Las denuncias por violación simple en Cuautitlán Izcalli cayeron 33% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La alcaldía del municipio mexiquense dio a conocer los datos en agosto de 2026 y atribuyó la reducción a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. El abuso sexual bajó 10% y el acoso sexual, 5%, en el mismo lapso.

De enero a junio de 2025 se contabilizaron 96 denuncias por abuso sexual, 60 por acoso sexual y 57 por violación simple en el municipio. En el mismo periodo de 2026, esas cifras descendieron a 86, 57 y 38, respectivamente.

Cuautitlán Izcalli y sus dos alertas de violencia de género activas desde 2015 y 2019

La reducción en las denuncias ocurre en un municipio que lleva más de una década bajo dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). La primera fue emitida el 31 de julio de 2015 por violencia de género, y la segunda, en septiembre de 2019, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.

Cuautitlán Izcalli forma parte del grupo de municipios del Estado de México con mayor incidencia registrada de violencia contra las mujeres, según datos de la Fiscalía mexiquense y reportes de seguridad consultados por Infobae. Las colonias Infonavit Norte y Lomas de San Francisco Tepojaco figuran entre las zonas prioritarias del municipio donde la violencia familiar, las lesiones y las agresiones de pareja son los delitos más recurrentes.

El Estado de México también apareció en el mapa nacional de feminicidios durante el primer mes de 2026: el SESNSP registró cuatro casos en enero en la entidad, lo que lo situó entre los cuatro estados con mayor concentración de ese delito en el país, junto con Sinaloa, Ciudad de México y Tamaulipas.

El Mando Unificado Oriente y la estrategia de los tres órdenes de gobierno

El gobierno municipal atribuyó los resultados a una estrategia que incluye coordinación operativa entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, despliegue conjunto en zonas prioritarias y el fortalecimiento de mecanismos de prevención. Entre los instrumentos mencionados se encuentra el Mando Unificado Oriente, impulsado por los gobiernos federal y del Estado de México.

La alcaldía señaló que “estos resultados representan avances en la consolidación de entornos más seguros para las mujeres”. También afirmó que “la atención a quienes viven situaciones de violencia requiere cercanía, escucha, acompañamiento y una respuesta oportuna que les permita sentirse protegidas y respaldadas”.

El gobierno local agregó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno fortalece las acciones de prevención, atención y seguimiento de casos de violencia contra las mujeres. El objetivo declarado es brindar apoyo a las víctimas y contribuir a que puedan ejercer plenamente sus derechos.

La incidencia delictiva general en Cuautitlán Izcalli en el primer semestre de 2026

Más allá de los delitos sexuales, la incidencia delictiva general en el municipio registró una caída de 18.4% en los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con el SESNSP. La autoridad municipal consideró que esta tendencia a la baja se mantiene desde el inicio de la administración actual.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró una disminución de 6.9 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2026. El indicador pasó de 81.8% en marzo a 74.9% en junio.

El contexto municipal, no obstante, incluye episodios recientes que mantienen la atención sobre la seguridad de las mujeres en la zona. En junio de 2026, familiares de Naomi Rodríguez, una joven de 19 años desaparecida en Tlalnepantla de Baz, bloquearon la avenida José López Portillo a la altura de la Y Griega, en Cuautitlán Izcalli, para exigir avances en la investigación, según documentó Infobae México.

Durante esa protesta, la tía de la joven, Norma Angélica Hernández Gómez, denunció que las cámaras de videovigilancia del centro de Tlalnepantla no proporcionaron imágenes útiles. “No puede ser posible que ninguna cámara funcione. Estamos hablando de cámaras del gobierno y también de establecimientos importantes de la zona”, declaró a Infobae México.

El caso ilustra la brecha que persiste entre los datos estadísticos de reducción de denuncias y la experiencia cotidiana de las familias afectadas por la violencia y la desaparición de mujeres en la región. Las autoridades de la Fiscalía estatal se comprometieron con la familia a realizar diligencias con apoyo de la Policía Cibernética, aunque los familiares aseguraron no haber recibido actualizaciones oficiales.

La posición de Cuautitlán Izcalli en el mapa de violencia de género del Estado de México

Los datos de la Fiscalía mexiquense ubican a Cuautitlán Izcalli entre los municipios con mayor incidencia de violencia de género en el Estado de México, junto con Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Las autoridades han identificado al menos 110 colonias prioritarias en municipios con Alerta de Violencia de Género, donde los incidentes se repiten con frecuencia en horarios específicos.

En varios de esos municipios, la violencia se concentra principalmente durante la tarde, la noche y la madrugada, cuando la mayoría de los ataques ocurre en los domicilios de las víctimas. La violencia familiar representa la categoría con más casos registrados, aunque las agresiones físicas y las amenazas también forman parte del patrón documentado.

La alcaldía de Cuautitlán Izcalli no precisó en su comunicado qué mecanismos específicos de atención ciudadana se activaron durante el primer semestre de 2026, ni cuántas mujeres recibieron acompañamiento institucional en ese periodo. La reducción en las denuncias, en todo caso, no implica necesariamente una disminución equivalente en la comisión de los delitos, ya que la cifra negra —los casos no denunciados— es una variable que las cifras oficiales no capturan.

Una mujer costarricense de 23 años quedó detenida provisionalmente en Panamá por su presunta participación en el tráfico ilícito de seis migrantes de Camerún, quienes fueron descubiertos cuando viajaban en un autobús de la ruta Panamá-Darién.

Los extranjeros intentaban movilizarse utilizando cédulas de identidad panameñas falsificadas que contenían datos diferentes a los registrados en sus pasaportes cameruneses, según informó el Ministerio Público.

El caso fue descubierto el 11 de agosto en el puesto de control de Agua Fría, en la provincia de Darién, una de las principales zonas de vigilancia en la carretera que comunica esa región fronteriza con el resto del país.

Un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) inspeccionó un autobús de la ruta Panamá-Darién, luego de recibir una alerta del conductor del transporte.

Durante la revisión, las autoridades ubicaron a la joven costarricense y a seis pasajeros que presentaron documentos de identidad panameños.

Las primeras sospechas surgieron al examinar las cédulas plastificadas que portaban los viajeros, por lo que el grupo fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana para profundizar las verificaciones sobre sus identidades.

Allí apareció una segunda documentación que permitió determinar su procedencia. Los seis extranjeros tenían pasaportes expedidos por la República de Camerún, pero las identidades consignadas en ellos no coincidían con las cédulas panameñas que habían mostrado previamente.

Las autoridades determinaron entonces que los documentos nacionales eran presuntamente falsificados y comenzaron las investigaciones sobre el traslado del grupo.

La Fiscalía Regional de Darién presentó posteriormente a la mujer ante un juez y consiguió que se le imputaran cargos por la presunta comisión de un delito contra la humanidad, específicamente en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó además que permaneciera detenida mientras continúa la investigación del caso.

Para sustentar la medida cautelar, la Fiscalía argumentó la existencia de peligro de fuga, riesgo de afectación de medios de prueba y la gravedad del delito investigado. El tribunal acogió los planteamientos y ordenó la detención provisional de la sospechosa, quien permanece bajo investigación y no ha sido declarada culpable por los hechos atribuidos.

El hallazgo de los seis cameruneses ocurre en un momento particular para Darién. El tránsito irregular desde Colombia se redujo drásticamente durante 2026, después de años en los que cientos de miles de personas utilizaron la selva como corredor hacia Centroamérica.

Las estadísticas disponibles hasta junio muestran apenas 280 ingresos irregulares por la frontera colombiana durante los primeros seis meses del año.

Dentro de ese reducido movimiento aparecen precisamente ciudadanos de Camerún. Hasta el 30 de junio, Migración había registrado cinco cameruneses ingresando irregularmente por la frontera con Colombia, mientras África en conjunto acumulaba 22 personas.

La gran mayoría de los movimientos seguía correspondiendo a Sudamérica, con 243 viajeros, equivalentes al 87% del total registrado durante ese periodo.Las estadísticas muestran también un cambio importante durante jun

Ese mes fueron contabilizados 102 ingresos irregulares, la cifra mensual más alta del primer semestre, frente a 43 en mayo, 43 en abril, 39 en marzo, 19 en febrero y 34 en enero. Del total acumulado, 239 correspondieron a adultos y otros 41 a menores de edad, según el Servicio Nacional de Migración.

Por nacionalidad, los venezolanos continuaban encabezando los registros con 135 personas hasta junio, seguidos por 48 ecuatorianos y 44 colombianos. También aparecían 12 ciudadanos de Ghana, ocho cubanos, siete peruanos y los cinco cameruneses.

Además, 21 migrantes correspondían a otras nacionalidades, según las estadísticas oficiales disponibles hasta el cierre del primer semestre.

El perfil de quienes cruzaron irregularmente la frontera estuvo dominado por adultos jóvenes. Un total de 167 personas tenía entre 18 y 35 años, mientras 56 estaban en el rango de 36 a 49 años. Entre los viajeros también había 40 menores de 18 años: 27 niños de hasta 10 años y 13 adolescentes entre 11 y 17 años.

El caso de Agua Fría se diferencia de esos registros porque los cameruneses fueron encontrados desplazándose dentro de Panamá con documentos nacionales presuntamente falsificados, circunstancia que ahora deberá reconstruir la Fiscalía.

La investigación tendrá que establecer cómo obtuvieron las cédulas, cuál era su ruta prevista y qué participación habría tenido la ciudadana costarricense en el traslado.

Durante 2026, las autoridades panameñas también han desarrollado diferentes investigaciones contra redes vinculadas con la trata de personas y otras formas de explotación, aunque jurídicamente estos delitos no deben confundirse automáticamente con el tráfico ilícito de migrantes.

En este último, el traslado irregular de personas a través de fronteras constituye un elemento central de la conducta investigada.

Entre las investigaciones recientes figuran casos relacionados con presunta explotación sexual y reclutamiento de personas para participar en conflictos armados en el extranjero.

Estas actuaciones se han desarrollado de manera independiente al expediente de Darién, pero muestran cómo las autoridades han colocado el combate contra distintas modalidades de criminalidad vinculadas al movimiento y explotación de personas entre sus investigaciones de 2026.

Ahora, la Fiscalía Regional de Darién deberá determinar el origen de las seis cédulas falsas y reconstruir el recorrido realizado por los ciudadanos cameruneses, además de establecer si otras personas participaron en la operación.

La joven costarricense seguirá detenida provisionalmente mientras avanza una investigación que comenzó con la alerta de un conductor y terminó revelando seis identidades panameñas que no correspondían a sus portadores.

La Guardia de Proximidad de Apodaca detuvo el 13 de agosto de 2026 a Diego, un adolescente de 14 años, en la colonia Gaspar Castaño tras detectarlo en actitud sospechosa junto a una camioneta Jeep Grand Cherokee. Los elementos le encontraron 11 bolsas con sustancias presuntamente ilícitas, y la Unidad de Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad lo vincula con al menos 20 robos con violencia a tiendas de conveniencia cometidos entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 en los municipios de Apodaca y Guadalupe, Nuevo León.

La detención ocurrió durante un patrullaje de rutina en el cruce de la avenida Gaspar Castaño y la calle Oro. Los policías observaron al menor cuando presuntamente alteraba el orden público junto al vehículo.

La detención de Diego en la colonia Gaspar Castaño

En el lugar también se encontraba una mujer de 28 años, quien se identificó como conductora de la camioneta. La revisión policial al adolescente arrojó el hallazgo de 5 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, y 6 bolsas con una sustancia similar al cristal.

La mujer no presentó licencia de conducir ni documentación que acreditara la procedencia del vehículo. Por esa razón, las autoridades aseguraron la camioneta Jeep Grand Cherokee.

Diego enfrentará un proceso penal por los delitos de robo con violencia y delitos contra la salud. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca lo puso a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en Menores, instancia que determinará su situación jurídica.

Los 20 robos investigados en Apodaca y Guadalupe entre 2025 y 2026

La Unidad de Análisis de la corporación municipal cuenta con videos, gráficas y otros registros que presuntamente ubican al adolescente en los atracos. Los datos recopilados abarcan un periodo de más de ocho meses: del 20 de noviembre de 2025 al 6 de agosto de 2026.

De la veintena de robos documentados, 18 se habrían cometido dentro del municipio de Apodaca y 2 en Guadalupe. Los establecimientos afectados fueron principalmente tiendas de conveniencia y farmacias.

Las colonias apodaquenses donde se registraron los atracos son Hacienda Las Margaritas, Misión Las Flores, La Encarnación, San Miguel, Valle de San Miguel y Real de San Miguel. La colonia Hacienda Las Margaritas concentra el mayor número de incidentes, con 4 asaltos contabilizados.

En Misión Las Flores se tienen registrados 2 robos atribuidos presuntamente al grupo. Los 2 atracos en Guadalupe ocurrieron en establecimientos de la colonia Nueva Linda Vista.

La banda investigada y el papel de Diego

Las autoridades señalan que el adolescente no habría actuado solo en ninguno de los hechos. La Unidad de Análisis investiga la identidad y el grado de responsabilidad de otros posibles integrantes del grupo.

Los registros policiales indican que Diego habría operado en compañía de cómplices en cada uno de los asaltos documentados. Las indagatorias continúan para determinar si el menor participó en la totalidad de los hechos señalados.

La corporación no ha precisado cuántas personas integran la presunta banda ni si existen otras detenciones relacionadas con los mismos robos. El caso permanece en investigación activa por parte de las autoridades municipales.

El Ministerio Público especializado en Menores define la situación jurídica

Por su minoría de edad, Diego no enfrenta el sistema penal para adultos, sino el procedimiento establecido por la legislación especializada en adolescentes. El Agente del Ministerio Público para Menores tiene la facultad de determinar las medidas aplicables conforme al resultado de las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca no ha informado si la mujer de 28 años detenida junto al menor enfrenta cargos relacionados con los robos. Su situación jurídica, hasta el momento, se vincula únicamente con el aseguramiento del vehículo.

Las autoridades no descartaron la posibilidad de que las indagatorias deriven en más detenciones. El expediente del caso incluye el material audiovisual recopilado por la Unidad de Análisis a lo largo de los ocho meses de actividad delictiva documentada.

La acumulación de evidencia digital, como videos de cámaras de seguridad, fue el elemento que permitió vincular al adolescente con la serie de atracos. Ese mismo material servirá de base para el proceso que el Ministerio Público especializado conduzca en las próximas semanas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, e instó a las fiscalías en México a impulsar una difusión y capacitación para su correcta aplicación.

Con ello, las autoridades ministeriales deberán aplicar lineamientos especializados, cuyo objetivo es fortalecer la persecución de delitos y garantizar el acceso a la justicia de quienes defienden derechos fundamentales. El instrumento legal responde a una exigencia de organismos nacionales e internacionales y busca cerrar vacíos que han permitido la impunidad en agresiones contra este sector en México.

En el periodo comprendido entre 2016 y 2025, se documenta que 184 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida y 43 más desaparecieron en circunstancias presuntamente relacionadas con su labor. Estas cifras confirman la gravedad de la violencia que enfrentan quienes impulsan causas sociales en el país y justifican la urgencia de herramientas enfocadas en su protección.

Protocolo obliga a fiscalías a priorizar líneas de investigación vinculadas con la defensa de derechos

El protocolo establece la aplicación obligatoria en todo el país cuando existan indicios que relacionen la actividad de defensa de derechos humanos con la comisión de un delito. Las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República deberán agotar prioritariamente todas las líneas de investigación que tengan vínculo con la labor de la víctima. Este enfoque pretende evitar la desestimación temprana de móviles relacionados con la defensa de derechos y garantizar investigaciones exhaustivas.

Entre los elementos clave del protocolo, destaca la definición formal de persona defensora de derechos humanos, alineada con los estándares internacionales. El documento también reconoce el principio de no criminalización de la labor de defensa y establece la obligación de crear un registro nacional de denuncias por delitos cometidos contra personas defensoras. Además, la participación activa de las víctimas, sus familiares y redes sociales en las investigaciones queda reafirmada como parte central del procedimiento.

Creación y adopción del instrumento surge de proceso participativo

El nuevo mecanismo es resultado de un proceso iniciado en 2022, cuando la Fiscalía General de la República y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México acordaron desarrollar una herramienta especializada. Durante 2023 y 2024, el contenido del protocolo fue enriquecido con aportaciones técnicas de fiscalías locales, instituciones públicas, organizaciones civiles, personas expertas y mecanismos internacionales.

La validación del protocolo en la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia representa el cierre de una etapa de diálogo y colaboración entre el Estado mexicano y actores sociales.

“Celebro la adopción de este importante Protocolo, que espero contribuya significativamente a fortalecer los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en México. Aliento a las autoridades a adoptar medidas inmediatas para asegurar su implementación decidida”, declaró por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó México en abril de 2026.

La entrada en vigor del protocolo exige la capacitación inmediata del personal ministerial en todo el país. Las fiscalías deberán impulsar campañas de difusión para informar a la sociedad y establecer mecanismos que permitan evaluar periódicamente los resultados de la nueva herramienta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera la disposición de su oficina para brindar asistencia técnica durante la implementación y fortalecer capacidades institucionales.

La adopción de este protocolo responde a la persistencia de ataques graves y sistemáticos contra quienes defienden derechos humanos en México. El registro institucional obligatorio y la especialización de las investigaciones aparecen como herramientas fundamentales para combatir la impunidad y atender recomendaciones internacionales.

Panamá registró 351 víctimas de homicidio entre enero y julio de 2026, un incremento de 4% frente a las 339 contabilizadas en igual periodo de 2025. Los datos del Ministerio Público muestran que los jóvenes de 18 a 24 años constituyen el grupo más afectado, mientras que Chiriquí presentó el mayor aumento de casos entre las áreas geográficas comparables.

El comportamiento mensual muestra que abril fue el mes más violento del periodo, con 62 homicidios, equivalente al 18% del total. Le siguieron mayo con 58 víctimas (17%), marzo con 53 (15%), julio con 50 casos (14%), junio con 49 (14%), enero con 42 (12%) y febrero con 37 (11%). Las cifras de junio fueron actualizadas por el proceso de investigación de los fiscales.

La edad revela una fuerte concentración entre jóvenes y adultos jóvenes. Las personas de 18 a 24 años acumularon 84 homicidios, el 23.9% del total nacional, convirtiéndose ampliamente en el rango con más víctimas. El segundo grupo más afectado fue el de 25 a 29 años, con 61 casos y una participación de 17.4%.

La incidencia continúa siendo elevada en los siguientes rangos: 47 víctimas tenían entre 30 y 34 años, equivalentes al 13.4%, mientras otras 36 estaban entre los 35 y 39 años (10.3%). En conjunto, las personas de 18 a 39 años sumaron 228 homicidios, aproximadamente el 65% de todas las víctimas registradas hasta julio.

Entre los adolescentes, 25 víctimas tenían entre 15 y 17 años, lo que representó 7.1% del total, y otras cinco tenían entre 10 y 14 años (1.4%). El informe también contabiliza una víctima de 0 a 4 años y otra de 5 a 9 años, mostrando que los homicidios alcanzaron incluso a menores de corta edad.

A partir de los 40 años, las cantidades disminuyen progresivamente. El rango de 40 a 44 años registró 23 víctimas; el de 45 a 49 años, 17, y entre 50 y 54 años hubo 15. Otros 10 homicidios correspondieron a personas de 55 a 59 años y ocho a víctimas de 60 a 64 años.

Entre los grupos de mayor edad se reportó una víctima de 65 a 69 años, tres de 70 a 74 y tres de 75 a 79 años. También hubo tres personas de 80 años o más. En otros ocho homicidios no fue posible determinar la edad, debido al estado de descomposición o calcinación de los cuerpos o porque los casos permanecen bajo investigación.

La distribución territorial evidencia que Panamá concentró 153 víctimas, equivalentes al 44% del total nacional, seguida por San Miguelito con 70 casos (20%) y Colón con 60 (17%). Panamá Oeste acumuló 31 homicidios, el 9%, mientras Chiriquí registró 19 víctimas, equivalentes al 5.4%.

El resto del país presentó cantidades considerablemente menores. Coclé contabilizó nueve homicidios; Bocas del Toro, Darién, Herrera y Veraguas registraron dos cada uno, mientras Los Santos tuvo uno. En las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe Buglé no se registraron víctimas durante los primeros siete meses de 2026.

Al comparar con 2025, Chiriquí presentó el incremento porcentual más pronunciado consignado por el Ministerio Público, al pasar de seis a 19 homicidios, una variación de 217%. Coclé pasó de seis a nueve (50%), mientras San Miguelito aumentó de 63 a 70 casos (11%), Panamá Oeste de 29 a 31 (7%) y Panamá de 145 a 153 (6%).

En sentido contrario, Colón redujo sus homicidios de 75 a 60, una disminución de 20%, y Veraguas pasó de cuatro a dos, para una caída de 50%. Las comarcas Emberá y Guna Yala pasaron de dos y un homicidio, respectivamente, a no registrar casos en 2026, mientras Darién, Herrera y Los Santos mantuvieron sus cantidades sin cambios.

El perfil por sexo muestra una concentración todavía más marcada: 328 de las 351 víctimas fueron hombres, lo que representa el 93%, frente a 23 mujeres, equivalentes al 7%. El Ministerio Público advierte que dentro del total de víctimas de homicidio también se encuentran contabilizados los femicidios, aunque el reporte no presenta en esta edición un desglose separado de esos casos.

Las armas de fuego aparecen como el principal instrumento utilizado. De los 351 homicidios, 299 fueron cometidos con armas de fuego, equivalentes al 85%, mientras 27 involucraron armas blancas (8%). La asfixia mecánica estuvo presente en 10 casos (3%), cinco involucraron objetos contundentes, tres incendiarismo y dos golpes.

En otros cinco casos no se había determinado el tipo de arma utilizada, principalmente por el avanzado estado de descomposición o calcinación de los cuerpos o porque las investigaciones continúan abiertas. El Ministerio Público enfatizó que las 351 víctimas contabilizadas hasta el 31 de julio corresponden a cifras preliminares y pueden variar conforme avance el proceso investigativo de los fiscales.

La violencia está llevando a dos municipios de Panamá a recurrir nuevamente a restricciones de movilidad como herramienta de seguridad.

Mientras San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, analiza aplicar medidas extraordinarias en algunos de sus corregimientos, Antón, en la provincia de Coclé, ya decretó un toque de queda para menores de 18 años en Antón cabecera y Río Hato.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló que recibió una solicitud del director de la Policía Nacional para establecer temporalmente restricciones de movilidad en determinados corregimientos.

La propuesta surge después de que el distrito superara los 70 homicidios en lo que va de 2026, según las cifras mencionadas por la propia funcionaria.

Hernández identificó a Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos entre los corregimientos más golpeados por la criminalidad.

Aunque todavía no se han definido horarios ni las áreas que quedarían sujetas a la medida, la Alcaldía se encuentra evaluando las alternativas planteadas por la Policía Nacional antes de anunciar una decisión.

“Estos no son simples números”, expresó Hernández al referirse a las víctimas y las familias afectadas por la violencia.

La alcaldesa reconoció que los programas culturales, académicos y deportivos desarrollados durante los últimos dos años no han sido suficientes para contener la situación, por lo que reclamó un mayor acompañamiento de los organismos de seguridad.

Las estadísticas oficiales ya mostraban a mitad de año la dimensión del problema. Entre enero y junio, San Miguelito acumuló 54 víctimas de homicidio, equivalentes al 18% de las 300 registradas en todo Panamá, según el Ministerio Público. En igual periodo de 2025 habían sido 52, por lo que el número aumentó 4% interanual.

El comportamiento posterior explica la alerta de las autoridades: si los más de 70 homicidios reportados ahora por Hernández corresponden al acumulado de 2026, significa que desde julio se han sumado al menos 17 víctimas adicionales a las 54 contabilizadas oficialmente hasta el cierre de junio.

La preocupación también tiene un componente juvenil. En todo el país, durante el primer semestre 20 víctimas de homicidio tenían entre 15 y 17 años, mientras otras cinco tenían entre 10 y 14. El grupo de 18 a 24 años concentró 75 muertes, una cuarta parte del total nacional, según el informe estadístico del Ministerio Público.

Además, las armas de fuego continúan dominando ampliamente estos hechos. De los 300 homicidios registrados en Panamá hasta junio, 255, equivalentes al 85%, fueron cometidos con armas de fuego. Otros 24 casos involucraron armas blancas y ocho correspondieron a asfixia mecánica, una composición que refleja el peso de la violencia armada en las estadísticas nacionales.

San Miguelito ya tiene antecedentes recientes con este tipo de restricciones. En septiembre de 2024, Hernández decretó un toque de queda para menores de edad, acompañado de coordinaciones entre la Policía Nacional, la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las autoridades debían elaborar informes quincenales sobre los resultados de los operativos.

El Ministerio de Seguridad señaló posteriormente que los toques de queda para menores fueron utilizados en San Miguelito y Colón debido al incremento de delitos con armas de fuego relacionados con adolescentes. La medida formó parte de una estrategia que también incluyó programas preventivos y centros de formación para jóvenes en riesgo social.

Antón ya tomó la decisión

Mientras San Miguelito todavía evalúa su próximo paso, el alcalde de Antón, Eric Domínguez, firmó el Decreto Alcaldicio N.º 18-26, fechado el 14 de agosto de 2026, que establece toque de queda para menores de 18 años en los corregimientos de Antón cabecera y Río Hato, dos zonas del distrito coclesano.

La restricción se aplicará entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. a partir del 14 de agosto, según el documento. Durante ese periodo, los menores no podrán permanecer en calles, vías, parques, plazas y demás espacios públicos, salvo que se encuentren dentro de las excepciones contempladas por el decreto.

Entre ellas figuran los menores acompañados por su padre, madre, tutor o representante legal; quienes se trasladen directamente hacia o desde un centro educativo o lugar de trabajo; aquellos que atiendan una emergencia o acompañen a una persona en situación de urgencia, y quienes participen en actividades educativas, deportivas, culturales, religiosas o comunitarias autorizadas.

El decreto sustenta la decisión en un incremento de hechos violentos y delictivos en Antón y Río Hato y señala que algunos han alterado el orden público y afectado la integridad física y patrimonial de residentes. También hace referencia a la presencia de menores sin supervisión adulta durante horas nocturnas como uno de los factores considerados por la Alcaldía.

Las cifras del Ministerio Público muestran que Coclé contabilizó ocho víctimas de homicidio entre enero y junio de 2026, frente a seis durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un incremento de 33%, aunque sus niveles absolutos permanecen considerablemente por debajo de los registrados en Panamá, San Miguelito y Colón.

Las decisiones colocan nuevamente sobre la mesa el debate sobre los toques de queda como respuesta a la criminalidad. San Miguelito estudia una nueva restricción después de superar los 70 homicidios, mientras Antón ya optó por limitar durante nueve horas la circulación nocturna de menores en dos de sus corregimientos, en momentos en que la violencia vuelve a presionar las estrategias locales de seguridad.

Charlotte evalúa adelantar el toque de queda y fijarlo a las 21:00 para menores de 18 años en medio del aumento de las llamadas “tomas de adolescentes”, concentraciones convocadas en línea que, en algunos casos, terminaron en violencia, arrestos y tiroteos.

La discusión se instaló en el plano político y de seguridad pública después de que autoridades locales describieran una serie de episodios recientes vinculados a este tipo de reuniones.

En ese marco, la ciudad y su fuerza policial analizan si un cambio de horario puede funcionar como una herramienta preventiva ante convocatorias masivas en espacios públicos o privados.

La concejala Danté Anderson afirmó en una entrevista con CBS Mornings que la policía de Charlotte-Mecklenburg registró más de 40 casos de jóvenes que tomaron propiedades por la fuerza desde mayo. “Un joven de 15 años recibió un disparo y resultó gravemente herido”, sostuvo.

Uno de los episodios citados ocurrió el 10 de julio en el paseo marítimo de University City, en Charlotte. Según informó WBTV, ese encuentro terminó con el arresto de 12 menores y con 10 padres citados. De acuerdo con la misma cobertura, la policía indicó que al evento asistieron entre 200 y 300 jóvenes.

La jefa de policía Estella Patterson llevó el planteo al consejo municipal esta semana, al proponer que se adelante el horario vigente. Actualmente, según explicó, los menores de 13 años tienen toque de queda a las 22:00 y los de 13 a 15 años a las 23:00.

En su exposición ante los concejales, advirtió que la situación podía escalar si no se lograba contener este tipo de concentraciones. “Me preocupa mucho que, si no controlamos las tomas de control por parte de adolescentes, las consecuencias puedan ser fatales”, dijo.

La propuesta de adelantar el toque de queda busca responder a un patrón que las autoridades describen como repetitivo: convocatorias que comienzan como encuentros de adolescentes y derivan en desorden, peleas o situaciones que requieren intervención policial.

En el caso de University City, la cifra de asistentes consignada por la policía —entre 200 y 300 jóvenes— sugiere, según el diagnóstico expuesto por funcionarios municipales, que se trata de reuniones con capacidad de crecer rápido y desbordar los controles habituales.

El debate en Charlotte se da mientras otros estados ensayan estrategias distintas. En Florida, autoridades estatales impulsan otro enfoque.

El vicegobernador Jay Collins sostuvo en el mismo programa que buscarán “a los organizadores” de este tipo de reuniones y remarcó el criterio de responsabilizar a quienes convocan. “La rendición de cuentas es lo más importante que podemos hacer”, afirmó.

Ese planteo quedó asociado a un hecho ocurrido el 4 de julio en Pensacola. De acuerdo con la policía, una concentración de adolescentes terminó con siete heridos de bala y la muerte de un joven de 19 años.

El jefe de policía Eric Winstrom informó que cientos de personas se reunieron en el centro de la ciudad, hubo peleas y algunos lanzaron fuegos artificiales.

En sus declaraciones, Winstrom describió un escenario de alta concentración de personas y de conflictos múltiples en un mismo lugar, un contexto que, según la información policial difundida, derivó en heridos y un fallecido.

Para las autoridades estatales de Florida, este tipo de episodios refuerza la idea de apuntar a quienes promueven las convocatorias, más allá de la respuesta operativa en el terreno.

En Charlotte, el giro hacia un toque de queda más temprano para menores de 18 años aparece como una herramienta enfocada en limitar la circulación nocturna y reducir el margen para que se produzcan estas reuniones masivas.

La iniciativa, tal como fue presentada, se apoya en el recuento de hechos que mencionó Anderson —más de 40 casos desde mayo— y en la preocupación expresada por Patterson sobre la posibilidad de consecuencias “fatales” si no se controla la dinámica de estas concentraciones.

Aunque las autoridades locales plantearon el debate en términos de prevención, la discusión también expone la dificultad de frenar convocatorias que se organizan en línea y pueden reunir rápidamente a cientos de adolescentes.

En el caso del paseo marítimo de University City, la intervención policial concluyó con detenciones de menores y citaciones a padres, según WBTV, un esquema que combina sanciones directas con la responsabilización adulta por la conducta de los hijos.

El pedido de la jefa de policía y la discusión en el consejo

La posibilidad de adelantar el toque de queda suma, además, una dimensión institucional: el consejo municipal debe analizar el pedido de Patterson y evaluar si el nuevo horario —21:00 para menores de 18 años— se ajusta a la estrategia de seguridad de la ciudad.

Por ahora, lo que está sobre la mesa es el diagnóstico oficial de un incremento de “tomas de adolescentes”, el registro de episodios recientes y la advertencia de que la escalada de violencia puede dejar consecuencias más graves.

Florida, otra estrategia: apuntar a los organizadores

En paralelo, la comparación con Florida refleja que no hay una única respuesta frente al fenómeno. Mientras Charlotte discute un cambio normativo que afectaría a todos los menores dentro de su jurisdicción, el gobierno estatal de Florida, según las declaraciones de Collins, pone el foco en identificar y perseguir a los organizadores.

En ambos casos, las autoridades vincularon sus iniciativas a hechos puntuales que incluyeron heridos de bala, arrestos y, en el caso de Pensacola, un muerto.

Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que más de mil 700 elementos de esa corporación fueron desplegados en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la información proporcionada, este despliegue pertenece a la llamada Operación Sable con la intención de reforzar la seguridad y proteger a la población y a los turistas.

El personal de la Marina realiza acciones de vigilancia y seguridad en zonas focalizadas, con el objetivo de recuperar condiciones de paz y orden, así como debilitar estructuras que generen violencia y ponen en riesgo a la sociedad.

“Estas acciones buscan contribuir a que las familias y visitantes desarrollen sus actividades en un entorno seguro”, señaló la dependencia.

Ola de violencia en Sinaloa se expande a Mazatlán

El despliegue de los elementos de la Marina se da en un contexto en el que la violencia se ha adueñado de las calles del principal destino turístico de Sinaloa: Mazatlán.

Y es que La Perla del Pacífico, como se conoce a la ciudad que cuenta con más de 500 mil habitantes, ha registrado, en las útimas semanas, diversos hechos violentos, entre los que se encuentran ataques armados y homicidios dolosos.

Cabe recordar que desde el mes de septiembre de 2024, hace ya casi dos años, inició una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos. Esto, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, traicionara a Ismael El Mayo Zambada, y lo entregara a las autoridades de Estados Unidos a base de engaños.

Tras el inicio del conflicto interno del cártel, la violencia en el estado se concentró, principalmente, en Culiacán, la capital de Sinaloa. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 79% de los homicidios dolosos ocurridos en el primer semestre de 2026 ocurrieron en la capital.

Sin embargo, en las últimas semanas, el mapa de violencia se modificó, y el Puerto de Mazatlán dejó de ser un punto estratégico por su actividad económica y turística, para convertirse también en un escenario de violencia.

Durante la primera semana de agosto, se reportaron en Mazatlán, 32 eventos violentos, 14 homicidios y ocho heridos.

Este lugar se había mantenido en relativa tranquilidad y hasta junio pasado, al mes se promediaban cinco homicidios dolosos.

Mazatlán es el principal destino turístico de Sinaloa y el segundo en la región noreste de México. Cada año recibe a alrededor de 4.3 millones de turistas, de los 5.5 millones que visitan el estado. En 2025 la derrama económica fue de 27 mil millones de pesos.

Si embargo, el puerto es un territorio clave por su conexión con la capital, Culiacán, y Durango. La agrupación criminal que controla la ruta, también puede mover drogas, armas y dinero.

Además de los homicidios que se han sumado en los últimos días, en Mazatlán también se han registrado ataques contra viviendas, quema de negocios, balaceras y el hallazgo de cuerpos. Detrás del repunte en la violencia, se encuentra la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayitos por controlar el puerto.

Apenas el pasado miércoles, por la tarde, un sujeto fue atacado a balazos en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán, y murió minutos después en un hospital de la localidad, debido a la gravedad de las heridas.

La víctima recibió, al menos, nueve impactos de arma de fuego.

El pasado martes, tras un operativo militar, se detuvo a varios sujetos armados, luego de que el vehículo en el que se desplazaban se accidentara sobre la avenida Camarón Sábalo, en el fraccionamiento Sábalo Country, una de las zonas turísticas de Mazatlán.

El auto se impactó contra una banqueta luego de que los tripulantes intentaran evadir a los militares.

Tras participar en una reunión de la Mesa de Seguridad, la alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, explicó que las corporaciones han identificado la confrontación entre los dos grupos delictivos, y mantienen bajo observación la manera en la que se desplaza el fenómeno delictivo.

Osuna Zavala evitó comparar el escenario actual del puerto con los niveles de violencia registrados en otros municipios de Sinaloa.

La alcaldesa provisional pidió a la población resguardarse en caso de encontrarse cerca de una situación de peligro, y reportar el hecho al 911.

En cuanto a las afectaciones del turismo, la alcaldesa dijo que hasta el momento, el sector hotelero no le ha reportado cancelaciones importantes relacionadas con la inseguridad y señaló que continúan presentándose reservaciones de último momento.

Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, en Sinaloa, descartó que el municipio esté bajo control de grupos del narcotráfico luego de que la alcaldesa interina, Minerva Osuna Zavala, reconoció que las colonias han concentrado un incremento de la violencia por la disputa del Cártel de Sinaloa.

“Mazatlán no está tomado por grupos delincuenciales, lo estamos también tratando y se está cuidando todo el protocolo”, afirmó ante medios de comunicación.

El funcionario también anunció la llegada de unidades especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) este martes, con el objetivo de fortalecer los operativos de seguridad, luego de que la violencia se ha intensificado durante las últimas cuatro semanas en el puerto sinaloense.

Al respecto, precisó que los efectivos llegaron con misiones ya establecidas y que no se limitarán a una zona en particular.

“El día de ayer llegaron un grupo más especializado también de la Secretaría de la Defensa, también de otros mandos, también de la Marina, que venían ya a fortalecer y a hacer ciertos operativos, ya lo traían en un plan”, declaró.

Ríos Pérez detalló que los operativos abarcan tanto colonias urbanas como la zona rural del municipio y, aclaró que, si bien la zona turística no es el foco exclusivo de atención, los recorridos se han vuelto más específicos en todos los sectores de la ciudad.

Cabe señalar que estos despliegues se suman a los más de mil 500 elementos de la Defensa que fueron enviados en días pasados para reforzar la seguridad en el municipio, y que continúan debido a la inseguridad.

Ante el incremento de la violencia, la alcaldesa reconoció que se trata de la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó en septiembre de 2024; sin embargo, descartó que los hechos de violencia se asemejen a lo que ocurrió en Culiacán durante el inicio de la guerra.

“Aquí en Mazatlán, en las colonias, es donde se está como que acentuando un poquito el número de eventos y por eso están haciendo ellos ya sus sectores y cómo van a atacar eso”, aseguró.

Osuna Zavala también dijo que las estrategias de seguridad se ajustan de forman continua para controlar los hechos y descartó que el sector turístico registre afectaciones pese a la violencia.

Hechos violentos del martes: cuatro personas heridas y un bloqueo “de 15 minutos”

El pasado martes, habitantes y comerciantes de las sindicaturas de Villa Unión y El Roble reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno hacia la zona sur del municipio.

Al respecto, Ríos Pérez descartó que se tratara de choques armados y atribuyó las detonaciones a maniobras de dispersión. “No fueron enfrentamientos, se trata también de los operativos. Más bien fue un ahuyento de grupos porque saben que hay presencia militar”, afirmó.

El funcionario también confirmó que integrantes de un grupo delictivo sustrajeron un camión recolector de basura propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán y lo usaron para obstruir el camino que conecta El Roble con la comunidad de El Guayabito.

Además, precisó que quienes huían de El Roble tomaron el vehículo, le dañaron dos llantas y lo abandonaron atravesado en la vía con el objetivo de huir, en un bloqueo que duró aproximadamente 15 minutos. Respecto a los trabajadores de la unidad, dijo que todos están en buen estado de salud.

Ataque en Avenida del Mar, triple homicidio y cuatro lesionados en hospitales

El mismo martes se registraron otros dos hechos de violencia en Mazatlán. Un expendio de cervezas ubicado en plena Avenida del Mar fue atacado a balazos, mientras que tres hombres fueron agredidos en la Colonia Lomas del Ébano y posteriormente murieron.

Aunque Ríos Pérez dijo desconocer si hubo heridos directamente vinculados a los hechos de Villa Unión y El Roble, confirmó que cuatro personas resultaron lesionadas por los hechos de violencia.

Las autoridades de Idaho difundieron por primera vez el testimonio del agente estatal Steve McClain, cuya identidad había quedado bajo reserva tras el tiroteo del 1 de agosto en Twin Falls.

La declaración se conoció en medio de una investigación que todavía no tiene una explicación oficial sobre el motivo del ataque, de acuerdo con ABC News.

En ese mensaje, el uniformado afirmó que su atención sigue puesta en las víctimas, en sus familias y en las personas afectadas por el episodio.

También sostuvo que actuó como creyó necesario frente a una situación extrema, tal y como indicó el comunicado de la Policía Estatal de Idaho citado por ABC News.

Ese testimonio incorporó un nuevo elemento a la reconstrucción oficial de lo ocurrido en el local de In-N-Out Burger, donde el agente se encontraba al momento de los disparos.

Qué hizo Steve McClain dentro del restaurante

La versión oficial indicó que McClain ayudó a evacuar a clientes y empleados apenas comenzó la balacera. Después, intentó ubicar el origen de la amenaza, afirmó la fuerza estatal.

Las autoridades también señalaron que el agente intercambió disparos con el atacante a través de una ventana.

Más tarde, McClain colaboró con los efectivos que llegaron al lugar y los orientó hacia la última dirección conocida del agresor. También ocupó una posición estratégica hasta que otro grupo pudo relevarlo, afirmó días atrás el jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks.

En esa misma conferencia, el funcionario definió esa intervención como “heroica e increíble”, tal y como citó ABC News.

La declaración pública del agente y el reconocimiento oficial

En su mensaje, Steve McClain remarcó que muchas personas dieron un paso al frente para ayudar a desconocidos pese al riesgo personal.

“Como muchas otras personas que estuvieron allí ese día, simplemente hice lo que creí que debía hacer. Mucha gente ayudó a completos desconocidos, a menudo con un gran riesgo personal, y agradezco su valentía y su compasión”, afirmó el agente en el comunicado oficial.

McClain también destacó el valor de su formación profesional. “Agradezco que mi entrenamiento me haya preparado para este incidente horroroso”, señaló, según difundió la Policía Estatal de Idaho y reprodujo ABC News.

El director de esa fuerza, Bill Gardiner, aseguró que el agente se expuso de manera voluntaria para proteger a otras personas. “Frente a una amenaza activa, se puso deliberadamente en peligro para proteger a otros. Al hacerlo, sin duda ayudó a salvar vidas”, sostuvo el funcionario.

La reserva sobre la identidad del policía respondió a un pedido de la fiscalía local. Más tarde, la fuerza informó que la difusión de su nombre no afectaría la investigación en curso.

Otros civiles también enfrentaron al atacante

La investigación oficial también destacó la intervención de otras personas que estaban en la zona al momento del tiroteo. La policía indicó que dos civiles confrontaron al atacante y consideró que esa reacción ayudó a frenar la secuencia de violencia.

Uno de ellos fue Austin James Scott, un exagente de policía y exintegrante de la Policía Estatal de Idaho. Scott recibió un disparo y quedó entre los heridos, precisaron las autoridades en declaraciones reproducidas por ABC News.

Además, un video del episodio mostró que otra persona interceptó al agresor en un sendero peatonal. Hicks afirmó que ese hombre “se enfrentó con valentía al tirador, lo que dio tiempo a otras personas que bajaban por el sendero para darse vuelta y escapar”.

Gardiner sostuvo que la respuesta de los presentes resultó decisiva en varios momentos. “Incontables personas comunes tomaron decisiones extraordinarias ese día”, aseguró.

A su vez, remarcó que la fuerza reconoce el coraje de quienes asistieron a las víctimas, protegieron a terceros y actuaron en medio de una escena extrema.

El agresor fue identificado por la policía como Chad Williams, de 24 años. Las autoridades informaron que murió por una herida de bala autoinfligida.

La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas que más presión generan sobre las instituciones encargadas de brindar protección y procurar justicia en Honduras.

Durante 2026, la línea 114 ha recibido 508 llamadas relacionadas con violencia doméstica y maltrato familiar, según informó la portavoz de la Policía Nacional, Bessy Marín. El servicio funciona de manera permanente, las 24 horas y los siete días de la semana, para recibir denuncias y brindar asistencia a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Cada llamada representa una alerta que puede requerir una intervención inmediata. En algunos casos, los agentes llegan hasta el lugar de los hechos para proteger a la víctima y detener al presunto agresor. Como resultado, 182 personas han sido detenidas en diferentes sectores del país y luego remitidas a los juzgados correspondientes o al Ministerio Público.

Las estadísticas policiales muestran que Francisco Morazán concentra una parte importante de las llamadas recibidas a través de la línea 114. La incidencia también alcanza a otros departamentos, entre ellos Cortés, Choluteca y Olancho.

De acuerdo con la Policía, las denuncias tienden a incrementarse durante los fines de semana, un comportamiento que las autoridades relacionan, entre otros factores, con el consumo de bebidas alcohólicas en algunos de los casos atendidos.

Desafios para denunciar

Una de las dificultades que enfrentan las autoridades es lograr que los casos continúen después de la intervención policial. Bessy Marín señaló que algunas víctimas deciden desistir de las acciones iniciadas luego de que los agentes intervienen.

La decisión puede estar influenciada por diferentes circunstancias: temor a represalias, dependencia económica, vínculos familiares, presión del entorno o miedo a que la violencia aumente. El Ministerio Público también ha identificado este problema.

En su saldo de 2025, la institución informó que tres de cada 10 víctimas no continuaban con el proceso judicial, entre otras razones, por no acudir a las audiencias iniciales o ejercer su derecho a no declarar.

Esto significa que una denuncia no garantiza por sí sola que el caso llegue hasta una sentencia. Para que exista una respuesta efectiva, la víctima necesita condiciones de seguridad y acompañamiento que le permitan atravesar las diferentes etapas del proceso.

Los datos del Ministerio Público permiten dimensionar la magnitud de la violencia doméstica más allá de las llamadas atendidas por la Policía. Durante 2025 se recibieron 3.684 denuncias por violencia doméstica, según el informe presentado por la institución.

El MP señaló que el 99,5% de esas denuncias había finalizado en sentencias “ha lugar” contra los agresores. También informó la presentación de 1.811 requerimientos fiscales por delitos de maltrato familiar y delitos sexuales, con una mayoría de imputados que obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimientos abreviados.

Las cifras muestran que existe una carga de trabajo para el sistema de justicia y que una parte de las denuncias sí consigue avanzar hasta una resolución.

Muertes violentas y femicidios

Los casos de violencia contra las mujeres pueden alcanzar su expresión más extrema con las muertes violentas y los femicidios.

Las diferencias entre los registros obedecen a las fechas de corte y a las metodologías utilizadas. Por ello, no todas las cifras deben presentarse como equivalentes ni como si correspondieran exactamente a femicidios confirmados.

La cifra permite observar uno de los principales problemas que enfrenta el sistema: no basta con investigar un crimen y llevar un expediente a los tribunales; también es necesario que los procesos concluyan en una resolución judicial.

En los casos de violencia doméstica, el proceso puede comenzar con una llamada, continuar con una intervención policial y luego llegar al Ministerio Público o a los tribunales. En los casos más graves, la investigación puede convertirse en un expediente por femicidio.

Cuando una víctima abandona el proceso o cuando un expediente permanece durante años sin resolución, el riesgo es que el sistema pierda la oportunidad de establecer responsabilidades y de evitar que la violencia se repita.

La Policía Nacional mantiene el llamado a utilizar la línea 114 ante situaciones de violencia y recuerda que si usted es mujer y pasa por un tipo de situación de violencia doméstica, casos de maltrato familiar, denuncie. La denuncia es importante.

El Ombudsman de Guatemala declaró como violadores de los derechos humanos a dos altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC), tras un operativo de desalojo de su vivienda a una mujer de 72 años, el cual fue catalogado como “violento”.

José Alejandro Córdova, procurador de los derechos humanos, afirmó en un video publicado en las redes sociales que la decisión se tomó después de una investigación sobre lo ocurrido en Nebaj, Quiché el pasado 30 de julio.

También sostuvo que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales en este tipo de diligencias, luego de que el operativo en el que una mujer mayor fue retirada por la fuerza de su vivienda, derivara en protestas, la quema de la residencia de una jueza y varias investigaciones penales.

Córdova resumió esa posición en una frase: “El Estado no puede ni debe tolerar el abuso de poder. Defender la ley exige su cumplimiento con pleno respeto de los derechos humanos”.

Los altos mandos

En su mensaje, Córdova señaló directamente como “violadores de los derechos humanos” al oficial tercero Gerson Onelio Benites Rivera, de la Subestación 71-81, y al comisario Feliciano Cruz Vásquez, de la Comisaría 71.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) concluyó que ambos vulneraron los derechos a la seguridad y a la integridad personal de Juana Santiago Chel, así como de los ocupantes del inmueble y de pobladores del caserío Xecoxo, aldea Tzalbal, municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché.

El caso ya tiene una derivación en el Ministerio Público (MP). El 7 de agosto, la Fiscalía Municipal de Nebaj remitió a la Fiscalía de Delitos Administrativos una denuncia por la actuación de agentes policiales, en una pesquisa por abuso de autoridad y robo que, según informó el ente investigador, se concentra únicamente en el actuar de los policías.

La PDH pidió sanciones y revisión de la actuación judicial

Además de la declaratoria, la PDH recomendó al director general de la Policía Nacional Civil deducir responsabilidades administrativas y disciplinarias no solo contra los dos mandos señalados, sino también contra un comisario de la División de Operaciones Conjuntas y dos agentes que participaron en el operativo.

La institución también pidió garantizar la aplicación del Protocolo de Actuación Policial de Desalojos, reforzar la formación de los agentes en mediación y derechos humanos para el manejo de conflictos sociales y cumplir de forma estricta la Orden General 16-2009, que prohíbe el uso de gorros pasamontañas por parte del personal policial.

No obstante, días atrás el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, defendió la actuación de los agentes de la PNC y afirmó que sólo respondían a una solicitud judicial.

También contra la jueza

Las conclusiones de la PDH no se quedaron únicamente con la PNC, la resolución incluyó otra línea de revisión que fue trasladada al Consejo de la Carrera Judicial y a los órganos disciplinarios del Organismo Judicial.

En esta se pide que evalúen si la jueza pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, Ada Madaí López Morales, incurrió en alguna falta en el ejercicio de su función durante la diligencia de lanzamiento contra Juan Santiago Chel, quien estuvo hospitalizada tres días debido a los golpes y complicaciones de salud que sufrió en el operativo.

Una copia del documento también fue enviada a la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Santa María Nebaj para incorporarla al expediente de investigación que ya se lleva a cabo.

El operativo terminó en protestas y en el incendio de la casa de la jueza

El desalojo fue ejecutado el 30 de julio en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj. De acuerdo con el abogado de Santiago Chel, la diligencia fue promovida por Pedro Santiago López, uno de los hijos de Santiago Chel.

Durante el procedimiento, las pertenencias de la familia fueron sacadas de la vivienda. Videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes policiales empujando a la mujer de 72 años y cargando a la fuerza a su hija, Juana López, de 51, todo para desalojarlas de la vivienda que le fue heredada Santiago Chel.

Horas más tarde, cientos de pobladores protestaron por el operativo. Un grupo llegó a la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales y le prendió fuego; tras ese ataque, el Organismo Judicial condenó lo ocurrido y expresó respaldo a la juzgadora.

Por su parte, la PNC ha informado desde el 31 de julio que se abrió una investigación interna para establecer si los agentes que participaron en el desalojo actuaron conforme a los protocolos, la cual está a cargo de la Inspectoría General. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún resultado al respecto.

En tanto, Juana Santiago Chel sigue viviendo como refugiada en la vivienda de su hermana, debido a que aún no se ha logrado recuperar la residencia de la cual fue desalojada por orden judicial.

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui mantiene en alerta a organizaciones indígenas y de la sociedad civil, que reclaman una intervención urgente del Estado peruano. La exministra de Educación Patricia Correa advirtió que las denuncias por estos casos se registran desde el año 2000 y cuestionó la falta de una respuesta efectiva para proteger a las comunidades awajún y wampís.

En diálogo con Exitosa, Correa respaldó una carta pública dirigida al Gobierno de Keiko Fujimori, al Congreso y a las autoridades de Amazonas, en la que se plantean medidas concretas para atender a las víctimas y prevenir nuevos casos. El pedido incluye reforzar los servicios de salud, educación y justicia, garantizar recursos para 2027 y asegurar que la atención estatal considere la lengua y las características culturales de las comunidades indígenas.

Patricia Correa pide una respuesta integral para las víctimas de violencia sexual

Para Patricia Correa, la situación que atraviesa Condorcanqui no puede ser atendida con acciones aisladas ni con intervenciones puntuales. La exministra sostuvo que durante años las denuncias de violencia sexual contra menores no han recibido una respuesta adecuada y que el Estado necesita implementar una política articulada para enfrentar el problema.

Uno de los principales pedidos está relacionado con el acceso a los servicios de salud. Correa planteó una estrategia específica para las víctimas que incluya atención médica y salud mental, debido al impacto que los hechos de violencia pueden generar en niñas, niños y adolescentes.

La propuesta de las organizaciones indígenas contempla una atención sanitaria con enfoque intercultural. Entre las medidas planteadas figuran brigadas fluviales, traductores en lenguas awajún y wampís, atención frente al VIH/SIDA y mecanismos de traslado para quienes necesiten recibir servicios especializados.

La justicia constituye otro de los puntos centrales de la demanda. Correa recordó que en Condorcanqui se necesita contar con personal especializado y recursos suficientes para investigar las denuncias. También mencionó la importancia de garantizar el funcionamiento de la Cámara Gesell, espacio utilizado para recoger el testimonio de menores víctimas de violencia sexual evitando su exposición innecesaria durante el proceso.

La problemática también fue llevada al ámbito internacional. Durante el 196° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, Matut Micaela Impi Ismiño, expuso la situación que enfrentan las comunidades y pidió una respuesta frente a la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas.

En esa instancia se denunció que existen más de 800 casos reportados de violencia sexual contra menores en Condorcanqui y otras zonas de la Amazonía. La representación indígena también vinculó la situación con problemas como la expansión de actividades ilegales y la falta de protección en los territorios ancestrales.

Educación y protección de niñas awajún y wampís: las otras demandas

La educación es otro de los sectores que las organizaciones consideran prioritario para enfrentar la violencia sexual en Condorcanqui. Patricia Correa cuestionó que el Estado aplique los mismos criterios de contratación de docentes en Lima y en comunidades amazónicas donde existen condiciones culturales y territoriales diferentes.

La exministra señaló que es necesario establecer filtros adecuados para el personal que trabaja con menores y garantizar que los docentes estén preparados para desempeñarse en comunidades indígenas. Esto incluye el conocimiento de las lenguas maternas y una formación que les permita detectar situaciones de riesgo y actuar ante posibles casos de violencia.

Correa también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la educación sexual integral, tanto para los estudiantes como para los propios docentes. Según explicó, contar con información adecuada puede ayudar a que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y sepan dónde acudir para solicitar ayuda.

Otro punto incluido en las demandas es la revisión del modelo de residencias estudiantiles. Las organizaciones indígenas consideran que separar a los estudiantes de sus familias puede incrementar su vulnerabilidad cuando no existen mecanismos suficientes de supervisión y protección.

Correa mencionó durante la entrevista un reciente caso en el que militares habrían ingresado a una residencia estudiantil y realizado tocamientos indebidos a menores. Según su relato, las estudiantes reaccionaron y evitaron que el hecho avanzara. El episodio, señaló, evidencia las dificultades para garantizar espacios seguros incluso dentro de instalaciones destinadas a la protección y educación de menores.

Entre las instituciones que respaldan las demandas figuran organizaciones indígenas como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, AIDESEP y COMUAWUY, además de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

La carta pública plantea reconocer el papel de las defensoras comunitarias, quienes acompañan a las víctimas y orientan a las familias dentro de sus territorios. Las organizaciones solicitan que estas mujeres cuenten con mecanismos de reconocimiento, registro y coordinación con las entidades estatales.

El documento establece un plazo de 30 días para que las autoridades convoquen una reunión de alto nivel en Condorcanqui con participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Además, solicita que el presupuesto público de 2027 incluya recursos específicos para salud, educación, justicia y protección.

Correa indicó que la carta ya fue remitida al Congreso bicameral, así como a representantes del Ejecutivo, el Gobierno Regional de Amazonas y las autoridades locales. La exministra señaló que el objetivo es que las medidas planteadas sean consideradas dentro de las decisiones presupuestales y de política pública para el próximo año.

Las organizaciones también solicitan sanciones contra los responsables de abusos sexuales, incluyendo el retiro definitivo del servicio de funcionarios o trabajadores de los sectores de salud y educación, así como de miembros de instituciones militares, cuando las investigaciones determinen responsabilidad.

El pedido incorpora además una exigencia para que las víctimas puedan acceder a justicia y protección en su propia lengua, con servicios que tomen en cuenta las particularidades culturales de los pueblos awajún y wampís.

La violencia en Honduras dejó 1,236 muertos en los primeros seis meses de 2026, según cifras preliminares del Observatorio de la Violencia de la UNAH. Con base en ese comportamiento, la entidad estima una tasa de 24.6 homicidios por cada 100 mil habitantes al cierre del año, sujeta a revisión.

Los datos fueron divulgados durante el Foro Nacional “Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026”, en el que especialistas analizaron la evolución de los principales indicadores de violencia y mortalidad registrados en el país.

La cifra semestral muestra que la violencia homicida mantiene un peso importante dentro de las muertes por causas externas registradas en el territorio nacional.

El balance presentado por el Observatorio también permite dimensionar otras causas de muerte que afectan a la población hondureña. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 1,018 fallecimientos relacionados con eventos de tránsito.

A esos casos se suman 218 suicidios y 329 muertes no intencionales, de acuerdo con los datos preliminares recopilados durante los primeros seis meses del año.

Seguridad o inseguridad

El panorama de las muertes por causas externas no está determinado exclusivamente por la actividad criminal. Los accidentes de tránsito, las lesiones autoinfligidas y otros hechos no intencionales también representan una proporción importante de las vidas perdidas.

Durante el mismo foro, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad presentó el Boletín de Mortalidad No. 71, documento que recopila y analiza las cifras correspondientes a 2025.

El informe establece que durante ese año Honduras registró 7,309 muertes por causas externas. Dentro de ese conjunto, el homicidio permaneció como la principal causa de muerte externa, con 2.633 víctimas y una tasa de 26.2 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Los datos correspondientes a 2025 permiten establecer patrones relacionados con el territorio, el sexo de las víctimas, las armas utilizadas, los posibles móviles de los crímenes y los períodos en los que se concentra una mayor cantidad de asesinatos.

Uno de los principales hallazgos del análisis de 2025 está relacionado con la distribución geográfica de los homicidios. El informe señala que nueve departamentos superaron la tasa nacional de homicidios.

Además, el 83,2% de los municipios del país registró al menos un asesinato durante 2025. Este comportamiento permite observar que, aunque existen zonas con una concentración más elevada de homicidios, el fenómeno tiene presencia en una amplia parte del territorio nacional.

Perfil de las víctimas

El componente de género también muestra una diferencia en la violencia homicida. Según el balance del Observatorio, alrededor del 90% de las víctimas de homicidio en 2025 fueron hombres.

La violencia letal contra las mujeres también aparece en el informe. El documento contabilizó 288 mujeres víctimas de muertes violentas, lo que representa un promedio de aproximadamente 24 casos al mes.

Estos datos muestran que la violencia afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres y que las políticas de prevención requieren considerar las características de cada fenómeno.

El uso de armas de fuego sobresale entre las características de los homicidios registrados durante 2025. El Observatorio estableció que el 67.5% de los asesinatos fue cometido con armas de fuego. En cuanto a los móviles identificados, el denominado “ajuste de cuentas” representó el 14.5% de los casos.

El análisis de las circunstancias que rodean los homicidios también enfrenta limitaciones cuando las investigaciones no logran determinar de manera oportuna la causa o el móvil del crimen.

Cuándo ocurren más homicidios

De acuerdo con el informe, uno de cada tres homicidios registrados en 2025 ocurrió durante los fines de semana. Un dato que precisa sobre las denuncias por violencia doméstica (114) en Honduras que ha registrado más de 500 denuncias según constato Infobae.

Además de los homicidios, los siniestros viales representan una de las principales amenazas para la vida en Honduras. Durante 2025 se registraron 2,029 muertes por accidentes de tránsito, con lo que los hechos viales se ubicaron como la segunda causa de muerte violenta en el país.

El número significó un incremento del 7.6% respecto de 2024, de acuerdo con el balance presentado por el Observatorio.

Dentro de las víctimas de los accidentes de tránsito, los usuarios más vulnerables. Los motociclistas representaron el 43.3% de las personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, mientras que los peatones concentraron el 24.2%.

Estos porcentajes muestran que quienes se movilizan en motocicleta o se desplazan a pie enfrentan una exposición elevada a los riesgos en carreteras y calles del país.

El Observatorio de la Violencia advirtió que el rezago en la investigación criminal constituye uno de los principales obstáculos para obtener un panorama preciso sobre la violencia en Honduras.

Con 1,236 homicidios registrados durante los primeros seis meses de 2026, el comportamiento de la violencia durante la segunda mitad del año será determinante para confirmar o modificar la proyección de una tasa de 24.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

/mexico/2026/08/12/escoltas-del-coordinador-general-del-c5-de-la-cdmx-frustran-asalto-en-la-colonia-juarez/

/mexico/2026/08/12/vinculan-a-proceso-a-seis-integrantes-de-inverforx-por-un-fraude-que-dejo-410-victimas-y-700-millones-de-pesos-en-perdidas/

/mexico/2026/08/12/detienen-en-iztapalapa-al-primo-de-el-irving-de-la-union-de-tepito-con-droga-y-un-arma/

/mexico/2026/08/12/capturan-a-10-presuntos-miembros-del-cartel-de-sinaloa-en-el-municipio-de-concordia-se-les-aseguro-droga-armas-y-un-inmueble/

/mexico/2026/08/12/la-historia-de-el-mencho-desde-fuentes-secretas-y-expedientes-oficiales-el-hombre-que-creo-un-cartel-con-presencia-en-40-paises/

/mexico/2026/08/12/localizan-cuerpo-con-caracteristicas-de-maria-de-los-angeles-ruiz-salazar-trabajadora-del-penal-de-aguaruto-secuestrada-en-culiacan/

/mexico/2026/08/11/union-de-tepito-recapturan-a-el-ramses-acusado-de-matar-a-su-familiar-a-balazos-en-la-colonia-morelos/

/mexico/2026/08/11/el-gerber-presunto-miembro-de-la-familia-michoacana-fue-arrestado-y-liberado-en-ixtapaluca-una-fuente-acuso-complicidad-policial/

/mexico/2026/08/11/autoridades-rescataron-a-34-personas-de-la-tribu-de-juda-un-anexo-en-chimalhuacan-que-maltrataba-a-sus-pacientes/

/mexico/2026/08/11/eeuu-acusa-a-cuatro-miembros-del-cjng-por-negociar-en-la-republica-checa-armas-a-cambio-de-fentanilo-y-metanfetamina/

/mexico/2026/08/11/continua-el-juicio-contra-el-padre-de-dafne-zapata-por-abuso-sexual-tras-mas-de-ocho-horas-de-audiencia/

Honduras acumula 172 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026, una cifra que representa un aumento del 10 % en comparación con el mismo período del año anterior y que vuelve a encender las alertas de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

El dato adquiere mayor relevancia después de que durante el último fin de semana se registraran ocho nuevos casos, según información difundida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La sucesión de asesinatos ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos, que advierten sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y mejorar la forma en que las autoridades investigan estos crímenes.

Para el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), que ocho mujeres hayan perdido la vida de manera violenta en un período tan corto evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada de las instituciones responsables de seguridad y justicia.

Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, expresó su preocupación no solo por el número de víctimas, sino también por las circunstancias y el nivel de violencia con que se producen algunos de estos crímenes.

La funcionaria señaló que los casos deben ser analizados dentro del contexto de violencia que históricamente han enfrentado las mujeres en Honduras y no únicamente como hechos criminales aislados.

Departamentos con más casos

La distribución territorial de las muertes violentas también muestra zonas con una incidencia particularmente importante. De acuerdo con Ana Ruth García, defensora de los derechos de las mujeres, los departamentos de Francisco Morazán y Cortés presentan una cantidad significativa de estos hechos.

Sin embargo, la atención también se ha dirigido hacia otros departamentos que han experimentado un aumento de casos durante este año.

Entre ellos se encuentran Lempira y Copán, territorios que, según García, han adquirido especial relevancia debido al incremento registrado en las muertes violentas de mujeres.

La evolución de los casos en diferentes regiones plantea el desafío de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta más allá de los principales centros urbanos del país.

Derechos Humanos pide investigar

Más allá de establecer quién fue el responsable de cada asesinato, el CONADEH considera necesario revisar las circunstancias que pudieron preceder a la muerte de cada mujer.

Joselin Padilla sostuvo que las investigaciones deben incorporar un enfoque de género, de manera que los equipos encargados de esclarecer los casos puedan determinar si existía un historial previo de violencia.

Esto implica revisar posibles denuncias por violencia doméstica, agresiones, amenazas, violencia sexual u otras formas de maltrato que hayan sido reportadas antes del asesinato.

Para las organizaciones defensoras, estos antecedentes pueden ser determinantes para establecer si la víctima se encontraba previamente en una situación de riesgo y si el crimen podría estar relacionado con un patrón de violencia ejercido contra ella.

El objetivo es que las investigaciones no se concentren únicamente en determinar quién disparó, cómo ocurrió el ataque o qué circunstancias rodearon el momento de la muerte, sino que reconstruyan también la historia de violencia que pudo haber precedido al crimen.

Las organizaciones defensoras consideran que la respuesta debe abarcar tanto la aplicación de la legislación como la atención temprana de las denuncias y la protección de mujeres que puedan encontrarse en situaciones de riesgo.

Con 172 mujeres muertas de forma violenta en 2026 y un incremento del 10 % respecto al mismo período del año anterior, las organizaciones defensoras advierten que la violencia continúa representando una amenaza grave para las mujeres hondureñas.

De acuerdo con el testimonio de Galicia Argumedo recabado por la organización, la comunicadora regresó por la noche a su domicilio acompañada de dos familiares, uno de ellos menor de edad. Al llegar encontraron que una de las ventanas de la habitación del menor estaba abierta y rota.

La familia identificó que el daño había sido provocado por el impacto de una bala. Además, uno de los familiares localizó en el exterior de la vivienda el casquillo del proyectil.

Hasta el momento no se ha informado públicamente quién realizó el disparo ni se ha establecido el móvil de la agresión. ARTICLE 19 señaló que las autoridades deben considerar el ejercicio periodístico de Galicia como una de las principales líneas de investigación.

La comunicadora cubre temas ambientales y delitos en Xochimilco

La comunicadora realiza coberturas relacionadas con problemáticas ambientales, defensa de la tierra y el territorio, así como delitos como la extorsión en Xochimilco.

A partir de esa labor, ARTICLE 19 consideró que el ataque debe analizarse dentro del contexto de riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la zona, particularmente quienes trabajan con comunidades indígenas y en asuntos relacionados con la defensa del territorio.

La organización también recordó un antecedente ocurrido el 5 de septiembre de 2024, cuando Galicia fue víctima de una privación ilegal de la libertad durante una protesta relacionada con la defensa de la tierra y el territorio en Xochimilco.

El antecedente fue incorporado por ARTICLE 19 al contexto del nuevo ataque, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente una relación entre ambos hechos.

En este contexto, el colectivo Suela Dignidad también señaló como antecedente el 7 de enero de 2024, cuando su domicilio fue rociado con sangre, hecho que calificaron como un acto de intimidación.

Piden investigar el ataque con perspectiva de género

ARTICLE 19 solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género e interseccional.

La organización pidió que una de las principales líneas de investigación sea determinar si la agresión estuvo relacionada con el trabajo periodístico de Galicia. También reclamó que se identifique a los responsables y se esclarezca el móvil del disparo.

En su pronunciamiento, ARTICLE 19 señaló que la investigación debe considerar los riesgos particulares que enfrentan las mujeres periodistas y los posibles impactos diferenciados de la violencia.

La organización recordó que la libertad de expresión comprende el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones, por lo que las autoridades tienen la obligación de prevenir agresiones contra periodistas y, cuando estas ocurran, investigarlas y sancionar a los responsables.

Solicitan medidas de protección para la periodista y su familia

Además de la investigación, ARTICLE 19 pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporar a Estefanía Galicia como beneficiaria.

El objetivo, señaló la organización, es que la comunicadora y sus familiares cuenten con medidas de protección que permitan salvaguardar su integridad.

El promedio diario de homicidio doloso en México disminuyó un 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, reportó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria destacó que el mes de julio de 2026 ha tenido la cifra más baja no solo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al registrar un 42.5 de promedio diario de homicidio doloso, sino que también lo es desde 2015 a nivel nacional.

Al respecto, detalló que el mes de julio de 2018 fue el que registró el mayor promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional con un total de 99.2, y que ha reducido gradualmente hasta la actual administración, con una tendencia a la baja que representa el 47% en los últimos dos años.

En una comparativa entre septiembre de 2024 y julio de 2026, Figueroa reportó que la reducción de la violencia fue de 44 homicidios dolosos menos diarios, luego de que en ese mes se registró un promedio de 86.9.

7 estados concentran el 49% de homicidios dolosos: Guanajuato encabeza la lista

Marcela Figueroa detalló que siete entidades concentran el 49% del total de casos de homicidio doloso en lo que va de enero a julio de 2026, encabezando la lista Guanajuato con un 8.6% y un total de 884 casos.

Las entidades que lo siguen son:

• Baja California con 8.2% y un total de 847 casos
• Chihuahua con 8.1% y un total de 832 casos
• Sinaloa con 7.1% y 735 casos.
• Estado de México con 6.0% y 618 casos.
• Guerrero con 5.6% y 579 casos.
• Morelos con 5.5% y 563 casos.

Por su parte, las entidades que menos casos de homicidio doloso registraron fueron Yucatán con 15 (0.1%); Durango con 29 (0.3%) y San Luis Potosí con 31 (0.3%).

Por su parte, las entidades que han registrado una mayor reducción en el promedio diario de homicidio doloso, en comparación de enero a julio de 2025 con los mismos meses de 2026, son San Luis Potosí con -80.5%; Nayarit con -63.2%; Quintana Roo con -60.4%; Zacatecas con -53.2%; Baja California Sur con -51.3%; Nuevo León con -49.9% y Guanajuato con -49.8%.

En lo que respecta a los siete estados que encabezan los promedios diarios de homicidios dolosos, la funcionaria destacó que Guanajuato presentó una reducción del 76% en julio de 2026 respecto a febrero de 2025 (pico del promedio); mientras que Baja California tiene una reducción del 48% respecto a septiembre de 2024.

Para el Estado de México reportó una reducción del 59% del promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024 (pico del promedio), en Guerrero se registró una reducción del 61% respecto a octubre de 2024 y en Morelos un 51% menos respecto a noviembre de 2024.

Respecto al estado de Morelos, Figueroa atribuyó la reducción del promedio diario al “Plan Morelos”, el cual ha provocado que en los últimos tres meses se registre una disminución.

Promedio diario de delitos de alto impacto también disminuyó

Marcela Figueroa también reportó que el promedio diario de delitos de alto impacto por mes a nivel nacional disminuyó un 33% respecto a octubre de 2024. En julio de 2026 se registró un total de 424.4 delitos en promedio al día, siendo el mes más bajo de la actual administración.

En la tendencia por año desde enero de 2018 a julio de 2026, la funcionaria destacó una reducción del 54% y, explicó, de mantenerse podría ser el 2026 el año con el menor promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional.

Respecto al robo de vehículo con violencia a nivel nacional, refirió que de septiembre de 2024 a julio de 2026 se ha registrado una reducción del 51%, lo que podría llevar a este año a ser el de menos casos.

Sheinbaum atribuyó la disminución de los homicidios a los programas de atención a las causas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que estos resultados se deben a los programas de atención a las causas que se han implementado durante su administración, como lo son apoyos económicos, acceso a la educación, así como a las recientes detenciones de generadores de violencia.

“La consolidación de la Guardia Nacional ha ayudado muchísimo, no existía con el presidente López Obrador (…) se está consolidando con un trabajo integral. Y la tercera de inteligencia e investigación, es de la misma importancia", dijo respecto a las acciones que han favorecido la disminución de delitos.

En las últimas semanas ha aumentado la violencia en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, dejando incluso en la semana pasada un registro de 15 personas asesinadas. Los hechos provocaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegara más de mil 500 elementos con el objetivo de reforzar la seguridad.

Luego de dos despliegues militares, la alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, reconoció que las autoridades de seguridad han determinado que las colonias del municipio han concentrado un incremento de la violencia debido a la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual mantienen desde septiembre de 2024.

“Aquí en Mazatlán, en las colonias, es donde se está como que acentuando un poquito el número de eventos y por eso están haciendo ellos (en la Mesa de Seguridad Estatal) ya sus sectores y cómo van a atacar eso”, comentó.

Violencia no se asemeja a lo que vivió Culiacán, aseguró

La funcionaria hizo las declaraciones a medios de comunicación a la salida de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, celebrada este lunes en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado (C4).

Pese a que reconoció el incremento de la violencia en Mazatlán, la alcaldesa dijo que no se equipara a la que aquejó a Culiacán al inicio de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Osuna Zavala reconoció que la violencia no se ha podido controlar a pesar de los despliegues militares, y explicó que las estrategias se ajustan de forma continua.

“Todos los días están ellos muy pendientes a los fenómenos que ocurren día a día y ellos siguen armando estrategias y van a estar muy pendientes en todo el sector de la ciudad”, sostuvo.

Detalló también que las instituciones de seguridad monitorean el desplazamiento del fenómeno delictivo en tiempo real. “Lo que sí están observando es cómo se está moviendo el fenómeno y hacia dónde se mueve el fenómeno y correspondiendo a eso están armando sus estrategias”, añadió.

Uno de los recientes hechos violentos fue el asesinato de un canadiense

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el asesinato de un hombre canadiense en la sindicatura de El Quelite, al norte de Mazatlán, ocurrido el pasado 8 de agosto.

De acuerdo con reportes, el hombre de aproximadamente 65 años de edad llevaba varios años instalado en una casa móvil. Los vecinos lo conocían por el nombre de Rafael, pero el crimen se registró luego de que viajó a Guadalajara y le avisaron que su camper había sido allanado durante su ausencia.

Medios locales reportaron que Rafael regresó, identificó al presunto responsable del robo y lo buscó para confrontarlo, pero fue asesinado cuando regresó a su camper.

Al respecto, Osuna Zavala destacó que no estaba relacionado con la pugna del Cártel de Sinaloa: “Eso no tiene que ver nada, es diferente, el fenómeno fue diferente, al señor le robaron y por eso pasó lo que pasó”, recalcó.

A pesar del clima de violencia, la alcaldesa destacó que el sector turístico no ha registrado afectaciones en sus números de reservaciones e incluso, dijo, hay alta demanda de último momento.

Sin embargo, comentó que el sector sí le ha transmitido otras quejas: “Ellos de lo que se quejan más es del turismo que hace mucho ruido, eso es lo que siempre me hablan y me comentan: ‘oye arquitecta, ¿me podrá ayudar?, son las dos de la mañana y aquí está afuera mucha gente tomando y gritando, con la música a muy alto volumen y no nos deja dormir a los demás’”, aseguró.

Finalmente, Osuna Zavala subrayó que la preocupación de su administración abarca tanto a los residentes como a los visitantes, y que se encuentran trabajando para fortalecer la seguridad luego de que el municipio ha registrado un incremento en asesinatos y ataques armados en las últimas semanas.

La tranquilidad de la colonia La Nueva, en el distrito de El Porvenir, se vio interrumpida la tarde del lunes cuando una joven de 27 años fue víctima de un brutal ataque mientras se dirigía a una cancha de fútbol. Sin previo aviso, un hombre arremetió contra ella utilizando piedras y causó lesiones en su cabeza. La agresión se produjo en plena vía pública, generando conmoción entre vecinos de la zona.

Las autoridades identificaron al agresor como William Edgardo Pinto Trinidad, de 36 años. Según el informe policial, el hombre fue capturado poco después del ataque y será remitido ante la justicia acusado de intento de homicidio. La rápida intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió su detención en las inmediaciones del lugar del incidente. De acuerdo con la información oficial, la víctima se encuentra en condición estable tras recibir atención médica oportuna.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el ataque ocurrió sin mediar palabras. La joven transitaba sola hacia un espacio deportivo cuando fue interceptada por Pinto Trinidad, quien comenzó a lanzarle piedras con fuerza. Los golpes alcanzaron la cabeza de la víctima, provocando una herida que requirió atención inmediata. Tras notificar a la Policía Nacional Civil, que desplegó un operativo de búsqueda y localizó al presunto responsable en los alrededores.

De forma inmediata se desconoce si la víctima tenía algún tipo de vínculo con Pinto Trinidad o si se trató de un ataque aleatorio.

El reporte médico señala que, pese a la gravedad de la lesión, la mujer logró mantenerse consciente y responder a los primeros auxilios brindados por socorristas. El sujeto iniciará un proceso judicialmente contra el capturado por el delito de intento de homicidio.

Violencia contra las mujeres en el occidente salvadoreño

Entre enero y julio de 2026, el 43% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador se concentró en la región occidental, de acuerdo con la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). El estudio documentó 14 asesinatos de mujeres en ese periodo, igualando la cifra del año anterior.

Santa Ana lidera la estadística nacional con seis casos, seguido por San Salvador, Cabañas y otros departamentos. La organización de mujeres advirtió que la mayoría de las víctimas tenía una relación cercana con su agresor y que, en el 78.6% de los casos, las mujeres asesinadas conocían al responsable. Entre los métodos de agresión figuran armas blancas, asfixia, armas de fuego y golpes con objetos contundentes.

La respuesta institucional ha permitido la detención del 70% de los agresores, aunque persisten desafíos en la protección y reparación para las familias afectadas. ORMUSA también señala la necesidad de mejorar el registro de datos y adaptar las estrategias de prevención a las realidades locales.

El caso ocurrido en Santa Ana se suma a una problemática que mantiene en alerta a las comunidades del occidente salvadoreño y pone de relieve la urgencia de acciones efectivas para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres y niñas.

El mercado de drogas en Centroamérica atraviesa una transformación que va más allá del tránsito tradicional de cocaína: las redes criminales diversifican métodos, explotan puertos menores y ahora mueven también drogas sintéticas a través de la región, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado el 26 de junio en Viena.

Las Américas: Norte, Centro y Sur, concentraron el 83% de las incautaciones mundiales de cocaína en 2024. Centroamérica no produce la droga, pero es el puente terrestre y marítimo que conecta los laboratorios andinos con el mayor mercado de consumo del mundo.

Centroamérica: corredor bajo presión

La producción global de cocaína pura superó las 4,100 toneladas en 2024, cuatro veces más que hace una década. Ese volumen presiona cada eslabón de la cadena de tránsito, y Centroamérica absorbe una parte de esa presión, detalla el documento.

El informe señala que las organizaciones criminales han “diversificado sus métodos de transporte para mantener el flujo de cargamentos”, lo que en la práctica significa el uso de puertos menores, corredores terrestres alternativos y tecnología avanzada para eludir controles.

El Salvador, por ejemplo, registró en 2026 sus dos mayores incautaciones históricas de cocaína en aguas del Pacífico, con un acumulado de 13.28 toneladas decomisadas, según informó La Prensa Gráfica.

Honduras ilustra otro ángulo del mismo fenómeno. Las Fuerzas Armadas de Honduras estimaron en 324 millones de lempiras (12,063,592.44 USD) el daño económico infligido a redes narcotraficantes durante operativos realizados este año.

Aun así, el informe advierte que el problema ya no se limita a lo que cruza por tierra o mar: las drogas sintéticas comienzan a circular por los mismos corredores.

La violencia que acompaña al tráfico no es un efecto secundario menor. El informe identifica tres vías de impacto: la psicofarmacológica, la económico-compulsiva y la sistémica, que incluye la desorganización comunitaria y el debilitamiento del estado de derecho.

Las comunidades con mayor desigualdad, presencia de armas y escaso acceso a servicios sociales son las más expuestas a ese impacto.

América del Norte: el epicentro del fentanilo y la metanfetamina

Hacia el norte del corredor centroamericano, el panorama es grave, aunque con características distintas. Estados Unidos y Canadá concentran la crisis de opioides sintéticos más letal del mundo, aunque en 2024 se registró una señal de alivio: las muertes por sobredosis bajaron más de un tercio en Estados Unidos y un 17% en Canadá.

La metanfetamina producida en América del Norte ya no se queda en el continente. Según la UNODC, cargamentos de esa droga cruzan el océano Pacífico hacia países de la ribera occidental, con un aumento del tráfico y el consumo en las islas del Pacífico.

En Canadá, entre 2006 y 2016, el consumo de distintas drogas fue atribuido al 26% de los crímenes violentos y al 25% de los no violentos, frente al 20% y 7%, respectivamente, atribuidos al alcohol.

Sudamérica: récord de producción y consecuencias sociales

La cocaína que transita por Centroamérica se origina principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, donde la productividad de los cultivos y la eficiencia de los laboratorios alcanzaron máximos históricos. La expansión del mercado elevó en un 38% el número de consumidores globales en la última década.

El informe cita a São Paulo como ejemplo de intervención eficaz: programas de vivienda y empleo en el entorno de “Cracolândia” lograron reducir el uso compulsivo de drogas y los delitos asociados. El caso ilustra que la represión policial sola no resuelve el problema.

En Colombia, el 71% de los jóvenes judicializados informó consumo de drogas, y alrededor del 10% de los delitos se cometió con el objetivo de obtener sustancias.

El mercado global: una crisis en expansión

El informe de la UNODC cuantifica la escala del problema: 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, el 6.2% de la población mundial entre 15 y 64 años, frente al 5.2% de 2014. El cannabis lidera con 256 millones de usuarios; los opioides siguen con 63 millones.

La directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, lo describió en términos directos: “Ya estamos sufriendo las consecuencias: millones de muertes prematuras y años de vida saludables perdidos innecesariamente; redes de narcotráfico que están colapsando las economías”.

En paralelo, los fabricantes de drogas sintéticas multiplican las opciones disponibles en el mercado ilícito. En 2024 se identificaron 755 nuevas sustancias psicoactivas en circulación, de las cuales 118 fueron informadas por primera vez ese año.

En los decomisos de ese año se encontraron cinco veces más tipos de drogas que las producidas antes del año 2000.

El opio afgano y el giro hacia los sintéticos

La prohibición del cultivo de amapola impuesta por el régimen talibán en 2022 redujo la producción afgana de opio en un 95%, pero no eliminó el mercado: las reservas acumuladas mantienen activa la ruta de los Balcanes hacia Europa, y Myanmar compensó parte del vacío al pasar de 420 toneladas en 2021 a más de 1,000 en 2025.

El hueco dejado por Afganistán acelera un cambio estructural: los traficantes sustituyen la heroína por fentanilo, nitazenos y orfinas, opioides sintéticos de mayor potencia y más difíciles de detectar. Ese desplazamiento podría ser permanente y modificar los patrones de consumo y daño en todo el mundo.

Qué recomienda la ONU

El informe concluye que ninguna estrategia puramente represiva es suficiente. La UNODC pide más intercambio de inteligencia entre países, operaciones conjuntas contra el crimen organizado y, en paralelo, mayor inversión en prevención, tratamiento y reducción del estigma.

Los grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+ y poblaciones en situación de calle, sufren de forma desproporcionada tanto la violencia asociada al tráfico como las barreras para acceder a servicios de salud. El acceso desigual al tratamiento, especialmente en países de ingreso bajo y medio, aparece como uno de los déficits más urgentes que señala el informe.

El rostro de la incertidumbre y la ausencia forma parte de la vida diaria de cientos de familias dominicanas que esperan por noticias de sus seres queridos.

La sensación de no saber dónde están hijos, padres o hermanos ha marcado la rutina de quienes han denunciado más de 4,000 desapariciones en República Dominicana en los últimos ocho años.

Entre los casos que más conmocionan se encuentran más de 1,000 menores de 11 años cuyo paradero sigue sin esclarecerse. La espera interminable, la búsqueda constante y el silencio de las autoridades han alterado la vida de familias de todo el país, transformando lo cotidiano en un escenario de preocupación permanente.

La información procede de una solicitud dirigida por Listín Diario a la Dirección Central de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DICRIM). Las cifras oficiales, que abarcan desde 2018 hasta julio de 2026, indican que 4,171 personas han sido reportadas como desaparecidas. De esta cantidad, 3,398 han sido encontradas con vida, 532 fueron localizadas sin vida y 241 permanecen desaparecidas, lo que mantiene abierta la herida de la incertidumbre en sus familias.

Los registros muestran que los menores representan una parte considerable de los casos. De los 1,640 niños, niñas y adolescentes reportados, 201 corresponden a menores que fueron encontrados con vida por las autoridades y regresados a sus hogares. En este grupo, la mayoría logró regresar a su hogar, mientras que otros 6 continúan en la lista de búsqueda oficial. Además, la adolescencia se perfila como la etapa con mayor cantidad de reportes, especialmente entre los 13 y los 17 años, según los datos oficiales registrados por las autoridades dominicanas hasta la fecha.

El fenómeno de las desapariciones tomó fuerza a partir de 2022, cuando los reportes de adolescentes se multiplicaron, pasando de 24 a 161 casos en un año. Esta tendencia se mantuvo con 199 casos en 2023, 214 en 2024, 481 en 2025 y 268 hasta julio de 2026. Los reportes de niños menores de 11 años también aumentaron, de 5 en 2021 a 25 en 2022.

La provincia Santo Domingo concentra la mayor cantidad de reportes desde 2021, según la Dirección Central de Investigación, seguida por el Distrito Nacional y Santiago. Estas tres demarcaciones encabezan los registros tanto en adultos como en menores, lo que señala la necesidad de atención especial en estas zonas.

El análisis por grupos de edad evidencia que los adolescentes entre 12 y 17 años suman el 34.5% de los reportes, constituyendo el grupo individual más afectado. Mientras los hombres adultos conforman el grupo más numeroso en términos absolutos, la presencia de menores en las cifras genera especial alarma.

La ausencia de información sobre el destino de más de mil menores de 11 años plantea preguntas sobre los mecanismos de protección y búsqueda. Las estadísticas oficiales no detallan las causas de las desapariciones, de modo que persiste la incertidumbre sobre los motivos y el desenlace de cada caso, mientras las familias mantienen la esperanza de recibir respuestas.

En horas de la noche del domingo una mujer fue capturada en La Libertad por atacar con un corvo a su compañero de vida, en un nuevo episodio de violencia con armas blancas registrado en territorio salvadoreño en las últimas horas. El hecho se confirmó hasta la mañana de este lunes en el cantón Nueva Encarnación, en el municipio de Ciudad Arce, según confirmaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según reportes oficiales de la PNC, María Delfina Martínez Menjívar, de 45 años, fue detenida luego de lesionar gravemente a su pareja durante una discusión. La agresión se produjo mientras ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol, en una vivienda de la zona rural de Ciudad Arce. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de sus heridas. Las autoridades informaron que Martínez Menjívar será remitida por el delito de intento de homicidio.

La Policía recordó que “aún bajo los efectos del alcohol, sos el responsable de tus acciones”, en una advertencia dirigida a la población. De forma inmediata no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio de violencia. Este caso marcó el inicio de una jornada donde la violencia con armas blancas dejó varios lesionados en diferentes puntos del país.

Ataque con cuchillo en Candelaria, Cuscatlán Sur

Horas después, otro incidente violento se reportó en la lotificación El Rosario, en el municipio de Candelaria, Cuscatlán Sur. Según el informe policial, Jherson Misael Sánchez Morales, de 30 años, atacó con un cuchillo a un hombre que transitaba por la calle principal del sector. La víctima logró ser auxiliada y llevada a un centro asistencial, donde se indicó que su condición es estable.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, Sánchez Morales salió de unos matorrales y atacó inesperadamente al peatón, las autoridades detallaron el agresor se encontraba en evidente estado de ebriedad. Tras la agresión, los agentes incautaron el arma blanca utilizada en el ataque. El sospechoso fue arrestado y será procesado por el delito de lesiones.

Lesión al interior de un microbús colectivo en San Salvador

En un tercer hecho registrado en las últimas horas, un joven resultó herido de gravedad al recibir una puñalada en el abdomen dentro de un microbús del transporte colectivo en San Salvador. Testigos relataron que el altercado comenzó tras una discusión entre el lesionado y una joven pasajera. Otro hombre intervino y al sentirse amenazado, sacó un cuchillo y atacó al joven.

El conductor del microbús condujo la unidad hasta la entrada principal del cuartel El Zapote, en la 10ª avenida Sur del barrio San Jacinto, donde personal de la Policía Nacional Civil y socorristas de Comandos de Salvamento brindaron asistencia inmediata a la víctima. El lesionado fue trasladado bajo custodia policial al hospital del seguro social central, mientras que el agresor fue detenido en el lugar por las autoridades.

Estos hechos reflejan una preocupante escalada de violencia con armas blancas en diferentes zonas de El Salvador, con al menos tres personas lesionadas en menos de 24 horas y una serie de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil en respuesta a estos episodios.

La defensa de la tierra y los territorios ancestrales mantiene a los pueblos indígenas y afro-hondureños en una situación de especial vulnerabilidad en Honduras. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre 2015 y 2025 murieron 48 defensores en hechos violentos y, entre 2016 y 2025, se registraron 227 quejas por riesgo o desplazamiento forzado interno.

El Comisionado Nacional advirtió que la falta de protección efectiva de los derechos territoriales y el contexto de impunidad agravaron los riesgos para quienes defienden los recursos, las tierras y los derechos colectivos de sus comunidades.

La situación no se limita a los homicidios. La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH registró 227 quejas entre 2016 y 2025 de integrantes de estos pueblos que denunciaron encontrarse en riesgo o haber sido víctimas de desplazamiento forzado dentro del país.

Del total de denuncias, el 55% fueron presentadas por hombres y el 45% por mujeres. Los datos divulgados en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reflejan, según el organismo, problemas estructurales que persisten alrededor de la tenencia de la tierra y la protección de los territorios ancestrales.

Los registros correspondientes a 2025 muestran que los problemas vinculados con la tierra tienen un peso en los casos de desplazamiento y riesgo. Durante ese año, el CONADEH recibió 19 quejas relacionadas con personas de pueblos indígenas y afro-hondureños. De ese total, seis estuvieron vinculadas con despojo de tierras y otras cuatro con amenazas.

El organismo considera que esta tendencia confirma la relación entre el desplazamiento y los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, aunque advierte que no se trata de la única forma de violencia presente en los territorios.

Entre las demás situaciones denunciadas aparecen casos de usurpación de propiedades, despojo de viviendas, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, tentativas de homicidio, lesiones, rapto y discriminación.

Los datos correspondientes a 2025 también permiten identificar a los pueblos que presentaron la mayor cantidad de quejas ante el organismo.

Zonas con más incidencia

De las 19 denuncias registradas ese año, siete fueron presentadas por personas miskitas, seis por lencas, tres por tolupanes, dos por garífunas y una por integrantes de la población negra de habla inglesa.

Las denuncias se distribuyeron en siete departamentos de Honduras. Gracias a Dios registró la mayor cantidad, con siete quejas. Le siguieron Yoro, con cinco, y Santa Bárbara, con tres. También se informaron casos en Comayagua, Islas de la Bahía, Atlántida y Cortés, con una denuncia en cada uno de esos departamentos.

Otro de los aspectos señalados por el organismo es la relación entre las víctimas y las personas identificadas como responsables de las agresiones. En siete de las denuncias analizadas durante 2025, los presuntos agresores eran personas conocidas por las víctimas, mientras que en otros tres casos se trataba de familiares.

La información también identifica la participación o el señalamiento de integrantes de fuerzas de seguridad del Estado, militares, maras, bandas criminales y delincuentes comunes.

Para el CONADEH, estos datos muestran que una parte de las situaciones que pueden terminar en desplazamiento ocurre dentro de entornos cercanos a las víctimas, aunque también existe la intervención de estructuras vinculadas con la violencia organizada.

El impacto del desplazamiento

Según el análisis de la institución cuando una persona o una familia indígena o afro-hondureña se ve obligada a abandonar su comunidad, también puede perder su vivienda, sus medios de subsistencia y parte de las redes sociales que sostienen la vida comunitaria.

El desplazamiento puede además provocar una ruptura con prácticas culturales y ancestrales estrechamente relacionadas con el territorio. La pérdida o restricción del acceso a las tierras también afecta el ejercicio de derechos colectivos, especialmente cuando esos espacios tienen un significado histórico, cultural y económico para las comunidades.

A estas dificultades se suman condiciones como la pobreza, el aislamiento geográfico y las limitaciones para acceder a servicios básicos, factores que pueden complicar aún más la situación de las personas obligadas a desplazarse.

La cifra de 48 defensores asesinados entre 2015 y 2025 representa uno de los principales indicadores utilizados por el CONADEH para advertir sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden los territorios y los recursos naturales en Honduras.

El problema, además, tiene una dimensión colectiva. Cuando un defensor es atacado o una familia debe abandonar su comunidad, las consecuencias pueden alcanzar a otras personas del mismo territorio y afectar la continuidad de actividades económicas, culturales y comunitarias.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal catearon un inmueble en la colonia Vicente Estrada Cajigal de Yautepec, Morelos, presuntamente utilizado para la venta de drogas, y aseguraron marihuana, un arma artesanal y motocicletas con huellas de desvalijamiento.

La diligencia fue ejecutada el 9 de agosto por la AIC de la Fiscalía Regional Oriente en cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un juez.

El operativo contó con el respaldo de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, que brindaron seguridad perimetral durante la intervención.

Qué encontraron dentro del inmueble

Al ingresar a la vivienda, agentes investigadores y peritos localizaron bolsas plásticas y envoltorios envueltos con cinta canela, ambos con vegetal verde seco con características similares a la marihuana, así como básculas digitales y bolsitas tipo ziploc de diversos colores vacías.

Las autoridades también aseguraron un arma de fuego de fabricación artesanal y varias motocicletas con huellas de desvalijamiento.

/mexico/2026/08/10/procesan-autoridades-a-el-roto-presunto-integrante-del-cartel-nuevo-imperio-acusado-de-secuestro-en-cdmx/

Condenan a 40 años a una madre que abandonó a su hija en la cochera, la encontró muerta y tiró el cuerpo en un lote baldío

Rosa Isela “N” fue condenada a 40 años de prisión por el feminicidio de su hija, una niña con discapacidad cuyo cuerpo abandonó en un lote baldío en el municipio de El Salto. La autoridad judicial fijó además el pago de $439.612 pesos por concepto de reparación del daño e indemnización.

El cuerpo de la menor fue hallado el 23 de diciembre de 2020 dentro de una bolsa de plástico en un terreno baldío ubicado junto a la colonia Lomas del Aeropuerto. Al momento de su localización, la víctima presentaba una evolución cadavérica de aproximadamente un mes.

Niña con discapacidad que vivía a espaldas del sitio

Las pesquisas iniciaron desde el primer momento del hallazgo, a cargo del personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional. A través de entrevistas a vecinos de la zona, los Policías de Investigación establecieron que la niña tenía una discapacidad y requería cuidados especiales, y que habitaba en un domicilio ubicado a espaldas del terreno donde fue encontrada.

La investigación tomó un giro determinante cuando se detectó que la acusada ya estaba recluida desde enero de 2021 por el delito de maltrato infantil en perjuicio de otro de sus hijos. Ese antecedente permitió al Ministerio Público coordinar la obtención e integración de pruebas genéticas.

ADN y una confesión en el reclusorio

Las confrontas de ADN practicadas por peritos especializados confirmaron de forma científica la relación filial entre Rosa Isela “N” y la víctima. En febrero de 2021, la incorporación de testimonios clave consolidó el caso: durante una visita en el reclusorio, la hoy sentenciada confesó haber dejado a la niña a la intemperie durante la noche en la cochera de su finca.

Al encontrarla sin signos vitales por la mañana, la envolvió en una cobija, la introdujo en una bolsa y abandonó el cuerpo en el terreno baldío, según se comprobó en el proceso.

/mexico/2026/08/10/condenan-a-9-anos-de-prision-a-exagente-de-la-cbp-por-facilitar-el-ingreso-de-droga-del-cartel-de-sinaloa-a-estados-unidos/

Por abusar de tres menores en Tonalá, Bonifacio “N” fue vinculado a proceso y enviado a prisión

Bonifacio “N” quedó en prisión preventiva por el presunto abuso sexual de dos niñas y una adolescente en Tonalá, luego de que un juez de control lo vinculara a proceso tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado.

El imputado habría aprovechado su relación sentimental con la madre de las víctimas para acceder al domicilio familiar. Los hechos ocurrieron en reiteradas ocasiones entre el 2 de agosto y el 9 de noviembre de 2025, en un inmueble de la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá.

El caso fue investigado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, dependiente de la Fiscalía del Estado.

/mexico/2026/08/10/padre-de-dafne-zapata-debera-presentarse-ante-el-juez-este-lunes-en-tamaulipas-por-presunto-abuso-sexual-contra-su-hija/

/mexico/2026/08/09/dan-medio-siglo-de-prision-a-dos-hombres-por-secuestrar-y-robar-mercancia-a-conductores-en-naucalpan/

/mexico/2026/08/09/procesan-a-segunda-imputada-por-el-secuestro-de-un-funcionario-de-la-fiscalia-cdmx-en-la-alcaldia-cuauhtemoc/

/mexico/2026/08/09/vinculan-a-proceso-a-cinco-presuntos-integrantes-de-los-vallarta-celula-ligada-al-cjng-en-el-edomex/

Policías capitalinos participación en curso de seguridad y prevención del crimen organizado con más de cinco países de Latinoamérica

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participaron en la 4ta Semana Presencial para la Formación y Certificación de Policías en América Latina, celebrada en las instalaciones del John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del curso “Líderes para la Gestión de Seguridad Ciudadana y Justicia”.

El encuentro reunió a representantes de corporaciones policiales de España, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Argentina y Honduras, entre otros países. Los participantes intercambiaron experiencias y estrategias en materia de seguridad, investigación y prevención del crimen organizado en América Latina y el Caribe.

La estrategia “Alto al Fuego” como referente regional

Policías de la Ciudad de México presentaron como ponentes la Estrategia de Coordinación “Alto al Fuego” en la mesa “Atención a poblaciones vulnerables en situaciones de violencia”. La iniciativa se basa en la metodología de disuasión focalizada desarrollada por el investigador David Kennedy y busca reducir la violencia armada mediante el análisis de la dinámica de los grupos presentes en las zonas de intervención.

De acuerdo con la SSC, la estrategia contempla consecuencias legales específicas para quienes ejercen o han ejercido violencia, con el propósito de incrementar la percepción de riesgo penal y social entre las personas identificadas como de mayor riesgo, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.

La estrategia articula dos ejes de trabajo. El primero, el “Componente de Seguridad y Justicia”, integra equipos especializados en análisis de violencia armada con capacidades de investigación y operación territorial, en los que participan áreas de la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El segundo, el “Componente Comunitario”, tiene como propósito diseñar y articular servicios sociales dirigidos a personas en situación de riesgo, con el fin de generar confianza mediante el acercamiento de apoyos y alternativas que contribuyan a reducir los factores asociados a la violencia.

Detienen en sujeto identificado como objetivo prioritario en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a un hombre identificado como Francisco Guadalupe “N”, señalado como objetivo prioritario y presunto responsable de más de 22 robos a gasolineras y al menos cuatro asaltos a farmacias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cometidos en su mayoría entre abril y agosto de 2026.

Las labores de inteligencia que permitieron su captura involucraron al Escudo Urbano C5 del Estado de Jalisco, el C5 y policías municipales de Tlajomulco, así como a la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Robo a Negocio de la Fiscalía del Estado.

Cronología de los ilícitos investigados

El primer caso documentado ocurrió el 5 de abril en una gasolinera cercana a la estación Urdaneta del Tren Ligero. En mayo y junio se registraron otros dos asaltos en las zonas de la colonia Olímpica y El Álamo, en Guadalajara, mientras que en julio y agosto la actividad delictiva se extendió a gasolineras próximas al aeropuerto y otras zonas de la ciudad.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada estableció el perfil de Francisco Guadalupe “N” como posible generador de violencia tras analizar las denuncias recibidas. Las investigaciones lo ubican como presunto especialista en robo con violencia a establecimientos comerciales, con particular incidencia en cadenas de farmacias, gasolineras y negocios locales.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. La Fiscalía exhortó a quienes pudieron haber sido afectados por este individuo a interponer las denuncias correspondientes, con el fin de robustecer las carpetas de investigación abiertas en su contra.

Investigan hallazgo de tres cuerpos en Sonora: se trataría de un crimen pasional

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se realizan investigaciones de un doble homicidio y suicidio registrado durante las primeras horas del sábado 8 de agosto en Hermosillo, y estableció como hipótesis un móvil de carácter pasional.

Los hechos dejaron tres personas sin vida: dos hombres y una mujer. Según la FGJES, el material recopilado —entre el que figuran grabaciones de video— apunta a que uno de los fallecidos habría protagonizado un reclamo reiterado contra la mujer y contaba con antecedentes de amenazas de muerte en su contra.

Reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la línea de investigación, el presunto responsable llegó a un parque ubicado en un sector distinto al del hallazgo, donde amenazó a la pareja y discutió con el copiloto de la camioneta antes de abrir fuego. El vehículo abandonó ese punto y fue localizado posteriormente en la intersección del bulevar Antonio Quiroga y Camino del Seri, al suroeste de Hermosillo.

En ese lugar, según informó la Fiscalía, se presume que el responsable se quitó la vida. Las autoridades no precisaron la identidad de las víctimas ni del presunto agresor.

La FGJES señaló que el hombre localizado sin vida en la parte posterior del vehículo se encuentra plenamente identificado y está vinculado a grupos de la delincuencia organizada que operan en la región fronteriza de Sonora.

Las investigaciones periciales continuan para determinar la mecánica de los hechos y establecer con precisión la posición víctima-victimario. La Fiscalía indicó que informará sobre nuevos avances conforme progresen las diligencias.

Detienen a hombre con dosis de droga en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia centro de Santa María Huatulco que derivó en la detención de una persona identificada como A.L.P. y el aseguramiento de diversas dosis de presuntas drogas, así como una motocicleta.

La diligencia ministerial se originó en investigaciones relacionadas con el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de comercio. El operativo contó con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa, junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Durante la intervención se aseguraron bolsas con hierba seca con características propias de la marihuana, envoltorios con polvo blanco con características similares a la cocaína y hojas de papel para cigarrillos.

Tanto A.L.P. como los indicios recabados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que conducirá las investigaciones para determinar la situación jurídica del detenido.

/mexico/2026/08/09/dan-prision-preventiva-a-guadalupe-n-implicada-en-la-red-de-huachicol-fiscal-de-ruffo-appel/

/mexico/2026/08/09/diputada-del-pt-pide-proteccion-a-segob-y-acusa-amenazas-de-muerte-tras-cuestionar-al-gobierno-de-oaxaca/

/mexico/2026/08/09/comunidades-indigenas-de-michoacan-acusan-que-para-el-gobierno-es-mas-importante-la-venta-de-aguacate-que-su-seguridad/

/mexico/2026/08/09/la-union-tepito-ya-opera-mas-alla-de-cdmx-autoridades-detectan-celulas-en-edomex/

Arrestan a hombre con dosis de metanfetamina y cocaína en Mazatlán

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad estatal, en coordinación con las Fuerzas Armadas, en posesión de presunta droga cuando se encontraba en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, el hombre fue ubicado en la sindicatura de Villa Unión durante patrullajes preventivos en la zona. Elementos de la Policía Estatal Preventiva detectaron que, al notar la presencia de la autoridad, mostró una actitud evasiva, por lo que fue interceptado de inmediato.

Al realizarle una inspección preventiva, los elementos le localizaron 32 envoltorios con una sustancia de características similares a la metanfetamina y cuatro envoltorios con una sustancia similar a la cocaína.

El sujeto y la presunta droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de conducir las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.

El operativo fue encabezado por la Policía Estatal Preventiva en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detienen a hombre por intento de homicidio en Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) ejecutaron una orden de aprehensión contra Vicente “N” por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de Marcelino “N”. Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026 en el barrio Salomón González Blanco, en el municipio de Acala, Chiapas.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el sujeto ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la lesionó con un arma blanca. La aprehensión se concretó semanas después de los hechos, como resultado del trabajo coordinado entre ambas instituciones.

Vicente “N” fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional requirente, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Detienen a hombre con dosis de droga en Quintana Roo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Jonathan Elías “N”, de 20 años, por su presunta responsabilidad en delitos Contra la Salud en la colonia Misión del Carmen, en el municipio de Playa del Carmen. El arresto se produjo durante la madrugada de este domingo, en el marco de recorridos de prevención, vigilancia y disuasión del delito.

De acuerdo con la SSC, los agentes observaron al joven sobre la banqueta mientras manipulaba diversas bolsitas de plástico transparente con hierba seca de color verde, con características similares a la marihuana. Al percatarse de la presencia policial, el detenido guardó las bolsitas en un estuche negro y intentó continuar su camino, lo que motivó un control preventivo y la inspección de su persona y pertenencias.

Durante la revisión, se aseguró un estuche de color negro que contenía 63 bolsitas tipo ziploc con hierba seca de color verde con características similares a la marihuana, y 25 bolsitas tipo ziploc con fragmentos sólidos transparentes con características similares al cristal. Al ser cuestionado sobre si contaba con algún permiso o autorización para portar dichas sustancias, Jonathan Elías “N” manifestó no tener ninguna.

La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

/mexico/2026/08/09/mexico-expulsa-a-cinco-presuntos-miembros-de-la-mara-salvatrucha-y-barrio-18-uno-pretendia-establecer-nexos-con-un-cartel/

Decomisan drogas durante cateos en bares del Centro de Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo un operativo simultáneo en bares del Centro de Monterrey con el objetivo de combatir el narcomenudeo y delitos de alto impacto. El despliegue resultó en el decomiso de diversas dosis de narcóticos tras la inspección de los establecimientos intervenidos.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), del Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIP) y de la Unidad de Despliegue Estratégico (UDE). La acción se coordinó con personal de Defensa, Guardia Nacional, Fuerza Civil y Policía de Monterrey, con lo que se reunieron los tres órdenes de gobierno.

El despliegue contó con un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia durante el desarrollo de las acciones. La Fiscalía no precisó el número de establecimientos inspeccionados ni la cantidad exacta de narcóticos decomisados.

Despliegan más de mil 700 elementos a Mazatlán por violencia

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó más de mil 700 elementos a Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad y el puerto ante el repunte de la violencia en las últimas semanas.

La acción se llevó a cabo en el marco de la “Operación Sable”, la cual contempla labores operativas focalizadas en zonas estratégicas de la entidad para restablecer la paz, el orden público y debilitar a grupos criminales.

La violencia tuvo un repunte en Mazatlán en los últimos días, lo que provocó un primer despliegue de elementos del Ejército Mexicano; sin embargo, ahora se envió a marinos para fortalecer las acciones.

Los departamentos de Francisco Morazán, Copán y Lempira registran hasta hoy una serie de hechos violentos que dejaron al menos siete mujeres muertas, según reportes de la Policía Nacional de Honduras.

Los casos se registraron en diferentes municipios y bajo circunstancias que todavía son investigadas. Algunas de las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, mientras que en otros casos las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de las mujeres para establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás de los hechos.

La nueva ola de violencia ocurre en un país que ya acumula más de 160 muertes violentas de mujeres durante 2026, según cifras divulgadas previamente por organizaciones. Las estadísticas pueden variar de acuerdo con la fuente y el período de corte, pero coinciden en mostrar la persistencia de la violencia contra las mujeres.

En el departamento de Francisco Morazán se reportaron tres casos todos en diferentes sectores de la capital Tegucigalpa.

Uno de ellos corresponde a Suheily Samaí Aguilar Romero, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de un puente detrás del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La joven vestía una camisa blanca y un short negro cuando fue localizada.

Las primeras diligencias apuntan a que pudo haber ocurrido una discusión con su pareja antes del hecho y no se descarta que la mujer haya caído desde la estructura. Esta hipótesis todavía forma parte de la investigación y las autoridades deberán establecer con pruebas qué ocurrió.

Otro caso ocurrió en la salida de Tegucigalpa, dentro de una vivienda fue localizada sin vida Ana Carolina Larios, de 46 años. La mujer presentaba signos de golpes en el cuerpo, por lo que los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El tercer caso registrado en Francisco Morazán corresponde a Ericka Esther López López, de 18 años, quien fue encontrada muerta dentro de una habitación Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo. La joven era originaria de Guajiquiro, La Paz.

Violencia imparable

La violencia también alcanzó al departamento de Copán, en el occidente de Honduras. En el municipio de La Entrada, fue asesinada a disparos Pedrina Bonilla Avilés, de 18 años.La joven se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacada en el barrio El Dorado. Su cuerpo quedó junto al vehículo.

Los investigadores trabajan para determinar quién cometió el ataque y cuál pudo ser el motivo. Hasta el momento no se ha establecido públicamente un móvil para el crimen.

En Lempira fueron reportadas otras tres muertes violentas de mujeres. Rosa Miranda. Las autoridades todavía no han determinado el móvil del crimen. El asesinato provocó preocupación entre los habitantes de la zona porque, según reportes locales, los hechos violentos de este tipo no son frecuentes en el sector.

Así mismo fue asesinada Rosario Benítez, de 67 años. La mujer se dedicaba a la venta de ropa y era madre de 10 hijos. De acuerdo con la información preliminar, fue atacada a tiros mientras transitaba por una avenida de la zona.

El tercer caso ocurrió en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, donde murió María Reyniera Villanueva Castillo, de 48 años. En el caso de Piraera, la Policía informó que María Reyniera Villanueva Castillo habría sido atacada por su compañero de hogar durante una discusión.

El supuesto agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol, según la información preliminar proporcionada por las autoridades. Durante el mismo incidente resultó herida la hija de la víctima, Alexa Hilaria Villanueva, de 18 años.

Agentes policiales capturaron posteriormente al sospechoso, quien fue señalado de manera preliminar por los delitos de femicidio agravado y tentativa de homicidio.

Las cifras de 2026

Los siete casos reportados se suman a una estadística nacional que mantiene bajo preocupación a organizaciones de derechos humanos y entidades que monitorean la violencia contra las mujeres.

En julio, datos citados por Infobae situaban en más de 150 el número de mujeres asesinadas en Honduras durante 2026. hoy la cifra supera los 160 casos.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos había advertido previamente sobre más de un centenar de muertes violentas de mujeres durante el año y señaló la persistencia de la violencia basada en género.

En los siete casos registrados durante el fin de semana, las autoridades deberán determinar individualmente las circunstancias de cada muerte. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones en los tres departamentos y busca esclarecer los crímenes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora halló este sábado, 8 de agosto, los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer dentro de una camioneta de alta gama estacionada en las calles Antonio Quiroga y Camino del Seri, al oriente de Hermosillo.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los fallecidos, ubicado en el asiento trasero, tenía un arma de fuego en la mano y presentaba una herida en la sien derecha, circunstancia que orientó las primeras hipótesis de la investigación hacia un conflicto entre los propios ocupantes del vehículo.

El aviso llegó a las autoridades por parte de un automovilista que transitaba por el lugar. Al pasar frente a la entrada de un domicilio, el conductor observó una camioneta con el cristal de una puerta destrozado y la cabeza de una persona visible desde el exterior.

El hallazgo en las calles Antonio Quiroga y Camino del Seri

Los agentes ministeriales y el personal de Servicios Periciales llegaron al sitio durante las primeras horas de la mañana. Al revisar el interior del vehículo, confirmaron la presencia de tres personas sin vida.

Las víctimas tenían entre 25 y 45 años de edad. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había establecido la identidad de ninguna de ellas ni precisó si alguna contaba con ficha de búsqueda.

En el interior de la camioneta, los peritos también recogieron varios casquillos percutidos de arma corta. Las autoridades no reportaron proyectiles en la parte exterior del vehículo.

La posición del cadáver con el arma, eje de la investigación

El cuerpo que concentró la atención de los investigadores fue el del pasajero del asiento trasero. Esa persona empuñaba un arma de fuego y tenía una herida en la sien derecha de la cabeza.

La FGJES estableció como hipótesis inicial que los hechos derivaron de un problema entre los propios tripulantes. La dependencia trabaja con la posibilidad de que se haya desatado una riña al interior del vehículo.

No obstante, la Fiscalía no descarta una segunda línea de investigación. Las autoridades analizan si una cuarta persona estuvo presente en el momento de los hechos y abandonó el lugar con posterioridad, de acuerdo con las autoridades.

La FGJES descarta el robo como móvil

Un elemento central para la Fiscalía fue el estado de las pertenencias de las víctimas. Las tres personas portaban alhajas, presuntamente de oro, y relojes al momento del hallazgo.

La permanencia de esos objetos de valor llevó a la dependencia a descartar, de forma inicial, que el robo con violencia fuera el móvil del crimen. Las investigaciones continúan para determinar la secuencia exacta de los hechos.

La Fiscalía no informó si el vehículo de alta gama tenía reporte de robo ni precisó la marca o modelo de la camioneta. Tampoco estableció si las causas de muerte de los tres ocupantes fueron las mismas.

El procesamiento de la escena y el estado de la investigación

El personal de Servicios Periciales procesó la escena bajo los protocolos ministeriales establecidos. Los Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC) coordinaron la recopilación de indicios en el lugar.

Hasta el cierre de esta nota, la FGJES no había determinado cuál de las dos hipótesis de trabajo corresponde a lo ocurrido. La dependencia tampoco precisó quién provocó las lesiones que derivaron en la muerte de las tres víctimas.

Las autoridades ministeriales y periciales mantienen la escena bajo procesamiento activo. La recopilación de indicios en el lugar busca establecer la secuencia exacta de los hechos.

Las investigaciones permanecen abiertas y sin un responsable identificado. La Fiscalía no fijó un plazo para presentar resultados preliminares del caso.

Un tribunal de la provincia de Coclé declaró penalmente responsable a un educador por el delito de hostigamiento en el ámbito escolar, cometido contra cinco estudiantes, en un proceso originado por hechos ocurridos en 2019 en un centro educativo del distrito de Penonomé.

La pena que deberá cumplir será conocida formalmente el próximo 14 de agosto, cuando se realice la lectura de la sentencia.

El Tribunal de Juicio Oral estuvo integrado por las juezas Liseth Espinoza, quien actuó como presidenta; Naida Flor Ríos Vega, como relatora; y Virginia Rodríguez, como tercera jueza. La decisión se produjo después de varios días de juicio, durante los cuales fueron presentadas y evacuadas las pruebas de las partes, antes de los alegatos finales que precedieron al fallo condenatorio.

Aunque la responsabilidad penal ya fue determinada, todavía está pendiente conocer la pena definitiva que impondrá el tribunal. Durante la audiencia de individualización, las fiscales del Ministerio Público Katherine Torres Real y Yarisel Fernández solicitaron cuatro años de prisión.

La misma condena pidió José Julián Pérez, abogado querellante y defensor público de víctimas, quien además planteó que fueran consideradas las circunstancias agravantes del caso.

La defensa sostuvo una posición distinta. El defensor público Rodrigo Frago Madrigales pidió que se aplicara la pena mínima de dos años de prisión. Una vez concluida esta fase, el tribunal realizó la audiencia de resarcimiento, en la que la representación de las víctimas solicitó el pago de una indemnización, pretensión a la que se opuso la defensa del educador condenado.

La investigación comenzó por situaciones registradas durante 2019 en un plantel educativo de Penonomé, cabecera de la provincia de Coclé. Según la información judicial divulgada sobre el proceso, las conductas atribuidas al educador afectaron a cinco alumnas y fueron consideradas constitutivas de hostigamiento dentro del ámbito escolar. La identidad de las estudiantes se mantiene bajo reserva debido a su condición de víctimas.

El caso de Coclé no es el único proceso relacionado con conductas cometidas por educadores contra estudiantes que ha llegado a los tribunales panameños durante 2026, aunque las tipificaciones penales y circunstancias de cada expediente son diferentes.

En abril, por ejemplo, un docente de 60 años fue condenado en Veraguas a 90 meses de prisión —siete años y seis meses— por actos libidinosos agravados contra una alumna con condición especial.

Ese hecho ocurrió en diciembre de 2024 en el distrito de Santiago. Según el Ministerio Público, el condenado aprovechó su condición de docente y consejero del centro educativo para cometer el delito dentro de un aula.

Además de la prisión, recibió cinco años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde regularmente se concentren menores de edad. Las autoridades informaron entonces que tenía antecedentes por delito sexual.

Otro expediente terminó en enero con una condena de 16 años de prisión contra un exprofesor, declarado responsable de corrupción agravada de persona menor de edad y posesión agravada de material de abuso sexual.

La investigación había comenzado en 2025 y concluyó mediante un acuerdo de pena. El tribunal también dispuso 16 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una vez cumplida la pena principal, y su ingreso al registro de ofensores sexuales.

Los casos han coincidido con una discusión más amplia sobre los mecanismos de protección frente al acoso y otras formas de violencia que afectan a estudiantes en Panamá.

En mayo, la Asamblea Nacional instaló una mesa técnica para analizar el problema del acoso escolar y recopilar propuestas destinadas a una eventual legislación, mientras en junio organizó otro encuentro para examinar las normas y políticas públicas actualmente existentes.

Además, desde abril entró en vigencia una modificación al artículo 138-A del Código Penal que amplió la protección frente a la violencia psicológica mediante amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso a cualquier persona menor o mayor de edad.

La norma establece penas de cinco a ocho años de prisión para las conductas contempladas en ese artículo, con agravamiento cuando ocasionen daño psíquico.

En el proceso de Penonomé, sin embargo, la sanción concreta dependerá de la legislación aplicable a los hechos ocurridos en 2019 y de la decisión adoptada por las juezas.

Por ahora, el Ministerio Público y la representación de las cinco víctimas coinciden en solicitar cuatro años de cárcel, mientras la defensa reclama dos.

El gobierno de San Luis Potosí puso en marcha los primeros perros robot con inteligencia artificial de la entidad el 6 de agosto de 2026, en un acto encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los dispositivos se integraron a la estrategia estatal de seguridad como primeros respondientes tecnológicos, con la capacidad de ingresar a zonas de difícil acceso y transmitir información en tiempo real a los centros de mando, con el propósito de reducir la exposición de los elementos policiales ante situaciones de riesgo.

La primera etapa de despliegue sitúa a los cuatro perros robot en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina en su edición 2026. Allí apoyarán labores de prevención, vigilancia y reconocimiento en zonas de alta concentración de personas, en coordinación permanente con los cuerpos de seguridad.

Gallardo anuncia 16 unidades en total y cinco androides desde China

El gobernador precisó durante una entrevista que la primera entrega contempla ocho perros robot —cifra que corrigió en el momento del anuncio— y que posteriormente arribarán otros ocho para completar el denominado “K9 cibernético”. Con ello, la Guardia Civil Estatal contará con 16 unidades de este tipo una vez concluida la adquisición.

Además de los perros robot, Gallardo informó que el gobierno estatal adquirió cinco androides que también serán asignados a la Guardia Civil Estatal para labores de vigilancia. Estos equipos aún no han llegado porque su fabricación y traslado desde China requiere alrededor de un mes y medio, por lo que el mandatario estimó que podrían incorporarse durante o al término de la Feria Nacional Potosina.

El gobernador describió el papel que tendrán los androides dentro de los operativos: “Van a andar adelante siempre, ahora sí que ellos poniendo el pecho”. No precisó en qué municipios o regiones comenzarán a operar.

Sobre las funciones de los perros robot, Gallardo señaló que “van a hacer labores de inteligencia, labores de vigilancia; escanean todo lo que es temperaturas, cuerpo, todo”. No detalló el fabricante, las especificaciones técnicas ni el tipo exacto de tecnología que utilizarán los dispositivos.

Capacidades técnicas de los perros robot de la Guardia Civil Estatal

Los dispositivos cuentan con inteligencia artificial para apoyar tareas de vigilancia, patrullaje, reconocimiento del terreno y evaluación de posibles riesgos. Mediante su operación remota, pueden enviar imágenes y datos a los centros de mando, identificar rutas de acceso y ofrecer a las corporaciones un panorama previo para tomar decisiones más rápidas y seguras.

Su diseño les permite ingresar a zonas de difícil acceso donde la intervención directa de un agente representaría un riesgo para su integridad. Las autoridades estatales subrayaron que la incorporación de los robots no sustituye el trabajo policial, sino que amplía las capacidades operativas de las corporaciones.

Los equipos también podrán intervenir en operativos preventivos y en la vigilancia de instalaciones estratégicas. La coordinación entre los dispositivos y los elementos operativos se realizará a través de los centros de mando, que recibirán la información en tiempo real.

El gobernador también convocó a la ciudadanía a participar en una dinámica próxima para asignarles nombre a los perros robot. La iniciativa busca generar cercanía entre la comunidad y la nueva tecnología de seguridad.

Presupuesto de seguridad 2026 y el resto del equipamiento adquirido

Gallardo no informó el monto destinado específicamente a la compra de los perros robot y androides, ni el procedimiento de adquisición utilizado. Sí indicó que el gasto total destinado en 2026 al rubro de seguridad ronda los seis mil millones de pesos, cifra que incluye sueldos, prestaciones y equipamiento para la Guardia Civil Estatal.

El anuncio de los robots formó parte de una presentación más amplia sobre el equipamiento adquirido para la corporación estatal. Gallardo mencionó también la compra de camionetas blindadas para elementos operativos y vehículos tácticos tipo Mamba, destinados a ingresar a sitios de difícil acceso durante distintos operativos.

El mandatario enmarcó todas estas adquisiciones dentro de una estrategia de modernización de la Guardia Civil Estatal. Afirmó que el objetivo es incorporar nuevas herramientas tecnológicas a las labores de seguridad pública de la entidad.

En el acto de presentación, Gallardo recordó las inversiones previas de su administración en materia de seguridad: “Hemos entregado patrullas, vehículos blindados, equipo especializado y sumado nuevos elementos a las corporaciones”. Añadió que en tecnología e inteligencia la administración “nunca ha quitado el dedo del renglón”, con el objetivo de contar con policías mejor preparados y protegidos.

Con este despliegue, San Luis Potosí se posiciona como la primera entidad de México en aplicar inteligencia artificial de esta forma a la seguridad pública, según las declaraciones del propio gobernador. La administración estatal no presentó datos comparativos ni estudios independientes que sustenten ese señalamiento.

Jurias Cerino Díaz, de 45 años, y Alejandro Wood Sánchez, de 34, murieron a balazos en el callejón Benito Juárez del ejido Lomitas, municipio de Nacajuca, Tabasco, alrededor de la medianoche del jueves 7 de agosto. Los dos hombres se encontraban en la vía pública cuando un atacante o varios atacantes, aún no identificados, les dispararon con armas de fuego sin que hasta ahora las autoridades hayan informado sobre el móvil del crimen.

Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales. La zona, una terracería de acceso público, fue acordonada por elementos de seguridad para preservar la escena del crimen.

De acuerdo con los primeros reportes, los peritos localizaron siete casquillos percutidos de color amarillo y marca Luger en el sitio del ataque. Esa evidencia balística quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias iniciales.

La zona donde ocurrió el doble homicidio corresponde a una terracería del ejido Lomitas, colindante con la zona conurbada de Villahermosa. El área ya había sido escenario de episodios violentos anteriores, según los registros de las autoridades locales.

Las identidades de los dos hombres fueron establecidas por las autoridades tras el levantamiento de los cuerpos. Cerino Díaz y Wood Sánchez son los nombres que figuran en los reportes oficiales del caso, aunque hasta el cierre de esta nota no se había precisado si tenían antecedentes penales o vínculos con algún grupo delictivo.

El patrón de violencia en Tabasco durante las semanas previas al crimen

Dos días antes del ataque en Nacajuca, el 5 de agosto, fueron hallados dos cuerpos decapitados acompañados de cartulinas con amenazas en territorio tabasqueño. El primero apareció a un costado de la carretera federal Frontera–Villahermosa, en la villa Macultepec, municipio de Centro; la cabeza fue localizada horas después en una nevera abandonada en la ranchería Oriente tercera sección, en Comalcalco.

La noche del domingo previo a esos hallazgos, una mujer fue ejecutada dentro de su vivienda en la comunidad de Amatitán, municipio de Jalpa de Méndez, y los agresores dejaron una cartulina con amenazas en el lugar. Entre la noche del lunes y la madrugada del martes, al menos cinco vehículos fueron incendiados en distintos puntos de Villahermosa y en Bosques de Saloya, municipio de Nacajuca.

El gobernador Javier May Rodríguez atribuyó la escalada de violencia a la pugna entre grupos del crimen organizado por el control del territorio. Aseguró que las fuerzas estatales y federales mantienen operativos activos para contener la confrontación, aunque la cadena de crímenes no se ha detenido.

En semanas previas, varios cuerpos decapitados y desmembrados fueron localizados en distintos puntos del municipio de Centro. La modalidad se repite de forma sistemática en medio de la disputa entre grupos delictivos.

El CJNG y La Barredora: los dos grupos que se disputan Tabasco

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización con mayor presencia criminal en Tabasco: opera en la totalidad de los 17 municipios del estado, según un análisis de Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, elaborado entre 2023 y 2024. La segunda organización con mayor cobertura territorial es La Barredora, activa en la mayoría de los municipios, con excepción de Centla, Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique.

La Barredora habría sido liderada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2024, identificado como “Comandante H” en sus operaciones delictivas. Bermúdez Requena enfrenta una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025 y es buscado por la Interpol; en entrevistas públicas previas a su señalamiento, negó la existencia real de La Barredora.

De acuerdo con Sánchez Valdés, La Barredora habría formado parte de la facción de los Zetas Vieja Escuela hasta la detención de José María Guízar Valencia, el Z-43, en 2018, y posteriormente formó una alianza con el CJNG. El CJNG rompió esa relación con La Barredora en 2024, y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por Guacamaya Leaks confirman que La Barredora construyó una red de protección que le permitió consolidarse como uno de los grupos más activos en el robo de combustible.

Durante el encuentro celebrado a las 11:00 horas, también participarán los productores de esta fruta, así como la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Agricultura.

Hace unos días, EEUU anunció la suspensión de todas sus actividades en la región de Michoacán, designando al estado como área de Nivel 4 No Viajar”. Esta normativa afecto directamente las actividades en la producción de esta fruta, así como el proceso de envío al extranjero.

Ante esto la mandataria mexicana, aseguró que desde la implementación del Plan Michoacán en la zona de Uruapan disminuyó la inseguridad, pero en otros municipios continua la presencia de organizaciones delictivas.

“Me reuní con ellos, con la asociación, vinieron varios productores, nos pidieron apoyo en diferentes temas y los estamos apoyando desde la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y también el SAT”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 7 de agosto en Palacio Nacional.

Exportaciones de aguacate a Estados Unidos

Entre sus declaraciones también dio a conocer que los agricultores deben seguir un esquema muy especifico para la exportación de este alimento, el cual debe cumplir con una certificación que garantice la calidad del aguacate mexicano.

“Entonces, se hizo una mesa de trabajo con ellos y se está trabajando. Y con Estados Unidos lo que les dijimos: “A ver, ¿hay algún tema para los inspectores de Estados Unidos que tienen que revisar esta certificación en Michoacán, en qué lugares?” Se les da todo el apoyo para que puedan hacer su trabajo seguros y si no, pueden delegarle ese trabajo a SENASICA", indicó la jefa de Estado.

Productores de aguacates emiten comunicado sobre las consecuencias de estas acciones

Los aguacateros de Michoacán reaccionaron a las medidas implementadas por EEUU y, por medio de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), emitieron un posicionamiento en el que advirtieron sobre las repercusiones que podría generar estas acciones para el intercambio comercial.

“Por este medio les informamos que el día de hoy recibimos una alerta de seguridad mediante la cual el Gobierno de los Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades en el estado de Michoacán. Esta medida impacta directamente la operación de los oficiales regulatorios de USDA responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación”, expresó la agrupación.

Integrantes del Consejo Directivo de la APEAM y representantes de la organización viajarán a la Ciudad de México para sostener reuniones con las autoridades competentes, con el fin de abordar los temas de seguridad y promover medidas que ayuden a disminuir al máximo el impacto en la industria aguacatera.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) continúa en comunicación con los productores y autorizó únicamente el procesamiento de la fruta que ingresó el 4 de agosto y cuya recepción fue supervisada por un funcionario regulador. El alimento descargado este día podrá permanecer almacenado, aunque no podrá ser procesado, bajo un esquema similar al que se aplica los domingos. Por otro lado, no se permitirá su envío con fines de exportación hasta nuevo aviso, por lo que cada empaque deberá valorar y definir sus decisiones operativas durante la jornada.

La APEAM informó que dará seguimiento permanente a la situación y mantendrá informados a sus asociados sobre cualquier actualización relevante.

La producción de aguacate en Michoacán enfrenta un escenario complicado que va mucho más allá de la interrupción de camiones y exportaciones. El impacto de la violencia en la región no solo afecta la logística, sino que también tiene el potencial de transformar la percepción que los consumidores mantienen sobre este fruto. Esta dinámica puede influir directamente en las decisiones de compra y en el precio que están dispuestos a abonar por cada pieza.

En medio de la reciente crisis, Estados Unidos decidió suspender de manera temporal las inspecciones necesarias para autorizar embarques provenientes del estado, alegando preocupaciones por la seguridad de sus equipos. Esta medida detuvo el flujo de nuevos envíos y generó incertidumbre entre los productores mexicanos, quienes dependen en gran medida del mercado estadounidense para colocar cerca del 90% de su producción.

La mandataria Claudia Sheinbaum respondió anunciando un refuerzo de autoridades en las zonas productoras y el inicio de negociaciones con EEUU, con el objetivo de lograr que las actividades se reanuden en el menor tiempo posible.

Este contexto ha reactivado el debate sobre las consecuencias económicas y sociales de los problemas de seguridad en la cadena de suministro del “oro verde”.

Cómo las noticias influyen en la percepción y el precio del aguacate

Un estudio encabezado por el Dr. Juan Carlos Angulo y Aldo Gutiérrez-Mendieta de la Universidad Iberoamericana, exploró el papel que juegan las noticias en la formación de la opinión pública y en la disposición de los consumidores a pagar por el aguacate mexicano. La investigación interrogó si un titular positivo o negativo puede alterar el valor percibido de un producto cuya calidad no ha variado.

Para comprobarlo, en marzo de 2025, los investigadores realizaron un experimento con 900 adultos residentes en Estados Unidos. Los participantes leyeron diferentes titulares: algunos resaltaban beneficios para la salud y otros hacían referencia a daños ambientales o a la relación de la producción con grupos delictivos.

Los resultados fueron claros: el tipo de información recibida y su enfoque afectan de manera directa la valoración económica del producto. Las noticias sobre conflictividad y violencia disminuyeron de forma considerable la disposición a pagar. Dicho efecto fue más notorio que el generado por publicaciones sobre daños ambientales.

Frente a la pregunta de qué pasó con las exportaciones de aguacate mexicano, el experimento y la coyuntura actual muestran que la inseguridad y su cobertura mediática pueden convertirse en obstáculos tanto comerciales como reputacionales. No solo se trata de si el producto cruza la frontera, sino de cómo los compradores interpretan la información y ajustan su comportamiento de consumismo.

Diferencias en la reacción de los consumidores ante la información

La investigación también evidenció que no todos las personas que adquieren este producto procesan los datos de la misma forma. Quienes ya tenían el hábito de consumir esta fruta mostraron mayor resistencia a cambiar su disposición de pago frente a noticias adversas. Por el contrario, aquellos que no lo hacían regularmente fueron más influenciables por los mensajes sobre conflicto, y redujeron con mayor rapidez el monto que pagarían.

Este hallazgo sugiere que las experiencias previas y las preferencias personales funcionan como un filtro ante la avalancha informativa, modulando el efecto de los titulares en las decisiones individuales.

La coyuntura actual en Michoacán, marcada por la suspensión de inspecciones estadounidenses, ilustra cómo un problema de seguridad puede convertirse en un obstáculo inmediato para el comercio exterior, demostrando que la información que circula en los medios puede afectar de manera tangible el valor y la demanda del aguacate mexicano, más allá de las fronteras físicas.

Restablecer las inspecciones es solo un paso para normalizar el flujo comercial. Sin embargo, abordar los problemas de violencia que rodean la producción será esencial para preservar la reputación y la posición del aguacate mexicano en uno de sus mercados más importantes.

Un expolicía de Texas fue detenido cuando presuntamente intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos después de un ataque armado que dejó tres personas muertas y una mujer gravemente herida en Saltillo, Coahuila. La Fiscalía General del Estado sostiene que el móvil del crimen estuvo relacionado con la disputa por la custodia de su hijo de tres años.

El imputado, identificado como Chad “N”, enfrenta cargos por doble feminicidio, homicidio calificado e intento de feminicidio, mientras un juez le impuso prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.

¿Cómo ocurrió el ataque en Saltillo?

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto en una vivienda de la colonia Antonio Cárdenas, donde Chad “N” acudió para llevarse al menor. De acuerdo con la investigación, una discusión con familiares de su expareja derivó en un ataque con arma de fuego.

Las víctimas mortales fueron Ana Laura, madre de Litzy; Emmanuel “N”, pareja de ella, y Laura Jaqueline. Litzy sobrevivió al ataque, aunque permanece hospitalizada en estado crítico.

La Fiscalía documentó que las víctimas recibieron al menos ocho disparos, la mayoría dirigidos a la cabeza. Tras la agresión, el sospechoso abandonó el lugar con el niño a bordo de una camioneta Chevrolet.

La captura en la frontera con Estados Unidos

Después del ataque, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para localizar al sospechoso.

Las cámaras de videovigilancia detectaron la camioneta cuando ingresó a Piedras Negras, por lo que elementos de seguridad instalaron un cerco en el puente internacional hacia Eagle Pass, Texas.

Chad “N” fue detenido antes de cruzar la frontera junto con el menor. Posteriormente, peritos le practicaron una prueba de rodizonato de sodio, cuyo resultado fue positivo para residuos de disparo de arma de fuego, según la carpeta de investigación.

El niño quedó bajo resguardo de su tío materno, con intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

La investigación apunta a un conflicto familiar

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía reconstruyó la relación entre Chad “N” y Litzy “N”. Ambos se conocieron en 2022, cuando él trabajaba como policía y le levantó una infracción de tránsito en San Antonio, Texas.

La pareja contrajo matrimonio un año después y tuvo un hijo en 2023. Según las autoridades, apenas una semana después del nacimiento del menor ocurrió un primer episodio en el que Chad presuntamente lo sustrajo, situación que derivó en una orden de restricción por violencia familiar.

Aunque posteriormente mantuvieron un régimen de convivencia autorizado, Litzy viajó a Saltillo el 27 de julio para permanecer con su familia. Chad la acompañó hasta Coahuila, donde ambos planeaban adquirir una vivienda.

La investigación sostiene que la relación volvió a deteriorarse tras una discusión ocurrida el 2 de agosto.

Chad “N” permanecerá en prisión preventiva

La carpeta de investigación incluye más de 700 fotografías, más de 20 indicios periciales y diversos testimonios recabados por la Fiscalía.

Además, las autoridades señalaron que Chad “N”, quien recientemente se declaró en bancarrota, tenía restringido el acceso a armas de fuego en Estados Unidos debido a una denuncia previa por violencia familiar.

Durante la audiencia, el imputado solicitó que se considerara su estado de salud mental al afirmar que padece episodios de ansiedad. Sin embargo, la jueza determinó imponer prisión preventiva justificada y fijó para el 11 de agosto la audiencia de vinculación a proceso, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia administrativa por tres años para tres personas señaladas por su presunta participación en hechos de violencia en partidos entre Club Atlético Alumni y Club Leandro N. Alem de Villa Nueva. Según la resolución publicada el 7 de agosto en el Boletín Oficial, la medida alcanza a todo evento deportivo en el territorio nacional y se incorpora al esquema de control del programa Tribuna Segura.

La decisión se inscribe en la política oficial de prevención de la violencia en el fútbol y refuerza el uso de controles de admisión con alcance nacional y fue firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva. El texto establece que la sanción administrativa recae sobre Dylan Alex Caceres, Daniel Elian Alexander Caceres y Jorge Alberto Ayala. El expediente se inició a partir de un pedido formulado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, en el marco de los incidentes ocurridos el 19 de abril de este año durante un partido.

El encuentro se disputó en el estadio de Alumni durante un torneo organizado por la Liga Villamariense de Fútbol. Además, las autoridades reconstruyeron antecedentes de episodios violentos protagonizados por sectores radicalizados de simpatizantes de ambas parcialidades en distintos cruces entre los mismos clubes.

La resolución menciona tres fechas puntuales en las que se habrían registrado antecedentes: 3 de noviembre de 2024, 19 de abril de 2026 y 14 de junio de 2026. En esa secuencia, describieron enfrentamientos entre hinchas, lanzamiento de proyectiles, lesiones al personal policial, roturas de alambrados perimetrales, daños sobre vehículos públicos y privados, además de la detonación de pirotecnia no autorizada.

El Boletín Oficial sostiene que esos hechos motivaron actuaciones judiciales por su gravedad y remarca la reiteración de incidentes cada vez que se enfrentan los representativos de ambas entidades. Sobre esa base, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, consideró procedente aplicar la figura de restricción de concurrencia administrativa para impedir la presencia de personas que podrían alterar el orden.

La medida se apoya en normas dictadas en 2017 que todavía siguen vigentes. Ese año, el Decreto 246 reglamentó la Ley del Deporte y habilitó al Ministerio de Seguridad a imponer restricciones de ingreso a espectáculos futbolísticos para personas consideradas un riesgo para la seguridad pública. A partir de esa base, la Resolución 354-E estableció el mecanismo administrativo para aplicar esas prohibiciones. La decisión publicada este 7 de agosto utiliza justamente esa herramienta para impedir por tres años el acceso de los tres involucrados a eventos deportivos en todo el país.

La resolución de este viernes deja asentado que la prohibición rige para todo evento deportivo en todo el territorio nacional, no solo para los partidos de Alumni y Alem Villa Nueva. Otro punto relevante del texto es que la medida entra en vigencia desde su dictado, lo que implica aplicación inmediata desde la firma de la resolución, más allá de su publicación posterior en el Boletín Oficial.

La actuación también expone el rol del programa Tribuna Segura, una de las herramientas utilizadas por el Estado nacional para controlar el acceso a estadios y detectar personas con restricciones de ingreso. La incorporación de nombres a esos registros permite ejecutar la prohibición en operativos de admisión en canchas y otros eventos deportivos.

En esta ocasión, la medida fue impulsada inicialmente a partir de un pedido específico realizado por las autoridades de una provincia, aunque el impacto de la decisión abarca y afecta a todo el territorio nacional. La resolución afirma que “es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”, aludiendo expresamente a la importancia de evitar cualquier alteración que pudiera perturbar el desarrollo normal de ese encuentro.

La trata de personas en México enfrenta una transformación que desafía los esfuerzos institucionales y revela su naturaleza cambiante. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió que las redes criminales han perfeccionado sus métodos, combinando explotación presencial y digital, lo que dificulta su detección y combate.

De acuerdo con el Sexto Reporte de Trata de Personas del Consejo Ciudadano, en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026, la sofisticación operativa de estos grupos se refleja en su capacidad para aprovechar vulnerabilidades sociales, económicas y emocionales, así como en la utilización de plataformas digitales para expandir su alcance y construir relaciones de confianza antes de ejercer coerción.

Según el documento, entre enero de 2025 y junio de 2026, se identificaron 712 personas involucradas directamente en la probable comisión de este delito y al menos 19 grupos delictivos mencionados en reportes de víctimas o testigos.

El 28.3% de los agresores identificados son familiares directos como madres, padres, abuelos, tíos o hermanos, mientras que el 14.8% corresponde a empleadores y el 8.9% a parejas.

El 63% de los tratantes identificados son hombres, generalmente líderes y violentos, y el 34% son mujeres, muchas de ellas captoras o promotoras de confianza, reclutadas por vínculos previos o por haber sido exvíctimas.

Las redes familiares y la estructura criminal

Las redes de trata operan con una lógica de adaptación permanente. Algunas organizaciones mantienen estructuras empresariales con funciones claramente divididas: cabecillas, reclutadores, transportistas, vigilantes, explotadores, administradores financieros, facilitadores externos y encargados de seguridad.

Esta división especializada explica que, incluso cuando algunos miembros son detenidos, las redes puedan seguir operando y reclutando víctimas.

El Consejo Ciudadano sostiene que combatir la trata solo desde la vía penal resulta insuficiente, ya que el negocio criminal persiste mientras existan ganancias. Por ello, es fundamental atacar la ruta del dinero, desarticular mecanismos de lavado de activos y reducir la demanda que alimenta la explotación.

Lugares de captación y explotación

El 31% de los casos de explotación ocurre en residencias o casas, el 16% en bares o restaurantes, el 12% en negocios y el 11% en hoteles o moteles.

En la modalidad de explotación sexual y prostitución ajena, los principales lugares son hoteles y moteles con el 29%, casas rentadas o Airbnb con el 24%, bares con el 17% y negocios con el 5%.

La captación suele darse en el círculo cercano a la víctima, a través de relaciones de confianza, afectivas o laborales, lo que obstaculiza la identificación y la denuncia.

Los tratantes recurren a la manipulación emocional, amenazas, coerción económica y retención de documentos para mantener el control sobre las víctimas.

Trata de personas en el entorno digital

El entorno digital es el principal escenario de contacto, manipulación y explotación, especialmente para niñas, niños y adolescentes. El 92% de las víctimas menores de edad en casos de material de abuso sexual infantil fueron contactadas por medios digitales.

El número de víctimas en esta modalidad aumentó de 696 en el periodo anterior a más de mil entre 2025 y 2026, representando el 73% de los casos de trata identificados.

Las plataformas más utilizadas por los agresores son Instagram (18.4%), WhatsApp (16.5%), Facebook (14.1%), aplicaciones de citas, Telegram, TikTok y videojuegos como Free Fire, Roblox, Discord, Among Us y Fortnite.

Los agresores suelen presentarse como amigos virtuales, desconocidos, personas que buscan pareja en línea, ex parejas o compañeros. Construyen relaciones prolongadas antes de ejercer manipulación y explotación.

La convergencia entre trata y sextorsión se refleja en que el 35% de los reportes de sextorsión están relacionados con material de abuso sexual infantil, con montos extorsionados de hasta 20 mil pesos.

Casos ilustrativos y retos emergentes

Los casos documentados muestran la diversidad de las redes y la gravedad del problema.

Un adulto mayor explotado por su propio hijo para pedir limosna y despojado de su dinero; una mujer argentina captada en una página web y explotada sexualmente en México junto a otras extranjeras; una adolescente de 13 años manipulada y chantajeada en Roblox hasta desarrollar pensamientos suicidas; y una joven de 16 años extorsionada por su exnovio con amenazas de publicar imágenes íntimas, por las que pagó más de 20,000 pesos.

El Consejo Ciudadano subraya la urgencia de fortalecer la inteligencia digital, la alfabetización tecnológica y la cooperación internacional para anticipar y combatir las nuevas modalidades del delito.

La explotación de menores a través de videojuegos y redes sociales representa una tendencia creciente y preocupante.

Por primera vez, personas consumidoras de pornografía reportan el hallazgo de material vinculado a niñas, niños y adolescentes.

El fenómeno de la trata en México se ha consolidado como un problema híbrido y multidimensional que combina explotación presencial y digital, violencia de género, abuso sexual infantil, extorsión, captación en línea, movilidad y delincuencia tecnológica.

El reto es anticipar las herramientas tecnológicas emergentes y fortalecer respuestas especializadas que puedan adaptarse con la misma rapidez con la que evoluciona el delito.

El concejal de Bogotá, Jairo Avellaneda, en sus redes sociales alegó que, hasta el momento, las autoridades distritales no han adoptado acciones inmediatas para evitar que la violencia se convierta en parte del entorno laboral, luego del caso viral.

En primer lugar, el cabildante expresó malestar porque, según informó a Infobae Colombia, el reporte policial del que tuvo conocimiento indica que los señalados agresores no han sido judicializados y que, en principio, no fueron capturados.

De hecho, este medio conoció la respuesta oficial de TransMilenio sobre los hechos. Lejos de confirmar las detenciones, desde la empresa se informó que “junto con las empresas de vigilancia, ha promovido la presentación de las denuncias correspondientes y ha brindado acompañamiento a los trabajadores afectados durante su proceso de recuperación”.

“TransMilenio también indicó que adelanta las investigaciones correspondientes frente a las personas involucradas en las agresiones y reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar la labor de los vigilantes, promover la cultura ciudadana y evitar hechos de violencia que puedan poner en riesgo a trabajadores y usuarios del sistema”, se lee en el reporte de la empresa masiva de transporte público de la capital.

Al respecto, Avellaneda manifestó que “ningún trabajador debe exponerse a golpes por cumplir con su deber”, y que, al no haber procesos judiciales serios en marcha, se puede caer en la normalización de estas situaciones como “accidentes laborales”.

“Un puñetazo en la cara es un accidente laboral. ¿A dónde hemos llegado?”. El concejal dirigió un llamado directo al alcalde de Bogotá y al gerente de TransMilenio, a quienes pidió tomar medidas para frenar estos episodios. “Le hago el llamado al señor alcalde, a la persona que está gerenciando TransMilenio: detengan esto, por favor”, solicitó.

Para Avellaneda, este escenario resulta inaceptable. Por ende, exigió que los casos sean investigados y sancionados con rigor. “La violencia debe ser investigada, sancionada y prevenida”, puntualizó el concejal, mientras pidió un mayor ejercicio de la autoridad, respeto y seguridad tanto para usuarios como para empleados del sistema.

Además, el concejal calificó de inaceptable que la respuesta institucional a estos hechos consista en considerar la violencia como parte de la rutina laboral.

Por qué las capturas no son inmediatas en estos casos: abogado penalista explicó

El abogado penalista Cristian Camilo Salazar Reyes abordó los principales aspectos jurídicos relacionados con la captura inmediata de presuntos agresores y las garantías procesales que deben respetar las autoridades en Colombia.

De un lado, el jurista explicó a Infobae Colombia que, en el sistema judicial colombiano, existen dos figuras principales: la captura en flagrancia y la captura por orden judicial.

En el primer caso, detalló que la persona debe ser sorprendida cometiendo el delito o inmediatamente después, con evidencia suficiente, como registros de cámaras, que demuestren la comisión del hecho. Solo bajo estas condiciones procede la intervención de las autoridades judiciales o policiales, siempre garantizando los derechos del capturado.

En cuanto a la captura por orden judicial, Salazar Reyes indicó que debe existir una orden escrita y motivada, emitida por un juez de control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Existen casos excepcionales en los que un fiscal puede emitir la orden si no hay un juez disponible, pero en todos los escenarios se deben cumplir requisitos legales estrictos.

“Sin estos requisitos, la captura será considerada ilegal y dará lugar a la libertad inmediata de la persona”, advirtió.

El abogado también recordó que, una vez realizada la captura, la persona debe ser presentada ante un juez para la audiencia de legalización dentro de las 36 horas siguientes. En esta diligencia se revisa si se cumplieron todas las exigencias de ley; si no es así, el detenido debe ser dejado en libertad.

Ahora, en cuanto a la vinculación de los presuntos agresores a un proceso penal, Salazar Reyes explicó que se requiere una noticia criminal que puede originarse por denuncia, de oficio o por una orden especial. La Fiscalía debe analizar si los hechos denunciados se corresponden con una conducta tipificada como delito en el código penal. En caso contrario, la actuación podría derivar en sanciones administrativas o civiles, pero no penales.

No obstante, el abogado aseguró que cuando existen casos de impunidad, o de capturas por actos delictivos evidentes, es por incumplimientos legales.

“Lo que existe es la necesidad de aplicar las reglas de juego claras. Entonces, volviendo al caso en concreto, que si se presentan los presupuestos de flagrancia, que se proceda a la captura inmediata, pero que adicionalmente satisfagan las garantías”, dijo.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas desplegó un centenar de fiscales especializados, peritos, ministerios públicos y agentes de investigación en los municipios fronterizos con Guatemala, ante un aumento de diez veces en los feminicidios registrados en la región del Soconusco entre enero y julio de 2026.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca anunció la medida la tarde de ayer en Tapachula, donde precisó que más del 50 por ciento de los feminicidios del estado se cometen en esa zona. En el mismo periodo de 2025, solo se registró un caso.

De acuerdo con un recuento pro Infobae México, la cifra es contundente: de un feminicidio entre enero y julio de 2025, la región fronteriza acumuló 10 en el mismo lapso de 2026.

Llaven Abarca sostuvo que la dependencia tiene una efectividad del 80 por ciento en el esclarecimiento de los casos, pero subrayó que la estrategia de “cero impunidad” debe complementarse con prevención.

El despliegue en la frontera sur de Chiapas

El reforzamiento no se limita al Soconusco. La FGE también atenderá homicidios dolosos y narcomenudeo, que han generado hechos de violencia en los municipios colindantes con Guatemala. Llaven Abarca estuvo acompañado de fiscales especializados en feminicidio, homicidio y atención a migrantes, además del Centro de Justicia para las Mujeres.

El fiscal señaló que los esfuerzos gubernamentales deben ir acompañados de participación ciudadana desde los hogares. “Hay que focalizar los esfuerzos en atender esos delitos”, dijo, y agregó que el feminicidio “es un tema que hay que atender de manera inmediata”.

Chiapas, cuarto estado con más feminicidios en México al corte de mayo

El contexto nacional amplía la dimensión del problema. Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con datos a mayo de 2026, Chiapas ocupó el cuarto lugar entre los estados con más feminicidios, con 18 víctimas en los primeros cinco meses del año.

Los municipios de Tapachula y Tuxtla Chico —ambos en la región Soconusco— figuraron entre los 20 municipios del país con mayor concentración de casos, con 3 víctimas cada uno al corte de mayo. A nivel nacional, el acumulado llegó a 267 feminicidios entre enero y ese mes, con 59 casos solo en mayo.

El informe del SESNSP también registró 658 homicidios dolosos de mujeres en el país durante los primeros cinco meses de 2026. Sinaloa encabezó la lista de feminicidios con 34 víctimas, seguido por la Ciudad de México y el Estado de México, con 20 cada uno.

El caso Beany Lozano: feminicidio en Tuxtla Chico y captura en Sinaloa

Uno de los casos que impulsó la presión social sobre las autoridades chiapanecas fue el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García, ocurrido el 6 de abril de 2026 en Tuxtla Chico. La joven salió de su casa de madrugada acompañada de su novio, identificado como José Manuel “N”, alias “El Tito”. Horas después, su familia la localizó en un hospital con un disparo en la cabeza.

Beany Lozano falleció días después de ser encontrada. La Fiscalía de Chiapas ofreció hasta 500 mil pesos de recompensa por la captura del responsable, quien se convirtió en uno de los objetivos más buscados en el estado.

El 3 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República detuvieron a “El Tito” en Guasave, Sinaloa, gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó el arresto.

La familia de Beany no esperó en silencio. El 12 de junio, durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, los familiares recorrieron las calles aledañas con pancartas y fotografías de la víctima. “Queremos justicia. Si las autoridades no pueden encontrarlo, esperamos que la sociedad nos ayude”, dijo la tía de la joven, Montserrat Lozano, a Infobae México.

Asesinato en la Central de Abasto de Comitán: dos sicarios capturados

El 22 de julio, a las 17:30 horas, dos hombres llegaron en taxi a la Central de Abasto de Comitán de Domínguez y abrieron fuego dentro de una pollería. Cecilia Viviana López García recibió un disparo en la cabeza y murió días después por traumatismo craneoencefálico severo. Su acompañante, Wilmar Enrique López García, sobrevivió al ataque.

Las cámaras de videovigilancia del mercado permitieron identificar a los agresores. La FGE Chiapas detuvo a Francisco Daniel “N” en el propio municipio de Comitán, mientras que Carol Jonathan “N” fue capturado en Guadalajara, Jalisco, tras darse a la fuga. El fiscal Llaven Abarca informó que el móvil habría sido una disputa entre locatarios del mercado. La FGE solicitará hasta 100 años de prisión para ambos imputados.

Ataque a bar en Villaflores y narcomenudeo en la ruta a Tapachula

El 2 de agosto, a las 4 de la mañana, dos hombres llegaron en motocicleta al bar Francos, en Villaflores, y dispararon contra la fachada del establecimiento. El local estaba vacío, por lo que no hubo víctimas, aunque se hallaron más de 20 cartuchos percutidos en el lugar.

La FGE identificó y detuvo a los responsables: Mario Antonio “N”, alias “El Chino”, y Alan Exxon “N”, alias “El Padrino”. Las investigaciones determinaron que el móvil fue la extorsión que ambos ejercían sobre el dueño del bar. Llaven Abarca anunció que solicitará la pena máxima, de hasta 70 años de prisión, para los dos imputados.

En el frente del narcomenudeo, el 27 de julio las autoridades federales interceptaron en Huimanguillo, Tabasco, un camión que transportaba una tonelada con 225 kilogramos de presunta marihuana con destino a Tapachula. El conductor, Luis Ángel “N”, fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones para establecer el origen del cargamento y los posibles implicados.

Novatadas en la Normal Rural Mactumactzá y el patrón de violencia estatal

El 29 de julio, Llaven Abarca instruyó a la Fiscalía Metropolitana abrir investigaciones por las novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, tras la presentación de cinco denuncias formales. El anuncio se produjo al término de una mesa de seguridad encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Panteló.

Representantes de 50 familias se manifestaron a las afueras del plantel para denunciar que sus hijos fueron sometidos a privación de alimentos, ingesta forzada de café hirviendo y trabajos de campo que dejaron a varios estudiantes con convulsiones y fracturas. El fiscal advirtió: “No habrá impunidad ante estos lamentables hechos de violencia cometidos en agravio de jóvenes estudiantes”.

El conjunto de estos hechos —diez feminicidios en siete meses, asesinatos en mercados públicos, ataques a negocios y tráfico de drogas hacia la frontera— trazó el mapa de violencia que llevó a la FGE a concentrar un centenar de agentes especializados en la franja fronteriza con Guatemala. La institución afirma que el 80% de los casos se esclarecen, pero la velocidad con que se acumulan los nuevos expedientes pone a prueba esa capacidad.

Una preocupante racha de violencia ha golpeado a la comunidad de migrantes nicaragüenses en Costa Rica durante los primeros días de agosto de 2026. Diversos ataques armados y agresiones con armas blancas ocurridos en distintas regiones del país centroamericano han dejado un saldo trágico de varios ciudadanos de origen nicaragüense muertos y gravemente heridos, hechos que se encuentran bajo una intensa investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de los sucesos más sangrientos se registró durante la madrugada del pasado domingo (2 de agosto), en la localidad turística de Tamarindo, en el cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste.

Dos hombres de nacionalidad nicaragüense, identificados por las autoridades con los apellidos Espinoza, de 32 años, y Contreras, de 33, viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron emboscados. De acuerdo con los informes preliminares brindados por el OIJ, otro automóvil interceptó a las víctimas y desde su interior desconocidos dispararon en múltiples ocasiones. La ráfaga de proyectiles causó la muerte instantánea de ambos ocupantes, mientras que los perpetradores se dieron a la fuga y continúan sin ser localizados por los cuerpos policiales.

Ese misma noche, en la provincia de Alajuela, un joven de nacionalidad nicaragüense, identificado como Yerling Antonio Hernández Martínez, de 24 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en las afueras de un establecimiento nocturno en Santa Fe de Guatuso.

Informes judiciales detallan que el incidente se desencadenó a partir de una acalorada discusión dentro de un bar, en la que participaron tres hombres. La riña derivó en que dos de los sujetos atacaran a Hernández Martínez con un puñal, propinándole heridas mortales. Pese a la pronta llegada de la Cruz Roja, los socorristas determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales. En un rápido operativo, la Fuerza Pública logró la detención de dos sospechosos de participar en el crimen, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.

Apenas unos días después, la violencia volvió a golpear la zona guanacasteca. En la madrugada de ayer, miércoles 5 de agosto, alrededor de la 1:00 a. m., se reportó un grave atentado directo en la comunidad de Corralillo de Filadelfia, en el cantón de Carrillo. Un hombre nicaragüense de apellido Ruiz resultó gravemente herido tras ser acribillado.

Según la reconstrucción de los hechos, el afectado se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó que alguien lo llamaba desde la parte exterior. Al salir a atender la llamada, fue atacado a balazos a quemarropa.

Ruiz sufrió cuatro impactos de bala distribuidos en el tórax, la clavícula y la mano izquierda. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazarán para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia hacia un centro médico de la localidad, y posteriormente al hospital regional de Liberia debido a la gravedad de sus lesiones.

Éxodo desde Nicaragua: La crisis bajo el régimen de Daniel Ortega empuja a miles hacia Costa Rica

Esta preocupante seguidilla de hechos violentos pone de manifiesto la vulnerabilidad de una población que ha crecido exponencialmente en territorio costarricense durante los últimos años. El continuo deterioro socioeconómico, la represión política y la sistemática persecución de la disidencia impuesta por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua han provocado uno de los éxodos migratorios más grandes en la historia reciente de Centroamérica.

Miles de ciudadanos nicaragüenses se ven forzados a abandonar su tierra natal ante el acoso estatal, la falta de libertades fundamentales y la escasez de oportunidades laborales. Costa Rica, por su proximidad geográfica y su histórica tradición de acogida, se ha convertido en el principal destino de refugio para las familias nicaragüenses que buscan salvaguardar sus vidas y construir un futuro digno.

Sin embargo, al llegar al país tico, los migrantes nicaragüenses no solo se enfrentan al reto de la integración laboral y social, sino que también quedan expuestos al alarmante incremento en los índices de criminalidad e inseguridad que enfrenta el país vecino.

El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Javier Acevedo, consideró que Honduras enfrenta un problema estructural de violencia que continúa sin una respuesta efectiva por parte del Estado.

A juicio del defensor de derechos humanos, las acciones implementadas hasta ahora no han logrado responder a las expectativas de la población, por lo que considera necesario revisar el enfoque de la política de seguridad y fortalecer los mecanismos de investigación criminal.

Acevedo sostuvo que el éxito de una estrategia de seguridad no debe medirse únicamente por el número de capturas, decomisos o efectivos desplegados en las calles, sino por la capacidad de prevenir los delitos antes de que ocurran y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Cuestionó que en ocasiones el debate público se centre en estadísticas sobre la reducción de determinados delitos, cuando la percepción ciudadana continúa marcada por la inseguridad y el temor generado por hechos de alto impacto.

El representante de Ciprodeh también señaló que las masacres registradas en los últimos meses no corresponden a una situación aislada en departamentos como Yoro o Atlántida, sino que evidencian una problemática que afecta distintas regiones del territorio nacional.

Manifestó que combatir la violencia requiere fortalecer las capacidades investigativas, mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y atacar las causas que alimentan la criminalidad.

Medidas insuficientes

Acevedo también expresó su desacuerdo con un eventual regreso al estado de excepción como principal herramienta para enfrentar la delincuencia, al recordar que este mecanismo ya fue aplicado anteriormente sin resolver de manera definitiva los problemas de inseguridad.

Según indicó, la suspensión temporal de garantías constitucionales no sustituye la necesidad de construir una política pública sostenida que priorice la prevención, la investigación y el combate a la impunidad.

Frente a las críticas, la Secretaría de Seguridad anunció una nueva fase de su estrategia para combatir la criminalidad, con operaciones en los 30 municipios donde se concentra aproximadamente el 70% de los hechos violentos registrados en el país.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que el plan forma parte de las acciones impulsadas durante los primeros 180 días de la administración del presidente Nasry Asfura y busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional mediante una reorganización institucional.

Como parte de los resultados presentados por las autoridades, se informó sobre la desarticulación de 117 estructuras criminales, el decomiso de más de 4.000 armas de fuego y la captura de casi 5.000 personas presuntamente vinculadas con organizaciones delictivas.

Las autoridades sostienen que estas acciones permitirán reducir los homicidios y debilitar a las redes del crimen organizado que operan en diferentes zonas del país.

Desplazamiento por la violencia

Más allá de las cifras de criminalidad, la violencia continúa teniendo un impacto social. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples revelan que alrededor de 423.845 personas, equivalentes al 4,5% de la población hondureña, han sufrido desplazamiento interno por causa de la violencia en algún momento de sus vidas.

La medición, realizada por el Instituto Nacional de Estadística con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, ACNUR y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y ACNUR, constituye el primer estudio nacional que incorpora indicadores específicos para medir este fenómeno.

Los resultados muestran que cerca del 38,5% de las personas desplazadas experimentaron una doble afectación al verse obligadas a abandonar sus hogares tanto por hechos violentos como por desastres naturales.

El informe también muestra que las mujeres representan el 55% de la población desplazada, mientras que las personas entre 15 y 34 años concentran aproximadamente el 38% de los casos. Además, el 11% de quienes han sufrido desplazamiento son niñas, niños y adolescentes menores de 14 años.

Las cifras reflejan que la violencia en Honduras no solo representa un problema de orden público, sino también una crisis con consecuencias sociales y humanitarias. Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que reducir los homicidios debe ir acompañado de políticas orientadas a prevenir la violencia, fortalecer la investigación criminal, combatir la impunidad y proteger a las personas obligadas a abandonar sus hogares por amenazas o hechos delictivos.

La administración de Santa Cruz de la Sierra, la región más poblada de Bolivia, sugirió al Gobierno de Rodrigo Paz aplicar una “intervención militar conjunta” ante una “ola de violencia extrema” que afecta al departamento tras varios asesinatos, emboscadas a policías y la reciente fuga de presos, vinculados a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que estos hechos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”.

Santistevan convocó y recomendó al Gobierno nacional que, bajo el Estado de excepción, disponga “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”. Además, solicitó que se autorice a la fuerza militar “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.

El funcionario sostuvo que estos hechos “no son aislados” y afectan a todo el país, no solo a Santa Cruz. El pedido se produjo horas después del asesinato de un ciudadano extranjero en el centro de la ciudad, atacado por dos presuntos sicarios, según medios locales. Más temprano, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más poblada y considerada la más conflictiva del país, situada en Santa Cruz, tras un corte de luz en uno de los pabellones.

La Policía de Bolivia difundió los retratos de Alex Heleno Da Silva, detenido por asesinato, y Junior Da Silva Fernando, acusado de tráfico de armas, e inició un plan de búsqueda y recaptura tras su fuga de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. La semana pasada, un ciudadano brasileño fue asesinado a tiros en el municipio de San Ignacio de Velasco, en un hecho que la Policía atribuye a un ajuste de cuentas.

En otro incidente, un grupo de sicarios asesinó a cuatro personas hace una semana atrás al ingresar a una hacienda en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. Al día siguiente, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían a esa zona para investigar el caso. Uno de los policías fue acribillado y los atacantes trasladaron su cuerpo, que luego abandonaron en una pista clandestina.

El Gobierno de Rodrigo Paz vinculó los hechos ocurridos en San Matías con las organizaciones criminales brasileñas PCC y CV, enfrentadas por el control de las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esta disputa habría generado laa ola de violencia en la zona.

El Ministerio de Gobierno anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar el combate a las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información entre ambos países.

En medio de este panorama, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, solicitó al Gobierno nacional reforzar la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado. Álvarez remarcó la importancia de incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público. “La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, afirmó.

Ante la escalada de la violencia, Bolivia desplegó más de 200 agentes policiales en San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil. El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, confirmó a la cadena Unitel que el contingente arribó a la localidad la noche del lunes y ya realiza labores de rastreo, registros y controles preventivos en la zona.

(Con información de EFE)

Un grupo de personas irrumpió en una vivienda donde comenzaron a disparar con armas de fuego, provocando lesiones a varios integrantes de una familia y lanzando amenazas antes de retirarse del lugar. El episodio sucedió en Colonia Santa Rosa, en la provincia de Salta y cuatro hombres de 19, 21, 29 y 30 años quedaron imputados como presuntos coautores.

El hecho ocurrió durante la mañana del 1 de agosto, cuando los agresores ingresaron a la casa y, según la denuncia, atacaron a quienes se encontraban en el interior. La causa quedó a cargo de la fiscal penal María Sofía Fuentes, de la delegación Colonia Santa Rosa, quien imputó de manera provisional a los sospechosos por lesiones leves agravadas por la intervención de más de tres personas, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas con arma, en concurso real.

Asimismo, se les atribuye el uso de un arma blanca para herir a una de las víctimas durante el hecho a algunos de los imputados. Esa circunstancia forma parte de las medidas probatorias en curso, junto con peritajes y otras diligencias ordenadas por la fiscalía.

Como consecuencia del ataque, varios integrantes del grupo familiar que se encontraban en una vivienda del asentamiento Nueva Esperanza, en Colonia Santa Rosa, resultaron heridos. Además, los atacantes provocaron daños en la propiedad.

Cómo avanza la causa

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras la audiencia de imputación la Fiscalía pidió que los acusados continúen detenidos mientras avanzan las medidas dispuestas para esclarecer el episodio. La investigación apunta a reconstruir la secuencia del ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

La imputación formalizó el avance de la causa abierta tras el ataque denunciado por la familia. En ese marco, la acusación no solo contempla las lesiones sufridas por integrantes del grupo familiar, sino también la presunta portación ilegítima de arma de fuego y las amenazas con arma atribuidas a los sospechosos.

El Tribuno informó que el avance de la causa incluyó distintos procedimientos policiales que terminaron con la detención de los cuatro sospechosos. En ese marco, también se produjo el secuestro de un arma de fuego y municiones, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa permanece en etapa investigativa, con los acusados imputados y bajo pedido de continuidad de detención mientras la Fiscalía reúne más pruebas sobre lo ocurrido. En el procedimiento intervienen la Fiscalía Penal de Pichanal y el juzgado de Garantías de Orán y la investigación queda a la espera de que se determine con mayor precisión la responsabilidad individual de cada imputado.

Violencia en Salta

El ataque investigado en Colonia Santa Rosa volvió a poner el foco sobre la violencia que atraviesa distintos puntos de Salta, donde en los últimos días también se conocieron otros hechos graves bajo investigación judicial. Entre ellos aparece el crimen de un hombre ocurrido en plena vía pública.

El ataque se registró sobre calle Damián Torino, donde vecinos alertaron por una persona herida y tendida en la calle. Cuando llegaron los servicios de emergencia, constataron que la víctima presentaba una lesión compatible con un arma blanca. La causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para la autopsia.

De acuerdo con las primeras diligencias, los investigadores analizaban si el homicidio se produjo en el marco de una pelea previa. A partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad, se identificó y detuvo a un sospechoso, mientras la fiscalía avanzaba con medidas para establecer el móvil del ataque y precisar si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor.

En los últimos años, las calles de Santo Domingo han sido testigo de un fenómeno inquietante: una de cada cuatro armas de fuego incautadas en toda la República Dominicana fue recuperada en la capital, según cifras recientes de la Policía Nacional.

El dato pone en primer plano la magnitud del tráfico y uso de armas ilegales en la principal provincia del país, en un contexto donde el control de la violencia y la seguridad ciudadana se mantienen como prioridades urgentes.

La información recopilada por Diario Libre, detalla que entre 2020 y lo que va de 2026 las autoridades decomisaron 1,102 armas de fuego a nivel nacional, de las cuales 270 corresponden a Santo Domingo.

Este porcentaje, equivalente al 24.5% del total, supera ampliamente a otras regiones, lo que destaca la presión particular que enfrenta la capital en materia de seguridad.

En declaraciones recogidas por el medio, funcionarios de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva enfatizaron que el Distrito Nacional ocupa el segundo lugar con 146 armas incautadas, seguido por San Cristóbal con 82.

Las estadísticas oficiales atribuyen estos resultados a operativos focalizados y un fortalecimiento de los patrullajes en áreas urbanas. “La concentración poblacional y la dinámica de la delincuencia en Santo Domingo exigen intervenciones constantes”, explicó un portavoz de la dirección policial.

El análisis de la incautación revela que las armas decomisadas no se distribuyen de manera homogénea en el país. Algunas provincias, como La Altagracia y Puerto Plata, reportan 52 casos cada una; mientras que otras, como Santiago y San Pedro de Macorís, suman 49 y 48 respectivamente. En contraste, zonas fronterizas como Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez no registraron decomisos en el periodo analizado, lo que marca una diferencia clara frente a las áreas urbanas y turísticas.

De acuerdo con el reporte, el tipo de armamento incautado está dominado por las pistolas, que representan el 82.5% del total con 909 unidades. Les siguen 123 revólveres, 63 escopetas, cinco fusiles y dos rifles.

Este predominio de armas cortas responde, según las autoridades, a la facilidad de ocultamiento y portabilidad, factores que inciden en su uso para la comisión de delitos en entornos urbanos. Un agente de la Policía Nacional explicó que “la mayor parte de las incautaciones se dan en el contexto de intervenciones preventivas y denuncias ciudadanas”.

El comportamiento anual de las incautaciones muestra fluctuaciones significativas. En 2024, se registró el mayor pico con 447 armas decomisadas, seguido por 315 en 2023. El año pasado, la cifra descendió a 128, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 49. Los años de la pandemia desde 2020, 2021 hasta 2022 presentaron cifras más bajas, con 33, 44 y 86 armas incautadas respectivamente.

Las autoridades destacan que la lucha contra la posesión ilegal de armas cuenta con respaldo legal en la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Esta normativa establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes porten armas sin licencia, además del decomiso y sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 50 salarios mínimos del sector público.

“La aplicación rigurosa de la ley es fundamental para reducir la circulación de armas y prevenir hechos violentos”, afirmó un funcionario de la dirección legal de la Policía.

El informe también pone de relieve la disparidad regional en la presencia de armas ilegales. Mientras en provincias como Azua, María Trinidad Sánchez, Monte Plata y Hato Mayor las cifras oscilan entre 15 y 22 incautaciones, en otras, como Elías Piña, solo se reportó un caso. La tendencia, según los analistas policiales, responde tanto a factores geográficos como a la intensidad de los operativos y la colaboración comunitaria.

Las autoridades subrayan que el combate a la tenencia ilegal de armas requiere la participación activa de la ciudadanía, así como la continuidad de los controles en puntos estratégicos y el fortalecimiento de la inteligencia policial.

“El desarme es una tarea permanente que solo rinde frutos cuando existe coordinación entre los distintos sectores sociales”, concluyó el portavoz de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva.

José Luis Silva Andrade, defensor ambiental de la comunidad de Agua Fría en Michoacán, suma 22 días desaparecido luego de que el 15 de julio de saliera de su vivienda para verificar un reporte de tala ilegal. Su caso expone el clima de riesgo que enfrentan quienes protegen los bosques y el territorio en la región, donde las amenazas y agresiones son parte de la vida cotidiana para quienes defienden el medio ambiente.

La desaparición de Silva Andrade ocurre en un contexto marcado por la presión de grupos criminales y la inercia de las autoridades. Tras su desaparición, familiares y organizaciones han exigido la intervención de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la implementación de medidas urgentes de protección para la familia y la comunidad de Agua Fría.

Amnistía Internacional condenó la desaparición del defensor y subrayó que la investigación debe considerar como línea principal su labor ambiental, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de derechos humanos. Hasta ahora, la respuesta oficial no incluye avances públicos sobre la localización del defensor ni un esquema concreto de protección colectiva.

Amenazas constantes y exigencia de protección efectiva

La tarde del 16 de julio, un hombre presuntamente vinculado con el crimen organizado llegó al domicilio de las hermanas de Silva Andrade. Les dijo que lo tenían retenido y que debían acudir a “negociar con el jefe”. La amenaza escaló: si no firmaban documentos para ceder las tierras, José Luis sería golpeado y desaparecido. Esta presión directa no es nueva para la familia, víctima de intimidaciones desde meses atrás por su activismo ambiental. Desde febrero, al menos dos incidentes involucraron a hombres armados que buscaron a Rolando Silva Andrade, hermano de José Luis y también defensor ambiental. En marzo, la esposa de Rolando, Reyna Coello, recibió mensajes y llamadas de advertencia: si la comunidad no entregaba los terrenos, habría levantones.

La desaparición de defensores ambientales, un patrón en Michoacán

El caso de José Luis Silva Andrade no es aislado. Michoacán registra un patrón de agresiones contra quienes trabajan para frenar la deforestación y la apropiación ilegal de tierras. Organizaciones civiles y comunitarias han documentado que la tala ilegal suele estar ligada a intereses económicos de grupos criminales. El riesgo aumenta para los líderes y sus familias, quienes enfrentan represalias por su labor.

La desaparición de Silva Andrade ocurre en medio de denuncias de otras comunidades que han visto cómo la presión y la violencia buscan desplazar a quienes defienden el bosque. En Agua Fría, la familia Silva Andrade es reconocida por su activismo en la protección del agua, el bosque y el territorio. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas pidió que se evalúe el riesgo que enfrenta la comunidad y que se adopten medidas de protección individuales y colectivas.

El Estado mexicano, obligado a garantizar la búsqueda y protección

El caso de José Luis Silva Andrade pone en el centro la obligación del Estado mexicano de desplegar todos los recursos para localizarlo con vida y proteger a quienes defienden el territorio. La legislación nacional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen que la labor de defensa ambiental debe ser considerada como línea principal en la investigación de estos delitos.

Familiares, organizaciones y la comunidad han reiterado la exigencia: la búsqueda debe ser inmediata y coordinada. El Mecanismo de Protección debe evaluar e implementar medidas urgentes para la familia y para los defensores de Agua Fría. La desaparición de un defensor ambiental representa un ataque a quienes luchan por el bien común y por el derecho de todas las comunidades a un medio ambiente sano.

El caso de José Luis Silva Andrade mantiene en alerta a defensores y habitantes de Michoacán, quienes insisten en que la búsqueda y la protección de las personas defensoras sean prioridad para las autoridades.

Colectivos defensores de derechos humanos denunciaron un presunto ataque con arma de fuego contra la vivienda de la periodista comunitaria y defensora del territorio Penélope Estefanía Galicia Argumedo, conocida como “Mayahuel”, ocurrido el pasado lunes 3 de agosto en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con las organizaciones, al llegar al domicilio encontraron vidrios rotos por el impacto de una bala y, en el exterior de la vivienda, restos de un casquillo percutido.

La Colectiva Cihuacóatl alertó sobre la agresión mediante un comunicado e hizo un llamado urgente a organizaciones y colectivos para mantenerse atentos a futuras comunicaciones sobre el caso.

Según la organización, el ataque ocurre en un contexto de tensión entre los pueblos originarios y autoridades de la alcaldía Xochimilco, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal. Además, señalaron que la agresión se suma a denuncias previas de violencia, amenazas y criminalización contra personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en la zona.

Una bala atravesó una habitación donde vive una persona menor de edad

La Colectiva Cihuacóatl informó que una de las balas atravesó una habitación donde reside una persona menor de edad, por lo que advirtió que las consecuencias “pudieron ser grandes e irreparables”.

Hasta el momento no se ha precisado la hora exacta del ataque, ya que las personas que habitan la vivienda se encontraban fuera cuando ocurrieron los hechos.

Por su parte, el colectivo Suela Dignidad condenó la agresión y aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo episodio dentro de una serie de ataques contra la activista y periodista comunitaria.

Entre sus exigencias a los tres niveles de gobierno solicitaron:

• El esclarecimiento inmediato del ataque.
• La identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales.
• La implementación de medidas cautelares y de protección para Estefanía Galicia y su familia.

Asimismo, señalaron como corresponsables a la alcaldía Xochimilco, al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno federal por, según su postura, mantener un clima de hostigamiento hacia quienes defienden los derechos de los pueblos originarios y sus territorios.

Antecedentes de hostigamiento contra Estefanía Galicia

Los colectivos recordaron que este no es el primer acto de violencia contra la periodista.

Como antecedente, señalaron que el 7 de enero de 2024 su domicilio fue rociado con sangre, hecho que calificaron como un acto de intimidación.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2024, Estefanía Galicia fue privada de la libertad durante varias horas y después detenida durante una manifestación en la explanada de la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con las organizaciones, tras su detención, elementos policiacos le habrían dicho que “su cabeza tenía precio” y que “esperarían cuando se enfriaran las cosas” para actuar en su contra.

Los colectivos sostienen que el reciente ataque con arma de fuego representa una escalada en el hostigamiento del que ha sido objeto.

Carpeta de investigación contra la periodista se mantiene como antecedente

Las organizaciones también señalaron que el ataque ocurre mientras continúa una carpeta de investigación abierta en contra de Estefanía Galicia, situación que, afirman, incrementa su condición de vulnerabilidad y constituye un mecanismo para desacreditar su labor como comunicadora y defensora del territorio.

De acuerdo con la Recomendación 1/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la investigación penal se inició el 5 de septiembre de 2024, luego de que fuera detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) durante una protesta en la explanada de la alcaldía Xochimilco.

La carpeta fue abierta tras el señalamiento de una persona servidora pública, quien la acusó, junto con otras personas manifestantes, de dirigir la protesta y provocarle lesiones en el rostro. Por ello fue investigada por los delitos de lesiones dolosas, resistencia de particulares y motín.

Sin embargo, en noviembre de 2024, la alcaldía Xochimilco desistió de la denuncia.

CDHCM acreditó violaciones a derechos humanos durante su detención

En la misma recomendación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México determinó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía Xochimilco vulneraron los derechos humanos de Estefanía Galicia, particularmente su derecho a la protesta social en su dimensión colectiva y su derecho a la integridad psicológica.

La Comisión concluyó que ambas autoridades mantuvieron una actitud pasiva al no proteger a las personas manifestantes cuando un grupo civil ajeno irrumpió para agredirlas y dispersar la protesta. Asimismo, documentó el uso indebido de la fuerza por parte de elementos policiales durante la detención de la periodista.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas por presunto homicidio correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2025. El informe oficial muestra una reducción generalizada en el volumen de agresiones mortales registradas en el país, al contabilizar de forma preliminar un total de 27 mil 989 defunciones. Esta cifra se traduce en una tasa nacional de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa una baja considerable frente a la tasa definitiva de 25.8 reportada en 2024. Sin embargo, detrás de la mejoría en los indicadores generales de seguridad, la estadística oficial refleja que persiste una profunda brecha de género en la exposición al riesgo y en el impacto de la violencia homicida.

Al analizar la información desagregada por sexo, los datos del INEGI exponen que la violencia homicida afecta de manera abrumadora y desproporcionada a la población masculina. Durante 2025, la tasa de presuntos homicidios registrada en varones se ubicó en 38.4 por cada 100 mil hombres. En contraste, el indicador correspondiente a las mujeres registró una tasa preliminar de 4.7 por cada 100 mil habitantes de sexo femenino. En términos comparativos, esta marcada disparidad indica que la probabilidad de que un hombre muera a causa de un homicidio en México resulta más de ocho veces superior a la que enfrenta una mujer, confirmando la persistencia de una marcada asimetría en los patrones de victimización.

Caída en la tasa masculina y la permanencia del riesgo

En el caso específico de los varones, el indicador de 2025 representa un descenso de 8.0 puntos respecto a la tasa definitiva reportada en 2024, la cual se había situado en 46.4 homicidios por cada 100 mil hombres. La serie histórica expuesta por el organismo estadístico desde 1990 demuestra que la población masculina ha sido el grupo más afectado por el repunte delictivo de las últimas dos décadas. Luego de un incremento acelerado iniciado hacia 2008, la violencia contra hombres alcanzó su punto más crítico en 2018, cuando la tasa masculina superó los 53 casos por cada 100 mil habitantes. A pesar de que la tendencia descendente observada a partir de 2021 se consolidó durante el año pasado, los varones continúan concentrando la inmensa mayoría de las muertes violentas derivadas de agresiones directas y enfrentamientos.

Por su parte, la tasa de homicidios en mujeres mostró también un retroceso en 2025 al pasar de 5.6 en 2024 a 4.7 casos por cada 100 mil mujeres. El comportamiento histórico refleja que la violencia fatal contra la población femenina alcanzó sus niveles más altos en la serie reciente entre los años 2018 y 2021, periodo en el que la tasa se mantuvo por encima de los 6.0 homicidios por cada 100 mil. Aunque la tasa femenina es considerablemente menor en volumen respecto a la masculina, las agresiones mortales contra las mujeres suelen ocurrir en contextos diferenciados, vinculados con frecuencia a esquemas de violencia intrafamiliar y agresiones sistemáticas.

Armas de fuego: el medio predominantemente empleado

El reporte preliminar del INEGI desglosa asimismo los mecanismos utilizados para perpetrar estos crímenes. El principal medio especificado en los registros fue el disparo con arma de fuego, el cual estuvo presente en el 70.8 % de los homicidios totales. En un distante segundo lugar se ubicaron las armas u objetos punzocortantes, involucrados en el 9.4 % de los casos.

La alta frecuencia en el uso de armas de fuego influye de manera determinante en la letalidad de los delitos y en la acumulación de homicidios en la vía pública, entornos donde cuantitativamente los hombres registran una mayor exposición. Los datos provienen del programa de Estadísticas de Defunciones Registradas, recabados en oficialías del Registro Civil, agencias del Ministerio Público y servicios médicos forenses del país.

La tranquilidad de la colonia Bethania, en San Miguel Centro, se vio alterada la noche del martes, cuando un hombre irrumpió por la fuerza en la casa de su excompañera de vida y la atacó con un cuchillo, dejando a dos mujeres con lesiones graves.

El hecho fue confirmado por la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes acudieron tras recibir una alerta de emergencia de los vecinos.

De acuerdo con la información oficial, Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, llegó a la vivienda impulsado por presuntos “celos”.

Según el reporte de la PNC, el hombre agredió primero a su expareja, provocándole heridas profundas. Al intentar intervenir, la madre de la víctima también resultó atacada y sufrió lesiones de consideración. Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde permanecen bajo observación médica.

Fuentes policiales informaron que, tras recibir el reporte, un equipo de inteligencia de la PNC desplegó un operativo que permitió localizar y detener al sospechoso en la colonia Ciudad Toledo, dentro del mismo municipio.

La PNC confirmó que Granados Masferrer será remitido a las autoridades por el delito de intento de homicidio. A través de un comunicado la institución afirmó: “Hacemos un llamado al respeto a la vida y advertimos que quienes cometan este tipo de hechos enfrentarán las consecuencias legales que establece la ley”.

Las investigaciones continúan para determinar si existían antecedentes de violencia entre las partes y para esclarecer los motivos que llevaron al ataque.

El caso se suma a una tendencia preocupante de agresiones contra mujeres en El Salvador. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de (Ormusa), entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 se contabilizaron 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador, igualando la cifra registrada durante todo el mismo periodo de 2025, aunque el ciclo de monitoreo de 2026 aún no concluye.

Este registro muestra que la violencia feminicida continúa afectando a mujeres en diferentes etapas de la vida y constituye una grave violación de derechos humanos.

De estos, más de la mitad corresponden a agresiones cometidas por personas cercanas a las víctimas, como parejas o exparejas. Las cifras reflejan que la mayoría de los casos se registran en áreas urbanas, aunque también se reportan incidentes en zonas rurales, lo que evidencia la extensión del problema.

Las estadísticas recopiladas por ORMUSA señalan que, en promedio, cada día se reportan al menos 15 incidentes de violencia contra mujeres en el territorio salvadoreño.

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier forma de agresión y han puesto a disposición líneas de atención para quienes requieran apoyo.

El caso de la colonia Bethania ha generado indignación entre organizaciones sociales y defensores de los derechos de las mujeres, quienes insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención. La PNC manifestó que continuará realizando patrullajes y labores de inteligencia en la zona para prevenir nuevos hechos similares.

Las investigaciones, según lo informado por las autoridades policiales, buscan establecer con claridad la secuencia de los hechos y determinar el nivel de responsabilidad de Granados Masferrer en el ataque.

La violencia en Yoro dejó cuatro muertos y dos heridos en una masacre registrada en las últimas horas en la colonia Francisco Murillo Soto, en el municipio de Olanchito, Honduras.

Según el informe preliminar de las autoridades, hombres armados atacaron a un grupo de personas por causas que aún están bajo investigación.

Dos de las víctimas murieron en el lugar del ataque, mientras que otras cuatro fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.

Horas después se confirmó la muerte de dos de los heridos por la gravedad de las lesiones, con lo que el número de víctimas fatales subió a cuatro. Las otras dos personas continúan recibiendo atención médica, entre ellas una mujer ingresada en el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito.

El jefe de la Policía Nacional en Olanchito, comisario Herlan Vindel, confirmó el hecho a medios locales e indicó que equipos de investigación trabajan en la recolección de pruebas para establecer el móvil del crimen e identificar tanto a las víctimas como a los responsables.

La escena permaneció acordonada por agentes policiales y personal de Medicina Forense, que realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias para la investigación.

Dolor e incertidumbre

Tras conocerse la tragedia, familiares y vecinos llegaron al lugar del ataque en medio del llanto y la desesperación. Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de las cuatro personas fallecidas.

Habitantes de la colonia Francisco Murillo Soto manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos violentos en la zona y señalaron que la inseguridad continúa afectando la tranquilidad de la población.

“Ya no se aguanta la violencia”, expresaron algunos residentes, quienes pidieron mayor presencia policial y acciones concretas para prevenir nuevos hechos criminales.

El departamento de Yoro figura entre las regiones con mayor incidencia de homicidios múltiples en Honduras. Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Yoro está entre los cinco departamentos donde más masacres se han registrado en los últimos años, junto con Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Colón.

Con este hecho, Honduras suma 17 masacres en lo que va de 2026, tomando como referencia que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) había contabilizado 16 homicidios múltiples antes de este ataque.

Esa cifra dejaba al menos 75 víctimas mortales, por lo que el saldo nacional continúa en aumento tras lo ocurrido en Olanchito. A nivel histórico reciente, el CONADEH advirtió que entre diciembre de 2022 y mayo de 2026 el país registró al menos 118 masacres.

Qué dicen las autoridades

Las autoridades policiales informaron que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables.

En pronunciamientos sobre los homicidios múltiples registrados este año, los organismos de seguridad han señalado que buena parte de estos hechos estaría relacionada con disputas entre estructuras del crimen organizado, narcotráfico y conflictos entre grupos armados.

También aseguraron que mantienen operativos de inteligencia y acciones coordinadas con el Ministerio Público para capturar a los implicados.

Agresión en hotel de Nezahualcóyotl

La víctima se encontraba en el área de lavado de un hotel ubicado en la colonia Metropolitana Tercera Sección cuando ocurrió la agresión. Era el 24 de julio cuando Bryan Geovanni “N” llegó al lugar y comenzó a agredir verbal y físicamente a la mujer.

El agresor le realizó tocamientos de índole sexual y la despojó del dinero que llevaba entre su ropa. Tras cometer la agresión, huyó del establecimiento.

La trabajadora solicitó de inmediato auxilio a elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, quienes lograron la detención del sujeto y su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

Investigación y orden de aprehensión

Con el avance de las indagatorias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció la probable participación de Bryan Geovanni “N” en los delitos de abuso sexual y robo con violencia.

A partir de esa determinación, la FGJEM solicitó ante una autoridad judicial la emisión de una orden de aprehensión en su contra. La solicitud fue aprobada y los elementos de la Fiscalía procedieron a cumplimentarla.

El detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde permanece a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso judicial.

Cargos y penas que enfrenta el imputado

Bryan Geovanni “N” es investigado por dos delitos: abuso sexual y robo con violencia, ambos en agravio de la trabajadora del hotel. Por el primero, podría recibir una pena de hasta 4 años de prisión; por el segundo, la condena podría alcanzar hasta 14 años de prisión.

La FGJEM precisó que, conforme a derecho, Bryan Geovanni “N” debe ser considerado inocente en tanto no exista una resolución judicial que lo declare culpable.

Colonia Metropolitana Tercera Sección, escenario del ataque

El hotel donde ocurrieron los hechos se localiza en la colonia Metropolitana Tercera Sección, una de las zonas del municipio de Nezahualcóyotl, en el oriente del Estado de México.

Fue en el área de lavado de ese establecimiento donde la víctima desempeñaba sus labores cuando fue sorprendida por el agresor. La rapidez con la que la mujer pidió ayuda a la policía municipal resultó determinante para la detención inicial del imputado.

La intervención oportuna de los agentes municipales permitió que el caso fuera turnado al Ministerio Público, instancia que dio inicio formal a la carpeta de investigación que derivó en la orden de aprehensión ejecutada por la FGJEM.

Nezahualcóyotl, municipio con historial de agresiones similares

El caso de Bryan Geovanni “N” no es el único de su tipo en el municipio. En febrero de 2026, elementos de la policía de Nezahualcóyotl detuvieron a Omar “N.”, de 33 años, por realizar tocamientos sin consentimiento a una mujer en la colonia Impulsora.

En materia de seguridad, las autoridades municipales y estatales reportan avances: los homicidios dolosos en Nezahualcóyotl cayeron 70% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del gobierno del Estado de México. El municipio también registró una reducción general de 17.4% en delitos de alto impacto durante 2025.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 93% de los delitos en México no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, lo que implica que los descensos oficiales pueden no reflejar la totalidad de los hechos.

Las cifras preliminares dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre las defunciones por presunto homicidio en 2025 marcan un punto de cambio en la trayectoria reciente de la violencia en México. Con un total de 27 mil 989 casos contabilizados de forma preliminar y una tasa nacional de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, los resultados del año pasado confirman un alejamiento significativo respecto al trienio más violento registrado en la historia estadística del país, correspondiente al periodo 2018-2020.

El análisis comparativo de la serie histórica acumulada desde 1990 pone en evidencia que los años comprendidos entre 2018 y 2020 representaron la etapa de mayor gravedad en la crisis de seguridad pública. Durante esa ventana de tiempo, el volumen anual de defunciones por homicidio superó de forma constante la barrera de los 36 mil 500 casos, lo que elevó la tasa nacional a un máximo histórico de 29.1 homicidios por cada 100 mil personas. Al contrastar la tasa preliminar obtenida en 2025 (21.4) con la cresta observada en 2018 y 2020 (29.1), se identifica una disminución de 7.7 puntos en el indicador nacional, lo que equivale a una contracción relativa del 26.4 % en el nivel de letalidad general.

De la meseta crítica a la tendencia descendente

La trayectoria del indicador trazada por el INEGI permite examinar las distintas fases de la violencia en el país durante las últimas décadas. Tras el pronunciado quiebre registrado a partir del año 2008 —cuando la tasa nacional se elevó aceleradamente desde un mínimo de 8.1 casos por cada 100 mil habitantes—, México experimentó una primera oleada que tuvo su punto culminante en 2011 con una tasa de 23.3. Posterior a un periodo de modesta reducción entre 2013 y 2015, sobrevino una segunda escalada de mayor magnitud que derivó en la meseta crítica de 2018 a 2020.

A partir del año 2021, las mediciones oficiales del instituto comenzaron a registrar descensos anuales consecutivos. El resultado preliminar reportado para 2025 ubica el indicador de violencia en su nivel más bajo desde 2016, año en que la tasa nacional se situó en 19.9 por cada 100 mil habitantes, rompiendo así con casi una década en la que las tasas se mantuvieron de forma persistente por encima de los 25 homicidios por cada 100 mil personas.

Comportamiento por género frente al máximo histórico

El descenso frente a los picos históricos se manifiesta en ambos sexos, aunque con amplitudes proporcionales distintas. En el caso de los varones, la tasa de homicidios se redujo a 38.4 por cada 100 mil en 2025, lo que representa una contracción de 14.7 puntos al compararse con el máximo histórico alcanzado en 2018, cuando el indicador masculino llegó a 53.1 casos por cada 100 mil hombres.

En lo que respecta a las mujeres, la tasa preliminar de 2025 se situó en 4.7 por cada 100 mil habitantes. Al contrastar esta cifra con el máximo histórico para la población femenina registrado en el periodo 2020-2021 (6.1 por cada 100 mil), la reducción acumulada es de 1.4 puntos.

Persistencia del arma de fuego en el panorama nacional

A pesar de la disminución general en el volumen absoluto y relativo de muertes violentas, las modalidades de agresión no han cambiado de forma sustancial en comparación con los años de mayor crisis. El uso de armas de fuego se mantiene como la causa determinante, al intervenir en el 70.8 % de los homicidios especificados en 2025.

Los datos preliminares de 2025 confirman que la brecha respecto al periodo crítico de 2018-2020 se consolida, marcando una distancia sostenida frente a los años de mayor letalidad registrados por el INEGI.

Durante la noche de este lunes, la tranquilidad en zona 21 de Ciudad de Guatemala se vio interrumpida por un ataque armado que terminó con la vida de un adolescente de 15 años. La emergencia movilizó a los cuerpos de socorro y puso en alerta a las autoridades locales, que mantienen bajo investigación los motivos detrás de este hecho violento.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de la 78 compañía, una serie de llamadas alertó sobre disparos en el sector de Nimajuyu 1, módulo 18-01. Al llegar, el personal encontró al menor gravemente herido y sin signos vitales. Los socorristas confirmaron el fallecimiento en el lugar y procedieron a notificar a la Policía Nacional Civil (PNC).

El área fue acordonada por los agentes de los agentes policiales, quienes solicitaron a los bomberos evacuar la escena y restringieron la documentación del hecho mientras esperaban la llegada del Ministerio Público para procesar la escena. La presencia policial buscó preservar la evidencia y garantizar el desarrollo de las diligencias de ley. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado las hipótesis que se manejan sobre el ataque ni la identidad de posibles responsables.

Este incidente en la capital guatemalteca se suma a una serie de hechos violentos reportados en distintas regiones del país. Durante la misma jornada, en el departamento de Suchitepéquez, se registró la muerte de un empresario en circunstancias similares. La víctima fue identificada como Jonathan Cancinos Dimas, de 38 años, fue localizado sin vida dentro de un vehículo tipo pick-up en un camino de terracería en la zona de Santa Bárbara.

De acuerdo con las primeras pesquisas del Ministerio Público (MP), Cancinos habría sido interceptado por personas no identificadas, quienes lo atacaron con armas de fuego. La víctima fue ubicada en la parte trasera del vehículo, cerca de la finca Santa Inés, y el automotor presentaba múltiples impactos de bala, lo que evidencia la violencia con la que se cometió el hecho.

Durante las diligencias, los peritos del MP recolectaron indicios que, según explicaron, serán clave para la investigación del crimen. Las autoridades distribuyeron imágenes del vehículo dañado, las cuales muestran la magnitud del ataque. Residentes de la zona han señalado que las calles de terracería y áreas montañosas de Santa Bárbara frecuentemente son utilizadas por delincuentes para perpetrar hechos similares y luego escapar.

En ambos casos, las autoridades han reforzado la presencia policial en los sectores afectados y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias y detener a los responsables. Estos sucesos alimentan la preocupación de la población ante el aumento de la violencia en diversas localidades de Guatemala, donde la inseguridad persiste como uno de los principales desafíos para las autoridades.

La coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ha permitido la recopilación de evidencia relevante en ambas escenas. El tratamiento de los casos se mantiene bajo reserva, mientras avanza el proceso de investigación. La comunidad permanece expectante por los avances y resultados de las pesquisas oficiales.

La violencia homicida ha dejado una fuerte huella en el inicio de agosto en El Salvador, con tres asesinatos y la captura de al menos cinco sospechosos en distintos puntos del país.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Santa Ana, donde la Policía Nacional Civil (PNC) logró arrestar al responsable horas después del crimen.

En Santa Ana Centro, la madrugada de este lunes, una mujer fue asesinada en su vivienda. La víctima, de 32 años, fue atacada con arma blanca por un hombre que luego huyó de la escena.

Las autoridades desplegaron equipos de Inteligencia, Investigaciones y del protocolo de resolución de homicidios para localizar al responsable. Según la información policial, Eduardo Mauricio Urbina García llegó por cuenta propia a una delegación policial, presentando aparentes signos de ebriedad cuando confesó haber cometido el asesinato. Las investigaciones confirmaron que era vecino de la víctima y mantenía una obsesión no correspondida hacia ella. Al verse rechazado, tomó la decisión de quitarle la vida.

Urbina García será procesado por homicidio, podría enfrentar una pena de 35 años hasta cadena perpetua.

Discusión de billar que terminó en homicidio

El tercer caso se registró en Apaneca, cabecera de Ahuachapán Centro, el día martes 3 de agosto. La víctima, un hombre de 40 años, fue atacada con un objeto contundente tras una discusión en un billar, donde se encontraba bebiendo alcohol junto a otros sujetos.

De acuerdo con la investigación, la riña escaló y los agresores terminaron con la vida del hombre. Tres personas fueron capturadas e identificadas como Noé de Jesús Campos González, Juan Gabriel Segura Hernández y Nicolás Alberto Pérez Tovar. Todos serán remitidos ante las autoridades por el delito de homicidio. Una persona más resultó lesionada y permanece bajo atención médica.

Las autoridades salvadoreñas han reiterado que cualquier persona que atente contra la vida de otra enfrentará la cárcel. El inicio de agosto deja una serie de hechos violentos y una rápida respuesta policial en los tres departamentos afectados, mientras los procedimientos judiciales avanzan para determinar las responsabilidades penales de los capturados.

Mientras que el primer homicidio del mes fue reportado en El Divisadero, en el departamento de Morazán Sur. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitará la cadena perpetua para los presuntos responsables, Rubén Alonso S. y Juan Pablo M., quienes están señalados por la muerte de un adulto mayor de 66 años. La víctima fue reportada como desaparecida el 1 de agosto. Tras la activación del Protocolo de Acción Urgente junto a la PNC, su cuerpo fue localizado el día siguiente en una quebrada, con signos de violencia y quemaduras.

Según la reconstrucción oficial, Rubén Alonso S. atrajo a la víctima bajo pretexto de mostrarle un ganado que supuestamente iba a adquirir en el cantón Loma Larga. En ese lugar, lo esperaba Juan Pablo M., quien lo atacó con un golpe en la cabeza. Ambos sustrajeron $11,200 en efectivo, rociaron gasolina sobre el cuerpo y le prendieron fuego antes de escapar.

El vehículo de la víctima fue abandonado y el teléfono móvil destruido para dificultar el trabajo de los investigadores.

La aparición de dos hombres maniatados, con signos de tortura y ejecutados con arma de fuego en menos de 24 horas, en sectores separados por apenas unos kilómetros, ha encendido las alarmas de las autoridades panameñas sobre la creciente violencia asociada a las organizaciones criminales.

Los dos homicidios, ocurridos entre la noche del domingo 2 y la mañana del lunes 3 de agosto, son investigados por el Ministerio Público como hechos relacionados entre sí y se producen pocos días después del asesinato de un joven nicaragüense durante una persecución y balacera en Panamá Viejo, una zona que en las últimas semanas ha registrado varios episodios violentos.

El primer hallazgo ocurrió la noche del domingo, cuando residentes reportaron el cuerpo de un hombre abandonado sobre la avenida Cincuentenario, a la altura de Panamá Viejo, frente a un establecimiento comercial.

La víctima estaba amarrada de pies y manos, amordazada y presentaba múltiples heridas de bala, además de evidentes signos de haber sido sometida previamente a torturas. Para los investigadores, la forma en que el cuerpo fue dejado en plena vía pública no solo buscaba deshacerse de la víctima, sino también enviar un mensaje a grupos rivales o a personas vinculadas con estructuras criminales, una práctica que ha sido documentada en otros países de la región donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

Menos de doce horas después, la violencia volvió a manifestarse en un punto cercano. La mañana del lunes 3 de agosto, las autoridades localizaron un vehículo sedán abandonado en los estacionamientos de un centro médico, en la vía Santa Elena, en Parque Lefevre.

En su interior se encontraba el cadáver de otro hombre que también estaba maniatado, presentaba lesiones compatibles con tortura y había sido asesinado con arma de fuego. Durante las diligencias, familiares acudieron al lugar y lograron identificar a la víctima, aunque las autoridades no divulgaron públicamente su identidad.

El fiscal superior de Homicidios y Femicidios, Jorge Luis Ferguson, confirmó que ambos casos mantienen características prácticamente idénticas, por lo que la investigación apunta a que forman parte de un mismo hecho criminal.

Entre los elementos comunes figuran las amarras, los signos de tortura, el uso de armas de fuego y la cercanía geográfica entre los dos escenarios. La Fiscalía y la Policía Nacional revisan imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Cincuentenario y la vía Santa Elena, con el propósito de reconstruir el recorrido de los vehículos utilizados para trasladar y abandonar los cuerpos.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil, una de las principales líneas de investigación apunta a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

Expertos en seguridad sostienen que la tortura previa a la ejecución y el abandono deliberado de los cadáveres en lugares visibles constituyen una modalidad utilizada para intimidar, marcar territorio o demostrar poder frente a grupos rivales.

En este tipo de homicidios, la violencia suele ir más allá de causar la muerte de la víctima y busca generar un impacto psicológico tanto en las organizaciones enfrentadas como en la comunidad.

La secuencia de estos crímenes ocurre apenas días después del asesinato de Joshua Alexander Lucero, un ciudadano nicaragüense de 19 años, quien murió tras una persecución y un intercambio de disparos registrado el 24 de julio en Calle Quinta de Panamá Viejo.

El joven conducía un vehículo junto a otro compatriota cuando fue interceptado por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil.

Aunque fue trasladado a un centro hospitalario, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. Tras ese ataque, la Policía Nacional capturó a tres personas, entre ellas otro ciudadano nicaragüense, mientras avanzaban las investigaciones sobre el caso.

Ese homicidio marcó el inicio de una cadena de hechos violentos en el sector. Días más tarde también se registró una persecución con intercambio de disparos frente al sitio arqueológico de Panamá Viejo, un episodio que quedó registrado en videos difundidos ampliamente en redes sociales y que evidenció el nivel de confrontación entre grupos armados.

La reiteración de estos sucesos en una misma zona ha incrementado la preocupación entre residentes y comerciantes, quienes observan un aumento de la violencia en espacios transitados y a plena luz del día.

Las autoridades mantienen operativos en Parque Lefevre, Panamá Viejo y sectores aledaños para identificar a los responsables de los dos homicidios más recientes y determinar si guardan relación con otras investigaciones abiertas sobre grupos dedicados al crimen organizado.

Mientras avanzan las diligencias, los dos cuerpos abandonados con señales de tortura y el asesinato del joven nicaragüense reflejan un patrón de violencia que preocupa por la crueldad de los métodos empleados y por el aparente intento de las organizaciones criminales de utilizar los homicidios como un mecanismo de intimidación y control territorial.

Panamá volvió a convertirse en escenario de una serie de golpes al narcotráfico internacional durante los primeros días de agosto, con el decomiso de 2,379 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en cinco operaciones desarrolladas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público.

La cifra equivale aproximadamente a 2.3 toneladas de droga, tomando como referencia el peso habitual de un kilogramo por paquete utilizado en este tipo de investigaciones.

Entre los casos sobresale la incautación de un cargamento que había salido del puerto de Savannah, en Estados Unidos, con destino final a Sídney, Australia, una ruta poco frecuente para los decomisos reportados en Panamá.

Las autoridades panameñas detectaron el cargamento durante un operativo de inteligencia y perfilamiento portuario, cuando especialistas del Senan identificaron irregularidades en los sellos de seguridad de un contenedor que transitaba por el país.

Tras coordinar con la Fiscalía de Drogas, se efectuó el allanamiento correspondiente y fueron encontrados 320 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en el interior del contenedor.

La operación elevó a 44,197 paquetes decomisados en 77 operaciones realizadas por la Aeronaval en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de la institución.

Aunque Estados Unidos es conocido principalmente como uno de los mayores mercados consumidores de cocaína, especialistas en seguridad han advertido que las organizaciones criminales también aprovechan su extensa infraestructura portuaria para reexportar cargamentos hacia otros continentes, mezclándolos con el enorme volumen de comercio legal.

Australia, por su parte, representa uno de los mercados más lucrativos del mundo para la cocaína debido a su alto precio en las calles, que puede multiplicar varias veces el valor que alcanza en América Latina o Europa.

Esa rentabilidad ha impulsado a las redes criminales a diversificar sus rutas marítimas y utilizar puertos de tránsito como los de Panamá para dificultar la trazabilidad de los envíos.

Las investigaciones internacionales de los últimos años muestran que Oceanía se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los carteles latinoamericanos.

Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han documentado un incremento en los intentos de introducir cocaína mediante contenedores comerciales, aprovechando cadenas logísticas globales que conectan puertos de América con Asia y Australia.

En ese contexto, Panamá, por su posición geográfica y su plataforma marítima, continúa siendo un punto de interés para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, aunque también mantiene una intensa actividad de vigilancia en sus terminales portuarias.

El segundo decomiso reportado por el Senan se produjo en isla Casaya, en el Archipiélago de las Perlas, donde unidades aeronavales localizaron una caleta subterránea que ocultaba 245 paquetes de presunta droga.

La ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia y patrullajes, que permitieron identificar varios sacos enterrados. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, el cargamento fue trasladado a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se confirmó el conteo oficial de los paquetes.

Los otros tres casos fueron informados por el Ministerio Público en coordinación con distintos estamentos de seguridad. En Costa Arriba de Colón, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, junto al Senan, decomisó 530 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en una embarcación con doble fondo, además de aprehender a dos personas.

En otro operativo, desarrollado en el corregimiento de 24 de Diciembre, la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial capturaron a tres ciudadanos panameños e incautaron 785 paquetes de presunta droga.

Finalmente, en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, fue detenido un conductor panameño que transportaba 499 paquetes escondidos dentro de 14 sacos cargados en un camión.

Las cinco operaciones reflejan la diversidad de métodos utilizados por las organizaciones criminales para mover cargamentos ilícitos a través del territorio panameño.

Mientras unas recurren a contenedores comerciales que forman parte del comercio internacional, otras utilizan embarcaciones modificadas, caletas clandestinas o vehículos de carga para intentar evadir los controles.

Esa variedad obliga a las autoridades a combinar inteligencia, perfilamiento de riesgo, inspecciones físicas y cooperación interinstitucional, tanto dentro del país como con agencias extranjeras.

Panamá mantiene desde hace años una posición estratégica en la lucha regional contra el narcotráfico debido a su Canal, sus puertos, sus conexiones marítimas y su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica.

Esa misma ventaja logística que impulsa el comercio mundial también es aprovechada por redes criminales que buscan introducir cargamentos en mercados de alto valor como Europa y, cada vez con mayor frecuencia, Oceanía.

Los decomisos registrados durante los primeros días de agosto, equivalentes a unas 2.3 toneladas de presunta droga, evidencian que las organizaciones continúan diversificando sus rutas, mientras las autoridades intentan anticiparse mediante operaciones de inteligencia en distintos puntos del país.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en el norte de Honduras tras dos episodios violentos ocurridos en las últimas horas: un enfrentamiento entre policías y presuntos pandilleros en San Pedro Sula, que dejó dos agentes heridos, un atacante muerto y cinco detenidos; y un ataque armado en Atlántida, donde fueron asesinados tres jóvenes.

El primer incidente ocurrió en la colonia Cerrito Lindo, en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, donde agentes de la Policía Nacional desarrollaban un patrullaje preventivo como parte de operaciones contra maras y pandillas.

Según el informe preliminar de las autoridades, cuando los uniformados recorrían la zona fueron atacados a disparos por un grupo de unos 10 presuntos integrantes de la Pandilla 18, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento resultaron heridos dos agentes policiales, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. Uno de los supuestos atacantes murió en el lugar tras ser alcanzado por disparos. El fallecido fue identificado únicamente con el alias de “El Apreciado”.

Operativo en San Pedro Sula

Como parte del operativo, la Policía Nacional informó la captura de cinco supuestos miembros de la estructura criminal, quienes quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar su presunta participación en el ataque contra los agentes.

El enfrentamiento ocurrió en Rivera Hernández, uno de los sectores con mayor incidencia de hechos de violencia en San Pedro Sula, donde en los últimos años las autoridades han intensificado allanamientos y operaciones debido a la presencia de estructuras criminales vinculadas a delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios.

Triple homicidio en Atlántida

Mientras las autoridades procesaban la escena en Cortés, otro hecho de sangre fue reportado en la aldea Roma, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Las autoridades identificaron como Tomás Boden Martínez, Darwin Vásquez y Noel Hernández a las tres víctimas de la masacre registrada en las últimas horas en una casa de playa ubicada en el sector de Roma, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, en el norte de Honduras.

De acuerdo con la versión oficial, varios hombres armados llegaron hasta la propiedad e irrumpieron en el inmueble, donde atacaron directamente a las víctimas con múltiples disparos.

De manera preliminar, las autoridades informaron que dos de los fallecidos habrían llegado procedentes de Islas de la Bahía

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que ya existen personas requeridas por las autoridades por su posible vinculación con el crimen, por lo que se desarrollan operativos para lograr su ubicación y captura.

Investigaciones en curso

El jerarca policial explicó que investigadores que ya realizaban diligencias en la zona fueron incorporados al caso para fortalecer las líneas de investigación y determinar tanto el móvil del ataque como la identidad de todos los responsables.

Ambos hechos son investigados de manera independiente por los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público, que buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los ataques.

En el caso de San Pedro Sula, las pesquisas se centran en esclarecer la participación de los detenidos y reconstruir el enfrentamiento registrado durante el operativo policial. En Atlántida, los investigadores recopilan evidencia, analizan testimonios y ejecutan otras diligencias para identificar plenamente a los autores materiales e intelectuales del triple homicidio.

Nelisa Figueroa, de 27 años, falleció tras recibir múltiples heridas cortantes, según las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

El presunto responsable, Keury Samuel Upía, apodado “el Tullido”, de 32 años, era su expareja sentimental y fue detenido en flagrante delito gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes evitaron que escapara del lugar.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, el crimen ocurrió en la residencia de la víctima. Tras recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes policiales acudieron al domicilio y encontraron a Figueroa sin signos vitales.

Los agentes arrestaron en el acto al presunto agresor, quien fue retenido por la comunidad hasta la llegada de las autoridades.

La Policía Científica recolectó en la escena el arma blanca utilizada y otras evidencias que forman parte de la investigación que ahora encabeza el Ministerio Público.

Pesqueira lamentó el asesinato y subrayó la gravedad del hecho, que deja en la orfandad a dos menores de siete y cuatro años. El funcionario confirmó que el sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para responder por el delito que se le imputa.

El caso de Nelisa Figueroa no es un hecho aislado. Solo en lo que va de 2026, la República Dominicana ha registrado al menos 24 feminicidios, según datos recogidos por observatorios y organizaciones feministas.

El más reciente, antes del caso de Nelisa, ocurrió en Santiago, donde una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja, quien posteriormente intentó suicidarse.

En abril, en San Cristóbal, la comunidad protestó tras el asesinato de una joven madre de 19 años, caso que también involucró a su expareja como principal sospechoso. Las cifras muestran que la mayoría de los feminicidios siguen el mismo patrón: agresores que eran parejas o exparejas de las víctimas, quienes en ocasiones ya habían denunciado situaciones previas de violencia.

La persistencia de estos crímenes ha generado un debate social sobre la eficacia de los mecanismos de protección para las mujeres y el rol de la justicia ante las denuncias. Diversos sectores han cuestionado la respuesta de las autoridades y han solicitado medidas más estrictas para prevenir este tipo de violencia, que en muchos casos termina en tragedias irreparables para las familias afectadas.

El Código Penal de República Dominicana tipifica el feminicidio como un delito grave y establece penas que pueden alcanzar los 30 años de prisión para quienes sean hallados culpables. La legislación reconoce el feminicidio como la muerte violenta de una mujer a manos de su pareja o expareja, motivada por razones de género. Asimismo, el Código Penal contempla agravantes cuando el crimen es cometido en presencia de menores o cuando la víctima había denunciado previamente amenazas o agresiones por parte del victimario.

La normativa dominicana establece también la obligación de las autoridades de actuar de oficio ante sospechas o denuncias de violencia de género, y la creación de unidades especializadas para la prevención, atención e investigación de estos delitos.

Sin embargo, a pesar del marco legal, organizaciones de la sociedad civil insisten en que la aplicación de la ley sigue siendo insuficiente y reclaman la creación de más refugios, programas de atención psicológica para víctimas y campañas de prevención sostenidas a nivel nacional. Los familiares de Nelisa Figueroa, al igual que los de otras víctimas, han pedido justicia y protección para los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras estos hechos.

La muerte de Figueroa vuelve a poner en el centro de la agenda pública la necesidad de fortalecer las políticas públicas y de garantizar que las denuncias de violencia sean atendidas con la urgencia y el rigor que requieren, para evitar que más mujeres pierdan la vida en circunstancias similares.

La familia de la empresaria, escritora, conferencista e influencer panameña Marie Claire González, fallecida el 11 de julio de este año a los 39 años, pidió investigar su muerte como un caso de violencia sicológica y suicidio inducido.

El deceso de Marie Claire llevó a la opinión pública a debatir sobre la salud mental, la violencia sicológica y la protección de los derechos de la mujer.

Su esposo, Omar Chen, y varios abogados ofrecieron detalles de una denuncia que ocho días antes de su deceso ella había interpuesto contra un empresario de una compañía en la que laboraba.

González era madre de dos hijos y había construido una comunidad de más de 150,000 seguidores en redes sociales.

En 2025, la revista Forbes la incorporó a la lista de las 50 mujeres poderosas e influyentes de Centroamérica. Ese reconocimiento se vinculó a su trabajo profesional y a las iniciativas que impulsó en el entorno digital y en causas sociales.

Las informaciones preliminares apuntaban hacia la hipótesis de un suicidio, aunque las autoridades panameñas no han difundido aún el informe forense.

“Exigimos justicia para Marie Claire, como familia consideramos como un deber moral defender su legado, honrar la verdad, su reputación y preservar la dignidad de quien ya no puede hacerlo por sí misma”, manifestó Chen.

Confirmó que antes de su fallecimiento la influencer libraba importantes procesos judiciales en defensa de sus derechos laborales y personales.

Chen explicó que el 3 de junio la joven presentó una querella penal en contra de una persona por el presunto delito contra la vida, la integridad personal en la modalidad de violencia sicológica.

Esa investigación, añadió, se encontraba en su etapa inicial, sin embargo, posteriormente se han incorporado elementos e indicios relevantes que fortalecen la investigación y que ella no pudo formular personalmente.

Un texto de despedida que dejó programado estuvo dirigido a sus hijos y allí describió el deterioro de su salud mental.

“Hay golpes que no se ven, hay heridas que nunca sanan, hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuantas veces los rompan. No me llamen fuerte, no me admiren, no me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos, perdónenme“, inició en el mensaje.

En uno de los fragmentos, escribió: "Espero que cada humillación, que cada desgaste legal, que cada grito en público que nos diste, que cada vez que calmé tus batallas, que tu falta de lealtad y de palabra, valgan la pena todo lo que has hecho. Espero que cada dólar te rinda, y que tu descendencia y la descendencia de tu descendencia viva con el karma de tus actos (...) Regatear mis derechos y los derechos de mis hijos es de gente miserable".

González relató que el trauma de su divorcio marcó el intento de rehacer su vida y que la relación que eligió después derivó en agresiones verbales y psicológicas.

La empresaria también vinculó su dolor con los efectos sobre sus hijos. “Creo que lo que más te ofendió fue que te desenmascaré públicamente... me quitaste las ganas de vivir, de confiar, y de creer en las buenas intenciones de los demás, le quitaste su mamá a mis hijos y espero que tu descendencia y la descendencia de tu familia cargue con eso, porque a diferencia de ustedes que creen en la brujería, yo sí creo en Dios, y Dios entiende mi dolor y sé que me recibe con amor”, concluyó.

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para no viajar a Michoacán después de que la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, desató bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la región de Los Reyes y Peribán, en una reacción atribuida a integrantes del Cártel de Los Reyes.

La representación diplomática advirtió que las fuerzas de seguridad locales permanecieron en alerta y que en la entidad se registraron bloqueos y actividad delictiva con riesgo de escalar. La recomendación recordó a los ciudadanos estadounidenses que la advertencia del Departamento de Estado para Michoacán se mantuvo en el nivel más alto: no viajar.

El episodio ocurrió después de que el Ejército Mexicano detuviera el sábado 1 de agosto en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón. Las autoridades mexicanas lo identificaron como líder del Cártel de Los Reyes, una facción que formó parte de Cárteles Unidos en la entidad.

La captura de “Poncho” provocó bloqueos e incendios en Los Reyes y Peribán

Tras el arresto, integrantes de esa organización criminal respondieron con narcobloqueos e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un camión de pasajeros.

La alerta consular describió un escenario de seguridad inestable en el estado y pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar las zonas cercanas a operaciones policiales. También recomendó reducir desplazamientos innecesarios y buscar refugio en caso de detectar señales de disturbios.

Entre las medidas incluidas en el aviso figuraron mantenerse atentos al entorno, evitar aglomeraciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales. La embajada también pidió dar seguimiento a las posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos.

La representación estadounidense añadió que sus connacionales debían mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud por llamadas, mensajes de texto y redes sociales. En caso de emergencia, indicó llamar al 911 o solicitar asistencia directa a la embajada y a sus consulados en México.

Estados Unidos ofrecía USD 5 millones por información para capturarlo

“Poncho” tenía una orden de aprehensión en México por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta USD 5 millones por información que condujera a su captura, debido a diversos cargos por narcotráfico que enfrentaba en ese país.

La detención fue confirmada esa noche por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X. Con ello quedó oficializado un operativo que ya había generado tensión en distintos puntos de la zona occidente de Michoacán.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificado por sus siglas HSI, también ubicaba a Fernández Magallón como jefe del grupo criminal. Esa referencia reforzó el interés de las autoridades estadounidenses en el seguimiento del caso y en la emisión de advertencias para sus ciudadanos.

La alerta no sólo reiteró la condición de no viajar al estado. También insistió en la necesidad de inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, para recibir avisos y facilitar la localización de ciudadanos en situaciones de riesgo.

Dentro de las recomendaciones operativas, la embajada señaló que los estadounidenses debían evitar zonas con presencia de fuerzas del orden, permanecer bajo resguardo si observaban indicios de violencia y limitar cualquier traslado que no fuera indispensable. El objetivo de esas medidas fue reducir la exposición ante hechos que podían agravarse en poco tiempo.

Durante el desarrollo del operativo también se reportó la presunta detención de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”. Autoridades de Estados Unidos lo habían señalado como uno de los líderes de Cárteles Unidos.

Ese señalamiento no fue presentado en el texto como confirmación oficial definitiva, por lo que la captura de Barragán Chávez permaneció en el terreno de lo presunto. Aun así, su nombre apareció ligado al mismo contexto de violencia que siguió al operativo contra Fernández Magallón en Michoacán.

La secuencia de hechos dejó una consecuencia inmediata para la movilidad y la seguridad en la región: carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y vigilancia reforzada por parte de las autoridades locales. Bajo ese escenario, la advertencia de viaje para Michoacán se mantuvo en el nivel 4 de no viajar.

• La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para no viajar a Michoacán por bloqueos carreteros y actividad delictiva con riesgo de escalada.
• La detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, provocó narcobloqueos e incendios de vehículos en Los Reyes y Peribán.
• Estados Unidos ofrecía hasta USD 5 millones por información para capturar a “Poncho”, quien enfrentaba cargos por narcotráfico en ese país.

Un joven de 20 años murió y cuatro adolescentes resultaron baleados en un tiroteo que sacudió la ciudad de Yonkers, en el condado de Westchester, Nueva York, el domingo por la noche.

Un menor de 15 años fue detenido en el lugar de los hechos minutos después del ataque. Las autoridades calificaron el incidente como un acto dirigido y descartaron cualquier amenaza para la comunidad en general.

El Departamento de Policía de Yonkers (YPD) recibió el llamado de emergencia alrededor de las 8:43 p.m. del domingo. Al llegar a la intersección de Elm Street y Palisade Avenue, los agentes encontraron a cinco personas con heridas de bala.

El más grave de los casos fue el de un hombre de 20 años, quien presentaba un disparo en la espalda y fue declarado muerto en el lugar. Los cuatro sobrevivientes —de 14, 15, 15 y 16 años— fueron trasladados al hospital, donde permanecen en estado crítico pero estable, tal y como dijo el YPD en su comunicado oficial.

Un sospechoso arrestado en la escena

Mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas, los agentes tomaron bajo custodia a un adolescente de 15 años en el mismo lugar del tiroteo.

El YPD no precisó de inmediato si el menor enfrentará cargos formales, pero confirmó que los investigadores recuperaron un arma de fuego cargada y evidencia balística en el área.

La detención se produjo sin necesidad de un operativo adicional, lo que sugiere que el sospechoso no intentó huir tras el ataque.

Los uniformados delimitaron dos zonas distintas con cinta de seguridad durante la noche. Una se extendió en las inmediaciones de la Ultimate Gas Station, ubicada en la esquina de New School Street y Elm Street. La otra quedó establecida más arriba sobre Palisade Avenue. Ambas áreas fueron procesadas por personal forense en las horas siguientes.

Las víctimas: cuatro menores entre los heridos

El rango de edades de los heridos llama la atención: tres de los cuatro sobrevivientes son menores de 16 años, y el más joven tiene apenas 14.

NBC New York precisó que no queda claro si las cinco víctimas eran los blancos del ataque, a pesar de que la policía de Yonkers calificó el hecho como un episodio dirigido. CBS New York informó que los cuatro adolescentes permanecen hospitalizados en condición crítica pero estable, con pronóstico de vida favorable.

ABC7 reportó que los investigadores recuperaron además evidencia balística adicional en el lugar, lo que amplía el trabajo forense más allá del arma confiscada al sospechoso detenido. La magnitud de las pruebas recolectadas apunta a que la escena del crimen abarcó un área considerable de la intersección.

La investigación, aún abierta

El YPD aseguró que el tiroteo fue un hecho puntual y que no existe riesgo para los residentes de los alrededores. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el posible móvil ni sobre la identidad de las víctimas.

Fox 5 NY afirmó que la policía tampoco aclaró si el adolescente arrestado tiene algún vínculo previo con los heridos o con la persona fallecida.

La investigación continúa activa. El YPD comprometió la divulgación de más información a medida que avance el caso, aunque no fijó un plazo para nuevas actualizaciones. La fiscalía del condado de Westchester tampoco emitió declaraciones hasta el momento.

Con dos asesinatos ocurridos este domingo subió a nueve la cifra de víctimas en ataques armados en menos de una semana en Bolivia y un contingente de 200 policías se movilizó para reforzar la vigilancia en poblaciones fronterizas donde se registraron algunos crímenes.

De los dos episodios más recientes, el primero se registró durante la madrugada del domingo en un local nocturno de Santa Cruz de la Sierra, donde el brasileño Dennis F. de O., de 36 años, fue asesinado con siete disparos por un hombre que huyó luego de abrir fuego. El ataque dejó además dos personas heridas.

En el segundo caso, Dagner P., un veterinario de 40 años, murió acribillado fuera de su domicilio en la localidad de San Ignacio de Velasco, a casi 500 kilómetros al este de la capital cruceña. Según testigos consultados por medios locales, los dos atacantes retornaron al lugar luego de los primeros tiros para volver a disparar contra la víctima. Después, se fugaron en motocicletas.

Los dos crímenes se enmarcan en una ola de violencia que suma nueve víctimas en cinco días. La semana pasada, entre el miércoles y viernes, murieron siete personas: cuatro en un ataque armado en una estancia del municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil; dos fueron decapitados en la localidad Yapacaní, en la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba; y otros dos en Ascensión de la Frontera, entre ellos un subteniente de la Policía, identificado como Yerson Salazar, quien investigaba los cuatro asesinatos ocurridos la jornada anterior en San Matías.

El cuerpo del subteniente Salazar estuvo desaparecido durante dos días luego de la incineración del vehículo en el que se transportaba cuando fue atacado. Tras operativos de búsqueda, este sábado se encontraron los restos abandonados en otro predio y el domingo fueron trasladados a Santa Cruz de la Sierra donde este lunes se realizará el sepelio.

En medio del aumento de la violencia presuntamente ligado a organizaciones del crimen organizado, la Policía desplegó más de 200 agentes para reforzar la seguridad en San Matías y San Ignacio, además de enviar grupos de élite para investigar los crímenes y hacer rastrillajes en busca de los atacantes.

Agustín López, alcalde de San Matías, la población fronteriza en la que solo en esta gestión hubo al menos seis ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico, pidió mayor presencia del Estado e indicó que su municipio de más de 19.000 habitantes solo cuenta con 30 a 40 policías.

En ese contexto, los pedidos para reforzar la seguridad e implementar acciones para frenar la expansión de la violencia son crecientes. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, expresó su preocupación y pidió al Gobierno nacional fortalecer la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado.

Álvarez mencionó en una publicación difundida en redes sociales que se debe dar prioridad al fortalecimiento de la inteligencia policial, incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público, entre otras acciones.

“La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, agregó.

/mexico/2026/08/03/autoridades-aseguran-casi-tres-millones-de-cigarros-de-procedencia-ilicita-la-mercancia-pretendia-entrar-via-aerea-al-pais/

/mexico/2026/08/03/vinculan-a-proceso-a-dos-hombres-por-matar-a-tiros-a-un-motociclista-en-atizapan-de-zaragoza/

/mexico/2026/08/02/las-denuncias-por-despojo-en-el-edomex-crecieron-casi-9-en-un-ano-y-ya-superaron-las-7-mil/

/mexico/2026/08/02/disparos-interrumpen-partido-de-softbol-en-sonora-detonaciones-quedan-grabadas-en-transmision/

/mexico/2026/08/02/tratantes-usan-redes-sociales-para-captar-a-ninas-y-ninos-alerta-reinserta/

/mexico/2026/08/02/autoridades-procesan-a-el-perrillas-y-a-el-nini-por-extorsion-en-la-alcaldia-tlahuac/

/mexico/2026/08/02/muere-en-la-carcel-el-presunto-feminicida-de-elvia-rescatista-de-animales-que-fue-encerrada-y-quemada-en-aguascalientes/

/mexico/2026/08/02/procesan-por-trata-de-personas-a-el-diente-de-oro-presunto-integrante-del-tren-de-aragua/

Procesan a hombre por el asesinato de su vecino en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Víctor Hugo “N”, alias “El Safe”, por el delito de homicidio calificado cometido el 26 de noviembre de 2025 en la colonia Plutarco Elías Calles del municipio de Querétaro.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue hallada sin vida sobre la calle Jorge Cuesta con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Las investigaciones de personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales permitieron establecer que el probable responsable era un vecino de la zona, quien presuntamente llegó al lugar en bicicleta antes de accionar el arma contra la víctima.

Fue así que la Fiscalía del Estado obtuvo una orden de aprehensión y una orden de cateo contra el imputado. La diligencia se ejecutó en el marco del operativo Sinergia Por Querétaro, lo que permitió localizar y detener a Víctor Hugo “N”.

En audiencia inicial, la autoridad judicial vinculó a proceso al imputado por homicidio calificado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El plazo concedido para la investigación complementaria es de tres meses.

Trasladan a 20 reos del penal de Mazatlán a Michoacán para “reducir riesgos”

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal (OADPRS) ordenó el traslado aéreo de 20 personas privadas de la libertad desde el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, Sinaloa, hacia el Centro Federal de Reinserción Social No. 17, ubicado en Michoacán.

La operación fue ejecutada con apoyo del Grupo Interinstitucional y coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE). Todos los internos trasladados enfrentan cargos por delitos del fuero federal, según informó la dependencia estatal.

Traslado busca reducir riesgos en centros penitenciarios de Sinaloa

La SSPE indicó que estas acciones, impulsadas por el Gobierno de México, contribuyen a reducir riesgos operativos en los centros penitenciarios sinaloenses.

/mexico/2026/08/02/capturan-a-presunto-coautor-del-feminicidio-de-la-influencer-valeria-marquez-en-zapopan/

/mexico/2026/08/02/dan-prision-preventiva-al-r1-autor-intelectual-del-asesinato-de-carlos-manzo-estara-en-el-altiplano/

Detienen a hombre por violencia familiar en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP) detuvo a Aurelio “N” como presunto responsable del delito de violencia familiar en la colonia Viva México del municipio de Tapachula, durante patrullajes de prevención y proximidad social.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP), en coordinación con la Guardia Estatal Fronteriza (GEF) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP). El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que determinará su situación jurídica.

La dependencia señaló que la detención se enmarca en las acciones coordinadas que mantiene para combatir todo tipo de delitos y fortalecer la paz de las familias chiapanecas.

Detienen a tres hombres cubanos con dosis de droga en Quintana Roo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo detuvieron a tres hombres de nacionalidad cubana —identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”— por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, tras observar un aparente intercambio de sustancias en el estacionamiento del Mercado 28, sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio de Benito Juárez.

La acción se originó durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando los policías detectaron el intercambio de bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana entre los tres individuos, lo que motivó una inspección preventiva.

A Yamir Jesús “N” se le aseguraron 39 bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana, 31 bolsitas con fragmentos cristalinos con características similares al cristal y un teléfono celular. A Luis David “N” le fueron incautadas 37 bolsitas de la misma hierba y 26 bolsitas de fragmentos cristalinos.

Carlos Alejandro “N” portaba tres bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana, tres bolsitas con fragmentos cristalinos con características similares al cristal, y tres bolsas de tela tipo ecológica en colores rojo, azul y azul oscuro.

Los tres arrestados, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, autoridad que determinará su situación jurídica.

Procesan a hombre por extorsión agravada en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas obtuvo la vinculación a proceso contra Juan “N”, señalado como presunto responsable del delito de extorsión agravada cometido en perjuicio de una persona de identidad reservada en el municipio de Cintalapa de Figueroa y ocurrido en enero de 2024.

El Juez de Control del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa resolvió vincular al imputado a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Además, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y la paz en Chiapas bajo una política de cero impunidad. La dependencia no precisó detalles adicionales sobre la identidad de la víctima, cuya información permanece bajo reserva.

Detienen a 9 personas por despojo en Ecatepec

La Policía Municipal de Ecatepec detuvo a 9 personas por su probable participación en un intento de despojo de un inmueble en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, durante una acción en la que contaron con apoyo de la Fuerza de Tarea Marina.

Los arrestados, cinco hombres y cuatro mujeres, fueron identificados como Carolina Zaira “N”, César Iván “N”, Luis Ángel “N”, David Elituh “N”, David Guadalupe “N”, Alberto “N”, Lorena Adriana “N”, María del Pilar “N” y Vanessa “N”.

Su detención se derivó que alertas realizadas por vecinos del lugar al Centro de Mando sobre que los propietarios del inmueble se encontraban privados de su libertad, por lo que las autoridades procedieron a controlar la situación.

Las nueve personas fueron remitidas a la Fiscalía Especializada en Delitos de Despojo, donde las autoridades determinarán su situación jurídica conforme a la ley, según informó la Policía Municipal en su comunicado.

/mexico/2026/08/02/de-reclutar-exmilitares-colombianos-a-dirigir-ataques-con-drones-el-rol-de-poncho-la-quiringua-frente-al-cartel-de-los-reyes/

Arrestan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Este sábado se llevó a cabo un operativo en el municipio de Los Reyes, Michoacán, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La movilización provocó una serie de narcobloqueos con el objetivo de impedir el arresto de un líder criminal en la región.

Luego de horas en los que se registraron diversos hechos violentos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la operación permitió la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.

Alfonso Fernández es buscado por las autoridades de los Estados Unidos al ser acusado por los delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego desde 2023. La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

El caso tomó relevancia pocos días después de la juramentación del legislador como integrante del Congreso. La intervención policial ocurrió el 30 de julio en el distrito limeño de San Miguel, donde también permaneció la denunciante para rendir su declaración ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con información difundida por Panorama y datos confirmados previamente por fuentes policiales a Canal N, la investigación incluye hechos ocurridos tanto en la vivienda de la denunciante como posteriormente en la comisaría de San Miguel. La víctima sostiene que los episodios de violencia no corresponden a un hecho aislado, sino que forman parte de una situación previa.

El expediente también incorpora antecedentes judiciales del parlamentario, entre ellos procesos anteriores y una sentencia por lesiones culposas. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan con la recopilación de pruebas y testimonios relacionados con la denuncia.

Cámaras de seguridad y mensajes forman parte de la investigación

Las imágenes de una cámara de seguridad difundidas por Panorama muestran el recorrido de Julián Pérez Mallqui antes de ingresar a la vivienda donde ocurrieron los hechos denunciados. Según el programa, el registro corresponde a la mañana del 30 de julio y exhibe al legislador estacionado en una camioneta Toyota Fortuner con lunas polarizadas frente al inmueble.

La secuencia registra el momento en que el padre de la denunciante, un adulto mayor de 80 años, sale de la vivienda para realizar trabajos en el exterior. Instantes después, el parlamentario desciende del vehículo e ingresa al inmueble sin que el adulto mayor advierta su presencia.

De acuerdo con el mismo reportaje, antes del ingreso existió un intercambio de mensajes entre ambas partes. A las 8:03 de la mañana, el congresista escribió: “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”. Más tarde insistió con otro mensaje: “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

La denunciante afirmó que decidió no responder las llamadas ni los mensajes recibidos desde primeras horas del día. En un audio difundido por Panorama relató: “Desde las 5:58 de la mañana que me llamó por primera vez... yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responder la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él”.

La víctima describe el ingreso a la vivienda y los presuntos actos de violencia

Según el testimonio presentado ante las autoridades, el ingreso del parlamentario ocurrió sin autorización. La denunciante indicó que el congresista llegó directamente hasta su habitación.

En uno de los audios difundidos por Panorama señaló: “Cuando él entró a mi habitación, cuando él empujó la puerta, yo me asusté mucho. Pensé en mi niña”.

La denuncia policial incorpora la versión entregada por la mujer. El documento consigna que el parlamentario “ingresó a su cuarto empujando la puerta de manera intempestiva”, mientras reclamaba por las llamadas telefónicas no respondidas y utilizaba expresiones ofensivas antes de realizar un ademán de agresión.

Tras la llamada de emergencia, efectivos de la Policía Nacional acudieron al inmueble. Una fotografía presentada por la denunciante muestra a un agente dentro de la vivienda mientras el congresista recogía algunas pertenencias. La mujer indicó que el efectivo policial incluso colaboró con el traslado de las bolsas.

Las imágenes de seguridad también registran la salida del legislador del inmueble y su posterior traslado hacia la comisaría de San Miguel acompañado por un efectivo policial.

La denunciante afirma que existieron intentos para detener las acciones legales

Luego de la intervención policial, la mujer aseguró que continuó recibiendo mensajes del congresista. Entre ellos figura el siguiente texto: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano”.

En otra parte de la conversación aparecen nuevos pedidos para conversar. Los mensajes dicen: “Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa”, además de “¿Podemos hablar?” y “Por favor”.

La víctima declaró ante Panorama que el objetivo era convencerla de no continuar con las denuncias. “Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa”, expresó.

La mujer también sostuvo que la violencia no comenzó ese día. En otro audio afirmó: “Antes la ha agredido físicamente? Sí, sí lo ha hecho, varias veces”. Asimismo, otro mensaje incorporado al reportaje señala: “Tú sabes lo que siempre me hizo, sabes que siempre fue abusivo, agresivo”.

La investigación no solo comprende los hechos registrados en la vivienda. La denunciante también presentó una segunda denuncia por un presunto acto de violencia física ocurrido dentro de la comisaría de San Miguel.

Según su relato, el congresista la sujetó del brazo mientras intentaba persuadirla para desistir de las acciones legales. “Cuando me agarró el brazo fuerte yo intenté con la mano izquierda defenderme porque sí me estaba agarrando fuerte el brazo y me estaba diciendo: ‘No sabes lo que estás haciendo, vas a ver’”, declaró en un audio difundido por Panorama.

La mujer añadió que los policías presentes observaron el incidente. “Los policías me vieron que yo estaba tratando de que él me suelte el brazo derecho porque tengo todo el brazo rojo, y la pierna”, indicó.

Dentro del expediente también figura un documento que consigna que los agentes observaron a la denunciante realizando movimientos contra el legislador durante ese episodio, hecho que forma parte de las diligencias que revisan las autoridades.

Antecedentes y presencia de integrantes de la bancada en la comisaría

La investigación también volvió a colocar en atención pública los antecedentes judiciales de Julián Pérez Mallqui. De acuerdo con la información difundida por Panorama y los registros mencionados por Canal N, el parlamentario mantiene procesos previos, una sentencia por lesiones culposas y denuncias relacionadas con violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Durante las horas posteriores a la detención, abogados, asesores e integrantes de Juntos por el Perú acudieron a la comisaría de San Miguel. Entre ellos estuvo el congresista Marlon Aguirre, quien confirmó ante la prensa que acudió para conocer la situación de su colega mientras cumplía actividades vinculadas a sus funciones parlamentarias.

En declaraciones difundidas previamente, Julián Pérez Mallqui negó haber actuado de forma violenta. Entre las expresiones recogidas por el reportaje figuran: “Nunca en mi vida he hecho daño a las personas, siempre he sido correcto” y “El que nada debe nada teme”. Las investigaciones policiales continúan con la evaluación de los testimonios, documentos, registros audiovisuales y demás elementos incorporados al caso.

En México, el maltrato animal es un problema que genera preocupación social y demanda acciones de prevención desde distintos ámbitos.

Y es que en las últimas semanas, varios casos de violencia contra los animales han sido reportados en México, generando indignación en redes sociales y entre la población.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en Saltillo, Coahuila, donde un video mostró a un perro llamado Rocky siendo arrastrado por una camioneta y posteriormente atropellado en varias ocasiones. El hecho fue denunciado por la organización Dignidad Animal A.C. y provocó una movilización ciudadana, así como la intervención de la Fiscalía estatal, que abrió una investigación y detuvo a los presuntos responsables.

Por otro lado, en la Ciudad de México, la muerte de una perrita llamada Coco, ocurrida en un spa canino de la colonia Roma, también causó conmoción.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un empleado manipuló de manera agresiva al animal durante un servicio de baño, lo que derivó en su fallecimiento. Las autoridades aseguraron el establecimiento y abrieron una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad penal.

Ante estos hecho organizaciones civiles, autoridades y especialistas destacan la importancia de sensibilizar a la población sobre el bienestar de los animales, así como de fortalecer la aplicación de leyes que sancionan conductas violentas contra ellos.

Es por ello que diferentes estados del país han comenzado a dar difusión al “violentometro animal” una escala que reproduce otros tipos de violentometros pero enfocado a saber cuáles son los niveles y tipos de maltrato que reciben los animales.

Este violentometro busca crear conciencia sobre los tipos de violencia que pueden llegar a sufrir los animales para denunciar si conocemos algún caso.

Violentómetro Animal: estos son los 3 niveles de maltrato

NIVEL AMARILLO: omisión de cuidados

Acciones que parecen inofensivas, pero afectan su bienestar:

• No mantener limpio su espacio o su cuerpo
• Dejarlo vagar solo o sin identificación
• Negarle atención médica oportuna
• Omitir vacunas, desparasitación o esterilización
• Negarle paseos, juego o interacción social
• Mantenerlo en aislamiento constante

NIVEL NARANJA: maltrato

Acciones que ya constituyen un abuso claro:

• Golpearlo o mantenerlo atado sin movilidad
• Alimentarlo de forma inadecuada o insuficiente
• Dejarlo en azoteas, balcones o escaleras sin seguridad
• Difundir imágenes de violencia contra él (agravante del delito)
• Omitir tratamiento médico pese a una enfermedad

NIVEL ROJO: crueldad

Conductas graves que deben denunciarse de inmediato:

• Quitarle la vida por acción u omisión
• Envenenarlo
• Abusar sexualmente de él (zoofilia)
• Fomentar la violencia u organizar peleas (delito federal)
• Abandonarlo en espacios cerrados sin ventilación
• Negarle atención médica ante una enfermedad crónica
• Realizarle cirugías estéticas innecesarias (como corte de orejas o cola)
• Privarlo de alimento o agua por tiempo prolongado

Cuáles son las penas por ejercer maltrato animal en México

Las penas por ejercer maltrato animal en México varían según el estado y la gravedad del acto.

De acuerdo con información reciente, las sanciones pueden incluir multas económicas que alcanzan hasta 1,759,000 pesos y hasta seis años de cárcel, según el Código Reglamentario Municipal de Puebla.

El castigo se determina conforme al nivel de violencia y la conducta específica:

• Nivel 1: Faltas administrativas como mantener animales en condiciones insalubres, no alimentarlos adecuadamente o no brindarles atención veterinaria, sancionadas con multas y arrestos administrativos.
• Nivel 2: Crueldad que causa dolor físico o sufrimiento emocional, como golpes, abandono, mutilaciones o explotación, con sanciones más severas.
• Nivel 3: Acciones que buscan o resultan en la muerte del animal, como peleas de perros, envenenamiento o asfixia, que pueden derivar en prisión y multas elevadas.

En otros estados, como Nuevo León, el maltrato animal está tipificado como delito desde 2015 y las penas van de seis meses a cuatro años de prisión.

Sin embargo, las penas suelen ser bajas y, en muchos casos, las personas acusadas pueden evitar la cárcel mediante el pago de una multa, trabajo comunitario o tratamiento psicológico. Además, la ley suele proteger principalmente a animales domésticos y es limitada para casos de especies silvestres.

Un delincuente sexual registrado con condenas previas por secuestro y agresión sexual fue imputado por asesinato, secuestro en primer grado y ocultación de cadáver tras el hallazgo del cuerpo de Robin M. Doyle.

Una mujer de 58 años que había desaparecido de su residencia en Hickory, Carolina del Norte, el martes 28 de julio. La muerte fue declarada homicidio por las autoridades del condado de Catawba.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo

Doyle fue vista con vida por última vez el lunes 27 de julio, alrededor de las 5 de la tarde, por un familiar. A la mañana siguiente, su padre —con quien convivía— se despertó y encontró la casa vacía: el automóvil de la mujer seguía estacionado en la entrada y la puerta trasera permanecía abierta, tal y como reportó la afiliada de ABC News en Charlotte, WSOC.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Catawba (OCSC) concluyeron que Doyle había sido sacada de su hogar en la calle 33rd Street NE durante las primeras horas del martes.

La búsqueda se extendió durante días hasta que, el viernes 31 de julio por la tarde, los investigadores localizaron su cuerpo en una zona boscosa del sector noreste del condado.

La OCSC confirmó que los restos correspondían a Doyle aproximadamente una hora después del anuncio oficial del hallazgo. Las autoridades no revelaron la causa exacta de la muerte, aunque la calificaron de homicidio.

La pista del auto rojo y la captura del sospechoso

Las cámaras de seguridad del vecindario registraron un vehículo rojo que abandonó la zona a alta velocidad en las primeras horas del martes.

Esas imágenes fueron determinantes para el avance de la investigación: permitieron identificar un Kia Optima 2015 de color rojo y, a partir de su patente, rastrear al conductor hasta el condado de Surry, a unos 95 kilómetros (60 millas) de la residencia de la víctima.

Testigos en el área también confirmaron haber visto el vehículo, de acuerdo con documentos judiciales citados por el teniente Dane Hoyle del Departamento de Policía del Condado de Catawba.

El miércoles 29 de julio por la noche, las autoridades arrestaron a Leroy Allen Loper, de 54 años, en el condado de Surry por cargos no relacionados vinculados al incumplimiento del registro de delincuentes sexuales.

Al momento de su detención, Doyle no fue hallada en el lugar, afirmó Hoyle. Dos días después, el 31 de julio, Loper fue formalmente imputado en relación con la muerte de la mujer.

Según informó WBTV, el acusado tiene prevista una comparecencia ante el tribunal para el lunes 3 de agosto, y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Catawba sin posibilidad de fianza.

Las evidencias y los antecedentes del acusado

En el perímetro de la vivienda de Doyle, los investigadores encontraron un corpiño y bridas de plástico —conocidas en inglés como zip-ties— en el patio.

Ese mismo tipo de bridas fue recuperado dentro del Kia de Loper en Surry, precisó el teniente Hoyle. La coincidencia entre ambos elementos reforzó la hipótesis que vincula al acusado con el lugar del hecho.

Loper acumula condenas previas por secuestro en primer grado y agresión sexual en segundo grado, y figura en el registro estatal de delincuentes sexuales.

Los nuevos cargos en su contra incluyen asesinato en primer grado (felony murder), secuestro en primer grado y ocultación de cadáver.

Tras el hallazgo del cuerpo, la OCSC emitió una declaración en la que expresó sus condolencias a la familia y subrayó la gravedad de los hechos.

“Los actos en este caso representan el mal puro, y los responsables serán plenamente responsables ante la ley”, asegura el comunicado oficial. Las autoridades advirtieron que la investigación continúa activa y que no descartan la presentación de cargos adicionales.

El viernes por la noche, un hombre murió tras sufrir una herida provocada con un arma blanca en la vía pública. La Justicia investiga el hechos que sucedió en Villa San Antonio, en la ciudad de Salta, como un homicidio. Mientras la investigación se encuentra en curso y las primeras diligencias permitieron detener a un sospechoso que será imputado en las próximas horas.

El crimen tuvo lugar sobre calle Damián Torino, donde vecinos alertaron acerca de una persona herida y tendida en la calzada. Al arribar los servicios de emergencia, constataron que el hombre presentaba una lesión compatible con un arma blanca. Personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) intervino inmediatamente para preservar la escena, recoger pruebas y relevar testimonios.

De acuerdo con la información oficial brindada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quedó a cargo del caso. Espilocín dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa puntual del fallecimiento y así orientar la investigación.

Las primeras tareas investigativas apuntan a que el ataque que terminó con la muerte de un hombre, ocurrió en el marco de una presunta pelea. Como parte de la investigación, el equipo del Ministerio Público Fiscal recabó pruebas, tomó testimonios y analizó registros de cámaras de seguridad de la zona. A partir de este trabajo, se logró identificar y detener a un hombre, quien permanece como principal sospechoso.

La audiencia de imputación se realizará el lunes, momento en el que el detenido será notificado formalmente sobre la acusación y sus derechos. Esta podría portar nuevos detalles sobre la mecánica del hecho y la presunta responsabilidad del detenido. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Las autoridades mantienen activas todas las líneas de investigación y que el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Buscan establecer si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor, el móvil del episodio y la posible participación de otras personas. En línea con los procedimientos habituales, el avance de la causa dependerá de los resultados de la autopsia, así como del análisis de las pruebas materiales.

El fiscal Espilocín coordina las acciones del equipo de investigación y mantiene contacto permanente con las fuerzas de seguridad, a fin de garantizar el desarrollo transparente y riguroso del proceso judicial. El Ministerio Público Fiscal de Salta recordó a la comunidad la importancia de brindar información que pueda resultar útil para el esclarecimiento del caso, y aseguró que el resguardo de la identidad de los testigos está garantizado por la normativa vigente.

El caso generó preocupación entre los habitantes de Villa San Antonio y zonas aledañas, quienes manifestaron inquietud por el nivel de violencia evidenciado en el episodio. En el contexto de violencia reciente en Salta, medios locales reportaron una secuencia de homicidios durante los últimos meses. La recurrencia de episodios de este tipo ha llevado a la comunidad a exigir respuestas.

En el transcurso de una sola semana, Salta registró tres homicidios, lo que intensificó la preocupación social y puso en evidencia el aumento de la violencia letal en la provincia. Según medios locales, estos crímenes se produjeron en distintos barrios de la capital y en localidades cercanas, con víctimas que perdieron la vida tras enfrentamientos en la vía pública o ataques con armas blancas.

Uno de los casos recientes se registró en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, donde un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras recibir una puñalada durante una pelea en la vía pública. Las autoridades detuvieron al presunto agresor y la autopsia confirmó que la causa de muerte fue una herida en la arteria aorta.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas imputó cargos a una mujer por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales, dentro de la investigación de la Operación Corsario, una pesquisa que desde 2024 busca desarticular una estructura criminal dedicada al narcotráfico, la asociación ilícita y el lavado de dinero con apoyo de las autoridades de España.

La investigación forma parte de las acciones contra las operaciones de la pandilla MF o Mafia Filipina, considerada una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos contra la investigada.

Sin embargo, el juez ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario, al encontrarse la mujer en estado de embarazo. Además, le impuso prohibición de salida del país, permitiéndole abandonar su residencia únicamente para asistir a citas médicas o atender situaciones de emergencia.

La investigación de la Operación Corsario comenzó en 2024 y se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre las autoridades panameñas y organismos de investigación del Reino de España.

Las pesquisas permitieron ejecutar múltiples diligencias en distintos puntos del distrito de Panamá y avanzar en la desarticulación de una organización presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas, el blanqueo de capitales y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Las autoridades sostienen que la estructura investigada habría utilizado un complejo esquema financiero para ocultar y movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Precisamente por ello, la Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación enfocada en seguir la ruta del dinero y establecer el papel que desempeñaban las personas encargadas de administrar, transferir o dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante las operaciones del grupo criminal.

La Operación Corsario se convirtió en una de las investigaciones antidrogas de mayor alcance desarrolladas este año. Durante su fase operativa fueron aprehendidas 13 personas, se decomisaron 294 fardos de droga y un arma de fuego, mientras que posteriormente las autoridades capturaron a uno de los hombres incluidos en la lista de los más buscados por delitos relacionados con drogas, quien presuntamente también formaba parte de la organización criminal investigada.

El avance del caso también ha permitido ampliar las investigaciones hacia el componente financiero de la organización.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo es no solo procesar a quienes participaron directamente en el tráfico de sustancias ilícitas, sino también identificar a quienes habrían facilitado el lavado de activos, una pieza considerada clave para el funcionamiento y sostenimiento de las redes de narcotráfico.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación ha reiterado que continuará ejerciendo la acción penal contra todos los involucrados, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales.

La investigación de la Operación Corsario permitió establecer que la organización no solo obtenía ganancias mediante el tráfico internacional de drogas, sino que también había desarrollado un esquema para ocultar el origen del dinero ilícito. Según las pesquisas, el grupo utilizaba actividades comerciales legales para introducir recursos en la economía formal y dificultar el rastreo de los fondos por parte de las autoridades.

Los investigadores detectaron que la estructura recurría a la apertura y administración de negocios dedicados al comercio, la venta de artículos, los servicios de belleza y otras actividades económicas con el fin de mezclar ingresos legítimos con recursos provenientes del narcotráfico. De esta manera, el dinero podía circular a través del sistema financiero con una apariencia de legalidad.

La Fiscalía también sostiene que la organización presuntamente empleaba terceras personas, entre ellas familiares y allegados de algunos de sus integrantes, para figurar como propietarios, administradores o representantes de las sociedades comerciales. Este mecanismo buscaba ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los recursos y dificultar las investigaciones patrimoniales.

De acuerdo con las pesquisas, otro de los pilares del grupo era la contaminación de contenedores en terminales portuarias panameñas. La red presuntamente infiltraba personal o aprovechaba colaboradores dentro de la cadena logística para introducir cargamentos de cocaína en envíos comerciales con destino a Europa, modalidad que permitió mantener durante varios años una operación de carácter transnacional antes de ser detectada por las autoridades.

Como parte del seguimiento de la investigación, las autoridades mantienen alertas internacionales para ubicar a otros presuntos integrantes de la organización. Entre los principales objetivos figuran los alias “Woper” y “Toti”, considerados por las autoridades entre los supuestos cabecillas de la estructura. En el caso de “Toti”, pesa una Notificación Roja de Interpol, luego de que los investigadores determinaran que podría haber salido de Panamá para evadir la acción de la justicia.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de la estructura criminal, identificar a otros posibles implicados y establecer la trazabilidad de los recursos económicos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas que dieron origen a la Operación Corsario.

La difusión de un video en redes sociales terminó con la captura de una mujer identificada como Tirsa Borjas, señalada de agredir y amenazar a su propia madre durante un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.

Las imágenes, grabadas por una persona que se encontraba en la vivienda, comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales y provocaron una ola de indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron la forma en que la mujer se dirigía a una adulta mayor durante una acalorada discusión.

En la grabación se observa a Tirsa Borjas sosteniendo una faja mientras increpa a su madre y profiere una serie de insultos en su contra. Durante el altercado también golpea un sillón con el objeto, mientras continúa amenazando verbalmente a la mujer.

En el video se escucha a la ahora detenida gritar frases ofensivas contra su madre, en medio de una discusión cuya causa todavía no ha sido detallada por las autoridades. La secuencia muestra un ambiente de tensión dentro de la vivienda, mientras la adulta mayor permanece frente a su hija durante el enfrentamiento.

El material audiovisual también evidencia la presencia de un hombre que registra toda la escena con un teléfono celular.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el hombre —quien presuntamente sería hijo de la mujer agredida— no interviene físicamente en la discusión y únicamente le pide a la adulta mayor que reaccione ante la actitud de su hija, recordándole que ella es su madre.

A medida que transcurren los segundos, la confrontación verbal aumenta de intensidad. La mujer continúa sosteniendo la faja mientras lanza amenazas e insultos, una conducta que posteriormente fue ampliamente criticada por usuarios de redes sociales tras hacerse públicas las imágenes.

La rápida difusión del video permitió que el caso llegara a conocimiento de las autoridades. Luego de analizar el contenido de la grabación, agentes de la Policía Nacional localizaron y procedieron con la detención de Tirsa Borjas, quien ahora deberá responder por los hechos que son investigados por las autoridades competentes.

Hasta el momento, la Policía no ha informado si la adulta mayor sufrió lesiones físicas durante el incidente o si únicamente fue víctima de agresiones verbales y amenazas. No obstante, las investigaciones continúan para establecer todas las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia contra los adultos mayores, un problema que especialistas consideran muchas veces permanece oculto dentro del entorno familiar debido al temor de las víctimas a denunciar a sus propios familiares o a la dependencia económica y emocional que mantienen con ellos.

Las personas de la tercera edad son consideradas un grupo en condición de especial vulnerabilidad, por lo que las instituciones encargadas de la protección de sus derechos reiteran la importancia de denunciar cualquier forma de maltrato, ya sea físico, psicológico, verbal, patrimonial o por abandono.

El episodio ocurrido en Teupasenti se produce apenas unos días después de otro caso similar que también generó una fuerte reacción entre la población hondureña.

En el barrio Sierra Pina, de La Ceiba, departamento de Atlántida, otra mujer identificada como Yanira Quiroz fue detenida luego de que se viralizara un video en el que aparecía golpeando e insultando a su madre, también una adulta mayor.

Al igual que en el caso de Tirsa Borjas, las imágenes circularon ampliamente en redes sociales antes de que las autoridades intervinieran. La difusión del video provocó una ola de comentarios de rechazo y llevó a la Policía Nacionala ejecutar la captura de la sospechosa.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales en el caso de Tirsa Borjas. La investigación busca establecer el alcance de las agresiones registradas en el video y recopilar otros elementos de prueba que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

Un ataque armado registrado durante un funeral en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. La agresión ocurrió cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el panteón de la comunidad de El Pedregoso y abrió fuego contra los asistentes al sepelio.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del viernes, cuando al menos cuatro sujetos con rifles de asalto y vestimenta táctica ingresaron al camposanto mientras familiares y amigos despedían a una persona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores dispararon directamente contra algunos de los presentes y, tras cometer el ataque, escaparon a bordo de una camioneta con rumbo desconocido.

Un hombre murió y un menor resultó herido

En el lugar perdió la vida Rosalino “P”, de 55 años de edad, quien asistía al funeral.

Además, dos hombres resultaron gravemente lesionados por impactos de arma de fuego, entre ellos un menor de edad, por lo que fueron auxiliados por los propios asistentes al sepelio, quienes los trasladaron a hospitales de la región para recibir atención médica.

Personal de la Fiscalía estatal acudió al panteón para realizar el procesamiento de la escena del crimen, recabar indicios balísticos y ordenar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál sería el móvil de la agresión ni si el ataque estaba dirigido específicamente contra alguna de las personas que acudían al funeral.

Tampoco se ha dado a conocer la identidad de la persona que estaba siendo sepultada ni si existe alguna relación entre su fallecimiento y el atentado registrado durante las exequias.

Sin detenidos tras el ataque

Luego de la agresión se desplegó un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, hasta el cierre de los reportes oficiales no se informaba sobre personas detenidas.

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Tacámbaro es una de las regiones donde autoridades federales y estatales han identificado la presencia de grupos delictivos que disputan el control territorial.

Entre las organizaciones que operan en esa zona se encuentran células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Pueblos Unidos, organización que las autoridades han señalado como un brazo armado relacionado con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios.

La confrontación entre estas organizaciones ha provocado en los últimos años diversos hechos violentos, incluidos ataques armados, enfrentamientos y homicidios en municipios de la región.

Se repiten los ataques durante ceremonias fúnebres

El atentado en Tacámbaro ocurre apenas unas semanas después de otro episodio de violencia registrado durante un velorio en Michoacán.

El pasado 11 de julio, un grupo armado atacó a los asistentes a un funeral en la comunidad de Tzintzimeo, perteneciente al municipio de Álvaro Obregón.

En aquella ocasión, hombres armados irrumpieron en el velorio de una persona asesinada un día antes y dispararon contra los presentes, dejando un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, además de cuatro lesionados.

Al igual que en el caso ocurrido en Tacámbaro, los responsables lograron escapar y no se reportaron detenciones.

Estos hechos reflejan un patrón de violencia en el que ceremonias funerarias se convierten en escenarios de ataques armados, una modalidad que ha encendido las alertas de las autoridades debido al riesgo que representa para familiares, amigos y habitantes que acuden a despedir a sus seres queridos.

Luego del desalojo violento de una anciana de 72 años en el municipio de Santa María Nebaj, Quiché, Guatemala, el abogado defensor informó a Infobae que presentó acciones legales en contra de la Policía Nacional Civil (PNC), contra la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y contra la Jueza de Primera Instancia que autorizó el desalojo.

Gabriel Guzmán Matón, abogado de Juana Santiago Chel, de 72 años, explicó que las principales denuncias van contra la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil, Ada Madaí López Morales, por los siguientes delitos:

• Prevaricato
• Resoluciones contrarias a la Constitución
• Abuso de Autoridad
• Incumplimiento de Deberes

“Ella (la jueza) jamás se presentó a ninguno de los lanzamientos en contra de mi clienta”, detalló el jurista, quien comentó que esta era la séptima ocasión que Juana Santiago Chel iba a ser desalojada de su vivienda, pero las ocasiones anteriores logró frenar el procedimiento a través de acciones legales.

No obstante, comentó que en esta oportunidad fue notificado hasta las 10.30 horas, pese a que el desalojo inició a las 9 de la mañana, es decir, casi una hora y media después de que empezó el procedimiento. "Es una clara violación para mi defendida y un ejemplo de que la juez actuó en dolo“, manifestó en entrevista con Infobae.

Además, la jueza habría ordenado el lanzamiento en una propiedad que está a nombre de otra persona, pero, según el abogado, ha hecho caso omiso a todas las explicaciones que se le han dado durante años.

“Sobre este tema hay hasta amparos en la Corte de Constitucionalidad, pero ellos me dijeron que el acto aún no ocurría y que cuando se hiciera debía plantear un interdicto de amparo de despojo. Prácticamente me dijeron que me pueden disparar, pero tengo el hospital para recuperarme", se quejó.

Otras denuncias

Las acciones legales no se quedarán allí. Según Guzmán Matón, está por presentar una denuncia en contra del Ministro Ejecutor que realizó las diligencias, porque nunca presentó un documento que lo amparara, ni se identificó.

“No llevaba resolución. Nunca la vimos. Es más, el que anunció el lanzamiento de mi clienta fue el abogado de la parte contraria. ¿Cuándo un abogado está facultado para informar sobre la ejecución de una orden judicial? Todo el procedimiento estuvo viciado. Ni siquiera sé el nombre del Ministro Ejecutor, porque no se identificó“, dijo.

El jurista también presentó denuncias en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, uso excesivo de la fuerza y exceso de la fuerza pública, argumenta que la ley los amparaba a negarse a cumplir resoluciones violatorias a la ley.

Otros denunciados podrían son los personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Para el abogado de Santiago Chel, incumplieron con sus funciones, debido a que presenciaron los abusos en contra de su clienta y "no hicieron nada“.

Incluso, contó que los delegados de la PDH que participaron en la ejecución del lanzamiento fueron enviados de la Ciudad de Guatemala, por petición del abogado del demandante, debido a que los residentes de Nebaj se negaron al no tener competencia por tratarse de un lanzamiento y no de un desalojo.

“No se puede esperar nada de la PDH, cuando el procurador Alejandro Córdova ni siquiera se ha pronunciado por las violaciones de los derechos humanos en contra de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Lo mismo está pasando aquí, hay claras violaciones, pero él está callado”, lamentó.

La historia del desalojo

Con la manos levantadas y suplicando por compasión a agentes de la PNC para que no la desalojaban de la vivienda que la vio crecer, la imagen de Juana Santiago Chel, una anciana de 72 años, causó indignación en todas las esferas de Guatemala.

De acuerdo con el abogado defensor, la mujer fue la heredera de 50 cuerdas (unos 21,836 metros cuadrados) de terreno que un día fue propiedad de su progenitora. Santiago Chel tuvo tres hijos, dos mujeres y un hombre, éste último migró muy pequeño a la Ciudad de Guatemala.

“No vivió con ella. En la capital se desvió. Incluso, tiene antecedentes penales por varios delitos“, detalló.

Se trata de Pedro Santiago López, quien promovió el desalojo. Según el abogado, en 2014 realizó una visita a su madre donde le prometió que al ser “el hombre de la casa” se encargaría de ella, pues sus hermanas estaban casadas.

“Le dijo que debían asegurar el terreno y para ello, Santiago Chel debía ir a la Municipalidad a firmar un documento que la protegería de cualquier persona que quisiera quitarle la propiedad. Ella lo hizo y se presentó a colocar su huella sin saber lo que estaba autorizando“, dijo el abogado.

Meses después se percató que el bien inmueble estaba a nombre de una persona que resultó ser el cuñado de Santiago López. Dos años después, se realizó un nuevo traspaso, esta vez hacia el hijo de la señora Juana.

Todo esto se hizo sobre la totalidad del terreno, pero en 2003 la propiedad fue fraccionada a favor de una de las hijas de la anciana. “Ella le dio 6 cuerdas a través de una donación, convirtiéndose en dos terrenos diferentes", comentó Guzmán Matón.

El hijo de Juana inició el proceso de desalojo en 2014. Fue al juzgado y aseguró que su mamá le cedió el terreno con la promesa de que él de construiría una vivienda y se encargaría de ella hasta su muerte, pero eso nunca pasó.

Cuando se dieron cuenta, la mujer buscó apoyo de la Alcaldía Indígena, pero no lograron hacer nada para restituirle sus derechos como propietaria.

“Yo tomé el caso cuando todo estaba avanzado. Ya se había dado sentencia y habían pasado los plazos para casación y menos para un amparo. Detecté el desmembramiento y sobre eso comencé a trabajar en favor de mi clienta. Traté de explicarle a la jueza pero nunca quiso escuchar“, detalló.

El abogado llegó al extremo de presentar tres recusaciones en contra de la Jueza, pero no se separó del caso, pese a que doña Juana ni siquiera la conoce, pues “no hubo intermediación y menos un procedimiento adecuado”.

“Imagínese que en ningún momento llegaron a realizar mediciones del terreno. Lo único que consta en el expediente es una fotografía de la vivienda de adobe donde reside mi clienta, pero ese terreno no pertenece al que Santiago López el quitó con engaños, por ello alego que se dio un despojo judicial y no un lanzamiento", manifestó el abogado.

Agregó: “Estamos viendo un claro abuso del Estado en contra de Juana Santiago Chel. Se le violaron todos sus derechos, incluyendo a la vida, pues ayer se puso en riesgo", lamentó.

¿Dónde está Juana?

Inmediatamente después del despojo violento de su residencia, otro abogado entró en escena. Se trata de Elmer Salguero, un jurista con amplia experiencia en desalojos y lanzamientos.

Según narró a Infobae, él se encontraba en Escuintla cuando vecinos de Nebaj le pidieron interceder en el caso, por lo que, a través del abogado Estuardo Pedro de Paz, presentó una exhibición personal a favor de Juana Santiago Chel.

El caso fue aceptado por el Juzgado de Paz de Nebaj, quienes determinaron que la mujer de 72 años, se encuentra hospitalizada en el Hospital Nacional de Nebaj y está bajo tratamiento médico.

Por su parte, Guzmán Matón detalló que la señora Juana está recluida en el hospital junto con su hija de 51 años, Juana López, quien resultó herida durante el proceso de desalojo.

También se había hablado de que la hermana de la mujer, Elena Santiago Chel, de 77 años, estaba hospitalizada, pero el abogado confirmó que ella se encuentra bien en su residencia.

Sin hogar

La historia no ha terminado. Cuando Juana y su hija salgan del hospital no tendrán hogar, ya que la orden de lanzamiento se ejecutó con éxito a favor del demandante, lamentó Guzmán Matón.

“Creo que se irá a vivir con su hermana Elena o con una de sus hijas, mientras que tratamos de recuperar su propiedad. Es una injusticia total”, criticó el abogado.

¿Qué dice la PDH?

Saúl Orellana, director de Auxiliaturas de la PDH, explicó que los personeros de la institución fueron requeridos como “observadores”, por lo que la responsabilidad de actuar en caso se detectara un uso excesivo de la fuerza era el Ministro Ejecutor del lanzamiento, quien fue delegado por el Juez en su nombre.

“Por esta limitante que tenemos, lo que se hace como PDH es abrir un expediente para iniciar una investigación. En el mismo momento no tenemos mayor incidencia, porque todo aquello que hagamos o que esté fuera de nuestro mandato en la resolución para la que fuimos llamados, puede poner en riesgo la diligencia que iría en contra de lo resuelto por el Juez”, manifestó.

Orellana insistió en que “todo lo ocurrido en el lugar estaba a cargo del Ministro Ejecutor, nosotros no tenemos incidencia porque no somos parte del proceso... los compañeros trataron de promover el diálogo, pero se salió de control por el malestar de los pobladores".

“El Ministro Ejecutor puede certificar lo conducente, rectificar sus actuaciones, eso sí, únicamente por las partes dentro del proceso. La PDH acudió en calidad deobservadores, así estaba establecido en el requerimiento legal, nunca se nos pidió actuar, nuestro mandato tiene un límite“, comentó.

Al final, Santiago Chel fue desalojada de su vivienda, por agente de la PNC quienes llegaron hasta a cargar a su hija para sacarlas de la residencia, razón por la que el Ministerio de Gobernación anunció una investigación interna para determinar si se actuó en base a los protocolos.

El actuar de los agentes policiales generó tal indignación, que vecinos de Santa María Nebaj se organizaron en defensa de la anciana, al extremo que durante la noche del jueves 30 de julio quemaron la residencia de la Jueza ejecutora de la orden de lanzamiento, quien, hasta el momento, no se ha pronunciado.

No obstante, el Organismo Judicial emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad a favor de la Jueza y expresó su "enérgico rechazo ante los hechos de intimidación y violencia registrados“. También indicaron que darán acompañamiento institucional a López Morales “coordinando las acciones necesarias para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus funciones dentro del marco de la Ley”.

Al tiempo que hicieron a la población para que “toda inconformidad sea canalizada a través de los mecanismos legales e institucionales establecidos, privilegiando el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica”.

La Procuraduría General de la Nación sumó esta semana una serie de condenas por delitos de alto impacto que incluyen un doble homicidio, abusos sexuales contra una menor de edad y violencia doméstica, en procesos que concluyeron con penas de 32, 33 y 10 años de prisión, respectivamente.

La sentencia de mayor relevancia corresponde al caso del asesinato de dos transportistas independientes ocurrido en la provincia de Coclé en 2022, un crimen que conmocionó al país por la modalidad utilizada por los responsables.

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé logró que un tribunal condenara a 32 años de prisión a un ciudadano de 23 años por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de Rafael Martínez, de 64 años, y Rolando Hernández, de 52.

Ambos hombres, dedicados al transporte independiente de carga y residentes en Las Mañanitas, desaparecieron luego de aceptar un supuesto servicio de acarreo que terminó convirtiéndose en una emboscada para robarles el camión en el que trabajaban.

Las investigaciones establecieron que las víctimas fueron contactadas el 9 de mayo de 2022 para realizar un aparente flete con destino a Chilibre. Sin embargo, el ofrecimiento formaba parte de un esquema delictivo conocido como “falso acarreo”, utilizado para atraer transportistas, despojarlos de sus vehículos y posteriormente asesinarlos. Desde ese día, sus familiares perdieron todo contacto con ellos.

El desenlace se confirmó entre el 11 y el 12 de mayo de 2022, cuando los cuerpos fueron encontrados en un área apartada del sector de Los Meneses, en Capellanía de Natá, provincia de Coclé.

Vecinos alertaron inicialmente sobre la presencia de uno de los cadáveres y, durante la inspección realizada por peritos forenses, fue localizado el segundo cuerpo a pocos metros. Ambos presentaban signos de violencia compatibles con una ejecución.

Tras el hallazgo, las autoridades desarrollaron un operativo que permitió ubicar en Veraguas a dos jóvenes que intentaban huir a bordo del camión robado.

La investigación, dirigida por la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Coclé, reunió pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal de los implicados.

Otra de las condenas obtenidas durante la semana fue dictada por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró una pena de 33 años de prisión contra un hombre de 34 años tras un acuerdo de pena por los delitos de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado, cometidos contra su hijastra de 11 años.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026 en el distrito de San Miguelito. La Fiscalía estableció que el condenado sometía a la menor mediante amenazas, perpetrando de forma reiterada los distintos delitos sexuales.

La gravedad de los hechos permitió alcanzar una condena que se convierte en una de las penas más severas impuestas recientemente por este tipo de delitos en Panamá.

A estas decisiones judiciales se sumó una sentencia obtenida por la Fiscalía Regional de Chiriquí, donde un Tribunal de Juicio condenó a un hombre a 10 años de prisión, además de imponerle 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas como pena accesoria, tras declararlo responsable del delito de violencia doméstica.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales que, según informó la institución, permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron de forma reiterada entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, dentro de un contexto de violencia contra integrantes de su núcleo familiar.

Las tres condenas reflejan el trabajo desarrollado por distintas fiscalías especializadas del Ministerio Público para judicializar casos relacionados con homicidios, violencia de género y delitos sexuales contra menores, considerados entre las conductas de mayor impacto social.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal con apego a la Constitución y la ley, mientras mantiene como prioridad el esclarecimiento de los delitos y la protección de las víctimas mediante procesos sustentados en pruebas presentadas ante los tribunales de justicia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó este viernes el hallazgo de tres hombres asesinados a machetazos, maniatados y con quemaduras en el cuerpo, sobre la carretera que une Santa Catarina Juquila con Yolotepec, en la región de la Costa.

El descubrimiento ocurrió la mañana del jueves 30 de julio, en el kilómetro 13+200 del paraje conocido como “El Portillo”, frente al acceso a la comunidad de Santa María Amialtepec. Las tres víctimas permanecen sin identificar. La Policía Vial Estatal fue la primera en notificar los hechos a la autoridad ministerial.

Los cuerpos presentaban lesiones en el rostro, la cabeza y el cuello producidas por un arma cortocontundente —un machete—, además de quemaduras en distintas partes del cuerpo. Las víctimas estaban atadas de manos y pies, lo que indica que fueron sometidas antes de ser ejecutadas.

Fiscalía de Oaxaca abre carpeta por homicidio calificado con ventaja

La Fiscalía General del Estado (FGEO) inició de inmediato las investigaciones por el delito de homicidio calificado con ventaja. La dependencia desplegó un equipo multidisciplinario integrado por especialistas del Instituto de Servicios Periciales, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

En su comunicado, la Fiscalía señaló que lleva a cabo “una investigación exhaustiva, aplicando protocolos científicos y técnicas especializadas para esclarecer los hechos, agotar todas las líneas de investigación y dar con quien o quienes resulten responsables”. La dependencia no ofreció más detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles líneas de investigación.

Los tres hombres vestían ropa distinta al momento del hallazgo. El primero llevaba pantalón beige, sudadera azul y tenis negros; el segundo, pantalón de mezclilla azul y sudadera negra; el tercero portaba pantalón de mezclilla negro, playera café y chamarra negra.

Vehículo Seat Ibiza incendiado en el lugar del hallazgo

Junto a los cadáveres, las autoridades encontraron un vehículo marca SEAT, tipo Ibiza, de color blanco, completamente incendiado sobre la cinta asfáltica. El automóvil fue asegurado como parte de las diligencias ministeriales. Los cuerpos estaban abandonados en las inmediaciones de la unidad.

El paraje El Portillo se ubica a unos 170 kilómetros de la capital del estado y a aproximadamente 100 kilómetros de Puerto Escondido, uno de los destinos turísticos más concurridos de la costa oaxaqueña. La zona conecta dos municipios separados por 14 kilómetros de carretera.

Posible vínculo con el secuestro de un menor en Yolotepec

Autoridades de Santa María Yolotepec habían lanzado, horas antes del hallazgo, una alerta por la desaparición de un niño de 10 años. Los policías comunitarios del municipio lo rescataron la tarde del miércoles 29 de julio.

Trascendió que los tres cuerpos podrían estar relacionados con ese secuestro. La Fiscalía General de Oaxaca, hasta el cierre de esta edición, no confirmó ni desmintió ese vínculo.

La posible conexión entre ambos hechos —el rescate del menor y la aparición de los tres cadáveres— suma una variable al caso que las autoridades aún no han aclarado públicamente. La investigación se mantiene abierta en ese frente.

Cuatro homicidios en menos de 24 horas en la Costa de Oaxaca

El triple asesinato no fue el único hecho violento registrado en la región en ese período. La tarde del miércoles 29 de julio, Carlos C. S., de 36 años, fue encontrado sin vida con heridas de arma de fuego dentro de su vehículo, sobre la carretera federal que comunica San Pedro Pochutla con Puerto Escondido, a la altura de la comunidad de Valdeflores, en el municipio de Santa María Colotepec.

Con esa muerte, la Costa de Oaxaca acumuló cuatro homicidios en menos de 24 horas. Todos los hechos ocurrieron en municipios de esa misma región.

Según datos de El Universal Oaxaca, el 74% de los homicidios dolosos en el estado se concentra en tres regiones: la Costa, los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. La Costa acumula por sí sola el 41% del total.

La Fiscalía General del Estado informó que integra carpetas de investigación por cada uno de los casos. Las autoridades no precisaron si los distintos hechos violentos de esas horas guardan relación entre sí.

La violencia vinculada al crimen organizado volvió a hacerse presente en Michoacán luego de que tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieran durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano y fuerzas federales en la carretera Cotija-Villamar, a la altura de la comunidad de San Francisco.

De acuerdo con información de fuentes castrenses, los primeros reportes fueron realizados por conductores que circulaban por la carretera Cotija-Villamar, quienes informaron sobre un grupo de sujetos armados que mantenía bloqueada parcialmente la vía mientras efectuaba disparos y arrojaba artefactos metálicos conocidos como estrellas ponchallantas para impedir el paso de vehículos.

Ante la situación, la policía municipal solicitó el apoyo del Ejército Mexicano para atender la emergencia y restablecer la seguridad en esa región del occidente de Michoacán.

Al arribar al sitio, los militares fueron recibidos con disparos por parte de los presuntos integrantes del grupo criminal, lo que provocó un intenso enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos.

Tres presuntos integrantes del CJNG murieron

Como resultado del intercambio de disparos, tres presuntos integrantes del CJNG fueron abatidos por las fuerzas federales, mientras que varios de sus acompañantes lograron escapar aprovechando las condiciones del terreno.

Las autoridades informaron que ninguno de los elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional o corporaciones participantes resultó lesionado durante el operativo.

En la zona también fueron asegurados tres fusiles de asalto AK-47, además de tres vehículos presuntamente utilizados por los agresores para desplazarse en la región.

El aseguramiento de armas y unidades quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para integrar las investigaciones correspondientes.

Operativo para localizar a los responsables

Tras el enfrentamiento, elementos de la Guardia Civil de Michoacán, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo coordinado para garantizar la seguridad en la carretera Cotija-Villamar y evitar nuevos hechos de violencia.

Las corporaciones realizaron patrullajes en comunidades cercanas y puntos estratégicos con el objetivo de localizar a los presuntos integrantes de la célula criminal que consiguieron huir tras el enfrentamiento.

Asimismo, se efectuaron labores para retirar las estrellas ponchallantas colocadas sobre la carretera, permitiendo restablecer la circulación de manera segura para los automovilistas.

Fiscalía inició las investigaciones

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán acudieron al lugar para realizar las diligencias ministeriales, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Zamora, donde permanecen en calidad de no identificados mientras continúan las investigaciones y se realizan los procedimientos legales para establecer plenamente su identidad.

Las autoridades también integrarán a la carpeta de investigación las armas, vehículos y demás indicios asegurados durante el operativo.

Continúa la vigilancia en la región

La carretera Cotija-Villamar permaneció bajo vigilancia de fuerzas estatales y federales, luego del enfrentamiento registrado durante las primeras horas del operativo.

Las autoridades mantienen presencia permanente en la zona para prevenir nuevos actos delictivos y reforzar la seguridad de los habitantes y de quienes transitan por este corredor carretero, considerado una de las áreas donde operan grupos del crimen organizado en los límites de Michoacán y Jalisco.

Mientras avanzan las investigaciones, las fuerzas de seguridad continúan con acciones de búsqueda para localizar a los presuntos responsables que lograron escapar, además de reforzar los patrullajes para inhibir nuevos hechos de violencia en la región.

La Delegación de la Unión Europea en México, junto con las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea, así como las representaciones diplomáticas de Noruega y Suiza, condenaron de manera enérgica el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

A través de una declaración conjunta emitida el 30 de julio de 2026, los representantes diplomáticos expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amigos del comunicador, además de señalar que las circunstancias del crimen y las amenazas previas que había recibido apuntan a un posible vínculo entre su labor periodística y el homicidio.

En el documento, destacaron que Alejandro Leyva era un periodista ampliamente reconocido por su cobertura política y que su asesinato representa un nuevo ataque contra la libertad de prensa en México.

Reconocen atracción del caso por la Fiscalía General de la República

Las representaciones diplomáticas saludaron la decisión de que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que ello puede fortalecer las investigaciones para esclarecer los hechos.

Asimismo, reconocieron el compromiso expresado por el Gobierno de México para dar seguimiento al caso y exhortaron a las autoridades competentes a continuar con las investigaciones, garantizar la protección de quienes ejercen el periodismo y llevar ante la justicia a los responsables.

La declaración subraya que el asesinato de Alejandro Leyva, junto con otros homicidios recientes de periodistas en el país, refleja el nivel de violencia e intimidación que enfrentan tanto comunicadores como personas defensoras de derechos humanos en diversas regiones de México.

Preocupa la impunidad en los crímenes contra periodistas

La Unión Europea, Noruega y Suiza reiteraron su preocupación por los elevados niveles de impunidad que persisten en los asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos registrados en años anteriores.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que las investigaciones permitan identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de estos crímenes.

También reconocieron los esfuerzos realizados por las instituciones mexicanas para esclarecer los casos más recientes y prevenir nuevas agresiones; sin embargo, insistieron en que aún existen importantes desafíos para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo.

Piden fortalecer el Mecanismo de Protección

En la declaración conjunta se destacó la importancia de continuar fortaleciendo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, considerado una herramienta fundamental para prevenir agresiones y brindar medidas de seguridad a quienes enfrentan riesgos derivados de su trabajo.

Las representaciones diplomáticas también respaldaron el diálogo permanente entre las autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de mejorar las políticas públicas destinadas a proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

Reafirman cooperación con México en materia de derechos humanos

Finalmente, la Unión Europea, Noruega y Suiza reafirmaron su disposición para seguir colaborando con el Gobierno de México mediante acciones de cooperación enfocadas en la protección de los derechos humanos, la seguridad de periodistas y personas defensoras, así como en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

La declaración concluye con el mensaje #ProtejamosSusVoces, como un llamado a reforzar las acciones que permitan garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo y combatir la violencia que continúa afectando a comunicadores en el país.

El pronunciamiento internacional se suma a las exigencias de diversas organizaciones nacionales e internacionales que han demandado una investigación pronta, imparcial y transparente por el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, además de acciones concretas para reducir la impunidad y garantizar el derecho a la libertad de expresión en México.

Personas migrantes en tránsito por México son víctimas de secuestro y extorsión a través de ofertas laborales falsas, una modalidad que involucra el uso de aplicaciones bancarias para realizar transferencias electrónicas en tiempo real. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Guadalajara, organizaciones criminales aprovechan la migración para captar a quienes buscan empleo y privarlos de su libertad con fines de lucro.

La investigadora Michele Ferris Dobles señala que el acceso inmediato al dinero, facilitado por la tecnología, ha incrementado el riesgo para quienes migran. Los delincuentes no solo exigen pagos a los familiares de las víctimas mediante plataformas como Paypal y Western Union, sino que también obligan a las personas secuestradas a utilizar sus propias aplicaciones de bancarización.

Durante su estancia en albergues de entidades como Guadalajara y Saltillo, Ferris Dobles identificó que los migrantes permanecen en estos lugares hasta seis u ocho meses, enfrentando un contexto de incertidumbre y riesgo.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha contribuido a que más migrantes permanezcan en territorio mexicano, lo que prolonga la exposición a escenarios de extorsión y secuestro. Ferris Dobles advierte que el fenómeno de la “externalización de las fronteras” permite que la problemática se desplace a México, donde la inseguridad y la espera activa en albergues se convierten en parte del proceso migratorio.

Tecnología: doble filo en la movilidad migrante

La tecnología resulta fundamental en la vida diaria de las personas migrantes, quienes la emplean para mantenerse en contacto con sus familias, organizar rutas de viaje y compartir ubicaciones en tiempo real. Sin embargo, estas mismas herramientas representan un riesgo cuando son utilizadas como mecanismos de control y extorsión por parte de grupos delictivos.

Ferris Dobles documenta que algunas víctimas utilizan estrategias como el envío de ubicaciones por WhatsApp para reducir el peligro de desaparición, aunque estas tácticas no garantizan su seguridad total.

Las aplicaciones de transferencia de dinero digital forman parte de la infraestructura criminal, pues permiten a los secuestradores exigir depósitos inmediatos. “Hemos documentado casos donde se realizaban extorsiones a través de Paypal, Western Union, entre otros”, sostiene la investigadora al medio Universidad de Guadalajara.

Estrategias de protección y retos en los albergues

Para disminuir los riesgos, algunos albergues han desarrollado bolsas de trabajo propias, aunque la demanda de empleo supera la oferta disponible. La convivencia prolongada en estos espacios implica que las personas migrantes viven un “proceso de espera activa”, donde buscan empleo y realizan trámites de regularización mientras enfrentan el peligro de caer en nuevas formas de secuestro.

Además de los usos utilitarios, la tecnología permite a los migrantes gestionar dificultades físicas y emocionales a través de redes de apoyo afectivo.

Ferris Dobles destaca que el registro digital que hacen las personas en desplazamiento sobre los lugares que habitan o transitan durante sus viajes mediante fotos y videos, se convierte en un recurso para mantener el vínculo con sus seres queridos y para sobrellevar la travesía migratoria.

La trata de personas representa uno de los delitos más extendidos y difíciles de erradicar en la actualidad. Su carácter global la convierte en una problemática que trasciende fronteras y desafía los sistemas legales y de protección de todos los países, de acuerdo con Cynthia Acosta Ugalde, coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien resalta la complejidad de definir y combatir este crimen en México y cualquier región del mundo.

Este acto ilícito, considerado la esclavitud del siglo XXI, implica la explotación y sometimiento de personas mediante engaños, fraudes o promesas falsas. Las víctimas son tratadas como mercancías, sometidas a abuso sexual, trabajos forzados, mendicidad, pornografía infantil, tráfico de órganos y hasta reclutamiento por organizaciones criminales. La violencia y clandestinidad dificultan su identificación y, en consecuencia, su erradicación.

Retos contra la trata de personas

Esta práctica delictiva fue reconocida oficialmente como una problemática internacional en 2013, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. Esta efeméride busca visibilizar la situación de las comunidades afectadas y fomentar la defensa de sus derechos fundamentales. En el marco de la Agenda 2030, los Estados miembros se comprometieron a adoptar medidas concretas para combatir esta situación.

De acuerdo con la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, no existe consenso sobre la dimensión real del problema, ni a nivel nacional ni internacional. La medición se ve obstaculizada por la falta de estadísticas confiables y el elevado nivel de no denuncia, lo que genera estimaciones muy dispares: se calcula que entre 21 y 48.5 millones de personas en el mundo podrían estar sometidas a alguna acción de este tipo.

La trata se manifiesta en diversas modalidades y afecta a los sectores más vulnerables, aunque nadie está exento del riesgo. La población afectada es captada mediante métodos como el engaño o la coerción, y posteriormente explotadas en actividades ilícitas, generando ganancias a costa de su integridad y derechos. Esta realidad evidencia la gravedad del problema y la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y justicia.

Cifras de la trata en México

El tráfico humano constituye una violación de los derechos humanos y genera consecuencias devastadoras en la vida de quienes lo sufren. México figura entre los principales países de origen, tránsito y destino de víctimas, especialmente de menores de edad, ubicándose solo detrás de Tailandia y Camboya en ese indicador.

La mayoría de los perjudicados proviene de grupos vulnerables: mujeres, niñas, ancianos, personas con discapacidad, indígenas y miembros de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, cualquier persona puede ser captada y privada de su libertad. En muchos casos, quienes desaparecen y carecen de lazos familiares o documentos personales no son buscados ni reportados, lo que aumenta su invisibilidad y desprotección.

Existe una percepción generalizada de que la trata está vinculada únicamente a la explotación sexual, pero abarca también la laboral y la utilización de personas para pedir limosna, sobre todo en el caso de adultos mayores o personas con discapacidad. La normalización social de estas situaciones contribuye a perpetuar el delito y dificulta la identificación de quienes lo padecen.

Reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que, durante 2020, se identificaron 3 mil 896 víctimas de delitos en materia de trata, de las cuales 2 mil 934 eran mujeres y 798 hombres. De ese total, mil 45 correspondían a menores de edad, lo que significa que una de cada cuatro era algún infante, lo que demuestra la urgencia de fortalecer la protección y atención a la niñez y adolescencia frente a este delito.

Por otro lado, en la primera mitad de 2026, el país registró 447 víctimas de esta práctica delictiva, según datos oficiales. Quintana Roo encabezó la lista de entidades con más casos reportados, seguido por el Estado de México y la Ciudad de México.

Respecto a la trata de menores, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) informó una reducción significativa: los casos bajaron de 194 en el primer semestre de 2025 a 123 en el mismo lapso de 2026. Destaca que casi tres de cada cinco casos de niños y adolescentes explotados se concentran en Quintana Roo, Baja California y Estado de México. Municipios como Benito Juárez y Tulum (Quintana Roo), así como Tijuana (Baja California), se identifican como focos rojos.

Las autoridades panameñas decomisaron 1,411 paquetes con presunta droga en dos operativos realizados durante las últimas horas en embarcaciones que se encontraban en aguas nacionales.

Las incautaciones se produjeron durante la revisión de cargas contenerizadas transportadas por buques en tránsito por Panamá, uno de los principales puntos logísticos de la región y una ruta utilizada por organizaciones criminales para enviar sustancias ilícitas hacia otros mercados.

En el primero de los casos, la Procuraduría General de la Nación, por medio de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, informó sobre el decomiso de 1,130 paquetes rectangulares que presuntamente contenían sustancias ilícitas.

La carga pretendía salir del país a bordo de un buque, aunque las autoridades no precisaron el puerto de origen ni el destino final de la embarcación.

La operación se desarrolló de manera conjunta con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante la inspección, los agentes detectaron alteraciones en el sello de seguridad de uno de los contenedores, lo que motivó una diligencia de allanamiento y registro. En el interior fueron ubicados varios bultos que no correspondían con la carga declarada en los documentos del contenedor.

Los paquetes fueron trasladados a un puerto seguro para realizar su verificación y conteo. En total, las autoridades contabilizaron 51 bultos de color blanco que contenían 1.130 paquetes rectangulares cubiertos con cinta adhesiva.

El Ministerio Público indicó que el material será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y establecer el peso exacto de la sustancia decomisada.

En un segundo operativo, las fiscalías antidrogas incautaron otros 281 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita en un buque que navegaba sobre aguas territoriales panameñas.

La diligencia fue ejecutada con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la Policía Nacional, luego de localizar una carga sospechosa dentro de un contenedor.

La embarcación se encontraba específicamente en la bahía de Panamá, donde las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento, registro, verificación y conteo.

Dentro de la carga contenerizada fueron encontrados siete bultos que contenían los 281 paquetes, los cuales también serán analizados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar el tipo de sustancia.

Ambos casos reflejan una modalidad recurrente utilizada por las redes de narcotráfico: la contaminación de contenedores que transportan mercancías legales.

En estos casos, los grupos criminales introducen paquetes de droga en las unidades de carga y posteriormente reemplazan o manipulan los sellos de seguridad, con la intención de que los cargamentos pasen inadvertidos durante las inspecciones portuarias.

Esta forma de tráfico fue nuevamente expuesta durante la Operación Taurus, desarrollada días antes en la provincia de Colón por el Ministerio Público y el Senan. La investigación estaba dirigida contra nueve personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con drogas y tráfico internacional, entre ellas extrabajadores portuarios y transportistas de carga.

La operación surgió después de varios decomisos realizados entre 2022 y 2024, periodo durante el cual el Senan incautó más de 1.5 toneladas de cocaína en dos terminales portuarias de Colón. Según las investigaciones, el grupo utilizaba las plataformas logísticas de los puertos para contaminar contenedores con droga que tenía como destino final el mercado europeo.

Durante Taurus se realizaron nueve allanamientos en Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal. Las autoridades aprehendieron a siete ciudadanos panameños, mientras otras dos personas quedaron pendientes de ubicación. También decomisaron un arma de fuego, tres proveedores calibre nueve milímetros, 49 municiones, 11 equipos electrónicos y cuatro sellos de la Autoridad Nacional de Aduanas, un elemento que refuerza la hipótesis sobre la manipulación de cargas y contenedores.

Además, durante las diligencias fueron incautados B/.6.447 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras portátiles y radios. Los investigadores buscan determinar la participación específica de cada uno de los señalados y establecer si mantenían vínculos con organizaciones internacionales encargadas de recibir la droga en puertos europeos.

Las nuevas incautaciones se suman a las 47,04 toneladas de drogas decomisadas en Panamá entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

Del total, 28.47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras el resto estuvo compuesto por metanfetaminas, THC, éxtasis y otras sustancias.

Colón encabezó las incautaciones durante los primeros cinco meses del año con 13.38 toneladas, seguido por Panamá, con 9.52 toneladas; Panamá Oeste, con 9,09 toneladas; Chiriquí, con 7.24 toneladas, y Los Santos, con 4.94 toneladas. Mayo fue el mes con mayor volumen decomisado, al registrar 12.49 toneladas, por encima de las 10.50 toneladas reportadas en febrero.

El comportamiento reciente mantiene a Panamá como uno de los países con mayores decomisos de droga en la región. Entre 2021 y 2025, las autoridades incautaron aproximadamente 659.94 toneladas de sustancias ilícitas, con un récord de 145,2 toneladas en 2021.

Los registros anuales fueron de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 toneladas en 2023, 124.4 toneladas en 2024 y 122,04 toneladas en 2025.

La ubicación geográfica del país, sus puertos en ambos océanos y el elevado movimiento de contenedores convierten a Panamá en un punto atractivo para las organizaciones criminales.

Las autoridades han reforzado los controles portuarios y las operaciones de inteligencia, aunque los últimos decomisos evidencian que las redes continúan intentando utilizar buques comerciales y cargas legales para transportar droga hacia Europa y otros destinos internacionales.

Dos personas murieron y un conductor resultó herido en un ataque armado dentro de un autobús que viajaba entre La Ceiba y Trujillo Honduras . El hecho ocurrió en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Terreros, y luego fue detenido Adonis Orellana, señalado como principal sospechoso.

Las víctimas fueron identificadas como Leda Hernández, cobradora de la unidad de transporte, y un ayudante identificado como Geovanny. Ambos murieron en el autobús,

Según las autoridades, el detenido confesó su participación en el ataque y dio detalles sobre las circunstancias que, según su versión, lo llevaron a cometer el crimen.

De acuerdo con el relato atribuido al sospechoso, mantenía una relación sentimental con Leda Hernández desde hacía 11 meses. Afirmó que la pareja se había separado cinco meses antes del ataque y que esa situación le generó conflictos emocionales.

También señaló que actuó por celos y dijo que su expareja lo había cambiado por una persona más joven. Según su declaración, decidió atacar la unidad de transporte y sostuvo que el hecho estaba planificado.

Durante su confesión, indicó además que estaba bajo los efectos de drogas al momento del ataque y expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Sobre la muerte del ayudante del autobús, el detenido dijo que disparó porque, según su versión, la víctima lo “observó dentro de la unidad”.

Cómo fue el ataque en el autobús

El autobús, de color amarillo, había salido desde La Ceiba con dirección hacia Trujillo cuando ocurrió la agresión armada. En medio del ataque, el conductor recibió varios impactos de bala, pero logró mantener el control del vehículo y continuó la marcha pese a sus heridas.

El motorista avanzó aproximadamente 25 kilómetros hasta llegar al municipio de Sonaguera, donde buscó ayuda médica. Su condición fue reportada como delicada por la gravedad de las lesiones.

Al llegar al centro asistencial, personal médico confirmó que dentro de la unidad permanecían los cuerpos sin vida de la cobradora y el ayudante.

Agentes de la Policía Nacional acudieron después al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas, recopilar indicios y establecer la forma en que ocurrió el ataque.

El avance de la investigación

Aunque el detenido brindó una confesión sobre el crimen, las autoridades continúan con el proceso investigativo para recopilar pruebas, determinar responsabilidades y presentar el caso ante los órganos judiciales correspondientes.

El caso generó conmoción en el departamento de Colón, en especial entre trabajadores del transporte público, porque la agresión ocurrió dentro de una unidad que trasladaba pasajeros en una ruta utilizada diariamente por cientos de personas.

El asesinato de Leda Hernández vuelve a poner en primer plano la violencia contra las mujeres, en especial cuando los agresores son personas con quienes las víctimas mantuvieron vínculos sentimentales.

Organizaciones de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones que los celos, las amenazas y las conductas de control dentro de relaciones de pareja pueden convertirse en señales de riesgo que requieren atención temprana.

Los trabajadores del transporte también continúan enfrentando escenarios de inseguridad, ya que conductores, ayudantes y cobradores realizan sus labores en rutas donde históricamente se han registrado ataques armados, extorsiones y otros hechos violentos.

La cooperación policial entre Panamá y Colombia permitió concretar la extradición de Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas y señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de estructuras criminales transnacionales.

El traslado fue ejecutado por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá, luego de que Zurita permaneciera prófugo desde 2023 y fuera capturado el 26 de mayo de 2025 en Medellín, Colombia, tras una operación coordinada entre ambos países.

La Policía Nacional informó que el extraditado llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo un estricto dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

El caso de alias “Gordo Pibe” ha cobrado relevancia por el perfil criminal que le atribuyen las investigaciones panameñas y colombianas.

De acuerdo con información divulgada por autoridades de ambos países, Zurita es señalado como presunto líder de la pandilla “Kill the Nasty”, considerada por los organismos de seguridad como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23, una estructura que, según las pesquisas, mantiene vínculos con redes de narcotráfico que operan entre Panamá y Colombia.

Esas acusaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige la presunción de inocencia.

Las investigaciones también apuntan a presuntos nexos con organizaciones criminales colombianas. Entre ellas figura el Clan del Golfo, uno de los grupos dedicados al narcotráfico más poderosos de ese país, así como las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, conexiones que, según la información pública recopilada por las autoridades, habrían permitido fortalecer rutas y operaciones de tráfico de drogas entre ambos territorios.

Los reportes disponibles sostienen que estas relaciones forman parte de las líneas investigativas abiertas y continúan bajo verificación judicial.

La captura de Zurita fue posible gracias a una notificación roja de Interpol emitida por Panamá, luego de que se mantuviera evadiendo a la justicia desde 2023.

El operativo fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de ese país, en coordinación con Interpol y las autoridades panameñas.

Tras su detención en Medellín comenzaron los trámites de extradición que culminaron esta semana con su retorno al país.

Además de las investigaciones por narcotráfico, Zurita enfrenta señalamientos por presunto blanqueo de capitales. Entre los elementos divulgados por las autoridades colombianas figura la existencia de una empresa de turismo registrada a nombre de su esposa en el municipio de El Peñol, en Antioquia, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

Como parte de esa investigación, Colombia inició un proceso de extinción de dominio sobre la compañía, al considerar que existen indicios de que pudo haber servido para ocultar recursos provenientes del narcotráfico. Estas actuaciones forman parte de procedimientos judiciales independientes desarrollados en territorio colombiano.

Las autoridades panameñas sostienen que la extradición representa un nuevo resultado de la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

La Policía Nacional destacó que continuará fortaleciendo el intercambio de información y las acciones conjuntas con otros países para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña, especialmente aquellas vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos.

Con su llegada a Panamá, alias “Gordo Pibe” deberá enfrentar los procesos judiciales que permanecían pendientes por delitos relacionados con drogas y presunto blanqueo de capitales.

A partir de ahora corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar, con base en las pruebas presentadas durante el proceso, la responsabilidad penal del extraditado.

La Fiscalía de Chiapas vinculó a proceso a dos hombres por el secuestro agravado de otras dos personas en el municipio de Ocozocoautla, en un caso que derivó en prisión preventiva oficiosa para los imputados.

El juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Javier “N” y Leandro “N”, señalados como presuntos responsables del delito cometido el 2 de julio de 2026 contra dos víctimas masculinas de identidades reservadas.

Los hechos que derivaron en la detención de Javier “N” y Leandro “N” ocurrieron en el municipio de Ocozocoautla, ubicado en el centro del estado de Chiapas.

/mexico/2026/07/30/procesan-en-jalisco-a-cuatro-secuestradores-por-la-tortura-de-tres-personas-entre-ellas-un-menor/

/mexico/2026/07/30/golpe-a-don-checo-desmantelan-dos-celulas-dedicadas-al-huachicoleo-de-gas-lp-en-el-edomex/

/mexico/2026/07/30/detienen-a-el-miky-operador-del-cartel-de-los-beltran-leyva-en-oaxaca/

/mexico/2026/07/30/autoridades-encuentran-animales-enjaulados-en-zapopan-tras-denuncia-de-rugidos/

/mexico/2026/07/30/fiscalia-de-chiapas-abre-investigacion-por-novatadas-en-la-escuela-normal-rural-mactumactza-hay-cinco-denuncias/

/mexico/2026/07/29/desmantelan-en-guadalajara-red-de-extorsion-que-operaba-con-grupos-de-whatsapp-para-cobrar-piso-hay-5-detenidos/

/mexico/2026/07/29/apelan-vinculacion-a-proceso-del-defensor-indigena-jesus-placido-galindo-piden-su-liberacion/

/mexico/2026/07/29/capturan-en-iztapalapa-a-el-pollero-miembro-de-los-tanzanios-tenia-droga-y-una-subametralladora/

/mexico/2026/07/29/en-menos-de-24-horas-la-fesc-detiene-a-cuatro-personas-armadas-en-baja-california-entre-ellas-un-estadounidense/

/mexico/2026/07/29/ronald-johnson-destaca-la-acusacion-en-texas-contra-cuatro-mexicanos-por-armar-al-cartel-de-sinaloa/

/mexico/2026/07/29/reportes-revelan-que-bc-concentra-el-mayor-numero-de-politicos-con-visa-de-eeuu-revocada/

/mexico/2026/07/29/cerco-virtual-frustra-asalto-a-automovilista-en-la-alcaldia-alvaro-obregon-caen-dos-con-replica-de-pistola/

/mexico/2026/07/29/autoridades-aseguran-200-kilos-de-metanfetamina-en-sonora-la-droga-estaba-dentro-de-carretes-industriales/

Detienen a dos hombres por posesión de narcóticos en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a un hombre de 42 años en la capital poblana e inició una investigación por posesión de narcóticos en Tehuacán, en el marco de dos casos vinculados a delitos contra la salud registrados con años de diferencia.

El primer caso tiene ocurrió el 9 de mayo de 2022, cuando elementos de la Policía Municipal de Puebla realizaban labores de vigilancia en la colonia Cleotilde Torres. En ese operativo, los agentes ubicaron a Farid Eugenio N. presuntamente consumiendo sustancias prohibidas en la vía pública.

Durante la inspección, los policías hallaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente con aproximadamente 125 gramos de hierba verde con características similares a la marihuana. El detenido fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en posesión con fines de suministro.

Vinculación a proceso y orden de aprehensión por incumplimiento de medida cautelar

En audiencia inicial, Farid Eugenio N. fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de firma periódica. Al no cumplir con esa obligación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ejecutó en fechas recientes.

Segundo caso: detención en Tehuacán por posesión de cristal

El 25 de julio de 2026, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán detectaron a Erick N. presuntamente consumiendo narcótico en la vía pública durante un recorrido de seguridad en la colonia Vista Hermosa. Al practicarle una inspección, le localizaron 30 bolsas tipo ziploc con piedras granuladas transparentes con características similares al cristal.

Tras su puesta a disposición, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia llevó a cabo actos de investigación que incluyeron entrevistas, inspección del lugar de los hechos, inspección de la detención, revisión de indicios, cadena de custodia y solicitudes de intervención a áreas especializadas.

/mexico/2026/07/29/caso-roxana-guzman-alcalde-de-ixhuatlan-del-sur-asegura-que-los-senalamientos-en-su-contra-se-basan-en-una-imagen-hecha-con-ia/

Detienen a tres personas relacionadas con delitos contra la salud en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó operativos de cateo en los municipios de El Marqués y San Juan del Río en el marco de investigaciones por delitos contra la salud, con un saldo de tres personas detenidas y 18 máquinas tragamonedas aseguradas en establecimientos de ambas demarcaciones.

Las diligencias fueron realizadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro (POEQ), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Además de las máquinas tragamonedas, los operativos permitieron asegurar presuntos narcóticos, dinero en efectivo y bebidas alcohólicas, así como sistemas de videovigilancia y un dron.

Los cateos se ejecutaron bajo el esquema denominado Operativos Sinergia, mecanismo de trabajo conjunto entre instancias de los tres órdenes de gobierno para atender delitos de alto impacto en el estado de Querétaro.

Procesan a hombre por el secuestro de una mujer en Quintana Roo

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Héctor Miguel “N” por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad agravada, tras los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2025 en un domicilio ubicado en la Supermanzana 304 del municipio de Benito Juárez. Héctor Miguel “N” actuó en complicidad con otras personas: mientras uno de ellos apuntó a la víctima —una mujer de identidad reservada— con un arma de fuego, un segundo sujeto la golpeó por la espalda y ambos la ataron de pies y manos.

Durante el cautiverio, los agresores se comunicaron por teléfono con Álvaro Jesús “N”, quien les proporcionaba instrucciones. Aproximadamente dos horas después llegó un tercer sujeto; entre los tres se apoderaron de los documentos de la víctima y huyeron en los vehículos de esta: un automóvil Audi gris y una camioneta Toyota blanca con rumbo al estado de Yucatán.

Tras cumplimentar la orden de aprehensión, Héctor Miguel “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente. En la audiencia de imputación, el juez resolvió vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva por dos años como medida cautelar, de acuerdo con el comunicado oficial.

/mexico/2026/07/29/revelan-foto-inedita-de-el-mencho-de-joven-antes-de-fundar-el-cjng-y-convertirse-en-el-narco-mas-buscado-de-mexico/

/mexico/2026/07/29/atacan-con-drones-comunidad-de-la-sierra-de-chilpancingo-y-dejan-cuatro-heridos-pobladores-captan-la-agresion-en-video/

/mexico/2026/07/29/guerra-del-cartel-de-sinaloa-dejo-a-la-policia-municipal-de-culiacan-con-144-bajas-la-mayoria-opto-por-el-retiro-anticipado/

/mexico/2026/07/29/reportan-intento-de-secuestro-a-karely-ruiz-en-nuevo-leon-esto-sabemos/

/mexico/2026/07/29/detienen-a-el-20-del-cartel-de-sinaloa-lo-ligan-a-culiacanazos-y-a-la-muerte-de-cinco-militares/

/mexico/2026/07/29/abuela-de-dafne-zapata-habla-del-papel-de-danna-yanina-n-la-noche-en-que-murio-su-nieta-en-la-academia-militarizada/

La violencia armada volvió a golpear a una familia en la capital nicaragüense. Lo que debía ser una caminata cotidiana y tranquila entre un padre y su hijo terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Un menor de solo diez años de edad, identificado con las iniciales D. S. P. C., resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una bala perdida en la cabeza durante la noche del pasado lunes 27 de julio, en las inmediaciones del barrio El Riguero, en Managua.

El trágico suceso ocurrió cuando el niño regresaba a su vivienda junto a su progenitor, con el simple propósito de comprar pan en la tienda local. Mientras avanzaban por la acera en las cercanías de un puente de la zona, se desató una balacera en plena vía pública entre sujetos peligrosamente armados.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad del sector, el menor caminaba junto a su padre cuando, de forma repentina e inesperada, cayó desvanecido al suelo al ser alcanzado por uno de los proyectiles disparados a mansalva.

Tras el impacto, el menor fue trasladado de máxima urgencia al Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, conocido popularmente como «La Mascota».

La fragilidad de la pequeña víctima movilizó de inmediato al cuerpo médico de la institución capitalina, el cual sometió al paciente a una delicada intervención quirúrgica durante la misma noche del incidente.

Para alivio de sus familiares, se confirmó que la cirugía en la cabeza fue un éxito, en lo que su entorno describe como una muestra de fuerza y un auténtico milagro frente a los pronósticos médicos iniciales.

Su abuelo, Mauricio Antonio Cuaresma, ratificó que el niño logró salir bien del quirófano.

Sin embargo, dada la gravedad de la herida, el menor se encuentra bajo estricta observación y en estado delicado dentro de la unidad de cuidados intensivos, con un pronóstico que se mantiene reservado mientras evoluciona su salud.

Despliegue policial y detenciones en la zona

La respuesta de las autoridades ante el hecho fue inmediata. La Policía Nacional ejecutó un intenso operativo entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el barrio El Riguero y sus alrededores, logrando la captura de al menos diez personas para su investigación.

En menos de veinticuatro horas, los agentes detuvieron a Gerald Robleto, conocido con el alias de «el Tucán», señalado como el principal sospechoso de haber realizado los disparos, así como a una mujer identificada como Keilin Vásquez Parajón.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, el ataque estaría vinculado a rencillas que estos sujetos sostienen con un hombre identificado como Isaac Sosa, alias «el Chino», presunto expendedor de drogas en esa zona de la capital.

A pesar de las detenciones y de las hipótesis sobre los involucrados, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer con precisión la dinámica de los hechos y establecer el nivel de responsabilidad de cada uno de los arrestados.

Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto o la circunstancia directa por la cual los sujetos accionaron sus armas de fuego en el lugar, alcanzando de manera inocente al pequeño.

El caso ha generado una profunda consternación en los habitantes de Managua, quienes repudian cómo la delincuencia altera la tranquilidad de los barrios y arrebata la inocencia de los más vulnerables.

Mientras la Policía Nacional continúa con los interrogatorios y peritajes en la escena, la comunidad entera se mantiene al pendiente de la recuperación del pequeño, cuya vida sigue en juego en la sala de cuidados intensivos.

Un grupo de padres de familia denunció que sus hijos de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron víctimas de agresiones durante una “novatada”.

Durante una manifestación realizada este martes al exterior de las instalaciones de la escuela de maestros, el padre de familia José Núñez Díaz acusó que estas acciones han sobrepasado los límites debido a que las agresiones provocaron afectaciones a la salud de varios estudiantes.

“Somos representantes de 50 padres de familias que tenían hijos que aprobaron el examen de admisión. Nos traicionaron los Comités Estudiantiles de la Normal porque maltrataron a nuestros hijos, han sido lacerados sus derechos humanos”, expresó.

Denunció que su hija fue agredida y abandonada en la plaza del municipio

Núñez dijo que su hija de 18 años de edad fue sometida a maltratos físicos y psicológicos y “cuando veían que ya estaba a punto de colapsarse, entonces aquellos normalistas la vinieron y la dejaron abandonada en el parque central de Tuxtla, la gente que estaba acá la auxiliaron”, acusó.

El padre señaló que a los jóvenes no se les permite salir al baño aunque pidan permiso, incluso que las mujeres que están en menstruando no puedan cambiarse la ropa. Estos actos también incluyen que solo se les brinde un vaso de agua al termino del día para al menos cinco estudiantes.

Núñez refirió que su hija fue testigo de que varios de los hombres que son llevados a trabajar en el campo regresan presentando convulsiones e incluso fracturas. Además, acusó que al inicio del curso les solicitaron bolsas negras plásticas que supuestamente serían utilizadas en las actividades de cultivo, pero en realidad se usaron para cubrir el perímetro y evitar que se observe lo que ocurre al interior.

“Los torturan en cada tarde haciendo que tomen tazas de café hirviendo de dos a tres minutos. Lo inminente de estas semanas, que según los muchachos, es que van a pasar una prueba donde los van a sumergir dentro de las albercas donde se pueden ahogar”, añadió.

El padre acusó que los estudiantes se encuentran incomunicados debido a que les retiraron sus teléfonos, los cuales solo les proporcionaron durante un par de minutos el día viernes y bajo supervisión del Comité: “Bajo amenaza no pueden hablar en sus casas diciendo que están sufriendo, sino que deben decir que están bien”.

Las agresiones también incluyen que no se les brinde alimento, o que los sometan hasta desmayarse. En caso de que no obedezcan al Comité, los estudiantes son castigados al realizar actividades físicas de alto impacto.

Queremos que se respeten sus lugares, pero que haya justicia: padre de familia

José Núñez solicitó que se realice una inspección en las instalaciones y que haya justicia para los jóvenes de nuevo de ingreso con el objetivo de que no sigan sufriendo estas agresiones.

Además, dijo que varios de los padres de familia aún tienen intención de que sus hijos continúen sus estudios en la escuela normal desde del albergue externo con el que cuenta, por lo que pidió que se respeten los lugares que ya obtuvieron a través del examen de admisión.

En sus peticiones también se incluye que la Secretaría de Educación del Estado les brinde la oportunidad de que sus hijos sean transferidos a otras escuelas normales para que puedan continuar sus estudios.

Núñez explicó que los estudiantes sí tienen permiso de salir, pero al tratarse de jóvenes originarios de comunidades indígenas que no hablan español, estos han optado por soportar los maltratos debido a que no saben regresas a sus casas ni moverse por la capital.

“La normal está controlada por los Comités Estudiantiles, los que están en grados mayores”, acusó el padre de familia, quien también dijo que las novatadas “no pueden ser una tradición porque casi los matan (a los estudiantes).

Hasta el momento, la Escuela Normal Rural Mactumactzá no ha emitido algún pronunciamiento acerca de las denuncias realizadas por los padres de familia, ni las autoridades educativas del estado.

A través de redes sociales, pobladores difundieron videos en los que solicitaron auxilio ante lo que describieron como un ataque con drones artillados. En las grabaciones, uno de los habitantes pidió la intervención de las autoridades estatales y de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, debido a que, según su testimonio, varias personas permanecían atrapadas en la comunidad.

“Pedimos auxilio a las autoridades, nos están atacando con drones; estamos atrapados, hay personas heridas y esperemos que no haya fallecidas. Somos una comunidad de campesinos, de trabajadores. Nos están atacando desde el lado del Ocotito”, se escucha decir a uno de los pobladores en una de las grabaciones difundidas.

Trasladan a heridos a hospitales de Chilpancingo

Ante los reportes de violencia, el gobierno de Guerrero informó que elementos de seguridad y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se trasladaron hacia la zona serrana para brindar apoyo a la población de El Fresno y atender la situación.

Más tarde, también se reportaron presuntos ataques en la localidad de Jaleaca de Catalán, ubicada en la misma región. Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado oficialmente los detalles de este segundo hecho.

Alrededor de las 13:00 horas, al poniente de Chilpancingo, en las inmediaciones del crucero que conecta con la carretera hacia El Fresno, agentes de distintas corporaciones de seguridad instalaron un retén.

Hasta ese punto llegaron por sus propios medios tres personas heridas provenientes de la comunidad serrana. Posteriormente, la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz informó que las lesiones de las cuatro víctimas reportadas no ponían en riesgo su vida y que fueron trasladadas a distintos hospitales de Chilpancingo para recibir atención médica y valoración.

De acuerdo con el relato de las propias víctimas, entre los afectados se encuentran tres menores de edad. Uno de ellos sufrió heridas por las esquirlas provocadas durante la explosión, mientras que un tercer menor habría resultado lesionado únicamente por un rozón de fragmentos. Debido a que sus heridas no representaban un riesgo mayor, este último decidió permanecer en la comunidad y no trasladarse a Chilpancingo para recibir atención médica.

Disputa criminal mantiene bajo presión a comunidades

La agresión ocurre en una región que desde hace más de un año enfrenta una situación de violencia derivada de las disputas territoriales entre organizaciones criminales.

De acuerdo con reportes de seguridad, en la franja de la Sierra de Chilpancingo existe una confrontación entre grupos identificados como Los Tlacos o Cártel de la Sierra y Los Ardillos, organizaciones que mantienen una disputa por el control territorial y de las actividades ilícitas en distintos puntos de Guerrero.

Las comunidades rurales han denunciado de manera recurrente que la población civil queda atrapada entre los enfrentamientos y las acciones de los grupos delictivos.

Por la tarde, un convoy integrado por seis patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y dos unidades del Ejército Mexicano salió desde el retén instalado en la salida poniente de Chilpancingo con dirección a Jaleaca de Catalán, luego de los reportes sobre nuevos ataques con drones.

La movilización tuvo como objetivo reforzar la seguridad y brindar apoyo a las comunidades de la zona serrana.

El gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por el priista Gustavo Alarcón, ha solicitado al gobierno federal el reforzamiento de la presencia de las fuerzas de seguridad en esta región, ante la situación de violencia que afecta a las comunidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han confirmado oficialmente quién estaría detrás del ataque contra El Fresno.

Un tribunal en El Salvador impuso una condena de 32 años de prisión a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas, una de ellas con discapacidad mental, en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad Centro.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), identificó que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez aprovechó su cercanía con la madre de las víctimas para acceder a ellas en distintos momentos entre los años 2022 y 2024.

Los hechos ocurrieron mientras las menores se encontraban bajo su cuidado o dormían en la vivienda familiar. El proceso judicial determinó que el acusado utilizó amenazas para mantener a las menores en silencio, extendiendo la situación durante al menos dos años.

Fue solo tras la intervención de familiares, quienes escucharon el relato de las niñas y las acompañaron a denunciar, que las autoridades pudieron actuar.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República. Estas pruebas permitieron establecer la culpabilidad de Hernández Álvarez por el delito de violación agravada continuada. Cada víctima fue reconocida en la sentencia como sujeto de 16 años de condena, sumando un total de 32 años de prisión para el imputado.

Además, la resolución judicial obligó a Hernández Álvarez al pago de $3,600 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

Durante el juicio, la Fiscalía remarcó la gravedad de los hechos al señalar que una de las niñas presentaba una discapacidad mental, lo que incrementó la vulnerabilidad de la víctima. El caso resaltó la importancia de la denuncia familiar, ya que fue la intervención de parientes la que permitió a las autoridades iniciar el proceso. El informe fiscal detalló que la detención del acusado se realizó mediante una orden emitida tras la presentación formal de la denuncia.

La sentencia se dictó en presencia del imputado, quien durante el proceso escuchó la exposición de las pruebas y testimonios que sustentaron la resolución judicial. El tribunal fundamentó la pena tanto en los hechos comprobados como en la continuidad de las agresiones y la situación de indefensión de las víctimas.

Condenan a más de 20 años de prisión a sujeto que participó en una violación grupal en Cuscatancingo

En otro proceso reciente, autoridades judiciales de El Salvador confirmaron una condena de 20 años y seis meses de cárcel para Porfirio Anthony Martínez Ramos, declarado culpable de violación agravada contra una menor en el distrito de Cuscatancingo, departamento de San Salvador Centro.

La investigación de la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron en noviembre de 2023. La víctima, una menor de edad, fue abordada por un joven conocido, quien la convenció de acompañarlo hasta una vivienda. En ese lugar se encontraban otras personas, incluido Martínez Ramos. El imputado trasladó a la menor hasta una habitación donde cometió el abuso sexual. Posteriormente, cuatro individuos más participaron en la agresión, aunque la víctima no logró identificarlos, por temor a represalias, decidió no contar lo sucedido en ese momento.

La situación cambió meses después, cuando la menor acudió a un hospital tras presentar un embarazo producto de los abusos. El personal médico, al conocer los antecedentes, notificó a la Fiscalía. Las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y arrestar a Martínez Ramos, contra quien se presentó una acusación formal.

Durante el juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó la prueba documental, testimonial y pericial presentada por la Fiscalía. La evidencia permitió comprobar la responsabilidad de Martínez Ramos en el delito de violación agravada en menor o incapaz.

El tribunal dictó la sentencia en presencia del imputado, estableciendo una pena de 20 años y seis meses de prisión.

Mientras las autoridades panameñas lograron sacar de circulación 624 armas de fuego entre enero y mayo de este año, la violencia armada continúa dominando los delitos contra la vida en el país.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que 255 de los 300 homicidios registrados durante el primer semestre de 2026 fueron cometidos con armas de fuego, lo que significa que ocho de cada diez asesinatos ocurrieron utilizando este tipo de armamento, que sigue siendo el principal desafío para las estrategias de seguridad pública.

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) reflejan que las 624 armas recuperadas representan un promedio de más de cuatro armas sacadas de circulación cada día durante los primeros cinco meses del año.

La mayoría corresponde a pistolas, con 295 unidades, seguidas por 93 revólveres, 60 escopetas, 47 rifles y 15 fusiles, además de otras 114 armas clasificadas en diferentes categorías.

El informe también muestra que el 69% de las armas fueron decomisadas durante operativos de los estamentos de seguridad, mientras que un 25% fueron incorporadas como indicios dentro de investigaciones penales.

El resto corresponde a armas incautadas, recuperadas o encontradas durante diligencias de requisa. Estos datos reflejan que buena parte del armamento retirado de circulación proviene de acciones policiales dirigidas contra organizaciones criminales y otros delitos.

La distribución territorial evidencia que la provincia de Panamá concentra prácticamente la mitad de todas las armas recuperadas en el país.

Entre enero y mayo fueron contabilizadas 308 armas en esa provincia, seguida por Colón con 73, Panamá Oeste con 66, Veraguas con 44, Herrera con 40 y Chiriquí con 36. Solo Panamá, Colón y Panamá Oeste reúnen 447 armas, equivalentes a cerca del 72% del total nacional.

La evolución histórica también permite dimensionar el fenómeno. Desde que existen registros oficiales del SIEC, 2010 continúa siendo el año con la mayor cantidad de armas recuperadas, con 3.756, una cifra muy superior al resto de la serie estadística.

Tras ese pico se produjo una caída sostenida, aunque las recuperaciones volvieron a incrementarse en los últimos años. En 2021 se contabilizaron 387 armas, en 2022 fueron 619 y, aunque el dato de 2026 corresponde únicamente al período comprendido entre enero y mayo, ya suma 624 armas, superando esos registros parciales cuando todavía resta más de la mitad del año.

Las estadísticas de homicidios muestran por qué las armas de fuego continúan siendo una prioridad para las autoridades. Entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 300 víctimas de homicidio, de las cuales 255 murieron por disparos, equivalente al 85% del total.

Muy por detrás aparecen los homicidios cometidos con arma blanca, con 24 casos (8%); asfixia mecánica, con ocho; objetos contundentes, con cuatro; incendiarismo, con tres, y golpes, con dos víctimas.

La geografía de la violencia también guarda similitudes con la distribución de las armas recuperadas. Panamá, donde se recuperó la mayor cantidad de armamento, también encabeza las estadísticas de homicidios con 133 víctimas durante el primer semestre.

Le siguen San Miguelito, con 54 homicidios; Colón, con 52; y Panamá Oeste, con 27, territorios donde igualmente se concentra una parte importante de las incautaciones realizadas por los organismos de seguridad.

El perfil de las víctimas también evidencia el impacto de la violencia armada sobre la población joven. Del total de homicidios registrados este año, 279 víctimas eran hombres, equivalente al 93%, mientras que 21 eran mujeres. El grupo de edad más afectado corresponde a los jóvenes entre 18 y 24 años, con 75 víctimas, seguido por las personas de 25 a 29 años, con 54, y las de 30 a 34 años, con 42 homicidios.

En cuanto al comportamiento mensual de las recuperaciones de armas, enero fue el mes con mayor cantidad, al registrar 158 armas, seguido por mayo con 134, febrero con 120, abril con 114 y marzo con 98.

Aunque las cifras muestran variaciones respecto al mismo período del año anterior, el promedio se mantiene por encima de las cuatro armas recuperadas por día.

Las estadísticas oficiales reflejan así una paradoja para las autoridades panameñas. Mientras cientos de armas ilegales son retiradas de circulación mediante operativos policiales, las armas de fuego continúan siendo el instrumento utilizado en la inmensa mayoría de los homicidios registrados en el país.

La coincidencia entre las provincias con mayor número de armas recuperadas y aquellas donde se concentran los asesinatos confirma que el combate al tráfico, porte y circulación ilegal de armamento sigue siendo uno de los principales retos para reducir la violencia en Panamá.

Los bomberos llegaron dos veces al mismo domicilio la mañana del viernes 25 de julio de 2026. La primera vez no encontraron llamas.

La segunda, al ingresar a la vivienda de dos pisos en la arbolada subdivisión de Riverwood, en Grand Haven Township, Michigan, hallaron ocho cuerpos sin vida. Dos adultos. Seis niños. Todos de la misma familia.

Las autopsias realizadas en Corewell Health–Blodgett confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban: Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, disparó contra su esposa y sus seis hijos, incendió la casa en múltiples puntos y luego se quitó la vida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa (OCSO) clasificó el caso como asesinato-suicidio el lunes 28 de julio.

Una familia reconocida en el barrio

Grand Haven Township es una localidad de aproximadamente 18.000 habitantes en la orilla este del lago Michigan, a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Grand Rapids. No tiene historial de crímenes violentos de este tipo.

En el vecindario de Riverwood, donde vivía la familia, los niños solían jugar en la calle, tal y como relataron vecinos a medios locales tras conocerse la noticia.

La primera alerta llegó a la OCSO por olor a humo durante la madrugada. Los bomberos acudieron al domicilio del bloque 14900 de Riverside Trail, no detectaron fuego activo y se retiraron.

Horas después, una segunda llamada por humo blanco los devolvió al mismo lugar. Al ingresar, encontraron los cuerpos distribuidos en distintas habitaciones de la casa.

El capitán Jacob Sparks, portavoz de la OCSO, describió la escena como “compleja” y confirmó que el arma utilizada era una pistola registrada a nombre de Kristopher Karolkiewicz.

La evidencia forense indicó que nadie más disparó el arma. No hubo llamadas previas de la policía a ese domicilio y el hombre no registraba antecedentes penales.

Quiénes eran las víctimas

Amanda "Mandy" Karolkiewicz, de 39 años, era maestra suplente en Peach Plains Elementary, del distrito Grand Haven Area Public Schools (GHAPS).

En enero de 2026, el propio distrito la había destacado en redes sociales como alguien que “va más allá por sus alumnos, especialmente cuando atraviesan momentos difíciles, respondiendo con empatía, paciencia y cuidado”, tal y como recogió el sitio Click On Detroit.

Mandy había nacido en Metro Detroit y publicaba con frecuencia en TikTok actualizaciones sobre su familia. A principios de julio de 2026, días antes de la masacre, viajó a China con dos de sus hijas adoptadas, mellizas de 11 años de origen chino —identificadas como Caroline y Ella—, en lo que ella misma describió como un viaje de reencuentro con sus raíces.

En un video publicado en esa red social, escribió que estaba “increíblemente orgullosa de la herencia china de sus hijas”. Los registros del viaje indican que las tres regresaron a Estados Unidos alrededor del 18 de julio. Seis días después, la familia estaba muerta.

Los seis niños asesinados —cuatro varones de 15, 12, 11 y 5 años, y las 2 mellizas de 11— fueron hallados en distintos dormitorios. Cuatro eran hijos biológicos de la pareja y dos eran adoptados, conforme informó la OCSO.

Las autoridades no revelaron sus nombres. Los animales de la familia —varios perros y al menos un gato— también murieron en el incendio.

El historial que Mandy eligió documentar

Hacia 2024, bajo el nombre de usuario MandyK1179, Mandy escribió decenas de publicaciones en Reddit.

The Detroit News identificó y verificó de forma independiente esa cuenta al cruzar detalles sobre fechas de matrimonio, edades, hijos, ocupaciones y lugar de residencia de la pareja.

Los posts revelan una vida que oscilaba entre la apariencia de normalidad y un dolor privado acumulado durante años.

En uno de esos textos, Mandy describió cómo conoció a Kris cuando ella era pasante: "Él estaba divorciado y era mayor que yo… diez años después y cinco hijos, estaba engañándome con la pasante de nuevo, de la misma edad que yo cuando era la pasante“, escribió, de acuerdo con lo publicado por The Detroit News.

El patrón era el mismo: él había repetido la infidelidad con alguien de la misma edad que ella tenía cuando se conocieron.

Mandy también publicó en el subreddit denominado As One After Infidelity, un grupo de apoyo para personas en proceso de reconciliación tras una infidelidad. Allí escribió: “Tenemos seis hijos, así que la idea de irme es increíblemente aterradora.”

La decisión de quedarse, aseguró, estuvo condicionada por los hijos. “Me seguía repitiendo: ‘Quiero a mis hijos más de lo que odio a mi marido en este momento’. No tienen idea. Lo fingí hasta que lo logramos.”

The Detroit News también reconstruyó que Mandy escribió sobre la decisión de alejar a la familia extendida para cuidar su salud mental y sobre el momento en que empujó a su esposo al enterarse de su “romance emocional”.

El despido que precedió a la masacre

Kristopher "Kris" Karolkiewicz se desempeñó como vicepresidente nacional de ventas y marketing de la American Heart Association (AHA) desde septiembre de 2023.

Trabajaba de forma remota desde su casa en Grand Haven para la división de capacitación en RCP y primeros auxilios. La AHA confirmó a Click On Detroit que “su relación laboral finalizó” en julio de 2026, semanas antes del crimen, sin revelar la causa por política interna de personal.

La misma fuente reportó que colegas de Kris habían comenzado a cuestionar sus credenciales educativas y laborales meses antes de la desvinculación y que al menos 3 empleos previos también habían terminado de forma abrupta antes de su ingreso a la AHA.

Sparks confirmó en conferencia de prensa que los investigadores creen que los asesinatos ocurrieron durante la noche del jueves 24, horas antes del aviso por humo del viernes.

“La investigación indica que esto fue un asesinato-suicidio, con el incendio iniciado después de los asesinatos”, declaró el capitán, en palabras recogidas por The Guardian.

No se recuperó ninguna nota que señalara un motivo. La OCSO trabaja en el análisis de documentos y dispositivos electrónicos incautados en la escena.

El caso es al menos el 13.° asesinato masivo registrado en Estados Unidos en lo que va de 2026, de acuerdo con el Gun Violence Archive, organización no partidista que rastrea episodios de violencia armada en el país.

El GHAPS activó equipos de apoyo emocional para estudiantes y familias pese a que las clases no estaban en sesión.

La superintendenta Kristin Perkowski calificó lo ocurrido como “un incidente devastador”, tal y como informó Click On Detroit.

La hermana de Mandy, Molly, pidió públicamente que no se especulara sobre el caso. Personas cercanas a la familia indicaron a medios locales que ambas hermanas no habían tenido contacto en los últimos 5 años.

El último video público de Mandy Karolkiewicz fue publicado el 17 de julio de 2026 en TikTok, días después de regresar de China con sus hijas.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan recurriendo al uso de caletas subterráneas para ocultar cargamentos de droga, protegerlos de las autoridades y mantenerlos almacenados hasta encontrar el momento adecuado para trasladarlos por mar, tierra o aire hacia mercados internacionales.

Esta modalidad volvió a quedar al descubierto en Panamá luego de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval localizaran una caleta clandestina en el sector de Cuango, Costa Arriba, de Colón, donde permanecían enterrados 280 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia y patrullajes terrestres desarrollados por unidades aeronavales desplegadas en el área. Tras varias horas de búsqueda, los agentes encontraron cinco sacos ocultos bajo tierra, una técnica utilizada por las organizaciones criminales para disminuir el riesgo de que la droga sea detectada durante operativos de vigilancia.

Las llamadas caletas constituyen uno de los métodos más utilizados por las redes del narcotráfico internacional en países de tránsito como Panamá.

Estos depósitos clandestinos suelen construirse en áreas boscosas, fincas, playas, manglares o zonas de difícil acceso, donde los cargamentos permanecen ocultos durante días o incluso semanas antes de ser recuperados por otros integrantes.

El objetivo es reducir la exposición de la droga durante los traslados y fragmentar la cadena logística para dificultar las investigaciones.

Tras el hallazgo en Cuango, la Aeronaval coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala el traslado de la evidencia hasta la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman. Allí fueron contabilizados 280 paquetes distribuidos en cinco sacos, cuyo contenido será confirmado mediante análisis periciales.

Con esta incautación, el Senan informó que durante 2026 ha decomisado 42.502 paquetes de sustancias ilícitas en 74 operaciones antidrogas, como parte de acciones permanentes para combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional.

Las cifras oficiales reflejan que Panamá continúa siendo uno de los principales corredores del narcotráfico en la región. De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), entre enero y mayo de este año fueron decomisadas 47,04 toneladas, de las cuales 28,47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras que el resto se distribuyó entre metanfetaminas, THC, éxtasis.

El informe también muestra que Colón concentra el mayor volumen de incautaciones del país, con 13,38 toneladas, seguido por Panamá (9,52 toneladas), Panamá Oeste (9,09 toneladas), Chiriquí (7,24 toneladas) y Los Santos (4,94 toneladas).

En el otro extremo aparecen Darién con 1,83 toneladas, Coclé con 0,77 y Guna Yala con 0,25 toneladas, mientras que Veraguas y Herrera no reportaron decomisos durante ese período.

El comportamiento mensual evidencia además que mayo fue el mes con mayor cantidad de droga decomisada, al acumular 12,49 toneladas, por encima de febrero (10,50 toneladas) y enero (9,95.

Las investigaciones por delitos relacionados con drogas también continúan avanzando en distintas provincias. En Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 80 meses de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

El condenado fue capturado el pasado 23 de julio en David, durante una diligencia de registro e inspección en la que las autoridades encontraron drogas y otros. Además de la pena de prisión, el Tribunal le impuso una inhabilitación.

Mientras tanto, en la provincia de Panamá, la Operación Corsario permitió desarticular una estructura criminal que, según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, era investigada desde 2024 con apoyo de autoridades del Reino de España.

Las diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Betania culminaron con cinco personas imputadas por presuntos delitos de conspiración para el tráfico de.

Como parte de esa investigación, dos de los imputados permanecerán en detención provisional, mientras que otros tres deberán cumplir la medida cautelar de reporte periódico durante el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, la organización presuntamente utilizaba una estructura destinada a facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de, en un caso que evidencia el alcance internacional de redes.

Cuando observó el uso de drones baratos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, al fundador y director ejecutivo de Mithril Defense se le ocurrió que una versión no letal de esa tecnología podría haber salvado vidas en la escuela primaria de Uvalde.

Washington Post asegura que hoy, al menos nueve escuelas de Estados Unidos estrenan ese sistema: drones equipados con gas pimienta capaces de interceptar a un tirador activo en 15 segundos.

Cómo funciona el sistema

Los dispositivos, fabricados en plástico y clasificados como no letales, se almacenan en bases de carga distribuidas por los edificios escolares. Cada escuela cuenta con entre 30 y 60 drones según el tamaño del edificio, instalados en los techos.

Ante una emergencia, los docentes pueden activarlos mediante una aplicación móvil o botones de pánico instalados en las aulas. Pilotos remotos —exintegrantes de los Navy SEALs, operadores de equipos SWAT y pilotos de carreras de drones de élite— los dirigen desde centros de control que pueden estar a cientos de kilómetros de distancia.

Además de gas pimienta, las aeronaves llevan cámaras de vigilancia, luces estroboscópicas, sirenas y un sistema de altavoz y micrófono para que los pilotos remotos se comuniquen con docentes y fuerzas de seguridad.

Los dispositivos también pueden embestir al atacante a 96 km/h (60 mph). Los aparatos alcanzan entre 48 y 80 km/h (30 y 50 mph) dentro de un edificio, y hasta 160 km/h (100 mph) en exteriores, tal y como informó el Washington Post.

“Una vez que pongo los drones sobre vos, simplemente no podés escapar de ellos”, afirmó Bill King, cofundador de Mithril Defense y ex Navy SEAL, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

Marston declaró al Washington Post que los primeros 120 segundos son los más críticos, ya que en ese lapso ocurre la mayor parte del tiroteo.

Para respaldar esa afirmación, la empresa trabaja con la Universidad de Florida en un estudio independiente que medirá los tiempos de reacción del sistema frente a los de los efectivos policiales. El sistema nunca fue probado en un incidente real con un tirador activo.

Georgia aprueba USD 550.000 para cinco escuelas piloto

El estado de Georgia aprobó un subsidio de USD 550.000 para desplegar el sistema en cinco escuelas secundarias a partir del ciclo escolar 2026-2027: el Coffee High School, el Gainesville High School, el River Ridge High School, el Troup County High School y el Statesboro High School.

La Junta Estatal de Educación respaldó la iniciativa con el objetivo de evaluar el desempeño del sistema antes de decidir si extenderlo a todo el estado.

El representante republicano Matt Dubnik, presidente del subcomité de educación de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara, aseguró que la tecnología podría proteger escuelas que no cuentan con oficiales de seguridad en el campus.

El piloto se probará en establecimientos con y sin esos efectivos. “Creo en la tecnología”, afirmó Dubnik en declaraciones al Washington Post, y agregó que cientos de legisladores estatales coincidieron al votar el presupuesto que incluyó el financiamiento del programa.

Georgia se convierte así en el segundo estado en adoptar esta tecnología, luego de que Florida financiara el mismo sistema en 2025. La decisión llegó dos años después del tiroteo en el Apalachee High School, donde murieron cuatro personas y otras nueve resultaron heridas.

Florida supera USD 1,1 millones en inversión y Colorado se suma por su cuenta

En Florida, el Deltona High School —una escuela pública al norte de Orlando con cerca de 1.700 estudiantes— fue el primer establecimiento en instalar el sistema, a fines del ciclo escolar pasado.

Le siguieron el Boyd H. Anderson High School, en los alrededores de Fort Lauderdale, y el Godby High School, en Tallahassee.

La Legislatura estatal aprobó otros USD 564.500 para el programa en el presupuesto 2026-2027, tal y como informó News4JAX, con lo que la inversión acumulada de Florida supera el millón de dólares en dos años.

En Colorado, la John Adams Academy —una escuela pública chárter en Sterling Ranch para estudiantes de jardín de infantes hasta duodécimo grado— financiará el programa con recursos propios durante su año inaugural.

El programa se enmarca en una ola de gasto en seguridad de alta tecnología en los campus educativos de Estados Unidos, una industria multimillonaria impulsada por la amenaza de los tiroteos escolares.

Cerca de 400.000 estudiantes vivieron situaciones de violencia armada en sus escuelas desde el ataque al Columbine High School en 1999, según un rastreador del Washington Post que registró 435 tiroteos en ese período.

La iniciativa no estuvo exenta de resistencia. Sonali Rajan, directora sénior de investigación de Everytown for Gun Safety (EGS), afirmó que el programa piloto de drones “no es más que un parche: una medida reactiva ante un problema que nos negamos a resolver de raíz”, en un comunicado recogido por State Affairs.

Rajan agregó que desplegar drones en escuelas secundarias equivale a normalizar el terror en los espacios que deberían fomentar el aprendizaje.

La superintendente del sistema escolar del Condado de Troup, Rachel Hazel, defendió la apuesta. “La seguridad en las escuelas es un enfoque por capas; simplemente querés lo mejor para los chicos”, aseguró al medio State Affairs. “Si ayuda a las fuerzas del orden a saber dónde está el peligro, vale cada centavo.”

El asesinato de 20 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala en lo que va de 2026 evidencia un repunte de la violencia en el país centroamericano y ha llevado al gobierno a anunciar una revisión de sus estrategias de seguridad. La cifra, confirmada este lunes por fuentes oficiales y difundida por la agencia de noticias EFE, duplica la de 2025, según el recuento de medios locales, y ha generado preocupación en las autoridades y la ciudadanía.

Según el Ministerio de Gobernación, encabezado por Marco Antonio Villeda, la mitad de los policías fallecidos perdieron la vida en ataques perpetrados por pandillas. Durante una rueda de prensa, Villeda lamentó que la labor de los agentes “haya sido pagada con sangre” y subrayó la gravedad de la situación. EFE informó que el funcionario pidió un respaldo institucional y social para el trabajo policial en el contexto actual.

El caso más reciente corresponde a Byron Mejía Montenegro, un agente de 27 años que fue asesinado por disparos la noche del domingo en una aldea del municipio de Amatitlán, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala. Según portavoces de la Policía Nacional Civil, Mejía Montenegro fue atacado cuando acudía, junto a un compañero, a verificar un incidente reportado en la zona. El operativo dejó además a otro agente herido, según informó la PNC a través de sus canales oficiales.

La PNC realizó este lunes las honras fúnebres en la sede central para despedir al agente Mejía Montenegro. De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el policía era originario de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Ingresó a la fuerza el 1 de febrero de 2023 y formaba parte de la 54 promoción, con una trayectoria de tres años, cinco meses y 26 días de servicio en la institución. Durante su carrera, prestó servicios en la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) y, más recientemente, en la comisaría 15. Fuentes de la PNC detallaron que el agente deja a una niña de 2 años.

En la ceremonia estuvieron presentes familiares directos del agente, la viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Ortiz Solares, el director general de la PNC, David Estuardo Custodio, el director general adjunto, Héctor González Prera, así como subdirectores generales. La Policía Nacional Civil de Guatemala reiteró su reconocimiento al servicio prestado por Mejía Montenegro y expresó su solidaridad con los allegados del agente caído.

El presidente Bernardo Arévalo ordena una revisión urgente de seguridad

La reacción del gobierno ante los ataques no se hizo esperar. El presidente Bernardo Arévalo de León ordenó una revisión urgente de las políticas de seguridad tras el fin de semana que dejó un saldo de 24 homicidios solo el sábado, según cifras oficiales recogidas por EFE. El Ejecutivo reconoció que los niveles de violencia superaron los registros y que las fuerzas de seguridad se encuentran por la escalada de ataques.

Entre enero y febrero, Guatemala permaneció bajo estado de sitio debido a una serie de atentados simultáneos atribuidos al grupo criminal Barrio 18. Estos hechos, según las autoridades, dejaron un saldo de once policías muertos en la capital y motivaron una respuesta por parte del gobierno de Arévalo de León. EFE detalló que la medida buscó contener la ola de violencia y recuperar el control en sectores de la ciudad.

La hipótesis sobre las represalias

Investigaciones policiales atribuyeron los ataques más recientes a la decisión del Ejecutivo de retomar el control de tres prisiones donde se habían registrado motines en los meses previos. Según portavoces oficiales citados por EFE, la intervención en los centros penitenciarios habría provocado represalias por parte de las pandillas, especialmente de Barrio 18 y Salvatrucha.

El contexto de violencia en el país

La dinámica de violencia no se limita a los ataques contra la policía. Expertos citados por EFE señalaron que la mayoría de los homicidios registrados en el país se relacionan con la actividad de pandillas y con disputas por el narcotráfico. El incremento de los asesinatos de agentes de seguridad pública representa un desafío para el Estado y ha puesto en debate la eficacia de los mecanismos de protección para el personal policial.

Según el recuento de medios locales recogido por EFE, los agentes asesinados este año representan el doble de los reportados el año anterior, en ausencia de estadísticas oficiales actualizadas.

Haití fijó el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de sus elecciones presidenciales y legislativas, según anunció este lunes el Consejo Electoral Provisional (CEP). El país no celebra comicios desde 2016.

Ese mismo día los ciudadanos también votarán un referendo para ratificar enmiendas a la Constitución. La segunda vuelta de los comicios, junto con las elecciones a los órganos de gobierno local, quedó fijada para el 21 de febrero de 2027, y la publicación de los resultados definitivos para el 7 de marzo. Ambas fechas reemplazan el cronograma anterior, que situaba la primera vuelta el 30 de agosto.

En un comunicado, el CEP condicionó el cumplimiento del calendario a dos factores: un clima de seguridad aceptable y la disponibilidad de recursos financieros suficientes. El organismo también llamó a que la organización de los comicios sea una “responsabilidad compartida” entre el Gobierno, los actores políticos y la comunidad internacional.

La nación caribeña arrastra una década sin elecciones desde que concluyó el período de transición que llevó a la presidencia a Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021 en su residencia oficial. Desde entonces, ninguna autoridad ha sido elegida por voto popular.

La inseguridad es precisamente la causa de ese vacío: solo en el primer semestre de 2026, la violencia dejó más de 2.300 muertos, según la ONU. Entre las masacres más letales figura la perpetrada entre el 29 y el 31 de marzo en 16 localidades de la Baja Artibonite, una región agrícola del centro del país, donde 83 personas fueron asesinadas en apenas 72 horas.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé anticipó en abril que el proceso electoral solo podría avanzar tras recuperar los territorios bajo control de las bandas. “Las elecciones se celebrarán cueste lo que cueste”, declaró durante una ceremonia pública.

La alianza Viv Ansanm, designada organización terrorista por Washington, controla la mayor parte de Puerto Príncipe y se ha expandido hacia el interior del país. Sus operaciones incluyen secuestros masivos, violaciones en grupo, incendios provocados y tráfico de armas, órganos y drogas. Aproximadamente el 12% de la población vive en campamentos improvisados o con familias de acogida.

A principios de julio, el CEP informó que había comenzado a registrar votantes, capacitar agentes de seguridad electoral y publicar una lista de más de 300 partidos habilitados para competir. En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF), un cuerpo de hasta 5.500 efectivos entre militares y policías, en reemplazo de la anterior misión multinacional.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

La detención provisional de un hombre de 45 años imputado por violación agravada contra sus dos hijas ha puesto nuevamente en el centro del debate la magnitud de la violencia sexual que afecta a la infancia en Panamá.

El hombre fue arrestado después de que el tribunal legalizara su aprehensión y admitiera la acusación presentada por el Ministerio Público, que solicitó la medida cautelar más estricta.

Las investigaciones revelan que las agresiones sexuales presuntamente ocurrieron durante varios años, cuando las víctimas eran aún niñas.

Uno de los datos más alarmantes es que una de las hijas, todavía menor de edad, se encuentra embarazada, situación que permitió descubrir los hechos y motivó la denuncia formal.

La Fiscalía Metropolitana sostiene que el caso es representativo de una problemática extendida en el país.

Durante el primer semestre de 2025, las autoridades panameñas recibieron 3,392 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 3,129 correspondieron a violación y delitos conexos.

Esta cifra refleja la persistencia de la violencia sexual, especialmente en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca indígena Ngäbe Buglé, donde se concentra la mayor incidencia.

Entre 2019 y 2024, Panamá registró más de 40,700 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual.

Según datos oficiales y de organismos internacionales, más del 70 % de las víctimas son menores de edad, predominantemente niñas y adolescentes entre 10 y 17 años.

La tasa nacional de denuncias ha mantenido una tendencia creciente, llegando a 183,9 por cada 100,000 habitantes en 2023.

El año pasado cerró con 8,193 denuncias, mientras que en 2024 se reportaron 6,636 casos.

Si bien estas cifras sugieren un descenso marginal, especialistas advierten que no reflejan una mejora estructural, debido a la cifra oculta y a la persistencia de embarazos adolescentes y violencia intrafamiliar.

Los datos forenses indican que cerca del 80% de las valoraciones por delitos sexuales corresponden a víctimas menores de edad.

En paralelo al caso inicial, la Dirección de Investigación Judicial y unidades de la Policía Nacional concretaron la aprehensión de otro hombre condenado a 25 años de prisión por violación, actos libidinosos y corrupción de menores.

Además, se detuvo a un tercer individuo presuntamente vinculado a violación agravada.

En la provincia de Los Santos, un hombre de 37 años fue arrestado en la barriada Santa Isabel tras verificarse una orden judicial pendiente en su contra por el mismo tipo penal.

Estas acciones reflejan la intensificación de los operativos y la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público para responder a una problemática estructural.

Los servicios de protección de niñez atienden cada año centenares de casos de abuso y maltrato en un contexto de pobreza, desigualdad territorial y limitaciones institucionales para prevenir y atender la violencia sexual.

El Código Penal panameño, en su Libro Segundo, Título III, agrupa bajo la categoría de delitos contra la libertad e integridad sexual un catálogo de figuras que incluyen la violación simple, la violación agravada, el acceso sexual con menores, los actos libidinosos, el acoso sexual, la corrupción de menores y la pornografía infantil.

La normativa distingue con precisión las situaciones en las que el consentimiento es jurídicamente irrelevante, como ocurre en los casos de menores de edad.

Asimismo, establece agravantes vinculadas a la edad de la víctima, el vínculo con el agresor y el uso de violencia o intimidación.

De acuerdo con la legislación, se considera violación agravada la cometida contra personas menores de 14 años, y violación doblemente agravada cuando el perpetrador es un familiar o pariente cercano.

La evidencia recabada muestra un fenómeno sostenido y complejo, donde la especial vulnerabilidad de la niñez frente a la violencia sexual intrafamiliar exigerespuestas judiciales y sociales cada vez más firmes.

Un adolescente de 16 años que no participó en ninguna pelea fue rodeado, golpeado y apuñalado 11 veces en las calles de Londres la madrugada del 29 de junio de 2008. Su nombre era Ben Kinsella, y su asesinato conmocionó al Reino Unido y reavivó el debate sobre la violencia juvenil con armas blancas.

Según recogió el canal Crime+Investigation, Ben había salido esa noche con amigos a festejar el fin de sus exámenes en el bar Shillibeers Brasserie, en el barrio de Islington. Allí se originó una discusión entre uno de sus acompañantes y un hombre llamado Osman Ozdemir.

El conflicto escaló cuando un amigo de Ozdemir, Jade Braithwaite, hizo comentarios amenazantes. “Decile a tu chico que si quiere pelea, tengo mi herramienta y te va a abrir”, dijo, según testimonios recogidos por Crime+Investigation. El grupo aparentó retirarse, pero regresó al lugar acompañado por dos jóvenes, identificados como Michael Alleyne y Juress Kika, con la intención de vengarse.

Ben y sus amigos decidieron irse a casa, pero durante el camino se dieron cuenta de que los seguían. Sus amigos corrieron. Ben no lo hizo: no había formado parte en la pelea y no creyó estar en peligro. Braithwaite, Kika y Alleyne lo rodearon. “¿Por qué vienen hacia mí? Yo no hice nada“, dijo, según testigos del caso.

Lo golpearon hasta tirarlo al suelo y lo apuñalaron 11 veces en la espalda y el pecho. Ben murió por pérdida de sangre a las 7:24 de la mañana del 29 de junio de 2008.

El juicio y las condenas

Los tres acusados se declararon no culpables ante la justicia. El juicio comenzó el 27 de abril de 2009 y se extendió durante 7 semanas. El 11 de junio de 2009, un jurado los declaró culpables de asesinato.

Los tres recibieron cadena perpetua con un mínimo de 19 años de prisión. Las pruebas en su contra incluyeron pruebas de circuito cerrado de televisión, declaraciones de testigos y manchas de sangre de Ben en la ropa de los condenados, según detalló Crime+Investigation.

El caso generó un impacto considerable dentro de la opinión pública de todo el Reino Unido durante un periodo en el que la violencia ejercida con armas blancas entre adolescentes ya había alcanzado niveles que eran altos para la sociedad. Antes de fallecer, Ben ya había advertido acerca de ese problema.

Quién era Ben Kinsella

Ben tenía 16 años, asistía como estudiante a la Holloway School, ubicada en el barrio de Islington, y tenía el sueño de dedicarse profesionalmente como diseñador gráfico. Había creado el diseño de un logotipo, que consistía en una letra “K” coronada, que varios años después se transformó en el símbolo oficial de la organización Ben Kinsella Trust.

Después de haber sido amenazado con un cuchillo mientras desempeñaba un empleo a tiempo parcial en un café, Ben redactó una carta dirigida al entonces primer ministro Gordon Brown, como parte de una tarea que le habían asignado en la escuela, en la que sugería medidas para abordar la situación: creación de clubes juveniles, aplicación de toques de queda y realización de cursos orientados a padres.

Brooke Kinsella, la hermana mayor de Ben, quien es conocida por haber interpretado un papel en la serie EastEnders, asumió el papel de principal promotora del Ben Kinsella Trust (BKT), una organización enfocada en trabajar contra la violencia provocada por armas blancas en el país.

El Ben Kinsella Trust diseñó talleres de concientización que recibieron reconocimiento en todo el país y organizó muestras itinerantes centradas en esa problemática. Este grupo continúa desarrollando actividades.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión al hondureño Fernando Josué Gálvez Manzano por el robo de una cartera a una víctima con régimen de protección, según informó Centros Judiciales El Salvador. El hecho ocurrió el 27 de abril de 2025 en la colonia Miramonte de la capital salvadoreña.

De acuerdo con el informe, durante el juicio el tribunal dio por acreditada la existencia del delito y la participación del condenado. También estableció que usó violencia física para despojar a la víctima de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima caminaba para abordar transporte público sobre la calle Toluca, en la avenida Bernal, en San Salvador. Según el relato, Gálvez Manzano la interceptó, la sujetó del cuello y la arrastró. Esa versión fue corroborada por el reconocimiento de lesiones practicado durante la investigación.

“La víctima relató que Gálvez Manzano la sujetó del cuello y posteriormente la arrastró, versión que fue corroborada mediante el reconocimiento de lesiones practicado durante la investigación”, expone el reporte judicial divulgado este viernes por la institución judicial.

Casos semejantes en el país

El 21 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que Cristian Alexander Membreño Quinteros y Josué Obed Romero Arévalo fueron condenados a 20 años de prisión por robo agravado en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad, tras un asalto cometido contra dos víctimas.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2017 en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este, cuando las víctimas estaban en su lugar de trabajo y los imputados ingresaron armados. Según el expediente, los asaltantes amenazaron y sometieron a las personas del establecimiento con violencia. Les robaron USD 600 en efectivo, un teléfono celular y documentos personales y luego huyeron del lugar.

Tras la denuncia, las víctimas identificaron a los responsables mediante un reconocimiento fotográfico. La sentencia se dictó en ausencia por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, que valoró prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General durante el juicio.

También en junio del año en curso, un tribunal de San Salvador condenó a José Alfredo Gómez Ramírez a 12 años de prisión tras hallarlo culpable del delito de robo contra una víctima a la que despojó de objetos de valor. Según el expediente, el acusado ya había cumplido dos condenas por robos cometidos en 2015 y 2020.

El asalto ocurrió la tarde del 18 de enero en la 12ª calle poniente, entre la 1ª avenida sur y la avenida Isidro Menéndez, en el centro de la capital. La víctima fue interceptada, recibió amenazas de muerte y entregó sus pertenencias antes de huir para pedir apoyo policial.

Agentes lo ubicaron y detuvieron a los pocos minutos. La Fiscalía presentó la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y, al término de la audiencia de vista pública sumaria, fue declarado responsable penalmente.

Vale recordar que en 2025 El Salvador reformó su Código Penal para incrementar las penas de prisión a más de una decena de delitos graves y comunes como lo son el robo, el hurto y la estafa.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la CDMX detuvieron a una mujer que “posiblemente sustrajo” productos con un valor superior a 16 mil 500 pesos de una tienda departamental de la alcaldía Benito Juárez.

/mexico/2026/07/26/gobierno-de-mexico-mantiene-intervencion-permanente-en-19-comunidades-de-la-montana-de-guerrero-por-la-violencia/

/mexico/2026/07/26/madre-de-danna-yanina-pide-a-alejandra-quintos-que-su-hija-lleve-el-proceso-en-libertad/

Policías de la SSC de la CDMX detienen a dos individuos con dosis de posible droga y una réplica de arma de fuego en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante una manifestación en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Policía Auxiliar, del Sector Orion, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encapsularon a los inconformes que realizaron pintas en los edificios.

Posteriormente fueron asegurados, sin embargo, las autoridades decidieron no ponerlos a disposición debido a la libertad de expresión.

/mexico/2026/07/26/fuerzas-federales-detienen-a-6-presuntos-integrantes-de-los-deltas-durante-operativos-en-zapopan-jalisco/

/mexico/2026/07/26/van-11-dias-de-la-desaparicion-de-jose-silva-andrade-defensor-ambiental-en-michoacan-que-se-sabe-de-su-posible-secuestro/

Agreden a elementos de la Guardia Civil de SLP: dos fallecieron

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí fallecieron este domingo tras ser agredidos durante labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad Cerrito de la Cruz.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), el ataque ocurrió mientras los uniformados cumplían funciones de servicio en esa localidad.

De forma inmediata, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y desplegaron un operativo en la zona con la participación coordinada de instituciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de localizar y detener a los presuntos responsables.

Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades conforme a derecho, según indicó la SSPC. La dependencia exhortó a la ciudadanía a abstenerse de difundir versiones no confirmadas sobre los hechos.

Imputan a policía municipal por el asesinato de dos personas en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía Regional Córdoba, formuló cargos ante la autoridad judicial contra Levy “N”, un exmando policial señalado como presunto responsable del homicidio doloso calificado de dos personas en el municipio de Atoyac.

El caso, registrado bajo el número de proceso penal 620/2026, tiene su origen en hechos ocurridos los días 4 y 5 de enero de 2023, cuando ambas víctimas fueron detenidas y trasladadas a la comandancia de la Policía Municipal de Atoyac.

De acuerdo con los datos, el imputado se desempeñaba como mando policial y presuntamente ordenó que los detenidos no fueran puestos a disposición de la autoridad ministerial, permitiendo que fueran sustraídos de las instalaciones junto con otras personas.

Horas después de su sustracción de la comandancia, las víctimas fueron localizadas sin vida con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Con base en las evidencias recabadas durante la investigación ministerial, el órgano jurisdiccional decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Levy “N”.

Procesan a implicado en un feminicidio en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como R.G.M. por su probable responsabilidad en el feminicidio de D.A.Z.V., ocurrido el 11 de julio de 2026 en la comunidad de Nican de la Soledad, Santiago Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante una discusión en un domicilio de esa localidad, donde la víctima fue agredida con un arma de fuego y falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Tras recibir la denuncia, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca recabó entrevistas, dictámenes periciales y demás datos de prueba que sustentaron la solicitud de la orden de aprehensión ante la autoridad judicial. El mandamiento fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ubicaron y detuvieron a R.G.M.

Una vez detenido, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con el proceso conforme a derecho.

Reportan operativo de la Marina en Zapopan, Jalisco

Este domingo se reportó un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en distintas colonias de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con Telediario, los despliegues se realizaron en la colonia Mirador del Sol, en la calle Helios en el cruce con Chichén Itzá, y un segundo en la colonia La Estancia, sobre la calle Comerciantes.

En la acción también se observó un helicóptero de la Marina que sobrevoló en la zona. Hasta el momento las autoridades no han informado personas detenidas o algún decomiso realizado en la zona.

Realizan audiencia del director y encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz por el caso Dafne

Luego de que fueron detenidos durante la noche del sábado y madrugada de este domingo, la audiencia en contra de Jorge Luis “N” (director de la Academia Militarizada Marina Doenitz) y Estrellita “N” (encargada de los alumnos) se lleva a cabo en el Centro Integral de Justicia de Altamira, en Tamaulipas.

La diligencia se programó para comenzar a las 10:00 de la mañana, pero entró en receso y será reanudada hasta las 12:00 horas.

Ambos detenidos contaban con una orden de aprehensión relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad que falleció cuando se encontraba en un campamento de verano en la academia.

Cuatro días después de haber ingresado, la adolescente murió a causa de asfixia por sumersión, aunque la versión que sostuvieron tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” fue que Dafne se desvaneció cuando se encontraba en la regadera y ya no respondió.

Será en las próximas horas cuando se defina la situación jurídica de los detenidos.

/mexico/2026/07/26/investigan-abuso-sexual-contra-menor-de-edad-en-chiapas-responsables-grabaron-la-agresion/

Detienen a hombre implicado en el robo de una tienda de abarrotes en Álvaro Obregón

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 45 años de edad implicado en el robo a una tienda de abarrotes en la colonia Lomas de Potrero de la alcaldía Álvaro Obregón.

El hecho fue reportado por la propia víctima, un hombre de 44 años, quien se acercó a los uniformados mientras estos realizaban labores de vigilancia en la calle Pino. El afectado refirió que un sujeto había ingresado a su negocio, lo amenazó con un cuchillo y le sustrajo dinero en efectivo.

Tras activar un dispositivo de búsqueda, los oficiales identificaron al probable responsable en el cruce de las calles Jacarandas y cerrada de Ébanos, en la colonia Los Cedros y le efectuaron una revisión.

Durante la inspección, los agentes le hallaron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo con hoja de filo, además del dinero en efectivo referido por el denunciante.

El detenido fue trasladado junto con los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Despliegan dispositivo de seguridad en municipios de Nayarit

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) de Nayarit desplegó operativos de seguridad en los 20 municipios del estado, en los que también participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

A través de la Policía Estatal, los operativos contemplan patrullajes estratégicos, recorridos preventivos y presencia interinstitucional en carreteras, zonas urbanas y comunidades de toda la entidad.

La secretaría precisó que las acciones buscan prevenir conductas delictivas, atender de forma oportuna los reportes ciudadanos y garantizar el orden en beneficio de la población nayarita.

Aseguran 49 máquinas tragamonedas y drogas durante cateos en domicilios de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán desarticuló una red de minicasinos ilegales en Uruapan al ejecutar 10 órdenes de cateo en distintas colonias del municipio, operativo que derivó en el aseguramiento de 49 máquinas tragamonedas, narcóticos y la detención de un hombre de 32 años.

Las diligencias se originaron en investigaciones por extorsión y delitos contra la salud, en las que participaron de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los cateos se cumplimentaron en inmuebles de las colonias Ampliación San Francisco, San Luis, La Mora, Real de Santa Rosa, Periodismo, Movimiento Antorchista y Los Doctores, además de un domicilio sobre la calle Mariano Matamoros.

Hallazgos en los domicilios intervenidos: de droga hasta casquillos

El inmueble ubicado sobre la calle Mariano Matamoros concentró los indicios de mayor peso: siete máquinas tragamonedas, recipientes con marihuana, un contenedor con sustancia granulosa de color blanco con características propias de un narcótico, teléfonos celulares y casquillos de arma de fuego.

En ese lugar fue detenido Miguel Ángel “N”, de 32 años. Tanto el arrestado como los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En el conjunto de los 10 puntos intervenidos, el personal aseguró un total de 49 máquinas tragamonedas, junto con narcóticos, casquillos y equipos de comunicación.

/mexico/2026/07/26/investigacion-del-asesinato-de-hector-melesio-cuen-no-presenta-avances-a-dos-anos-de-cometerse-senalan-familiares/

Arrestan a dos hombres que transportaban más de media tonelada de marihuana en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas detuvo a tres personas que transportaban más de 691 kilogramos de marihuana en la carretera Tuxtla Gutiérrez - Arriaga.

El operativo lo ejecutó la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) durante patrullajes de prevención y disuasión del delito en el kilómetro 20+000 del tramo carretero Tierra y Libertad. Los tres individuos viajaban a bordo de dos vehículos con origen en la Ciudad de México y destino a Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

En el vehículo de carga que acompañaba la caravana, elementos de la FRIP aseguraron 92 paquetes con hierba verde con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 691.200 kilogramos. La detención se realizó en flagrancia por probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Además de la droga, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y los dos vehículos en los que se desplazaban los imputados: una camioneta Ford F350 y un sedán Audi A6.

Los detenidos, identificados como César “N”, Gamaliel “N” y Edmundo “N”, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el deslinde de su responsabilidad.

/mexico/2026/07/26/suman-3-detenidos-por-el-feminicidio-de-dafne-zapata-quien-es-estrellita-n-y-cual-era-su-papel-en-la-academia-militarizada-doenitz/

/mexico/2026/07/25/secretaria-de-la-defensa-se-deslinda-del-caso-dafne-zapata-no-tiene-atribuciones-sobre-academias-militarizadas/

La muerte de la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida como “La MiAmor”, durante una masacre en Villa Canales, Guatemala, ha dejado un profundo impacto en el mundo digital y entre la comunidad local.

El hecho, que ocurrió en la noche del 25 de julio, terminó con la vida de seis personas y generó una ola de conmoción entre los seguidores de la creadora de contenido, quien gozaba de popularidad en TikTok por sus videos humorísticos junto a su hijo conocido como "ElPako".

Al principio, se creyó que “El Pako” estaba entre las víctimas mortales, sin embargo, no se ha confirmado oficialmente. Mientras que el creador de contenido publicó este domingo 26 en horas de la mañana un video en su cuenta de TikTok donde se limitó a indicar: "Mi amor lindo siempre te voy a amar, mi vida hermosa. Te adoro. Siempre serás el amor de mi vida. Mi amor".

El video lo acompañó con la siguiente leyenda: “En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos. Gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras, mi amor”, mismo en el que etiquetó a su madre, quien era conocida como “LaMiAmor” en el mundo digital.

Las muestras de condolencia y de apoyo no se hicieron esperar. Los seguidores de “El Pako” aprovecharon el video publicado para manifestarle sus muestras de cariño y el pésame al creador de contenido.

Identifican a las víctimas

La Policía Nacional Civil (PNC) cifró el número de víctimas mortales en seis y las identificó como:

• Lester Joel García, de 23 años
• Kevin Antonio Bol Pichiya, 18
• Boris Ariel Tello Reyes, 29
• José Antonio Juárez Orellana, 20
• María Heugenia Reyes Morales, 58

Y un adolescente de 17 años, identificado sólo como Ramos Monterroso.

Noche de violencia en Boca del Monte

De acuerdo con el parte policial, al que Infobae tuvo acceso, testigos detallaron que la familia se encontraba celebrando el cumpleaños de “LaMiAmor”, en una vivienda ubicada en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, Guatemala.

Aunque el portón de la residencia se encontraba cerrado, la festividad se desarrollaba con la puerta principal abierta, narraron los testigos a la Policía Nacional Civil (PNC), pero uno de los asistentes abrió el portón para quemar cohetillos. Ese momento fue aprovechado por intrusos que esperaban el momento para atacar.

Las risas cambiaron en cuestión de minutos y el festejo se transformó en un escenario de horror cuando sujetos armados irrumpieron el evento y dispararon contra los asistentes.

En cuestión de minutos, el festejo se tornó en tragedia. Los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil confirmaron que seis personas murieron en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego.

Entre las víctimas se encontraba Reyes Morales, de 59 años, cuya presencia en redes sociales la había convertido en una figura querida. Su fallecimiento fue rápidamente difundido y lamentado en plataformas digitales, donde sus seguidores no tardaron en expresar mensajes de tristeza y exigencias de justicia.

Quién era “La MiAmor”

Con más de 40 mil seguidores en TikTok, “La MiAmor” se había hecho un nombre por sus videos que retrataban la vida cotidiana en Guatemala, siempre con un tono de humor y cercanía.

Muchos de sus contenidos los grababa junto a su hijo, conocido como Pako, creando sketches que mostraban la complicidad y el cariño en la relación madre e hijo.

Su espontaneidad y carisma la convirtieron en un referente para quienes buscaban entretenimiento sencillo y genuino.

La noticia de su asesinato generó una inmediata reacción en redes, donde usuarios lamentaron el hecho y recordaron su legado digital. La comunidad online no solo lloró la partida de la creadora, sino que también denunció la escalada de violencia que azota al país.

Heridos y respuesta de las autoridades

El ataque dejó también a dos personas gravemente heridas: Verónica Velázquez Linares, de 34 años, y Francisco Tello Loarca, de 62. Ambos recibieron atención médica urgente y fueron trasladados a un hospital, donde su estado se mantiene bajo pronóstico reservado.

La Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público acordonaron la zona tras el ataque para recolectar evidencia balística y avanzar en la identificación formal de las víctimas.

Las autoridades han iniciado una investigación en busca de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el caso.

Exige seguridad

Por su parte, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, publicó un video conmocionado en el que criticó a las autoridades de la Policía Nacional Civil y al Sistema de Justicia, argumentando que la inseguridad ciudadana va en aumento, pero ellos como autoridades locales tienen "las manos atadas“.

“Una vez más se tiñen de sangre las calles de nuestro pueblo”, manifestó y citó, por lo menos, tres balaceras en diferentes puntos del municipio de Villa Canales. El jefe edil hizo un llamado "urgente" a la Presidencia de la República, los ministerios de Gobernación y Defensa, a la PNC y diputados para debatir y accionar acerca de la seguridad.

También anunció que desde el Congreso se harán citaciones, “porque no podemos seguir así, vecinos”.

“No puedo juzgar si son personas trabajadoras o están en cuestiones ilícitas, lo que vemos es que por el momento hay luto en nuestro pueblo, hay vidas que se pierden", manifestó Rivera.

Es un tema que muchos vecinos me han reclamado de que no hago nada, (cuando) yo he estado trabajando, (pero) como Policía Municipal no podemos consignar, no podemos meter al bote (cárcel) a la gente”, señaló muy molesto.

La ola de violencia que golpea Guatemala cobró la vida de siete personas y dejó otras dos heridas durante un ataque armado registrado en la zona 2 de Boca del Monte, municipio de Villa Canales, según informaron los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió en la 8a. avenida y 2a. calle, donde la tranquilidad del sector fue interrumpida por una intensa balacera.

Las autoridades confirmaron la escena alrededor de las 12 de la noche del sábado, tras recibir la alerta de vecinos sobre los disturbios en la vía pública. De acuerdo con los Bomberos Municipales, los socorristas atendieron a un hombre y una mujer con heridas de bala, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7/19.

En la escena, los Bomberos confirmaron el fallecimiento de seis personas, entre ellas cinco hombres con edades aproximadas de 20 a 45 años y una mujer de unos 60 años. Posteriormente, otra víctima sin signos vitales fue localizada por los Bomberos Voluntarios, lo que elevó el saldo a siete fallecidos. Todas las víctimas presentaban impactos de bala y fueron declaradas muertas en el lugar.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de los fiscales del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron el procesamiento de evidencias y la recolección de información con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque. Al cierre de la intervención, la policía no reportó capturas relacionadas al caso y no se había establecido el motivo del hecho violento.

Los equipos de emergencia resaltaron la gravedad del ataque por la cantidad de víctimas y la intensidad de los disparos reportados en la zona. Al momento, tampoco se ha identificado a los responsables ni existe información sobre los móviles del crimen.

La violencia continúa golpeando Guatemala

Guatemala registró 297 homicidios durante mayo de 2026, el número más alto para un solo mes en lo que va del año, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Aunque esta cifra representa una reducción de ocho casos respecto al mismo mes de 2025, la tendencia general es a la baja. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la tasa de homicidios disminuyó de 17.4 a 16.2 por cada 100 mil habitantes.

En el período comprendido entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 1,172 homicidios, 173 menos que en el mismo periodo del año anterior. El análisis detalla que la violencia homicida afecta principalmente a hombres jóvenes: el 59.3% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, y solo 35 de las víctimas de mayo fueron mujeres.

La concentración de homicidios se mantiene en 10 departamentos, que suman el 85% de los casos reportados en los primeros cinco meses del año. El departamento de Guatemala concentra el 42% de los homicidios, seguido de Escuintla, Petén y Chiquimula. A nivel municipal, el municipio de Guatemala lidera con 195 homicidios, aunque la cifra muestra una reducción de 106 casos respecto al año anterior.

El CIEN atribuye la disminución de homicidios y extorsiones a una combinación de acciones de corto y largo plazo, incluyendo la prevención del delito, el fortalecimiento del sistema penitenciario y operativos focalizados en zonas de alta incidencia. La tasa de extorsiones también mostró una baja significativa, pasando de 150.62 a 118 por cada 100 mil habitantes, con una reducción de 4,359 casos denunciados respecto al año anterior.

La violencia y el control territorial ejercido por estructuras criminales se han convertido en uno de los principales factores que provocan el desplazamiento forzado interno en Honduras, una problemática que afecta a familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades ante las amenazas y agresiones.

Así lo señaló la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, quien advirtió sobre la necesidad de visibilizar con mayor fuerza esta situación y generar condiciones de confianza para que las víctimas puedan denunciar los hechos que las obligan a abandonar sus lugares de residencia.

Ayestas explicó que detrás de muchos casos de desplazamiento se encuentra la violencia generada por el control de territorios por parte de maras, pandillas, bandas criminales y grupos vinculados al narcotráfico.

“Y la violencia que genera el control del territorio causado por grupos criminales como maras y pandillas, bandas criminales y los grupos del narcotráfico que usan ese territorio, matan, violan, hacen trata de personas para poder desarrollar y generar el miedo y las amenazas en la comunidad”, manifestó la directora del OV-UNAH.

Según Ayestas, estas estructuras criminales utilizan diferentes formas de intimidación para ejercer control sobre las comunidades, generando un ambiente de temor que termina provocando que las familias abandonen sus viviendas, propiedades y medios de subsistencia.

La directora del Observatorio señaló que, en algunos casos, las familias enfrentan presiones para entregar sus casas y tierras, mientras que otras son amenazadas con que sus hijos sean incorporados a estructuras criminales.

Esta situación genera un escenario de vulnerabilidad para las familias, especialmente cuando las amenazas se extienden a diferentes integrantes del núcleo familiar y las personas consideran que permanecer en sus comunidades representa un riesgo para su integridad y seguridad.

Ayestas también alertó que la violencia puede alcanzar niveles graves, incluyendo casos de violencia sexual, lo que constituye otro de los factores que llevan a las personas a tomar la decisión de abandonar sus hogares de manera obligada.

“Creo que es un tema que necesita mayor visibilización, mayor tratamiento porque las familias muchas veces no dicen que están saliendo de las comunidades porque están siendo amenazadas, se requiere mucha confianza y que establezcan esa denuncia”, declaró.

Uno de los principales desafíos frente a esta problemática es precisamente la falta de denuncia. Muchas familias que abandonan sus comunidades no necesariamente informan que su salida está relacionada con amenazas o violencia, ya sea por temor a represalias o por la falta de confianza para acudir ante las autoridades.

Esta situación dificulta conocer la verdadera dimensión del desplazamiento forzado interno y establecer políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de las víctimas.

El desplazamiento puede producirse inicialmente dentro del territorio nacional. En algunos casos, las familias se trasladan de un municipio a otro, buscando alejarse de las zonas donde fueron amenazadas o donde enfrentaban situaciones de violencia.

Sin embargo, cuando las condiciones de inseguridad persisten o las amenazas alcanzan a diferentes integrantes de la familia, algunas personas terminan tomando la decisión de abandonar el país en busca de protección.

Ayestas destacó que Honduras ha avanzado en la creación de marcos legales de protección para atender a las personas y familias afectadas por el desplazamiento forzado. No obstante, consideró necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de atención y protección para quienes se ven obligados a abandonar sus comunidades.

Las familias desplazadas enfrentan, además, dificultades relacionadas con la pérdida de sus viviendas, tierras, fuentes de ingresos y redes comunitarias. Al trasladarse a otros lugares, deben iniciar nuevamente sus vidas en condiciones que muchas veces pueden ser de vulnerabilidad económica y social.

Ayestas señaló que entre los departamentos que presentan mayores niveles de afectación se encuentran Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Cortés, Francisco Morazán y Valle.

En el caso de Atlántida, Ayestas mencionó particularmente a La Ceiba como una de las zonas afectadas por esta problemática, mientras que Colón también enfrenta situaciones relacionadas con la violencia y el control territorial.

El fenómeno también está relacionado con la capacidad de las organizaciones criminales para establecer mecanismos de control sobre determinados territorios, donde buscan imponer reglas y ejercer presión sobre la población.

Para las autoridades y organizaciones que trabajan en la protección de las víctimas, uno de los principales retos consiste en identificar oportunamente los casos y brindar atención integral a las personas desplazadas.

Ayestas insistió en la necesidad de otorgar mayor visibilidad a esta problemática, debido a que muchas de las familias afectadas no revelan las razones que las llevaron a desplazarse.

En un caso de esta índole, en la red social X, la periodista Pilar Rodríguez denunció un caso que ha generado indignación en la localidad de Usaquén, en Bogotá, en donde un hombre agredió a su exjefe tras tener una discusión en la pastelería en la que trabajaba.

La comunicadora narró la versión entregada por cercanos de la víctima, que aseguraron que el individuo, cuyo nombre no fue expuesto, renunció a su labor tras terminar la jornada laboral y exigió que le pagaran su salario y la liquidación en ese momento.

“Ella le acepta, pero él le exige que tiene que pagarle inmediatamente, a lo que la mujer le responde que a final de mes lo hará, lo que le genera una reacción violenta absurda. Esto es un claro intento de feminicidio”.

Como consecuencia de la agresión, la mujer habría terminado con fracturas en la cara y contusiones por los golpes en la cabeza. Actualmente, permanece en un centro médico en Bogotá.

En el caso del agresor, fue capturado por las autoridades y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, en donde permaneció. Durante dos jornadas y luego terminó siendo liberado.

“Él dijo que salía en menos de 36 horas y que la iba a matar. Eso ocurrió el jueves por la noche. Hoy, efectivamente, ya está libre, gracias a la @FiscaliaCol“, escribió la periodista, que afirmó que la Secretaría de Seguridad de Bogotá atendió la situación, pero funcionarios afirmaron que no pueden intervenir en decisiones del ente acusador.

“En este momento, lo único que queda es recordarle a la honorable Fiscalía que cualquier cosa que le llegue a pasar a esta señora será culpa de ustedes. Voy a omitir por ahora los nombres”, puntualizó Rodríguez.

Lo que se observa en el video

En el video que fue difundido por Rodríguez en la red social X, se observa que el hecho se registró sobre las 10:33 p. m. del 23 de julio. En el registro se ve a las dos personas en una discusión en la que ambos utilizan insultos hasta que el hombre golpea en el rostro con la mano cerrada a la dueña del establecimiento y la arrastra del pelo hasta la zona de la cocina.

Mientras la mujer grita en reiteradas ocasiones que la deje ir, el individuo la golpeó en repetidas ocasiones hasta que la víctima logró safarse y correr hasta la zona de atención de los clientes, en donde vuelve a caer al suelo producto de un empujón.

Al observar que había ciudadanos en la puerta del establecimiento, el sujeto intentó escapar, pero la víctima logró detenerlo y pidió que los testigos cerraran la puerta del sitio para llamar a las autoridades. En los segundos finales de la grabación, el sujeto lamentó su actuación y se autopreguntó por sus acciones: “¿Qué hice, qué hice?“, repitió el agresor en la parte final del video.

En los comentarios de la publicación que se hizo viral en redes sociales, usuarios pidieron más información sobre el agresor y los motivos por los que la Fiscalía tomó la decisión de permitir que fuera liberado.

Por otra parte, otras personas lamentaron lo registrado y pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para marcar un precedente, puesto que la comunicadora afirmó que el agresor amenazó de muerte a la víctima tras ser capturado por la Policía Nacional. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer las medidas que realizará en el municipio de Cuautla, Morelos, tras la reciente detención del presidente municipal por vínculos con el crimen organizado, Jesús Corona Damián, y prometió que en tres meses regresará al municipio para revisar cómo están los avances.

Desde un evento realizado en el municipio de Cuautla, donde la mandataria encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar, dio a conocer que una de las principales acciones que llevará a cabo es la de atender a las causas, para ello, prometió construir al menos 10 preparatorias Margarita Maza, con el objetivo de fomentar la educación en los jóvenes y evitar que se unan a grupos delictivos.

Atención a las causas, principal medida contra la violencia

“Tenemos que construir al menos 10 preparatorias Margarita Maza aquí en Cuautla para que los jóvenes tengan acceso a la educación y no anden por ahí delinquiendo”, declaró la funcionaria desde Cuautla.

La mandataria explicó que, tras la reciente detención del presidente municipal de Cuautla por parte de la Fiscalía General, instruyó la llegada de un equipo del Gobierno de México para coordinarse con el gobierno estatal y atender a los habitantes del municipio. Subrayó que el objetivo es “garantizar la paz y la seguridad”.

Sheinbaum destacó la importancia de atender las causas de la violencia, poniendo el foco en la juventud. Mencionó que en Cuautla existen “cinco preparatorias públicas y más de cincuenta privadas”, lo que evidencia una demanda no cubierta por la oferta pública. Por ello, informó: “Le di instrucciones al secretario de Educación, Mario Delgado, porque tenemos que construir al menos diez preparatorias Margarita Maza aquí en Cuautla”.

La mandataria aseguró que el trabajo será casa por casa: “Vamos a ir casa por casa a buscar a los jóvenes, a tocar las casas de las familias”. Acompañada de la gobernadora Leti Ramírez, remarcó que la búsqueda llegará “a los lugares más apartados, a las colonias más apartadas, a decir: ‘Tu hijo va a la escuela, ¿no va a la escuela? Pues lo vamos a llevar a la escuela, porque tiene que ir a la escuela, no puede andar por ahí delinquiendo’”.

Dentro del mismo enfoque, Sheinbaum instruyó a Marath Baruch Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, para que amplíe la cobertura del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el municipio. “Vamos a venir aquí a Cuautla también, a que más jóvenes puedan tener acceso al empleo, que trabajen, que los propios comercios de Cuautla se beneficien con el programa”, afirmó.

Vivienda para el Bienestar: avances y metas del programa en Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó los cuatro componentes del programa Vivienda para el Bienestar: construir 1.8 millones de casas nuevas en todo el país para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos; entregar el mismo número de créditos para mejoramiento de vivienda; otorgar un millón de escrituras; y beneficiar a cinco millones de familias con la reestructuración de créditos impagables.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que de la meta de 1.2 millones de viviendas a cargo del organismo, ya cuentan con 440 conjuntos habitacionales aprobados, lo que representa 514 mil casas nuevas y un avance del 43% en la meta sexenal. En el caso de Morelos, señaló que la meta es de 13 mil nuevas viviendas, con una inversión de 8 mil 150 millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en esta jornada se entregaron 128 viviendas nuevas y 207 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), como parte del objetivo nacional de construir 1.8 millones de casas y entregar un millón de escrituras.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la presidenta por ampliar la meta de vivienda en la entidad a 24 mil nuevas casas durante el sexenio. Destacó que esta acción se suma a otras colaboraciones entre el gobierno federal y estatal, como la inversión de mil 100 millones de pesos para tecnificar el campo, la construcción de un Centro de Convenciones en Cuernavaca y el programa carretero Circuito Tierra y Libertad.

Finalmente, la beneficiaria del Infonavit, Kendra Ramírez Orozco, expresó su agradecimiento: “Gracias a este programa, los jóvenes podemos creer en este tipo de proyectos y acceder a una vivienda”.

La violencia psicológica es hoy el delito más frecuente dentro de las lesiones personales investigadas por el Ministerio Público en Panamá y, lejos de disminuir tras el endurecimiento de las penas aprobado este año, continúa en ascenso.

Entre enero y junio de 2026 se registraron 2,792 noticias criminales por este delito, un incremento del 66% respecto al mismo período de 2025, convirtiéndose en la modalidad con mayor crecimiento entre los delitos contemplados en este capítulo del Código Penal.

El aumento resulta especialmente llamativo porque en febrero pasado la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Penal para elevar las sanciones contra quienes cometan violencia psicológica, ampliando además la protección para que la norma alcance a cualquier víctima, sin importar su sexo o edad.

Sin embargo, las cifras oficiales muestran que el endurecimiento de las penas todavía no ha logrado persuadir a quienes incurren en este tipo de agresiones, uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de prevenir y perseguir este delito.

La reforma modificó el artículo 138-A del Código Penal, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión para quien, mediante amenazas, intimidación, persecución, chantaje, acoso, humillaciones, aislamiento o exigencias de obediencia y sumisión, cause violencia psicológica contra otra persona.

La ley también dispone que si se demuestra un daño psíquico comprobado en la víctima, la sanción podrá aumentar entre una tercera parte y la mitad del máximo previsto, reforzando el carácter punitivo de la norma.

La violencia psicológica no deja heridas visibles, pero especialistas en salud mental y organismos internacionales coinciden en que puede generar consecuencias tan graves como una agresión física.

Entre sus efectos más frecuentes figuran la ansiedad, la depresión, la pérdida de autoestima, el aislamiento social, el miedo permanente, el estrés postraumático y, en los casos más severos, pensamientos suicidas.

Debido a que suele manifestarse mediante conductas repetitivas y de difícil prueba, muchas víctimas tardan años en denunciar o nunca llegan a hacerlo.

El informe estadístico del Ministerio Público revela que la violencia psicológica representa casi la mitad de todos los delitos de lesiones personales registrados durante el primer semestre del año.

De las 5,854 noticias criminales contabilizadas, 2,792 correspondieron a esta modalidad, superando ampliamente a las lesiones personales simples, que sumaron 2,094 casos.

Las estadísticas también muestran que Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias por violencia psicológica, con 1,088 casos, seguida por Panamá Oeste, con 559; Chiriquí, con 271; Veraguas, con 181; San Miguelito, con 175; y Coclé, con 155. Estas cifras reflejan que el fenómeno afecta tanto a las provincias más pobladas como a otras regiones del país.

Aunque el crecimiento de la violencia psicológica es el dato más preocupante del informe, no fue el único delito que aumentó. Las lesiones personales simples pasaron de 1,714 a 2,094 casos, un incremento del 22%, mientras que las lesiones culposas simples aumentaron de 606 a 762 , equivalente al 26%.

Más preocupante aún resulta el comportamiento de las lesiones personales con resultado de muerte, que crecieron un 167%, al pasar de seis a 16 investigaciones durante el mismo período.

En contraste, las lesiones personales agravadas disminuyeron un 21%, al bajar de 129 a 102 casos, mientras que las lesiones contra servidores de seguridad pública descendieron un 32%, pasando de 129 a 88 investigaciones.

A pesar de estas reducciones, el balance general refleja que los delitos de lesiones personales aumentaron un 37% en el país, al pasar de 4,264 casos en el primer semestre de 2025 a 5,854 durante el mismo período de 2026.

El incremento del 66% registrado después del endurecimiento de las penas evidencia que la reforma penal, por sí sola, no ha logrado frenar el crecimiento de este delito.

Especialistas consideran que, además del aumento de las condenas, será indispensable fortalecer la prevención, incentivar la denuncia, ampliar la atención psicológica a las víctimas y mejorar la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar oportunamente una forma de violencia que no deja lesiones físicas visibles, pero que puede ocasionar daños permanentes en la salud mental y la calidad de vida de quienes la padecen.

Un comerciante perdió la vida durante las primeras horas del pasado jueves al interior de un establecimiento de la Central de Abastos de Toluca, en el Estado de México, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego que, de acuerdo con los primeros reportes, estaría relacionado con un presunto intento de asalto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando se registró una agresión en uno de los locales ubicados en la nave “I” del centro de distribución y comercio. Tras el ataque, el trabajador fue localizado con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

La situación generó una movilización de los servicios de emergencia y de elementos de seguridad, quienes acudieron al inmueble luego de recibir el reporte sobre una persona herida.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) llegaron hasta el sitio con la intención de brindar atención médica a la víctima. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el comerciante ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial la identidad de la víctima ni se ha precisado el monto de los objetos o dinero que presuntamente habrían sido sustraídos durante el asalto.

Autoridades acordonan la zona tras ataque armado

Luego de confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad pública arribaron a la Central de Abastos de Toluca y procedieron a acordonar el área donde ocurrió el homicidio, con el objetivo de preservar los posibles indicios relacionados con la agresión.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la llegada del personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes dentro del establecimiento, además del levantamiento y procesamiento de posibles pruebas que pudieran contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan establecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar si el homicidio ocurrió efectivamente durante un intento de asalto o si existió alguna otra circunstancia detrás de la agresión.

El cuerpo de la víctima fue trasladado posteriormente a las instalaciones correspondientes para llevar a cabo los estudios periciales y los procedimientos establecidos por la ley, mientras continúan las investigaciones.

No hay detenidos por el homicidio del comerciante

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el crimen. Tampoco se han dado a conocer las características de los posibles responsables ni se ha confirmado si lograron escapar del lugar después de la agresión.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

El homicidio registrado durante las primeras horas del jueves generó preocupación entre comerciantes y trabajadores de la Central de Abastos, uno de los principales puntos de actividad comercial de la capital mexiquense, particularmente por el horario en el que ocurrió el hecho.

Las autoridades deberán analizar los indicios encontrados en el lugar, así como posibles registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir la ruta de los agresores y avanzar en su identificación.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si el comerciante fue asesinado durante un presunto intento de robo y fincar responsabilidades a quienes resulten involucrados.

Las autoridades panameñas reactivarán de manera gradual las visitas en las cárceles y centros de detención, casi dos meses después de la fuga masiva de 195 privados de libertad de La Joyita, un episodio que obligó al Gobierno a suspender los encuentros familiares y reforzar los controles dentro del sistema penitenciario.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que la reapertura fue autorizada mediante la Resolución número 6165, emitida el 23 de julio de 2026. El proceso se desarrollará en dos fases y estará acompañado de nuevas restricciones para los visitantes, mayores revisiones de seguridad y límites sobre los artículos que podrán ingresar.

La primera etapa comenzará el martes 28 de julio en los centros de detención ubicados dentro de cuarteles policiales. Posteriormente, el lunes 3 de agosto, se retomarán las visitas en La Joya, La Joyita, Mega Joya, El Renacer, Tinajitas, el Centro Femenino La Esmeralda y el centro penitenciario de Colón.

El retorno de los familiares se producirá bajo controles más estrictos de organización, ingreso y permanencia, según adelantó el Sistema Penitenciario. La institución aseguró que las medidas buscan garantizar un proceso seguro y ordenado, además de preservar la integridad de los detenidos, sus visitantes y el personal asignado a cada instalación.

Una de las principales modificaciones establece que solo podrá registrarse una persona por cada privado de libertad. Ese visitante será el único autorizado para ingresar al centro penitenciario y deberá ajustarse a los días y horarios fijados por la administración de cada cárcel.

La resolución también restringe de forma considerable la cantidad de prendas y productos de aseo permitidos durante las visitas. Cada persona podrá llevar tres suéteres, tres pantalones, tres prendas de ropa interior, una toalla, un par de chancletas y dos rollos de papel higiénico.

Además, estará autorizado el ingreso de un jabón de baño, una pasta dental, un cepillo de dientes, un desodorante, un galón de agua y una barra de jabón para lavar. Cualquier artículo distinto a los incluidos expresamente en el listado será rechazado por los agentes encargados de las inspecciones.

El Sistema Penitenciario advirtió que el cumplimiento de las nuevas disposiciones será obligatorio para todos los visitantes. Las personas que incumplan los controles o intenten introducir objetos no autorizados no podrán ingresar, una medida con la que se pretende reforzar la disciplina y reducir las vulnerabilidades dentro de los establecimientos.

La reapertura ocurre después de la fuga de 195 reclusos registrada el 1 de junio en La Joyita, uno de los mayores golpes sufridos por el sistema penitenciario panameño. La evasión provocó una operación nacional de búsqueda, revisiones internas y el endurecimiento de los procedimientos de acceso a las cárceles.

Durante las últimas semanas, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial han concentrado sus operativos en Panamá Oeste y otras zonas del país, donde han sido localizados varios de los prófugos. Dos de los evadidos fueron recapturados recientemente en distintos sectores del distrito de Arraiján.

Uno de ellos es Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, localizado dentro de una residencia en Nuevo Chorrillo, corregimiento de Cerro Silvestre. Su captura fue posible mediante labores de investigación desarrolladas por la Dirección de Investigación Judicial y datos suministrados a través de la colaboración ciudadana.

Además del proceso relacionado con su evasión, Hurtado Stanziola era requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo. Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones correspondientes.

El segundo recapturado fue Luis Pino Araúz, quien permanecía oculto dentro de una letrina en el sector de Invasión de Villa Antigua, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena. Los agentes llegaron al lugar después de recibir una alerta sobre un hombre sospechoso en un terreno baldío cercano a la vía hacia Chapala.

Según la Policía Nacional, Pino Araúz fue encontrado acostado sobre una colchoneta dentro de la estructura. Cuando escapó de La Joyita, permanecía privado de libertad por un delito contra la vida y la integridad personal, específicamente bajo la modalidad de homicidio.

Con estas últimas aprehensiones, 188 de los 195 evadidos ya han sido recapturados, mientras siete continúan prófugos. La Policía mantiene operativos en diferentes puntos del territorio y ha pedido a la ciudadanía evitar cualquier intento de confrontación con las personas buscadas.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 4,000 dólares por información efectiva que permita localizar y detener a cada uno de los fugitivos restantes. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de los canales habilitados por los estamentos de seguridad.

La reactivación de las visitas representa un intento por recuperar cierta normalidad dentro del sistema penitenciario, pero se producirá bajo un escenario mucho más restrictivo. El desafío para las autoridades será mantener el contacto familiar de los detenidos sin repetir las fallas de control expuestas por la fuga masiva.

Aunque las nuevas medidas se concentran en reforzar los controles durante las visitas de familiares, diversos sectores de la sociedad también han planteado la necesidad de fortalecer la supervisión sobre el personal de custodia.

El argumento surge a partir de los numerosos decomisos realizados en los últimos meses dentro de distintos centros penitenciarios, donde las autoridades han encontrado armas de grueso calibre, antenas satelitales, paneles solares, drones, cientos de teléfonos celulares y más de 500 televisores, equipos cuyo tamaño y características hacen poco probable que hayan sido introducidos únicamente durante los días de visita, por lo que consideran indispensable reforzar los mecanismos de control internos.