El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, defendió la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el desalojo violento ejecutado el jueves 30 de julio en Nebaj, Quiché, aunque admitió que el operativo dejó imágenes “difíciles de procesar”.

El funcionario también anunció que se llevará a cabo una revisión sobre el cumplimiento de los protocolos, en un caso que además derivó en el incendio de la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien aprobó la ordenó de desalojo en contra de Juana Santiago Chel, una mujer de 72 años, quien vive en compañía de su hermana Elena, de 77; de su hija Juana López, de 52; y de su nieto, Tomás, quien tiene discapacidad.

El funcionario justificó que la presencia policial respondió a una solicitud judicial que ya había cumplido con todas las etapas y las revisiones correspondientes, dejando firme una resolución de juez, quien ordenó el lanzamiento de los habitantes del inmueble.

No obstante, imágenes de medios locales revelaron que las diligencias estuvieron acuerpadas por una fuerza de entre 20 y 40 agentes e incluía personal de fuerzas especiales Antimotines.

Según dijo el Ministro guatemalteco, la institución no puede escoger qué resoluciones cumple y cuáles no, porque su obligación legal es ejecutar las órdenes emitidas por los jueces, e insistió que sólo se cumplió con la orden judicial.

“Ayer se suscitaron unos hechos muy lamentables en Nebaj, Quiché. Imágenes difíciles de procesar, imágenes reprochables también... Sin embargo, todo esto gira al rededor de una orden judicial... Nunca el lanzamiento es agradable y rara vez se hacen de forma voluntaria”, manifestó Villeda.

No obstante, el abogado de Santiago Chel, afirmó que la PNC no contaba con una orden de desalojo y tampoco se apersonó la jueza responsable, por lo que calificó las acciones de la policía como un allanamiento ilegal.

“Fue un delito el que cometieron porque allanaron propiedad privada y la justicia defiende la propiedad privada. Lo único que llevaron fue una resolución de un juicio sumario de lanzamiento sobre otro terreno que no era donde residía la señora“, manifestó el abogado, quien afirmó que ya habían recusado a la jueza, pero que ella se negó a dejar el caso.

El Ministerio de Gobernación revisará si los agentes respetaron los protocolos

Pese a esa defensa del marco legal del operativo, el ministro dijo que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil tienen la obligación moral y legal de analizar si se cumplieron todos los protocolos durante la ejecución del lanzamiento.

La revisión, dijo, quedará en manos de la Inspectoría General de la PNC, que deberá determinar la actuación de cada agente y establecer responsabilidades personales si existió alguna agresión.

Ante las preguntas sobre el trato dado a una mujer de la tercera edad, el funcionario reconoció que las imágenes de una persona mayor sacada de su domicilio son difíciles de ver. También afirmó que existen protocolos para proteger a las personas mayores, a las que calificó como vulnerables, y que el desafío consiste en equilibrar el cumplimiento de la ley con esa obligación de resguardo.

El ministro evitó anticipar una sanción contra los policías que participaron en el procedimiento. Dijo que antes de emitir un criterio necesita un análisis sereno de lo ocurrido, de la forma en que se actuó y de cómo se intervino durante el lanzamiento.

El Gobierno vincula el operativo con una disputa familiar que debe resolverse en los tribunales

Sobre el origen del caso, el funcionario indicó que supo que la demanda habría sido presentada por un nieto contra su abuela, sin embargo, los abogados afirman que fue el hijo de la mujer, Pedro Santiago López, quien inició el proceso.

Aclaró que ese conflicto no corresponde al Ministerio de Gobernación ni a la policía, sino a los juzgados, que son las instancias encargadas de dirimir ese tipo de diferencias.

Esa fue también la base de su defensa institucional: insistió en que la policía no entra a valorar las circunstancias que dieron origen al proceso judicial ni a revisar el fondo de las resoluciones. Según explicó, si los agentes desobedecen una orden judicial, pueden enfrentar procesos por incumplimiento, porque están obligados a ejecutar lo resuelto por los tribunales.

Se contradijeron

Momentos después de que ocurriera el desalojo y que iniciaran los disturbios en Nebaj, Quiché, la PNC de Guatemala publicó un comunicado (que más tarde fue retirado de sus redes sociales) en el que insistieron en el cumplimiento de una orden judicial.

Además, afirmaron que se “limitaron a brindar seguridad y apoyo a las autoridades competentes, con un trato digno y respetuoso hacia todas las personas presentes, especialmente hacia quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad durante el cumplimiento de una resolución judicial”.

No obstante, después de las críticas y de los disturbios en el municipio quichelense, la policía emitió un nuevo comunicado en el que detallan que al lugar se hizo presente un notificador y ejecutor, con acompañamiento de un intérprete del Juzgado de Primera Instancia Civil.

Luego advierten de la presencia de otras instancias de gobierno, como la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación, incluyendo una trabajadora social y afirmaron que, a pesar de ello, se harán verificaciones internas sobre las actuaciones policiales durante la diligencia".

Por su parte, autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicaron a Infobae que se abrió un expediente para determinar si hubo vulneración de los derechos humanos contra las personas afectadas en el desalojo y que se verificará el actuar de todos los presentes.

Analizan protección a Jueza

Derivado del desalojo, la indignación social llevó a lo vecinos de Nebaj, Quiché a incendiar la casa de la jueza Ada Madaí López Morales, quien, minutos antes de que llegara la turba, abandonó la vivienda.

En ese aspecto, el ministro calificó ese episodio como un hecho lamentable y sostuvo que las leyes y los jueces son los mecanismos para resolver diferencias de manera civilizada, por lo que rechazó cualquier reacción fuera del cauce judicial.

Consultado sobre si se brindará seguridad a la jueza, respondió que esa posibilidad será evaluada junto con el Organismo Judicial y con el personal encargado de la protección de jueces. Agregó que también se revisará qué acciones se tomarán para resguardar la seguridad del los Juzgados Judiciales en Nebaj.

El desalojo

En Santa María Nebaj, Quiché, Guatemala, un violento desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer de 77 años, desató protestas y la quema de la casa de la jueza responsable del caso. La orden de desocupación fue solicitada por el propio hijo de la afectada, Pedro Santiago López, en el marco de un conflicto familiar por la propiedad. El procedimiento se caracterizó por el uso de fuerza excesiva, con la anciana y su hija siendo retiradas entre empujones y sus pertenencias dejadas en la calle, lo que generó rechazo social y acusaciones de violación de derechos humanos.

La comunidad se movilizó, reuniéndose frente a la sede judicial para exigir la devolución del inmueble y la suspensión del proceso. Al no obtener respuesta, un grupo incendió la vivienda de la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil, aunque no se reportaron víctimas. Las autoridades reforzaron la seguridad en la región.

El Ministerio Público abrió investigaciones tanto por el incendio como por posibles irregularidades en el desalojo. La Policía Nacional Civil afirmó haber actuado bajo orden judicial y siguiendo protocolos legales.

“No elogiaré ni defenderé la respuesta del agente Bowers”, declaró Waters en una conferencia de prensa, subrayando la gravedad del incidente que ha generado una ola de reacciones en redes sociales y ha puesto bajo escrutinio los procedimientos policiales en la ciudad

La declaración de Waters, quien lidera la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO), marcó el inicio de una investigación interna y la suspensión inmediata del oficial involucrado, identificado como D. Bowers.

El violento arresto fue grabado y compartido en redes sociales

El episodio, que ocurrió el 19 de febrero, comenzó cuando William McNeil Jr., un joven afroamericano de 22 años, fue detenido por un oficial de la JSO por conducir sin las luces delanteras encendidas durante el día, según explicó el propio Waters.

McNeil, sentado en su vehículo con el cinturón de seguridad abrochado, solicitó hablar con un supervisor y pidió que le mostraran la ley que justificaba la detención.

En el video difundido en Instagram, se escucha a McNeil decir que lo detuvieron porque tenía las luces apagadas, a lo que un oficial responde: “No importa, todavía debes tener las luces delanteras encendidas”. La situación escaló rápidamente. Apenas cinco segundos después de la petición de McNeil, otro oficial rompió la ventanilla del lado del conductor y lo golpeó en la cara, mientras le ordenaba salir del coche y mostrar las manos.

Durante el encuentro, los oficiales le pidieron a McNeil en siete ocasiones que abandonara el vehículo. Waters explicó que la negativa de McNeil a obedecer las órdenes alcanzó el nivel de resistencia criminal, lo que, según la ley, justifica la intervención policial.

“La ley exige que una persona cumpla con la orden de un agente de policía durante una parada de tráfico. No hay opciones. Incluso si esa persona no está de acuerdo con el motivo de la parada del agente”, afirmó Waters.

El incidente no terminó con el primer golpe. En el video, grabado por el propio McNeil con su teléfono móvil colocado en un soporte en el tablero, se observa cómo los oficiales lo sacan del vehículo y lo golpean nuevamente en la cara antes de empujarlo al suelo, lo que le provocó una laceración en la barbilla.

Durante la detención, uno de los agentes le pregunta a McNeil: “¿Qué demonios te pasa?”, mientras al menos cinco oficiales participan en el arresto. Otro uniformado le informa a McNeil que está siendo arrestado, en medio de una escena que ha sido ampliamente compartida y comentada en redes sociales.

La oficina del sheriff mostró videos de las cámaras corporales

La viralización del video fue inmediata. La indignación pública llevó a la JSO a mostrar tres videos de cámaras corporales durante la conferencia de prensa, aunque ninguno de ellos capturó el momento exacto en que el oficial Bowers golpeó a McNeil en la cara.

Waters explicó que la fiscalía estatal absolvió a Bowers y a otros dos oficiales de cualquier irregularidad, ya que no habían visto el golpe en cuestión.

Sin embargo, la oficina del sheriff inició una revisión interna del caso, y Bowers fue destituido de sus funciones policiales con efecto inmediato. Waters precisó que el propio agente renunció a su derecho a la privacidad para permitir la publicación del video de la cámara corporal.

Harry Daniels, abogado de McNeil, afirmó que su cliente sintió que “sus derechos estaban siendo pisoteados” al ser detenido durante el día por no llevar las luces encendidas. “Eso es nuevo”, añadió.

“Los oficiales podrían haber enviado fácilmente un sargento al lugar para reducir la tensión”, declaró.

Por otro lado, Waters dijo que McNeil nunca presentó una denuncia ante el departamento ni mostro este video, ahora viral, ante las autoridades.