner todas las fuerzas en esa dirección", dijo Machado, en referencia al día marcado para que juramente como presidente de Venezuela el ganador de las pasadas elecciones del 28 de julio, que la oposición afirma fue Edmundo González Urrutia, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Machado aseguró que "Maduro está más aislado que nunca" y los venezolanos comprometidos con el cambio tienen que "avanzar, porque esto no tiene vuelta atrás y lo vamos a lograr. No sabemos cuándo, pero lo vamos a conseguir".

Leopoldo López, líder de Voluntad Popular -partido que acudió a las elecciones presidenciales en coalición con la formación de María Corina Machado-, respondió desde Madrid a Machado: "puedes contar con nosotros. Vendrán voces que querrán dividir, pero esas voces no llegarán a Voluntad Popular".

López añadió que "no van a haber otras elecciones hasta que no se respete el mandato del 28 de julio", en referencia a las votaciones regionales y municipales anunciadas por el presidente de Venezuela.

"Maduro quiere sepultar el 28 de julio, pero no a poder hacerlo, como tampoco va a poder sepultar el 10 de enero", sentenció.

El candidato de la coalición opositora, Edmundo González, mandó un mensaje grabado en el que subrayó que "estamos alineados para conseguir que la voluntad expresada en las elecciones sea respetada".

María Corina Machado agregó que "el mundo sabe que Maduro es un torturador y un criminal" y "Venezuela está más unido que nunca", porque la coalición logró "unir a izquierdas y derechas, ricos y pobres, los que están dentro y fuera de Venezuela" en la lucha contra la "dictadura".

Sus palabras fueron escuchadas por los centenares de militantes de Voluntad Popular que se conectaron desde Venezuela, España, Colombia, Ecuador y otros 23 países.

"En los últimos meses la oposición la hemos tenido que hacer por teleconferencia, desde el exilio y desde la clandestinidad -lamentó Leopoldo López-, pero no nos vamos resignar y pronto nos reuniremos en las calles de Venezuela".

"Asumimos el compromiso del 10 de enero. Ahora es el momento de la lucha, dentro y fuera de Venezuela, y del compromiso internacional", concluyó. EFE

Varias ONG y políticos venezolanos se pronunciaron este viernes tras conocerse el asesinato del activista opositor Edwin Santos y exigieron una investigación.

Provea utilizó su cuenta de X para pedir a la Justicia “una investigación urgente que sea independiente e imparcial, para esclarecer este lamentable hecho”, a la par que llamó a la comunidad internacional -específicamente a la Fiscalía de la Corte Penal y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU- a no mantenerse indiferentes y presionar ellos también ante este crimen.

Fundaredes se sumó a este pedido y cargó contra el régimen de Nicolás Maduro por faltar a su deber de proteger a todos los venezolanos. “Es una muestra más de la situación de desprotección en la que viven los habitantes de estas regiones fronterizas (...) La organización exige una investigación transparente y justicia para Santos, y hace un llamado a la protección de las comunidades vulnerables en estas zonas, donde los derechos humanos y la seguridad ciudadana parecen estar gravemente amenazados”, indicaron en un comunicado.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón, en tanto, expresó sus condolencias a la familia del disidente y señaló que merecen “respuestas oportunas y apegadas a la verdad”.

Al igual que estas ONG, los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado sumaron en redes sociales sus propias condenas por lo ocurrido. El Presidente electo pidió un proceso que lleve “justicia” y “verdad”, que “debe conocer todo el país”. “Venezuela quiere y necesita la verdad”, aseguró.

Por su parte, Machado fue más contundente en sus palabras y, tras recordar a Santos como “un hombre bueno y alegre que amaba su tierra y se entregó a luchar por su democracia”, denunció que “esto ha escalado a otro nivel de violencia y maldad”. “Un ciudadano es secuestrado por razones políticas, asesinado estando bajo el poder de las fuerzas de seguridad y abandonado (...) ¡Esto tiene que acabar! ¡Ni un muerto ni un preso más! Exigimos que se aplique la Justicia internacional ante los crímenes de lesa humanidad que aumentan en Venezuela”, sostuvo.

Más temprano este viernes, a tan solo 12 horas de que se denunciara su desaparición, la agrupación Voluntad Popular informó de la aparición sin vida del cuerpo de su cofundador y dirigente en el estado de Apure. El comunicado mencionaba que Santos se encontraba privado de su libertad desde la tarde del miércoles, cuando fue interceptado por funcionarios de seguridad del régimen cuando se movilizaba en su moto.

“Hasta la tarde de ayer tenemos la confirmación de que se encontraba en la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito” pero, ahora, se confirmó que “fue asesinado” por el Estado, lamentaron.

Junto a estas palabras, en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de su moto abandonada en un pastizal junto a su cuerpo sin vida.

“Responsabilizamos de este asesinato al régimen de Nicolás Maduro y, particularmente, a Wilmer Rodríguez, gobernador del estado de Apure; a José “Chema” Romero, alcalde del municipio de Páez; y a toda la cadena de mando de la DGCIM y del SEBIN en el estado”, quienes llevan a cabo “las políticas de represión, persecución y asesinato de un régimen criminal investigado ante la CPI por crímenes de lesa humanidad”, suma el texto de VP, que promete a su cierre que “a todos ellos les decimos hoy que, en memoria de nuestro hermano Edwin, habrá justicia”.

(Con información de EFE)

A tan solo 12 horas de que se denunciara su desaparición, el cofundador del partido antichavista Voluntad Popular y dirigente del estado Apure, Edwin Santos, fue hallado muerto.

En un comunicado de Voluntad Popular en X, el partido dijo que “denuncia responsablemente y con profundo dolor ante el país y la comunidad internacional el asesinato de Edwin Santos a manos del régimen de Maduro. Edwin Santos, fundador de nuestro partido, miembro del equipo regional del estado Apure, líder unitario y locutor de Radio Fe y Alegría, fue asesinado luego de haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado”.

“Santos se encontraba desaparecido desde la tarde del miércoles 23 de octubre, cuando se dirigía en su moto hacia la comunidad de El Piñal y fue interceptado por funcionarios de seguridad del Estado, hecho confirmado por testigos de la zona”, afirmó el partido. “Hasta la tarde de ayer, tenemos la confirmación de que se encontraba en la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito”, aseguraron.

“Edwin Santos fue un actor fundamental en la victoria de las fuerzas democráticas el pasado 28 de julio en Apure. Durante los últimos meses se mantuvo luchando por su comunidad denunciando la situación de colapso del puente que comunica a Apure con Táchira. Fue en este mismo puente en el que fue encontrado sin vida en la mañana de hoy, una señal clara política de retaliación en su contra y en contra del activismo político democrático”, expresaron. “Responsabilizamos de este asesinato al régimen de Nicolás Maduro y particularmente a Wilmer Rodríguez, gobernador del estado Apure; a José “Chema” Romero, alcalde del municipio Páez; y a toda la cadena de mando de la DGCIM y SEBIN en el estado. A todos ellos les decimos hoy que, en memoria de nuestro hermano Edwin, habrá justicia”, afirmó el comunicado publicado en X.

“Lo sucedido con Edwin Santos confirma la continuidad de las políticas de represión, persecución y asesinato de un régimen criminal investigado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Hoy Edwin se suma a la lista de asesinados por motivos políticos y enluta a toda la familia de Voluntad Popular. Lucharemos por una investigación independiente, que inicie con una autopsia independiente, para esclarecer las causas de su asesinato y poder determinar los responsables del hecho”, agregó Voluntad Popular.

En esa línea, el partido hizo un llamado a “todos los sectores del país”: “Les pedimos que nos ayuden denunciando este brutal asesinato y que nos unamos para exigir que esta locura se detenga. Mientras Nicolás Maduro siga en el poder, ningún ciudadano en Venezuela, ni siquiera quienes son hoy parte del régimen, tiene su vida o libertad a salvo. Maduro tiene que caer y debe venir la libertad para todos”.

“Finalmente, expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de nuestro hermano Edwin Santos en este devastador momento. Nuestro hermano deja una familia enlutada, incluyendo a su esposa y sus dos morochos de ocho años de edad. Los abrazamos y prometemos que no los dejaremos solos. El legado de Edwin permanecerá con cada uno de nosotros”, concluyó Voluntad Popular.

El comisario Douglas Rico, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), afirmó en un comunicado que murió “producto de un accidente de tránsito tras impactar la moto que conducía contra un árbol”.

“Rechazamos todas las noticias falsas dadas por algunos medios de información y voceros, que intentan manipular e informar que el Gobierno Nacional pueda estar detrás de este lamentable suceso”, indicó Rico.

En la medianoche de ayer, Voluntad Popular publicó un mensaje en su cuenta de X denunciado su desaparición: “La dictadura de Nicolás Maduro, a través del SEBIN, secuestró a Edwin Santos, cofundador de Voluntad Popular y miembro del equipo regional del estado Apure. La última comunicación con Edwin fue la tarde del miércoles 23 de octubre, aproximadamente a las 4:00 pm., cuando se dirigía en su moto hacia la comunidad de El Piñal”.

“Edwin Santos es un dirigente comunitario comprometido con la población apureña de El Nula, en donde ha acompañado las denuncias de los ciudadanos sobre las afectaciones que ha generado la caída de un puente en la localidad semanas atrás. No vamos a normalizar la persecución política del régimen. Acompañar a los venezolanos en sus legítimos reclamos NO es un delito. ¡Exigimos que liberen a Edwin inmediatamente!”, concluyó el partido opositor.

La reacción del arco político venezolano al asesinato de Edwin Santos

Uno de los primeros dirigentes políticos en reaccionar a la muerte de Edwin Santos fue el ex diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, César Pérez Vivas. “Recibo la triste noticia de que Edwin Santos, el líder de la oposición democrática en El Nula, Municipio Páez del Estado Apure, fue asesinado. Su cadáver fue ubicado, hace pocos minutos, en la vía El Nula-El Piñal, Estado Táchira. Otra víctima del odio y la intolerancia sembrada a nuestra nación”, escribió por medio de su cuenta de X.

Otro dirigente que compartió su reacción por medio de las redes sociales fue el opositor Juan Pablo Guanipa: “En una gira a San Cristóbal conocí a Edwin Santos. Supe que era dirigente de Voluntad Popular, pero realmente tenía liderazgo de toda la alternativa democrática en la zona de El Nula en el estado Apure”, comenzó escribiendo en su cuenta de X. “Muy lamentable su fallecimiento en medio de hechos de violencia que deben ser esclarecidos. Dios lo reciba y dé cobijo a toda su familia. Enviamos nuestra solidaridad a su familia y amigos de El Nula. QEPD”, concluyó.

El diputado Sergio Vergara también compartió unas palabras al respecto por medio de sus redes sociales: “Hace apenas horas denunciamos la desaparición de Edwin Santos. Dirigente social de El Nula y fundador de nuestro partido Voluntad Popular lloramos su muerte. Edwin fue asesinado por la Dictadura de Maduro. Su cuerpo fue encontrado sin vida. Parece mentira. Pero no lo es”.

El partido político venezolano Voluntad Popular (VP), que dirige Leopoldo López, exigió este lunes la libertad del ex diputado Freddy Superlano al cumplirse dos meses de su detención, al tiempo que denunció que en ese lapso se le ha “negado su derecho a la legítima defensa”.

“El pasado 30 de julio, la dictadura secuestró a nuestro hermano Freddy Superlano. Han sido dos meses en los que le han negado su derecho a la legítima defensa, así como ver a sus familiares”, señaló la formación en la red social X.

VP aseguró que Superlano es un “ejemplo de liderazgo pacífico que ha debido pagar las consecuencias de luchar por una Venezuela libre”.

“Sepan que no descansaremos hasta verlo como siempre ha debido estar: libre”, añadió.

El pasado 5 de septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los antichavistas Perkins Rocha y Biagio Pilieri -también detenidos- con la divulgación de las actas de votación que publicó la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Saab dijo que los opositores, quienes “están detenidos en el (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin”, están siendo investigados “particularmente” porque “ellos “avalaron”, “verificaron”, “difundieron” y “divulgaron como real” la página web donde están las actas de votación que recolectó la PUD a través de testigos y miembros de mesa en la jornada electoral del 28 de julio.

Explicó que los tres antichavistas han sido entrevistados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) por presuntamente haber incurrido en “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, entre otros delitos.

Los tres antichavistas fueron detenidos tras las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por la oposición mayoritaria ni por numerosos países, que insisten en que ganó Edmundo González Urrutia.

Por su parte, el partido opositor Vente Venezuela (VV) ha denunciado este domingo la detención de dos miembros de seguridad de la líder opositora María Corina Machado. Los detenidos son Milciades Ávila, que es el jefe de protección de Machado, y Edwin Moya, que forma parte del mencionado equipo.

“Fueron secuestrados este fin de semana por efectivos de las fuerzas represivas del régimen. Permanecen en paradero desconocido. Exigimos saber dónde están y su libertad inmediata”, ha señalado el Comité de Derechos Humanos del partido. Machado ha considerado que “Maduro y su régimen cometen otro crimen más” al “secuestrar a dos hombres honestos, padres de familia” cuyo “trabajo es proteger” su seguridad.

“Ambos han cumplido su responsabilidad de manera ejemplar, siempre conscientes del riesgo que esto implicaba, frente a una tiranía que el mundo hoy califica como un sistema corrupto y criminal”, ha dicho. Así, ha asegurado que “Maduro se equivoca si cree que con esta persecución a venezolanos inocentes” le van a detener, puesto que hoy tiene “dos nuevas razones muy profundas para no descansar hasta liberar” a Venezuela, ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Desde el 28 de julio, fecha en la que se celebraron las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, las autoridades han detenido a más de una veintena de dirigentes políticos. Machado, por su parte, se encuentra en la clandestinidad después de las detenciones de compañeros de partido y aliados, a pesar de que continúa activa en redes sociales y participa en foros de manera virtual.

(Con información de EFE y EP)

Caracas, 30 sep (EFE).- El partido político venezolano Voluntad Popular (VP), que dirige Leopoldo López, exigió este lunes la libertad del exdiputado Freddy Superlano al cumplirse dos meses de su detención, al tiempo que denunció que en ese lapso se le ha "negado su derecho a la legítima defensa".

"El pasado 30 de julio, la dictadura secuestró a nuestro hermano Freddy Superlano. Han sido dos meses en los que le han negado su derecho a la legítima defensa, así como ver a sus familiares", señaló la formación en la red social X.

VP aseguró que Superlano es un "ejemplo de liderazgo pacífico que ha debido pagar las consecuencias de luchar por una Venezuela libre".

"Sepan que no descansaremos hasta verlo como siempre ha debido estar: libre", añadió.

El pasado 5 de septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los antichavistas Perkins Rocha y Biagio Pilieri -también detenidos- con la divulgación de las actas de votación que publicó la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Saab dijo que los opositores, quienes "están detenidos en el (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin", están siendo investigados "particularmente" porque "ellos "avalaron", "verificaron", "difundieron" y "divulgaron como real" la página web donde están las actas de votación que recolectó la PUD a través de testigos y miembros de mesa en la jornada electoral del 28 de julio.

Explicó que los tres antichavistas han sido entrevistados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) por presuntamente haber incurrido en "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", entre otros delitos.

Los tres antichavistas fueron detenidos tras las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por la oposición mayoritaria ni por numerosos países, que insisten en que ganó Edmundo González Urrutia. EFE

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) suspendió este lunes a su dirigente Alexander Mireles, alcalde del municipio San Carlos del estado de Cojedes, del equipo regional de activistas de la formación, por haber “saboteado” actividades de la líder opositora María Corina Machado, y anunció que, entretanto, evalúa “su permanencia” en la organización.

Esta decisión, sostuvo el partido en un comunicado, responde a “acciones recientes” de Mireles con las que puso “trabas al anhelo de todo un país por alcanzar la democracia”, aunque no dio detalles sobre el supuesto sabotaje.

“Este tipo de conductas son inaceptables. (...) Estos actos (...) suceden mientras tenemos un alcalde detenido, otros dos con órdenes de captura y más de diez inhabilitados, todos ellos comprometidos con la causa democrática, por apoyar la candidatura unitaria (presidencial) de Edmundo González y el liderazgo de María Corina Machado”, denunció VP.

La formación explicó que la suspensión de Mireles “es de carácter inmediato por su falta a la integridad y los valores” del partido, y “su permanencia” dependerá del “proceso que llevará a cabo la Comisión de Resolución de Conflictos” de la organización.

“Reiteramos nuestro compromiso con la lucha por una Venezuela libre y democrática. No toleraremos acciones que obstaculicen el camino hacia un futuro mejor para todos los venezolanos. Agradecemos a nuestros activistas y a la ciudadanía su apoyo y comprensión en estos momentos decisivos para el país, en los que no podemos andar con medias tintas ante el enorme desafío que tenemos por delante”, agregó VP en el comunicado.

Cojedes, en el oeste del país, es uno de los últimos estados que ha visitado Machado en su recorrido por el país para encontrarse con sus seguidores e invitarlos a votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio por el abanderado de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, el ex embajador Edmundo González Urrutia.

En estos comicios competirán otros nueve candidatos, entre ellos el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección.

(Con información de EFE)

El partido político opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció la desaparición de Jeancarlos Rivas, un joven activista de 19 años. La reconstrucción de los hechos señala que el lunes pasado, alrededor de las 4:40 pm, Rivas se retiraba hacia su vivienda tras participar en una actividad en apoyo al dirigente regional Johny Rivas cuando fue interceptado por una camioneta blanca, sin placas, presuntamente vinculada a la Policía del estado La Guaira.

Rivas, quien es responsable juvenil de VP en Maiquetía, había acompañado días atrás al candidato presidencial Edmundo González durante una visita que realizó a La Guaira. Y, según testimonios de vecinos de la zona, había mostrado un notable compromiso con la campaña electoral de la oposición venezolana, promoviéndola como una herramienta fundamental para lograr el cambio político en las elecciones del próximo 28 de julio.

Su desaparición ha generado alarma tanto entre sus allegados como en la organización política a la que pertenece. Voluntad Popular emitió este viernes un llamado urgente a la comunidad internacional para que se mantenga atenta con este caso, calificándolo como una “arremetida” contra el activismo político. “Responsabilizamos a Nicolás Maduro y al gobernador de La Guaira, José Terán, por la vida, integridad y lo que pueda ocurrirle a Jeancarlos”, señaló la agrupación opositora en su cuenta en la red social X.

Con varios dirigentes arrestados, la oposición denuncia una persecución de cara a estas elecciones en las que Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato que lo proyecte a 18 años en el poder. La ex diputada María Corina Machado, alma de la campaña opositora y acusada por el régimen de promover sanciones contra el país, tiene además prohibición de viajar en avión y recorre el país en auto.

El partido de Leopoldo López

El jueves, el candidato de la principal coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, prometió el regreso del opositor Leopoldo López -fundador del partido Voluntad Popular que reside en España- y demás exiliados, si resulta ganador en las elecciones presidenciales.

“Después de años de prisión, (López) salió a un exilio forzoso, pero confiamos que el triunfo del 28 de julio lo traerá (de vuelta) a él y a todos los exiliados políticos”, aseguró González Urrutia durante un acto en el fue proclamado por Voluntad Popular como abanderado presidencial.

González Urrutia agradeció la invitación y consideró que VP se “ha destacado por su juventud, valentía y perseverancia” y ha “nacido y crecido” en contexto de “persecución, de exilio y de cárcel”. El partido forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que eligió a González Urrutia como candidato en vista de la inhabilitación contra María Corina Machado, a quien se le impidió competir por cargos públicos hasta 2036, pese a haber sido elegida en primarias como la aspirante del mayor bloque opositor.

Desaparecidos en zonas fronterizas

Por otro lado, la organización no gubernamental Fundaredes reportó esta semana los casos de 1.092 personas desaparecidas en las zonas fronterizas de Venezuela en los últimos cinco años. Haciendo uso de fotografías y videos, la ONG publicó en redes sociales los testimonios de familiares de desaparecidos y líneas telefónicas de ayuda para orientar a la población sobre cómo actuar en estos casos.

La directora de Fundaredes, Clara Ramírez, dijo que hay familias que “buscan desesperadamente” a personas que desaparecieron en las fronteras terrestres del país con Brasil y Colombia, así como en varios estados ubicados frente al mar Caribe.

“Cuando hablamos de personas desaparecidas en Latinoamérica, a menudo pensamos en México o Colombia, pero en Venezuela esta es una realidad”, expresó la activista, quien aseguró que han llevado estos casos ante autoridades e instancias locales a e internacionales, en búsqueda de justicia.

Fundaredes ha denunciado la existencia de grupos armados irregulares y bandas criminales “que se aprovechan de personas en estado de vulnerabilidad”. Aunque, en junio pasado, los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron aumentar la cooperación en materia de seguridad fronteriza, hasta ahora no se conoce un registro oficial de los desaparecidos en las zonas limítrofes que comparten ambos países.

(Con información de AFP y EFE)