El evento, realizado en la Plaza Mayor de Virú, en la región La Libertad ubicada al norte del Perú, había generado gran expectativa entre la población local y visitantes. La actividad buscaba destacar uno de los productos más representativos de la provincia mediante la elaboración de un gigantesco pionono relleno de ciruela, cuya longitud superaba los 600 metros, cifra que pretendía convertirlo en uno de los más grandes preparados en el país.

Desde tempranas horas, cientos de personas llegaron hasta la plaza para presenciar la exhibición gastronómica, tomar fotografías y participar posteriormente en la degustación pública. Sin embargo, lo que estaba previsto como una celebración ordenada se salió de control cuando un grupo de asistentes rompió el cordón de seguridad y comenzó a tomar porciones del pionono antes del momento anunciado por la organización.

Se comen el pionono más grande del mundo antes del reparto

Testigos señalaron que varias personas agarraron grandes tajadas del postre y se retiraron rápidamente, mientras otros intentaban hacer lo mismo entre empujones y reclamos. La escena generó confusión entre familias enteras que aguardaban pacientemente su turno, incluidos adultos mayores y niños que esperaban probar el tradicional dulce elaborado especialmente para la ocasión.

“Todito se lo han llevado, todo se lo han llevado. Nosotros nada hemos aprovechado. Era que repartan tajadita a tajadita a todos, para todos. Acá el vivo se lo ha llevado todo”, expresó una asistente indignada tras lo ocurrido.

La ciudadana también cuestionó la actitud de quienes aprovecharon el desorden para llevarse varias porciones. “Han cogido sus tajadas y se han corrido. Van rapidito con sus tremendas tajadotas. Y no era así, era que se pongan de largo para que puedan repartir a toda la población”, añadió.

El incidente no solo impidió una distribución equitativa del postre, sino que también frustró la puesta en escena que buscaba mostrar el pionono completo como símbolo de identidad local y atractivo turístico. Muchos asistentes lamentaron que la falta de respeto de algunos terminara perjudicando a toda la comunidad y dejando una mala imagen en una fecha importante para la provincia.

“Nosotros mismos hemos quedado mal para que otra vez no se haga esto ya. Nosotros mismos damos ese mal ejemplo”, sostuvo la misma vecina, reflejando el sentir de varias personas que criticaron el comportamiento visto durante la actividad.

Virú es reconocida por su producción agrícola y por la calidad de su ciruela, fruta que cada año protagoniza una feria destinada a impulsar el turismo, la gastronomía y la economía local. En ese contexto, la elaboración del pionono gigante era una de las actividades más promocionadas de esta edición y pretendía convertirse en un atractivo nacional.

En la costa norte del Perú, una zona con larga tradición arqueológica vuelve a concentrar la atención de especialistas. Esta vez, el interés no se centra en templos ni en contextos funerarios, sino en espacios domésticos vinculados a sectores privilegiados de una sociedad prehispánica. El reciente trabajo de campo en el valle de Virú abre una línea de análisis distinta sobre las formas de vida en épocas anteriores a la expansión inca.

Durante varias semanas, un equipo de investigación intervino un área ubicada en las faldas del cerro Blanco, en el centro poblado Huancaquito Alto. El objetivo consistió en examinar estructuras visibles en superficie que sugerían una ocupación planificada. Los resultados permiten observar configuraciones arquitectónicas asociadas a grupos de alto estatus, con características que aportan información sobre su organización interna.

El Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI), liderado por especialistas peruanos, impulsó esta intervención en su cuarta temporada. La evidencia recuperada introduce nuevas preguntas sobre la dinámica social de la cultura Virú y su posible relación con desarrollos posteriores en la región.

Arquitectura planificada y técnicas constructivas

El director del proyecto, Feren Castillo Luján, explicó que la excavación se diseñó a partir de indicios claros en la superficie. Según indicó, se trabajó en un área de 13 por 15 metros, lo que permitió identificar estructuras con características definidas. “Ello permitió una arquitectura bien elaborada principalmente con adobes oblongos con enlucidos de barro y algunos adobes paralelepípedos con improntas de caña”, señaló.

El uso de estos materiales y técnicas revela un nivel constructivo que no corresponde a ocupaciones comunes. Los acabados en los muros y la disposición de los espacios sugieren planificación previa, así como acceso a mano de obra especializada. Este tipo de evidencia resulta clave para entender cómo se organizaban los sectores dominantes dentro de la sociedad Virú.

Distribución de los recintos y funciones diferenciadas

El equipo identificó tres recintos principales. El primero presenta forma rectangular, aunque su función no se pudo determinar con precisión debido a intervenciones ilegales previas. La presencia de huaqueros alteró parte del contexto original, lo que limita la interpretación completa de este espacio.

El segundo recinto conserva elementos mejor definidos. Sus muros alcanzan entre dos y dos metros y medio de altura, e incluyen un pequeño nicho en una de sus paredes. El piso se encuentra en buen estado y aparece rodeado por banquetas. En este ambiente se registraron objetos vinculados a la producción textil, como un cono de tiza, torteros y piruros. Estos hallazgos indican actividades específicas dentro del espacio doméstico.

El tercer recinto destaca por su tamaño. Los investigadores consideran que funcionó como un patio principal. En su interior se identificó un altar o podio, al que se accedía mediante una escalera que luego fue sellada para dar paso a una rampa. También se documentaron nichos en los muros, asociados al almacenamiento de posibles ofrendas. Uno de los elementos que llamó la atención fue la tapa de uno de estos compartimentos.

Evidencias de vida doméstica y jerarquía social

El análisis del conjunto permitió identificar áreas destinadas a la preparación de alimentos. Se registró una cocina con varios fogones, un rasgo poco frecuente para la época. Esta configuración sugiere una organización interna más compleja y una diferenciación en las prácticas alimentarias según el estatus.

Además, el hallazgo de cerámica fina y elementos decorativos refuerza la hipótesis de que los ocupantes pertenecían a un grupo con privilegios. Estos objetos no solo reflejan actividades cotidianas, sino también un nivel de sofisticación en la vida doméstica.

Según la información difundida por la Universidad Nacional de Trujillo, los ambientes presentan accesos definidos, plataformas y áreas comunes bien delimitadas. Esta distribución permite reconstruir la lógica espacial de la residencia y entender cómo se estructuraban las relaciones dentro del hogar.

Un enfoque distinto en la investigación arqueológica

El estudio de este tipo de espacios marca un cambio en la forma de abordar el pasado. Tradicionalmente, la investigación en la región priorizó centros ceremoniales o contextos funerarios. La exploración de residencias introduce nuevas variables para comprender la vida cotidiana de las élites.

Los especialistas señalan que el sitio presenta ocupaciones de distintas épocas, lo que indica un uso prolongado del área por diversas culturas. Este dato convierte al valle de Virú en un punto clave para analizar procesos históricos en la costa norte peruana.

La evidencia recuperada permite observar una sociedad con diferencias marcadas en el acceso a recursos y en la organización del espacio. Estos elementos aportan información concreta sobre la estructura social y el desarrollo de comunidades complejas en el antiguo Perú.

Los estados de emergencia en Lima, Callao y La Libertad fueron ampliados nuevamente por la publicación de dos decretos supremos en los que se hicieron oficiales estas decisiones tomadas por el presidente José Jerí y el Consejo de Ministros, liderado por el premier Ernesto Álvarez.

En ambos casos, el motivo de la ampliación del estado de emergencia fue el mismo que en casos anteriores: el incremento de la criminalidad, casos de violencia y extorsión que afectan en mayor medida al gremio del transporte urbano en la ciudad capital y en el puerto del Callao.

Lima y Callao: Ampliación sin resultados

En el caso del estado de emergencia en Lima y Callao, la decisión de ampliar su vigencia se produce en un escenario complejo en el que la ciudadanía percibe un incremento de la criminalidad, mientras que el presidente José Jerí y su gabinete aseguran que los índices de homicidios y delincuencia se han reducido, pero sin presentar cifras o estadísticas reales a la ciudadanía sobre la cantidad de intervenciones realizadas, número de bandas criminales desarticuladas, armas o explosivos incautados.

De hecho, el presidente José Jerí hasta ahora sigue sin presentar los resultados del estado de emergencia que prometió a la ciudadanía desde el pasado 27 de octubre del 2025, cuando se cumplió la primera semana de vigencia.

No es sino hasta la segunda semana de enero del 2026 que el mandatario afirmó que ya se cuenta con los resultados de la declaratoria de emergencia, pero que estos no serán comunicados de momento. A diferencia del anuncio de octubre, en esta oportunidad, ya no hay fecha o momento definido para la presentación.

La Libertad: Emergencia se extiende por tercer año

En el caso de las provincias de Trujillo y Virú, la extensión del estado de emergencia en estas zonas no es nueva. Solo en Trujillo, el estado de emergencia está vigente aproximadamente desde el año 2023 y solo en contadas oportunidades este se ha suspendido. El contexto es el mismo: la inseguridad ciudadana, casos de extorsión y sicariato, afectan al sector de transporte urbano, aunque también a emprendimientos locales y micro empresarios.

A diferencia de lo que ocurre en Lima, el crimen organizado en La Libertad lleva varios meses utilizando explosivos para amenazar a sus víctimas. Los casos de detonaciones reportados son en su mayoría por el uso de cartuchos de dinamita como los que se utilizan en la minería ilegal, o granadas de guerra.

En agosto del 2025, criminales atacaron la sede de la Fiscalía en Trujillo en un atentado con explosivos causado por delincuentes vinculados a ‘Los Pulpos’, la organización criminal que domina la provincia y varias zonas del norte del país con actividades criminales como el sicariato, la extorsión y secuestro.

El general Revoredo -en ese entonces coronel de la Policía Nacional- fue enviado a Trujillo para ser el jefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera y desarticular la organización criminal y capturar a su líder, Jhonsson Smit Cruz, conocido como “Jhonsson Pulpo”, quien habría fugado del país con destino a Chile.

La crisis de inseguridad en La Libertad motivó una nueva extensión del régimen de excepción. El Gobierno oficializó este miércoles la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú por 60 días calendario, a fin de reforzar la lucha contra la criminalidad en una de las regiones más golpeadas por la violencia delictiva.

El Decreto Supremo N.º 114-2025-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales de El Peruano, establece que la medida entrará en vigor el próximo 6 de setiembre de 2025, y confirma que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en operaciones específicas.

El decreto también incorpora el Protocolo de actuación conjunta del Estado en contextos de detención e intervención a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad, aprobado por el MIMP en 2023, con el fin de proteger derechos fundamentales durante la aplicación del régimen.

La violencia que no cesa en La Libertad

Según los informes remitidos por la Región Policial La Libertad, la criminalidad en Trujillo y Virú se mantiene en ascenso, con delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones y robos cometidos por bandas y organizaciones criminales.

El documento hace alusión específica al lamentable evento ocurrido a mediado a de agosto, cuando Trujillo fue escenario de un atentado con explosivos en la avenida Perú, que dejó cinco heridos y, daños en viviendas y comercios.

Este hecho motivó la intervención del Ministerio de Vivienda, que ahora, en coordinación con la Municipalidad Provincial, ejecutará medidas de rehabilitación y restauración como parte de la prórroga.

Coordinación con entidades públicas

La norma dispone que el Ministerio del Interior articule acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, Sucamec, el Gobierno Regional de La Libertad y gobiernos locales, con el fin de reforzar la eficacia del estado de emergencia.

En paralelo, se establece que la PNP deberá presentar al Mininter un informe detallado de los resultados obtenidos dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la prórroga.

El financiamiento de todas las medidas se cubrirá con los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin requerir asignaciones extraordinarias salvo autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

Antecedentes de las prórrogas

La provincia de Trujillo está bajo régimen de excepción desde febrero de 2024, mientras que Virú se encuentra en la misma situación desde julio de ese año. Desde entonces, el Ejecutivo ha prorrogado de forma sucesiva estas medidas, justificándolas en la persistencia de la inseguridad y perturbación del orden interno.

El decreto actual responde también a la recomendación de la Comandancia General de la PNP, que alertó sobre la continuidad de la violencia y la necesidad de mantener la medida por dos meses adicionales.

La Libertad ha sido una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado en los últimos años. En Trujillo, capital regional, los homicidios vinculados a extorsión y cobro de cupos mantienen en zozobra a la población. En Virú, además, la violencia se ha asociado a disputas por territorios productivos y rutas logísticas.

El hallazgo tuvo lugar en la huaca Amalia, una duna ubicada en el sector Chequepe que fue intervenida mediante una excavación de 8 por 6 metros en su parte central en el marco de una investigación que forma parte de un proyecto más amplio que pretende descifrar cómo se empleaba el fuego en distintos periodos y culturas que poblaron este valle. En ese lugar, se localizó parte de una construcción erigida con gavera de caña, junto a una cocina compleja dotada de múltiples fogones.

Ese ambiente, al que se ingresaba mediante escalinatas, indica la relevancia de quien habitó ese espacio. El responsable del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI), Feren Castillo Luján, explicó a Andina sobre la importancia de este tipo de estructuras en el marco del desarrollo cultural regional.

Entre los elementos encontrados destaca un relieve cuadrangular con el símbolo de la chacana o cruz andina, que decoraba el lugar y lo vinculaba directamente con la iconografía de sociedades de la región. Al analizar los restos, los investigadores hallaron además fragmentos de cerámica negativa —una técnica distinguida por su decoración geométrica en negro sobre las piezas tras la cocción— junto a invertebrados marinos, huesos de peces, restos de camélidos y la representación de un rostro humano en una botella escultórica.

De acuerdo con Castillo Luján, la cerámica negativa fue el estilo alfarero más difundido de la cultura Virú, extendiéndose hasta valles como Casma y Piura, lo que facilita identificar la filiación sociocultural de los vestigios.

El registro de estos materiales permite reconstruir aspectos de la rutina diaria de quienes moraron en huaca Amalia. La presencia de fogones y abundante fauna evidencia prácticas culinarias complejas y la disponibilidad de recursos tanto marinos como terrestres durante ese periodo.

En palabras del investigador, “estos nuevos hallazgos permiten entender la vida cotidiana de las personas que se asentaron sobre la huaca Amalia”. Las excavaciones actuales forman además parte de la tesis universitaria de Ángel Pérez, quien colabora en el estudio del sitio.

Huaca Amelia

El lugar arqueológico de huaca Amalia fue registrado en los años 90 por el Proyecto Especial Chavimochic. Sus 5,68 hectáreas hoy sufren el impacto de la expansión agrícola y depredación, con extensas áreas invadidas por cultivos y claras señales de destrucción. La intervención ilegítima ocurrida en 2023 por huaqueros devastó la parte central del montículo, donde aún hoy es posible encontrar en superficie fragmentos de vasijas correspondientes tanto a la cultura Virú como a Moche y Chimú.

El equipo dirigido por Castillo Luján resalta la necesidad de preservar lo que queda de este patrimonio, dado que la mayor parte del sitio permanece en riesgo. Las vasijas encontradas en la región exponen un repertorio de tradiciones que se han observado hasta en zonas distantes dentro de la costa norte peruana. La asociación de la vivienda con símbolos como la chacana y técnicas alfareras distintivas confirman su relación con las élites locales.

La Policía Nacional del Perú capturó a dos personas, una pareja de presuntos extorsionadores, quienes estarían involucrados en un caso de amenazas contra un empresario en la provincia de Virú, región La Libertad. Los implicados, según la investigación policial, exigían el pago de S/ 20 mil a su víctima a cambio de no atentar contra su vida y la de sus menores hijos.

El hecho se conoció a partir de que el empresario, identificado con las iniciales J.A.P., de 40 años, presentara una denuncia formal ante la Policía Nacional en contra de los extorsionadores que lo amenazaban.

Cansado de las constantes amenazas que recibía por mensajes de WhatsApp, el hombre se presentó ante la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Virú. Los agentes policiales asumieron la denuncia e implementaron de inmediato un operativo de inteligencia para identificar y capturar a los responsables del delito.

Trampa contra los “novios extorsionadores”

Como parte de la investigación, la Policía organizó una intervención coordinada denominada “pago controlado”, que consistía en simular el cumplimiento de un pago, pero que en realidad se trataría de una trampa para atraer a los criminales.

El martes 5 de agosto, se concretó la entrega de S/ 600 en una agencia bancaria en Virú con la finalidad de identificar a los delincuentes al momento de recibir el dinero. La trampa dio resultados y se pudo capturar a Manuel Remigio Mantilla, de 23 años; quien laboraba en un fundo perteneciente a una empresa agroindustrial de la zona. La captura se realizó al momento del pago.

Las investigaciones permitieron cruzar la información con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), y la PNP pudo establecer una relación entre el número celular desde el cual se realizaban las amenazas y el IMEI de un teléfono móvil registrado que resultó estar en poder de Perlita Flores Aspajo, de 23 años, quien fue encontrada en un inmueble.

En el análisis del celular incautado, la Policía halló evidencia de conversaciones con mensajes extorsivos y amenazas directas dirigidas a la víctima y su familia. Estos hallazgos también fueron usados para detener a la mujer por su presunta participación activa en el delito contra el empresario extorsionado.

Ambos detenidos, Perlita Flores Aspajo y Manuel Jordan Remigio Mantilla, fueron trasladados a la sede de la Depincri-Virú, y quedaron bajo custodia policial para iniciar a las diligencias legales correspondientes. La intervención también contó con la participación del fiscal Carlos Recalde Jave, quien asumió el caso y coordina las siguientes acciones en el proceso penal.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

• Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.
• Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal, familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.
• Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.
• Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

• Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Cuatro funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad deberán presentarse este martes 5 de agosto ante el Consejo Regional para sustentar públicamente los cuestionados procesos de licitación del nuevo Hospital de Virú y el corredor vial Norte Trujillo–Huanchaco. Ambos proyectos, que superan en conjunto los S/315 millones, fueron adjudicados a consorcios sin aparente trayectoria técnica acreditada, lo que ha desatado una ola de cuestionamientos ciudadanos, políticos y legales.

Han sido citados el gerente general Martín Namay Valderrama; el gerente regional adjunto, Luis Rogger Ruiz Díaz; el gerente de Infraestructura, Jorge Luis Bringas Maldonado; y la gerente de Contrataciones, Dioselinda Elena Polo de Tirado.

La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, señaló que el Consejo Regional no accede de forma automática a los documentos sobre estos procesos de contratación. Por ello, indicó que tanto las comisiones como algunos consejeros ya han requerido formalmente la entrega de información, a raíz de las denuncias difundidas en medios de comunicación.

La sesión fue convocada como parte de un ejercicio de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Estará centrada en las dos obras que han sido blanco de reportajes tras evidenciar la falta de experiencia de la empresa a cargo, LC & EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C., fundada en 2023 por Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin historial en obras públicas similares.

Consejo exige presencia del área de Imagen tras visita irregular

Además del equipo de Infraestructura y Contrataciones, también se ha solicitado la presencia del gerente de Imagen Institucional. Según reveló Carranza, un funcionario ingresó recientemente a los ambientes del Consejo sin solicitud formal ni comunicación previa con la Presidencia, como exigen los protocolos.

“Hasta ahora no ha llegado ningún documento a mi oficina. Es importante que se aclare con quién se reunió y por qué se anunció como una visita al Consejo cuando no hay atención al público en ese espacio”, indicó Carranza.

Esta acción ha generado incomodidad dentro del Consejo, que exige explicaciones sobre lo ocurrido. “Los funcionarios tienen que venir, dar la cara y explicar con claridad lo que ha pasado. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se están manejando estos contratos millonarios”, remarcó la presidenta del Consejo.

Paralelamente a estas investigaciones, se planteó citar a Lucero Nicole Coca Condori ante en el Consejo Regional para explicar cómo su empresa obtuvo las licitaciones. Sin embargo, al cierre de esta nota, ella no ha sido incluida en la junta.

Adjudicaciones bajo la lupa

El contrato para el hospital de Virú fue firmado el pasado 8 de julio por el propio gobernador César Acuña, el mismo día en que colocó la primera piedra del proyecto junto al ministro de Salud. Días después, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el consorcio ganador estaba conformado por empresas sin experiencia comprobada en infraestructura sanitaria, incluyendo a un ingeniero inhabilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

La polémica creció al conocerse que se permitió al consorcio ajustar su propuesta económica y subsanar errores durante el proceso, situación que no fue permitida a otros postores. En paralelo, la joven Lucero Coca también obtuvo, con la misma empresa, la licitación del corredor vial Norte. En total, su firma ha acumulado contratos por S/522 millones en La Libertad, Loreto y Junín, según Epicentro TV.

El Consejo ha recibido solicitudes para citarla en una próxima sesión plenaria, impulsadas por los consejeros Robert de la Cruz, Frank Solórzano y María Visitación Méndez. “No se puede hablar de transparencia si no hay explicaciones”, expresó De la Cruz.

Acuña anuncia conferencia la próxima semana

César Acuña se encuentra nuevamente de vacaciones y no participará en la sesión. Sus voceros han adelantado que ofrecerá una conferencia de prensa la próxima semana para referirse a estos temas.

En declaraciones anteriores, ha señalado que el Gobierno Regional mantiene reuniones periódicas con las empresas encargadas de obras públicas para garantizar avances. Sin embargo, los cuestionamientos persisten y las investigaciones ya están en curso en la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

El contrato fue firmado el 8 de julio. Ese día, el gobernador regional colocó la primera piedra del nuevo hospital acompañado del ministro de Salud. Sin embargo, el informe periodístico advirtió que el Consorcio Hospital Virú —ganador de la licitación— está compuesto por firmas sin experiencia acreditada en infraestructura sanitaria. Uno de sus representantes, incluso, figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú.

¿Quiénes son los socios del consorcio que ejecutará la obra?

El Consorcio Hospital Virú está integrado por tres empresas. JM Constructores Peruanos S.A.C. tiene el 49% de participación y es propiedad de Joel Yangari Cartolín, ingeniero civil de 38 años que, de acuerdo con el reportaje, aparece como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros. La empresa nunca antes había desarrollado un hospital ni ejecutado obras públicas de gran envergadura. Su experiencia previa con el Estado se limita a órdenes de servicio menores, relacionadas con estudios topográficos, excavaciones y levantamientos de planos, por montos que no superaban los S/34 mil.

La otra socia mayoritaria es Lucero Coca Condori, de 23 años, quien a través de su firma LC&EC Constructora ostenta el 50% del consorcio. Coca tampoco cuenta con antecedentes en construcción de hospitales ni experiencia relevante en obras públicas. La tercera integrante del consorcio es la empresa extranjera Riva S.A., que posee solo el 1% de participación, aunque fue la que permitió acreditar la experiencia técnica exigida para la licitación.

Proceso de adjudicación bajo cuestionamientos

De los 55 postores que se presentaron al proceso, solo dos consorcios avanzaron a la etapa final. Uno de ellos, Consorcio Brontes, fue descalificado por errores administrativos vinculados al representante común. Según explicó el especialista José Trelles en el reportaje, ambos finalistas cometieron observaciones similares, pero solo al Consorcio Hospital Virú se le permitió corregir su propuesta, incluso modificar el monto de su oferta económica a solicitud del Gobierno Regional.

El reportaje mostró un documento en el que la entidad regional pidió al consorcio encabezado por Yangari y Coca que redujera su propuesta económica para mantenerse en competencia. “Esto no es transparente, están jugando con la salud de los liberteños”, afirmó el consejero regional Robert de la Cruz en declaraciones recogidas por Cuarto Poder.

Otros contratos adjudicados a los mismos empresarios

La joven empresaria Lucero Coca también figura como ganadora de otra licitación valorizada en más de S/121 millones. Se trata de la obra de mejoramiento del corredor vial oeste, una vía de 9.5 kilómetros que une Trujillo con Huanchaco. Para este proyecto, Coca se asoció con Marquisa S.A.C., firma que mantiene una deuda coactiva con el Estado por S/820 mil y ha recibido sanciones por irregularidades en procesos anteriores.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, esta obra se ejecuta actualmente sin la presencia de los especialistas técnicos que el contrato exige, lo que podría comprometer su durabilidad. El informe emitido por el órgano de control el 4 de junio alerta sobre la falta del experto en geotecnia y del especialista en pavimentos.

Respuesta de los involucrados y tensión política en la región

Al no ser ubicado en los domicilios registrados en Reniec ni en la dirección legal de su empresa, Joel Yangari respondió por escrito al programa Cuarto Poder. En su carta, aseguró que su participación en la obra fue conforme al marco legal vigente y que el consorcio cumplió con todos los requisitos del proceso de selección. Señaló que la experiencia técnica requerida fue acreditada por la empresa extranjera, que si bien solo tiene el 1% de participación en el consorcio, cumplía con los estándares exigidos.

Por su parte, el consejero regional Robert de la Cruz declaró en el reportaje: “Yo responsabilizo directamente al partido Alianza para el Progreso de cualquier atentado contra mi vida”. Mientras tanto, el gobernador César Acuña continúa con actividades públicas en la región y anuncia nuevas obras en distintos distritos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) localizó un cadáver en un terreno situado a la altura de la carretera Tanguche, en las inmediaciones del distrito Chao, provincia de Virú, región La Libertad. Se presume que los restos corresponden a Nayeli Dávalos Ticlio, enfermera desaparecida en febrero, dos días después de la tragedia registrada en el Real Plaza de Trujillo y donde también ayudó para auxiliar a los heridos.

El hallazgo se produjo tras labores de agentes del Departamento de Investigación Criminal Norte e Inteligencia, quienes identificaron la zona del entierro. Durante la inspección, se evidenció que el cuerpo presentaba al menos dos impactos de bala. Las primeras hipótesis policiales indican que la víctima habría sido retenida y asesinada a pocos días tras su desaparición.

La PNP también informó la detención de los presuntos responsables, identificados como integrantes de la banda ‘Los secuestradores de La Esperanza’. Estas personas estarían vinculadas al secuestro y asesinato de la joven.

En esta intervención se logró captura al considerado número dos de la organización criminal, liderado por alias ‘Cuchillo’. Para las autoridades, habría participado en el secuestro de Dávalos en la provincia de Virú. Las autoridades presentarán información sobre el avance del caso y las diligencias en curso.

Los restos fueron trasladados a la morgue de Trujillo para su identificación. El coronel PNP Carlos Ato Morales señaló que peritos determinarán si corresponden a la joven mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, no descartó que se trate que la banda esté involucrada en la dispuesta por la minería ilegal.

¿Qué pasó con Nayeli Dávila Ticlio?

Dávalos Ticlio, una enfermera de 22 años, fue reportada como desaparecida hace cuatro meses

por su familia en Trujillo. La joven formó parte del equipo de salud que asistió a los heridos durante la tragedia ocurrida en el Real Plaza, donde se registraron más de 70 lesionados.

El día de su desaparición, el domingo 23 de febrero, Dávalos salió de su vivienda con la intención de acudir a una entrevista de trabajo. Según relató su hermana, Susan Dávalos, la joven indicó que sería recogida en el óvalo Mochica, punto céntrico de la ciudad. Desde entonces, su familia perdió todo contacto con ella. La última conexión registrada en sus redes sociales fue ese mismo domingo a las 11:30 a. m.

Las cámaras de seguridad de la zona eran un elemento clave en la investigación y la familia ha solicitado el acceso a las grabaciones de un negocio cercano al lugar de la cita. La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias, mientras la incertidumbre crece en el entorno familiar.

En el hogar de Nayeli no solo la aguardaban sus padres y hermanos, sino también su hijo de dos años, quien pregunta de forma constante por su madre.

¿Cómo denunciar una desaparición?

Estos son los canales y los pasos que debes seguir para reportar un caso y sea atendido de inmediato.

• Acudir a la comisaría más cercana: Presentarse de inmediato en la dependencia policial más próxima y exponer la situación ante el agente de turno.
• Brindar información completa: Aportar todos los datos personales y físicos de la persona desaparecida, así como la fecha, hora y circunstancias del último contacto.
• Presentar una foto reciente: Entregar a la policía una fotografía actual de la persona para facilitar la identificación y difusión.
• Levantar la denuncia formal: Solicitar que se registre la denuncia y se incluya toda la información relevante en el sistema policial.
• Obtener copia de la denuncia: Solicitar una copia del reporte policial para seguimiento del caso.
• Difundir la información: Informar a familiares, amigos y utilizar redes sociales y medios de comunicación para ampliar la búsqueda.

“Yo sí tengo esperanza”, afirmó don José a través de una entrevista realizada por el medio trujillano Sol TV, padre de Nayeli, visiblemente afectado. Junto a su esposa Raquel, ambos se resisten a aceptar que los restos hallados en el sector Tanguche pertenezcan a la joven de 22 años. Este lunes, acudieron a la División de Medicina Legal para someterse a un examen genético que permita determinar si los huesos calcinados encontrados el último viernes corresponden a su hija.

Entre los elementos que siembran dudas en la familia están unos lentes encontrados junto a los restos, que, según relataron, “están intactos”, a pesar de que el cuerpo habría sido quemado. “Parecen nuevos, deberían estar quemados también”, señalaron.

Una desaparición rodeada de incertidumbre

Nayeli fue vista por última vez el 23 de febrero de 2025. Ese día, salió desde su vivienda en el distrito La Esperanza, en Trujillo, con destino a Baños Chimú (provincia de Gran Chimú) para realizar un trabajo eventual, según contó su padre. “A las seis me dijo que estaba esperando una camioneta en el óvalo Mochica. Desde entonces, su celular se apagó”, recordó.

Durante sus vacaciones, Nayeli ya había trabajado en campamentos mineros en la zona de Pataz. Sin embargo, tras la desaparición de su pareja y padre de su hijo, Jorge Luis Sotelo Baca, quien presuntamente murió atrapado en un socavón en septiembre de 2023, nunca volvió a ese entorno. Su familia afirmó que este último viaje fue una excepción, y creen que accedió por recomendación de Hans Alfredo Saavedra Malka, alias “Loco Hans”, hoy detenido por la Policía por estar implicado en este caso.

Señales contradictorias y una pista clave

Un detalle inquietante que mencionó don José es que, días después de la desaparición, una testigo aseguró haber visto a Nayeli dentro de un vehículo negro con lunas polarizadas. “Estaba en la parte de atrás, como ida, no parecía normal”, dijo. Esta testigo habría declarado ante las autoridades y señaló que el automóvil coincidía con el que recogió a Nayeli en el óvalo Mochica.

Otra implicada es Jazmín Ramírez, alias “Chata Jazmín”, a quien se le halló con el chip del celular de Nayeli. La familia asegura no conocerla ni haber oído hablar de una relación entre ambas.

A pesar de que el caso se investiga como un posible secuestro y asesinato vinculado a una organización criminal, los padres descartan que haya habido un pedido de rescate. “Nadie nos llamó para pedirnos dinero. Nosotros somos pobres, vivimos en la pobreza”, enfatizaron.

“Solo Dios sabe la verdad”

Para don José y doña Raquel, lo más doloroso es el vacío que Nayeli ha dejado en casa. La joven era la menor de tres hermanos, alegre, aplicada y con el sueño de convertirse en médico. Su fotografía está en cada rincón de su hogar, mientras su pequeño hijo, que pronto cumplirá tres años, aún no comprende lo que ocurre.

“Que esas personas que le hicieron daño a mi hija lo paguen. Dios es grande. Si es verdad lo que dicen, él se encargará”, expresó entre lágrimas la madre de Nayeli.

La familia ha pedido respeto y cautela ante los informes difundidos. Mientras no se confirme con pruebas irrefutables que los restos corresponden a la joven, se aferran a la esperanza de que Nayeli pueda volver con vida.

La innovación llegó al campo liberteño. El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), participó activamente en la feria “Tecnologías y estrategias de riego y nutrición vegetal”, organizada por la Junta de Riego Presurizado en Virú, región La Libertad. La cita reunió a agricultores, técnicos, empresarios y especialistas en gestión hídrica para conocer soluciones que marcan la diferencia en la productividad del agro regional.

Entre las principales atracciones tecnológicas destacó el drone multiespectral, una herramienta que permite observar los cultivos desde el aire con cámaras especializadas. Este dispositivo capta imágenes en distintas longitudes de onda, lo que permite detectar con anticipación problemas como la falta de agua, la presencia de plagas o deficiencias nutricionales. Gracias a esta información precisa, los productores pueden tomar decisiones inmediatas y eficaces, optimizando recursos y mejorando el rendimiento de sus cultivos.

Tecnología y valor agregado para los productos del campo

Otra de las novedades presentadas por el CITEagroindustrial Chavimochic fue una impresora 3D de alimentos, que captó la atención de los asistentes por sus aplicaciones prácticas en la transformación agroindustrial. Con esta herramienta, es posible convertir insumos agrícolas —como purés, harinas o mezclas— en alimentos con formas personalizadas, texturas creativas o presentaciones diferenciadas.

Este tipo de tecnología abre la puerta a nuevos nichos de mercado, como el gastronómico, el turístico o el gourmet, en los que el diseño y la personalización del producto son claves para destacar frente a la competencia. La propuesta busca fomentar el desarrollo de productos con alto valor agregado, especialmente en manos de pequeños emprendimientos rurales o Mypes agroindustriales.

La participación del CITEagroindustrial Chavimochic en la feria no se limitó a la exhibición tecnológica. También fue un espacio para reforzar alianzas con organizaciones de riego, empresas agrícolas y emprendedores de la zona. Todo ello forma parte del compromiso del ITP-Produce por acercar la innovación a quienes más la necesitan: los pequeños y medianos productores del país.

“El objetivo es que la tecnología no se quede solo en la vitrina, sino que llegue al campo y se traduzca en mejoras reales”, señalaron representantes del CITE. Desde su sede en La Libertad, el CITEagroindustrial Chavimochic trabaja con agricultores de diversas cadenas productivas, brindándoles asesoría técnica, transferencia tecnológica y acompañamiento para que puedan implementar soluciones adaptadas a sus condiciones.

Innovar en el agro: una apuesta estratégica

En un contexto de desafíos climáticos, competencia global y necesidad de eficiencia, el acceso a tecnología se convierte en un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad del agro. Herramientas como los drones multiespectrales y las impresoras 3D de alimentos no solo representan innovación, sino también una oportunidad para modernizar procesos, mejorar la calidad de los productos y ampliar los canales de comercialización.

Fomentar este tipo de espacios de articulación entre ciencia, tecnología y campo es clave para que la agricultura regional avance hacia un modelo más competitivo, inclusivo y con visión de futuro. La experiencia en Virú así lo demuestra.

Ampliación del CITEagroindustrial Chavimochic

El CITEagroindustrial Chavimochic, situado en el distrito de Virú, región La Libertad, será ampliado para beneficiar a más de 2,000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). Según el ministro de la Producción, Sergio González, esta expansión fortalecerá los servicios brindados por la entidad y potenciará la productividad y competitividad de las mipymes agroindustriales del norte de Perú.

La nueva infraestructura incluirá cinco laboratorios especializados que cubrirán todas las etapas de la cadena agroalimentaria, desde la post cosecha hasta la comercialización. Además, se establecerán plantas para el procesamiento de productos lácteos y alimenticios, abarcando líneas de producción como alimentos frescos, conservas, congelados, mínimamente procesados y listos para el consumo.

Investigación y principales sospechosos

Las investigaciones iniciales, según las imágenes de las cámaras de seguridad, revelaron a cuatro personas involucradas en el robo. El grupo consistía en tres hombres y una mujer, quienes ingresaron al hospital simulando ser pacientes. Dentro del establecimiento, las cámaras muestran cómo el grupo se reúne, conversa y planea la sustracción de los equipos. En un momento dado, una mujer del grupo es vista llevando una bolsa grande que, se presume, contenía parte del equipo robado.

La situación se agrava al descubrirse que un trabajador del hospital pudo haber participado en el robo. El gerente regional de Salud, en declaraciones a radio Exitosa, indicó que se está llevando a cabo una investigación administrativa para esclarecer los hechos y se ha denunciado el caso a la Policía Nacional del Perú para que proceda con las acciones legales pertinentes. Las evidencias sugieren que los delincuentes ejecutaron el robo mientras el hospital operaba con total normalidad, lo que ha generado una gran indignación entre los ciudadanos de Virú, quienes dependen de estos equipos para recibir atención médica adecuada.

Repercusiones y contexto social

El robo de equipos médicos ha dejado al Hospital Provincial de Virú en una situación preocupante, afectando directamente la capacidad de atención médica en una región ya acosada por problemas de inseguridad. La provincia de Virú ha experimentado un incremento en extorsiones y violencia, como lo son el sicariato, que se han convertido en parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Este ambiente de inseguridad se ve reflejado en el relajamiento de los protocolos de vigilancia en instituciones tan esenciales como el hospital local.

Los ciudadanos han manifestado su preocupación no solo por el robo en sí, sino también por la aparente indiferencia de las autoridades durante meses, al no avanzar con la investigación o hacer público el incidente de manera oportuna. A través de los medios locales, se ha instado a las autoridades del hospital y a las fuerzas del orden a que refuercen las medidas de seguridad y trabajen en conjunto para garantizar que las instalaciones de salud sean seguras tanto para el personal como para los pacientes.

Otros actos delictivos en la región

La provincia de Virú ha sido escenario de varios incidentes delictivos recientes que ponen de manifiesto la creciente inseguridad en la región. Entre estos hechos, destaca un operativo realizado el 30 de abril de 2025 por la División de Investigación Criminal (Divincri) – Depincri Virú, que culminó con la detención de dos menores de edad involucradas en un presunto caso de extorsión en el distrito de Chao. Las involucradas, conocidas por los alias de “Bombón” y “Bellota”, intentaron extorsionar a un comerciante local exigiéndole dinero a cambio de no sufrir represalias. La intervención exitosa, coordinada con la Policía Nacional del Perú, permitió incautar pruebas relevantes para el caso.

Por otro lado, otra intervención policial en el mismo distrito resultó en la aprehensión de un menor de 14 años que intentó detonar un artefacto explosivo frente a la Institución Educativa 80092 Carlos Wiesse. El menor, tras ser interceptado, confesó haber recibido el explosivo de un individuo conocido como ‘Tony Montana’. El menor ya había estado involucrado en actividades similares, evidenciando un patrón preocupante de acción delictiva dirigida por adultos desde el poblado de Nuevo Chao.

Dos menores de edad, de 12 y 11 años, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú cuando intentaban dejar frente a un negocio local una bolsa negra que contenía una carta extorsiva y un artefacto explosivo que habrían sido entregados a ellos por parte de criminales unos minutos antes.

Según información de la PNP, los menores identificados con las iniciales M. Y. S.R.(12) Y C. S.P. V.(11) fueron intervenidos frente al hotel ‘Celymar’ y trasladados a la Comisaría Rural Víctor Raúl Haya de la Torre.

Fue en este lugar en el que se pudo conocer, por medio de investigaciones preliminares, que los elementos que se iban a usar para amenazar a los dueños del local, fueron entregados por extorsionadores aún no identificados.

PNP captura a integrante de ‘Los Pulpos’

Durante la semana pasada la PNP también logró la captura de Elder Moises Rojas Linares, uno de los cabecillas de la organización criminal ‘Los Pulpos del Brujo’, una facción de la conocida banda criminal ‘Los Pulpos’, vinculado a crímenes como la extorsión y el sicariato.

La captura fue posible gracias al aporte de un informante. Rojas Linares cayó en el sector conocido como Nápoles, en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco. Sobre él pesaba una orden de captura desde el año 2019 por el delito de asociación ilícita para delinquir.

Pese a que se resistió a su captura, alias ‘El Jorobado’ finalmente fue detenido y llevado a la sede policial del distrito, donde se realizarán las diligencias para que sea procesado por el Poder Judicial.

Integrante de ‘Los Pulpos’ cae con explosivos en Trujillo

La caída de alias ‘Jorobado’ se suma a otra captura efectuada por la Policía Nacional, que detuvo -con participación de la Fiscalía- a un integrante de ‘Los Pulpos’, Freddy Oliaga, alias ‘Turrón, que cobraba cupos a obreros que realizaban trabajos de mejoramiento en un colegio en el distrito de Pacasmayo.

Según la Fiscalía, durante la detención de ‘Turrón’ se encontraron y fueron incautados “diversos equipos celulares, stickers utilizados por la organización criminal, explosivos, un listado de nombres con números telefónicos, sustancias ilícitas (drogas), dinero en efectivo, entre otras especies”.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

• Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.
• Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal, familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.
• Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.
• Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

Cómo prevenir una extorsión

Evitar este tipo de delitos es posible si las personas toman las precauciones necesarias en su día a día:

• Proteger la información: Es importante no compartir datos personales o familiares en redes sociales. De ser posible, es importante mantener los perfiles en privado.
• Evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas: Al no tener contraseñas, la conexión en estos puntos genera situaciones de vulnerabilidad para los usuarios. Un agente malicioso puede hackear información de los celulares por este medio
• Usa contraseñas seguras: Todas las contraseñas deben ser diferentes para cada cuenta, especialmente en redes sociales y bancos. También deben tener más de ocho caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales como símbolos.

El violento hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. cuando tres individuos irrumpieron en el minimarket ubicado en la primera etapa del sector Marverde. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los delincuentes ingresaron al establecimiento con la intención de robar el dinero y los bienes del negocio. Sin embargo, el propietario del minimarket, quien se encontraba en ese momento al interior, reaccionó de inmediato ante la amenaza.

A pesar de que los asaltantes contaban con la ventaja numerica, no consideraron que el dueño del establecimiento estuviera preparado para enfrentar la situación. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, uno de los delincuentes intentó intimidar al propietario con armas de fuego, pero este, quien también estaba armado, se defendió.

Legítima defensa y arma de fuego

El dueño del minimarket, identificado como un exmiembro de las Fuerzas Armadas del Perú, actuó en legítima defensa. El hombre, que posee licencia para portar un arma de fuego, le disparó dos veces en la cabeza a uno de los delincuentes, hiriéndolo de gravedad. Tras recibir los impactos de bala, el delincuente cayó al suelo, mientras sus dos cómplices, al ver que su plan se había frustrado, decidieron huir del lugar.

En conversación con la radio Ke Buena Virú, el coronel PNP Jesús Hidalgo, jefe de la división policial de Virú, explicó que el comerciante no tuvo más opción que actuar de esa manera para proteger su vida y la de sus clientes. “Hubo un intento de robo en el minimarket, y el propietario, en legítima defensa, usó su arma de fuego”, comentó la autoridad policial.

El delincuente herido fue rápidamente trasladado a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica. Su estado era crítico debido a la gravedad de las heridas, pero se logró estabilizarlo. Después de ser atendido, el sujeto fue interrogado por las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer los detalles del suceso y determinar si el asaltante había participado en otros robos en la zona.

Escape de los delincuentes

A pesar de que uno de los delincuentes quedó herido, los otros dos lograron escapar del lugar sin ser detenidos. La Policía Nacional del Perú inició de inmediato un operativo para dar con el paradero de los fugitivos, quienes podrían estar involucrados en otros delitos en la región. Según las autoridades, los tres individuos tienen antecedentes penales y forman parte de una banda dedicada a cometer asaltos en la zona de Virú y sus alrededores.

El esfuerzo por capturar a los dos delincuentes prófugos se intensificó después del suceso, y la Policía trabaja en conjunto con los vecinos y comerciantes del área para obtener más información sobre sus posibles paraderos. Además, se están revisando las cámaras de seguridad del establecimiento y de otros negocios cercanos para identificar a los criminales.

Canales de emergencia PNP

Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y brindar una respuesta rápida ante delitos como la extorsión, el Gobierno de Perú ha lanzado la Central 111 de la Policía Nacional. Este servicio gratuito y confidencial está disponible las 24 horas del día, permitiendo a las víctimas denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. A través de esta central, los ciudadanos también pueden enviar pruebas como audios y videos para respaldar sus denuncias, facilitando la intervención de las autoridades.

Además de la Central 111, existen otros canales de contacto para reportar casos de extorsión y recibir ayuda. La Línea 1818 está habilitada como emergencia para denunciar estos delitos, mientras que el celular 942841978 ofrece un contacto directo para casos de extorsión. Las comisarías de cada distrito también son puntos de denuncia, y los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) cuentan con unidades especializadas en extorsión para abordar estos delitos con mayor profundidad.

Un entierro humano con evidencias de sacrificio ritual ha sido descubierto en el vértice noreste de la huaca El Cerrito 2, en la provincia de Virú, región La Libertad, durante las excavaciones del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI). El hallazgo corresponde a un individuo de entre 20 y 25 años de edad que habría sido ofrecido en una ceremonia de carácter simbólico, posiblemente durante la época Chimú Tardío, alrededor del año 1300 d. C.

El arqueólogo Feren Castillo Luján, director del PAVI y docente de la Universidad Nacional de Trujillo, informó que el cuerpo fue encontrado en posición cúbito ventral, con los brazos recogidos a la altura del abdomen, las piernas flexionadas y el rostro mirando hacia el suelo, lo que indica un tratamiento ritualizado del cuerpo. “Sospechamos que se trata de un sacrificio humano, por la postura y ubicación del entierro. Es el primero con estas características entre los nueve que hemos registrado en Virú”, señaló.

El equipo de investigación ha denominado al joven hallado como Víctor Manuel, y a su lado se encontraron restos textiles a la altura de la rodilla y del hombro. Sin embargo, el deterioro de estos materiales impide determinar si tenían algún diseño o si fueron usados como parte de su vestimenta o envoltorio mortuorio.

El segundo templo de adobe más antiguo de La Libertad

El hallazgo fue realizado en la unidad de excavación número dos de El Cerrito 2, antes conocida como huaca San Francisco, un sitio declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2009. Las excavaciones han confirmado que esta estructura posee una antigüedad aproximada de 4,000 años, lo que la convierte en el segundo edificio de adobe más antiguo de la región, tras la huaca Tomabal.

Castillo explicó que la investigación partió de un antiguo pozo de huaqueo, ahora redefinido como unidad uno, donde se descubrió que el templo tiene al menos cinco edificaciones superpuestas. En el nivel más antiguo, conocido como edificio 5, se identificó un corredor con muros curvos, rasgo típico de las construcciones del Precerámico Tardío.

“El primer edificio fue posteriormente cubierto por un piso y una nueva construcción que, lamentablemente, fue destruida por huaqueros. Luego se registraron hasta tres pisos de renovaciones, lo que indica una ocupación prolongada y una transformación arquitectónica constante del sitio”, detalló, según cuenta la agencia Andina.

Color ocre y ausencia de iconografía

La tesista Joisie Mori, quien lidera parte de los análisis en la unidad dos, informó que se han hallado fragmentos de muros enlucidos con amarillo ocre y esferas de pigmento blanco, lo cual sugiere que el templo estuvo cubierto con estos colores. A diferencia de otros sitios rituales de mayor jerarquía, como la huaca Tomabal, en El Cerrito 2 no se han hallado pinturas con motivos iconográficos complejos.

Esto lleva a los investigadores a proponer que El Cerrito 2 pudo haber cumplido un rol secundario en el ámbito ceremonial y político del valle, subordinado a centros más importantes en términos religiosos o administrativos.

Las excavaciones forman parte del plan quinquenal del PAVI 2023-2028, dirigido por Feren Castillo Luján, también doctorando de la Université de Rennes (Francia). El objetivo central del proyecto es comprender el surgimiento de la complejidad social en el valle de Virú durante los primeros milenios de ocupación humana.

Hasta la fecha, el equipo ha intervenido en cuatro de los siete sitios con arquitectura monumental asociados al Precerámico Tardío en esta región, y se espera que los trabajos continúen en las siguientes campañas de campo. El equipo de trabajo está integrado por tesistas de la UNT, como Astrid Vergara, Christian González y Víctor León, así como estudiantes y licenciados en arqueología, todos comprometidos con el estudio de las primeras sociedades del norte del Perú.

El brutal ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., justo antes del inicio del esperado partido de la selección peruana contra Bolivia, cuando numerosos vecinos se encontraban reunidos para ver el encuentro.

Las primeras investigaciones de la Policía revelaron que el asesinato ocurrió en medio de una discusión. Aunque en un principio se desconocían las causas exactas del altercado, la rápida intervención de las autoridades y las pruebas obtenidas a través de cámaras de seguridad lograron esclarecer el trágico suceso.

Crimen habría ocurrido tras una discusión con varios sujetos

De acuerdo con la versión de los vecinos y la información recabada por la PNP, Paredes Rondón había estado bebiendo cerveza junto a un grupo de personas en las inmediaciones de la zona. Después de un rato, decidió retirarse y regresar a su vivienda. Fue entonces cuando, al pasar cerca de una tienda Mass, tuvo un altercado con un individuo.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el comerciante retrocedió unos pasos antes de iniciar una discusión con la otra persona. El enfrentamiento rápidamente escaló cuando el agresor lo golpeó en más de cinco ocasiones con un martillo, dejándolo tendido en el suelo.

El coronel Jhonny Huaman Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), explicó que el ataque se originó a raíz de una pelea entre los presentes. Según indicó, las diligencias iniciales apuntan a que el crimen fue el resultado de una gresca, que lamentablemente terminó en un desenlace fatal.

“Se tiene conocimiento, a partir de lo que nos ha comunicado la comisaría de Víctor Raúl [Haya de la Torre], [que] se viene realizando diligencias. Se tiene conocimiento, de primera mano, que se habría iniciado a partir de una gresca y que ha terminado en este desenlace fatal”, comentó a RPP Noticias.

Hasta el momento, la Policía ha detenido a un sospechoso que podría estar involucrado en el crimen. No obstante, las investigaciones continúan para esclarecer su participación y determinar si hay más personas implicadas en este asesinato.

Familia exige justicia

Esta tragedia ha dejado una profunda tristeza en la familia Paredes Rondón, pero también una fuerte demanda de justicia. Sus familiares, en especial su exesposa, Olga Anticona Polo, no han dudado en hacer pública su indignación.

“Exigimos que se haga justicia. Se ha visto en las cámaras que lo matan de cinco martillazos al papá de mis hijos”, indicó Olga Anticona Polo, exesposa de Paredes Rondón, en declaraciones a Radio Ke Buena Virú.

El asesinato ha dejado a cuatro hijos huérfanos, quienes ahora enfrentan el dolor de perder a su padre de una manera tan violenta. La familia pide que las autoridades no dejen que este crimen quede impune, y que se haga todo lo posible para que el responsable pague por lo sucedido.

Más de 50 homicidios en La Libertad en el 2025

Según cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), La Libertad registra hasta el momento 53 muertes por homicidio, posicionándose como la segunda región con más asesinatos, solo detrás de Lima, que contabiliza 169 casos. En todo el país, Perú ha registrado un total de 484 homicidios.

Estas cifras evidencian un aumento alarmante de la violencia, lo que preocupa a las autoridades, quienes buscan implementar estrategias para frenar la ola de criminalidad y mejorar la seguridad pública.

Números de emergencia en Perú

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central 105 de Emergencias.

Otros números clave:

• Línea 1818: Para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Denuncias directas de extorsión.
• Comisarías: Puntos de denuncia en distritos.
• Depincri: Unidades especializadas en delitos.

Emergencias adicionales:

• Bomberos: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU: 106
• Hospital Nacional de Emergencias: 113

El teniente alcalde del distrito de Chao, Eulalio Valverde Bargas, fue asesinado a balazos a manos de sicarios que lo atacaron en las inmediaciones del mercado Santa Rosa de Virú, en La Libertad. El crimen ocurrió a plena luz del día, cuando un grupo de asesinos se acercó a la autoridad mientras este transitaba por la zona.

Según las primeras versiones, el teniente alcalde habría recibido al menos cuatro impactos de bala. A pesar de su grave estado, fue trasladado de inmediato a un puesto de salud del distrito, pero lamentablemente los médicos informaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

La municipalidad provincial de Virú y la de Chao, a través de un comunicado, expresaron sus condolencias y lamentó profundamente el asesinato de su autoridad local. Por otro lado, los vecinos de la zona también mostraron su pesar y exigieron celeridad en las investigaciones para identificar y capturar a los presuntos sicarios.

La Policía Nacional ya se encuentra trabajando en la investigación del caso. De acuerdo con las primeras indagaciones, se maneja como hipótesis que el asesinato podría estar relacionado con una presunta venganza.

Este trágico suceso marca un precedente en la región, ya que Eulalio Valverde Bargas se convierte en la primera autoridad local asesinada en La Libertad durante este año.

Sicarios acribillaron a alcalde de Chao

El teniente alcalde de Chao habría sido atacado mientras atendía su negocio en el mercado Santa Rosa. De acuerdo con el regidor Ego Vera, en declaraciones a Radio La Exitosa de Chao, dos sicarios a bordo de una moto lineal llegaron hasta la puerta de su establecimiento. Uno de los agresores, que simuló ser un cliente, ingresó y, sin previo aviso, disparó contra Valverde.

“Aparentemente, fueron cuatro impactos. Dos personas bajaron de la moto. Él estaba atendiendo su negocio como todos los días, y fue allí, dentro de su negocio, donde recibió los impactos de bala”, declaró al medio distrital. Valverde, herido de gravedad, fue trasladado al centro de salud local, pero falleció minutos después.

Otros ataques a empresa de Velarde

Los motivos detrás de la misteriosa muerte del alcalde de Chao, Eulalio Valverde Bargas, parecen estar vinculados a una serie de ataques que ha sufrido la empresa transportista ‘Turismo Chao’, de la cual Valverde era socio. La empresa ha sido golpeada nuevamente por la violencia, siendo esta su segunda gran pérdida a manos de delincuentes.

En mayo de 2024, Hermes Zavala Villanueva, conductor y gerente general de la empresa, fue asesinado a balazos en la carretera Panamericana Norte, a la altura del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito y provincia de Virú.

Elmer Aguilera, socio de ‘Turismo Chao’ y amigo cercano de Valverde, expresó su temor ante el asesinato de su colega. En una conversación con Nuestras Noticias, el empresario manifestó su preocupación de ser el siguiente objetivo de los sicarios: “¿Qué me espera? ¿Voy y enfrento lo que venga? ¿El tercer asesinato de Turismo Chao seré yo?”

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú ya inició la investigación a fin de identificar a los responsables de este hecho de sangre, mientras la comunidad sigue consternada por los ataques.

Crimen ocurre luego de la renovación del estado de emergencia en Virú

El asesinato del alcalde Eulalio Valverde ocurre en medio de la reciente renovación del estado de emergencia en la provincia de Virú, que enfrenta una creciente ola de violencia. El 10 de marzo, tan solo cinco días antes del crimen, el gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia, que había comenzado el 12 de julio del año anterior.

Con esta prórroga, Virú alcanzará los 300 días bajo estas medidas excepcionales. Sin embargo, la seguridad en la provincia sigue siendo un desafío.

A pesar de las acciones del gobierno, los índices de homicidios siguen en aumento. Según el Sistema de Información Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2025 se han reportado 47 muertes violentas en La Libertad, lo que resalta la creciente preocupación por la situación de orden público en la región. La inseguridad continúa afectando a la comunidad, a pesar de las medidas tomadas para controlarla.

Un equipo de Latina Noticias visitó la vivienda de la madre de Blanca, Anita Lara, en Virú, La Libertad. En su cuarto, todo permanece intacto: su ropa, los perfumes que usaba antes de salir de casa y los peluches que alguna vez acompañaron sus sueños.

“Es su cuarto. No, no ha sido ocupado, porque para mí es muy doloroso”, dice Anita, conmovida al observar las fotos de su hija. “Todas sus cositas las conservo todavía. Es muy difícil para mí. Lo que han hecho con mi hija es muy duro”.

Un viaje sin retorno

El 19 de octubre del año pasado, Blanca viajó a Lima con la intención de trabajar. Su madre la despidió sin imaginar que sería la última vez que la vería con vida. “Mi hija salió de casa con su maleta, y verla regresar en un ataúd ha sido muy difícil. Solo creo en la justicia divina”, expresó Anita entre lágrimas.

La búsqueda de Blanca comenzó tres días después, el 21 de octubre. Durante diez días, su madre y familiares recorrieron Lima, Chao y Trujillo sin obtener respuestas. Finalmente, el 3 de noviembre, encontraron sus restos en la morgue de Lima.

El 22 de octubre, una recicladora había encontrado dos brazos calcinados en un contenedor de basura en la avenida Circunvalación. Uno de los miembros tenía un tatuaje de Lisa Simpson, lo que permitió identificar a Blanca. Sin embargo, hasta el día de hoy, el resto de su cuerpo no ha sido encontrado.

Según la Fiscalía, el principal sospechoso es su expareja Pablo Valencia Román, la última persona con la que Blanca tuvo contacto telefónico. Pese a ello, logró salir del país.

“Hay claros indicios que dan cuenta de que esta persona actualmente se encuentra en Argentina sin que tenga ningún tipo de requisitoria y pueda burlar a la justicia peruana”, advierte el abogado de la familia, Aaron Alemán.

Demoras y falta de justicia

La madre de Blanca denuncia la lentitud de las investigaciones y la falta de captura del sospechoso. “Es muy difícil, muy doloroso. Se está demorando demasiado en capturar al sospechoso”, reclama.

Incluso la entrega de los restos de Blanca tardó más de 100 días, a pesar de que la identificación por ADN estaba lista. “Después de cuatro meses nos entregaron parte del cuerpo, pero eso no significa que haya justicia. La justicia aún no ha llegado”, sostiene una familiar de la víctima.

Dos amigos de la víctima serían cómplices del macabro crimen

Dos personas han sido citadas a declarar. Uno de ellos es Fernando Zumarán, amigo de Blanca, quien estuvo presente en su velorio y entierro, pero no acudió a la Fiscalía. Un inquietante audio suyo lo ha puesto en la mira.

“Ella me dice para viajar, justo yo estaba por viajar a Lima. Entonces su marido me contacta y me dice ‘sabes qué, está Blanca’. Yo le digo ‘no sé’. Me dice ‘tengo un plan, te voy a pagar, pero no digas nada a nadie’. Me ofreció 100,000″, se le escucha decir.

En el mismo audio, Zumarán confiesa: “A mí me depositaron 10,000 soles a mi cuenta bancaria. Yo tengo ahí todas las pruebas”.

El abogado de la familia señala que este dinero podría estar vinculado al feminicidio. “Él tenía o debía presumir que esos 10,000 soles podrían corresponder a una posible comisión de un delito, como lamentablemente ocurrió con un feminicidio”, explica Alemán.

Tras conocerse este audio, la madre de Blanca denunció haber recibido amenazas. “Su amigo me llamó y me dijo que me iba a denunciar porque lo había involucrado. Yo le contesté: ‘Siempre te dije la verdad’. No entiendo su desesperación”, revela.

Sin embargo, no es la única persona —del círculo de amistad de la víctima— que podría brindar información clave sobre su asesinato, la ubicación del feminicida y los posibles cómplices. Cristian Sánchez, otro amigo de la víctima, negó conocer a Pablo Valencia, pero fue desenmascarado gracias a imágenes y mensajes que prueban lo contrario. En un audio de los primeros meses, Sánchez menciona:

“Me llamaron unos venezolanos que son del Tren de Aragua para que supuestamente devuelvan lo que Blanca robó. Le paso mi número para tener una conversación”.

Para el abogado de la familia de Blanca, esta conversación entre la señora Ana y Cristian buscaba desviar la investigación. Y es que, hasta ese momento, Cristian no sabía que la familia ya tenía información de que Blanca había sido víctima de feminicidio. Siete días después, Sánchez cambió su versión y dejó de responder a los mensajes de la familia. Sin embargo, tras hacerse público su nombre, esta semana volvió a contactar a los familiares de Blanca.

“Quiero aclarar esta situación. Si es necesario que vaya a declarar, lo voy a hacer, pero quiero hablar con ustedes primero. Me han expuesto en un peligro a mi familia y a mí”, escribió en un chat.

Más de 100 días sin respuestas

A pesar del tiempo transcurrido, no hay ningún detenido ni avances concretos en la investigación. La familia insiste en que las autoridades deben actuar con celeridad.

“Hacemos un llamado, una vez más, a la Policía Nacional del Perú, pero principalmente a la Fiscalía, para que puedan ejecutar una orden que debieron dar hace mucho tiempo, como la prisión preventiva”, exige el abogado.

Canales de denuncia y apoyo

Frente a esta crisis, las autoridades habilitaron diversas líneas de ayuda para atender casos de violencia de género. La Línea 113 brinda orientación en temas de salud, incluida atención psicológica y de emergencia. Por su parte, la Línea 100 ofrece soporte emocional y asesoría legal, mientras que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) atiende a víctimas en sus oficinas distribuidas en todo el país.

El gobierno regional de La Libertad, liderado por César Acuña, enfrenta una ya conocida crisis de inseguridad que ha llevado a provincias como Trujillo, Pataz y Virú a un estado de emergencia que ya cumplió 11 meses desde su primera declaratoria en febrero del 2023.

A raíz del atentado en la sede del Ministerio Público, se convocó a una sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), un grupo de altos funcionarios de la región que, al mando del gobernador Acuña, tomaron decisiones para luchar contra la inseguridad que puso en alerta a la ciudadanía. Entre ellas, remover stickers de autos y organizar una “marcha por la paz” para finales de enero.

En un comunicado difundido por el propio Gobierno Regional de La Libertad, se indicó que el retiro de stickers sería parte de una campaña denominada “cero stickers en la región” y que está dirigido a la eliminación de calcomanías extorsivas de vehículos y viviendas en la provincia pues, como se reportó en meses previos, algunos diseños estaban vinculados a grupos criminales específicos.

Además, se informó sobre la organización de una “Marcha por la Paz” el 30 de enero a las 10:00 a.m., aunque no se reveló si esta incluiría algún tipo de gasto público como ocurrió, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima, que pretendía gastar dinero público en implementos para realizar una “Marcha por la vida” en 2024.

El comunicado indica que se iniciará el resguardo de 29 puntos estratégicos para prevenir actos delictivos, aunque en la conferencia el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez habló de activos críticos. Esto quiere decir que se reforzará la vigilancia en infraestructura clave para el Estado, como puentes o las sedes de entidades gubernamentales, como la Fiscalía de la Nación, no necesariamente implica un mayor patrullaje de las calles.

En referencia a los actos contra el Ministerio Público en Trujillo, se tomó la decisión de que la Policía Nacional resguarde a jueces y fiscales que ven casos de organizaciones criminales.

Acciones que no dependen del Gobierno Regional

En la lista de ocho acciones tomadas para mejorar la seguridad en la región, también se incluyen iniciativas cuya aplicación ya no dependen del gobierno regional y de la administración de César Acuña, sino del Poder Ejecutivo o del Congreso.

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, pedir al Ministerio de Justicia “que los sentenciados por extorsión sean recluidos directamente en el penal de Challapalca”. También se pedirá al Ejecutivo emitir una norma para hacer compras directas de equipamiento para la PNP, aunque esto ya fue referido por el ministro Juan José Santiváñez ayer y afirmó que se declarará a la Policía Nacional en desabastecimiento.

En lo que respecta al Congreso, el comunicado del gobierno de Acuña también indica que se exige al Congreso que se “dedique a legislar, con carácter de urgencia, en materia de seguridad ciudadana”, aunque esto solo podrá hacerse a partir de marzo, cuando los parlamentarios retornen de sus vacaciones.

“Chau miedo con nosotros”

Durante el evento de entrega de 100 camionetas para la PNP, el gobernador de La Libertad, César Acuña, afirmó que su gestión lucha contra la inseguridad por medio de la inversión en infraestructura para dar más trabajo.

“Hay gente ignorante. No sabe que mientras más invertimos hay más seguridad, hay más trabajo (...) no solo es comprar camionetas. Hay que invertir lo más que podamos. Por eso lo digo y lo reitero. Llegó el día que un gobernador tome como prioridad invertir en seguridad”, afirmó.

Además, aseguró que en La Libertad existe una enfermedad a la que llamó “enfermedad del miedo”, y que su administración sería la cura. “Vamos a combatir la enfermedad. La enfermedad del miedo. Chau miedo con nosotros. Esa enfermedad la vamos a curar y no nos vamos a dejar vencer”

El gobernador regional de La Libertad y también excandidato presidencial de Alianza Para el Progreso en dos ocasiones (2016 y 2021), César Acuña, se pronunció sobre posibles aspiraciones políticas de cara a las elecciones generales del año 2026 y aseguró que la idea de ser presidente del Perú en el futuro “no le quita el sueño” y que desde su cargo como autoridad regional “hago más que un presidente”.

Durante un evento oficial al que fue invitado por el alcalde del distrito La Esperanza, Wilmer Sánchez; el líder de APP indicó dio una serie de consejos e incluso mencionó a Dios frente a los funcionarios públicos y ciudadanos presentes en la entrega de nuevas pistas y veredas para el Sector Central de la zona.

“A los ambiciosos, a los que quieren lograr algo con ambición, Dios no los ayuda. Con toda modestia, creo que estoy haciendo más que un presidente, por eso Dios es generoso conmigo (...) No me quita el sueño ser presidente”, aseguró Acuña en presencia de funcionarios municipales.

Por otro lado, el gobernador regional también “Dios te lleva de la mano al lugar que te corresponde (...) veo por ahí a unos candidatos que están soñando porque Dios no los va a llevar a ser gobernadores y tampoco a alcaldes.

“Cuando dicen ‘Acuña presidente’, ni lo sueño. Lo que Dios disponga (...) No hay que desesperarse. Dios me ha hecho dos veces congresista. No soñé ser congresista (...) tampoco soñé ser alcalde, pero fui alcalde dos veces. Tampoco soñé con ser dos veces gobernador y Dios me hizo dos veces gobernador. No soñé abrir tres universidades (...)”, afirmó el fundador de APP en el evento oficial.

Uno de los argumentos del gobernador de La Libertad para asegurar que ser presidente “no le quita el sueño” es porque, a su parecer, las universidades que fundó son un medio que le permite ayudar a las personas.

“Tengo un medio para trabajar por la gente. Lo más lindo es trabajar por los jóvenes. Lo más lindo es cambiar la vida de los jóvenes, de las familias emprendedoras que salen adelante con trabajo, esfuerzo, sacrificio (...) por eso es que les digo que estoy trabajando para que sea el punto de quiebre de Alianza por el Progreso”, afirmó César Acuña.

La Libertad: Más de un año en estado de emergencia

Pese a que la criminalidad no ha disminuido en La Libertad y que aún se registran robos, extorsiones y asesinatos en la región, la estrategia de la presidenta Dina Boluarte para enfrentar a la delincuencia sigue siendo la declaratoria del estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Pataz y Virú; las dos últimas a punto de cumplir un año en estas condiciones que fueron declaradas en febrero del 2024.

La medida, que se prolongará hasta el 10 de marzo, fue formalizada mediante decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano. Según los decretos, la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargará de mantener el orden interno en estas zonas, con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Esta disposición también alcanza a la provincia fronteriza de Zarumilla, en la región Tumbes.

Con la reciente prórroga, el estado de emergencia en Zarumilla (Tumbes) sumará 420 días (14 meses) en total. En las provincias de Trujillo y Pataz (La Libertad), se acumularán 390 días (13 meses), mientras que Virú llegará a 240 días (8 meses) de estado de emergencia. Estos plazos reflejan la prolongada situación de restricción en estas áreas, que, según los datos del analista de datos Juan Carbajal, podrían extenderse aún más si se decide continuar con estas medidas en otros distritos del país.

El gobierno de Dina Boluarte extendió por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla en Tumbes, y de Virú, Trujillo y Pataz en La Libertad. La medida, que se prolongará hasta el 10 de marzo, fue formalizada mediante decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano. Según los decretos, la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargará de mantener el orden interno en estas zonas, con la colaboración de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Zarumilla, la extensión del estado de emergencia comenzó el 5 de enero, mientras que en las provincias de Virú, Trujillo y Pataz, la medida se hará efectiva a partir del 9 de enero. Durante este período, se suspenderán varias garantías constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.

Se especifica que esta medida también está alineada con el “Protocolo de actuación conjunta del Estado”, que regula los servicios de intervención en contextos de detención, retención y acción policial hacia mujeres y personas en condición de vulnerabilidad.

La prórroga de la medida fue tomada luego de recomendaciones emitidas por la Comandancia General de la PNP, basadas en informes reservados de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la PNP, así como de las direcciones de las regiones policiales de Tumbes y La Libertad.

Estados de emergencia podrían extenderse hasta 14 meses de duración

Con la reciente prórroga, el estado de emergencia en Zarumilla (Tumbes) sumará 420 días (14 meses) en total. En las provincias de Trujillo y Pataz (La Libertad), se acumularán 390 días (13 meses), mientras que Virú llegará a 240 días (8 meses) de estado de emergencia. Estos plazos reflejan la prolongada situación de restricción en estas áreas, que, según los datos del analista de datos Juan Carbajal, podrían extenderse aún más si se decide continuar con estas medidas en otros distritos del país.

A su vez, el analista señaló que en una semana concluirá el estado de emergencia en 13 distritos de Lima Metropolitana y un distrito del Callao, aunque aún queda la incógnita de si se dará una nueva prórroga. “En una semana estaría concluyendo el estado de emergencia en 13 distritos de Lima Metropolitana y en un distrito del Callao. ¿Habrá prórroga?”, cuestionó el especialista.

Problemáticas de seguridad motivan estado de emergencia en el norte del país

El Gobierno peruano ha prorrogado el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla (Tumbes), Virú, Trujillo y Pataz (La Libertad), debido a diversas problemáticas que afectan la seguridad y el orden público en estas regiones. En Zarumilla, los delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, contrabando, trata de personas y el tráfico de armas han aumentado, creando un clima de inseguridad que requiere intervención urgente.

En Virú, el incremento de homicidios, robos y otros crímenes, alimentados por organizaciones criminales, también ha generado un ambiente de alarma. La presencia de grupos delictivos dedicados a estas actividades ilícitas ha afectado considerablemente la vida tranquila de la población. Por su parte, Trujillo, la ciudad más importante de la región, ha enfrentado problemas relacionados con la violencia, incluidos secuestros, extorsiones y robos, que han afectado a los ciudadanos, aumentando la preocupación por la seguridad pública.

Finalmente, en Pataz, el grave impacto de la minería ilegal y el crimen organizado se ha intensificado. Las bandas criminales se aprovechan de la minería informal para expandir sus actividades ilícitas, lo que ha complicado el panorama de seguridad. Esta situación ha llevado al Gobierno a implementar un estado de emergencia, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden en estas zonas críticas, brindando apoyo con fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas.

Estas situaciones han motivado al Gobierno peruano a declarar el estado de emergencia en estas provincias, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad en las zonas afectadas.

De manera oficial, la región La Libertad pasará Navidad, año nuevo y los primeros días del 2025, bajo un estado de emergencia que ya ha cumplido 10 meses consecutivos de vigencia desde que fue declarado por primera vez en febrero de este año en las provincias de Trujillo y Pataz. Aunque inicialmente se declaró la emergencia solo por 60 días, el gobierno de Dina Boluarte prorrogó continuamente esta medida, que ahora también incluye a la provincia de Virú, en la misma región.

Aunque en esa primera declaratoria se indicó que este decreto era parte de una estrategia para combatir la inseguridad ciudadana en la región debido a la gran actividad criminal -extorsión y sicariato-, lo cierto es que en todo el tiempo que esta medida ha estado vigente, la cantidad de asesinatos se ha incrementado en La Libertad según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), del Ministerio de Salud.

Según información de Sinadef, desde la declaratoria de emergencia en Trujillo, Pataz y posteriormente en Virú, la cifra de fallecidos por homicidio a nivel regional se incrementaron progresivamente. Por ejemplo, en marzo y abril se registraron 12 asesinatos respectivamente. Mayo fue el mes más sangriento del año para la región, con 30 víctimas de homicidios reportadas.

Aunque en los meses de junio (18) y julio (19) hubo una disminución en el registro de homicidios, se produjo un aumento sostenido de asesinatos entre los meses de agosto (23), septiembre (28), octubre (29), y noviembre (27). Actualmente, solo hasta el 17 de diciembre, la región La Libertad ya registra 12 asesinatos.

Coronel Víctor Revoredo podría dejar La Libertad

Uno de los hitos producidos durante este periodo de 10 meses es la designación del coronel PNP Víctor Revoredo como jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada en La Libertad. El agente de la Policía tiene como misión lograr la captura del líder de la banda criminal conocida como ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres, quien hasta el momento sigue prófugo.

En marzo, el gobernador de La Libertad, César Acuña, indicó que Revoredo se mantendría en La Libertad, al menos hasta el fin del 2024. Sin embargo, a pocos días de terminar el año y con el estado de emergencia aún vigente, todavía no se confirma si se mantendrá en la región o si será enviado a otra dependencia policial, una decisión que depende de la evaluación de desempeño que haga el comando policial.

Al ser consultado sobre los logros de su gestión y la posibilidad de permanecer en la región, el coronel Revoredo evitó pronunciarse sobre si será enviado a otra región el próximo año.

De igual forma, el agente de la PNP evitó responder al ser consultado por un balance global de su misión en la región La Libertad. En su lugar, enumeró algunas de las intervenciones destacadas que hizo durante los últimos 10 meses.

La nueva prórroga del estado de emergencia en Trujillo, Pataz y Virú entró en vigencia desde el 10 de diciembre y se mantendrá hasta el 10 de enero, cuando debería finalizar o, como ha sido costumbre en los últimos meses, podría ser prorrogado nuevamente.

El gobierno de la presidenta Boluarte declaró en emergencia la ciudad de Trujillo desde febrero del 2024, y más de nueve meses después, la medida de excepción parece no tener efecto en el control de la seguridad ciudadana en la región La Libertad. Hasta ahora, los distritos de Pataz, Trujillo y Virú siguen experimentando actos criminales como extorsiones y la detonación de explosivos.

Hace una semana, en medio de protestas en Virú por mejoras en seguridad ciudadana, el gobernador César Acuña pidió formalmente que el Gobierno envíe al Ejército para que tome el control de Trujillo y Virú; algo que finalmente ocurriría a partir de diciembre y se extenderá por 90 días, según sus propias declaraciones a la prensa.

Desbordando la capacidad policial

En el documento dirigido a la PCM, Acuña Peralta subrayó la necesidad urgente de restablecer el orden en Trujillo y Virú, donde las organizaciones criminales han tomado las calles y han desafiado abiertamente a la autoridad.

En un operativo policial en el distrito de El Milagro, el día 27 de Octubre, la Policía Nacional detuvo a tres personas, incluyendo a un miembro de una organización criminal conocida por su participación en el sicariato. A pesar de estas acciones, la incapacidad de la Policía para controlar la situación ha llevado a cuestionar su eficacia.

Las autoridades regionales argumentaron que la presencia del Ejército podría proporcionar el respaldo necesario para restablecer la seguridad y el orden público. La propuesta no es nueva; en diversas ocasiones, ante crisis de seguridad, se ha apelado a la intervención militar como una solución para enfrentar el aumento de la violencia.

César Acuña contra las protestas durante APEC

El jueves 7 de noviembre, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, un grupo de gobernadores regionales sostuvo una reunión en la que se firmó un pronunciamiento que se hizo público esta mañana titulado “Por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad”.

Sin embargo, no fueron todos. El documento, que fue difundido en las redes sociales de todos los ministerios, solo cuenta con la firma de 15 de los 25 gobernadores regionales en el país, entre los que se encuentra César Acuña.

Entre los firmantes se encuentran las autoridades regionales de Amazonas, Cajamarca, Ica, Lima, Moquegua, Tumbes, Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Pasco, Ucayali; también se pueden ver las firmas de Luis Neyra (gobernador de Piura), Rohel Sánchez (gobernador de Arequipa), Ciro Castillo (gobernador del Callao), y Wilfredo Oscorima (gobernador de Ayacucho).

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el asesino, vestido con una casaca azul y un casco para ocultar su identidad, deambuló por los pasillos del mercado mientras observaba al adulto mayor. Inicialmente, continuó caminando de largo, pero segundos después regresó rápidamente al lugar donde se encontraba su objetivo.

Aprovechando que Asmat Abanto estaba de espaldas y en compañía de su esposa, el atacante disparó tres veces: dos balas impactaron en la cabeza y una en el hombro del comerciante. Tras el ataque, el sicario huyó a toda prisa, apuntando su arma hacia los testigos para impedir que alguien intentara seguirlo.

La víctima, que trabajaba como comerciante de abarrotes desde hace años, fue trasladada de inmediato al hospital local por una ambulancia. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su deceso. La escena del crimen ha dejado consternados a los familiares y testigos, quienes mencionaron que el comerciante había entrado al mercado momentos antes del ataque y que el asesino aparentemente había estado esperando el momento adecuado para atacarlo.

Aunque aún no se conoce el móvil exacto del asesinato, la modalidad y la situación de la víctima han generado sospechas de que podría tratarse de un acto de extorsión o cobro de cupos, modalidades delictivas que son comunes en la zona. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya ha iniciado las investigaciones correspondientes.

Cabe recordar que Virú, junto con otras localidades como Trujillo y Pataz, fue declarada en estado de emergencia hace varios meses debido a la creciente ola de criminalidad en la región. A pesar de las medidas adoptadas, los asesinatos y extorsiones continúan ocurriendo de forma alarmante en la zona.

Este trágico episodio refuerza el temor y la incertidumbre entre los ciudadanos de La Libertad, quienes viven bajo la constante amenaza de la violencia y el crimen organizado. La región suma alrededor de 220 homicidios en lo que va del año 2024, cifra que la posiciona como la segunda región más violenta de Perú.

Recordemos que debido a la incesante criminalidad, el pasado 27 de octubre, alrededor de 400 habitantes del distrito de Chao salieron a protestar por este flagelo, bloqueando la carretera Panamericana Norte. La manifestación escaló en violencia, derivando en enfrentamientos que resultaron en varios heridos, entre ellos efectivos de la Policía.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
• Hospital Nacional de Emergencias: 113

Lima, 28 oct (EFE).- Un grupo de manifestantes en Perú mantiene bloqueada la carretera Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Virú, en la región norteña de La Libertad, en protesta por el incremento de la inseguridad ciudadana, confirmó este lunes la Policía Nacional.

Los pobladores de Virú, a unos 515 kilómetros al norte de Lima, tomaron la principal autopista de la zona desde la noche de este domingo y la mantienen bloqueada con diferentes objetos y quema de neumáticos, según mostraron imágenes difundidas por medios locales.

Los manifestantes protestan contra las autoridades por considerar que la declaración de estado de emergencia para combatir a la delincuencia y el crimen organizado en esa región ha fracasado.

"No a la extorsión. Ni una bomba más", arengaron algunos de los pobladores, que también marcharon para rechazar los ataques de las bandas dedicadas a la extorsión.

La protesta fue confirmada por el jefe de la región policial de La Libertad, el general José Zavala, quien declaró al Canal N de televisión que el bloqueo comenzó hacia las 22.00 horas del domingo (03.00 GMT del lunes).

Zavala dijo que hasta la zona se han enviado a 300 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que "están tratando de restablecer el orden público en esa zona y permitir abrir la vía para que la gente continúe con su desplazamiento".

El jefe policial añadió que "se supone que estas personas están mostrando su descontento por la inseguridad ciudadana", pero las acusó de estar "causando un tremendo mal a aquellas personas que están desplazándose, por diferentes motivos, a diferentes lugares del país".

Los pobladores de La Libertad ya acataron el martes pasado una paralización para exigir a las autoridades medidas efectivas contra la inseguridad ciudadana, como parte de la convocatoria a una protesta nacional que fue liderada por gremios de transporte público.

El miércoles pasado, el paro convocado por los transportistas, al que se sumaron otros sectores como el de comerciantes, paralizó Lima por tercera vez en menos de 30 días para protestar por el aumento de la delincuencia, especialmente la extorsión.

La protesta partió de varios distritos de la ciudad con el objetivo común de llegar a la sede del Congreso, al que exigieron que promulgue normas drásticas para controlar a la delincuencia, así como la dimisión del ministro del Interior, Juan José Santivañez. EFE

Pese a que el paro nacional de transportistas fue convocado para iniciar el 23 de octubre, los gremios de transportistas de La Libertad decidieron iniciar la protesta un día antes, desde el hoy martes 22 de octubre, para exigir medidas contra la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato.

Según Rodolfo Acosta, presidente del directorio de la empresa Ramiro Priale, desde que se empezaron a pintar los buses de transporte para dar el servicio a los ciudadanos de Trujillo, un grupo de extorsionadores intentaron ponerse en contacto con él con la intención de coordinar el pago de cupos.

Un representante del gremio de transportistas también indicó que la intención de hacer la protesta para el 22 de octubre es a raíz de la presencia de criminales. “Lanzamos la voz de protesta porque aquí creció el sicariato y la extorsión (...)”, afirmó.

Más de 15 mil unidades en el paro

Los gremios que participarán en el acto de protesta desde el 22 de octubre son los tres principales de la región La Libertad: Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (CERTULL), la Asociación de Transportistas de La Libertad (ASTRELL), y el Consorcio de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros de La libertad (CETIPAL), quienes confirmaron su presencia en la manifestación de mañana.

Solo estas tres agrupan entre 15 mil y 16 mil vehículos entre micros, combis y taxis; aunque en sus convocatorias también hicieron públicos sus llamados a otros sectores que son afectados por la actividad de extorsionadores, incluso bodegueros, comerciantes, emprendedores, agricultores, trabajadores agroindustriales, rondas campesinas y a la sociedad civil en general

La medida será una previa del paro nacional de transportistas que iniciará el día 23 de octubre y que reunirá al menos a 230 gremios de diferentes sectores.

Mercados, colegios y universidades suspenden actividades

A raíz de la manifestación del martes 22, los mercados dejarán de atender como es usual durante el desarrollo de la jornada de protesta. Según un comunicado emitido por el Servicio de Administración de Inmuebles Municipalidad de Trujillo (SAIMT), el mercado Zonal Palermo -ex Mayorista de Trujillo- no abrirá sus puertas por motivos de seguridad.

Según Fernando Reyes, representante del mercado Central, los locales en su interior también permanecerán cerrados, aunque esto será en solidaridad con la protesta, según indicó al medio local Sol TV.

En el caso de las escuelas, el gerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, indicó al medio local N60, que se suspenderán las clases en la zona para ese día a raíz del paro convocado por los transportistas.

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) emitió un comunicado en el que informó sobre la suspensión de clases presenciales. En su pronunciamiento, se reconoce que la institución acordó “apoyar la justificada acción de protesta mencionada”, por lo que se decidió que las actividades educativas se realicen de manera virtual “tanto en la sede central como en las filiales de la UNT”.

Piura: protestan incluye pedido de acceso a agua potable

En el caso de la región Piura, que acatará el paro del 23 de octubre, su plataforma de lucha incluye los pedidos anteriores, aunque su protesta también incluye “la grave problemática de la falta de agua, que no solo afecta a los agricultores, sino que amenaza la calidad de vida de los piuranos”, según un pronunciamiento oficial emitido por el Colectivo Piura Convoca.

En ese sentido, para el día 23 de octubre se ha llamado a la movilización de los sectores que apoyen a la paralización a que se reúnan en cuatro puntos específicos desde las 7:00 de la mañana:

• Óvalo de salida de Piura-Chulucanas.
• Óvalo de salida de Piura-Catacaos.
• Óvalo de Piura-Sullana.
• Óvalo de Piura-Paita.

El oso de anteojos, también conocido como oso andino, es el único de su especie que habita en Sudamérica. Puede medir hasta 1.90 metros de largo y alcanzar un peso máximo de 125 kg.

Tal como detalló la agencia Andina, se cree que estos osos han llegado a las proximidades de la bocatoma, donde se capta el agua del río Santa para su tratamiento y posterior consumo humano, en busca de recursos hídricos. La cercanía de esta área con la Reserva Nacional de Calipuy podría explicar su presencia.

Los individuos que filmaron al oso relatan que, tras cruzar la vía afirmada, subió por unos cerros donde terminó por perderse de vista. Momentos antes de desaparecer detrás de los cerros, el oso se volvió hacia la camioneta, reaccionando a los gritos de quienes la ocupaban. No obstante, aseguran que eran dos los osos que se dejaban ver a plena luz del día, aunque solo uno aparece en las imágenes registradas.

La Libertad, situada en la costa norte de Perú, es conocida por su biodiversidad y áreas naturales protegidas donde habitan diversas especies. Sin embargo, los avistamientos tan cercanos a áreas urbanas y proyectos de infraestructura no son comunes. Este hecho subraya la importancia de las reservas y áreas protegidas que sirven de hábitat crucial para animales como el oso de anteojos.

El Proyecto Especial Chavimochic, ubicado en la provincia de Virú, es un emprendimiento clave para el abastecimiento de agua en la región, implicando el tratamiento de agua captada del río Santa para hacerla apta para el consumo humano. La actividad en esta área podría haber motivado la presencia de fauna silvestre cercana.

Incendios consumen miles de hectáreas naturales

El 3 de septiembre, un arduo trabajo de 10 horas permitió controlar un incendio registrado en los caseríos de Paucapampa, Chorco y San Isidro, en el distrito de Cochorco, La Libertad. Sin embargo, los incendios forestales continúan siendo una urgente emergencia en la selva y sierra peruana. La región de La Libertad ha perdido más de 757 hectáreas debido a estos siniestros, mientras que en Cajamarca la cifra asciende a 2,600 hectáreas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Desde julio hasta septiembre, La Libertad ha sufrido 21 eventos de incendios forestales, afectando principalmente a las provincias altoandinas. Una de las más perjudicadas es Otuzco, que ha perdido 251 hectáreas de vegetación en los distritos de Usquil, Agallpampa y Huaranchal. Otra provincia severamente afectada ha sido Bolívar, con la pérdida de 218 hectáreas a causa de tres incendios en los distritos de Bolívar, Condormarca y Longotea.

En Sánchez Carrión, las hectáreas dañadas totalizan 130, distribuidas en cinco eventos registrados en Curgos, Sanagorán, Huamachuco y Cochorco. El 3 de septiembre en Cochorco, el incendio fue controlado, pero no sin antes consumir una parte significativa de los cultivos y vegetación en la zona.

El evento más reciente se informó el pasado jueves en el distrito de Mollepata, Santiago de Chuco, donde los incendios afectaron cientos de hectáreas, incrementando el total de áreas dañadas publicadas por el COER.

En la región de Cajamarca, los incendios forestales han acabado con 2,600 hectáreas de bosques y cultivos. Debido a que las emergencias aún no pueden ser controladas en varias localidades y amenazan con las pérdidas de más hectáreas, el gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, ha pedido al gobierno central de Dina Boluarte que se declare en emergencia a su región.

Una presunta disputa por el oro extraído de las minas cercanas al centro poblado La Rinconada habría terminado en tragedia para cuatro mineros, quienes fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en un descampado cerca a la localidad ubicada en el distrito de San Antonio de Putina, en la región Puno.

Según los testimonios recogidos por la prensa local, los cuerpos fueron hallados en una zona conocida como Llajtapata, desvío Cjumuni, cerca a La Rinconada. Los cadáveres estaban cubiertos con capuchas y fueron dejados en el lugar por los presuntos asesinos luego de haber ultimado a los hombres en un lugar desconocido hasta el momento.

El hallazgo de los cuerpos se produjo el domingo 18 de agosto, cuando fue reportado por vecinos de la zona ante las autoridades. Agentes de la Policía Nacional del Perú se aproximaron a la escena y recogieron las evidencias del hecho.

Por los indicios de violencia y el hallazgo de heridas producto de disparos en los cuerpos, no se descarta que las víctimas hayan sido asesinadas en una presunta disputa por la extracción de oro, o en todo caso a raíz de un presunto cobro de cupos de la actividad minera en la zona. Esto deberá ser aclarado por los representantes de la Fiscalía.

En abril de este año, precisamente en la localidad de La Rinconada, también fueron hallados los cuerpos de tres hombres que fueron asesinados luego de recibir varios disparos en el sector de Antahuila, cerca a la zona minera.

Ante ello, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se movilizaron rápidamente para llegar hasta el lugar del crimen e investigar lo ocurrido. Tras realizar las primeras diligencias de ley, descubrieron que los asesinados trabajaban en una mina como parte del personal de seguridad en las plantas de beneficio de minerales conocido como trapiche.

Las autoridades lograron encontrar a una de las tres víctimas aún con vida, sin embargo, no resistió los balazos por mucho tiempo, ya que, al intentar movilizarla a un centro de salud cercano, falleció en el camino.

Gracias a las indagaciones trascendió desde la Policía que un grupo de sujetos encapuchados atacaron con armas de fuego a los vigilantes. Los criminales habrían querido ingresar a robar minerales, práctica común en la zona.

Minería ilegal: un problema grave para el Perú

La minería ilegal no es solo un problema en Puno o en el sur del Perú. En el norte, la provincia de Pataz es otra de las zonas del país en la que la criminalidad y la minería ilegal se encuentran. Este es precisamente el motivo por el que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte hizo oficial una prórroga del estado de emergencia que está vigente desde febrero del año 2024.

Cuatro decretos supremos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo el mando de Gustavo Adrianzén, fueron publicados por el Diario Oficial El Peruano y hacen oficial la prórroga de estas medidas excepcionales a partir de los días 11 y 12 de agosto del 2024, aunque con diferentes duraciones y que afectan no solo a esta provincia, sino también a otros territorios en el norte del Perú, como Trujillo y Virú.

En los casos de Trujillo y Pataz, esta medida se ejecutó desde febrero del 2024, aunque para este entonces las provincias de la región La Libertad ya acumulaban 14 meses seguidos en emergencia. En el caso de Virú, la medida entró en vigencia en julio de este año.

en los casos de Trujillo y Pataz, esta medida se ejecutó desde febrero del 2024, aunque para este entonces las provincias de la región La Libertad ya acumulaban 14 meses seguidos en emergencia. En el caso de Virú, la medida entró en vigencia en julio de este año.

En el sitio arqueológico Queneto, ubicado en la quebrada de San Juan en el valle de Virú, provincia de Virú en la región La Libertad, miembros del Proyecto de Investigación Arqueológica Valle de Virú (Pavi) descubrieron contextos funerarios que datan de hace aproximadamente 3,800 años.

Según Andina, Feren Castillo Luján, director de Pavi, informó que los restos corresponden a un adolescente, un adulto y dos niños, que fueron encontrados en posición decúbito lateral orientados hacia el cerro Queneto. Uno de los niños tenía un collar de piedras y caracoles como ofrenda.

De acuerdo con la cabeza del equipo, los hallazgos se realizaron en el templo Queneto 2, también conocido como conjunto arquitectónico 14-1. Al respecto, el experto explicó que dos de los contextos funerarios están asociados a la estructura del lugar y a quemas temporales, evidenciadas por marcas de incendio en una de las paredes laterales.

Además, explicó que los otros contextos podrían ser posteriores, aunque no se encontraron cerámicas asociadas a los entierros, por lo cual se realizarán pruebas radiocarbónicas para determinar la antigüedad exacta de los restos. Por eso, señala que en total, se excavó un área de 51 metros cuadrados, apenas un 1 % del sitio, lo que sugiere que podría haber más entierros.

Asimismo, según el investigador, el grupo humano que habitó esta zona pertenece al periodo del inicio del precerámico o Formativo Temprano (1800 – 1100 a. C.), una era de transformación hacia sociedades más complejas, como la de Caral. Castillo Luján mencionó que esta sociedad estaba dedicada a la agricultura, evidenciada por la construcción de canales, y mantenía una estrecha relación con el mar, reflejada en actividades de pesca descubiertas en otros sitios cercanos como Huaca Negra.

Ceremonias de la época antigua

El arqueólogo también sugirió que los rituales en esa época podrían estar ligados a la astronomía, basándose en observaciones de alineaciones de sombras durante los solsticios en el cercano templo Queneto 1, donde Rafael Larco encontró menhires en excavaciones de la década de 1930. Según el director, estos alineamientos podrían indicar el uso de calendarios astronómicos y posibles cultos al agua y al sol.

En relación a los descubrimientos arquitectónicos, se identificaron estructuras con muros de cantos rodados y enlucidos de arcilla, y algunas paredes con esquinas curvadas típicas del Formativo. Estos estarían conectados por un pasadizo estrecho que articulaba dos patios a desnivel. Además, se encontraron fragmentos de cerámica temprana, similar a la observada en Gramalote en el valle de Moche y en Huaca Negra.

A pesar de la importancia arqueológica del sitio, Castillo Luján lamentó la pérdida de gran parte del lado norte del templo en 2022 debido a la expansión agrícola. Recientemente, alertó sobre la destrucción intensiva y el aumento de áreas agrícolas sobre la zona arqueológica, haciendo un llamado a la población para proteger estos sitios que forman parte de la identidad y la historia de la región.

La estrategia de declarar el estado de emergencia en zonas con alta presencia de actividad criminal aún es utilizada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en un intento de luchar contra la inseguridad ciudadana en el país. Es por eso que las provincias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla (Loreto), Trujillo, Virú y Pataz (La Libertad), que ya se encontraban en esta condición, vieron prorrogada la vigencia de la alarma en sus jurisdicciones.

Cuatro decretos supremos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo el mando de Gustavo Adrianzén, fueron publicados por el Diario Oficial El Peruano y hacen oficial la prórroga de estas medidas excepcionales a partir de los días 11 y 12 de agosto del 2024, aunque con diferentes duraciones.

En principio, las provincias del norte, Trujillo, Virú y Pataz, se verán afectadas por esta nueva extensión del estado de emergencia a partir del 12 de agosto, todas por un plazo de 30 días calendario hasta el 12 de septiembre. Es necesario recordar que, en los casos de Trujillo y Pataz, esta medida se ejecutó desde febrero del 2024, aunque para este entonces las provincias de la región La Libertad ya acumulaban 14 meses seguidos en emergencia. En el caso de Virú, la medida entró en vigencia en julio de este año.

En principio, la decisión de promulgar el estado de emergencia en estas provincias obedece a la alta presencia de criminales, además del reporte de actividades relacionadas con la minería ilegal. Sin embargo, en el tiempo que se ha ejecutado el estado de emergencia, la criminalidad no ha cesado.

De hecho, incluso durante la vigencia del estado de emergencia, Trujillo siguió reportando actividades de extorsionadores, quienes incluso llegaron a atentar contra colegios de educación básica, sus profesores y directores, utilizando artefactos explosivos.

Gobierno extiende el estado de emergencia por casi dos años

Un caso excepcional es el que se vive en las otras dos provincias mencionadas: Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, ubicadas en la región Loreto. Ambas zonas tienen registros de encontrarse en estado de emergencia desde el 17 de febrero del año 2023, es decir, que una vez finalizada la nueva prórroga de 60 días calendario -si no se extiende más- ambas acumularán 602 días, casi dos años en estado de emergencia ininterrumpida.

No solo eso, sino que como consecuencia, los ciudadanos que viven en estas provincias se han visto afectados por la suspensión de derechos constitucionales por todo este tiempo, como la libertad de tránsito y de reunión pacífica.

Medida insostenible en el tiempo

Infobae Perú se contactó con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien consideró que prorrogar esta medida en el tiempo es una medida populista y no sostenible a lo largo del tiempo.

Según el exministro Rodríguez, estas declaratorias de emergencia suponen una redistribución de la fuerza policial que existe. Los agentes de la PNP dejan de lado ciertas actividades para centrarse principalmente en el cumplimiento de lo decretado por el Consejo de Ministros.

Las principales autoridades de La Libertad anunciaron este martes 30 solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ampliar el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.

Fue la vicegobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, quien actualmente reemplaza al gobernador César Acuña en el Consejo de Estado Regional, la que comunicó esta decisión, tomada en la última reunión semanal dedicada a evaluar acciones contra la criminalidad.

Uno de los puntos más resaltantes de la reunión fue la afirmación de Cabrera acerca del impacto positivo del estado de emergencia. Según detalló, esta declaratoria ha permitido acelerar los procesos para ayudar con logística a la Policía Nacional del Perú (PNP) y en otras necesidades cruciales para combatir la inseguridad ciudadana.

Además, la funcionaria regional destacó la importancia de continuar con estas medidas para mantener los avances logrados.

Ampliación hasta por 60 días

En la sesión se abordó también la necesidad de unificar los criterios con los administradores de justicia, donde Cabrera indicó que es necesario evitar la liberación de presuntos criminales capturados por la PNP, aunque haya evidencias en su contra.

Por su parte, el director de la III Macro Región Policial, general PNP José Zavala, subrayó que el estado de emergencia ha facilitado la implementación de estrategias efectivas para reducir la criminalidad. Zavala pidió la prolongación del estado de emergencia, sugiriendo una duración adicional de 30 a 60 días.

En ese sentido, el funcionario trató de disipar la noción de que Trujillo es una ciudad insegura. “Trujillo no es tierra de nadie, no es lo que la gente cree, que no se puede caminar por la calle. Estamos bajando los índices delictivos, aunque todavía enfrentamos actos de extorsión”.

Subrayó que la percepción de inseguridad no refleja la realidad y que, aunque existen problemas, las medidas están trabajando para mejorar la situación. Para Zavala, abordar el problema de la inseguridad no se limita únicamente a la represión, sino también incluye elementos sociales.

Más de 100 operativos

En otro momento, el director de la III Macro Región Policial informó que del 22 al 29 de julio se han detenido a 329 personas y desarticulado a 17 bandas criminales, como resultado de loa 125 operativos realizados en diferentes partes del departamento de La Libertad.

Además, se han detenido a 23 extranjeros por diversos delitos, se retuvo a 16 menores de edad, 64 personas requisitoriadas y un total de 10 personas han sido enviadas al penal. Asimismo, se incautaron 14 armas de fuego, 20 municiones, 2 cacerinas, 554 cartuchos de dinamita y 56 mechas de seguridad.

Piden la renuncia del ministro del Interior

La situación de inseguridad en la región de La Libertad ha llevado al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar en emergencia a las ciudades de Trujillo y Pataz. Esta medida se ha mantenido por más de seis meses, con presencia militar en las calles de ambas localidades.

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, criticó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y pidió su destitución, argumentando falta de capacidad para enfrentar la crisis. Mariños señaló que cada mes ocurren asesinatos, y denunció que en la última semana hubo un atentado contra una empresa. Para el alcalde, la emergencia decretada no ha dado los resultados esperados en la lucha contra la delincuencia.

“Todos los meses hay asesinatos. Esta semana se produjo uno más y hubo un atentado contra una empresa. Entonces, no está funcionando la emergencia. Lo primero que se debe cambiar es de ministro del Interior, quien ha demostrado una gran incapacidad para afrontar esta problemática y desde la presidencia de la República se deben dar políticas claras, pues hay que ir frontalmente contra la delincuencia, así de simple”, declaró Mariños al diario Correo.

No es la primera vez que Mariños se pronuncia en contra del estado de emergencia. A comienzos de junio, expresó al canal SolTV que las medidas no habían tenido éxito en reducir la criminalidad en su jurisdicción.

El gobierno ha decretado estado de emergencia en la provincia de Virú, ubicada en el departamento de La Libertad, por un periodo de 30 días. La medida, que implica la restricción de ciertos derechos constitucionales, responde a un aumento significativo de casos de extorsión que afectan gravemente la seguridad y el orden interno de la región.

La decisión fue tomada basándose en informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que indican un incremento de la delincuencia en la provincia. Según el Informe N° 077-2024 de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la PNP, esta situación amenaza la seguridad ciudadana y el desarrollo económico y social de la zona.

Durante este periodo, se restringen derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, y la seguridad personal, según lo estipulado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza policial, y el Decreto Legislativo N° 1095, que establece normas para las Fuerzas Armadas, estas últimas podrán intervenir en situaciones de violencia durante el estado de emergencia. Además, instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deberán colaborar con la PNP para el cumplimiento de esta medida.

El financiamiento necesario para implementar las acciones del estado de emergencia será cubierto con el presupuesto institucional asignado y recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. La Policía Nacional presentará un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos dentro de los cinco días hábiles posteriores al fin del estado de emergencia.

Extienden 30 días más el estado de emergencia en Trujillo y Pataz

El gobierno peruano decidió prorrogar por 30 días adicionales el estado de emergencia en la provincia de Trujillo y Pataz, ambos departamentos de La Libertad, a partir del 13 de julio de 2024.

La medida en Pataz responde a persistentes problemas de minería ilegal y crimen organizado en la región, según comunicó la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El estado de emergencia inicial en Pataz fue declarado mediante Decreto Supremo N° 018-2024-PCM el 13 de febrero de 2024, por un plazo de sesenta días. Posteriormente, esta medida se ha prorrogado en dos ocasiones: primero por sesenta días adicionales desde el 14 de abril de 2024, y luego por treinta días más desde el 13 de junio de 2024. Dichas extensiones respondieron a continuas perturbaciones del orden interno derivadas de actividades ilícitas en la región.

En Trujillo, la extensión de la norma fue tomada debido al consistente alto índice de delitos, incluyendo homicidios, robos, extorsiones y secuestros, según recomendaciones de la PNP. Las autoridades han prorrogado sucesivamente el estado de emergencia debido a la gravedad de la situación de inseguridad en Trujillo. Según el informe de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, los delitos continúan afectando el orden interno gravemente.

El Decreto Supremo N° 071-2024-PCM establece que durante esta prórroga se mantendrán vigentes las restricciones de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y de seguridad personal.

Un reciente descubrimiento en el extenso valle de Virú, en La Libertad, ha asombrado a la comunidad arqueológica. Investigadores peruanos, utilizando tecnología de vanguardia, han identificado un geoglifo que se presume está vinculado a los sistemas de captación de agua mochica. Esta pieza arqueológica emergió en medio de una zona dominada por cultivos agrícolas modernos, donde predomina la producción de arándanos, paltas, espárragos y alcachofas, según la información proporcionada por Agencia Andina.

El hallazgo arroja nueva luz sobre las avanzadas técnicas hidráulicas de los mochica, cuyos vestigios a menudo se eclipsan debido a la intensa actividad agroindustrial en la región. Según la información proporcionada por Agencia Andina, la tecnología moderna ha permitido a los arqueólogos localizar y estudiar el geoglifo con una precisión sin precedentes, revelando detalles esenciales sobre la ingeniería y la cultura de estos antiguos pueblos prehispánicos.

¿Quiénes fueron los mochica y cuál fue su legado cultural?

Los mochica, también conocidos como moche, fueron una civilización prehispánica que floreció en la costa norte del Perú entre el 100 y el 800 d.C. Conocidos por su avanzada arquitectura, cerámica detallada y complejas obras de metalurgia, los mochica dejaron un legado significativo a través de sus huacas (templos), pirámides y tumbas decoradas con ricos simbolismos. Sus expresiones artísticas reflejan con realismo la vida cotidiana, la estructura social y sus rituales religiosos.

La geografía árida de la costa norte peruana hizo que la gestión del agua fuera crucial para la supervivencia y prosperidad de los mochica. Desarrollaron avanzados sistemas de captación y distribución de agua, incluyendo pozos, canales y reservorios, que les permitieron irrigar extensas áreas de cultivo. Estas infraestructuras hidráulicas no solo aseguraron el abastecimiento de agua para la agricultura, sino que también jugaron un papel central en su organización social y económica, permitiendo a los mochica sostener una población grande y compleja.

¿Cómo se descubrió el geoglifo en el valle de Virú?

La tecnología de drones fue fundamental en esta investigación, permitiendo una observación precisa del terreno y la identificación de detalles que serían invisibles desde el nivel del suelo. Además del geoglifo, en una área cercana, la tesista Zenaida Villa de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) descubrió el enterramiento de un individuo adulto, que sorprendentemente no poseía ofrenda alguna. Estos hallazgos, interconectados, proporcionan nuevos conocimientos sobre las prácticas culturales y funerarias de los mochicas, enriqueciendo la comprensión de su compleja civilización.

¿Cuál es el impacto de este descubrimiento?

El descubrimiento del geoglifo en Virú representa un avance significativo para la arqueología peruana, proporcionando nuevas evidencias sobre las habilidades y conocimientos de la cultura mochica. Este hallazgo enriquece el patrimonio cultural del país y ofrece una oportunidad para revaluar y comprender mejor las técnicas hidráulicas y la organización social de los mochica en uno de los valles más importantes del Perú.

Feren Castillo Luján, director del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI), destacó durante una entrevista a la Agencia Andina que este año el proyecto cumple su primer aniversario de intenso y valioso trabajo en la investigación arqueológica. Castillo subrayó la participación activa de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo como voluntarios, practicantes y tesistas.

El geoglifo encontrado podría ofrecer nuevas pistas sobre las avanzadas técnicas hidráulicas empleadas por los mochica, revelando métodos innovadores de captación y distribución de agua aún desconocidos. Esto podría cambiar las teorías existentes sobre cómo gestionaban los mochica sus recursos hídricos y podría aplicarse este conocimiento en estudios contemporáneos sobre manejo sostenible del agua. Además, el hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la relación entre las estructuras hidráulicas y los geoglifos en otras culturas prehispánicas de la región.

Un enigmáticos hallazgo arqueológico tuvo lugar en el extenso valle de Virú, ubicado en la región norteña de La Libertad, gracias a una investigación que comenzó en octubre del 2023 en una zona acaparada por campos de cultivo de arándanos, paltas, espárragos, alcachofa, entre otros productos agrícolas.

Fue gracias a la utilización de un dron que lograron descubrir una extraña figura de varios metros de largo en el suelo del lugar. Según Feren Castillo Luján, director del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI), el gadget tuvo que ser volado a baja altura para peinar todo el perímetro.

¿Qué se halló en el valle de Virú?

Tras revisar a detenimiento las imágenes captadas por el drone, el grupo de investigadores se percató que en un área cerca de una quebrada se había registrado un geoglifo, pero no como los elaborados en Nazca, Ica, —en donde sacaron la tierra para formar la silueta— sino que se utilizó una técnica completamente distinta.

Castillo Luján graficó que el geoglifo mide 40 x 30 metros y su verdadera magnitud se aprecia desde el aire; además, tiene la forma de un ave falcónida y está orientado hacia la montaña. Cabe destacar que muy cerca del área, que estuvo a cargo de la tesista de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Zenaida Villa, se descubrió el entierro de un adulto sin ninguna ofrenda.

Se presume que el dibujo ancestral podría haber sido realizado por la cultura Mochica debido a la gran cantidad de restos de cerámica que se encontraron en los espacios donde se ha dibujado este geoglifo.

El también profesor de la UNT resaltó otro detalle importante: en varios sectores de este sitio se han hallado muchos pozos de captación de agua, por lo que no se descarta que estén asociados.

Del mismo modo, el investigador expresó que, aunque los geoglifos generalmente se asocian a épocas muy tempranas, la gran cantidad de cerámica mochica encontrada le hace cuestionar su antigüedad. Además, no se descarta la posibilidad de que aún existan muchos otros geoglifos por descubrir.

“Cuando uno revisa los antecedentes te das cuenta que estamos encontrando cosas que antes mis colegas no lo notaron. Quizás no tengamos una huaca de la Luna o un Chan Chan, pero hay mucho potencial en el valle de Virú y nos da pena que la gente al notar la ausencia del Ministerio de Cultura ha ido destruyendo los sitios. Por eso, parte de nuestra responsabilidad es sensibilizar a la población, hacerle entender que hay que proteger el patrimonio. Es difícil, pero poco a poco van entendiendo”, aseveró.

Potencial del valle de Virú

Feren Castillo destacó que el Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI) celebra este 2024 un año de intenso y valioso trabajo en investigación arqueológica, al cual también se han sumado estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo en diversas modalidades: voluntarios, practicantes y tesistas.

En esa línea, señaló que el año pasado, gracias a la participación de los voluntarios, llegaron a tener 50 personas trabajando en el campo, lo que calificó como una completa “locura” para un proyecto universitario privado con un presupuesto muy limitado.

Feren Castillo indicó que este año estudiarán los petroglifos del sitio arqueológico Queneto, conocidos gracias al trabajo realizado por Rafael Larco en 1934, ya que muy cerca de esa área hay un petroglifo con un personaje que sostiene una porra similar a los guerreros mochicas.

Como parte de las celebraciones por el primer aniversario de PAVI, se llevará a cabo un conversatorio sobre el documental Perú, sacrificios en el reino chimú. La cita es este sábado 18 de mayo a las 19:00 horas en las instalaciones del centro cultural Cine Chimú, ubicado en la avenida González Prada, a espaldas de la Zona Franca, en Trujillo.

La Líneas de Nazca

Las Líneas de Nazca, ubicadas en la costa sur de Perú, son una serie de antiguas geoglifos que datan aproximadamente entre el 500 a.C. y el 500 d.C. Desarrolladas por la cultura Nazca, estas enigmáticas figuras comprenden desde simples líneas y formas geométricas hasta complejas representaciones de animales, plantas y figuras antropomorfas. A pesar de diversas teorías, su propósito sigue siendo objeto de estudio y debate. Algunos investigadores sugieren que las líneas tenían una función ritual relacionada con la astronomía y la agricultura, mientras que otros creen que formaban parte de caminos ceremoniales. Las Líneas de Nazca son Patrimonio de la Humanidad desde 1994.