Además, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico como parte de sus actividades ilícitas dentro del Cártel de Sinaloa.

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Detenidas tres personas con 250 kg de pepino de mar en costas de Yucatán

La Secretaría de Marina informó sobre la detención de tres personas y el aseguramiento de 250 kilogramos de pepino de mar, especies marinas en veda y una embarcación menor con equipo especializado para pesca submarina, en la costa de Dzilam de Bravo, Yucatán.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio, cuando personal naval a bordo de una patrulla interceptora y una embarcación defender avistó una embarcación pesquera sin matrícula con tres personas a bordo.

Al solicitarles una inspección de verificación, los tripulantes hicieron caso omiso, lo que derivó en un seguimiento controlado hasta su aseguramiento aproximadamente a dos millas náuticas —equivalentes a 3.7 kilómetros— al noroeste de Dzilam de Bravo.

Durante la inspección de la embarcación detenida, el personal naval encontró 250 kilogramos de pepino de mar, tres kilogramos de pulpo en veda, tres kilogramos de boquinete, cuatro pares de aletas, dos boquillas de respiración, cuatro snorkel, dos visores, un compresor de aire, 100 metros de manguera, tres arpones, dos hawaianas y una bolsa pequeña con hierba verde de características similares a la marihuana.

Las tres personas detenidas, la embarcación y la totalidad de los efectos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de averiguación correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), mediante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), llevó a cabo tres cateos en Ciudad Obregón y la comisaría Esperanza, como parte de un operativo conjunto. Estas acciones resultaron en el aseguramiento de seis personas, diversas dosis de droga, dinero en efectivo y un cargador abastecido.

El primer cateo se realizó el 23 de junio en un domicilio de la colonia Bonita, en la comisaría Esperanza, donde se detuvo a Abraham “N”, de 39 años, alias “El Cholo” o “El Negro”, originario de Cócorit. En el lugar fueron asegurados 25 envoltorios con “cristal”. Ese mismo día, en otra diligencia ejecutada también en la colonia Bonita, se detuvo a Andrés “N”, de 30 años, donde se localizaron 35 envoltorios de plástico transparente con “cristal”.

El tercer cateo fue realizado el 24 de junio en la colonia Morelos, en Ciudad Obregón, dentro de un operativo conjunto entre AMIC, SEMAR y PESP. Durante esta intervención, fueron detenidos Jesús Tadeo “N”, alias El Monstruo; Jesús Adrián “N”, de 23 años, alias El Gordo; Jonathan Alejandro “N”, de 29 años, alias El Primo; e Iván Julián “N”, de 19 años, alias El Sobrino. En el inmueble se aseguraron 105 envoltorios con “cristal”, cinco envoltorios con polvo blanco, 10 mil 500 pesos en efectivo y un cargador abastecido con cartuchos útiles calibre 5.7x28. Todos estos indicios fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

En total, los cateos permitieron el aseguramiento de 165 envoltorios con cristal (metanfetamina), así como otros elementos presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo. Las seis personas detenidas y los objetos confiscados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común para el desarrollo de las investigaciones pertinentes.

Atienden flamazo por fuga de gas en Coyoacán, CDMX

Un flamazo por fuga de gas en una estufa se registró en el área de cocina de un inmueble ubicado en la esquina de calle Adolfo López Mateos y Álvaro Obregón, en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, dentro de la demarcación de la alcaldía Coyoacán. Por el incidente, no hay personas lesionadas.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX), en coordinación con Bomberos CDMX, acudió al lugar para revisar las instalaciones de gas del inmueble y mitigar posibles riesgos.

Sentencian a hombre a más de 40 años por homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la sentencia en contra de Jesús Ramón González Aranda en la comisión del delito de homicidio calificado, por el que un órgano jurisdiccional le dictó una sentencia condenatoria de 47 años y 6 meses de prisión.

Según las investigaciones de la representación social, el 24 de noviembre de 2024 la víctima, un hombre, se encontraba en la vía pública en la colonia Ejidal del municipio de Coacalco, en el Estado de México, cuando llegó al lugar el ahora sentenciado.

González Aranda usó un arma de fugo contra la víctima y le provocó una herida que le ocasionó la muerte, tras lo cual huyó del sitio.

Con los elementos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público para demostrar la responsabilidad del detenido, el órgano jurisdiccional decretó la culpabilidad de Jesús Ramón González Aranda y le impuso, además de la pena privativa de libertad, el pago de una multa por 92 mil 284 pesos, una reparación del daño moral por 237 mil 768 pesos.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos en posesión de 171 dosis de posible narcótico y aproximadamente un kilogramo de probable marihuana en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los uniformados fueron desplegados a la colonia Morelos, donde pusieron en marcha estrategias de vigilancias fijas y móviles. Mediante esas acciones, ubicaron en la esquina de las calles Mineros y Carpintería a dos personas que manipulaban envoltorios.

Ante la presencia de un posible hecho delictivo, los agentes se aproximaron a los hombres y les practicaron una revisión preventiva.

Como resultado de esa revisión, les aseguraron 70 envoltorios de plástico transparente con aparente marihuana, una bolsa con aproximadamente un kilogramo de la misma hierba a granel, 53 bolsitas traslúcidas con lo que pudiera ser metanfetamina, 48 bolsitas color rojo con una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 34 y 43 años de edad, fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados, junto con todo lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público.

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Detienen a hombre por desaparición agravada en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvo a un hombre identificado como Gabriel “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada. La captura se ejecutó mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI).

De acuerdo con las investigaciones, Gabriel “N” habría participado junto con otras personas en la privación ilegal de la libertad de una víctima el 28 de mayo de 2026, en la colonia Vista Alegre del municipio de Tamuín.

Agentes de la PDI localizaron al imputado en el ejido Los Sabinos, perteneciente a Ciudad Valles, como resultado de las tareas de inteligencia desplegadas tras los hechos. Una vez detenido, Gabriel “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

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Arrestan en Chiapas a hombre que robó 1 millón de pesos

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión contra Rafael “N”, presunto responsable de robo con violencia agravado en perjuicio de Róger N., por hechos ocurridos el 11 de junio de 2026 en la colonia Las Palmas, en Tuxtla.

Según las investigaciones, Rafael “N” y otros sujetos ingresaron al domicilio de la víctima y se apoderaron de un millón de pesos desde una caja fuerte, para después huir del lugar.

El detenido fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica.

Detienen a hombre con armas y un chaleco alusivo a “El Güero Pink” en Escuinapa

Un hombre que intentó evadir a las autoridades fue detenido en la comunidad de El Roblito, municipio de Escuinapa, en Sinaloa, durante patrullajes disuasivos del grupo interinstitucional conformado por la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.

Al advertir la presencia de los agentes, el sujeto intentó darse a la fuga y fue alcanzado cuando trataba de ingresar a una casa abandonada. La inspección del lugar arrojó el decomiso de un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, siete cargadores del mismo calibre, 219 cartuchos, un chaleco táctico con placas balísticas y una motocicleta.

Cabe señalar que el chaleco táctico contaba con las siglas “GDGP”, la cual ha sido identificada como el Grupo del Güero Pink, alias de Misael Guerrero Pérez, presunto jefe regional de la facción de Los Chapitos en Escuinapa, El Rosario y Villa Unión, al sur de Sinaloa.

El hombre fue detenido el pasado 25 de junio en la comunidad de Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, tras una operación de inteligencia militar por la Defensa.

“El Güero Pink” también es señalado por las autoridades por su probable participación en el secuestro y asesinato de los diez mineros del municipio de Concordia, así como del secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México en Mazatlán.

Junto a Misael Guerrero Pérez fue arrestado Hilario Javier, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, quien de acuerdo con las autoridades fungía como escolta personal de “El Güero Pink”.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la FGR para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Cae hombre con más de 100 bolsas con droga en la colonia Morelos, CDMX

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 40 años en posesión de más de 100 bolsitas con presunta droga en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

El arresto ocurrió durante recorridos aleatorios sobre la avenida Congreso de la Unión y la calle Herreros, donde los uniformados observaron al sujeto manipulando envoltorios de plástico similares a los empleados para la distribución de estupefacientes.

Tras marcarle el alto y efectuarle una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, le decomisaron 69 bolsitas con hierba verde con características propias de la marihuana y 35 bolsitas con posible metanfetamina.

Además, en un estuche de anteojos que el detenido llevaba consigo se halló una bolsa con una sustancia sólida en piedra con apariencia de cocaína. También fue asegurado dinero en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica; sin embargo, un cruce de información reveló que el hombre registra dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: en 2004 por robo calificado agravado y en 2009 por robo calificado.

Detienen en Quintana Roo a dos hombres con más de 100 dosis de droga

Gilmer Ariel “N” y Wilberth Esteban “N” fueron detenidos en la isla de Holbox por elementos del Grupo Centurión, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, tras ser observados intercambiando bolsitas de plástico con vegetal verde con características similares a la marihuana.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Tiburón Ballena, esquina con la calle Porfirio Díaz. Durante la intervención, los agentes decomisaron 93 bolsitas tipo ziploc con vegetal de color verde con características propias de la marihuana, 52 bolsitas del mismo tipo con fragmentos con características similares al cristal, una bolsa de tela ecológica, una mochila y dos teléfonos celulares.

Ambos detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que dará continuidad a las investigaciones por presuntos delitos contra la salud.

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Pelea entre dos hombres provoca que uno de ellos sea asesinado con un arma blanca en Quintana Roo: responsable ya fue detenido

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo obtuvo prisión preventiva contra Mauricio Raúl N., imputado por homicidio calificado en el municipio de Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron el 5 de junio en un conjunto residencial de la Supermanzana 330, sobre la calle Eucalipto. De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio, el imputado convivió con la víctima —un hombre de identidad reservada— tanto el día previo como el día del crimen. Tras una discusión, la agredió con un arma blanca y le causó heridas que le provocaron la muerte.

En audiencia, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso e impuso a Mauricio Raúl N. prisión preventiva por dos años o por el tiempo que dure el proceso judicial.

Capturan a hombre con un arma y drogas en Sinaloa

Un hombre armado y con presunta droga fue detenido en Culiacán, Sinaloa, por un grupo interinstitucional encabezado por el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal.

El arresto ocurrió en la comunidad de Agua Blanca, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital sinaloense. Elementos del GOES que se desplazaban en vehículos oficiales por la zona identificaron a un hombre a bordo de una motocicleta que adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia. Durante la maniobra de fuga, los agentes advirtieron que el individuo portaba un arma corta y le dieron alcance.

La revisión posterior arrojó el decomiso de una pistola calibre .38 Super, tres cargadores para arma corta, 24 cartuchos del mismo calibre y 450 gramos de hierba seca con características propias de la marihuana. También fueron asegurados la motocicleta —sin reporte de robo— y una mochila.

El detenido, los objetos y las sustancias fueron puestos a disposición de la FGR, que dará curso a las investigaciones correspondientes.

Desarticulan punto de venta de droga en Puebla: un hombre fue detenido

La Fiscalía General del Estado de Puebla desarticuló un punto de narcomenudeo en la colonia Popular Castillotla del municipio de Puebla, en un operativo interinstitucional que derivó en la detención de una persona y el decomiso de drogas, efectivo e instrumentos vinculados a la venta de estupefacientes.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal. La intervención contó con autorización judicial previa, obtenida tras labores de inteligencia de campo y gabinete que incluyeron la verificación de denuncias anónimas y trabajos de vigilancia.

Qué se decomisó y quién fue detenido

Durante el cateo fue arrestado Jorge “N” y se aseguraron 55 bolsas con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 24 bolsas con hierba seca con características propias de la marihuana y tres bolsas con sustancia con características similares a la piedra. También fueron decomisados una báscula gramera y 550 pesos en efectivo. El inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones.

Según la FGE, el domicilio operaba presuntamente como un punto discreto de comercialización y distribución de estupefacientes, con actividad permanente en la zona y orientado a facilitar la venta de droga sin llamar la atención de los vecinos.

Jorge “N” y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y explorará posibles vínculos con otras actividades relacionadas con el narcomenudeo.

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La voz de una estudiante de quinto grado de primaria se convirtió en uno de los mensajes más conmovedores del Parlamento Infantil 2026.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Estefanía Juárez Briseño, originaria de Culiacán, Sinaloa, expuso el impacto que la violencia ha tenido en la vida cotidiana de miles de niñas y niños de su estado y pidió que se impulsen acciones concretas para devolverles la tranquilidad.

Durante su intervención, la alumna de la Escuela Primaria Héroes de 1864 aseguró que las infancias desean crecer en un entorno seguro, donde puedan estudiar, jugar y convivir con sus familias sin temor a los hechos violentos.

“Como niños, deseamos vivir sin violencia, jugar y estudiar con tranquilidad. Sin embargo, en Sinaloa, la violencia se ha convertido en un monstruo que nos acecha cada día”, expresó ante legisladores y asistentes al Parlamento Infantil 2026.

Violencia en Sinaloa afecta la vida cotidiana de las infancias

La menor describió cómo la inseguridad ha alterado la rutina de muchas familias sinaloenses.

Explicó que los enfrentamientos armados han provocado que, en diversas ocasiones, estudiantes no puedan asistir a clases por el riesgo que representa el fuego cruzado, lo que vulnera su derecho a la educación.

Además, señaló que numerosas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares para buscar lugares más seguros donde vivir, mientras otras enfrentan las consecuencias emocionales derivadas de la violencia.

En su mensaje también lamentó que niñas y niños hayan perdido la vida a causa de estos hechos, dejando familias marcadas por el dolor y la desolación.

Estefanía propone medidas para proteger a niñas y niños

Lejos de limitarse a describir la problemática, la estudiante presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de la niñez en Sinaloa.

Entre las acciones que planteó destacan:

• Presencia permanente de policías en las inmediaciones de escuelas y parques para brindar mayor seguridad.
• Programas de vigilancia y protección en los planteles educativos para evitar la suspensión de clases por hechos violentos.
• Construcción de parques, canchas y centros comunitarios donde niñas y niños puedan convivir en espacios seguros.
• Atención psicológica y acompañamiento para menores y familias que han perdido a un ser querido o han vivido situaciones traumáticas.
• Campañas, talleres y actividades que promuevan la cultura de la paz, el respeto y el cuidado entre la comunidad.

El derecho a estudiar y crecer sin miedo

Durante su participación, Estefanía enfatizó que el miedo provocado por la violencia no debería formar parte de la infancia y sostuvo que niñas y niños merecen desarrollarse en condiciones de seguridad.

“Hoy la niñez y las familias cargamos con un miedo que no nos pertenece, un miedo que nos roba la paz y el derecho a crecer con seguridad”, afirmó.

Su discurso puso sobre la mesa el impacto que la inseguridad tiene en derechos fundamentales como la educación, la recreación y el bienestar emocional de la población infantil.

Parlamento Infantil da espacio a la voz de la niñez

El Parlamento Infantil reúne a estudiantes de distintas entidades del país para expresar inquietudes y propuestas relacionadas con los principales desafíos que enfrentan sus comunidades.

En ese contexto, la intervención de la representante de Sinaloa destacó por visibilizar las consecuencias que la violencia tiene sobre las infancias y por plantear soluciones enfocadas tanto en la seguridad como en la atención psicológica y la recuperación de espacios públicos.

Su participación fue recibida con aplausos por los asistentes al recinto legislativo.

Un mensaje de esperanza para Sinaloa y México

Al concluir su intervención, Estefanía Juárez reiteró que las niñas y los niños no quieren crecer rodeados por el miedo, sino con oportunidades para construir su futuro.

“Los niños no queremos crecer con miedo. Queremos crecer con esperanza, queremos estudiar, jugar, convivir con nuestras familias y alcanzar nuestros sueños”, expresó.

Finalmente, manifestó su confianza en que, con la participación de la sociedad y de las autoridades, es posible construir un entorno más seguro para las nuevas generaciones.

“Estoy convencida de que si todos ponemos de nuestra parte, podemos construir un Sinaloa y un México mejor, donde la paz sea más fuerte que la violencia”, concluyó.

Durante la semana del 21 al 27 de junio, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala lograron la captura de 998 personas vinculadas a distintos delitos en el territorio nacional. Este impactante resultado, informado por la propia fuerza de seguridad, se suma a una serie de operativos que han permitido decomisar vehículos, motocicletas, armas de fuego y resolver casos que llamaron la atención fuera del territorio guatemalteco.

La PNC detalló que, en el marco de estas acciones, se consignaron 97 armas de fuego, mientras que 1,096 motocicletas y 240 vehículos fueron decomisados por circular sin placas o carecer de la documentación requerida, las autoridades señalaron que se esta investigando cada caso para descartar si los vehículos están relacionados a actividades delictivas. En lo que va de 2026, la cifra de detenidos relacionados con extorsiones asciende a 750, un dato relevante para los esfuerzos de combate a este delito que afecta al sector transporte y a comerciantes en distintas zonas del país.

Las operaciones policiales incluyeron la detención de sospechosos en casos de resonancia pública. Uno de los hechos más recientes involucra la identificación, localización y aprehensión de Ismael “N”, alias “Racca o Shaka”, de 25 años. Este individuo fue señalado como uno de los responsables de la extorsión registrada en un video ampliamente difundido, donde un conductor de transporte pesado fue víctima sobre la ruta al Pacífico. Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) realizaron un allanamiento en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y localizaron al detenido en posesión de 15 bolsas con marihuana. El proceso incluyó el análisis de imágenes por parte de la unidad de video forense, lo que posibilitó la identificación y el arresto.

Este mismo periodo registró múltiples operativos orientados a la incautación de armas de fuego. La mañana de este domingo se registró la intervención sobre la 1.ª calle y 16.ª avenida, zona 15 de Ciudad de Guatemala, agentes capturaron a José “N”, de 36 años, quien portaba una pistola con 21 municiones. El arma tenía reporte de robo del 29 de mayo en San Miguel Petapa. Simultáneamente, en la zona 4 de Huehuetenango, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) detuvo a Vicente “N”, de 33 años, quien llevaba una pistola, un fusil, cargadores y municiones.

En otros puntos del país, la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) arrestó en Los Amates, Izabal a William “N”, de 31 años, quien portaba de forma ilegal una pistola y un rifle calibre 22 mm. Así también, en la colonia Los Pinos, zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, los agentes consignaron a Cristian “N”, de 36 años, por portar una pistola legal. Por su parte, en colonia Pueblo Modelo, Zacapa, fue detenido Kevin “N”, de 32 años, con una pistola sin licencia.

Las acciones policiales incluyeron operativos especiales en sectores donde se han reportado hechos de violencia en los últimos días. En la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, agentes de la Comisaría 14 capturaron a tres personas que se desplazaban en un vehículo con impactos de bala. En la inspección se localizó droga y dos armas de fuego. El caso continúa bajo investigación y las diligencias policiales siguen en desarrollo.

La estrategia de la PNC se ha enfocado en responder a denuncias ciudadanas y en ejecutar operativos coordinados en puntos identificados como de alta incidencia delictiva. El balance de captura, decomisos refleja el despliegue de recursos en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de disminuir la criminalidad para fortalecer la seguridad pública.

Las autoridades reiteran la disponibilidad de los números de emergencia 110 y 1561, este último para denuncias anónimas, como parte de su política de acercamiento a la población y de incentivos para la colaboración ciudadana en la prevención y persecución del delito.

Un hombre de 43 años fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc por su presunta participación en el hostigamiento e intimidación de un turista alemán que realizaba una transmisión en vivo en calles de la Ciudad de México. El sospechoso también fue señalado por cometer un robo contra una mujer horas después del incidente que se volvió viral en redes sociales, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La captura ocurrió en la colonia Buenavista, donde una mujer de 30 años denunció haber sido amenazada con una navaja y despojada de dinero en efectivo. Tras recibir el reporte, policías localizaron al presunto responsable y le aseguraron un arma blanca y efectivo.

Agresión, durante una transmisión en vivo

Las investigaciones posteriores permitieron relacionarlo con un episodio ocurrido el pasado 24 de junio, durante los festejos por un partido de la Selección Mexicana. Ese día, Oskar, un joven alemán de 21 años conocido en redes sociales como FastFoodBoss, recorría un tianguis de la calle Zaragoza mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores.

Durante la grabación, un hombre sin camiseta y con el rostro pintado con los colores de la bandera mexicana, se aproximó de forma agresiva al creador de contenido. Las imágenes muestran cómo el sujeto le exigió que dejara de grabar mientras blandía un cuchillo de gran tamaño y lanzaba insultos.

La situación generó confusión entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente porque el turista se comunica principalmente en inglés. Un comerciante intervino para contener la confrontación y permitió que el joven se alejara sin sufrir lesiones.

Tras abandonar el sitio, Oskar se dirigió hacia la avenida México-Tenochtitlán, donde ingresó a un establecimiento de comida para resguardarse. Desde ahí relató a su audiencia lo ocurrido mientras intentaba recuperarse del momento de tensión.

El video del incidente comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y generó críticas por la agresión contra el visitante extranjero.

De acuerdo con las indagatorias, la difusión de las imágenes facilitó la identificación del presunto responsable. Cuando fue detenido por el robo denunciado en Buenavista, las autoridades compararon sus características físicas y la ropa que portaba con las observadas en el video viral, lo que permitió establecer una posible relación entre ambos casos.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Las autoridades investigan tanto el robo denunciado por la mujer como las amenazas dirigidas contra el creador de contenido alemán.

El caso atrajo atención internacional debido a que FastFoodBoss cuenta con presencia en diversas plataformas digitales, donde comparte recorridos gastronómicos y experiencias de viaje en distintos países. La agresión quedó registrada en tiempo real ante miles de seguidores que presenciaron la transmisión en vivo.

Un ataque armado registrado la tarde del sábado 27 de junio en la colonia Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo dos jóvenes heridos y la presunta privación ilegal de la libertad de un menor de edad, de acuerdo con información proporcionada por autoridades locales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas en las inmediaciones de la calle Convención de Apatzingán y la avenida Paseo del Rey, cerca de la colonia Siete Gotas. Tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron hacia el lugar.

Según los primeros informes, varias personas se encontraban reunidas frente a un domicilio cuando fueron sorprendidas por hombres armados que arribaron al sitio a bordo de un vehículo blanco de modelo reciente. Los agresores descendieron de la unidad y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el inmueble.

Como consecuencia del ataque, resultaron lesionados Jesús Andrés, de 16 años, y Raúl, de 19, ambos residentes de la zona. Las víctimas recibieron atención médica tras ser trasladadas a hospitales por distintos medios. Uno de ellos fue llevado por familiares en un vehículo particular, mientras que el otro fue atendido por paramédicos y trasladado en ambulancia.

De manera preliminar, las autoridades también recibieron reportes sobre un tercer joven que habría sido privado de la libertad durante la agresión. Se trató de un menor de edad cuya identidad no fue revelada oficialmente. Hasta el momento no se informó sobre su paradero ni sobre posibles avances en su localización.

Elementos de la Policía Estatal, fuerzas federales y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para asegurar la zona y realizar las primeras diligencias. Durante el procesamiento de la escena fueron localizados y asegurados diversos casquillos percutidos de arma larga, los cuales quedaron integrados a la carpeta de investigación.

La Fiscalía estatal inició las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta nota informativa no se reportaban personas detenidas por estos hechos.

La colonia 5 de Febrero y el sur de Culiacán: ataques recurrentes en medio de la crisis de seguridad

El ataque ocurrido en la colonia Ampliación 5 de Febrero se registró en una de las zonas de Culiacán que ha aparecido de manera recurrente en reportes de hechos violentos. En los últimos meses se han documentado agresiones armadas contra viviendas y ataques con víctimas mortales en ese sector y en colonias aledañas del sur de la capital sinaloense, como 7 Gotas, Huizaches y Lázaro Cárdenas.

Entre los casos reportados se encuentra un ataque armado contra un inmueble en la propia colonia 5 de Febrero y una agresión registrada en abril de 2025 que dejó dos personas sin vida dentro de una vivienda.

El contexto local se desarrolla además en medio de una escalada de violencia que ha impactado a todo Sinaloa desde el recrudecimiento de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Diversos episodios recientes han incluido homicidios múltiples, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, privaciones de la libertad y ataques en distintos puntos de Culiacán. La situación ha llevado a que la capital sinaloense figure entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, según datos citados por medios nacionales.

Reportes periodísticos y registros oficiales han señalado que las colonias del sur de Culiacán concentran de manera frecuente investigaciones por homicidio y desaparición de personas. Tan solo durante diversas jornadas de violencia registradas en 2025, autoridades estatales reportaron hallazgos de víctimas y la apertura de carpetas de investigación en sectores cercanos a donde ocurrió el ataque de este sábado.

Este contexto convierte al ataque de la colonia Ampliación 5 de Febrero en un nuevo episodio dentro de una dinámica de violencia que continúa afectando a distintos sectores de Culiacán y que mantiene bajo presión a las corporaciones de seguridad estatales y federales.

La confirmación de una condena de 50 años de prisión contra un hombre responsable del homicidio de una menor de edad y de la tentativa de homicidio de otro adolescente se suma a una tendencia que ha marcado este año las decisiones de los tribunales panameños: la imposición de penas cada vez más severas para los delitos de mayor violencia.

Solo en lo que va de 2026, al menos cinco condenas de 50 años o más han sido confirmadas o impuestas por los tribunales del país en casos de homicidios múltiples, femicidios y asesinatos de menores, reflejando la respuesta del sistema judicial frente a crímenes de alto impacto social.

La más reciente fue confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, que rechazó un recurso de anulación presentado por la defensa y dejó en firme la sentencia No. 161 del 15 de octubre de 2025 contra un ciudadano hallado culpable de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

El caso ocurrió la tarde del 28 de mayo de 2023 en el residencial Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hoy condenado llegó a una cancha deportiva donde se desarrollaba una actividad con numerosas personas y, acompañado de un menor de edad, abrió fuego de manera premeditada.

Las detonaciones impactaron a dos menores de edad. Una de las víctimas falleció y la otra sobrevivió al ataque.

Además de la pena principal de 50 años de prisión, el Tribunal de Juicio impuso al condenado una sanción accesoria que le prohíbe portar armas de fuego durante 30 años, una vez cumpla la condena.

La decisión representa la pena más alta contemplada por la legislación panameña y refuerza el criterio de los tribunales de aplicar las máximas sanciones cuando las víctimas son menores de edad o los hechos ponen en riesgo a múltiples personas.

Culpable de asesinar a su hermano

Las condenas elevadas no se limitan a este caso.En Coclé, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional logró una sentencia de 18 años de prisión contra un hombre de 31 años que aceptó haber asesinado a su hermano de 18 años.

El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2024 en un paraje de la comunidad de Llano Apóstol, en la vía hacia El Copé, distrito de Penonomé.

Según la investigación, el agresor ejerció fuerza sobre el cuello y las vías respiratorias de la víctima hasta provocarle la muerte por asfixia. Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó un acuerdo de pena que fue validado por el Tribunal de Garantías.

En otro proceso, la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana consiguió una condena de 16 años de prisión para un hombre responsable del delito de violación agravada en perjuicio de un adolescente.

Los abusos ocurrieron entre 2023 y 2024 en el corregimiento de Río Abajo, en el distrito de Panamá.

Durante la audiencia realizada el 23 de junio de 2026, el imputado aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de pena, el cual fue avalado por el Tribunal de Garantías. Además de la condena, el juez ordenó el pago de un resarcimiento económico a favor de la víctima.

Más de 780 condenas en un mes

Las decisiones conocidas esta semana se producen en un contexto de alta actividad judicial.

De acuerdo con el más reciente informe estadístico del Ministerio Público, durante mayo de 2026 se registraron 826 sentencias en todo el país, de las cuales 787 fueron condenatorias, 36 absolutorias y tres mixtas. Esto significa que el 95% de las resoluciones emitidas durante ese mes terminaron con una condena.

El Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y Guna Yala, concentró la mayor cantidad de fallos, con 515 sentencias condenatorias, seguido por el Segundo y Tercer Distrito Judicial, con 98 cada uno, mientras que el Cuarto Distrito Judicial registró 76 condenas.

Las estadísticas reflejan una elevada tasa de condenas dentro del sistema penal panameño, especialmente en procesos tramitados bajo el Sistema Penal Acusatorio, donde los acuerdos de pena continúan representando una de las principales vías para concluir investigaciones penales, particularmente en delitos en los que los imputados aceptan su responsabilidad.

Aunque las cifras incluyen desde delitos patrimoniales hasta hechos de crimen organizado, homicidios y delitos sexuales, los casos conocidos esta semana muestran cómo los tribunales mantienen una línea de severidad frente a los hechos de mayor violencia, especialmente cuando las víctimas son menores de edad o cuando los crímenes generan un alto impacto en la comunidad.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el jueves 25 de junio abrió seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras la localización de 10 personas sin vida en los municipios de Culiacán y Escuinapa. La autoridad precisó que los registros se originaron a partir de hallazgos reportados en distintos puntos y quedaron asentados en expedientes ministeriales.

En el mismo reporte, la dependencia indicó que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se recibieron dos denuncias. También se registraron tres denuncias en la Región Centro ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas por el delito de Privación de la Libertad Personal, de acuerdo con la información oficial.

Según la Fiscalía estatal, en Culiacán se integraron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, una por homicidio doloso y feminicidio, y una más por feminicidio. La institución sostuvo que estos casos correspondieron a hallazgos realizados en diferentes zonas de la capital sinaloense.

Una de las personas fue localizada entre el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la carretera Culiacán–Las Brisas, según el informe. Otra fue hallada en la colonia Villa de Santa Anita, hecho que se asentó dentro de una carpeta por homicidio doloso.

La autoridad detalló que en la colonia Infonavit Solidaridad fueron localizadas son dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino sin vida. Ese evento se integró en una carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, conforme al parte emitido por la dependencia.

En la colonia Pemex se ubicaron dos personas sin vida, de acuerdo con el reporte oficial. La Fiscalía también comunicó que una persona del sexo femenino fue localizada por hechos ocurridos en la colonia República Mexicana y que el expediente correspondiente se abrió por el delito de feminicidio.

Fuera de la capital, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó que en el municipio de Escuinapa se localizaron dos personas sin vida a un costado de la autopista Mazatlán–Tepic. La institución señaló que el hallazgo se asentó en las carpetas correspondientes, sin detallar identidades.

La dependencia explicó que los datos difundidos provenían de denuncias formalizadas ante Unidades y Agencias del Ministerio Público. También reiteró su compromiso de mantener informada a la sociedad con información oficial sobre los hechos registrados en la entidad.

• Se abrieron seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras localizar 10 personas sin vida en Culiacán y Escuinapa.
• En Culiacán se reportaron hallazgos en Fuerza Aérea Mexicana–Culiacán–Las Brisas, Villa de Santa Anita, Infonavit Solidaridad, Pemex y República Mexicana.
• Se recibieron dos denuncias por robo de vehículo y tres por Privación de la Libertad Personal en la Región Centro, según el informe oficial.

90 elementos enviados a reforzar seguridad

Un contingente de 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue desplegado a Sinaloa a las 08:35 horas de este jueves 26 de junio de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la entidad.

El refuerzo se integró a las operaciones de la 9/a. Zona Militar con el objetivo de inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, y para apoyar el trabajo conjunto que ya realizaban el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el estado.

De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó en una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán, donde el personal quedó en posición para incorporarse a las acciones operativas.

El envío de unidades de Fuerzas Especiales buscó reforzar el despliegue en campo para continuar con la desarticulación de estructuras de organizaciones delictivas y facilitar la detención de generadores de violencia en la entidad, mediante operaciones precisas y coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El despliegue se efectuó bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con el compromiso de respetar en todo momento los derechos humanos, según lo señalado en el comunicado del operativo. La movilización tuvo como finalidad beneficiar a la población sinaloense con un incremento en la capacidad operativa y de reacción en puntos considerados prioritarios para la seguridad estatal.

• Se desplegaron 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa el 26 de junio de 2026 a las 08:35 horas.
• El traslado se realizó en un Boeing 727 de la Guardia Nacional desde el AICM a la Base Aérea Militar de Culiacán.
• Los efectivos se sumaron a operaciones de la 9/a. Zona Militar para inhibir actividades ilícitas y detener generadores de violencia.

El fallecimiento de Neithan, un niño de siete años que permanecía internado en la ciudad de Formosa tras recibir lesiones de extrema gravedad. El caso tomó un giro significativo cuando la autopsia descartó la hipótesis de un accidente doméstico y complicó la situación procesal de los adultos a cargo del menor. La tragedia activó una investigación judicial que actualmente apunta a la madre y su pareja, bajo sospechas de maltrato infantil.

El menor de apenas siete años, había ingresado al Hospital Cruz Felipe Arnedo de Clorinda con lesiones de extrema gravedad. El parte médico consignó que el niño presentaba una herida cortante en la región parietal izquierda. Por la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa, donde recibía asistencia respiratoria por un cuadro de traumatismo craneoencefálico. Tras permanecer cinco días internado, el niño falleció.

La madre sostuvo inicialmente que Neithan se había caído desde una cama cucheta, lo que habría provocado el golpe. Sin embargo, cuando el personal de la División Criminlaística de la Policía de Formosa realizó las pericias en la vivienda, no hallaron ninguna cama cucheta que coincida con el relato de la madre. De acuerdo con Noticias Formosa, los agentes también hallaron manchas de sangre en una de las habitaciones, las cuales presentaban señales de haber sido limpiadas. A partir de este hallazgo, se reforzó la hipótesis de un presunto hecho violento y un intento de encubrimiento.

Según el certificado de defunción, las causas del deceso fueron traumatismo encefalocraneano grave, hipertensión endocraneana, hematoma subdural con hemorragia intracraneana y muerte bajo criterios neurológicos. La autopsia confirmó la compatibilidad entre las lesiones clínicas y las verificadas en el cuerpo, descartando definitivamente la posibilidad de un accidente.

Con las pruebas recolectas, intervino la jueza de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, Mariela Portales y ordenó la detención de la madre del menor, quien fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. En tanto, la pareja de la mujer enfrenta cargos por encubrimiento. La investigación incorporó un escurridor con un hierro en uno de sus extremos, secuestrado en el domicilio familiar y cuya morfología, según los informes preliminares, sería compatible con las lesiones sufridas por la víctima.

Además, el teléfono celular de la principal imputada fue secuestrado y será sometido a peritajes. Los investigadores buscan analizar comunicaciones, mensajes y registros almacenados que permitan reconstruir el vínculo entre los adultos involucrados, así como el contexto previo y posterior al hecho que terminó con la internación de Neithan.

Por otro lado, se esperan que en los próximos días se incorporen nuevas pericias y la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir con precisión lo ocurrido antes del ingreso del niño al hospital y definir la responsabilidad de cada uno de los imputados.

Las autoridades judiciales mantienen bajo reserva los avances de la investigación. Mientras tanto, el expediente sumó pruebas clave, como el secuestro de elementos compatibles con las lesiones y la evidencia de limpieza de sangre en la vivienda. Estos elementos, junto con los resultados de la autopsia, podrían constituír la base probatoria sobre la que avanza la causa.

El proceso judicial sigue abierto y las próximas semanas serán determinantes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Neithan. La investigación se orienta a definir el grado de participación de cada uno de los adultos imputados y a delimitar con precisión la secuencia de hechos que derivó en la internación y fallecimiento del niño. El caso generó conmoción en la comunidad local, que permanece atenta a las novedades judiciales y demanda respuestas ante un hecho que puso en debate la protección de la infancia en la provincia.

En solo tres días, Culiacán sumó cuatro menores de edad víctimas de ataques armados: dos fallecieron y dos más sufrieron heridas de bala o esquirlas. La violencia impactó a niños y adolescentes de 3, 8, 14 y 16 años en escenarios distintos de la ciudad.

Las agresiones ocurrieron entre el 22 y el 24 de junio de 2026, afectando tanto a quienes transitaban en familia como a quienes se encontraban en espacios públicos. Ningún responsable fue detenido en los hechos reportados durante ese periodo.

Bajo este contexto, la capital sinaloense se posiciona en una ola de violencia que no reconoce edades ni zonas, por lo que las investigaciones continúan abiertas mientras persiste la preocupación social.

El caso más reciente: Fermín, 16 años, en las canchas de La Loma

La noche del martes 24 de junio, a las 22:00 horas, Fermín, un adolescente de 16 años vecino de la colonia Rotarismo, fue ejecutado a balazos en las inmediaciones de las canchas deportivas de La Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán. Los hechos ocurrieron sobre la calle Primera Norte y Vicario, en esa misma colonia.

Los primeros reportes alertaban sobre dos personas agredidas en el sector. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que solo había una víctima, con múltiples impactos de arma de fuego.

Los socorristas revisaron al adolescente y no encontraron signos vitales. El fallecimiento fue confirmado en el sitio.

Testigos del ataque alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. La llamada movilizó a elementos de seguridad y personal de auxilio de forma inmediata.

Las corporaciones policiacas acordonaron el área para preservar posibles pruebas. Después, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias de campo, el levantamiento de indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El antecedente inmediato: Cristian Yael, 14 años, en Los Girasoles

Dos días antes, la noche del lunes 23 de junio, Cristian Yael, de 14 años, murió en un ataque armado registrado en la colonia Los Girasoles, también al norte de Culiacán. El adolescente llegaba a su domicilio en motocicleta cuando lo interceptaron.

Los responsables se desplazaban en un vehículo y realizaron múltiples disparos al pasar frente al domicilio. Tras el ataque, huyeron sin que se reportaran detenciones.

Elementos del Ejército Mexicano llegaron al lugar como primeros respondientes y confirmaron la muerte del menor. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones, aunque hasta el momento no ha informado sobre personas detenidas ni líneas de investigación concretas.

Dos niños más heridos en ataques contra familias

El mismo martes 24 de junio, pero horas antes del asesinato de Fermín, una familia fue atacada a balazos en la colonia Siete Gotas, al oriente de Culiacán. Las víctimas viajaban en un Honda Civic gris por la calle Amador Zazueta cuando sujetos armados los persiguieron y dispararon contra el vehículo.

Entre los heridos estaba Aarón Francisco, de tres años, hijo de la pareja que también resultó lesionada. Los tres fueron trasladados a un hospital de la ciudad; su estado de salud no fue precisado en los reportes iniciales.

El automóvil quedó abandonado frente a un domicilio con perforaciones visibles en cristales y carrocería. Peritos de la Fiscalía llegaron al lugar poco más de 40 minutos después del aviso al 911.

Ese ataque ocurrió tres días después de otro caso similar. El lunes 22 de junio, Abelardo, de 8 años, resultó herido por una esquirla de proyectil durante un intento de robo de vehículo sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe.

El menor viajaba con su familia en un Honda blanco cuando hombres armados les cerraron el paso. La madre aceleró para escapar; el agresor disparó y la esquirla atravesó el parabrisas e hirió al niño. La familia lo trasladó por sus propios medios a la Cruz Roja, donde recibió primeras atenciones antes de ser derivado a un hospital.

El contexto: Culiacán bajo disputa desde septiembre de 2024

Los cuatro casos se inscriben en una crisis de seguridad que afecta a Culiacán desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la confrontación entre grupos vinculados a Los Chapitos y Los Mayos, dos facciones del Cártel de Sinaloa. Desde entonces, la capital sinaloense ha registrado asesinatos, ataques armados, bloqueos carreteros y enfrentamientos en distintos sectores.

Las autoridades federales han reforzado en varias ocasiones la presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales en la entidad. A pesar de los operativos, los homicidios y las agresiones contra civiles continúan en zonas habitacionales, vías públicas y espacios de uso común.

Las colonias del norte, sur y oriente de Culiacán han concentrado la mayor parte de los incidentes. Los cuatro casos de menores de edad en 72 horas son la expresión más reciente de una violencia que no cede.

Una familia fue atacada a balazos la noche del miércoles 24 de junio en la colonia Siete Gotas, al oriente de Culiacán, y el saldo fue de tres personas heridas: una mujer de 23 años, su pareja y su hijo de tres años. El caso ocurrió solo tres días después de otra agresión contra otra familia en la misma ciudad, en la que también resultó lesionado un menor.

El ataque fue reportado entre las 19:45 y las 20:00 horas sobre la calle Amador Zazueta, casi esquina con Paseo del Rey, entre Labastida Ochoa y el bulevar Paseo del Rey. La agresión se registró cuando las víctimas viajaban en un vehículo de modelo antiguo, identificado en distintos reportes como un Honda Civic gris.

La familia estaba por llegar a visitar a un familiar en ese sector cuando sujetos armados la interceptaron. Una de las versiones señaló que los agresores iban a bordo de otra unidad de características no precisadas y persiguieron el automóvil antes de dispararle en varias ocasiones.

Las personas heridas fueron Paulina N., de 23 años; Aarón Francisco F., cuya edad fue ubicada entre 26 años y 28 años en los distintos reportes; y su hijo Aarón Francisco N., de tres años. En otra versión, el hombre fue identificado solo como Aarón, de 27 años.

Los tres recibieron impactos de bala en el cuerpo. Después de la agresión fueron auxiliados en el lugar y trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica, aunque hasta ese momento no se habían dado a conocer ni la gravedad de las lesiones ni su estado de salud.

El automóvil quedó con impactos en cristales y carrocería

El coche en el que viajaba la familia quedó abandonado frente a un domicilio de la colonia Siete Gotas. A simple vista se apreciaban perforaciones por arma de fuego en los cristales y la carrocería.

Dentro del automóvil también quedaron manchas de sangre. Ese rastro confirmó la intensidad del ataque y la condición en la que fueron rescatadas las víctimas antes de su traslado al hospital.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y paramédicos de Cruz Roja para brindar auxilio. El reporte inicial al número de emergencias 911 alertó sobre varias personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

Poco más de 40 minutos después del aviso llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía de Investigación. El personal inició las diligencias de campo para levantar indicios y abrir la carpeta correspondiente.

Hasta ese momento no se había informado sobre personas detenidas. Tampoco se había establecido públicamente el posible móvil de la agresión ni se habían precisado las características de los responsables más allá de que se trató de hombres armados.

La agresión ocurrió tres días después de otro ataque contra otra familia

La nueva agresión quedó inscrita en una secuencia cercana de ataques contra familias en Culiacán. Apenas tres días antes, otra familia había sido blanco de disparos en la colonia Guadalupe, cerca del templo de La Lomita.

En ese hecho anterior, un niño de nombre Abelardo N., de 8 años, resultó herido en un brazo por esquirlas. La cercanía temporal entre ambos casos colocó de nuevo la atención en la violencia contra civiles que viajaban con menores de edad.

La agresión del miércoles ocurrió en el extremo oriente de la capital de Sinaloa, en una zona señalada también como a un costado del fraccionamiento Villas del Real. El punto exacto fue referido como la calle Amador, o Amadeo, Zazueta, entre Paseo del Rey y Francisco Labastida Ochoa.

La respuesta directa al hecho fue que una pareja joven y su hijo de tres años quedaron heridos tras recibir disparos mientras circulaban en su automóvil. Los responsables escaparon y las autoridades estatales abrieron una investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

• Una pareja y su hijo de tres años fueron heridos a balazos la noche del 24 de junio en la colonia Siete Gotas, al oriente de Culiacán.

• El ataque ocurrió sobre la calle Amador Zazueta, entre Labastida Ochoa y Paseo del Rey, cuando la familia viajaba en un Honda Civic de modelo antiguo.

• La agresión se registró tres días después de otro ataque contra otra familia en Culiacán, en el que un niño de 8 años resultó herido por esquirlas.

Otro niño de ocho también fue alcanzado por esquirlas

Un niño de ocho años resultó lesionado por una esquirla de proyectil durante un intento de robo de vehículo ocurrido la tarde de este lunes 22 de junio sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el hecho se registró alrededor de las 2:40 horas, en las inmediaciones de esa vialidad y el bulevar Ciudades Hermanas.

La familia trasladó al menor por sus propios medios a la base de la Cruz Roja ubicada en el cruce del bulevar Gabriel Leyva Solano y la avenida Ruperto L. Paliza, en el sector Centro de la ciudad. Paramédicos le brindaron las primeras atenciones y después lo trasladaron a un hospital para una valoración más especializada.

La víctima fue identificada como Abelardo, quien viajaba con sus familiares en un automóvil Honda blanco de modelo reciente cuando un grupo de hombres armados los interceptó. Los primeros reportes señalaron que los ocupantes de otro vehículo les cerraron el paso y uno de los presuntos delincuentes bajó con un arma de fuego para exigir la entrega de la unidad.

En ese momento, la madre del menor aceleró el automóvil para intentar ponerse a salvo. De acuerdo con el reporte, el agresor realizó al menos un disparo que impactó el parabrisas del vehículo. La esquirla del proyectil lesionó al niño, mientras los responsables huyeron sin concretar el robo del auto. La SSP indicó que las autoridades investigaron lo ocurrido para ubicar a los agresores y esclarecer el ataque.

• El ataque ocurrió el 22 de junio en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe de Culiacán.
• La SSP reportó que el hecho se registró alrededor de las 2:40 horas y que el disparo pegó en el parabrisas.
• La familia llevó al menor a la Cruz Roja y luego fue trasladado a un hospital para valoración especializada.

Las autoridades panameñas propinaron un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el país con la captura de seis presuntos integrantes de la pandilla “HP”, entre ellos quien sería el cabecilla de esa organización en el sector de San Joaquín.

La operación forma parte de la estrategia desplegada durante 2026 para debilitar a los grupos vinculados con homicidios, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ejecutó varios allanamientos en San Joaquín que culminaron con la aprehensión de seis personas investigadas por el delito de pandillerismo.

Entre los detenidos figura el presunto líder de la célula criminal, conocido con el alias de “Cálido Lince”, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la estructura denominada “HP”, organización que históricamente ha sido identificada como “Humildad y Pureza”.

De acuerdo con el Ministerio Público, los aprehendidos mantienen vínculos con investigaciones relacionadas no solo con el delito de asociación ilícita, sino también con homicidios dolosos, tráfico de sustancias ilícitas y lesiones personales.

La diligencia forma parte de la denominada “Operación Bastión”, una ofensiva dirigida a desarticular estructuras criminales con presencia en sectores de alta incidencia delictiva de la capital.

El nombre de “Los HP” volvió a aparecer en mayo pasado tras el crimen de Roberto Othoniel Álvarez, ocurrido en la entrada de El Crisol, en San Miguelito. Reportes policiales lo señalaban como presunto integrante de la organización Humildad y Pureza, una estructura que, según las autoridades, dejó de operar como una simple pandilla barrial para convertirse en una red criminal con presencia en distintos puntos del país.

Aunque en los últimos años Panamá ha registrado una disminución en el número de pandillas identificadas por los organismos de seguridad, las autoridades consideran que organizaciones como “HP” continúan siendo actores relevantes dentro del crimen organizado por su capacidad operativa y sus alianzas con otras estructuras.

Informes de inteligencia policial divulgados este año ubican a la pandilla “HP” entre los grupos con mayor influencia en áreas de Pedregal y sectores cercanos de Juan Díaz, donde presuntamente mantiene vínculos con la organización conocida como “Mafia Filipina”.

Según esos reportes, ambas estructuras estarían involucradas en actividades como sicariato, tráfico internacional de drogas y los llamados “tumbes” de cargamentos de sustancias ilícitas pertenecientes a organizaciones rivales.

Los operativos desarrollados por las autoridades forman parte de una estrategia nacional contra el pandillerismo que, hasta el cierre del primer semestre de 2026, ha permitido la aprehensión de 242 presuntos pandilleros en distintos puntos del país. De ellos, más de 180 están vinculados con investigaciones por homicidio.

La ofensiva no se limita a la captura de integrantes de “HP”. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación también obtuvo decisiones judiciales que fortalecen otros procesos abiertos contra presuntos miembros de diferentes organizaciones criminales.

Uno de esos casos corresponde a un ciudadano señalado de pertenecer a la pandilla “La Comisión – Unión Sinaloa”, que operaba en los corregimientos de Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita logró que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la medida cautelar de detención provisional impuesta al imputado.

La investigación se originó durante la operación “Dominio”, desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional con el objetivo de combatir delitos asociados a estructuras criminales.

El Tribunal consideró acreditados los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía y concluyó que la detención provisional resulta proporcional mientras avanzan las investigaciones.

A esta decisión se suma otra obtenida por la misma fiscalía contra un presunto integrante de la pandilla “Bagdad – Santa Eduviges”, organización que operaba en el corregimiento de Tocumen y que fue desarticulada durante la operación “Combate”, ejecutada el pasado 22 de mayo en Panamá Este.

El sospechoso fue capturado durante diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional.

En audiencia de control de garantías celebrada el 24 de junio, un juez declaró legal la aprehensión, admitió la imputación por el delito de asociación ilícita y ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Al igual que en el caso anterior, el juzgado concluyó que existían riesgos procesales suficientes para mantener privado de libertad al imputado durante la etapa de investigación.

Las actuaciones reflejan la estrategia de las autoridades de atacar simultáneamente distintas organizaciones criminales mediante operaciones de inteligencia, allanamientos y procesos judiciales orientados no solo a capturar a sus integrantes, sino también a mantenerlos bajo detención mientras avanzan las investigaciones.

Con estas acciones, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan debilitar las estructuras de pandillas que operan principalmente en áreas urbanas del país y que, según las investigaciones, mantienen vínculos con delitos de alto impacto como homicidios, narcotráfico, extorsión y asociación ilícita.

El desplazamiento interno en México ha experimentado un crecimiento acelerado en el último año. Casi el doble de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares entre 2023 y 2024, de acuerdo con el informe “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Este fenómeno no distingue entre grandes ciudades o pequeñas localidades, un ejemplo es la Ciudad de México y las urbes fronterizas como Tijuana, las cuales se han consolidado como refugio para quienes buscan escapar de la violencia.

Las causas de esta situación son diversas, pero la egresión ligada al crimen organizado predomina, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). A esta problemática se suman los embates de desastres naturales, aunque en menor medida.

Solo en 2024, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró que, al menos, 28.000 personas tuvieron que dejar sus comunidades debido a las actividades de grupos criminales.

Además de la delincuencia, otras formas de violencia obligan a miles a desplazarse. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, documentó tras su visita a México en junio de 2023 casos vinculados a desapariciones, feminicidios, violencia sexual, extorsión y reclutamiento forzado, de acuerdo con la UNAM.

Qué es el sexilio y cómo afecta a la comunidad LGBTIQ+

Entre las causas menos visibilizadas de la reubicación forzada en el país destaca la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

El sociólogo puertorriqueño Manuel Guzmán denominó a este fenómeno “sexilio”, que ocurre cuando personas LGBTIQ+ se ven obligadas a dejar sus lugares de origen para buscar un entorno más seguro y tolerante.

La doctora en Derecho por la Universidad La Salle, Alma Cosette Guadarrama Muñoz, detalla que este fenómeno se produce cuando no existe garantía al libre desarrollo de la personalidad, lo que obliga a quienes lo sufren a trasladarse a entidades con mayor protección institucional. Muchas veces quienes migran por estos motivos ni siquiera identifican que su movilidad es forzada.

Un ejemplo de estas trayectorias es el caso de Xux Ek Navarro, una mujer trans que, tras ser víctima de violencia en Guanajuato, solicitó refugio en Casa Frida, una organización dedicada a la atención de personas LGBTI+. Navarro relata que además de la agresión directa, enfrentó discriminación en el acceso a servicios médicos y laborales. Al buscar ayuda policial, no solo recibió burlas, sino que también fue responsabilizada de su situación por su identidad de género.

En México, la discriminación y la falta de protección estatal generan condiciones para que personas del colectivo deban abandonar sus hogares. La ausencia de políticas públicas específicas complica aún más el acceso a la justicia y la reparación para quienes huyen motivados por intolerancia y violencia de género.

Obstáculos legales y falta de datos

El marco normativo en el país no responde a la complejidad del desplazamiento interno. Aunque la ACNUR ha brindado asistencia desde 2019, en México no existe una ley federal que proteja a las personas trasladadas. Si bien en 2020 se intentó aprobar una iniciativa que contemplaba causas como orientación sexual e identidad de género, la iniciativa quedó archivada tras el cambio de legislatura.

Solo cinco entidades federativas —Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca— cuentan con leyes locales sobre desplazamiento; Oaxaca es la única que reconoce la discriminación por orientación sexual como causal. Diversos especialistas advierten que la ausencia de registros oficiales desagregados dificulta medir el impacto en la población LGBTIQ+.

Para atenuar esta carencia, la ACNUR ha colaborado con el INEGI y el CONAPO para que la Encuesta Intercensal de 2025 incorpore preguntas sobre movilidad interna. Los resultados, previstos para 2026, podrían aportar información detallada para diseñar mejores respuestas institucionales y atender las necesidades específicas de las víctimas.

No es solo pasión. Cuando miles de personas comparten un mismo estadio —o una misma banqueta— viendo un partido de futbol, el cerebro humano activa mecanismos evolutivos diseñados originalmente para la supervivencia grupal. Así lo advierte Angélica Larios Delgado, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM: el cerebro tiene zonas específicas para el contagio emocional, y en eventos masivos ese sistema se convierte en un amplificador de consecuencias impredecibles.

Las emociones compartidas, explicó la especialista, no se suman: se potencian. Cuanto mayor es el número de personas, mayor es el efecto acumulativo. Es un fenómeno que cruza lo individual y lo colectivo, y que en una Copa Mundial —con audiencias globales de miles de millones— alcanza su expresión más intensa.

De la euforia a la agresión: un paso psicosocial

El problema no es el entusiasmo. Es la combinación de factores que lo rodean.

Larios Delgado identifica una cadena de riesgo que se activa en los eventos deportivos masivos:

• Identidad social exacerbada: el aficionado no solo apoya a un equipo; se funde con él.
• Desinhibición por sustancias: el consumo de alcohol reduce los frenos conductuales.
• Retroalimentación emocional constante: las reacciones del grupo amplifican las individuales.
• Percepción de agravio: un penal mal cobrado o una derrota inesperada se vive como una afrenta personal y colectiva.

Cuando estos elementos convergen, la euforia puede desbordarse. La violencia emerge como respuesta a una diferencia percibida y como mecanismo —primitivo, pero real— para resolver conflictos. El problema, subraya la académica, es perder de vista que se trata de un juego: cuando esa frontera desaparece, la frustración y el enojo encuentran un canal de salida físico.

El futbol como espejo de las fracturas sociales

El deporte no ocurre en un vacío. Larios Delgado plantea que en sociedades marcadas por la desigualdad económica y la violencia institucional, el futbol funciona como una caja de resonancia que amplifica la reactividad de los sectores más vulnerados.

Los problemas acumulados —falta de gestión emocional, ausencia de cultura de aceptación, sesgos estructurales— encuentran en el estadio un escenario donde expresarse. Un ejemplo doloroso: los cantos homofóbicos que persisten en el balompié mexicano, que denigran a los jugadores asociándolos con una orientación sexual diferente como forma de insulto.

Mundial 2026: júbilo en las avenidas, brusquedad en las periferias

La Copa Mundial de la FIFA 2026 expone con claridad esa doble cara. Mientras en los centros urbanos predominan la alegría, la hospitalidad y el colorido turístico, en las periferias el festejo tiene otro tono. Un caso que resume esa tensión: las hostilidades que algunos aficionados han dirigido contra madres buscadoras, cuya presencia en el espacio público durante el torneo ha generado roces con sectores que prefieren ignorar las grietas del país.

El Mundial no crea esas fracturas. Solo las ilumina.

La violencia volvió a sacudir a Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del miércoles, cuando un grupo de sicarios perpetró dos ataques armados en distintos puntos de la zona poniente de la ciudad, dejando un saldo de tres personas asesinadas y dos hombres lesionados.

Las agresiones ocurrieron con apenas unos minutos de diferencia en las colonias Libertad e Independencia II, lo que ha llevado a las autoridades a investigar una posible relación entre ambos hechos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el primer ataque fue reportado a las 23:05 horas en el cruce de las calles Coral y Tepoztlán, en la colonia Libertad.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado entre cuatro y cinco detonaciones de arma de fuego. Tras los disparos, varias personas corrieron por la zona mientras pedían ayuda, generando momentos de pánico entre los habitantes del área.

Cuando elementos de la unidad 303 de la Policía Municipal arribaron al lugar encontraron una escena marcada por la violencia: dos mujeres se encontraban sin vida sobre la vía pública y dos hombres presentaban heridas provocadas por impactos de bala.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

De manera preliminar, autoridades señalaron que cerca de los cuerpos de las dos mujeres fueron localizadas varias dosis de cristal, indicio que quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Dos ataques en menos de diez minutos

Mientras policías y personal de emergencia atendían la primera agresión, un segundo reporte movilizó a las corporaciones de seguridad.

A las 23:12 horas se informó sobre una nueva balacera en la colonia Independencia II, ubicada también en el sector poniente de Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miguel Quilonez y América Latina, donde inicialmente acudió la patrulla 310 del sector Poniente.

Al ingresar a una vivienda señalada por los vecinos, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala en la cabeza.

La víctima se encontraba dentro de una habitación, tendida sobre un charco de sangre, y ya no presentaba signos vitales cuando fue revisada por los primeros respondientes.

El área fue asegurada de inmediato para evitar la contaminación de evidencias y permitir el trabajo de los especialistas forenses.

Autoridades investigan posible vínculo criminal

Debido a la cercanía entre ambos ataques y al corto lapso en que ocurrieron, investigadores analizan si las agresiones fueron cometidas por el mismo grupo armado.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron ambas escenas mientras peritos y agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaban el levantamiento de evidencias, la fijación fotográfica y la recolección de indicios balísticos.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con los ataques.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil de las agresiones y determinar si están relacionadas con actividades del crimen organizado o disputas entre grupos delictivos que operan en la frontera.

Ciudad Juárez acumula 41 homicidios durante junio

Con estos tres asesinatos, la cifra de homicidios dolosos registrados durante junio en Ciudad Juárez ascendió a 41 víctimas, de acuerdo con la estadística oficial de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La cifra refleja que la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades en esta ciudad fronteriza, donde los ataques armados y las ejecuciones siguen registrándose en distintos sectores.

Los hechos ocurridos la noche del miércoles generaron preocupación entre vecinos de las colonias afectadas, quienes denunciaron que las detonaciones sembraron miedo entre familias y comerciantes de la zona.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía estatal busca determinar la identidad de los responsables y establecer si ambos ataques forman parte de una misma ofensiva criminal que dejó una nueva jornada sangrienta en Ciudad Juárez.

En Durango, el gobernador Esteban Villegas negó que se le haya retirado la visa estadounidense, pero reconoció que cuenta con una alerta amarilla que debe analizarse.

Además, la Fiscalía de Nayarit confirmó la detención del sobrino de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como Carlos “N”. El sujeto ya se encuentra vinculado a proceso y está en prisión preventiva.

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Semanas antes también fueron arrestaos tres mexicanos en otro laboratorio clandestino hallado en un bosque de Nigeria...

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Frente a la Glorieta de los Desaparecidos en la Ciudad de México— familias buscadoras y colectivos de personas desaparecidas realizaron una "Cascarita por la Memoria y en Contra del Olvido en el marco del partido de la Selección Mexicana contra Chequia por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La acción, convocada para las 15:30 horas, buscó generar un espacio de convivencia, reflexión y sensibilización social en torno a la búsqueda y visibilización de personas desaparecidas.

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La Fiscalía de Querétaro destacó la vinculación a proceso de 10 personas (hechos informados por la Fiscalía General de la República) como resultado de un cateo en el marco del operativo Sinergia por Querétaro.

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Aseguran tragamonedas tras 11 cateos en Maravatío, Michoacán

Como resultado de actos de investigación relacionados con los delitos de extorsión y contra la salud, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, realizó 11 órdenes de cateo en distintos inmuebles ubicados en el municipio de Maravatío. Las diligencias arrojaron resultados positivos en la totalidad de los 11 puntos intervenidos.

El operativo derivó en el aseguramiento de 67 máquinas tragamonedas, las cuales presuntamente eran utilizadas para actividades ilícitas.

Los equipos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público a cargo del caso, quien continuará con las investigaciones.

Cabe destacar que un día antes, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de otras máquinas, las cuales generaban ganancias de miles de pesos mensuales a los grupos delictivos.

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Zócalo lleno por el partido México vs Chequia: Policía pide a fanáticos ubicar otros puntos de transmisión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país informó que la plancha del Zócalo está a su máxima capacidad, por lo que pidió a los fanáticos que deseen ver el partido México vs Chequia que consideren otros puntos de transmisión colocados en la CDMX.

“Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el #FanFest del Centro Histórico, la plancha del #Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima”, es parte del mensaje.

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Hallan culpable a expolicía de Veracruz por delitos contra la salud

Óscar “N”, exintegrante de la Policía Ministerial del estado de Veracruz, recibió un fallo condenatorio por delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud, luego de que el órgano jurisdiccional acreditó su responsabilidad penal tras el análisis de las pruebas desahogadas durante el juicio oral correspondiente al proceso penal 13/2023.

La condena fue resultado de la investigación desarrollada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, tras un juicio oral fue emitido el fallo en contra del exservidor público.

La autoridad judicial fijará la pena que corresponde al sentenciado en la próxima audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

Detienen a presuntos miembros de la Familia Michoacana en Edomex

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con efectivos en conjunto con otras corporaciones de seguridad, detuvieron a dos hombres por su probable implicación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, este 24 de junio de 2026.

Las investigaciones previas apuntaban a que los detenidos eran presuntos generadores de violencia en el Valle de Toluca y tendrían vínculos con un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

Durante patrullajes preventivos sobre las calles del Barrio de San Pedro, los agentes observaron una motocicleta tripulada por dos sujetos que coincidían con las características obtenidas en las indagatorias.

Tras identificarse como policías y llevar a cabo la inspección, hallaron entre las pertenencias de los sujetos un arma de fuego abastecida con un cartucho útil, así como dos bolsas de plástico con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Los arrestados se identificaron como Brayan “N”, de 19 años, y Arturo “N”, de 39 años. Ambos podrían estar relacionados con delitos de extorsión, ataque peligroso, disparos de arma de fuego y cobro de piso a establecimientos comerciales de la zona.

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Aseguran equipo táctico tras persecución en Tlazazalca, Michoacán

Elementos de seguridad estatales y efectivos militares realizaron una persecución en Tlazazalca que resultó en el aseguramiento de un vehículo con equipo táctico, además de cargadores y prendas con siglas alusivas a un grupo delictivo.

Hallan metanfetamina y marihuana tras cateos en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó órdenes de cateo en tres inmuebles de Morelia, lo que resultó en el aseguramiento de más de mil dosis de metanfetamina.

Las diligencias fueron realizaron en domicilios ubicados en las colonias Melchor Ocampo, Loma Larga y Las Margaritas. La Policía de Investigación decomisó diversas cantidades de sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina, con un peso conjunto superior a los 47 gramos, equivalente a aproximadamente mil 175 dosis.

En uno de los tres inmuebles cateados también se localizaron indicios relacionados con el consumo de narcóticos y una cantidad adicional de marihuana.

Los operativos concluyeron sin personas detenidas. La FGE informó que las investigaciones continúan con el fin de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

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Detienen a dos personas con 1.2 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra dos personas por su probable participación en el resguardo de hidrocarburo y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Los imputados, identificados como Yesenia “N” y Gabriel “N”, enfrentarán prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, tras el aseguramiento de 1.2 millones de litros de hidrocarburo.

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima atendida el 4 de junio de 2026. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), catearon un inmueble ubicado en un camino de terracería próximo a la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de Reynosa.

Durante la inspección judicial se aseguraron 24 pipas, 18 fractanks, ocho tractocamiones, seis motobombas y cuatro cámaras de vigilancia, además de dos cargadores, 12 cartuchos y documentación diversa.

La carga total de hidrocarburo incautado ascendió a 1,2 millones de litros, volumen que las autoridades vinculan a actividades de almacenamiento y distribución ilícita de combustible.

Resolución judicial y plazos del proceso

En la continuación de la audiencia inicial, la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas calificó de legal la detención y dictó la vinculación a proceso contra ambos imputados. Fijó además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Detienen a hombre y aseguran más de mil dosis de droga en Guanajuato

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron mil 235 dosis de presuntas drogas, un arma de fuego y cartuchos útiles durante un operativo de vigilancia en la colonia Parque de la Noria, en León, Guanajuato. Un hombre de 47 años, vecino de la misma colonia, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Entre las sustancias incautadas se contabilizan más de mil dosis de marihuana y dosis de cristal. El operativo también permitió retirar una pistola calibre 9 milímetros abastecida, un cargador y 38 cartuchos útiles. Al operativo se sumó el decomiso de dinero en efectivo y otros indicios de interés para la investigación, sin que se precisara el monto.

El detenido manifestó tener su domicilio en la propia colonia Parque de la Noria, de acuerdo con el comunicado. Las indagatorias quedaron a cargo del Ministerio Público Federal.

Del 26 de septiembre de 2024 al 31 de mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Paz ha asegurado 2.894.746 dosis de diversas drogas y 729 armas de fuego en el estado de Guanajuato, según indicó el comunicado oficial. Las autoridades señalaron que estos resultados buscan debilitar las capacidades operativas y financieras de quienes participan en actividades ilícitas.

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Procesan a presunto feminicida en Oaxaca

Un hombre identificado como F. J. L. P. fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por el presunto feminicidio agravado de su pareja sentimental, M. D. D., en el municipio de Ejutla de Crespo, en el estado de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la medida cautelar tras una investigación conducida por sus áreas especializadas en perspectiva de género.

Según los actos de investigación de la FGEO, la víctima y el imputado habrían sostenido una relación sentimental de aproximadamente cuatro años. El 13 de junio de 2026, el hombre habría recogido a M. D. D. en su domicilio y la trasladó en motocicleta al paraje conocido como Las Huertas, dentro del mismo municipio. Allí, presuntamente la atacó con fuego, causándole quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Los dictámenes periciales y forenses de la institución determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión en agua: la víctima habría sido arrojada aún con vida a un pozo cercano al sitio del ataque.

Detención, audiencia y medidas cautelares

La FGEO recabó los datos de prueba suficientes para ejecutar una orden de aprehensión de forma inmediata. Presentado ante el juez, F. J. L. P. fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario de San Francisco Tanivet. El tribunal otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía señaló que las áreas de género de la institución condujeron las diligencias con rigor técnico, científico y analítico para garantizar el acceso a la justicia frente a la violencia feminicida.

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Van 39 amenazas de tiroteos en escuelas de Chihuahua en 4 meses

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que desde marzo pasado hasta lo que va del mes de junio han atendido 39 reportes relacionados con amenazas de tiroteos en diversos planteles educativos de la ciudad de Chihuahua.

Esta práctica comenzó a registrarse en varias entidades del país derivado de un reto que se difundió en redes sociales denominado “Mañana Tiroteo”, el cual incitaba a estudiantes a difundir falsas amenazas de ataques armados en escuelas, principalmente con mensajes escritos en los baños.

Desde el mes de abril, tras los primeros registros, la Policía Cibernética de Chihuahua alertó a la ciudadanía a no compartir el reto en redes sociales ni reaccionar a los mensajes; invitando principalmente a los jóvenes a informar a los adultos de su confianza sobre las publicaciones.

/mexico/2026/06/24/reto-viral-provoca-39-casos-de-amenazas-de-balaceras-en-escuelas-de-chihuahua-en-cuatro-meses/

/mexico/2026/06/23/seguridad-reforzada-para-el-mexico-vs-chequia-cdmx-lanza-operativo-con-mas-de-7500-policias/

Un ataque armado registrado la noche del martes en Playa del Carmen dejó como saldo un hombre muerto y provocó una movilización de corporaciones de seguridad en una de las principales zonas comerciales de la ciudad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo inició una carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión y ubicar a los responsables.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Playa del Carmen. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron a la víctima y realizaron múltiples disparos antes de escapar.

Elementos policiacos acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales encargados de recabar evidencias e integrar la investigación.

De acuerdo con reportes preliminares y versiones difundidas por medios locales de Quintana Roo, la víctima fue identificada como Irving M.M., de 35 años. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información detallada sobre su identidad dentro de la carpeta de investigación.

Información preliminar citada por medios locales señala que Irving M.M. era considerado un presunto objetivo prioritario dentro de investigaciones relacionadas con actividades criminales en la región. No obstante, esa información forma parte de las líneas de investigación y deberá ser corroborada conforme avancen las diligencias ministeriales.

El antecedente familiar que forma parte de las investigaciones

Los investigadores también analizan antecedentes relacionados con el entorno familiar de la víctima. De acuerdo con reportes preliminares y versiones difundidas por medios locales, Irving M.M. era hijo de Álvaro Francisco M.C., alias “El Negro Nava”, quien fue asesinado en 2018 en la zona conocida como In House, en Playa del Carmen.

Ese antecedente forma parte de los elementos que revisan las autoridades para establecer si existe alguna relación entre ambos casos o si el homicidio registrado esta semana responde a circunstancias distintas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar las causas del ataque y establecer si existe alguna relación con disputas entre grupos delictivos que operan en la región.

Nuevo hecho violento en una de las principales ciudades turísticas del Caribe mexicano

El homicidio ocurrió en Playa del Carmen, uno de los principales destinos turísticos de Quintana Roo y punto estratégico de la Riviera Maya. La agresión provocó la movilización de policías, agentes ministeriales y personal de servicios periciales, quienes permanecieron varias horas en el sitio realizando diligencias.

La Fiscalía estatal informó que continuará con las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables. Como parte de las indagatorias, los especialistas analizan evidencia recabada en la escena del crimen, testimonios y registros que permitan reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos la noche del martes.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que entre enero y mayo de 2026 inició 234 carpetas de investigación por homicidio doloso, en un periodo en el que además logró 21 sentencias relacionadas con este delito y avanzó en diversas investigaciones que derivaron en capturas y procesos judiciales.

De acuerdo con los datos presentados por la dependencia, durante esos cinco meses se obtuvieron 106 órdenes de aprehensión por homicidio doloso y se cumplimentaron 61. Asimismo, fueron logradas 62 vinculaciones a proceso contra personas investigadas por estos hechos.

Las sentencias obtenidas por homicidio contemplan penas que van de los 20 a los 50 años de prisión, según la información oficial.

En los casos de homicidio en grado de tentativa, las autoridades reportaron la emisión de 12 órdenes de aprehensión y el cumplimiento de ocho de ellas. También señalaron que se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso y 11 sentencias relacionadas con este delito.

Desarticulación de seis grupos delictivos

Uno de los resultados destacados por la Fiscalía fue la desarticulación de seis grupos delictivos presuntamente vinculados con distintos hechos de violencia registrados en la entidad.

Las investigaciones permitieron obtener 44 órdenes de aprehensión y concretar la detención de 47 personas. De acuerdo con la información oficial, estas acciones contribuyeron al esclarecimiento de 18 casos de homicidio.

Los operativos y detenciones se desarrollaron en distintos puntos del estado, incluyendo los municipios de Jalpa de Méndez, Teapa, Macuspana y Jonuta, donde las autoridades identificaron y capturaron a presuntos responsables de diversos hechos delictivos.

Extorsión al sector cárnico

En materia de extorsión, la Fiscalía informó avances en una investigación relacionada con amenazas dirigidas a una empresa del sector cárnico ubicada en el municipio de Centro.

Las indagatorias permitieron identificar que las comunicaciones utilizadas para cometer el delito provenían de un número telefónico extranjero obtenido mediante una aplicación digital. A partir de ello, las autoridades desarticularon un grupo presuntamente involucrado en los hechos.

Como parte de este caso, fueron solicitadas nueve órdenes de aprehensión y se realizaron detenciones de personas consideradas presuntas responsables. Las acciones se desarrollaron con apoyo de instancias federales dentro de los trabajos de coordinación en materia de seguridad.

La Fiscalía señaló que los detenidos mantienen la presunción de inocencia y que su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.

Entre una ‘baja de homicidios’ y operativos contra grupos criminales en 2026

El balance presentado sobre homicidios y extorsiones se da en un contexto en el que Tabasco continúa siendo uno de los estados donde la seguridad pública concentra buena parte de la atención gubernamental.

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades estatales han reportado una disminución en los homicidios dolosos respecto al año anterior, aunque los operativos contra grupos criminales y generadores de violencia se han mantenido de forma constante en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, entre enero y mayo se contabilizaron 264 víctimas de homicidio doloso, frente a las 382 registradas en el mismo periodo de 2025, una reducción cercana al 31 por ciento. Además, el promedio diario pasó de 2.66 asesinatos al inicio de la actual administración estatal a 1.75 durante 2026.

Pese a esa tendencia, las corporaciones de seguridad han continuado desplegando operativos en municipios como Centro, Huimanguillo, Centla, Macuspana y Jalpa de Méndez, donde se han realizado detenciones, aseguramientos de armas, droga y vehículos, así como acciones dirigidas contra presuntas células criminales.

En junio, por ejemplo, autoridades reportaron la captura de cinco personas y el aseguramiento de armamento y sustancias ilícitas durante operativos coordinados en distintas zonas del estado.

El panorama también se desarrolla en medio de investigaciones de alto perfil relacionadas con presuntas redes criminales que operaron en la entidad durante años. Uno de los casos más relevantes es el proceso judicial que enfrenta Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado por diversos delitos y presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora.

En este escenario, las cifras de homicidio, las detenciones de presuntos integrantes de organizaciones criminales y los avances en investigaciones de extorsión continúan siendo algunos de los principales indicadores utilizados para medir la evolución de la seguridad en el estado durante 2026.

Los delitos contra el patrimonio económico continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad ciudadana en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público recibió 9,057 denuncias relacionadas con hurto y robo, dos delitos que suelen confundirse, pero que jurídicamente tienen diferencias importantes y muestran comportamientos distintos en las estadísticas nacionales.

La principal diferencia radica en la forma en que se apodera del bien ajeno. El hurto ocurre cuando una persona toma una propiedad sin consentimiento, pero sin emplear violencia, intimidación o fuerza contra la víctima. El robo, en cambio, implica violencia, amenazas o algún tipo de coerción para despojar a la persona de sus bienes.

Ejemplos de hurto son el robo silencioso de un celular dejado sobre una mesa, la sustracción de mercancía en un comercio o el hurto de un vehículo estacionado. En contraste, un asalto a mano armada, un arrebato con intimidación o el despojo de pertenencias mediante amenazas constituyen delitos de robo.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que el hurto sigue siendo el delito patrimonial más frecuente. Entre enero y mayo se contabilizaron 7,036 denuncias por hurto, frente a 6,851 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 3%.

Por su parte, los delitos de robo alcanzaron 2,021 denuncias durante los primeros cinco meses del año, ligeramente por encima de las 2,009 registradas en igual período de 2025, un incremento de 0.6%.

Aunque el crecimiento porcentual del robo parece modesto, la característica que más preocupa a las autoridades es que más de la mitad de los casos corresponden a robo agravado, una modalidad que suele involucrar circunstancias de mayor peligrosidad.

De las 2,021 denuncias por robo registradas este año, 1,094 corresponden a robo agravado y 927 a robo simple. Mientras el robo simple aumentó 5% respecto a 2025, pasando de 880 a 927 casos, el robo agravado disminuyó 3%, al bajar de 1,129 a 1,094 denuncias.

En el caso de los hurtos, la categoría más frecuente es el hurto agravado, con 3,162 denuncias, seguida muy de cerca por el hurto simple, con 3,124 casos. También destacan 310 denuncias por hurto de vehículo automotor, 379 por hurto pecuario y 30 por hurto pecuario o hidrobiológico.

Uno de los datos más llamativos es que el hurto simple registró el mayor incremento entre las principales modalidades, al pasar de 2,714 casos en 2025 a 3,124 en 2026, un crecimiento de 15%. Por el contrario, el hurto agravado disminuyó 6% durante el mismo período.

La distribución geográfica también revela patrones claros. La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias en ambas categorías. Solo en materia de hurto acumula 3,782 casos, equivalente a más de la mitad de todos los registros nacionales. Le siguen Panamá Oeste con 798 denuncias y Chiriquí con 712.

En los delitos de robo, la provincia de Panamá registra 1,117 denuncias, seguida por Panamá Oeste con 267 y San Miguelito con 205.

Al comparar con 2025, algunas regiones muestran incrementos significativos. En hurto, Los Santos registra el mayor aumento porcentual con 31%, seguido por Veraguas con 8%, Panamá con 7% y Panamá Oeste con 4%.

En robo, los mayores incrementos se observan en la comarca Ngäbe Buglé con 50%, Veraguas con 41% y Coclé con 33%, aunque en varios de estos territorios el volumen absoluto de casos sigue siendo relativamente bajo en comparación con las áreas metropolitanas.

Las estadísticas cobran rostro humano cuando se observan casos recientes. Esta semana, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre responsable de dos robos cometidos contra conductores de plataformas digitales.

Según la investigación, uno de los hechos ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando el condenado y otros dos individuos solicitaron un viaje hacia el sector de 9 de Enero, en Amelia Denis de Icaza. Al llegar al destino, despojaron al conductor de sus pertenencias y dinero en efectivo.

El segundo caso ocurrió el 14 de noviembre de 2025. En esa ocasión, el sentenciado y una mujer solicitaron una carrera hacia el sector de Paraíso, donde obligaron a la víctima a entregar sus bienes personales y realizar una transferencia bancaria mediante una plataforma de banca en línea.

Estos casos ilustran precisamente la diferencia entre hurto y robo: mientras el primero puede ocurrir sin contacto directo con la víctima, el segundo implica intimidación, amenazas o violencia para obtener los bienes.

Las cifras muestran que, aunque los robos representan menos casos que los hurtos, continúan siendo una de las manifestaciones delictivas que más afectan la percepción de seguridad de la población. Con más de 9,000 denuncias acumuladas en apenas cinco meses, ambos delitos siguen concentrando una parte importante de la carga investigativa del sistema de justicia panameño.

Una joven de 26 años denunció haber sido agredida y amenazada por su expareja, un adolescente de 17 años, durante una reunión familiar en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, en la provincia de Santiago del Estero. El episodio, que ocurrió la noche del 21 de junio, derivó en la intervención de la Justicia y la posterior detención del sospechoso.

La víctima aseguró que las agresiones físicas y las amenazas ocurrieron en presencia de familiares y que requirió ayuda para resguardar su integridad. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía de Santiago del Estero, la joven relató que se encontraba en la vivienda del abuelo del adolescente cuando una discusión entre el acusado y uno de sus hermanos escaló hasta transformarse en una situación violenta.

La mujer explicó que su expareja la golpeó con los puños en el rostro y le propinó patadas en las piernas, provocando que cayera al suelo. Además, afirmó que, al intentar retirarse para descansar, el adolescente continuó con insultos y amenazas. En ese momento, el joven le impidió salir de la vivienda, por lo que familiares de la víctima debieron intervenir para permitirle abandonar el lugar con seguridad.

Según detalló Diario Panorama, la víctima también denunció que después del incidente recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp que, según su sospecha, habrían sido enviados por el padre del acusado. Estos elementos fueron incorporados a la investigación y forman parte de la causa que tramita en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo.

La joven señaló a la Policía que los hechos violentos no serían nuevos, ya que durante los aproximadamente seis meses que duró la relación habría sufrido episodios similares de violencia por parte del adolescente. La denuncia motivó la intervención de la fiscal de turno de Las Termas de Río Hondo, Daiana Pérez Vicens, quien dispuso la activación del Botón Antipánico a favor de la víctima y ordenó la aprehensión del sospechoso.

El procedimiento de detención fue concretado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 53, quienes localizaron al adolescente y lo pusieron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por supuestas lesiones y amenazas. Las actuaciones policiales fueron remitidas al Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo, desde donde se iniciaron gestiones para el traslado del acusado al Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente (CATRA).

Explicaron que la investigación continuará en los próximos días, con la recepción de nuevos testimonios y la incorporación de otras medidas probatorias a fin de establecer con precisión la mecánica de los hechos y las responsabilidades penales. La causa, caratulada como supuestas lesiones y amenazas, sigue su curso bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.

En el marco de la investigación, las autoridades judiciales confirmaron la vigencia de medidas de protección para la joven denunciante, incluyendo la restricción de acercamiento y la asistencia de dispositivos de alerta. La intervención del CATRA busca garantizar la contención y el abordaje integral del adolescente acusado, en línea con los protocolos que regulan la responsabilidad penal juvenil en la provincia de Santiago del Estero.

El caso de El Bobadal no constituye un hecho aislado en la provincia. El 12 de junio, una mujer de 29 años denunció a su pareja por violencia de género en la localidad de La Aurora en Santiago del Estero. Según consta en la causa, la mujer relató ante la Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia que el acusado, Carlos Iván Morales, de 28 años, la agredió físicamente tras una discusión. Además, intentó asfixiar a uno de sus hijos, de 4 años, con una almohada.

La víctima declaró que las agresiones y amenazas se venían repitiendo desde hacía aproximadamente un año. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Yagüe, ordenó la inmediata detención de Morales, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. Tanto en el caso de La Aurora como en el de El Bobadal, las víctimas señalaron que ya existía un patrón previo de violencia.

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Más de 4 mil elementos de seguridad desplegados para el partido Colombia vs República del Congo, en Jalisco

Más de 4 mil elementos de seguridad conformarán el despliegue para antes, durante y después del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, celebrado este martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, en el marco del Mundial 2026.

Las acciones, denominadas Operativo Preventivo de Seguridad, se realizarán en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

El objetivo es garantizar que las familias y la afición disfrutaran del encuentro sin incidentes.

El pitazo inicial del juego se programó para las 20:00 horas, tiempo local.

En paralelo al operativo de seguridad, las autoridades activaron el dispositivo vial Última Milla, con restricciones vehiculares en el Circuito JVC desde las 12:00 horas del martes hasta las 02:00 horas del miércoles 24 de junio.

Las autoridades municipales pidieron a los asistentes seguir las indicaciones del personal operativo desplegado en el estadio y sus alrededores.

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Prisión preventiva para hombre señalado de atacar con un machete a joven en San Luis Río Colorado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo prisión preventiva justificada contra un sujeto identificado como Efraín “N”, de 48 años, acusado de atacar con machete a un joven de 27 años en San Luis Río Colorado.

La FGJES formuló imputación por tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja. La defensa solicitó ampliación del término constitucional para resolver la situación jurídica del imputado.

En los próximos días, durante la continuación de la audiencia, el juez definirá si lo vincula a proceso.

El ataque ocurrió el pasado 9 de mayo sobre la avenida Petunias B, entre calles 46 y 47, colonia Solidaridad. Presuntamente Efraín “N” y otra persona, ambos portando machetes, interceptaron a David Ariel “N” cuando caminaba por el lugar. Los agresores habrían actuado de forma sorpresiva, sin darle oportunidad de defenderse.

David Ariel “N” sufrió amputación de nariz y labio superior, exposición de mucosa bucal, ausencia de piezas dentarias frontales y heridas lacerantes en mano izquierda, región lumbar y hombro derecho.

Las lesiones fueron clasificadas como aquellas que ponen en peligro la vida, debido a que tardan más de 15 días en sanar, dejan cicatriz permanente y causan pérdida de miembro u órgano.

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El estado de Oaxaca ha registrado un incremento en la violencia contra alcaldes y exediles en los últimos dos meses, sumando un total de tres asesinatos y dos ataques armados.

Fue el pasado 13 de abril que se registró el primer asesinato de un hombre que fungió este cargo en la entidad: Francisco Fidel Gijón Vásquez, exalcalde de San Miguel del Puerto durante dos ocasiones, fue asesinado cuando convivía en el centro del municipio y un grupo de sujetos armados le dispararon.

El hombre ocupó la presidencia municipal en dos administraciones, una de 2005 a 2007 y otra de 2014 a 2016. Su asesinato no fue aislado, pues le siguió el de Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, quien fue asesinado el pasado 13 de junio al ser atacado a balazos frente a su casa durante la madrugada, ubicada en la zona centro del municipio.

Su muerte ocurrió después de que Bravo Martínez solicitó protección a las autoridades porque temía por su seguridad, pero esta no fue atendida.

La petición fue motivada por un ataque previo que sufrió en el estado de Puebla el 22 de mayo de este año. Ese día, Joel Bravo y su esquipo fueron asaltados cuando circulaban por la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, mientras se dirigía a Oaxaca tras una reunión de trabajo.

De acuerdo con reportes, dos camionetas les cerraron el paso, de las que descendieron hombres armados que lo amenazaron y obligaron a bajar de su vehículo. El edil y su equipo fueron despojados de sus pertenencias y golpeados en varias ocasiones.

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que el hombre también había sido víctima de un secuestro virtual, situaciones que lo motivaron a solicitar protección para proteger su integridad, pero nunca le fueron asignados los escoltas que se le prometieron.

“Durante una mesa regional de seguridad celebrada el pasado 11 de mayo, solicitó protección al Gobierno del Estado y planteó personalmente su situación al gobernador Salomón Jara. De acuerdo con la información disponible, se le prometió la asignación de escoltas para garantizar su seguridad. Esos escoltas nunca llegaron”, denunció el partido tras el asesinato del alcalde.

Su muerte ocurrió durante su tercer periodo como alcalde de San Miguel Amatitlán, luego de que encabezó el gobierno municipal en los periodos de 2016 a 2018 y de 2022 a 2024.

Dos ataques armados en un mismo municipio, asesinato de otro exedil y de un próximo aspirante: el saldo de la violencia

El pasado 11 de junio, dos días antes del asesinato de Bravo Martínez, fue atacado a balazos César Figueroa, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

La agresión se registró en calles del centro del municipio, cuando se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Hidalgo.

Como resultado del ataque, Figueroa y uno de sus acompañantes resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. A través de videos de cámaras de seguridad, las autoridades pudieron identificar las características de los vehículos en los huyeron los agresores, por lo que horas más tarde se logró la detención de un sujeto implicado en los hechos.

El sujeto fue identificado con las iniciales I.C.F.J., al que la Fiscalía General del Esto de Oaxaca señaló como probable autor material del ataque a balazos contra el presidente municipal.

Horas antes de esta agresión armada contra el edil, fue asesinado Ermelo Rivera Campo, identificado como uno de los principales aspirantes de Morena para contender por la alcaldía de Coyuca de Benítez en el proceso electoral de 2027.

La agresión ocurrió la tarde del miércoles 10 de junio en la comunidad de El Papayo, perteneciente al mismo municipio de la Costa Grande, donde hombres armados interceptaron al político y le dispararon cuando se encontraba a bordo de su vehículo. Él y su acompañante quedaron muertos dentro de la unidad.

Pocos días después, el 14 de junio, fue asesinado Carlos Orocio Cruz, exalcalde de San Juan Quiahjile, y su hijo, Celestino Orocio Cruz, cuando fueron atacados a balazos mientras estaban en una obra en construcción de la localidad de Cieneguilla.

El hombre encabezó el gobierno municipal durante el periodo de 2023 a 2025.

La violencia en la entidad continúa, y el hecho más reciente ocurrió este lunes 22 de junio, cuando José Alberto Martínez Luna, exalcalde de Miahuatlán, fue atacado a balazos cuando se encontraba en la Carretera Federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco. En la agresión uno de sus escoltas murió, y el exedil como otra persona resultaron lesionados.

Hasta el momento solo se ha registrado una detención por el ataque a balazos del actual alcalde de Miahuatlán, mientras que los otros hechos violentos y asesinatos continúan en investigación.

La decisión de un juez de adolescentes de ordenar la detención provisional de dos menores de 15 y 16 años, vinculados a ataques con arma blanca ocurridos dentro de un centro educativo de la provincia de Colón, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente: el aumento de los hechos violentos en los que están involucrados menores de edad y la llegada de esta problemática a espacios que históricamente se consideraban seguros, como las escuelas.

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala logró la imputación de ambos jóvenes por el delito de tentativa de homicidio, mientras que a uno de ellos también se le imputó por robo agravado. En ambos casos se concedieron tres meses para la investigación.

El primer hecho ocurrió el 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años atacó con un arma blanca a un estudiante de 15 años, causándole una herida en el cuello. Tres días después, otro menor de 15 años presuntamente hirió con arma blanca a otro estudiante de la misma edad dentro del Colegio José Guardia Vega, también en Colón.

Los incidentes se registraron con apenas días de diferencia y dentro del mismo plantel educativo, un hecho que ha generado preocupación entre padres de familia, docentes y autoridades.

Más allá de los casos puntuales, las cifras reflejan que la violencia juvenil sigue siendo un desafío para el país. Datos del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,998 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional en los que están involucrados menores de edad, un aumento de 21% respecto a las 1,651 denuncias registradas en el mismo período de 2025.

El incremento también se observa en las categorías de mayor impacto. Los delitos contra la vida y la integridad personal pasaron de 264 casos entre enero y mayo de 2025 a 372 en igual período de 2026, lo que representa un aumento de 40.9%.

En esa misma línea, los delitos contra el patrimonio económico subieron de 295 a 374 casos, mientras que los delitos contra la seguridad colectiva aumentaron de 258 a 296.

Colón, provincia donde ocurrieron los ataques dentro del plantel, también registra un alza. En los primeros cinco meses de 2026 se reportaron 129 denuncias en esa área geográfica, frente a 111 en el mismo período de 2025.

Aunque Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí concentran el mayor número de casos, el episodio en Colón evidencia que el fenómeno no se limita a una sola zona del país.

Las estadísticas judiciales muestran además una respuesta más severa de las autoridades frente a algunos casos. Entre enero y mayo de 2026 se aplicaron 137 medidas cautelares de detención provisional a adolescentes, frente a 104 en el mismo período del año anterior.

También aumentaron las audiencias de formulación de imputación, que pasaron de 320 a 367, y las sentencias, que subieron de 201 a 262 en el mismo lapso.

Los organismos internacionales han advertido durante años sobre los factores que alimentan la violencia entre adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que la exposición continua a la violencia en el hogar, la comunidad o las redes sociales, la falta de oportunidades, la exclusión social y los problemas de salud mental pueden aumentar significativamente el riesgo de conductas agresivas entre los jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, sostiene que la violencia juvenil es uno de los principales problemas de salud pública a nivel global y que suele estar relacionada con múltiples factores de riesgo, entre ellos la deserción escolar, el acceso a armas, el consumo de sustancias ilícitas, la pobreza, la violencia intrafamiliar y la ausencia de entornos protectores.

Aunque Panamá mantiene niveles de violencia juvenil inferiores a los observados en algunos países de la región, especialistas han advertido que el fenómeno se ha vuelto más visible en los últimos años, particularmente en comunidades afectadas por la criminalidad organizada y la fragmentación social.

Los centros educativos tampoco han quedado al margen. Expertos en convivencia escolar sostienen que las escuelas suelen reflejar las tensiones que existen fuera de sus muros. Conflictos comunitarios, problemas familiares, rivalidades entre grupos e incluso situaciones amplificadas a través de redes sociales terminan trasladándose a los planteles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado que la violencia escolar puede manifestarse de múltiples formas, desde agresiones físicas y psicológicas hasta intimidación, acoso y ataques con armas, afectando tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de estudiantes y docentes.

Sin embargo, especialistas coinciden en que la respuesta penal, aunque necesaria en los casos más graves, no es suficiente por sí sola.

La prevención, el fortalecimiento de la salud mental, el acompañamiento familiar, los programas deportivos y culturales, así como la detección temprana de conductas de riesgo, son considerados elementos clave para evitar que los conflictos escalen hasta episodios de violencia extrema.

Mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Colón, los dos casos se convierten en un recordatorio de que la violencia que afecta a las comunidades también puede ingresar a las aulas. E

l desafío para las autoridades, las familias y el sistema educativo será impedir que estos episodios se conviertan en una nueva normalidad para los estudiantes panameños.

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SSC detuvo a tres personas por agresión contra oficial

El 19 de junio, un oficial del sector Sotelo advirtió que una motocicleta de color rojo con permiso provisional era remolcada por otra motocicleta en la colonia Popo, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al requerir a ambos tripulantes la documentación correspondiente, estos respondieron con agresiones verbales y físicas contra el uniformado, quien solicitó apoyo vía radio.

Ante la imposibilidad de acreditar la propiedad de la motocicleta roja, las autoridades procedieron a su traslado al depósito vehicular. Durante las maniobras de remolque, un tercer hombre llegó al lugar y golpeó a uno de los oficiales en el ojo. Ese individuo, junto con el motociclista que realizaba el remolque de la unidad roja, fue presentado ante el agente del Ministerio Público.

El conductor de la motocicleta asegurada también terminó detenido. Pese a haber sido el origen del operativo, ese hombre se presentó en la agencia del Ministerio Público y reincidió en las agresiones contra los oficiales presentes, lo que motivó su arresto.

Agentes de seguridad de Michoacán aseguraron tres vehículos con reporte de robo.

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Detienen a tres presuntos narcomenudistas tras cateos en Playa del Carmen y Benito Juárez

Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones de Policías Municipales, cumplimentaron dos órdenes de cateo en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen. Las diligencias derivaron en la detención de tres personas por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La primera orden judicial se ejecutó en un domicilio ubicado en la calle 3, entre las calles 8 y 14, de la Supermanzana 208 del fraccionamiento Monte Real, en el municipio de Benito Juárez. Durante el operativo, las autoridades aseguraron hierba verde y seca con características similares a la marihuana, una sustancia cristalina de color blanco, dos pipas de cristal transparente y una báscula gramera color gris. En ese mismo inmueble fueron detenidos José Antonio “N” y Moisés “N”.

La segunda acción tuvo lugar en un domicilio situado en la calle Masha Shushet, entre las avenidas Gran Bahía y De los Olivos, en la colonia irregular In House del municipio de Playa del Carmen. En ese lugar, los agentes aseguraron vegetal verde y seco, hojas de papel y copias enmicadas de identificaciones oficiales. En las inmediaciones del inmueble intervenido fue detenido Freddy “N”, quien se encontraba en posesión de presuntos narcóticos.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.

Detienen a hombre por presuntamente prenderle fuego a su pareja en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Dante Johauet “N”, a quien se investiga por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental. La captura fue realizada en Ecatepec.

Los hechos que motivaron la investigación se habrían producido el 8 de junio pasado en el interior de la vivienda que compartía la pareja, ubicada en la colonia Fuentes de Aragón, en Ecatepec. De acuerdo con las indagatorias, durante una discusión el investigado habría agredido físicamente a la víctima, para posteriormente rociarle gasolina y prenderle fuego.

La acción le provocó a la mujer quemaduras en el 65 por ciento de la superficie corporal, lesiones que pusieron en peligro su vida y que requirieron su hospitalización. Tras los hechos, Dante Johauet “N” huyó del lugar.

Dante Johauet “N” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta 46 años y seis meses de prisión.

Confirman muerte de una persona en el centro de la CDMX

Tras los reportes de un hombre muerto en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la murete de una persona en la colonia Centro.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que fue hallado sobre la banqueta con manchas hemáticas en el pecho, en el cruce de las calles #Antuna y #Perú, de la colonia #Centro, en la @AlcCuauhtemocMx; paramédicos del #ERUM que lo valoraron, lo diagnosticaron sin signos vitales por herida de arma de fuego", es parte de lo compartido por las autoridades.

Harfuch destaca el aseguramiento "más grande de metanfetamina líquida" durante sexenio de Sheinbaum

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó la detención de un hombre y el aseguramiento de más de 24 mil litros de metanfetamina liquida, precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones en Los Mochis, Sinaloa.

Según detalló García Harfuch, se trata de la incautación de metanfetamina líquida más grande durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo en la historia.

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Vinculan a proceso a tres personas detenidas tras agresión a elementos de seguridad en Madero

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de tres personas detenidas tras un hecho registrado el 14 de junio en el municipio de Madero.

Se trata de Eimy Gabriela “N”, de 18 años; Isahi “N”, de 18 años, y Oliver Alejandro “N”, de 27 años, investigados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo —específicamente en la hipótesis de posesión simple de metanfetamina— y por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con los datos de prueba, el 14 de junio elementos de la Guardia Civil y la Guardia Nacional realizaban un operativo en la localidad de El Zangarro, municipio de Madero, en atención a reportes ciudadanos sobre la presencia de personas armadas en la zona, cuando detectaron una camioneta pickup blanca sin placas de circulación cuyos ocupantes intentaron evadir la acción policial. La situación derivó en una persecución sobre la carretera Villa Madero-Etúcuaro y, posteriormente, en el tramo Lomas de Cancho-El Zangarro.

Durante la intervención, uno de los ocupantes del vehículo presuntamente agredió a los elementos de seguridad, quienes repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos. Al detener la marcha de la unidad, fueron aseguradas las tres personas ahora imputadas.

En el interior del vehículo también fue localizado un hombre sin vida. La inspección del lugar arrojó el aseguramiento de diversos envoltorios con una sustancia granulosa y cristalina que los análisis periciales identificaron como metanfetamina, además de un arma de fuego calibre .9 milímetros.

En la audiencia inicial celebrada el 16 de junio, los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional. Concluida la continuación de dicha audiencia, la jueza a cargo del caso resolvió vincularlos a proceso, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Familiares de personas desaparecidas que viajaron desde Tamaulipas a la Ciudad de México denunciaron un incumplimiento de la Secretaría de Gobernación luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, no acudiera a una mesa de trabajo programada para este 22 de junio. El encuentro había sido confirmado previamente por la propia dependencia como parte del seguimiento a casos de desaparición forzada y homicidios vinculados con la Recomendación 36VG/2020 de la CNDH. Las víctimas buscaban conocer avances en las investigaciones, las labores de búsqueda y las medidas de atención institucional, en medio de reclamos por la falta de resultados en expedientes que permanecen abiertos desde 2018.

Aseguran en Arizona 43 mil cartuchos destinados a cárteles mexicanos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto fronterizo de Mariposa, Arizona, como parte de las acciones para combatir el tráfico ilegal de armamento hacia organizaciones criminales. El diplomático destacó que el decomiso fue realizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mediante tecnología avanzada de inspección no intrusiva y aseguró que la medida refuerza la estrategia del gobierno estadounidense para impedir que armas y municiones lleguen a los cárteles de la droga.

Detienen a hombre en Cuauhtémoc con arma de fuego y más de 50 dosis de presunta marihuana: suma siete ingresos al sistema penitenciario de CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a un hombre de 39 años en posesión de un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles y 58 bolsitas con aparente marihuana, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, donde fue sorprendido manipulando posibles dosis de droga en vía pública. Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que autoridades informaron que cuenta con siete ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino y una presentación ante la Fiscalía por delitos contra la salud.

Hallan dos cuerpos calcinados en Puebla: dirigen narcomensaje al secretario de Seguridad Pública estatal

Dos cuerpos calcinados fueron localizados al interior de un vehículo incendiado en inmediaciones del Parque Centenario Laguna de Chapulco, sobre el Periférico Ecológico en la ciudad de Puebla, tras el reporte de una unidad en llamas durante la madrugada de este lunes.

En el sitio fue localizada una cartulina con un mensaje presuntamente firmado por la Familia Michoacana, dirigido al vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el que se lanzaban amenazas; la Fiscalía de Puebla inició las investigaciones para identificar a las víctimas, que permanecen en calidad de desconocidas.

Información ampliada:

/mexico/2026/06/22/con-narcomensaje-firmado-por-la-familia-michoacana-abandonan-dos-cuerpos-calcinados-dentro-de-un-vehiculo-en-puebla/

Vía Atlixcáyotl bajo investigación: seis carpetas por ataques armados y un tirador sin identificar en Puebla

La Fiscalía de Puebla mantiene seis carpetas de investigación por una serie de agresiones armadas registradas desde enero de 2026 en la vía Atlixcáyotl, donde se han reportado al menos 10 incidentes en los que automovilistas y peatones habrían sido atacados mientras circulaban, presuntamente por un tirador aún no identificado. Las autoridades han documentado indicios balísticos y evidencia videográfica, y aunque en un inicio los ataques habrían sido con balines, en hechos recientes se habría utilizado un arma calibre 9 milímetros, mientras continúan las diligencias para ubicar el punto de origen de los disparos y determinar si el agresor operaría desde algún edificio de la zona.

Información ampliada:

/mexico/2026/06/22/un-arma-calibre-9mm-reportes-de-disparos-y-un-francotirador-sin-rostro-que-se-sabe-de-los-ataques-en-la-via-atlixcayotl-en-puebla/

ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU señaló en su Informe 2025 que organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el CJNG extendieron sus operaciones más allá de México al establecer alianzas con grupos delictivos, participar en la producción de drogas sintéticas e incluso vincularse con laboratorios clandestinos detectados en países de América y Europa. El organismo advirtió que estas redes operan a través de rutas internacionales de precursores químicos y mercados de distribución que abarcan varios continentes.

Información ampliada:

/mexico/2026/06/21/carteles-mexicanos-operan-en-tres-continentes-la-onu-documento-sus-laboratorios-rutas-y-alianzas-en-su-informe-2025/

Más de 262 mil hondureños se encontraban hasta 2025 en distintos países solicitando protección internacional o con estatus de refugiados, según advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Del total, 94,449 ya fueron reconocidos como refugiados y 168,464 esperaban una resolución sobre sus solicitudes de asilo.

Según datos citados por la Defensoría de Movilidad Humana del organismo, 262,913 ciudadanos hondureños requerían algún tipo de protección internacional al cierre de 2025. Estados Unidos, México, España y Costa Rica figuran entre los principales destinos de quienes buscan protección fuera de Honduras.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, Elsy Reyes, señaló que la violencia sigue siendo uno de los factores más determinantes en estos desplazamientos, aunque no es el único. Las emergencias climáticas, la pérdida de medios de subsistencia y la vulnerabilidad económica también empujan a miles de personas a dejar sus comunidades.

Desplazamiento dentro de Honduras

Honduras enfrenta una crisis de desplazamiento interno y se ubica en el décimo lugar a nivel global en esta problemática.

Las estimaciones indican que alrededor de 423,845 personas han sido desplazadas dentro del país, obligadas a abandonar sus hogares sin cruzar fronteras internacionales.

Muchas huyen de amenazas relacionadas con estructuras criminales, extorsiones, conflictos territoriales o situaciones de violencia que ponen en riesgo su seguridad.

Carlos Sierra experto en temática humanitaria advierte que el desplazamiento forzado representa una de las expresiones más graves de vulneración de derechos fundamentales, ya que implica la pérdida de acceso a vivienda, educación, empleo, salud y redes familiares.

El impacto y la economía

Al desplazamiento se suma el impacto del cambio climático, que ha comenzado a transformar los patrones migratorios en Honduras. Las sequías prolongadas, los fenómenos meteorológicos extremos y la degradación ambiental han afectado de manera directa la producción agrícola y las fuentes de ingresos de miles de familias rurales, revela el informe.

En varias regiones del país, comunidades enteras enfrentan dificultades para sostener sus medios de vida debido a la reducción de cosechas, la escasez de agua y la pérdida de productividad de los suelos. Para muchas familias, migrar se ha convertido en una estrategia de supervivencia.

Analistas coinciden en que la combinación de violencia, crimen organizado, extorsión, pobreza y eventos climáticos extremos genera una presión constante sobre amplios sectores de la población, especialmente en las zonas más vulnerables.

ACNUR cifras en Honduras

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierten que este tipo de movilidad forzada no responde únicamente a causas económicas, sino también a la combinación de violencia generalizada y efectos del cambio climático, como sequías.

Desde organismos defensores de derechos humanos insisten en que la respuesta no puede limitarse a la atención de las consecuencias.

Obtener asilo no siempre garantiza estabilidad. Muchas solicitudes permanecen durante años en proceso y otras terminan siendo rechazadas, lo que obliga a los migrantes a regresar a las mismas condiciones que motivaron su salida.

La pérdida de población en busca de refugio también afecta al país, ya que quienes se van dejan de aportar su experiencia y capacidad productiva al desarrollo nacional.

La violencia que se vive en Panamá se ha trasladado también a las escuelas, con riñas cada vez más peligrosas entre los estudiantes, así como la venta de drogas en las cercanías de algunos centros educativos.

Tan solo este lunes a dos adolescentes de 16 y 15 años de edad se les decretó la medida cautelar de detención provisional, por el delito de tentativa de homicidio y a uno de ellos también se le imputó por robo agravado.

La Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala informó que logró vincular a ambos adolescentes a hechos ocurridos dentro de un centro educativo ubicado en la provincia de Colón.

En las audiencias, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala solicitó al Juzgado Penal de Adolescentes la legalización de las aprehensiones y formulación de imputaciones contra los dos menores de edad, peticiones que fueron admitidas.

Al detallar los casos se tiene que el primer hecho se registró el pasado 16 de junio dentro de un centro educativo en la ciudad atlántica de la provincia de Colón, cuando un adolescente de 16 años de edad atacó con un arma blanca a su víctima de 15 años, causándole herida en el cuello.

El segundo suceso ocurrió el 19 de junio, cuando el imputado de 15 años de edad atacó con un arma blanca a otro estudiante, de igual cantidad de años.

En ambos casos se otorgó a la Fiscalía de Adolescentes tres meses de investigación.

Ante esta situación cada vez más creciente, la ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo el mes pasado que poner escaner en las entradas de los centros escolares para evitar la entrada de artículos prohibidos es una medida que podría evaluarse, aunque el problema de fondo requiere un cambio cultural y de conciencia social.

“Podemos poner escáner, pero ¿con eso resolvemos el problema de violencia? No, hasta que no haya conciencia del valor de lo que en realidad es la dignidad del ser humano. Lo que tenemos que trabajar es el cambio de cultura, y ahí están puestos nuestros esfuerzos”, dijo la funcionaria a los medios de comunicación.

Curiosamente uno de los ataques, cuando un estudiante agredió a otro con una tijera, hiriéndolo en la espalda y en el cuello, se dio precisamente cuando Molinar se encontraba en uno de los planteles educativos.

La directora regional del Ministerio de Educación en la provincia de Colón, Rosa Martínez, manifestó al diario Critica que muchos de los detonantes que se dan en los centros educativos inician desde las casas y los barrios, y luego se desbordan en los planteles.

Indicó que ante las situaciones de violencia que se están presentando en las escuelas se reforzarán los programas dirigidos a los estudiantes para que pongan en práctica sus valores, y reiteró el llamado a los padres de familia para que estén más atentos con sus hijos en casa.

La violencia dentro y fuera de los centros escolares parece no dar tregua, y en mayo de este año, Emir Elías Escobar, de 16 años y estudiante del Instituto de Estudios Tecnológicos de Colón, en la provincia del mismo nombre, fue asesinado por un pistolero mientras se encontraba en las afueras del plantel educativo, sentado en una banca, esperando a que la escuela abriera las puertas para iniciar su jornada educativa.

El episodio ocurrió la noche del viernes en un establecimiento ubicado en la avenida Angélica Gamarra. Según las imágenes difundidas y la información policial, un cliente reaccionó de forma violenta tras expresar su descontento con el servicio recibido. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física contra integrantes del negocio.

La difusión de los videos generó preocupación debido al nivel de violencia mostrado en pocos minutos. Además de las investigaciones policiales, el caso motivó el análisis de especialistas sobre los factores que pueden influir en conductas impulsivas y agresivas.

El análisis psicológico sobre la pérdida de control

Durante una entrevista con ATV, el psicólogo clínico Walter Dávila explicó algunos factores que podrían encontrarse detrás de conductas de este tipo. El especialista aclaró que existen diversas variables capaces de influir en una reacción extrema, aunque destacó que cada caso requiere una evaluación particular.

“Las personas no tienen esa capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Cuando una persona no tiene inteligencia emocional, se deja llevar por la ira, por el enojo”, señaló.

Consultado sobre el comportamiento observado en las imágenes, Dávila indicó que una posible explicación puede relacionarse con “estrés acumulado”, conflictos personales o familiares, dificultades laborales y consumo de sustancias como alcohol o drogas. También mencionó patrones de conducta aprendidos dentro del entorno familiar.

“Si esa persona anda con estrés, un estrés crónico constantemente, puede tomar esa conducta. Otra puede ser problemas personales. De repente tiene problemas en su trabajo, problemas con la familia, con sus amigos”, explicó.

El especialista agregó que algunos individuos reproducen formas agresivas de resolver conflictos porque crecieron en contextos donde las discusiones se desarrollaban mediante enfrentamientos verbales o físicos. Según indicó, ese aprendizaje puede influir en la manera en que enfrentan situaciones de frustración.

Las señales que permiten identificar una reacción impulsiva

Durante el análisis, Dávila sostuvo que la inteligencia emocional involucra habilidades relacionadas con el reconocimiento y regulación de las propias emociones. Entre ellas destacó la autoconciencia y el autocontrol.

“Yo al darme cuenta que cuando estoy discutiendo contigo o con alguien, me siento mal, me sudan las manos, quiero pegarle. Tomar conciencia en ese momento que estoy conflictuando con la persona”, explicó al referirse a la identificación temprana de señales físicas y emocionales.

Respecto al autocontrol, indicó que no implica guardar silencio ante una molestia, sino expresar el desacuerdo sin recurrir a la violencia. “Voy a reclamar de manera asertiva, sin agredirte a ti”, afirmó.

El psicólogo también destacó la importancia de la comunicación para resolver conflictos. Según señaló, una persona con inteligencia emocional centra su atención en el problema que busca solucionar y no en atacar a quien considera responsable de la situación. “Lo más importante es la comunicación”, sostuvo durante la entrevista.

Una discusión que terminó en ataques dentro del local

De acuerdo con los registros de seguridad, el cliente identificado como Andy Cristian Mendoza Muñoz, de 20 años, inició una serie de agresiones contra trabajadores de la barbería. El primer afectado fue un empleado encargado de la recepción, quien intentó protegerse mientras recibía golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Las imágenes muestran que la víctima buscó cubrirse con una silla mientras el agresor continuaba el ataque. Según el reporte difundido, el sujeto utilizó una manopla de acero y lanzó amenazas e insultos durante la agresión.

Minutos después, el barbero intervino con el objetivo de auxiliar a su compañero. Sin embargo, también recibió golpes en el rostro. La violencia continuó con el uso de objetos que se encontraban dentro del establecimiento. Entre ellos figuraron un ventilador y una máquina de corte que, según el informe, fueron empleados durante el ataque.

Captura del presunto agresor y declaraciones ante las autoridades

Tras salir del local, Mendoza intentó escapar. Sin embargo, personal de serenazgo de Los Olivos inició una persecución y logró interceptarlo antes de ponerlo a disposición de la comisaría Sol de Oro.

Durante las primeras diligencias, el detenido ofreció explicaciones sobre su conducta. En declaraciones registradas después de la intervención, manifestó: “Mi mamá tiene cáncer. No, no, me estoy volviendo loco. Tengo problemas familiares. Mi papá le debe al banco. Muchas, muchas cosas, hermano, que tengo en la cabeza”.

Las autoridades incorporaron los videos de vigilancia a la denuncia con el propósito de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras continúan las investigaciones policiales, el caso permanece bajo evaluación de las autoridades competentes, que revisan las pruebas registradas por las cámaras de seguridad y los testimonios recopilados tras el incidente.

La muerte de Donett M. Garth Durán ha dejado una estela de incertidumbre y conmoción en Puerto Rico. La mujer, de 38 años y originaria de Nicaragua, falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante una balacera en la madrugada del sábado, en el sector Monte Verde de Canóvanas, según informó el periódico 100% Noticias.

Su caso se suma a una serie de incidentes que han puesto en alerta tanto a la comunidad local como a las autoridades.

La investigación permanece abierta, ya que los agentes intentan determinar si Garth Durán era realmente el blanco del ataque o si quedó atrapada en un fuego cruzado destinado a otra persona. Este tipo de interrogantes refleja una preocupación creciente en Puerto Rico por la frecuencia de hechos violentos en los que personas ajenas a conflictos terminan perdiendo la vida.

Durante la madrugada, una llamada al 9-1-1 alertó sobre una serie de detonaciones en la calle 17 del barrio San Isidro. Al llegar, los agentes hallaron el cuerpo de la víctima junto a un vehículo Hyundai Kona negro. En la escena se recuperaron 86 casquillos de bala de diferentes calibres, lo que evidencia la magnitud y violencia del tiroteo.

De acuerdo a la nota, testigos indicaron que la mujer no estaba sola. Su pareja logró esconderse y sobrevivió al ataque, por lo que fue entrevistado por la Policía como parte de las diligencias para reconstruir lo ocurrido. Datos preliminares señalan que Garth Durán no tenía antecedentes criminales, lo que fortalece la hipótesis de que fue una víctima circunstancial y no el objetivo principal de los atacantes.

Las autoridades han planteado la posibilidad de que el incidente esté relacionado con disputas entre organizaciones rivales. “Por la escena que trabajamos entendemos que pudo haber estado operando alguna organización en el lugar. No descartamos tampoco que se esté dando por alguna guerra entre grupos rivales”, señalaron los investigadores.

Contexto de otros ataques similares en Puerto Rico

En los últimos años, Puerto Rico ha registrado varios casos en los que balaceras dejan víctimas inocentes. En enero pasado, un adolescente perdió la vida en un tiroteo en Carolina mientras se dirigía a un comercio local. El año anterior, una mujer murió en San Juan durante un enfrentamiento entre bandas, pese a no estar vinculada con los hechos.

Estos episodios reflejan un patrón en el que la violencia armada alcanza a personas que simplemente se encuentran en el lugar y momento equivocados. Las autoridades han intensificado los operativos y la recolección de testimonios para evitar que más familias sufran pérdidas similares.

En el caso de Garth Durán, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tomaron declaraciones a familiares, incluyendo a un hermano y una sobrina, en busca de pistas que permitan esclarecer el motivo del ataque y la posible relación de la víctima con los involucrados.

Hasta ahora, no se han efectuado arrestos directamente vinculados al crimen. La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa recabando pruebas para identificar a los responsables y aclarar si la mujer fue víctima colateral de una disputa entre grupos criminales.

Este hecho vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en los barrios de Puerto Rico y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección de la ciudadanía ante la escalada de violencia armada.

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, el cliente identificado posteriormente como Andy Mendoza perdió el control y atacó primero a uno de los trabajadores. La víctima intentó protegerse, pero terminó acorralada contra una silla mientras recibía puñetazos en el rostro y el cuerpo.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 21:00. Tras el incidente, Mendoza fue detenido y trasladado a la comisaría Sol de Oro, donde se iniciaron diligencias y se incorporaron los videos como parte de la denuncia.

Cámaras de seguridad registraron la violenta reacción de un cliente en barbería de Los Olivos

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del ataque. En las imágenes se observa al agresor golpear de manera directa a uno de los empleados, quien retrocedió dentro del local sin lograr frenar los impactos.

Ante la violencia de la agresión, el barbero que realizó el corte intervino para auxiliar a su compañero. Esa intervención derivó en un forcejeo y una pelea cuerpo a cuerpo dentro del establecimiento, entre sillas, máquinas y objetos de trabajo.

La agresión se intensificó cuando el cliente tomó un ventilador de la barbería y lo utilizó para intentar continuar con los golpes. Luego, también agarró un secador de cabello y lo empleó para amenazar al personal antes de retirarse caminando.

El trabajador agredido describió que recibió golpes en la sien y en el ojo, y que la hinchazón le impidió abrir ambos ojos. También sostuvo que, después de atacarlo, el cliente comenzó a desordenar el local y a arrojar equipos y objetos de la barbería, tales como controles remotos, ventiladores y máquinas, además de llevarse una secadora. “En el momento que me tiró en el ojo, ya no pude abrir ni los dos ojos”.

Barbero terminó con lesiones en el rostro tras ataque de cliente

Las víctimas resultaron con lesiones, con especial afectación en el trabajador que recibió el primer ataque. Además del impacto físico, los empleados denunciaron la destrucción y pérdida de herramientas utilizadas en su labor diaria, lo que agravó el perjuicio para el negocio.

El padre de una de las víctimas describió el estado en que encontró a su hijo tras la agresión. “Yo lo encuentro a mi hijo acá en la silla, inconsciente, lleno de sangre y que no podía pararse”. narró. La familia exigió que el responsable asuma las consecuencias legales y que el caso no quede solo en intentos de compensación material.

Los familiares también reclamaron una sanción acorde a la gravedad del hecho, mientras la investigación avanza con el respaldo de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la denuncia.

Agresor admite su reacción tras violento incidente en barbería

El agresor fue identificado como Andy Mendoza y quedó detenido tras el incidente. La Policía lo trasladó a la comisaría Sol de Oro, donde se desarrollan las diligencias correspondientes y se evalúan los registros de video para determinar responsabilidades.

En declaraciones posteriores, Mendoza reconoció que se excedió, pero sostuvo que reaccionó así por su disgusto con el resultado del corte y porque, según su versión, pidió una corrección y no obtuvo respuesta. En ese contexto, aseguró que el trabajo “ya no se podía arreglar”.

“Obviamente, yo como cliente me voy a sentir molesto, pues, porque encima le digo que me solucione y no me quiere solucionar. Acepto mi error que, que sí fue mala manera de haber actuado así”, afirmó.

Según el reporte, también señaló que se comunicó con una de las víctimas con la intención de comprar una máquina que se dañó durante el enfrentamiento. Los videos de seguridad ya forman parte de la denuncia y serán clave en el proceso para establecer las medidas legales correspondientes.

Al menos ocho personas resultaron lesionadas tras un ataque armado registrado la noche del domingo al interior de una cervecería ubicada sobre la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Guazapa, norte de San Salvador.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la balacera ocurrió cerca de la medianoche cuando sujetos dispararon desde un vehículo en movimiento, alcanzando a los presentes en el establecimiento.

Según informó los agentes policiales, los disparos provinieron de un automóvil en marcha que circulaba por el kilómetro 24½ de la Troncal del Norte.

Las víctimas fueron atendidas por socorristas de la Cruz Roja, quienes las estabilizaron en la escena antes de trasladarlas a centros asistenciales de la zona. Las autoridades confirmaron que todas las personas heridas llegaron con vida a los hospitales de la red nacional para recibir atención médica especializada.

La PNC comunicó a través de sus plataformas oficiales: Todas “las víctimas fueron trasladadas con vida para recibir atención médica y permanecen con vida”. El hecho generó un amplio despliegue policial en la zona, con equipos de investigación e inteligencia trabajando para dar con el paradero de los responsables.

Aproximadamente dos horas después, los agentes policiales localizaron el vehículo utilizado por los atacantes en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán Sur.

Según las primeras hipótesis policiales, los agresores habrían sufrido un accidente de tránsito y decidieron abandonar el automotor antes de huir del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con el ataque.

Fuentes de la Policía Nacional Civil indicaron que el trabajo policial continúa para ubicar a los responsables del hecho. Equipos de inteligencia y de investigaciones permanecen activos en la zona, recolectando indicios y testimonios que permitan esclarecer el móvil del ataque.

La PNC no ha brindado detalles sobre las causas que originaron la balacera y tampoco ha confirmado si el hecho está vinculado con actividades criminales organizadas o si se trató de un hecho aislado.

La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se pueda conocer más información sobre los responsables y el motivo detrás de la agresión.

Junio registra solo un homicidio en solo un mes

Hasta el 21 de junio de 2026, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran que la cifra diaria de homicidios se ha mantenido en niveles bajos en comparación con años previos. Durante los primeros 21 días de junio de 2026, la cantidad diaria de homicidios se ha ubicado entre cero y un caso por jornada, sin superar ese rango en ningún momento del mes.

Al comparar estos datos con los de años anteriores, destaca el contraste con junio de 2018, cuando los homicidios diarios fluctuaron constantemente entre siete y 17 casos, con varias jornadas que superaron los 10 homicidios.

En 2025, la tendencia ya mostraba una reducción significativa, con la mayoría de los días registrando entre cero y dos homicidios, aunque aún se presentaron ligeros repuntes alrededor de la mitad del mes.

La oficial revela una tendencia sostenida a la baja en los homicidios reportados por la PNC, consolidando 2026 como el año con menores registros diarios en el mes de junio dentro del periodo comparado.

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Procesan a cinco por narcomenudeo en Playa del Carmen y Puerto Morelos

Cinco hombres fueron vinculados a proceso y recibieron prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso judicial, luego de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, presentó los casos ante jueces de control por su probable participación en delitos contra la salud en los municipios de Playa del Carmen y Puerto Morelos.

Las detenciones se produjeron en dos operativos distintos. En el primero, Luis Manuel “N” fue arrestado en la avenida Sur con esquina avenida Laak, en Playa del Carmen, y vinculado a proceso por posesión con fines de suministro de marihuana y metanfetamina.

En el segundo operativo, elementos de la Policía de Investigación detuvieron en flagrancia a Ezequiel “N”, Enrique “N”, Eduardo Neftali “N” y Brayan Alejandro “N” sobre la carretera Puerto Morelos-Leona Vicario, en las inmediaciones de un rancho ubicado en la “Ruta de los Cenotes”, en el municipio de Puerto Morelos.

Los cuatro fueron vinculados a proceso por posesión con fines de suministro de marihuana y quedaron sujetos, al igual que Luis Manuel “N”, a la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso judicial.

Cabe señalar que las autoridades no detallaron los procesos pendientes por las armas aseguradas a los detenidos, debido a que se trataría de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, lo que significaría un delito federal.

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Colectivos de búsqueda localizan osamenta en Cabo San Lucas: SEMEFO inicia peritajes

Este 21 de junio, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó el hallazgo de una osamenta en las inmediaciones de una carretera en Cabo San Lucas, localizada por colectivos de búsqueda durante la

Según el informe, personal institucional se trasladó de inmediato al lugar para acordonar y preservar la escena. Peritos y agentes de investigación procesaron el sitio hasta concluir con el levantamiento de los restos.

La osamenta -conjunto de huesos que han perdido los tejidos blandos por descomposición- fue trasladada a las instalaciones del SEMEFO, donde se iniciaron formalmente los estudios periciales para determinar la causa de la muerte e identificar a la víctima.

Los colectivos de búsqueda locales fueron quienes alertaron a la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas sobre el hallazgo, que derivó en el procesamiento oficial de la escena.

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Recuperan más de 3 millones de pesos en azúcar que había sido robado en Edomex

Elementos de la Policía Metropolitana recuperaron una caja seca de tractocamión con reporte de robo vigente en la colonia Santa María Chiconautla, municipio de Ecatepec, Estado de México. La unidad transportaba aproximadamente 18 toneladas de azúcar valuadas en 3 millones de pesos que había sido robada.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de rutina, cuando los uniformados atendieron una alerta del Centro de Mando que permitió ubicar la unidad. Al verificarla, se confirmó el reporte de robo activo y se procedió al aseguramiento de la carga.

La unidad y su contenido fueron entregados a la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Transporte de Carga, según informó la Policía de Ecatepec. El comunicado no precisó la fecha exacta del robo original ni el origen o destino del cargamento.

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Cateos culminan con la detención de tres hombres en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó dos cateos simultáneos en el municipio de Huautla de Jiménez, en la región Sierra de Flores Magón, que derivaron en la detención de tres personas y el aseguramiento de dosis de cristal, marihuana, una báscula gramera y dos cigarrillos artesanales con material vegetal.

Los operativos se realizaron este 21 de junio de 2026 en la calle 16 de Septiembre, en el centro del municipio.

En el primer cateo, efectuado en un establecimiento sobre esa vialidad, fue detenido un hombre identificado como O.C.M. Los elementos participantes aseguraron bolsas tipo ziploc con una sustancia granulada de características similares al cristal.

La segunda intervención, realizada en otro inmueble de la misma calle, resultó en la detención de J.L.P. y E.D.C., quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica. Ambos hombres fueron puestos bajo resguardo de la autoridad competente como parte de las investigaciones en curso.

En ese segundo inmueble se aseguraron dosis empaquetadas de cristal, un paquete compacto con hierba seca con características similares a la marihuana, una báscula gramera y dos cigarrillos artesanales con material vegetal en su interior.

Los operativos estuvieron coordinados por la Vicefiscalía General de Control Regional y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). En ellos participaron también elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Arrestan a sujeto que presuntamente agredió física y sexualmente a su hijastra en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Juan “N” por su probable participación en pederastia agravada y violencia familiar equiparada agravada en perjuicio de su hijastra adolescente, a quien habría agredido durante aproximadamente tres años.

La denuncia fue presentada el 13 de mayo de 2026 por la propia víctima, quien señaló haber sufrido agresiones sexuales, físicas y violencia verbal presuntamente a manos de su padrastro.

De acuerdo con las pesquisas, el 8 de mayo la adolescente también habría sido amenazada y agredida físicamente dentro del domicilio que compartía con el imputado en la alcaldía Tlalpan, lo que la llevó a abandonar la vivienda y refugiarse en casa de una amiga.

Aprehensión y vinculación a proceso

Con base en entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Juan “N”. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden el 15 de junio de 2026 en la misma alcaldía donde ocurrieron los hechos.

Durante la audiencia del 20 de junio de 2026, la Fiscalía CDMX presentó datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial determinara la vinculación a proceso. La resolución incluyó la imposición de prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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Detienen a dos hombres por el secuestro de una mujer en Edomex

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) rescataron a una mujer que se encontraba amordazada y atada de pies y manos en un inmueble de la colonia San Marcos Huixtoco, en el municipio de Chalco, y detuvieron a dos hombres por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, tentativa de feminicidio y violación, en coordinación con personal de Protección Civil.

La víctima manifestó haber permanecido cuatro días retenida y señaló haber sido objeto de agresiones sexuales. Recibió atención inmediata en el lugar y fue trasladada a un hospital para una valoración médica especializada.

Operativo activado tras denuncia interinstitucional

La intervención derivó de información recibida por policías estatales a través de los grupos de coordinación interinstitucionales sobre una posible privación de la libertad en el domicilio. Al llegar al sitio, los uniformados contactaron a una mujer que refería haber recibido mensajes en los que le indicaban que su hija se encontraba secuestrada al interior del inmueble, lo que activó el despliegue operativo.

En el lugar fueron arrestados Lisandro “N”, de 29 años, y Sergio “N”, de 24 años. Ambos fueron informados de los derechos que les confiere la ley y puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, donde se determinará su situación jurídica y se integrarán las investigaciones correspondientes.

Arrestan a mujer que intentó ingresar droga al Reclusorio Oriente en CDMX

Custodias penitenciarias del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente detuvieron a una mujer que presuntamente intentaba introducir droga al interior del centro penitenciario, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron durante las labores de revisión a visitantes que realiza la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Las oficiales advirtieron una actitud inusual en la mujer, quien se disponía a visitar a una persona privada de la libertad.

Conforme a los protocolos de actuación policial, las custodias practicaron una revisión de seguridad en la que le hallaron 7 bolsitas con una sustancia sólida cristalina con características similares a la metanfetamina, las cuales llevaba ocultas entre la ropa interior y sus piernas.

La detenida fue informada de sus derechos constitucionales y trasladada junto con los indicios ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

Detienen a hombre por delitos contra la salud en Quintana Roo

Elementos del Grupo Orión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo detuvieron a un hombre identificado como Iván Alejandro “N” por presuntos delitos contra la salud sobre la avenida Niños Héroes, en el municipio de Benito Juárez, durante recorridos de prevención y vigilancia realizados en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, los agentes observaron al detenido manipulando diversas bolsitas con vegetal verde con características similares a la marihuana, lo que motivó una intervención policial y una inspección preventiva en el lugar.

En el procedimiento se aseguraron:

• 47 bolsitas de plástico transparente tipo ziploc con vegetal de color verde con características similares a la marihuana
• 28 bolsitas con fragmentos cristalinos con características similares al cristal.

Entre los demás objetos incautados figuran una mochila azul mezclilla, un reloj marca Skechers, un billete de 500 pesos presuntamente falso y una motocicleta marca Italika color rojo con negro.

Iván Alejandro “N” y la totalidad de los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Capturan a implicado en trata de menores en Quintana Roo: lo obligaba a vender drogas

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo en Tulum a un hombre identificado como Óscar “N” y/o Cristofer “N”, señalado por su probable participación en trata de personas en la modalidad de utilización de menores de 18 años en actividades delictivas. La víctima es un adolescente de identidad reservada.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el detenido contactó al menor en un campo de fútbol con el ofrecimiento de un empleo como mesero y posteriormente lo obligó a vender estupefacientes en la zona costera del municipio. El señalado es presunto integrante de un grupo criminal dedicado a captar, enganchar y trasladar a menores de edad para actividades ilícitas vinculadas con la venta y distribución de narcóticos.

Detención coordinada tras orden judicial

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación a partir de la denuncia de hechos y solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que concedió un juez de control. Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, cumplimentaron el mandato en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Óscar “N” y/o Cristofer “N” quedó a disposición del juez de control, quien determinará su situación jurídica dentro del término constitucional establecido.

Capturan a hombre con narcóticos en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas detuvo a un hombre identificado como Marco “N” en el municipio de Tapachula por presunta posesión de narcóticos.

Entre sus pertenencias se hallaron 7 dosis de una sustancia con características propias del cristal, delito tipificado como crimen contra la salud en la modalidad de posesión.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza (GEF) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE). Marco “N” fue detenido conforme a los protocolos legales vigentes y puesto a disposición de las autoridades competentes.

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En Honduras, 135 mujeres murieron de forma violenta han perdido la vida en lo que va del año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La coordinadora del observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió que el 95% de los casos de femicidio permanece en la impunidad.

Ayestas señaló que muchos de estos crímenes ocurren dentro de entornos cercanos a las víctimas. Según explicó, una parte de los femicidios tiene como principales agresores a las parejas, exparejas o personas vinculadas al círculo familiar de las víctimas.

Las estadísticas del observatorio muestran además una concentración geográfica de los casos en Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, Juticalpa y Trujillo.

La concentración de casos

Uno de los casos que más preocupa a los especialistas es el de Trujillo, en el departamento de Colón. Aunque se trata de un municipio con menor población en comparación con los principales centros urbanos del país, ya registra diez femicidios en lo que va del año, una cifra que ha llamado la atención de los investigadores por su impacto proporcional dentro de la comunidad.

Para Ayestas, el comportamiento de estos indicadores confirma que la violencia de género no está concentrada únicamente en las grandes ciudades, sino que afecta a distintas regiones del territorio nacional y requiere respuestas diferenciadas según el contexto local.

Impunidad y fallas en la investigación

Ayestas sostuvo que aproximadamente el 95% de los casos de femicidio permanecen en la impunidad, un dato que refleja las debilidades estructurales del sistema de investigación criminal y de persecución penal.

La académica considera que el incremento de las penas aprobado en años recientes constituye un paso, pero resulta insuficiente si no se fortalece la capacidad de investigación de las instituciones encargadas de esclarecer los hechos.

En ese sentido, insistió en la necesidad de impulsar procesos de investigación científica criminal más robustos, con recursos técnicos, personal especializado y mecanismos de recolección de pruebas que permitan construir casos sólidos y aumentar las probabilidades de judicialización.

“El reto ahora no es únicamente tener leyes más severas, sino garantizar que los responsables sean identificados, capturados y condenados”, han sostenido expertos que siguen de cerca el comportamiento de la violencia contra las mujeres en Honduras.

La propuesta de Alerta Morada

Ayestas manifestó su respaldo a la propuesta de la denominada Ley de Alerta Morada, una iniciativa que busca agilizar la respuesta institucional cuando se informa la desaparición de una mujer o una situación que pueda poner en riesgo su integridad.

La propuesta surge ante un patrón que, según las investigaciones, se ha repetido en numerosos casos: mujeres que son privadas de su libertad o desaparecen temporalmente y cuyos cuerpos son encontrados posteriormente en espacios públicos o zonas apartadas.

La iniciativa plantea activar de manera inmediata protocolos de búsqueda y coordinación entre instituciones de seguridad desde el momento en que se presenta la denuncia, con el objetivo de eliminar prácticas que retrasan las investigaciones durante horas cruciales para localizar a las víctimas.

De acuerdo con sus promotores, la Alerta Morada permitiría movilizar con mayor rapidez a cuerpos policiales, fiscales y organismos de investigación, además de facilitar la difusión de información que contribuya a la ubicación de personas desaparecidas.

La respuesta del Estado

Diversos sectores consideran que la aprobación de esta herramienta podría representar un avance en la protección de las mujeres, especialmente en aquellos casos en los que las primeras horas resultan determinantes para prevenir desenlaces fatales.

Las cifras del OV-UNAH vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, protección e investigación. Para especialistas en la materia, el combate a la violencia contra las mujeres requiere una estrategia integral que combine educación, prevención, acceso a la justicia y una respuesta estatal más efectiva.

Un ataque armado la noche del sábado en una finca bananera de Reventazón, en el cantón de Siquirres, provincia de Limón, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas, una de ellas menor de edad en la zona rural costarricense.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. cuando tres ocupantes de un vehículo transitaban por la zona y fueron emboscados por varios atacantes, quienes abrieron fuego sin mediar palabras. Las víctimas, identificadas de forma preliminar por la Policía Judicial como un hombre de apellido Rodríguez, de 32 años, un hombre de apellido Esquivel, de 33 años, y un adolescente de 15 años, recibieron disparos mientras se desplazaban en automóvil.

El OIJ indicó que los agresores dispararon en repetidas ocasiones, lo que provocó que el conductor perdiera el control del auto y cayera a un canal dentro de la finca bananera. Rodríguez falleció en el sitio. Su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en el estómago y las piernas. Mientras, Esquivel recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado a un centro médico, las autoridades señalaron que el menor también resultó lesionado tras ser estabilizado en la zona fue trasladado en primera instancia a la clínica del Carmen, luego al CAIS de Siquirres, posteriormente, al Hospital de Guápiles. Las autoridades no detallaron el tipo de heridas que sufrió el adolescente ni su relación con las víctimas.

De acuerdo con la versión preliminar de la Policía Judicial, aún no se ha determinado el número de atacantes ni en qué medio se movilizaban. Circuló en redes sociales que el hecho podría estar relacionado con un intento de asalto, pero el OIJ aclaró que esa hipótesis no está confirmada.

El ataque impactó en la comunidad de Siquirres, un sector agrícola donde la actividad bananera ocupa a buena parte de la población. La finca donde ocurrió el incidente quedó acordonada por la policía, mientras agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios levantaban pruebas y entrevistaban a posibles testigos. El canal donde terminó el vehículo complicó las labores de rescate y recuperación del cuerpo.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas y dar con los responsables de este ataque violento. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con este caso.

Noche violenta en Costa Rica

La noche del sábado estuvo marcada por otros episodios de violencia en diferentes puntos del país. Aproximadamente a las 9:58 p.m., dos hombres de alrededor de 35 años fueron apuñalados en San Antonio de Puriscal. Ambos sufrieron heridas en el pecho y fueron trasladados en condición crítica al CAIS de Puriscal.

Más tarde, a las 10:43 p.m., un hombre de 35 años fue víctima de una agresión con arma blanca en el centro de Barva, Heredia. La víctima también fue trasladada en estado crítico al Hospital San Vicente de Paúl.

La Cruz Roja Costarricense reportó que miembros del cuerpo de socorristas atendieron dichas emergencias en medio de un escenario de inseguridad que afecta a distintas regiones del país.

Un ataque armado registrado este domingo en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala dejó como saldo la muerte de dos hombres y el traslado de un presunto responsable bajo custodia policial a un centro asistencial.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policiales, el hecho ocurrió entre la 6 avenida y 18 calle, en pleno corazón de la zona 1 capitalina. Dos hombres transitaban por el sector cuando fueron interceptados por un sujeto desconocido, quien abrió fuego contra ellos sin previo aviso. Los cuerpos de socorro que acudieron al lugar confirmaron que ambos presentaban múltiples heridas de bala y pese a los esfuerzos realizados en el sitio, murieron debido a la gravedad de las lesiones.

El incidente movilizó a la Policía Nacional Civil (PNC) y a los servicios de emergencia, quienes intentaron auxiliar a las víctimas y acordonaron el área. Minutos después, un grupo de personas que se encontraba en las inmediaciones logró detener y vapulear al presunto atacante, un menor de 17 años, según reportó el Ministerio Público (MP). El joven fue trasladado de urgencia a un hospital bajo custodia policial, mientras las autoridades le incautaban una pistola presuntamente utilizada en el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de las víctimas ni el posible móvil del crimen. No se descarta la relación del ataque con estructuras criminales que operan en la zona central de la ciudad. El MP continúa con las pesquisas en el área para recabar información y esclarecer los hechos.

La ola de violencia que afecta a Guatemala mantiene en alerta a los organismos de seguridad, que investigan este y otros sucesos recientes en el país.

Una menor de seis años herida por bala perdida en Villa Nueva

En un incidente distinto registrado en Villa Hermosa, Villa Nueva, una niña de seis años resultó herida por una bala perdida cuando viajaba en un vehículo particular junto a su familia.

Los Bomberos Municipales Departamentales respondieron al llamado de emergencia la mañana de este domingo 21 de junio. El hecho ocurrió cuando un proyectil impactó contra el automóvil en el que se movilizaba la familia, atravesando la estructura del vehículo y alcanzando a la menor que se encontraba en el asiento trasero. La niña fue llevada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala mantiene abierta una investigación sobre este caso. Versiones preliminares recogidas por medios locales sostienen que el incidente podría haberse desencadenado tras una colisión vehicular en la que estuvo involucrado el automóvil de la familia, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades locales.

Los hechos ocurridos este domingo evidencian los riesgos a los que se exponen los ciudadanos en distintos puntos de la capital guatemalteca y sus alrededores, donde la inseguridad se convierte en un desafío cotidiano para la población.

Una noche violenta vivieron los habitantes de los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, donde se registraron dos ataques armados que dejaron al menos 8 personas muertas -entre ellas 2 adolescentes- y 6 heridas.

El primero ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este sábado en la calle 20 de Noviembre, en la comunidad de Puerta Blanca, perteneciente al municipio de San Luis de la Paz.

De acuerdo con reportes, un grupo armado abrió fuego contra un expendio de bebidas alcohólicas donde varias personas se habían reunido a ver un partido de futbol del Mundial 2026.

Las detonaciones de arma de fuego provocaron un despliegue de elementos de la policía municipal al lugar, donde localizaron siete personas lesionadas.

Al arribar los cuerpos de emergencia, declararon a 3 de las víctimas muertas y 4 más que estaban heridas, por lo que se procedió con su traslado a un hospital.

Tras los hechos, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se desplegaron al sitio para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Segundo ataque en Salamanca: cinco muertos y dos heridos

Esa misma noche se registró un segundo ataque armado en la comunidad de San Juan de Razo, en el municipio de Salamanca, el cual dejó un saldo de 5 personas muertas y 2 heridas.

Las autoridades informaron que entre las víctimas mortales se encontraban dos adolescentes, aunque no revelaron sus identidades ni el estado de salud de los lesionados.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en la calle Los Laureles, cerca del campo de futbol de la comunidad, cuando un grupo de personas se encontraban conviviendo y de manera repentina un grupo de sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Los agresores lograron huir luego de lesionar a las víctimas, por lo que testigos del hecho alertaron a las autoridades. Fueron elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes acudieron al sitio y localizaron a cinco personas muertas -entre ellas dos adolescentes- y dos más heridas.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Salamanca refrendó su compromiso de colaborar con las instancias estatales y federales para fortalecer las acciones de seguridad y contribuir en las indagatorias.

Salamanca ha sido centro de agresiones en los últimos meses

Cabe señalar que no es la primera agresión armada que se registra en las últimas semanas en Salamanca, ya que la última ocurrió el pasado 20 de mayo cuando cinco personas fueron lesionadas, dos resultaron heridas y una más fue privada de la libertad.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Río Bravo, en el centro de la ciudad, cuando las víctimas fueron atacadas a balazos. Los agresores lograron huir del sitio mientras que las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad para localizarlos.

Un hecho violento también se registró en la ciudad en enero de este año, cuando 11 personas fueron asesinadas y seis quedaron heridas en un ataque en una cancha de futbol.

Las autoridades detallaron de manera posterior que la masacre ocurrió como parte de la lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, ya que estos últimos habrían tenido como objetivos a supuestos miembros del grupo contrario.

Además del ataque, las autoridades hallaron mensajes al parecer relacionados con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Una discusión entre asistentes dentro de un bar de la alcaldía Álvaro Obregón terminó en una tragedia la noche de este sábado 20 de junio, cuando una balacera dejó un saldo de cuatro hombres muertos, un lesionado bajo custodia policial y una mujer detenida por presuntamente ocultar el arma utilizada en el ataque.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, en la colonia San Bartolo Ameyalco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir reportes de disparos al interior del negocio.

De acuerdo con el informe oficial de la SSC, trabajadores del lugar relataron que varios jóvenes comenzaron a discutir mientras convivían en el establecimiento. La confrontación escaló rápidamente cuando uno de los involucrados sacó una pistola y abrió fuego contra otros asistentes.

Al llegar al sitio, los policías encontraron a cuatro hombres sin vida con impactos de arma de fuego. Además, localizaron a un hombre herido en el muslo derecho, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Presunto tirador permanece bajo custodia

La SSC informó que el lesionado fue señalado por testigos como uno de los probables responsables de realizar detonaciones durante la riña, por lo que permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.

“Fue trasladado a un hospital para su atención médica definitiva, bajo custodia policial debido a que fue señalado como probable responsable de efectuar detonaciones”, detalló la dependencia capitalina.

Cámaras de vigilancia permitieron una segunda detención

Como parte de las indagatorias, autoridades revisaron las grabaciones de videovigilancia del establecimiento. Gracias a ese análisis, una mujer de 22 años fue localizada y detenida en las inmediaciones del bar.

Según la SSC, la joven habría participado en el ocultamiento del arma de fuego utilizada por uno de los agresores tras la balacera.

Durante su detención le aseguraron una pistola corta abastecida con cinco cartuchos útiles, además de un teléfono celular que quedó bajo resguardo de las autoridades.

“La joven de 22 años de edad junto con el arma corta abastecida con cinco cartuchos útiles y un teléfono celular asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente”, informó la corporación.

La Fiscalía capitalina ya integra la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos en este ataque armado que volvió a encender las alertas de violencia en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al margen del informe oficial de las autoridades, Carlos Jiménez, periodista especializado en temas de violencia y seguridad, informó en X —anteriormente Twitter— que dos víctimas fueron reconocidas.

Alcaldía reportó una disminución del 70% en homicidio doloso

En febrero pasado, la administración del alcalde Javier López Casarín reportó una disminución de delitos graves en la demarcación, según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En el rubro de homicidio doloso, la demarcación pasó de 10 casos a 3, lo que representaba una disminución del 70% en la comparativa anual del periodo referido.

Durante mucho tiempo, la imagen internacional de México ha estado condicionada por relatos donde predominan la violencia, el narcotráfico y una representación visual saturada de tonos amarillos o sepia. Sin embargo, la vivencia de miles de turistas durante el Mundial 2026 está abriendo la posibilidad de renovar esa percepción.

La presencia masiva de visitantes y la interacción entre personas de diferentes países están favoreciendo una mirada más diversa y matizada sobre la realidad mexicana. Así lo expuso la Mtra. Claudia Arruñada, docente de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, quien apunta que la convivencia diaria está desplazando a las versiones mediáticas como principal fuente de referencia.

La especialista sostuvo que “estamos acostumbrados a vernos a través de la mirada del norte global, especialmente de Estados Unidos”, pero manifestó que dicha perspectiva no es la única ni necesariamente la más certera.

Estética mediática y realidad cotidiana de México

El Dr. Alejandro Herrera, especialista en comunicación, analizó cómo el cine estadounidense ha recurrido históricamente a filtros visuales y narrativas que asocian a México con exotismo, peligro y atraso. Esta estrategia estética refuerza clichés que persisten en el imaginario internacional y reducen la complejidad del país a un solo ángulo.

Para Arruñada, la celebración de la Copa del Mundo está permitiendo desafiar esos estereotipos de manera tangible. Los visitantes extranjeros están formando una percepción propia al recorrer calles, utilizar el transporte urbano y participar en fiestas espontáneas en las ciudades sede. La diferencia entre lo que se vive y lo que se suele mostrar en grandes producciones audiovisuales resulta evidente para quienes experimentan tierras mexicanas de primera mano.

El evento deportivo trasciende lo futbolístico para convertirse en un fenómeno cultural de alcance global, ya que posibilita “conocer otras culturas, entender procesos migratorios, observar cómo conviven distintas identidades y encontrar espacios comunes en un contexto mundial cada vez más polarizado”, señaló.

Quienes llegan al país por el torneo de futbol están reconociendo la capacidad de la sociedad para crear ambientes de celebración incluso en circunstancias complejas.

“Tenemos una tradición cultural muy particular. Somos una sociedad que encuentra formas de convivir y celebrar incluso cuando enfrenta problemas importantes”, explicó la académica.

Esta característica no implica indiferencia ante los desafíos nacionales, sino que es reflejo de una cultura colectiva que ha aprendido a combinar la alegría social con la consciencia sobre las dificultades.

Mundial 2026, memoria social y ciudadanía activa

La conversación pública vinculada al Mundial no debe invisibilizar problemáticas como la crisis de desapariciones que afronta el país. De acuerdo con la especialista, se han producido encuentros recientes entre grupos de familiares de personas desaparecidas y aficionados extranjeros, donde se ha observado respeto y solidaridad. Estos episodios demuestran que la atención internacional puede convivir con la visibilidad de causas sociales urgentes.

A su juicio, el objetivo no es maquillar ni ocultar la complejidad, sino comprender que la realidad nacional es amplia y diversa. La relación entre celebraciones multitudinarias y reclamos por justicia refleja la pluralidad de experiencias que se viven en México.

Uno de los ejemplos más notorios de apropiación ciudadana ha sido el caso de Merlín, el pato que se volvió viral durante la competencia. “Son historias que no fueron diseñadas por ninguna campaña oficial. Surgen de la gente y terminan convirtiéndose en símbolos del torneo”, aseguró.

La herencia más valiosa de la Copa del Mundo podría ser la imagen de un país que desafía las etiquetas de violencia y los tonos sepia del cine, mostrando en cambio hospitalidad, diversidad cultural, participación ciudadana y una notable capacidad para el encuentro.

La violencia alcanzó a Abraham Ruiz Aguilar años después de que abandonó Veracruz para escapar de las amenazas del crimen organizado. El empresario de 33 años fue asesinado a balazos la mañana del jueves 18 de junio mientras circulaba en un automóvil BMW sobre la Calzada Zavaleta, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el vehículo con placas RCN-262-E y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor. Una de las balas impactó en la cabeza del empresario, quien murió dentro de la unidad antes de recibir atención médica.

Al momento del ataque viajaba acompañado por una mujer, señalada en algunos reportes locales como su presunta pareja. Fue ella quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia tras la agresión. Sin embargo, los paramédicos únicamente confirmaron el fallecimiento.

Abraham Ruiz dejó Veracruz tras amenazas criminales

Ruiz Aguilar era conocido por su participación en el sector de centros nocturnos y entretenimiento para adultos. En Puebla era propietario de Foxies Men’s Club y de Butcher’s Steakhouse, establecimientos ubicados en la zona de la Recta a Cholula.

Su llegada a territorio poblano ocurrió antes de la pandemia de COVID-19. Según información difundida por medios locales, decidió trasladarse tras enfrentar amenazas de grupos criminales en Veracruz, donde también administraba negocios similares junto con su hermano.

La situación de violencia en su estado natal se agravó en 2019, año en que su hermano perdió la vida en circunstancias relacionadas presuntamente con la delincuencia organizada. Ese mismo periodo estuvo marcado por ataques contra centros nocturnos en Veracruz, incluido el caso del bar El Caballo Blanco de Coatzacoalcos.

Aunque logró establecerse y expandir sus negocios en Puebla, reportes extraoficiales indican que en meses recientes había regresado a Xalapa para fijar nuevamente su residencia.

Fiscalía de Puebla investiga varias líneas

Tras el homicidio, autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que personal ministerial, pericial y de investigación trabaja en el análisis de videograbaciones e indicios recabados en el lugar.

“Desde el primer momento se han desplegado actos de investigación por parte del personal ministerial, pericial y de investigación, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y ubicar a los responsables”, señaló la dependencia en un comunicado.

La institución también expresó sus condolencias a familiares y amigos del empresario y confirmó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación.

Información obtenida por medios locales apunta a que el posible cobro de piso figura entre las hipótesis que analizan las autoridades, debido a presuntas amenazas previas contra Ruiz Aguilar. No obstante, la Fiscalía aclaró que, por la naturaleza del caso, no puede proporcionar más detalles mientras continúan las diligencias.

Empresario es sepultado en su natal Veracruz

A 48 horas del crimen, familiares informaron que Abraham Ruiz Aguilar sería velado la mañana del sábado 20 de junio en la funeraria Bosque del Recuerdo hasta las 10:00 horas del domingo. Posteriormente, será sepultado en el Parque Memorial.

Ante la proliferación de versiones extraoficiales, la familia solicitó difundir solo información compartida por la esposa del empresario. “La única versión verídica de lo sucedido es la proporcionada por su esposa, quien estuvo presente en los hechos. Por ello, les pedimos atentamente a los medios de comunicación y demás personas no difundir información proveniente de otras fuentes, ya que cualquier versión distinta a la compartida por su esposa no corresponde a la realidad”.

Asimismo, solicitaron respeto, comprensión y solidaridad durante su proceso de duelo.

Un hombre de 35 años fue llevado a juicio oral en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, acusado de abusar sexualmente de su ex pareja y la beba de 11 meses ded la mujer. Los hechos sucedieron entre 2021 y 2023. Otro menor fue víctima de agresiones y amenazas.

El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de la capital provincial, abarca hechos que involucran a su ex pareja, la hija menor de edad de ambos y el hijo de la mujer.

V. E. llega a esta instancia judicial con cargos que incluyen desobediencia judicial, abuso sexual con acceso carnal en concurso real, abuso sexual sin acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, amenazas reiteradas y lesiones leves reiteradas.

La causa se concentra en un patrón de violencia y desobediencia a las órdenes judiciales, situaciones que, según la acusación, se extendieron durante más de dos años. El fiscal Vladimir Glinka está a cargo de la presentación de las pruebas y la exposición de los hechos, que describen un entorno familiar marcado por el temor y la vulneración de derechos.

De acuerdo a lo informado por el portal El Territorio, el Tribunal Penal Dos abrió el debate oral con la exposición de los cargos, en una jornada que reunió a testigos, familiares y profesionales vinculados a la causa. El juicio, organizado en tres audiencias, prevé la declaración de la denunciante, así como de especialistas y otros testigos que aportarán elementos claves para el análisis de los hechos.

En línea con la acusación del Ministerio Público Fiscal, V. E. habría incumplido en reiteradas oportunidades una orden de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, dictada por el Juzgado de Paz de Concepción de la Sierra. Entre los episodios señalados, se destaca un hecho ocurrido en marzo de 2023, cuando el imputado habría ingresado a la vivienda de su ex pareja pese a estar vigente la restricción.

Según lo expuesto en la apertura del juicio, el 18 y el 19 de marzo del mismo año, el acusado volvió a presentarse en el domicilio. En esas ocasiones, habría intentado ingresar por la fuerza, al tiempo que amenazaba a la mujer. Estas situaciones, que forman parte del expediente, son consideradas por la fiscalía como actos de desobediencia judicial y amenazas reiteradas.

De acuerdo con la investigación, los hechos que se le atribuyen al imputado no se limitan a la desobediencia de órdenes judiciales, sino que incluyen un amplio espectro de agresiones físicas y psicológicas dirigidas contra la denunciante y su grupo familiar.

Uno de los puntos centrales de la acusación refiere a los episodios de abuso sexual que, según la denuncia, se habrían producido en reiteradas oportunidades contra su expareja. El expediente detalla que estos hechos ocurrieron durante el período de convivencia y habrían persistido tras la ruptura.

Además, la fiscalía atribuye a V. E. el delito de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio de la hija menor de edad del matrimonio. Según la acusación, los hechos se habrían producido cuando la niña tenía apenas once meses de vida.

El proceso judicial también incluye el análisis de pericias y pruebas documentales que buscan corroborar la veracidad de los hechos denunciados. Los especialistas convocados al juicio participan en la evaluación de los informes médicos y psicológicos realizados a las víctimas.

En paralelo a los hechos de abuso sexual y desobediencia judicial, la investigación sostiene que el imputado ejerció violencia física y maltrato contra el hijo de su pareja desde el inicio de la convivencia hasta su exclusión del hogar. Entre los episodios consignados en la causa se enumeran golpes, encierros y otras conductas que constituyen violaciones directas a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Un ataque armado en el barrio Las Colinas, en el municipio de Choluteca, Honduras mató a dos mujeres, entre ellas una menor de edad. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Cinthia Carolina Martínez, de 30 años, y Tifany Aylin Rivera, según la información difundida tras el hecho.

Ambas estaban en el sector cuando fueron sorprendidas por atacantes que se movilizaban en motocicleta y les dispararon varias veces antes de huir.

Según los primeros informes, las detonaciones se escucharon en distintos puntos del barrio y vecinos alertaron a las autoridades policiales. Cuando llegaron los cuerpos de socorro y los agentes de seguridad, las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena para evitar la contaminación de pruebas, y equipos de investigación iniciaron la recopilación de información para esclarecer el crimen. Personal de Medicina Forense y del Ministerio Público realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios balísticos y testimoniales.

Hasta ahora no hay capturas relacionadas con el caso y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del doble asesinato. Tampoco se confirmó si las víctimas habían recibido amenazas o si existían antecedentes vinculados con el hecho.

Reclamos por la inseguridad

El crimen causó preocupación entre los habitantes de Las Colinas, quienes aseguran que los hechos delictivos aumentaron en los últimos meses. Algunos residentes demandaron mayor presencia policial y patrullajes permanentes para reducir la inseguridad en el sector.

Este doble homicidio ocurrió en un contexto de aumento de las muertes violentas de mujeres en Honduras. Diversos organismos y observatorios advirtieron sobre esta situación durante 2026. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reporta un promedio de 117 mujeres asesinadas de enero a la fecha.

Ante las muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026, una cifra que sigue en ascenso, la situación mantiene en alerta a organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que denunciaron altos niveles de impunidad en los casos de femicidios y muertes violentas de mujeres.

Diversos colectivos sostienen que la falta de investigaciones efectivas y sentencias condenatorias contribuye a la repetición de estos crímenes.

Muertes bajo la impunidad

Con las muertes de Cinthia Carolina Martínez y Tifany Aylin Rivera, la cifra nacional vuelve a incrementarse. El doble crimen se registró horas después de otros hechos violentos contra mujeres reportados en Honduras.

El doble crimen también evidencia el impacto que este tipo de hechos genera en las comunidades, donde el temor y la incertidumbre se apoderan de los habitantes tras episodios de violencia armada.

En el barrio Las Colinas, varios residentes manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias y pidieron a las autoridades reforzar las acciones de prevención y vigilancia para evitar que nuevos hechos de sangre continúen cobrando vidas en la zona.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán en las próximas horas con el análisis de las evidencias recolectadas en la escena del crimen, así como la verificación de información que permita reconstruir los últimos movimientos de las víctimas antes del ataque.

Entre tanto, los cuerpos fueron trasladados a la morgue correspondiente, donde se realizarán los procedimientos legales y forenses establecidos como parte de la investigación.

Panamá dio un paso clave en la protección de la niñez con la reglamentación de la Ley 469 de 2025, que reorganiza y fortalece el Sistema Nacional de Alerta Amber, un mecanismo diseñado para localizar de manera rápida y expedita a niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos o presuntamente sustraídos.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 17 de junio de 2026, establece por primera vez un marco operativo detallado que define responsabilidades, procedimientos, tiempos de respuesta, coordinación interinstitucional y uso de herramientas tecnológicas para enfrentar este tipo de emergencias.

En Panamá, la desaparición de menores de edad constituye una preocupación constante para las autoridades. De acuerdo con datos oficiales citados sobre el comportamiento de estos casos, se reporta la desaparición de un niño, niña o adolescente aproximadamente cada siete horas.

El Ministerio Público recibe entre tres y cuatro denuncias diarias por personas desaparecidas, y una parte importante corresponde a menores de edad. Aunque históricamente más del 90% de estos casos logra resolverse con la ubicación de los menores, generalmente sanos y salvos, las cifras evidencian la necesidad de una respuesta inmediata, coordinada y sin margen para demoras.

Uno de los aspectos más relevantes de la reglamentación es la creación formal de la Oficina de Activación Temprana (OAT), una instancia especializada que funcionará como centro de coordinación permanente del sistema. Esta oficina tendrá la responsabilidad de recibir los reportes, evaluar los casos, activar o desactivar alertas y coordinar las acciones entre las distintas entidades involucradas.

La nueva normativa también crea un Consejo Directivo integrado por representantes de diversas instituciones públicas, encargado de supervisar la operación del sistema y tomar decisiones estratégicas relacionadas con su funcionamiento. Entre sus atribuciones figura la posibilidad de recomendar la activación inmediata de una alerta cuando existan indicios suficientes de riesgo para la integridad del menor.

Otro cambio significativo es que se establecen procedimientos estandarizados para la recepción de denuncias. La reglamentación señala que las autoridades deberán actuar de forma inmediata una vez se reciba el reporte de una desaparición, eliminando cualquier interpretación que pueda generar retrasos en las primeras horas de búsqueda, consideradas críticas para la localización de menores.

La normativa desarrolla además el Formulario de Reporte y Denuncia Amber (FRDA) y el Formulario de Desactivación de Alerta Amber (FDAA), instrumentos que buscan uniformar la recopilación de información y facilitar la coordinación entre las instituciones participantes.

El decreto también incorpora herramientas tecnológicas que no estaban claramente definidas en la legislación original. Entre ellas destaca la creación de una plataforma tecnológica especializada que permitirá la gestión de información, el seguimiento de casos y la coordinación entre entidades. Asimismo, se promueve el uso de inteligencia artificial, geolocalización, análisis de video, circuitos cerrados de televisión y aplicaciones móviles para fortalecer las capacidades de búsqueda y localización.

La difusión de las alertas constituye otro de los pilares de la reglamentación. El texto establece que las alertas podrán divulgarse a través de medios de comunicación, radio y televisión, redes sociales, sistemas de mensajería móvil, aeropuertos, terminales de transporte, puertos, pantallas digitales, instituciones públicas y privadas, así como mediante operadores de telecomunicaciones.

Un elemento novedoso es la incorporación formal de la participación ciudadana. La reglamentación prevé líneas telefónicas de emergencia, plataformas digitales y mecanismos para que la población aporte información relevante que pueda contribuir a la ubicación de menores desaparecidos, garantizando la protección de los datos personales y la confidencialidad de las investigaciones.

La norma también contempla escenarios transfronterizos. En aquellos casos en que existan indicios de que un menor pudo haber salido del país o encontrarse en una zona fronteriza, la Oficina de Activación Temprana podrá coordinar acciones con autoridades migratorias y organismos internacionales para ampliar el alcance de la búsqueda.

En materia de transparencia y control, el decreto ordena la elaboración de informes anuales de gestión y de ejecución presupuestaria, además de establecer responsabilidades administrativas para quienes incumplan las obligaciones previstas en el sistema o suministren información falsa con la intención de activar indebidamente una alerta.

El objetivo central de la reglamentación es reducir los tiempos de reacción, mejorar la coordinación entre instituciones y aumentar las probabilidades de localizar con vida a niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Con estas disposiciones, Panamá busca transformar la Alerta Amber de un mecanismo legal a una estructura operativa permanente, apoyada en tecnología, protocolos claros y una respuesta articulada del Estado y la sociedad.

Un total de 25 personas privadas de la libertad con procesos federales fueron trasladadas desde centros penitenciarios de Sinaloa hacia un Centro Federal de Reinserción Social, en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la acción se realizó por instrucción del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), con apoyo de corporaciones del Grupo Interinstitucional, como parte de una estrategia para reducir riesgos al interior de los penales estatales.

Los traslados se efectuaron desde el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, y el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, donde se encontraba la población penitenciaria reubicada.

El operativo no reportó incidentes y los internos fueron enviados a instalaciones federales de alta seguridad, donde continuarán sus procesos judiciales bajo un régimen distinto de control penitenciario.

Sinaloa, un estado marcado por violencia y crisis penitenciaria

El traslado ocurre en un contexto de violencia sostenida en Sinaloa, entidad que desde 2024 enfrenta una escalada de enfrentamientos entre grupos criminales, con impactos directos en la seguridad pública y en el sistema penitenciario.

La entidad ha registrado miles de homicidios y desapariciones en los últimos meses, en medio de disputas entre facciones del crimen organizado, lo que ha derivado en un reforzamiento de la presencia militar y policial en distintas regiones del estado.

En este escenario, el penal de Aguaruto, en Culiacán, ha sido uno de los puntos más críticos del sistema penitenciario estatal, con antecedentes de riñas, aseguramientos de armas, drogas y episodios de violencia que incluso han derivado en investigaciones por homicidios de internos durante enfrentamientos al interior del centro.

Durante 2025, este penal registró diversos incidentes violentos, incluyendo enfrentamientos que dejaron reos muertos y heridos, además del hallazgo de túneles, armas de alto poder y dispositivos de comunicación no autorizados, de acuerdo con investigaciones periodísticas y reportes oficiales.

Antecedentes de traslados en penales de Sinaloa

En meses recientes, autoridades han realizado traslados de decenas de reos desde Aguaruto hacia otros centros penitenciarios de Sinaloa y del país, principalmente como medida para reducir la sobrepoblación y disminuir el riesgo de enfrentamientos entre grupos rivales.

En enero de 2026, por ejemplo, se registró el traslado de 78 internos desde el penal de Aguaruto hacia centros de Ahome y Mazatlán, luego de que se identificaran conflictos entre grupos internos considerados de alto riesgo.

Asimismo, en 2025 se realizaron operativos similares para reubicar a reos considerados conflictivos tras riñas dentro del penal, bajo el argumento de prevenir nuevos brotes de violencia.

De acuerdo con autoridades estatales, estas acciones forman parte de una estrategia de redistribución penitenciaria que busca evitar la concentración de internos de alta peligrosidad en centros estatales.

Estrategia federal de control penitenciario

El traslado más reciente se enmarca en las políticas del Gobierno de México para fortalecer el control en centros penitenciarios estatales y reducir riesgos asociados a la presencia de internos del fuero federal.

Las autoridades han señalado que la concentración de este tipo de población en penales estatales genera presiones operativas, conflictos internos y riesgos de gobernabilidad, lo que ha derivado en la necesidad de su reubicación en centros federales de mayor seguridad.

Aunque no se detallaron los perfiles de los 25 internos trasladados, el operativo fue ejecutado bajo protocolos de seguridad reforzados y con participación de corporaciones estatales y federales.

Un sistema penitenciario bajo presión

El sistema penitenciario de Sinaloa ha sido señalado en distintos informes por episodios recurrentes de violencia, sobrepoblación y presencia de objetos prohibidos al interior de los centros.

A ello se suma la presión de la violencia externa en el estado, que ha obligado a las autoridades a mantener operativos permanentes de revisión, traslados estratégicos y reforzamiento de seguridad en penales considerados de alto riesgo.

En este contexto, los traslados de internos federales se han convertido en una herramienta recurrente para intentar estabilizar el control penitenciario en la entidad.

Sonora redujo en 62.8 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos y pasó del cuarto al lugar 14 en el ranking nacional, por debajo de la media del país. La cifra, la más baja registrada en el estado en años, fue presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, Braulio Martínez Navarrete.

Al inicio de la administración estatal, la entidad registraba 4.87 homicidios diarios. Al cierre de abril de 2026, esa cifra descendió a 1.83, lo que equivale a tres asesinatos menos por día.

La caída más pronunciada desde 2016

Mayo de 2026 marcó un punto de inflexión: se contabilizaron 56 homicidios dolosos en el estado, la cifra más baja para ese mes desde 2016. Al comparar ese dato con los 176 casos de mayo de 2021, la reducción alcanza el 68 por ciento.

El acumulado de enero a mayo refuerza esa tendencia. En los primeros cinco meses de 2021 se registraron 822 homicidios dolosos en Sonora; en el mismo período de 2026, la cifra cayó a 314 casos.

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno

Durante la administración federal en curso, la reducción en el promedio diario de homicidios dolosos llega al 46%, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Martínez Navarrete atribuyó ese resultado al trabajo articulado con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Policía Estatal de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño recordó que al inicio de su administración Sonora ocupaba el cuarto lugar nacional en este delito. Los indicadores actuales, subrayó, validan la estrategia de seguridad aplicada, aunque reconoció que aún existen retos por atender.

El crecimiento de la Policía Estatal

Uno de los pilares de la estrategia fue el fortalecimiento de la Policía Estatal. “Empezamos con 850 elementos y hoy tenemos alrededor de dos mil policías estatales, además de más de 700 patrullas nuevas en todo el estado", indicó Durazo Montaño en conferencia de prensa.

La Universidad de la Seguridad Pública graduó mil 633 cadetes que se integraron a corporaciones estatales y municipales. Actualmente, 425 cadetes cursan su formación y existen mil 456 solicitudes de ingreso a la institución.

Otros delitos de alto impacto también retroceden

La reducción de la violencia no se limitó al homicidio doloso. Entre enero y abril de 2025 y el mismo período de 2026, el secuestro extorsivo bajó 18 por ciento y la extorsión cayó 35 por ciento.

Los robos con violencia registraron una disminución del 30 por ciento en ese mismo comparativo. El rubro con mayor caída fue el robo a negocio con violencia, con 59% menos.

Desglose por tipo de robo

El robo a transeúnte descendió 45 por ciento y el robo a casa habitación, 30 por ciento. El robo de vehículo anotó una reducción del 19 por ciento.

Sonora se ubica hoy en el lugar 14 del ranking nacional de incidencia de homicidio doloso, según el corte estadístico al 15 de junio. Esa posición coloca al estado por debajo de la media nacional en este delito.

El conjunto de indicadores presentados por la administración estatal muestra una tendencia sostenida a la baja desde 2021. El gobierno de Durazo Montaño señala esa trayectoria como el resultado de una política de seguridad de largo plazo, aunque advierte que el proceso no concluye con los datos actuales.

El panorama nacional del homicidio doloso en mayo de 2026

México cerró mayo de 2026 con un promedio de 47.3 homicidios dolosos diarios, frente a los 52.6 de abril. La caída del 6.4 por ciento convirtió a mayo en el mes con menor incidencia desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

El dato fue presentado por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La funcionaria analizó la serie que va de septiembre de 2024 a mayo de 2026, período en el que el promedio diario bajó de 86.9 a 47.3, es decir, 39 homicidios menos por día.

El acumulado de enero a mayo de 2026 también marcó un mínimo: el promedio de 50.4 homicidios diarios en esos cinco meses es el más bajo desde 2016 para ese período del año.

Los ocho estados que concentran más de la mitad de los casos

Guanajuato encabezó la lista con el 8.8 por ciento de los homicidios del país. Le siguieron Baja California (7.8 por ciento), Chihuahua (7.7 por ciento), Sinaloa (6.8 por ciento), Morelos (5.9 por ciento), Estado de México (5.9 por ciento), Guerrero (5.5 por ciento) y Veracruz (5.3 por ciento). Entre los ocho sumaron el 54 por ciento del total nacional.

Guanajuato acumula la mayor incidencia en lo que va del año y las mismas entidades han liderado los registros en meses anteriores.

La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de mantener en detención provisional a un hombre de 75 años acusado de abusar sexualmente de cinco niñas en la comarca Guna Yala vuelve a poner en evidencia una realidad que reflejan las estadísticas oficiales: los delitos sexuales continúan en aumento en Panamá y muchos de los casos tienen como víctimas a menores de edad.

El caso, investigado por la Personería Municipal de Guna Yala, involucra presuntos hechos ocurridos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Según las autoridades, el imputado habría abusado sexualmente de cinco menores cuyas edades oscilan entre los 5 y 9 años. Además, presuntamente las obligó a presenciar actos de naturaleza sexual y, en algunos casos, les ofreció dinero para que guardaran silencio.

Mientras la investigación avanza en los tribunales, las cifras del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 se registraron 2,665 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en todo el país, un aumento de 14% respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 2,339 casos.

Los datos reflejan que la gran mayoría de las denuncias corresponden a delitos agrupados en el capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumula 2,441 casos, equivalentes a más del 91% de todas las denuncias registradas en los primeros cinco meses del año. }

Por su parte, los delitos relacionados con corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas sumaron 224 reportes.

El delito con más denuncias en el país fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 1,006 casos reportados. Le siguen la violación, con 887 denuncias; los actos libidinosos, con 415; y la corrupción de personas menores de edad, con 156 casos.

También se registraron 41 denuncias por pornografía infantil y 10 por posesión de material pornográfico infantil.

Más allá de las cifras absolutas, el informe revela tendencias preocupantes. Las denuncias por corrupción de personas menores de edad aumentaron 32% en comparación con el mismo período de 2025.

Los casos de acceso sexual con adolescentes entre 14 y 18 años crecieron 30%, mientras que los reportes por pornografía infantil registraron un incremento de 52%, al pasar de 27 a 41 denuncias. Incluso la exhibición de materiales pornográficos a menores de edad incapaces o discapacitados se duplicó durante el período analizado.

El informe también muestra diferencias importantes entre las regiones del país. Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias, con 550 casos, seguida de Chiriquí con 406, Panamá Oeste con 340, la comarca Ngäbe Buglé con 299 y Bocas del Toro con 258. Estas cinco zonas acumulan más de la mitad de todas las denuncias registradas a nivel nacional.

Sin embargo, cuando se analiza el crecimiento porcentual, la situación más llamativa se registra en la comarca Guna Yala. Allí las denuncias pasaron de 12 a 26 casos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de 117%, el más alto del país.

También se reportaron aumentos significativos en Darién (29%), Panamá (27%), Chiriquí (24%) y Herrera (18%).

Otro dato que llama la atención es el comportamiento mensual de las denuncias. Mayo cerró como el mes con más casos reportados en lo que va de 2026, con 685 denuncias, muy por encima de febrero, que registró 416.

La tendencia ascendente observada desde marzo refleja que el fenómeno continúa siendo una preocupación constante para las autoridades encargadas de la investigación y protección de las víctimas.

Aunque el informe estadístico no detalla la edad de todas las víctimas, varios de los delitos con mayor incidencia involucran directamente a niños, niñas y adolescentes. Esto incluye corrupción de menores, pornografía infantil y relaciones sexuales con adolescentes menores de 18 años.

Los especialistas han advertido que estos delitos suelen producirse en entornos cercanos a las víctimas, muchas veces dentro de círculos familiares o comunitarios, lo que dificulta la denuncia oportuna y favorece el silencio.

Precisamente, el caso de Guna Yala refleja algunas de estas dinámicas. Según la investigación, las víctimas eran niñas de corta edad y los hechos se habrían prolongado durante varios meses antes de llegar a conocimiento de las autoridades.

Para los investigadores, este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de detección temprana, protección de víctimas y acompañamiento psicológico.

Las cifras del Ministerio Público muestran que el desafío sigue creciendo. Con más de 2,600 denuncias registradas en apenas cinco meses, Panamá enfrenta un panorama complejo en materia de delitos sexuales, particularmente aquellos que afectan a menores de edad.

Mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales, los datos reflejan que la prevención, la denuncia temprana y la protección de las víctimas continuarán siendo tareas pendientes para frenar una problemática que sigue dejando cifras al alza.

El episodio conmovió a la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, durante este fin de semana cuando se alertó sobre un violento ataque. Una nena de 5 años fue atacada por un pitbull y permanece internada con graves lesiones en el rostro tras ser mordida por el animal.

El hecho ocurrió en un sector del barrio situado a pocas cuadras de la calle Dr. Emilio Hansen. La víctima fue asistida inicialmente en el Hospital San Roque de Esquina, donde recibió curaciones de urgencia debido a la profundidad de las heridas. Ante la complejidad del cuadro, los profesionales de la salud dispusieron el traslado inmediato de la niña al Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes.

Actualmente, la menor aguarda una intervención quirúrgica de reconstrucción facial. El procedimiento busca reparar los daños ocasionados por la mordedura, cuyo alcance generó gran preocupación entre los médicos y familiares. Este episodio es el segundo ataque registrado en la zona en pocos días, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad local.

La familia de la niña se encuentra a la espera de la evolución clínica, mientras las autoridades sanitarias y policiales evalúan las circunstancias del ataque y analizan posibles medidas preventivas para evitar nuevos incidentes. La situación motivó el pedido de mayor control y concientización respecto a la convivencia con perros de razas consideradas de riesgo.

El caso anterior, involucró a un joven que circulaba en bicicleta junto a sus mascotas. En esa oportunidad, uno de sus perros resultó herido por otro can de la misma raza. En Posadas, el ataque de seis pitbulls que provocó la muerte de otro can en el barrio Ingar motivó propuestas legislativas y sanitarias para implementar sistemas de identificación obligatoria de mascotas, como los microchips, con el fin de mejorar la trazabilidad y la responsabilidad de sus tutores.

El incremento de ataques protagonizados por perros de razas consideradas peligrosas también reavivó el debate sobre la necesidad de políticas más estrictas para la identificación y el control de mascotas. Especialistas y autoridades sostienen que la reiteración de estos episodios demuestra la urgencia de reforzar la tenencia responsable, la educación y los controles, para evitar nuevas víctimas.

El debate incluye la socialización temprana de los perros, la adopción de límites claros desde cachorros y la implementación de políticas de identificación y registro como herramientas preventivas. El médico veterinario Juan Pablo Luzuriaga sostuvo en diálogo con Canal Doce que la iniciativa permitiría establecer responsabilidades en casos de abandono o incidentes, y reforzaría la tenencia responsable.

“Es muy importante que durante los primeros cuatro meses de vida tenga una buena calidad de sociabilización, en ese periodo buscan su lugar dentro de la jerarquía social”, indicó el veterinario. Subrayó que la educación y el entorno pesan más que la genética en la conducta de los perros: “Los perros tienen entre 10% y 15% de comportamiento innato, y el resto depende del ambiente y de lo que les enseñamos”.

En su opinión, la identificación mediante microchip, ya obligatoria en varios países de Latinoamérica y Europa, contribuiría a que los tutores asuman un compromiso total frente a los actos de sus mascotas: “El sistema permite comprender que si en algún momento tomamos la decisión de adoptar a una mascota, sea 100% mi responsabilidad ante lo que haga”.

Luzuriaga también destacó que los perros en situación de calle pueden convertirse en un riesgo sanitario y de seguridad, por lo que considera fundamental avanzar en herramientas de control y educación. Además, remarcó la importancia de que los primeros meses de vida sean acompañados y con límites claros, para evitar conductas agresivas o dominantes, promoviendo el uso de collar, correa y la recolección de desechos durante los paseos.

Además, en Puebla fue asegurado un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos.

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FGR elimina más de dos toneladas de estupefacientes en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de dos toneladas de estupefacientes en Zapopan, Jalisco, como parte de sus acciones frente a los delitos contra la salud. Los narcóticos estaban vinculados a diversas indagatorias abiertas por la probable comisión de esos ilícitos.

El operativo destruyó dos toneladas 173 kilos 384 gramos 898 miligramos de marihuana, 22 kilos 635 gramos 200 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 134 gramos 300 miligramos de clorhidrato de cocaína y 82 gramos de goma de opio, entre otros narcóticos.

La lista incluyó también 670 gramos 497 miligramos de metanfetamina, seis gramos 400 miligramos de hojas de coca, cuatro gramos 400 miligramos de plantas de amapola, semillas y plantas de marihuana, 12 gramos 600 miligramos de sustancia que contiene cocaína y más de 6 mil 426 unidades de diversos psicotrópicos.

El acto estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad y contó con la presencia de personal del Órgano Interno de Control, peritos en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal, así como con el apoyo de las comisarías de Guadalajara, Tonalá, y de Policías y Bomberos del municipio y del estado.

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AICM realiza simulacro de emergencia sanitaria con hipótesis de pasajero con sarampión

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México realizó este miércoles 17 de junio un simulacro a escala real con la hipótesis de un pasajero con sarampión en un vuelo de llegada, con el objetivo de fortalecer los procedimientos ante emergencias sanitarias y evitar la propagación de enfermedades que pongan en riesgo la salud pública.

El ejercicio fue encabezado por Grupo Aeroportuario Marina, a través de sus áreas de Seguridad de la Aviación Civil, Operaciones y Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). También participaron la Comandancia General de la Agencia Federal de Aviación Civil y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina.

En la práctica intervinieron, además, autoridades competentes en materia de salud e integrantes de la comunidad aeroportuaria. La participación conjunta de estas dependencias buscó poner a prueba la coordinación entre los distintos actores ante un escenario de riesgo epidemiológico en punto de entrada internacional, según información oficial.

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Detienen a tres personas en cateos en domicilios de Querétaro relacionados con delitos contra la salud

La Fiscalía General del Estado de Querétaro llevó a cabo cateos simultáneos en la colonia El Paraíso, ubicada en el municipio de Querétaro, en el marco de investigaciones por delitos contra la salud.

Las diligencias formaron parte de las acciones coordinadas de Sinergia Por Querétaro, contando con la participación de personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito, así como el apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Querétaro.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a 3 personas, una de las cuales fue asegurada con diversas dosis de sustancia presumiblemente narcótica. En los inmuebles intervenidos, se localizaron y aseguraron un arma de fuego de fabricación no regulada, abastecida con cartuchos útiles, bolsas con vegetal verde y seco con características similares a narcótico, una planta del mismo tipo y un inmueble relacionado con las investigaciones.

Las tres personas detenidas en los cateos fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a lo que establece la ley.

Decomisan cohetones y otros objetos a manifestantes en Tlalpan

En la mañana de este miércoles, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó una inspección preventiva en la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte, donde se encontraban concentrados varios manifestantes.

Durante la revisión de dos vehículos vinculados a los participantes en la protesta, los uniformados detectaron en la cajuela de uno de los automóviles dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos de metal.

Las autoridades aseguraron los objetos encontrados, argumentando que su posesión en el contexto de la manifestación representaba un riesgo para la integridad de los asistentes y del personal de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada, los artefactos fueron decomisados conforme a los protocolos de actuación vigentes, buscando prevenir posibles hechos violentos o alteraciones al orden público.

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Capturan a tres hombres que tenían a una persona secuestrada en Sinaloa

Tres civiles armados fueron detenidos y una persona fue liberada durante un operativo en el fraccionamiento Los Ángeles en Sinaloa.

La acción se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, en coordinación con Fuerzas Armadas y federales.

Durante recorridos de prevención y vigilancia, los agentes detectaron a un civil en motocicleta que realizaba maniobras irregulares, lo que motivó un reconocimiento en la zona. Posteriormente, observaron a dos personas armadas desplazándose por los techos de viviendas, lo que llevó a ampliar el perímetro del operativo.

Al inspeccionar el inmueble del que huyeron los civiles, los elementos escucharon gritos de auxilio dentro del lugar, por lo que ingresaron y localizaron a una persona presuntamente privada de la libertad, además de otro civil armado.

En la operación también se aseguraron:

• 2 fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 mm
• 1 fusil AR-15 calibre 5.56 mm
• 14 cargadores para 7.62 x 39 mm
• 7 cargadores para 5.56 mm
• 420 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm
•  210 cartuchos calibre 5.56 mm.

El equipo incautado incluye tres chalecos tácticos con dos placas balísticas, 91 ponchallantas y un vehículo marca Kia, línea Río, con reporte de robo reciente.

Los presuntos responsables, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las diligencias correspondientes. La persona liberada recibió acompañamiento ante la autoridad competente para su atención y orientación dentro del proceso de investigación.

Detienen a sujeto implicado en 17 robos en Quintana Roo

Ángel Ramsés “N”, alias “Garduño”, fue detenido por elementos del Grupo Orión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. El arresto se produjo en el fraccionamiento residencial Alejandría, supermanzana 215, manzana 18, sobre la calle Cielo, entre calle San Pedro y avenida 20 de Noviembre del municipio de Benito Juárez.

Durante la inspección, los agentes observaron al individuo manipulando varias bolsitas de plástico con vegetal verde con características similares a la marihuana. Al proceder a la revisión, se le aseguraron 37 bolsitas transparentes tipo ziploc con hierba verde y seca, 21 bolsitas con fragmentos sólidos transparentes con características similares al cristal, y una bolsa tipo mariconera color beige.

El detenido ha sido identificado como probable responsable de 17 robos cometidos entre 2025 y 2026, de los cuales 12 cuentan con carpeta de investigación ante la autoridad competente. Ángel Ramsés “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo por el delito de Contra la Salud.

En la acción también participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), durante un operativo de prevención y vigilancia en el municipio de Benito Juárez.

Caen siete personas con drogas y armas en Oaxaca

Siete personas fueron detenidas durante un cateo realizado en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el marco de una operación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El operativo se efectuó en un inmueble del barrio La Posta y derivó del trabajo de inteligencia criminal orientado a combatir la incidencia delictiva en la región Costa. Durante la intervención, se detuvo a dos mujeres identificadas como M.A.L. y L.D., así como a cinco hombres: B.L.V., E.J.C.M., F.J.H.G., V.R.S.M. y C.A.N.B., quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Armas, presunta droga y vehículos asegurados durante el cateo

En el cateo se aseguraron un arma larga tipo AR-15, cargadores y cartuchos útiles, una pistola calibre .380 y cargadores con cartuchos calibre 9 milímetros. Además, se incautaron bolsas con sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, una báscula gramera, varios teléfonos celulares, cuatro motocicletas y dos vehículos adicionales que se encontraban semidesmantelados.

Localizan explosivos en domicilio de Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró material destinado a la fabricación de artefactos explosivos artesanales en la colonia Miguel Lerdo de Tejada, Durango, tras una denuncia presentada por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el pasado 13 de junio.

El hallazgo se produjo durante un operativo en el que se identificaron cuatro cilindros metálicos con las características de explosivos improvisados dentro de un inmueble.

Un grupo de efectivos militares resguardó el lugar mientras otro acudió ante la FGR para formalizar la denuncia. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango solicitó y obtuvo de un juez federal la autorización para realizar un cateo, en el marco de la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Material decomisado en el operativo

El operativo se realizó en coordinación entre elementos de la Defensa, la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales. Como resultado, las autoridades aseguraron el inmueble y diversos materiales:

• 32 tubos metálicos con empenaje para fabricación de artefactos explosivos
• 150 piezas de aletas de plástico
• Un costal con 20 kilogramos de fertilizante inorgánico
• Un kilo de azufre
• 26 artefactos explosivos caseros con empenajes

Además, se decomisaron 25 piezas de material explosivo, tres botellas de alcohol isopropílico (un litro cada una), dos botellas de resina epóxica con endurecedor, 29 tapas para tubos PVC, 44 coplex para tubo PVC, seis contenedores PVC, 25 iniciadores de conectores PVC con cableado y 39 iniciadores fulminantes.

El operativo permitió también asegurar cuatro bolsas de carbón de 5 kilogramos, 5 paquetes de filamento tipo mecha, un rollo de filamento, una caja de resortes metálicos, un kilogramo de dextrina, nitrato de potasio y una probeta.

Además, se localizaron 15 botellas de vidrio, 370 tubos, 4 impresoras, cuatro carretes de filamentos para impresora, un equipo eléctrico, 200 gramos de pólvora y una bolsa de balines. Todo el material, junto con el inmueble, fue puesto a disposición del representante social de la federación.

La Fiscalía General de la República continuará las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y proceder conforme a derecho.

Detienen a dos tras enfrentamiento contra policías en Sinaloa

Dos civiles armados fueron detenidos este miércoles tras una agresión en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo coordinado por fuerzas de seguridad federales y estatales. El Grupo Interinstitucional aseguró seis fusiles de asalto, equipo táctico, cargadores, dosis de presunta droga y un vehículo con reporte de robo.

La detención se produjo durante patrullajes preventivos en el área de Lomas de Monterrey, donde los agentes detectaron una camioneta sospechosa. Al notar la presencia policial, los ocupantes del vehículo abrieron fuego, lo que derivó en una persecución y posterior captura de los agresores.

La acción fue repelida de inmediato por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Detalles del operativo y aseguramiento

Durante el enfrentamiento, los agentes lograron detener a dos personas y decomisar seis fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, treinta y seis cargadores abastecidos, cuatro chalecos tácticos y doce dosis de una sustancia que presenta características similares a la cocaína. Además, fue asegurada una camioneta Mazda CX-50 modelo 2026, que contaba con reporte de robo.

En el lugar de los hechos, el Grupo Interinstitucional recibió apoyo inmediato de otras unidades para ampliar la búsqueda de posibles responsables que lograron huir.

La situación fue controlada sin que se reportaran heridos adicionales ni daños colaterales. Sin embargo, las autoridades no lograron detener a quienes escaparon del sitio.

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Ocho menores de edad fueron rescatados y una pareja de esposos fue aprehendida durante la Operación Pintor 2, desarrollada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

Las autoridades investigan a los detenidos por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual.

Durante la diligencia de allanamiento y registro también fueron decomisados teléfonos celulares y otros equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forense como parte de la investigación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es que las ocho víctimas rescatadas figuran como hijos de los investigados, una situación que añade gravedad al caso y que ahora será evaluada por las autoridades judiciales y las entidades encargadas de la protección de la niñez.

La operación representa una nueva fase de una investigación que comenzó semanas atrás en la provincia de Chiriquí y que busca determinar el alcance de una presunta estructura vinculada a la explotación sexual de menores.

La Operación Pintor es un operativo policial e investigativo enfocado en desarticular redes de explotación sexual infantil en Panamá. Su primera fase, denominada Operación Pintor 1, se ejecutó el 2 de junio de 2026 en Puerto Armuelles, distrito de Barú, donde fueron aprehendidas dos personas y se logró rescatar a una víctima menor de edad.

Con la segunda fase, las autoridades ampliaron las pesquisas y consiguieron rescatar a ocho menores adicionales, además de capturar a una pareja de esposos presuntamente vinculada con los hechos investigados.

Las investigaciones son dirigidas por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en coordinación con el Ministerio Público y cuentan con el apoyo de organismos internacionales especializados en la lucha contra delitos que afectan a menores de edad, entre ellos la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Aunque las autoridades han mantenido reserva sobre detalles específicos para no comprometer el proceso judicial, han señalado que la explotación sexual infantil continúa siendo una de las modalidades delictivas más complejas de detectar debido a que muchas veces ocurre dentro de entornos familiares o de confianza.

El caso de Chiriquí no es un hecho aislado. En las últimas semanas, los organismos de seguridad han reportado varias capturas relacionadas con delitos sexuales, especialmente en la provincia de Colón.

Uno de esos casos involucró a un hombre de 80 años que fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Puerto Pilón. Sobre el ciudadano pesaba una orden de captura emitida el pasado 5 de junio por delitos contra la libertad e integridad sexual en las modalidades de actos libidinosos y corrupción de menores de edad.

Las autoridades también reportaron la captura de un hombre de 30 años en el sector de La Lápida, corregimiento de Barrio Sur, quien era requerido por la justicia mediante dos órdenes de captura vigentes. Una de ellas estaba relacionada con delitos contra el pudor y la libertad sexual, mientras que la segunda correspondía a investigaciones por hurto y robo.

Posteriormente, otro ciudadano de la misma edad fue aprehendido durante labores de patrullaje preventivo en calle 12 Domingo Díaz, también en Barrio Sur. Al ser verificado por las unidades policiales se detectó que mantenía órdenes de captura por delitos de hurto, robo y hechos contra la libertad sexual.

Estos casos reflejan una realidad que preocupa a las autoridades encargadas de la protección de la niñez. Diversos organismos internacionales han advertido que los delitos sexuales contra menores suelen permanecer ocultos durante largos períodos debido al miedo de las víctimas, la dependencia económica o emocional respecto a sus agresores y las dificultades para denunciar.

En los últimos años, Panamá ha reforzado la cooperación entre organismos de seguridad nacionales e internacionales para combatir este tipo de delitos.

Las investigaciones actuales incorporan cada vez más herramientas tecnológicas para rastrear comunicaciones, analizar dispositivos electrónicos y detectar posibles redes de explotación que operan tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.

Precisamente, la incautación de teléfonos celulares y otros equipos tecnológicos durante la Operación Pintor 2 apunta a profundizar esa línea investigativa.

Los peritos especializados deberán determinar si existe evidencia adicional que permita identificar a otras posibles víctimas o personas vinculadas con los hechos.

Las autoridades han reiterado que la protección de niños, niñas y adolescentes constituye una prioridad y que continuarán desarrollando operativos dirigidos a identificar y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad e integridad sexual de menores.

Mientras avanzan las investigaciones, el rescate de ocho menores en Barú se convierte en uno de los casos más impactantes conocidos este año en Panamá y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y denuncia de situaciones de abuso y explotación infantil.

Dos niños de 2 y 6 años quedaron bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) tras sobrevivir al ataque armado que dejó a tres personas fallecidas en la zona 3 de la ciudad, informó TV Azteca Guatemala. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 17 de junio en la 2.ª avenida y 4.ª calle.

El ataque armado se registró en la madrugada en la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, el hecho ocurrió en la 2da. avenida y 4ta. calle, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Al arribar al sitio, los paramédicos hallaron los cuerpos de dos mujeres y un hombre, todos con heridas provocadas por arma de fuego y sin signos vitales.

En el lugar, la PGN rescató a los menores dentro de un inmueble ubicado en la 16 calle y 5.ª avenida del barrio El Gallito, de acuerdo con datos de TV Azteca Guatemala. Según este medio, los atacantes ingresaron por sus víctimas y luego las asesinaron en la vía pública; dejando a los menores solos.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizaron el procesamiento de la escena. Según reportó lahora.gt, los cuerpos permanecían en la vía pública, bajo la lluvia, cuando fueron localizados. Las tres víctimas, cuyas edades oscilan entre 50 y 60 años, no han sido identificadas hasta el momento.

El área fue acordonada por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para recabar evidencias, entre las que se encontraron al menos diez casquillos de bala.

El personal de socorro verificó que el hombre se encontraba atado de las manos hacia el frente con un cable para energía eléctrica y que las víctimas estaban descalzas.

Las autoridades de la PNC y el MP permanecieron en el lugar para iniciar el proceso de investigación y trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), según detallaron medios como Chapin TV. El sector permaneció cerrado durante las diligencias, mientras equipos de investigación revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Fuentes extraoficiales citadas por Chapin TV señalaron que los presuntos autores del ataque viajaban en un vehículo negro, aunque esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades. La investigación se mantiene abierta para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

El triple homicidio se suma a una serie de ataques armados registrados en Guatemala en los últimos meses, donde la violencia se ha intensificado en distintas zonas urbanas. De acuerdo con un recuento publicado por lahora.gt, entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de abril se documentaron al menos cinco hechos armados en diferentes puntos de la capital, que dejaron una mujer fallecida y cinco personas heridas.

Los incidentes ocurrieron en zonas 1, 3, 7, 10 y 12, y las autoridades destacaron la gravedad de los ataques dirigidos contra conductores y peatones.

En otro hecho relevante, el 11 de junio de 2026, un ataque armado en el oeste de la capital dejó dos mujeres muertas y un agente de la Policía Nacional Civil herido.

Según datos de la agencia EFE, los agresores, identificados como miembros de la Mara Salvatrucha, utilizaron uniformes similares a los policiales y huyeron tras disparar a las víctimas. La PNC capturó a los responsables tras un enfrentamiento.

El Observatorio de Mujeres del Ministerio Público reporta 258 muertes violentas de mujeres en lo que va del año en Guatemala, lo que evidencia la persistencia de la violencia armada y de género.

A inicios de año, la escalada de violencia incluyó una serie de ataques dirigidos contra elementos de la Policía Nacional Civil. El 18 de enero, una ola de atentados simultáneos cobró la vida de siete agentes y dejó al menos diez heridos. Las autoridades atribuyeron estos hechos a las acciones de estructuras criminales que operan en distintas regiones del país. La situación llevó al gobierno a declarar la suspensión de clases y actividades recreativas, así como a reforzar la presencia policial en las zonas más afectadas.

El más reciente hecho en la zona 3 capitalina mantiene la atención de la opinión pública y de las autoridades, que continúan las pesquisas para establecer el móvil y dar con los responsables del triple homicidio. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público mantienen desplegado un operativo especial en el área mientras se procesan las pruebas y los testimonios recabados en la escena.

Un hombre fue localizado decapitado la noche del martes en las afueras de la comunidad portuaria de San Felipe, en Baja California, en un hecho que volvió a poner de manifiesto los niveles de violencia que persisten en la entidad y la utilización de mensajes atribuidos a grupos del crimen organizado.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 horas del 16 de junio en las inmediaciones de la colonia Las Minitas, una zona ubicada en el séptimo municipio de Baja California, donde vecinos reportaron la presencia de un cuerpo abandonado sobre un camino de terracería.

La denuncia movilizó a elementos de corporaciones preventivas y a agentes de investigación, quienes al llegar al sitio localizaron el cadáver de un hombre junto a una hielera con la leyenda de una conocida cadena comercial.

Al inspeccionar el lugar, las autoridades descubrieron que en el interior de la hielera se encontraba la cabeza de la víctima.

Además, el cuerpo presentaba otras señales de violencia, ya que tenía un cuchillo clavado en la espalda y, a un costado, fue localizada una cartulina de color blanco con mensajes amenazantes atribuidos a una facción del Cártel de Sinaloa identificada como la Chapiza.

El mensaje hacía referencia a presuntos rivales

De acuerdo con información preliminar, la cartulina contenía amenazas dirigidas a supuestos grupos rivales y advertencias sobre el control de la plaza.

El mensaje señalaba que ese sería el destino de cualquier persona que intentara alterar la tranquilidad del poblado y hacía referencia a diversos apodos relacionados con organizaciones criminales.

La cartulina concluía con la representación de una porción de pizza, un símbolo que ha sido utilizado en distintas ocasiones en mensajes atribuidos a la Chapiza, facción del Cártel de Sinaloa ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el escrito también aparecían menciones a páginas de redes sociales y espacios de denuncia ciudadana.

Las autoridades no han informado sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles personas detenidas en relación con el crimen.

Elementos de la Fiscalía estatal y peritos especializados permanecieron varias horas en el lugar realizando el procesamiento de la escena y recabando indicios que permitan esclarecer el homicidio.

Los narcomensajes se han repetido en Baja California

El caso de San Felipe se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Baja California, donde la aparición de cadáveres acompañados de mensajes atribuidos al crimen organizado se ha convertido en una práctica recurrente.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en abril pasado en la ciudad de Tijuana.

En aquella ocasión, un cuerpo sin vida con huellas de violencia fue localizado a unos metros de la comandancia de Policía de Ciudad Industrial.

Según los reportes, el hallazgo se produjo alrededor de las 23:52 horas del 15 de abril sobre las calles Uno Norte y Uno Poniente, donde agentes encontraron el cadáver de un hombre de tez morena que vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

La víctima presentaba marcas de sujeción en el cuello y junto al cuerpo fue encontrada una cartulina blanca con un mensaje amenazante aparentemente dirigido contra personas señaladas de extorsionar a comerciantes de la zona.

En ese caso tampoco se reportaron personas detenidas y la identidad de la víctima permanecía sin ser establecida.

La reiterada aparición de cuerpos acompañados de mensajes intimidatorios ha generado preocupación entre habitantes de distintas regiones de Baja California, debido a que estos hechos suelen estar relacionados con disputas entre grupos del crimen organizado, advertencias a rivales o intentos de ejercer control territorial.

En el caso de San Felipe, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad del hombre asesinado, establecer el móvil del crimen y confirmar la autenticidad y el origen del mensaje localizado en la escena.

Mientras tanto, el hallazgo del cadáver decapitado en Las Minitas se suma a la lista de episodios de violencia extrema registrados en el estado y vuelve a colocar la atención sobre la presencia y actividad de grupos criminales en la región.

La violencia volvió a irrumpir a plena luz del día en las calles de Panamá. Una niña de 10 años y su padrastro fallecieron este martes tras un ataque armado perpetrado en las inmediaciones de la Escuela República de Japón, en el sector de La Locería, corregimiento de Betania, un hecho que también dejó herida a la madre de la menor.

De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba la familia.

La niña recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital Santo Tomás, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Su padrastro también murió producto de múltiples heridas de bala.

La madre de la menor resultó herida durante el ataque y permanece bajo atención médica. Las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro.

Horas después del crimen, la Policía Nacional confirmó que el hombre fallecido mantenía antecedentes penales. Según las autoridades, había sido condenado previamente por robo a mano armada y, aproximadamente hace un mes y medio, había sobrevivido a otro atentado con arma de fuego en el que también resultó herido.

“Queremos destacar que mantenemos una línea de investigación y férreos operativos en el sector para dar con la captura de los involucrados en este hecho de sangre", señaló el subcomisionado Demetrio Martínez.

El ataque ha generado conmoción no solo por la muerte de la menor, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente entre la población: el aumento de los llamados daños colaterales en hechos vinculados a la criminalidad organizada y los ajustes de cuentas.

En los últimos meses, varios ataques armados dirigidos contra personas con antecedentes o bajo seguimiento de grupos criminales han terminado cobrando la vida de personas ajenas a los conflictos que originaron la violencia.

Uno de los casos más recordados ocurrió recientemente cuando un conductor de plataforma digital fue asesinado mientras trasladaba a un pasajero que aparentemente era vigilado por estructuras criminales.

Las investigaciones apuntaron a que el verdadero objetivo del atentado era el ocupante del vehículo, quien mantenía antecedentes delictivos.

Otro caso que generó alarma fue el de un taxista que perdió la vida luego de que los pasajeros que transportaba fueran atacados por sicarios. Nuevamente, una persona cuya actividad estaba alejada de los conflictos criminales terminó convirtiéndose en víctima fatal de la violencia.

Ahora, la tragedia golpea a una familia y tiene como rostro a una niña de apenas 10 años que se encontraba dentro de un automóvil cuando ocurrió la balacera.

Incluso durante las primeras horas posteriores al atentado circularon versiones sobre una posible segunda menor fallecida, aunque hasta el momento las autoridades únicamente han confirmado la muerte de la niña de 10 años y de su padrastro.

Las estadísticas oficiales muestran que los menores de edad continúan figurando entre las víctimas de homicidios en Panamá. Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron cuatro víctimas de entre 10 y 14 años y otras 17 entre 15 y 17 años, según cifras del Ministerio Público. En total, 21 menores de edad fueron asesinados durante los primeros cinco meses del año.

El informe también revela que Panamá registró 251 víctimas de homicidio entre enero y mayo de 2026, un incremento de 7% respecto a las 235 contabilizadas en el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentra el mayor número de casos con 112 víctimas, seguida por San Miguelito con 46 y Colón con 45.

Otro dato que preocupa a las autoridades es el predominio de las armas de fuego en estos hechos. De las 251 víctimas registradas este año, 213 murieron por disparos, lo que equivale al 85% de todos los homicidios reportados en el país.

La muerte de la menor en La Locería ocurre precisamente en medio de este escenario de violencia armada que sigue golpeando distintos sectores del país.

Aunque las investigaciones continúan y las autoridades mantienen hermetismo sobre los posibles responsables y móviles del ataque, el caso vuelve a evidenciar cómo las balas ya no solo alcanzan a quienes participan directamente en actividades criminales.

Cada vez con mayor frecuencia, conductores, familiares, pasajeros y personas que simplemente se encuentran en el lugar equivocado terminan atrapados en atentados dirigidos contra terceros.

Una realidad que incrementa la sensación de inseguridad entre los ciudadanos y alimenta el temor de que cualquier trayecto cotidiano pueda convertirse en escenario de una tragedia.

Al buscar imágenes de adultos mayores en internet, predominan escenas que reflejan estereotipos: personas de edad avanzada caminando por parques, leyendo o realizando actividades pasivas en casa. Sin embargo, esta visión dista de la realidad cotidiana de quienes integran este grupo en México, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que este sector lo conforman quienes tienen sesenta años o más. Según el INEGI, para el segundo trimestre de 2022 había en el país 17 millones 958 mil 707 habitantes en este rango, lo que equivale al 14% de la población nacional.

Pese a que la mayoría de los ciudadanos de edad avanzada son mujeres, los hombres continúan dominando la participación económica en este grupo. Por cada dos varones económicamente activos hay una mujer en la misma situación. Además, entre 2018 y 2020, el porcentaje de esta población en situación de pobreza disminuyó de 43.2% a 37.9%, de acuerdo con cifras del CONEVAL.

Violencia y desigualdad en la vejez

La legislación en México no solo ampara los derechos laborales y el acceso a programas sociales de los adultos de la tercera edad. Desde 2018, también protege a este grupo contra el daño o sufrimiento en cualquiera de sus formas: psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, e incluso la muerte, dentro o fuera del hogar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que las mujeres mayores enfrentan violencias múltiples, producto de la edad y del género. Así lo demuestra la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, que reportó una prevalencia del 14.6% de agresión ejercida por familiares o convivientes hacia mujeres de 60 años y más.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el maltrato como un desafío de salud pública. Un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica estima que uno de cada seis adultos mayores experimenta alguna forma de abuso, siendo el psicológico el más común, seguido por el físico y el económico.

Cinco prioridades mundiales para el envejecimiento saludable

La Asamblea General de Naciones Unidas, junto con la OMS, ha delineado cinco ejes para enfrentar el maltrato y promover un envejecimiento digno durante el Decenio del Envejecimiento Saludable (2021-2030):

• Erradicar el edadismo, considerado una de las causas principales de la indiferencia ante el abuso a este grupo.
• Mejorar la recopilación y calidad de datos para dimensionar el problema.
• Diseñar soluciones eficaces y ampliar su implementación.
• Promover argumentos sólidos que demuestren la importancia de invertir en la protección de las personas mayores.
• Incrementar los fondos destinados a combatir el maltrato, dado que los recursos actuales resultan insuficientes.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa fueron atacados a balazos durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Mazatlán, en un nuevo episodio de violencia que se registra en la entidad y que derivó en la captura de dos presuntos agresores, así como en el aseguramiento de armas y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que la agresión ocurrió la tarde de este martes cuando los agentes realizaban labores de reconocimiento y vigilancia en el poblado de Lomas del Rey, ubicado en la zona rural del puerto de Mazatlán.

Mediante una ficha informativa, la dependencia detalló que los elementos estatales fueron sorprendidos por sujetos armados mientras efectuaban recorridos preventivos en la comunidad.

“Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron objeto de una agresión, misma que fue repelida”, indicó la corporación en su reporte oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si algún elemento de seguridad resultó herido durante el enfrentamiento ni el número de personas que participaron en la agresión.

Dos detenidos y armamento asegurado

Como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad, las autoridades lograron la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el ataque armado.

Además, en el operativo fueron aseguradas armas de fuego y un vehículo presuntamente utilizado por los agresores. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública no ha precisado el tipo de armamento decomisado, la cantidad de armas aseguradas ni las características de la unidad vehicular.

Tampoco se ha revelado la identidad de los detenidos ni se ha informado si pertenecen a alguna organización criminal que opera en la región.

El área donde ocurrieron los hechos fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan robustecer las investigaciones.

Mazatlán y su zona rural han sido escenario de diversos hechos violentos en los últimos años debido a la presencia de grupos delictivos que mantienen operaciones en distintos puntos del estado. Ante este panorama, las autoridades estatales y federales han reforzado los patrullajes y las acciones de vigilancia en varias comunidades.

La captura de los dos presuntos agresores representa un nuevo golpe contra las estructuras delictivas que operan en la región; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el ataque contra los policías estatales.

El ataque ocurre días después del rescate de los integrantes de “Bola Costera”

La nueva agresión contra fuerzas de seguridad ocurre apenas unos días después de otro caso que mantuvo en alerta a las autoridades de Sinaloa: la desaparición y posterior localización con vida de seis integrantes del grupo de creadores de contenido conocido como “Bola Costera”.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa confirmó que los seis hombres fueron encontrados con vida luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el miércoles 10 de junio.

De acuerdo con la información oficial, los creadores de contenido fueron localizados dentro de la misma unidad en la que viajaban cuando desaparecieron.

Las autoridades señalaron que el hallazgo ocurrió sobre la carretera federal México 15, específicamente en el kilómetro 261+800, en dirección al municipio de Mazatlán.

El caso generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y despertó preocupación entre la población y la comunidad digital, debido a que los jóvenes son conocidos en redes sociales por la producción de contenido relacionado con actividades recreativas y la vida cotidiana en la región.

Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni las condiciones en las que fueron encontrados, el caso volvió a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrenta Sinaloa.

La agresión registrada este martes en Lomas del Rey se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en el estado y evidencia la complejidad del panorama de seguridad en la entidad, donde las fuerzas estatales mantienen operativos permanentes para contener la actividad de grupos armados y reforzar la vigilancia en zonas consideradas de riesgo.

Las investigaciones sobre el ataque a los policías estatales continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más información sobre los detenidos, el armamento asegurado y las posibles líneas de investigación relacionadas con este nuevo episodio de violencia en Mazatlán.

La violencia contra las mujeres continúa mostrando señales de alarma en Panamá. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 11 víctimas de femicidio, una cifra que representa un aumento de 57% en comparación con los siete casos reportados durante el mismo período de 2025, de acuerdo con el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

El documento también revela que durante los primeros cinco meses del año se contabilizaron 12 tentativas de femicidio y cinco muertes violentas de mujeres que, tras la evaluación de los fiscales y la aplicación de la Ley 82, no fueron clasificadas como femicidios.

Las estadísticas reflejan que marzo fue el mes más crítico, con cuatro femicidios registrados. En abril y mayo se reportaron dos casos cada mes, mientras que enero cerró con una víctima y febrero con dos.

En paralelo, las tentativas de femicidio alcanzaron su punto más alto en enero, cuando se documentaron seis casos.

Los datos oficiales muestran además que Panamá y Panamá Oeste concentran la mayor cantidad de víctimas. La provincia de Panamá acumula tres femicidios, cuatro tentativas y cuatro muertes violentas de mujeres.

Panamá Oeste registra tres femicidios y tres tentativas, mientras que San Miguelito suma dos femicidios y una tentativa. Chiriquí, Coclé y Colón reportan un femicidio cada una.

Al analizar las edades de las víctimas, el informe revela que los grupos de 18 a 24 años y de 35 a 39 años son los más afectados, con tres femicidios cada uno.

También se registraron víctimas adolescentes de entre 10 y 14 años y de 15 a 17 años. Las tentativas de femicidio se concentran principalmente entre mujeres de 30 a 34 años.

Otro aspecto relevante es el método utilizado para cometer estos delitos. Las armas de fuego fueron empleadas en seis de los once femicidios registrados, convirtiéndose en el principal mecanismo utilizado por los agresores.

Adicional, se reportaron dos casos por asfixia mecánica, uno con arma blanca, uno por incendiarismo y otro que permanecía sin determinar al momento de la elaboración del informe. En las tentativas de femicidio predominó el uso de armas blancas, presentes en ocho de los doce casos contabilizados.

El incremento observado durante 2026 se produce a pesar de los esfuerzos institucionales dirigidos a combatir la violencia de género.

Las cifras del Ministerio Público muestran que las tentativas de femicidio aumentaron 33% respecto al año anterior, al pasar de nueve a doce casos, mientras que los femicidios crecieron de siete a once.

La preocupación aumenta al considerar que junio ya registra nuevos hechos violentos contra mujeres. Uno de los casos más recientes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental, pese a que existía una orden de alejamiento vigente en favor de la víctima.

El crimen volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo previamente identificadas.

A este caso se suma una investigación por femicidio y tentativa de femicidio ocurrida el pasado 7 de junio en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito. En ese hecho una mujer perdió la vida y otra resultó herida por impactos de arma de fuego.

Las autoridades informaron recientemente sobre la aprehensión de un quinto presunto implicado, quien fue capturado en el mismo distrito como parte de las diligencias desarrolladas por los organismos de seguridad y el Ministerio Público.

Las autoridades también mantienen investigaciones relacionadas con otras formas de violencia contra las mujeres. En el marco de la Operación Patiño, unidades policiales capturaron en el corregimiento de Las Cumbres a un hombre de 26 años requerido por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de lesiones psicológicas.

La aprehensión se produjo mediante una diligencia de allanamiento en la barriada Cumbres del Norte, donde además fue decomisado un teléfono celular vinculado a la investigación.

Especialistas en violencia de género han advertido que los femicidios representan el desenlace más extremo de un ciclo de agresiones que suele iniciar con violencia psicológica, amenazas, hostigamiento o agresiones físicas previas.

Por ello, insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento de medidas de protección y atención integral a las víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones de los casos recientes, las estadísticas oficiales reflejan que la violencia feminicida continúa siendo uno de los desafíos más complejos para las autoridades panameñas.

Las cifras de 2026 cobran mayor relevancia al compararse con el comportamiento observado durante todo 2025. El año pasado cerró con 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas de mujeres no clasificadas bajo esta figura penal.

Aunque los femicidios disminuyeron 13% respecto a 2024, las tentativas se duplicaron al pasar de nueve a 18 casos, una señal que ya anticipaba la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país.

Con 11 víctimas registradas entre enero y mayo y nuevos casos reportados durante junio, el país enfrenta un panorama que mantiene encendidas las alertas sobre la protección de las mujeres y la necesidad de reforzar las acciones de prevención y justicia.

Un hombre de 31 años sufrió graves heridas en la cabeza después de ser atacado con un ladrillo durante una pelea callejera en Guaymallén, provincia de Mendoza. El episodio tuvo lugar la noche del lunes 15 de junio en plena vía pública, en la esquina de las calles Solari y Famatina, donde la víctima intentó escapar. La secuencia, de una violencia inesperada, despertó alarma entre los vecinos que presenciaron parte de lo ocurrido y que dieron cuenta del nivel de inseguridad que atraviesa la zona.

De acuerdo con El Sol, el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad domiciliaria ubicada en las inmediaciones del lugar del ataque. Las imágenes, que luego fueron analizadas por las autoridades, muestran cómo la víctima corría desesperadamente por la calle, en un intento por alejarse de su perseguidor. El atacante, identificado como un joven de 28 años, logró alcanzar al hombre de 31 a pocos metros y le arrojó un ladrillo que impactó de lleno en su cabeza, provocando que el hombre cayera al suelo.

Tras el impacto, el agresor no se detuvo: continuó la golpiza con patadas y puñetazos, lo que agravó aún más el estado de la víctima. La madre del herido fue quien alertó a la policía a través de una llamada de urgencia al 911, tras encontrar a su hijo con lesiones severas. El ataque se produjo en el marco de una pelea callejera y la rápida intervención de las autoridades permitió recolectar pruebas en la escena.

A pesar de la gravedad del golpe sufrido, la víctima logró trasladarse por sus propios medios a la guardia del Hospital Central. Allí, el personal médico le diagnosticó un traumatismo de cráneo severo y, debido a la evolución de su cuadro, dispuso su internación inmediata en la Unidad de Terapia Intensiva. Según los últimos partes médicos, el paciente permanece bajo estrictos cuidados, con pronóstico reservado y riesgo vital, situación que mantiene en vilo a su familia y allegados.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa Departamental de Guaymallén y la Unidad Fiscal de Homicidios. El análisis de los registros fílmicos fue determinante para identificar y detener al presunto atacante, quien quedó imputado en la causa y a disposición de la Justicia. Fuentes policiales no descartaron la hipótesis de un ajuste de cuentas como móvil del ataque, aunque la pesquisa continúa abierta y no se han precisado detalles sobre las circunstancias previas a la agresión. También intervino Policía Científica para recabar pruebas complementarias en el lugar.

La rápida intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la Unidad Fiscal de Homicidios resultó decisiva para identificar al presunto agresor. El joven de 28 años fue arrestado poco después y quedó imputado por tentativa de homicidio, a la espera de la evolución clínica de la víctima, que podría modificar la carátula judicial.

El violento episodio generó gran preocupación en la comunidad local, por la brutalidad de los hechos en plena vía pública y por el estado de salud de la víctima. Según los últimos partes médicos, el estado clínico del hombre sigue siendo crítico, mientras tanto la familia aguarda novedades sobre su evolución. Los traumatismos de cráneo severos suelen requerir monitoreo neurológico continuo, ya que existe riesgo de hemorragias, edema cerebral y deterioro repentino del estado de conciencia durante las primeras horas posteriores a la lesión.

El sospechoso permanece detenido en la Comisaría 25 de Guaymallén. La investigación sigue en curso para determinar la motivación exacta del ataque y si existen otros implicados en el episodio. Mientras tanto, las autoridades continúan con la pesquisa y no descartan nuevas medidas a partir del avance de la causa y de los testimonios que puedan sumarse en los próximos días.

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En inmediaciones de Metro Insurgentes...

Personal de la Alcaldía Cuauhtémoc arribó a la calle Génova para realizar un operativo que derivó en una riña con comerciantes de la zona. Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron en el interior del lugar a personal de la Policía Auxiliar y de la propia demarcación.

Como resultado de los hechos, fue detenido un hombre de 30 años de edad, quien será presentado ante el agente del Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones correspondientes.

Aseguran equipo táctico y ponchallantas en Michoacán

En la localidad de Río de Parras, perteneciente al municipio de Queréndaro, Michoacán, fue asegurado material táctico y armamento.

Durante el operativo, las corporaciones participantes lograron asegurar equipo táctico, cargadores, cartuchos útiles y artefactos ponchallantas.

Controlan incendio en Tlaquepaque, Jalisco

Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque atendieron un incendio registrado en una bodega ubicada sobre la Avenida Jesús González Gallo, a la altura de El Álamo, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. La respuesta al siniestro fue realizada en coordinación con los cuerpos de Protección Civil de Guadalajara, El Salto y del gobierno estatal.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que no había personas al interior del inmueble al momento del incendio, y las autoridades descartaron riesgo de explosión en el lugar.

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Padre buscador entrega carta a la Selección Mexicana para que visibilicen problemática de desaparecidos

Gustavo Hernández, padre buscador, compartió una carta a la Selección Mexicana para que pueda visibilizarse el problema de las personas desaparecidas en el país.

“Los ojos del mundo están sobre ustedes, les ruego que ocupen su voz y su corazón para que todos conozcan los nombres y la historia de nuestros hijos desaparecidos”, es parte del mensaje del padre buscador.

Realizan cateos simultáneos en Quintana Roo tras rescate de siete mujeres

La Fiscalía General del Estado ejecutó cinco órdenes de cateo de forma simultánea en inmuebles del municipio de Benito Juárez, como parte de una investigación por el presunto delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, tras la localización de siete mujeres identificadas como posibles víctimas.

En el inmueble ubicado en la calle 46 de la Supermanzana 213, los agentes aseguraron documentos personales a nombre de una mujer, una computadora, una tarjeta micro SD, aparatos eléctricos para masajes, una terminal bancaria y diversos juguetes sexuales.

En una vivienda de la calle Géminis, en la Supermanzana 41, el personal de la Fiscalía localizó dos computadoras laptop, una licencia de conducir a nombre de un masculino, un teléfono celular y documentos personales a nombre de una mujer.

Una tercera diligencia tuvo lugar en un domicilio de la calle Isla Fuji, en el condominio Paraíso Cancún, de la Supermanzana 317. Aunque en ese inmueble no se hallaron indicios directamente relacionados con el delito investigado, fue asegurado por figurar como propietario Eduardo “N”, quien ya se encuentra vinculado a proceso por ese ilícito.

Los cateos se extendieron además a un inmueble en la avenida Nichupté, fraccionamiento Torres del Bosque II, de la Supermanzana 51, y a otro en la Privada Pomona de la Supermanzana 244.

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Articulo 19 denuncia violencia contra periodistas en Veracruz

La organización Artículo 19 destaca que el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, Veracruz, es parte de un contexto de violencia contra la prensa en la entidad, pues el homicidio se suma a la irrupción de hombres armados a la casa de la también periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, mujer que continúa desaparecida.

“En #México han asesinado a 177 periodistas desde el año 2000, esto refleja un patrón reiterado de impunidad en los crímenes contra periodistas. Además #Veracruz se mantiene como el estado más letal para la prensa, pues tan solo en esta entidad se registran 33 asesinatos”, es parte del mensaje.

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Recapturan a hombre por homicidio en Jalisco

Fue cumplimentada una orden de recaptura en contra de Humberto Leonardo “N”, sujeto que habría participado en un secuestro.

“De acuerdo con el expediente, él estaría involucrado en el secuestro de un masculino ocurrido en el municipio de Ixtlahuacán del Río en 2013″, es parte del reporte oficial.

Aunque anteriormente fue capturado por el delito referido, obtuvo su libertad en primera instancia. El fallo fue apelado por la Fiscalía del Estado y el Supremo Tribunal del Estado revocó dicha resolución, por lo que se ordenó la reaprehensión del hombre.

Sentencian a hombre por llevar marihuana en maletas en San Luis Potosí

Rolando “N” fue condenado a nueve años y cinco meses de prisión por llevar 32 kilos 213 gramos de marihuana en 48 paquetes emplayados con cinta transparente.

A dicho sujeto también se le impuso una multa de 9 mil 622 pesos, contra Rolando “N” por su participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de cannabis sativa l.

El hombre fue detenido sobre la carretera 101 Libre Huizache - Tula, Tamaulipas, perteneciente al municipio de Cerritos, San Luis Potosí, en donde, a bordo de un autobús, que salió de San Luis Potosí y con destino a Reynosa, Tamaulipas, viajaba el ahora sentenciado con la droga en maletas.

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La violencia contra las mujeres en Honduras dejó 121 femicidios en lo que va de 2026, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su directora, Migdonia Ayestas, advirtió que estos crímenes responden a estructuras de poder y desigualdad arraigadas en la sociedad.

Ayestas sostuvo que estos hechos no pueden analizarse solo desde una perspectiva criminal, ya que detrás de cada caso existen patrones culturales vinculados al control, la dominación y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Según la directora del observatorio, la violencia de género se alimenta de normas sociales que históricamente han colocado a las mujeres en condiciones de subordinación, limitado su autonomía y reforzado prácticas machistas que se reproducen desde edades tempranas.

Qué planteó la directora del observatorio

Explicó que los agresores utilizan la violencia como una herramienta para imponer autoridad y control, no solo sobre las víctimas directas, sino también como una forma de enviar mensajes de poder a su entorno social.

“El cuerpo de las mujeres es visto como un territorio que se quiere controlar. Es un mensaje de poder, una demostración de dominio que refleja una estructura de violencia mucho más amplia”, señaló Migdonia Ayestas.

Ayestas afirmó que los femicidios representan la manifestación más extrema de esta problemática y advirtió que detrás de cada caso existen historias marcadas por amenazas, agresiones previas, control psicológico, violencia económica y otras formas de abuso que muchas veces permanecen invisibilizadas.

También lamentó que gran parte de la sociedad continúe observando estas muertes únicamente como cifras estadísticas, cuando reflejan dinámicas complejas de misoginia, odio y control sobre la vida de las mujeres.

Los datos registrados en 2026

De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, durante lo que va de 2026 se contabilizan 121 muertes violentas de mujeres clasificadas como femicidios, además de tres casos adicionales que continúan bajo análisis para determinar su tipificación.

Para Ayestas, la solución no depende solo de endurecer las leyes o aumentar las penas, sino de implementar estrategias integrales que permitan atacar las causas estructurales que generan la violencia.

En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos crímenes, mejorar la capacidad de respuesta de los operadores de justicia y garantizar recursos suficientes para la atención y protección de víctimas en todo el territorio nacional.

“De nada sirven las leyes si no hay recursos. Se necesitan jueces capacitados, investigación criminal científica, presencia institucional y una respuesta efectiva del Estado”, manifestó.

Prevención, educación e impunidad

La directora del Observatorio de la Violencia también remarcó la necesidad de trabajar en la prevención desde edades tempranas. A su juicio, el sistema educativo cumple un papel fundamental para desmontar patrones culturales de discriminación y violencia que se transmiten de generación en generación.

Además, consideró indispensable involucrar a los hombres en los procesos de transformación social, con modelos de convivencia basados en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.

En Honduras, organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que uno de los principales desafíos sigue siendo la impunidad.

Aunque se han registrado avances en materia legislativa y de atención institucional, especialistas coinciden en que persisten obstáculos relacionados con la investigación de los casos, el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas.

La violencia en Honduras volvió a quedar bajo foco tras las declaraciones del sacerdote jesuita Ismael Moreno, padre Melo, quien advirtió sobre una pérdida de control del Estado frente a la criminalidad. Sus dichos se conocieron después de una masacre en Yoro, donde murieron tres personas, y en medio de 112 mujeres víctimas de muerte violenta este año.

Moreno sostuvo que la violencia se normaliza en la sociedad hondureña y advirtió sobre el riesgo de que la población se acostumbre a hechos cada vez más crueles. También reclamó fortalecer los mecanismos de justicia y garantizar que los responsables de actos criminales enfrenten las consecuencias legales.

A juicio del religioso, la violencia dejó de estar plenamente bajo control del Estado y hoy existen grupos y estructuras que ejercen poder de facto en distintos territorios del país. Según planteó, esa situación refleja debilidades institucionales y abre desafíos para la gobernabilidad y la seguridad ciudadana.

La masacre en Yoro

Las declaraciones del padre Melo coincidieron con un nuevo episodio de violencia en la aldea La Aguja, comunidad de Tulunguare, en el departamento de Yoro.

El subcomisionado de la Policía Nacional Edgardo Barahona informó que en el lugar fueron asesinadas dos mujeres y un hombre, en un hecho que investigan las autoridades.

De acuerdo con el funcionario policial, los procedimientos de levantamiento cadavérico y recolección de pruebas ya fueron completados, mientras se espera que Medicina Forense confirme oficialmente la identidad de las víctimas tras concluir los análisis correspondientes.

Las autoridades no brindaron detalles sobre los posibles móviles del crimen. El caso se suma a otros hechos violentos que mantienen en alerta a las instituciones de seguridad y a organizaciones defensoras de derechos humanos.

Violencia contra las mujeres

La preocupación también alcanza a la violencia contra las mujeres, una de las problemáticas que enfrenta Honduras.

German Licona, analista en temas de seguridad advirtió que muchos de estos crímenes están vinculados con patrones culturales arraigados, entre ellos el machismo, la discriminación y distintas formas de control ejercidas contra las mujeres.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el presente año se contabilizan más de 112 mujeres víctimas de muerte violenta en el territorio nacional.

Las estadísticas muestran que el Distrito Central registra la mayor incidencia de estos casos, seguido por Trujillo y San Pedro Sula, ciudades que figuran entre las zonas con más registros de violencia letal contra mujeres.

para el analista social Filadelfo Martínez reitera que el fenómeno requiere una respuesta integral del Estado, con acciones preventivas, atención temprana a víctimas, fortalecimiento de los sistemas de protección y mayor capacidad de investigación para judicializar a los responsables.

También señalaron que la persistencia de estos hechos muestra la necesidad de profundizar políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y promover una cultura de respeto y convivencia.

Los análisis de organismos especializados indican que muchos de estos crímenes presentan niveles elevados de violencia, lo que para los expertos constituye una señal sobre el deterioro de valores fundamentales dentro de algunos sectores de la sociedad.

Un hombre, cuyo cuerpo fue localizado calcinado en las inmediaciones de la colonia Valle de Puebla, en Mexicali, murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y diversas heridas producidas por un arma blanca, reveló el Servicio Médico Forense (SEMEFO) tras practicar la necropsia correspondiente.

El hallazgo ocurrió el pasado sábado 13 de junio, luego de que a los números de emergencia se reportara la presencia de un cadáver calcinado en el cruce de las avenidas Tierra y Libertad, en la zona oriente de la capital bajacaliforniana.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano. Al arribar, confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios.

Posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo de la escena e iniciaron las diligencias correspondientes. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de los estudios periciales y la necropsia de ley.

La víctima continúa sin ser identificada

Dos días después de su ingreso al SEMEFO, las autoridades forenses informaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, además de heridas provocadas por un instrumento punzocortante penetrante en la región torácica.

Estos resultados apuntan a que la víctima habría sido asesinada antes de que su cuerpo fuera calcinado, una línea de investigación que ahora deberá ser esclarecida por las autoridades ministeriales.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido. Los únicos datos aportados por el Servicio Médico Forense indican que se trata de un masculino de aproximadamente 1.70 metros de estatura.

El cuerpo continúa en las instalaciones del SEMEFO en espera de ser identificado y reclamado por algún familiar, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

La violencia continúa en Baja California

El caso de Mexicali se suma a otro hecho violento ocurrido en Baja California durante las últimas horas.

La mañana de este lunes, un hombre identificado como Ernestor Prado Buzo, de 53 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de un automóvil Honda en la colonia Hidalgo, en Tijuana.

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió a la altura de unas canchas de fútbol ubicadas entre las calles Vicente Suárez y Padre Kino. Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron al hombre herido dentro del vehículo. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena del crimen fueron localizados cuatro casquillos percutidos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis pericial.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado sobre la identificación o detención de los presuntos responsables del ataque. La investigación quedó a cargo de agentes de la Fiscalía General del Estado.

Las cifras de violencia en la entidad reflejan la persistencia del problema. Con este homicidio, Tijuana acumula 33 asesinatos durante junio y un total de 422 homicidios en lo que va de 2026. A nivel estatal, la cifra asciende a 667 víctimas de homicidio en el mismo periodo.

Los dos casos, ocurridos en menos de 72 horas y en distintos municipios de Baja California, evidencian el desafío que enfrentan las autoridades para contener la violencia homicida y esclarecer los crímenes que siguen cobrando vidas en la entidad.

Los homicidios volvieron a mostrar una tendencia al alza en Panamá durante los primeros meses de 2026. Las estadísticas preliminares del Ministerio Público revelan que entre enero y mayo se registraron 251 víctimas de homicidio en el país, lo que representa un aumento de 7% en comparación con las 235 víctimas contabilizadas en el mismo período de 2025.

El comportamiento mensual muestra que abril fue el mes más violento del año, con 62 víctimas, seguido por mayo con 57, marzo con 53, enero con 42 y febrero con 37. Los datos reflejan una aceleración de la violencia letal durante el segundo trimestre del año, luego de un inicio relativamente más moderado.

En mayo, varios homicidios ocurrieron en zonas de alta circulación, un patrón que elevó la percepción de inseguridad y reforzó la preocupación ciudadana por la violencia en espacios públicos.

La provincia de Panamá continúa siendo el principal foco de los homicidios en el país. Entre enero y mayo acumuló 112 víctimas, equivalente al 44.6% del total nacional.

Le siguen San Miguelito con 46 casos (18.3%), Colón con 45 (17.9%) y Panamá Oeste con 22 (8.8%). En conjunto, estas cuatro jurisdicciones concentraron cerca del 90% de todas las muertes violentas registradas en el período.

El informe también evidencia cambios importantes en algunas regiones. Chiriquí pasó de 4 víctimas en los primeros cinco meses de 2025 a 13 en 2026, un incremento de 225%. Coclé aumentó de 3 a 7 homicidios, mientras que Bocas del Toro pasó de no registrar víctimas el año pasado a contabilizar dos casos este año.

En contraste, Colón reportó una leve disminución de 49 a 45 homicidios y Veraguas pasó de cuatro víctimas a ninguna.

La mayoría de las víctimas continúan siendo hombres. De las 251 personas asesinadas este año, 235 eran del sexo masculino, lo que equivale al 94% del total. Las mujeres representaron 16 víctimas, es decir, el 6%. El Ministerio Público recuerda que dentro de las cifras generales de homicidio también se incluyen los casos de femicidio.

Otro dato que preocupa a las autoridades es la concentración de víctimas entre los jóvenes adultos. El grupo de edad de 18 a 24 años registró 67 víctimas, equivalente al 26.7% del total nacional. Le siguieron las personas de 25 a 29 años con 45 homicidios, las de 30 a 34 años con 29 y las de 35 a 39 años con 28. En otras palabras, más de la mitad de las víctimas tenían entre 18 y 39 años.

La comparación con 2025 muestra que la violencia letal se desplazó hacia edades más tempranas. El grupo de 15 a 17 años pasó de cinco víctimas el año pasado a 17 en 2026, más del triple. También aumentaron los homicidios entre personas de 18 a 24 años, que pasaron de 53 a 67 casos.

Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios. De las 251 víctimas registradas este año, 213 murieron por disparos, lo que representa el 85% de los casos. Aunque la proporción sigue siendo dominante, es ligeramente inferior a la observada en 2025, cuando las armas de fuego estuvieron presentes en el 90.8% de los homicidios.

El panorama de violencia también se refleja en otros delitos contra la integridad personal. El Ministerio Público reportó 4,722 denuncias por lesiones personales entre enero y mayo de 2026, un aumento de 34% respecto a las 3,528 registradas durante el mismo período del año anterior.

Las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí encabezaron las estadísticas de lesiones personales con 1,868, 750 y 567 denuncias, respectivamente. Además, mayo fue el mes con mayor cantidad de casos, al acumular 1,190 reportes.

Dentro de estas denuncias destacan 2,176 casos de violencia psicológica, que representan casi la mitad de todos los expedientes abiertos por lesiones personales en el país. También se contabilizaron 1,744 casos de lesiones personales simples y 640 lesiones culposas

Las cifras sugieren que, además del incremento en los homicidios, Panamá enfrenta una expansión más amplia de los hechos violentos que terminan en agresiones físicas o psicológicas. Mientras las muertes violentas aumentaron 7% en comparación con 2025, las denuncias por lesiones personales crecieron a un ritmo mucho mayor, lo que refleja una presión creciente sobre los sistemas de seguridad, investigación y atención a las víctimas.

/mexico/2026/06/16/detienen-a-rigoberto-n-presunto-lider-del-cartel-de-sinaloa-en-mapastepec-chiapas/

Queman vehículos en la México-Toluca, sería una protesta por talamontes

Fue registrada la quema de vehículos en la carretera México-Toluca, los responsables serían pobladores que buscan protestar por talamontes, los primeros reportes indican que las unidades incendiadas serían de los taladores clandestinos.

Vinculan a proceso a profesor de secundaria por abuso sexual

Víctor Iván “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, quien era su alumna en una escuela secundaria del municipio de Ecatepec.. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante un juez la posible responsabilidad del imputado en este ilícito.

La víctima era estudiante de la institución educativa de nivel secundaria donde Víctor Iván se desempeñaba como docente, lo que sitúa los hechos en un contexto de abuso de autoridad y confianza dentro del ámbito escolar.

/mexico/2026/06/10/recapturan-a-victor-n-profesor-que-admitio-un-noviazgo-con-alumna-de-14-anos-ingresa-al-penal-de-chiconautla/

/mexico/2026/06/16/don-rodo-hermano-del-mencho-obtiene-amparo-contra-vinculacion-a-proceso-por-posesion-de-armas-de-fuego/

Embajador de EEUU en México resalta entrega de hombre acusado de prostitución

La Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande entregó a un ciudadano mexicano buscado en México por los delitos de prostitución de un menor y agresión sexual. La operación fue ejecutada por las autoridades estadounidenses adscritas a la Patrulla Fronteriza, quienes procedieron a su captura y posterior transferencia a las autoridades mexicanas.

Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la acción en un mensaje en sus redes sociales.

Detienen a “Greñas” presunto integrante del CJNG en Tuzantán, Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas informó sobre la detención de un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El operativo tuvo lugar en el municipio de Tuzantán, sobre el camino que comunica la colonia Xochiltepec con Villa Hidalgo, donde los elementos de seguridad interceptaron a Carlos “N”, identificado con el alias “Greñas”, tras detectar en él una conducta inusual.

Al practicarle una inspección conforme a los protocolos establecidos, el detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

/mexico/2026/06/15/vinculan-a-proceso-a-el-repollo-operador-del-hijo-de-el-abuelo-farias-de-carteles-unidos/

Pablo Vázquez reconoce labores de policías que atendieron explosión, incendio y mujer que dio a luz

El 12 de junio, policías del Sector Coyoacán participaron en el rescate de seis personas y en las labores para sofocar un incendio en esa demarcación. Un día después, el 13 de junio, efectivos de la misma corporación trasladaron a un hombre y a un menor de edad a un hospital tras registrar quemaduras en calles de la colonia Tacubaya.

El 14 de junio, uniformados del Sector Quiroga, perteneciente a la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), auxiliaron a una mujer en labor de parto y recibieron al recién nacido, quien quedó en óptimas condiciones de salud.

Las tres intervenciones se produjeron mientras los elementos de la SSC-CDMX mantienen un operativo de seguridad vinculado al Mundial de Fútbol, sin descuidar su presencia cotidiana en calles y colonias de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México.

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Fiscalía de Tabasco reclasifica muerte de joven en como violencia familiar

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó sobre los avances de la carpeta de investigación relacionada por los hechos ocurridos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en febrero pasado, que derivaron en el fallecimiento de una estudiante de esa institución.

En el marco de la investigación, la FGET acumuló un total de 292 actos de investigación, que incluyen el análisis de 16 horas de material de 50 videos provenientes del sistema de videovigilancia de la máxima casa de estudios, la extracción del contenido del teléfono celular de la víctima, entrevistas, inspecciones técnicas y fijaciones fotográficas del lugar de los hechos.

Además, los hallazgos analizados por especialistas de la FGET fueron corroborados mediante una opinión técnica de expertos de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

El 12 de febrero de 2026 se inició la carpeta de investigación por el delito de lesiones contra quien o quienes resultaran responsables, tras registrarse el hecho en que la estudiante resultó lesionada. Las diligencias determinaron que en ningún momento se advirtió la presencia o participación de terceras personas.

El 17 del mismo mes, la víctima falleció. La necropsia de ley descartó la existencia de signos de violencia sexual y tampoco permitió afirmar la existencia de alguna agresión física.

A partir de las entrevistas y la evidencia digital recabadas, la FGET advirtió que la occisa era víctima de violencia familiar, ejercida por una persona en específico no necesariamente vinculada con su entorno más cercano. Derivado de ese hallazgo, la investigación fue reclasificada por el delito de violencia familiar

Aseguran casi 4 millones de pesos en marihuana en Quintana Roo

Personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, aseguró 332 paquetes de hierba seca color verde con características de marihuana durante el cumplimiento de una orden de cateo en el municipio de Benito Juárez.

La diligencia se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle De los Quetzales, entre las avenidas 145 y De los Mayas, en el fraccionamiento Barrio Maya. En ese domicilio, los agentes participantes localizaron y aseguraron las 332 bolsas de hierba verde y seca, cada una con un peso aproximado de 500 gramos, lo que arroja un total de 166 kilogramos, equivalentes a 6 mil 640 onzas. Con un precio de mercado de 600 pesos por onza, el valor total del cargamento asciende a 3 millones 984 mil pesos.

Al concluir el operativo, los policías procedieron a colocar los sellos de aseguramiento en el inmueble, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades.

Aseguran más de 110 mil litros de huachicol en Guanajuato

Agentes de seguridad incautaron más de 110 mil litros de hidrocarburo en Guanajuato, además de un tractocamión cisterna y una decena de contenedores de alta capacidad en la comunidad de San José de los González, en Abasolo.

Ciertos contenedores tenían fugas y representaban un riesgo, según destacaron las autoridades.

"En lo que va de la administración se han asegurado 6 millones 785 mil 236 litros de hidrocarburos y derivados, con un valor superior a 162 millones de pesos, además de inhabilitar 62 tomas clandestinas en distintos municipios del estado“, escribió la cuenta de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Condenan a 87 años de cárcel a exministerial por desaparición de dos personas en Cancún

Un exagente ministerial identificado como Jorge Luis Fonseca Contreras fue sentenciado a 87 años y seis meses de prisión por la desaparición de una pareja ocurrida en Cancún en febrero de 2020. De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron privadas de la libertad por un grupo de hombres armados que presuntamente simuló un operativo policial cuando se encontraban en un centro nocturno del municipio de Benito Juárez. Aunque la Fiscalía mantuvo en reserva sus identidades durante el proceso, reportes periodísticos las identificaron como Jorge Armando Kiau Rodríguez y Diana García Rivera. El condenado fue detenido en Chiapas en diciembre de 2023 y, además de la pena de prisión, deberá pagar una multa superior a 1.2 millones de pesos; sin embargo, el paradero de ambas personas sigue siendo desconocido.

Cateo en Coyoacán deja detenido a presunto líder de La Unión Tepito en CDMX

Un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, derivó en la detención de Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula de La Unión Tepito, en un operativo relacionado con narcomenudeo. De acuerdo con las autoridades, el detenido estaría vinculado con homicidios, extorsión y otros delitos de alto impacto en distintas alcaldías de la capital, mientras que en el lugar fueron asegurados dos vehículos de alta gama y otros indicios que quedaron bajo investigación ministerial.

Detienen a mujer al intentar ingresar marihuana al Reclusorio Norte

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 50 años que presuntamente intentó ingresar un envoltorio con hierba verde con características de marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El hecho ocurrió durante los filtros de ingreso al centro penitenciario, cuando personal de custodia notó que la mujer mostraba nerviosismo e intentaba evitar la revisión, por lo que fue sometida a una inspección en la que se le encontró el paquete oculto entre su ropa interior. Tras el hallazgo, fue detenida en el lugar y puesta a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Detienen a pasajero con arma en el AICM en vuelo con destino a Tijuana

Un pasajero que viajaba con destino a Tijuana fue detenido este 14 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que personal de seguridad detectó un arma de fuego durante una revisión de equipaje en los filtros de inspección.

El hombre fue puesto a disposición de autoridades federales para determinar su situación jurídica, mientras que no se han informado detalles sobre el tipo de arma localizada ni si contaba con permisos para su portación o traslado.

Violencia en Escuinapa provoca segunda marcha por la paz, habitantes exigen acciones a autoridades

Habitantes de Escuinapa, Sinaloa, realizaron una segunda marcha por la paz en menos de quince días para exigir el cese de la violencia en el municipio, donde recientes hechos han incluido asesinatos de civiles y episodios de desplazamiento forzado. La movilización fue encabezada por el colectivo Orquídeas Moradas, familiares de personas desaparecidas y ciudadanos, quienes caminaron este domingo 14 de junio por distintas calles hasta llegar a la Presidencia Municipal, donde pidieron a las autoridades estatales reforzar la seguridad y atender la crisis con acciones concretas. Durante la protesta, los participantes lanzaron consignas para exigir justicia y mayor presencia institucional, en un contexto marcado por ataques armados recientes, entre ellos la agresión en la que murieron una menor de edad y su tío, así como la explosión de un vehículo en la carretera federal México 15.

Operación Restitución supera los 2 mil inmuebles asegurados en Edomex, más de mil ya fueron devueltos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la Operación Restitución acumuló 2 mil 163 inmuebles asegurados por presuntos casos de despojo y delitos contra la propiedad, de los cuales mil 263 ya fueron restituidos a sus propietarios en 79 municipios. Tan solo entre el 6 y el 12 de junio, autoridades federales, estatales y municipales realizaron 13 cateos y 38 inspecciones en 20 demarcaciones, acciones que derivaron en el aseguramiento de 51 inmuebles, entre viviendas y predios. La estrategia, desplegada desde mayo de 2025, busca recuperar propiedades con denuncias de ocupación ilegal mediante operativos coordinados y técnicas de investigación.

Según la versión de sus padres, el adolescente fue intervenido durante la madrugada del sábado y trasladado a la dependencia policial sin que la familia fuera notificada. Dos días después, al acudir a la comisaría de Manchay tras conocer su paradero por vecinos de la zona, encontraron al menor inconsciente dentro de la carceleta policial. Aunque fue llevado a un establecimiento de salud cercano, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Familia denuncia golpes, omisión de aviso y una intervención llena de irregularidades

De acuerdo con el testimonio del padre, el adolescente había salido a una reunión con una amiga de colegio cuando fue acusado de haber ingresado a una vivienda con la intención de sustraer objetos. Tras la denuncia, personal de Serenazgo lo retuvo y luego fue trasladado a la comisaría de Manchay. Sin embargo, la versión de la familia es que nunca recibieron una llamada, notificación o visita oficial para informarles sobre la intervención.

Según relataron ante cámaras de Latina Noticias, recién tomaron conocimiento del paradero del menor gracias a vecinos que lo habían visto en un patrullero. A partir de ahí, acudieron a la dependencia policial, donde hallaron un panorama que califican de alarmante: el adolescente tenía visibles golpes en el cuerpo, llevaba la ropa rota y no tenía algunas de sus pertenencias, como zapatillas y medias. También afirmaron que el joven les alcanzó a decir que estaba siendo agredido dentro de la carceleta.

El padre aseguró que, al verlo en esas condiciones, pidió explicaciones a los efectivos, pero no recibió una respuesta clara. Incluso señaló que no logró hablar con el comisario, porque este no se encontraba en el lugar, mientras los agentes presentes se limitaban a decir que el caso sería visto por el personal de turno.

Otro de los puntos que ha despertado dudas es la aparición de una constancia de buen trato entre las pertenencias del adolescente. La familia sostiene que el documento no tenía la firma del joven, sino solo una huella dactilar, por lo que creen que pudo haber sido colocada cuando ya no estaba con vida.

Fiscalía de Lurín abre investigación y familia espera peritajes que aclaren la muerte

La situación se agravó cuando la familia lo encontró inconsciente dentro de la dependencia policial y exigió que fuera trasladado de inmediato a una posta médica. Según el relato del padre, el traslado no fue inmediato y los agentes alegaron demoras como la falta de llave del patrullero o la ausencia de orden para moverlo. Finalmente, el adolescente fue llevado en la tolva de una camioneta policial a un establecimiento de salud cercano, donde solo se confirmó su fallecimiento.

Los familiares también señalaron que, durante la madrugada, solicitaron que se practique una necropsia, pero les indicaron que debían esperar el traslado a la morgue y la intervención de la Fiscalía. De acuerdo con su testimonio, el Ministerio Público llegó recién varias horas después, cuando el cuerpo del menor ya había permanecido en la posta médica por un largo periodo.

Ante estos hechos, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de homicidio. Como parte de las diligencias, se dispuso el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones a los familiares y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la secuencia de lo ocurrido desde la detención hasta el hallazgo del menor.

La familia insiste en que el adolescente no debió permanecer en las condiciones en las que fue hallado y cuestiona que no se hayan respetado los protocolos básicos de custodia para un menor de edad. También demandan que se revise el papel de los efectivos que estuvieron de turno en la dependencia policial y que se determine quién autorizó o permitió los actos que hoy forman parte de la denuncia.

Entre los testimonios recogidos, los padres describieron al joven como un muchacho estudioso, con talento para la música y con aspiraciones de convertirse en arquitecto. Según contaron, participaba en actividades artísticas y tenía proyectos personales que quedaron truncos tras su muerte.

El Ministerio Público confirmó que los casos judicializados están vinculados con violencia intrafamiliar, agresiones sexuales e incumplimiento de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales.

La violencia doméstica figura entre los delitos más denunciados. Según los registros del Ministerio Público, más de medio centenar de requerimientos presentados este año corresponden a ese delito.

Las estadísticas también incluyen procesos por violencia contra la mujer, violación, hostigamiento sexual y agresiones sexuales. Muchos de esos expedientes continúan en distintas etapas procesales y siguen pendientes de resolución en los tribunales competentes.

Incumplimiento de medidas judiciales

Otro grupo de causas corresponde al delito de quebrantamiento de medida o condena. La Fiscalía reportó más de un centenar de acciones penales contra personas que incumplieron disposiciones impuestas por los juzgados, en su mayoría en casos vinculados con violencia contra la mujer.

Esas medidas suelen derivarse de sentencias o resoluciones judiciales que fijan obligaciones específicas para los agresores. Cuando esas disposiciones se incumplen, pueden dar lugar a nuevos procesos penales.

Entre las medidas ordenadas por los tribunales figuran trabajos comunitarios orientados a generar responsabilidad social por parte de los infractores. Esas tareas incluyen limpieza de espacios públicos, mantenimiento de áreas verdes, chapeo de terrenos y otras labores coordinadas por autoridades municipales o policiales.

Según el Ministerio Público, numerosos condenados incumplieron esas obligaciones, lo que provocó la apertura de nuevos expedientes judiciales por desacato a disposiciones emitidas por jueces. Las cifras muestran una mayor incidencia de ese comportamiento entre febrero y mayo.

Capturas y contexto nacional

Como parte de las acciones de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, los agentes de tribunales solicitaron órdenes de captura en decenas de expedientes en los que había elementos suficientes para requerir la detención de los acusados.

En otros casos, se optó por la citación formal de los imputados para garantizar su comparecencia ante las autoridades judiciales y continuar el debido proceso.

En paralelo, las cifras judiciales difundidas por el Ministerio Público se conocen en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras. De acuerdo con registros del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, más de 112 mujeres fueron asesinadas durante lo que va del año.

En muchos casos de femicidio tienen antecedentes de violencia física, psicológica, económica o sexual, que en distintas ocasiones fueron denunciados previamente o permanecieron sin visibilidad dentro del entorno familiar y comunitario.

Pese a los avances registrados en los tribunales, especialistas en derechos humanos sostienen que el desafío va más allá de las condenas judiciales. Consideran que la reducción de la violencia contra las mujeres requiere fortalecer la educación preventiva, ampliar los mecanismos de protección para las víctimas y garantizar una respuesta oportuna de las instituciones encargadas de atender las denuncias.

Mientras los procesos judiciales avanzan en los tribunales sampedranos, las estadísticas continúan reflejando la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre la violencia de género. Cada requerimiento fiscal y cada sentencia representan no solo una acción legal, sino también un esfuerzo por garantizar que las víctimas encuentren respuestas en el sistema de justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Más de seis años después de la desaparición de una pareja que fue sacada por la fuerza de un centro nocturno en Cancún por un grupo que, presuntamente, simuló un operativo policial, un exagente ministerial fue condenado a 87 años y seis meses de prisión por su participación en los hechos. A pesar de la sentencia, el paradero de las víctimas continúa siendo desconocido.

La condena fue impuesta a Jorge Luis Fonseca Contreras, luego de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo acreditó su responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de un millón 216 mil 320 pesos y una reparación del daño de 623 mil 493.20 pesos por cada una de las víctimas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de febrero de 2020 en el municipio de Benito Juárez. Las dos personas se encontraban en el bar Imperio Night Club cuando un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó al establecimiento y las privó de la libertad.

Aunque la Fiscalía mantuvo bajo reserva la identidad de los agraviados durante el proceso judicial, reportes periodísticos publicados en Quintana Roo los identificaron como Jorge Armando Kiau Rodríguez y Diana García Rivera, ambos de 22 años al momento de su desaparición.

Información difundida por familiares señaló que los jóvenes fueron sacados del establecimiento y trasladados en distintas camionetas con dirección a la delegación Alfredo V. Bonfil. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticia sobre su ubicación.

El caso generó cuestionamientos por el presunto involucramiento de agentes ministeriales

La desaparición cobró relevancia pública debido a las denuncias realizadas por familiares de las víctimas, quienes señalaron desde los primeros meses de la investigación la posible participación de elementos ministeriales en los hechos.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, evidencia audiovisual y diversa información proporcionada por Luisa Rodríguez Castro, madre de Jorge Armando, no fue incorporada inicialmente a la carpeta de investigación. La familia impulsó diversas acciones legales para que el caso fuera investigado bajo la hipótesis de desaparición forzada debido al presunto involucramiento de servidores públicos.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que Jorge Luis Fonseca Contreras conocía la ubicación de las víctimas dentro del centro nocturno y que presuntamente acordó actuar en su contra junto con Roberto “N”, alias “Puebla”, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso.

Según la Fiscalía, entre los posibles móviles identificados durante las indagatorias figuraban conflictos personales, problemas económicos y un atentado que el ahora sentenciado sufrió en abril de 2019, hecho que atribuía a la víctima masculina.

Fue detenido en Chiapas casi cuatro años después de los hechos

La captura de Jorge Luis Fonseca Contreras ocurrió el 30 de diciembre de 2023 en el municipio de Pichucalco, Chiapas, donde agentes cumplimentaron una orden de aprehensión relacionada con la desaparición de la pareja.

Tras su detención fue trasladado para enfrentar el proceso penal que concluyó con una sentencia condenatoria de 87 años y seis meses de prisión.

Aunque el fallo representa un avance judicial en el caso, la investigación continúa abierta respecto al paradero de Jorge Armando Kiau Rodríguez y Diana García Rivera, quienes permanecen desaparecidos desde aquella madrugada de febrero de 2020.

La disputa entre bandas criminales por el control de rutas de contrabando de licores y cigarrillos en la Zona Sur de Costa Rica dejó en el último año intercambios de disparos en carretera y tentativas de sicariato, según un informe confidencial de inteligencia policial retomado por CR Hoy.

Las organizaciones que se enfrentan en la zona optaron por no denunciar los ataques ante la Policía por temor a que la identificación de sus miembros exponga sus operaciones.

Así lo explicó Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública, al señalar la ausencia de denuncias formales en los registros policiales recientes.

Cómo operan las redes de contrabando en la Zona Sur

El informe policial detalla el funcionamiento de la estructura criminal, que inicia en Paso Canoas, del lado panameño, donde se adquieren los productos ilícitos.

Desde allí, el traslado sigue hacia casas de seguridad en Corredores y Osa, que sirven como puntos de acopio inicial, antes de llegar a una bodega central ubicada en Chacarita de Piedras Blancas de Osa.

El núcleo logístico de la organización permite la distribución directa hacia varias regiones del país, entre ellas San José, Alajuela, Quepos, Ciudad Quesada, La Fortuna y Liberia. Para movilizar los cargamentos, las bandas aprovechan las rutas Interamericana Sur y Costanera Sur con una red de transporte que busca evadir los controles policiales.

Las autoridades intensificaron los operativos móviles en las vías principales con distintos cuerpos de seguridad y unidades especializadas. El objetivo es restringir el paso de cargamentos ilegales y debilitar las rutas críticas del contrabando.

Los reportes de inteligencia señalan que los hechos violentos están directamente relacionados con la pugna por el control territorial y de clientes, y que el fenómeno evolucionó de un problema aduanero a una crisis de seguridad vinculada al crimen organizado.

Marcas y vínculos con el crimen organizado

Los decomisos realizados en operativos permitieron identificar marcas registradas como Fisher, que aparecen tanto en comercios legales como en cargamentos ilegales. También figuran otras marcas, entre ellas Gold City, Índigo y Silver Elephant, que se comercializan al margen de los controles fiscales y sanitarios y son frecuentes en los hallazgos de la Policía de Control Fiscal.

El Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio documentó la presencia extendida de estas marcas y las vinculó al contrabando y a las estructuras criminales que lo manejan.

Según los cuerpos de seguridad, el contrabando de cigarrillos ya no es una actividad aislada, sino que forma parte de las redes de narcotráfico y lavado de dinero que operan en el país.

El caso de “Diablo” y la dimensión transnacional

Dentro de las investigaciones más recientes aparece el caso del grupo liderado por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, quien permanece prófugo y figura en los registros oficiales como uno de los principales capos de Costa Rica. Las autoridades atribuyen a esta organización el uso del contrabando de cigarrillos para legitimar recursos de origen ilícito.

Durante los últimos operativos contra esta estructura, la Policía incautó cigarrillos, drogas, armas y dinero en efectivo, lo que confirma la convergencia entre los mercados ilegales de tabaco y narcóticos.

La información de inteligencia indica que estas redes criminales establecieron alianzas con grupos en Panamá para facilitar la entrada de mercancía ilegal a Costa Rica.

CR Hoy reveló que la organización de Arias Monge utiliza estos vínculos para importar y distribuir cigarrillos de contrabando, con un esquema transnacional.

A quince días de la primera marcha, pobladores del municipio de Escuinapa, Sinaloa, realizaron una segunda movilización para exigir paz ante el aumento de la violencia en la región que ha provocado asesinatos y hasta desplazamiento forzado.

La marcha fue encabezada por el colectivo Orquídeas Moradas, familiares de personas desaparecidas del municipio y ciudadanos, quienes salieron la tarde de este domingo 14 de junio para hacer un llamado tanto a los pobladores como a las autoridades para no ser indiferentes ante la inseguridad.

“Escuinapa no se calla, quiere paz y la reclama.. El pueblo está presente por la paz de nuestra gente... Señor, señora, no sea indiferente, se mata a escuinapenses en la cara de la gente”, fueron algunas de las consignas de los ciudadanos para demandar seguridad ante los recientes hechos violentos.

De la explosión de un coche al asesinato de una menor de edad y su tío: la violencia en Escuinapa que no cesa

Y es que el pasado lunes fueron atacados a balazos tres integrantes de una familia que se movilizaban en una motocicleta para acudir a un hospital por una picadura de alacrán.

Al pasar a un costado de un gasolinera, fueron agredidos a tiros, lo que provocó que una niña de 14 años, llamada Grecia, y su tío murieran, mientras que la esposa del hombre resultó gravemente herida.

Un día después de los hechos, el 9 de junio, se registró la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15 que no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Este hecho ocurrió en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para atender las demandas de reforzamiento de la seguridad.

Cerca de 50 personas se manifiestan para pedir paz y responsabilidad a la gobernadora ante la crisis

Habitantes de Escuinapa marcharon por las avenidas Occidental, Francisco Pérez y Miguel Hidalgo, además de que pasaron a unos metros del lugar donde fueron asesinados la menor de edad y su tío.

La movilización continuó hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde los participantes y la fundadora del colectivo Orquídeas Moradas, Blanca Aurora Peraza, se pronunciaron sobre la necesidad de medidas eficientes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad.

Respecto a la situación de violencia, la fundadora señaló que el asesinato de Grecia y su tío provocó que finalmente la gobernadora se enterara de la inseguridad que viven, pero destacó que debería ser su sentido de responsabilidad la que dirija su actuar en beneficio de los sinaloenses.

“(La gobernadora) había argumentado días antes que nadie le había notificado (de la situación de violencia), que incluso el presidente no le pidió ayuda. Yo creo que no se trata de que se vaya y se plante el presidente o de que tenga que salir el pueblo a alzar la voz o a recordarle toda la sangre que se tira en estos municipios, yo creo que se trata de un tema de responsabilidad y sobre todo de un sentido humano”, comentó frente a la Presidencia Municipal.

En el sitio también realizaron un pase de lista de alrededor de 50 personas que se encuentran desaparecidas en el municipio. Además, pidieron que los habitantes no se acostumbren a vivir en medio de la violencia y que no la normalicen.

Luego de la visita de la gobernadora para encabezar la Mesa de Construcción de Paz junto al alcalde, Víctor Díaz Simental, los pobladores dijeron no haber visto acciones eficientes para fortalecer la seguridad en el municipio, por lo que plantearon que su movilización se convierta en un “recordatorio” para Bonilla Valverde de la necesidad de acciones para beneficio de la ciudadanía.

En su visita, la gobernadora aseguró que no dejaría solo al municipio: “Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”. Estas declaraciones se suman a las del alcalde, quien reconoció que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), detalló en días pasados que la violencia en Escuinapa ha desatado desplazamiento de familias, aunque aún no se cuenta con la documentación de los casos.

Mientras México celebra el Mundial 2026 entre protestas, entre ellos de familiares que tienen personas desaparecidas, la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a una jornada nacional para los días 20 y 21 de junio por el cuarto aniversario del Diálogo Nacional por la Paz.

En un comunicado, fechado el 14 de junio, firmado también por Jesuitas México y otras organizaciones eclesiales, subraya que recuperar la paz exige crear espacios de diálogo donde la sociedad se escuche y se reconozca. “Si no cruzamos el camino del encuentro será difícil recuperar la paz en nuestra familia, nuestro barrio o ciudad”, advierte el texto.

El comunicado señala que la violencia no solo mata o desaparece personas: también inhibe la participación social y favorece la imposición de proyectos e ideas criminales. Ante eso, la Iglesia propone que el proceso de construir la paz implica salir al encuentro de los demás para sanar, participar y tener un criterio propio.

“Construir hoy la paz implica sanar la herida de los desaparecidos, pensar en la juventud abandonada e imaginar la institucionalidad que México necesita”, dice el texto. La CEM señala que esa herida se sana con verdad, con voluntad política y reparación del daño, y que los jóvenes se incluyen con atención a sus necesidades y la creación de redes de apoyo.

En cuanto a las acciones del 21 de junio, los obispos piden que durante las celebraciones dominicales se eleve una oración especial por las familias buscadoras y que se invite a adolescentes y jóvenes a presentar las ofrendas. Lo describen como “signo de una Iglesia que reconoce su lugar y los acompaña en la construcción de esperanza”.

El comunicado también exige integridad a quienes aspiren a puestos de elección popular. “Necesitamos autoridades con libertad para poner límites a los grupos delictivos dentro y fuera de las instituciones”, afirma la CEM. La demanda de candidatos íntegros aparece como condición sin la cual, sostienen los obispos, la paz seguirá siendo inviable.

Entre las acciones que propone la CEM están:

Sábado 20 de junio

• Colocar un listón o banderín blanco en la puerta de casa, escuela o lugar de trabajo, como muestra del compromiso por la paz, el diálogo, la reconciliación o la esperanza.
• Tocar las campanas de las iglesias a las 3:00 p.m., como llamado a construir la paz a todos los sectores de la sociedad y renovar el compromiso de formar la comunidad que México necesita.

Domingo 21 de junio

• Colocar en los altares de las iglesias fotografías de personas desaparecidas durante las celebraciones.
• Elevar una oración especial por las familias buscadoras.
• Invitar a adolescentes y jóvenes a presentar las ofrendas, como signo de una Iglesia que los acompaña en la construcción de esperanza.

Días antes, el Episcopado ya había pedido que el Mundial 2026 no fuera un “distractor de los dolores”

El llamado a la jornada llega cuatro días después de que la CEM publicara un mensaje sobre la Copa Mundial de futbol 2026, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. En ese texto, los obispos pidieron que el torneo no se convirtiera en un “distractor de los dolores” del país.

Los obispos apuntaron también a las fracturas internas del país: “Vivimos muchas rivalidades que con frecuencia ensombrecen nuestra convivencia pacífica: rivalidades políticas, económicas, ideológicas, sociales, e incluso en la lucha por la vida. Estas rivalidades se pueden convertir en escuela de fraternidad en vez de rivalidades vacías”.

El llamado recoge la postura del papa León XIV, quien ha dicho que el deporte puede convertirse en escuela de fraternidad, espacio de encuentro y camino de paz.

El arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, se dirigió directamente a los jugadores del Mundial: “Ustedes tienen en sus manos una oportunidad extraordinaria, en un tiempo en el que nuestro país y el mundo necesitan reconciliación, unidad y esperanza”. Añadió que ayudar a millones de personas a recordar que es posible trabajar juntos “es una victoria que trasciende cualquier marcador y permanece en el corazón de los pueblos”.

La apertura del torneo, el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido México vs Sudáfrica —que terminó 2-0 a favor de la selección nacional—, estuvo marcada por protestas en los alrededores del estadio.

Un grupo que exige justicia por los decenas de miles de desaparecidos quitó barreras del perímetro: “¡México campeón en desaparición!”, corearon los manifestantes. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Las autoridades han subrayado que hay intereses políticos detrás de las protestas y que investigarían qué los ha motivado a emprender acciones.

Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, instaurado por la Organización Mundial de la Salud para visibilizar un fenómeno que, según un metaanálisis global, afecta a más de una cuarta parte de los adultos mayores que viven en comunidad.

La OMS aporta otros datos, uno de cada seis. De todas maneras, ambas cifras son preocupantes y más si se considera como en otras estadísticas globales, en regiones con poco registro estadístico, como es América Latina, esa cifra se presume que es mayor.

El maltrato emocional y psicológico es el más prevalente, pero el económico es el que mayor impunidad goza: un 40% de los casos de abuso patrimonial nunca llega a la justicia. Estos y otros informes ponen cifras a lo que muchas prefieren no ver.

Si bien cuando pensamos en maltrato y violencia, la imagen habitual es ligada a lo físico o negligencia en geriátricos, las formas más comunes y perniciosas, son otras, más silenciosas y difíciles de nombrar: el abuso económico cometido por familiares directos, el abandono afectivo y el aislamiento que la sociedad disfraza de “independencia” y la exclusión digital que convierte cada trámite cotidiano en un muro infranqueable.

Como en diversas áreas, el lenguaje precede al acto y en el caso del maltrato a los mayores, también el lenguaje legitima el abandono. Ya mucho antes del primer retiro indebido de una jubilación o del primer golpe, hay una capa de violencia más profunda que rara vez se nombra como tal.

Es el lenguaje que parece no aceptar lo que implica realmente y se da en los más diversos ámbitos: “Ya está grande para eso”, “no entiende”, “es mucho gasto”, “mejor que no maneje sus cosas“.

El problema de estas frases no es solo moral: es estructural. Bajo un sesgo utilitarista que asocia el valor de una vida a su capacidad de producción y consumo, la vejez deja de ser concebida como la etapa de la sabiduría acumulada para pasar a ser leída como una carga pasiva o un residuo del sistema. Esta violencia discursiva despoja a la vejez de su dimensión biográfica.

El problema es que quien es objeto de esa narrativa, termina aceptándola como razón evidente. La víctima participa en su victimización convencida de que es lógica. Así termina siendo introyectada: la persona comienza a sentir que, por el solo hecho de acumular años, su existencia ha dejado de ser prioritaria para la comunidad. Cuando ese discurso se instala en las instituciones, habilita todo lo que viene después.

La exclusión digital como estresor clínico

Según datos del INDEC y la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2022, seis de cada diez personas mayores de 65 años en Argentina no utilizan internet de forma regular. En zonas rurales, esa cifra asciende al 72%.

En un mundo donde los turnos médicos, las recetas electrónicas, los trámites previsionales y las comunicaciones familiares pasan por una pantalla, quien queda afuera del mundo digital queda afuera de la ciudadanía.

Pero la exclusión digital no es solo una incomodidad. Desde el punto de vista clínico, cuando un adulto mayor se ve forzado a interactuar con interfaces tecnológicas hostiles, turnos automáticos, validaciones biométricas que no reconocen sus rasgos, claves que vencen sin aviso, estamos ante un estresor crónico agudo que desborda sus mecanismos de adaptación y lo sumerge en un estado de indefensión aprendida.

Esta vulnerabilidad cognitiva lo expone de forma directa a la manipulación y a diversas formas de las estafas.

Un estudio longitudinal de ocho años publicado en Aging (2025), con más de ocho mil participantes mayores de 65 años, encontró que el aislamiento digital se asocia con un riesgo significativamente mayor de depresión.

La persona mayor que no puede gestionar un turno online no solo pierde un servicio: se convence de la exclusión inevitable. Esto no se trata de un problema de adaptación individual.

La forma más frecuente de maltrato a adultos mayores en Argentina no ocurre en geriátricos ni en la vía pública, sino como otra forma de abuso: intramuros. Hijos que administran sin autorización real la jubilación de sus padres. Cuidadores que vacían cuentas bancarias aprovechando la confianza y, en muchos casos, el deterioro cognitivo leve del mayor. Los que “se ocupan” y terminan siendo beneficiarios de testamentos son un clásico judicial muy frecuente.

El investigador Karl Pillemer ha documentado extensamente en un informe cómo el estrés del cuidador y las disfunciones intrafamiliares precipitan el abuso económico y patrimonial. La víctima suele guardar silencio por dependencia afectiva hacia sus propios agresores, o porque un deterioro cognitivo sutil disminuye su capacidad de resistencia jurídica.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires alertó en octubre de 2025 por un incremento de estafas cometidas por cuidadores.

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema registra que la violencia psicológica aparece en el 96% de los casos denunciados. La económica, en cambio, suele presentarse sin denuncia, muchos casos de abuso patrimonial nunca llegan a la justicia.

La soledad no elegida: un fenómeno biológico, no solo emocional

Durante años la soledad fue interpretada como un problema existencial o afectivo. Hoy sabemos que impacta también en nuestra biología. El aislamiento social crónico actúa sobre el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, desencadenando cascadas inflamatorias y un aumento del cortisol.

Diversas investigaciones demuestran una correlación directa entre la soledad prolongada y la alteración de las redes corticales, con aceleración del depósito de proteínas asociadas al deterioro cognitivo y al Alzheimer. Un metaanálisis reciente confirma que la soledad crónica eleva en un 26% el riesgo de desarrollar demencia.

La soledad no elegida no es simplemente “estar solo”. Es una forma de estrés biológico sostenido que lesiona el tejido cerebral con la misma contundencia que una patología cardiovascular mayor.

En la práctica clínica esto se observa a diario: adultos mayores que comienzan a deteriorarse aceleradamente luego de enviudar, perder vínculos o quedar aislados tecnológicamente. La desconexión afectiva termina convirtiéndose en un factor directo de neurodegeneración.

En Argentina, el Observatorio Municipal de la Soledad No Deseada de Córdoba tiene en su agenda central el estudio de la soledad y en ella un lugar central es la problemática en personas mayores.

Este observatorio organizó hace unos días en Córdoba el I Congreso Argentino sobre Soledad No Deseada, donde se presentó el primer estudio local sobre autopercepción de soledad en adultos mayores.

El interés del congreso es planteado por los organizadores diciendo que “la evidencia científica internacional ha demostrado que la soledad persistente se asocia a mayores niveles de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades crónicas".

La salud: cuando el sistema excluye a quienes más lo necesitan

Existe una paradoja inquietante: cuanto más necesita cuidado una persona, más difícil se le vuelve acceder al sistema.

En la etapa de la vida donde requieren un acompañamiento más personalizado e integral, el adulto mayor se topa con una medicina crecientemente burocratizada, fragmentada y digitalizada.

La consulta presencial, la escucha atenta y el ojo clínico humanista han sido desplazados por aplicaciones complejas, turnos automáticos y consultas exprés que ignoran la complejidad del paciente.

Autorizar una medicación, obtener una receta digital o conseguir turno con un especialista puede ser un laberinto burocrático tecnológico que transforma el derecho a la salud en un factor adicional de estrés crónico que retroalimenta la vulnerabilidad orgánica.

En muchos casos existe la idea implícita de que ciertas intervenciones “ya no valen la pena” debido a la edad del paciente. La edad comienza entonces a funcionar como criterio informal de postergación terapéutica y de optimización de recursos.

Señales de alerta: qué observar en un familiar o vecino

El maltrato a los mayores rara vez se presenta de forma espectacular. Se ve a través de cambios pequeños y progresivos: aislamiento creciente, abandono de la higiene o alimentación, miedo a hablar de dinero, aparición de “ayudantes”, personas que “la quieren mucho”, ya que “sus hijos o familiares no aparecen”.

Esas personas, expresando preocupación e interés terminan sometiendo a alguien que hasta hace poco no conocían y luego creerán que son lógicos beneficiarios de sus bienes.

Lamentablemente, también pasa con hijos en detrimento de otros. El anciano queda a merced de otros.

Todo esto, más allá de la actividad de aprovechamiento de la debilidad, somete al mayor a un maltrato acumulado.

Frente a esto hay, líneas de acción concretas: crear fiscalías especializadas en abuso económico a mayores; implementar programas municipales de “vecinos solidarios” donde un voluntario visite semanalmente a un adulto mayor solo; capacitar de forma obligatoria al personal bancario para detectar operaciones sospechosas en cuentas de jubilados y capacitar a los equipos de salud para modificar la forma de manejarse con los ancianos y acercarse en sus términos.

También generar datos locales actualizados: la ausencia de estadísticas nacionales sobre prevalencia de maltrato en Argentina es, en sí misma, una forma de negligencia institucional.

Al mismo tiempo, acercar la administración de justicia a la características de los justiciables. No podemos esperar que los ancianos denuncien y además movilicen su causa. La responsabilidad es de toda la comunidad.

Una sociedad que tolera la marginación tecnológica de sus mayores, que valida discursos que los sitúan en la categoría de lo descartable y que burocratiza el acceso a la salud hasta deshumanizarlo está incurriendo en una negligencia colectiva.

Deconstruir la retórica de la obsolescencia y humanizar el trato hacia la vejez no es un acto de caridad: es el único camino posible para preservar nuestra propia dignidad humana.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 17, en la intersección de las calles Paraguay y Baradero. Todo comenzó a raíz de una discusión por el timbre. Un pasajero le habría indicado al chofer que quería descender. Sin embargo, según relató el colectivero, el hombre nunca tocó el timbre.

“Me dijo que había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, detalló Luis Romero, en diálogo con el medio Pilar de Todos.

La discusión no terminó ahí. Cuando el colectivero se disponía a continuar el camino, notó que el pasajero volvió a subir al rodado y se dirigió directamente hacia él. Primero lo increpó y luego lo agredió físicamente. En el video que encabeza esta nota —y que fue grabado por una cámara interna del ómnibus— se observa el momento en el que el hombre se acercó al chofer y le dio varios golpes en la cabeza. Según señaló la víctima, el ataque habría sido perpetrado con una manopla.

De acuerdo a lo informado por el medio local, una mujer que había intentado frenar la golpiza, fue quien llamó al 911 y al SAME. Inmediatamente, Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde le realizaron una tomografía y confirmaron que tenía una triple fractura de pómulo derecho, con desplazamiento. Debido a la gravedad de las lesiones, también recibió suturas en el rostro. En los próximos días, los médicos de la ART deberán evaluar si tiene que ser operado.

Tras el ataque, Romero realizó la denuncia ante las autoridades policiales del Destacamento de Agustoni. Junto a delegados y autoridades de la empresa de colectivos Ruta Bus, la víctima aportó las imágenes de las cámaras de seguridad del vehículo para que las autoridades puedan identificar al agresor.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así”, lamentó el chofer. A su vez, manifestó que el agresor “tiene que pagar” por lo que le hizo.

Según indicó Romero, en diálogo con Pilar de Todos, actualmente se encuentra con la cara hinchada, no puede alimentarse normalmente y tiene la vista nublada producto de la brutal golpiza.

Un episodio similar ocurrió en el barrio porteño de Constitución. Allí, un conductor venezolano protagonizó un ataque de furia tras una discusión de tránsito con el chofer de un colectivo de la línea 60. El agresor, que conducía un Volkswagen negro, descendió de su vehículo, tomó un fierro del baúl y comenzó a romper los espejos y las ventanillas del colectivo.

El atacante, de 36 años, fue finalmente reducido y detenido por personal de la Policía de la Ciudad tras el llamado de los pasajeros al 911. El hombre quedó imputado por daños agravados y a disposición de la Unidad de Flagrancia Este.

La construcción de las masculinidades en México se vincula con la desigualdad social y la precariedad económica, factores que pueden impulsar la violencia entre los hombres, señala el doctor Rabin Amadeo Martínez Hernández, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En la conferencia virtual “Entre el silencio y la furia: Masculinidad, violencia y subjetividad”, realizado en el marco del Seminario Miradas Interdisciplinarias de la Violencia, Martínez Hernández expone que los mandatos de género tradicionales y la falta de recursos económicos moldean la identidad masculina y restringen la expresión emocional.

De acuerdo con la información de Boletines UAM, la exigencia de invulnerabilidad asignada al género masculino obliga a los hombres a renunciar al autocuidado y a ignorar síntomas físicos y emocionales. Este esquema se refuerza en contextos de vulnerabilidad, donde los varones son empujados hacia roles vinculados con la fuerza y la defensa.

Martínez Hernández sostiene que “la salud es el delator de las desigualdades sociales a nivel estructural” y que la violencia surge no como un acto individual aislado, sino como resultado de un entramado social y comunitario en el que intervienen distintos actores, incluido el Estado.

La precariedad y la desigualdad como detonantes de la violencia

El académico de la UAM advierte que la precariedad económica y la desigualdad social inciden directamente en la reproducción de dinámicas violentas entre los hombres. En su trabajo de campo con jóvenes de Guerrero que viven en ambientes agresivos, Martínez Hernández identifica que las trayectorias de vida de estos sujetos están condicionadas por estructuras económicas y sociales que limitan sus opciones y los vinculan con procesos de riesgo.

Martínez Hernández expone: “La agresión no puede entenderse solo como una conducta individual, sino como elemento de un entramado comunitario donde intervienen decisiones de política pública, distribución de recursos y desigualdades”.

El Seminario Miradas Interdisciplinarias de la Violencia, que cumple 16 años de actividad, se consolida como un espacio de análisis académico sobre las diversas expresiones de la violencia y las masculinidades en México.

Fundado en 2008 dentro de la Dirección de Antropología Física del INAH, este seminario ha convocado a especialistas de diversas áreas para discutir cómo los modelos de masculinidad y los factores estructurales configuran el comportamiento y la salud de los hombres en el país.

El Barrio Las Lomitas, en Jutiapa, fue escenario de un violento ataque armado que alarmó a los vecinos. Los residentes se alertaron al escuchar varias detonaciones en plena vía pública. Minutos después, se confirmó que una mujer de la zona había sido atacada dentro de una camioneta particular estacionada en la calle.

Al acercarse al vehículo, testigos encontraron a la joven con al menos seis heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Equipos de socorro acudieron rápidamente al lugar y constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que falleció de manera instantánea dentro del automóvil.

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo inmediato tras recibir la alerta. Durante la intervención, los agentes detuvieron a un hombre identificado como Diego “N”, de 34 años, quien presuntamente era la expareja sentimental de la víctima. En el lugar los agentes incautaron el arma de fuego utilizada para cometer el crimen. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que la investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles del caso.

Según la información preliminar proporcionada por la policía, la hipótesis principal apunta a un crimen pasional, ya que la relación entre la víctima y el detenido se encontraba bajo conflicto en los días previos al ataque. Los investigadores continúan recabando pruebas, testimonios y registros para determinar el contexto y el móvil exacto del asesinato.

La violencia de género golpea Guatemala

La violencia de género sigue siendo una preocupación grave en Guatemala, donde las cifras de denuncias de abuso sexual y agresiones contra mujeres mantienen una tendencia al alza. Durante los primeros meses de 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró 1,229 denuncias de violencia sexual a nivel nacional. Si el ritmo de reportes se mantiene, el país podría alcanzar un nuevo récord anual en este tipo de delitos.

El informe oficial indica que en 2025 se contabilizaron 4,820 denuncias, cifra superior a los 4,312 casos de 2024 y a los 4,010 reportados en 2023. Este crecimiento sostenido ha impulsado campañas de prevención y la capacitación especializada del personal sanitario que atiende a víctimas en los centros públicos.

La mayoría de las víctimas en 2026 son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. De las 1,229 denuncias presentadas en el año, 1,037 corresponden a mujeres y 192 a hombres, manteniéndose la misma proporción vista en años anteriores. El análisis por edad muestra que el grupo de 10 a 14 años concentra 389 casos, seguido por el rango de 15 a 19 años, con 332 denuncias. Entre los menores de 10 años, se han registrado 166 casos en el grupo de cinco a nueve años, y 66 en menores de cuatro años.

A partir de los 20 años, la cantidad de denuncias desciende progresivamente. Entre las edades de 20 a 24 años, se registraron 120 casos, y en el rango de 25 a 29 años, 62 denuncias. Entre los grupos de mayor edad, los registros no superan los 15 reportes por segmento etario, manteniéndose la tendencia decreciente conforme aumenta la edad de las víctimas.

Una mujer resultó lesionada y al menos cinco viviendas registraron daños por impactos de arma de fuego tras una agresión armada ocurrida la mañana de este domingo en la sindicatura de Villa Licenciado Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes obtenidos por las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 07:30 horas sobre la carretera La 50, a la altura de la salida sur de la comunidad, frente a la colonia El Tapacal y en las inmediaciones del sector Santa Natalia. Habitantes de la zona alertaron al número de emergencias tras escuchar una serie de detonaciones que interrumpieron la actividad habitual de la mañana.

La mujer lesionada fue identificada como Yasmín, de 42 años. Las primeras indagatorias establecieron que sufrió una herida ocasionada por una esquirla de bala. Personal médico confirmó posteriormente que la lesión no ponía en riesgo su vida, aunque fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Las circunstancias que dieron origen a este ataque están bajo investigación. Una de las versiones recabadas por las autoridades señala que hombres armados que viajaban en una camioneta blanca y un automóvil sedán gris realizaron disparos contra varios inmuebles ubicados en la zona. Como consecuencia, cinco viviendas presentaron daños visibles en fachadas, ventanas y puertas.

Otra línea preliminar apunta a que la balacera pudo haberse derivado de un enfrentamiento entre los ocupantes de ambos vehículos cuando coincidieron sobre la vialidad. En ambos escenarios, las autoridades señalaron que la mujer herida no estaba relacionada con los hechos y resultó afectada de manera incidental durante el episodio de violencia.

Autoridades aseguraron el perímetro: hallan casquillos percutidos

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal Preventiva y de otras corporaciones de seguridad se movilizaron hacia la sindicatura para asegurar el perímetro. La presencia de las fuerzas de seguridad se mantuvo durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y aseguraron diversos casquillos percutidos. Los indicios serán incorporados a la carpeta de investigación para identificar a los responsables.

La violencia ha generado múltiples movilizaciones de seguridad en Villa Juárez y Navolato durante 2026

La agresión registrada este domingo se suma a otros episodios violentos reportados durante los últimos meses en Villa Benito Juárez y el municipio de Navolato. La sindicatura ha sido escenario de operativos de seguridad, despliegues militares y reportes de enfrentamientos que han requerido la intervención de fuerzas estatales y federales.

Durante el primer semestre del año, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron diversos patrullajes y acciones de vigilancia en carreteras, caminos y comunidades de la región luego de reportes relacionados con la presencia de hombres armados. Algunas de estas movilizaciones se concentraron en zonas cercanas a Villa Juárez, considerada una de las comunidades más importantes del municipio.

Asimismo, en distintos puntos de Navolato se han registrado aseguramientos de vehículos con impactos de bala, localización de indicios balísticos y despliegues derivados de reportes ciudadanos sobre detonaciones de arma de fuego. Estos hechos han mantenido una presencia constante de corporaciones de seguridad en la región.

La ubicación estratégica del municipio, conectado con Culiacán y otras localidades del centro de Sinaloa, ha llevado a que forme parte de los operativos implementados por autoridades federales y estatales para reforzar la vigilancia en la entidad. Como resultado, elementos militares, Guardia Nacional y policías estatales mantienen recorridos permanentes en distintas comunidades.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar si se trató de un ataque dirigido contra las viviendas o de un enfrentamiento entre civiles armados, así como establecer las circunstancias que derivaron en las lesiones sufridas por la mujer de 42 años.

Al filo de la medianoche, elementos de la Policía Nacional se habrían enfrentado a tiros contra cinco sujetos fuertemente armados, presuntamente miembros de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, en el sector La Corrugadora, barrio La Democracia, Morales, Izabal. El percance quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según la información recopilada por las autoridades, el incidente se desató cuando los agentes policiales detuvieron un vehículo en el que se transportaban los cinco hombres. Al solicitarles sus identificaciones, los ocupantes respondieron con agresividad y comenzó un intercambio de disparos. La versión oficial señala que los atacantes utilizaron armas de alto calibre, lo que llevó a los policías a repeler el ataque.

Durante el enfrentamiento, dos agentes resultaron heridos. Las autoridades indicaron que ambos se encuentran estables y reciben atención médica en un centro hospitalario. En la escena, la policía reportó la incautación de nueve armas de fuego, que incluían tanto armas cortas como fusiles de alto poder.

La operación policial continuó en las horas siguientes. La Policía Nacional Civil (PNC) rodeó un inmueble en la misma zona y contó con el apoyo del Ejército de Guatemala. Las autoridades sospechan que en el interior de la vivienda podrían permanecer más individuos armados vinculados al grupo. El Ministerio Público gestiona actualmente una orden de allanamiento para ingresar al inmueble y proceder con las investigaciones.

Hasta el momento, la policía no ha brindado detalles sobre los motivos concretos que originaron el ataque; sin embargo, en el reporte oficial se confirmó la captura de varios sujetos y la incautación de las armas de fuego. Los detenidos son señalados de pertenecer a una estructura criminal conocida como “El Carpintero”, que estaría involucrada en actividades vinculadas al narcotráfico en varios departamentos del país.

El desarrollo del enfrentamiento quedó grabado por una cámara de vigilancia ubicada en las inmediaciones. El video muestra de tensión durante el incidente, donde se observa al menos seis agentes policiales arriesgarse al acercarse al automóvil, en medio de los disparos de los atacantes.

Segundos después, el registro audiovisual capta una serie de detonaciones provenientes de los alrededores. Los disparos obligan a los policías a buscar cobertura detrás de vehículos estacionados y una patrulla policial. Tras el intercambio de disparos, fuerzas de seguridad reforzaron el área con el despliegue de unidades especializadas y personal militar.

La presencia de las autoridades generó cierres de calles y retenes en distintos puntos de la zona. Vecinos informaron sobre la presencia de patrullas y personal policial durante varias horas, mientras continuaban las diligencias para localizar y detener a posibles cómplices de la estructura criminal.

Las investigaciones siguen en curso la mañana de este domingo, las autoridades trabajan en la identificación de todos los participantes, así como en la recolección de pruebas en la escena del enfrentamiento. La zona permanece bajo resguardo policial y militar para garantizar la seguridad y el desarrollo de las actuaciones judiciales.

Tres hombres fueron asesinados a tiros dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Monte Prieto, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del sábado se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 en la que se alertó sobre personas heridas por disparos de arma de fuego en un inmueble localizado sobre la calle Independencia, cerca del campo deportivo de la localidad.

Tras el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar la situación. Al ingresar al domicilio señalado localizaron a tres hombres con heridas provocadas por impactos de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindar atención médica a las víctimas. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que los tres hombres ya habían fallecido.

La zona fue resguardada por corporaciones de seguridad con el fin de preservar posibles evidencias. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudió al inmueble para iniciar las diligencias ministeriales y el procesamiento de la escena.

Mientras se desarrollaban las labores periciales, autoridades implementaron recorridos y acciones de búsqueda en los alrededores de Monte Prieto con el objetivo de obtener información que permitiera identificar a los responsables de la agresión. Hasta el cierre de los reportes oficiales no se había informado sobre personas detenidas.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha dado a conocer la identidad de los tres hombres fallecidos ni ha informado sobre alguna línea de investigación predominante respecto al móvil del ataque.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de los responsables en este triple homicidio registrado en el municipio de Acámbaro.

Ataques armados y enfrentamientos recientes en Acámbaro y municipios cercanos

El asesinato de tres hombres en la comunidad de Monte Prieto ocurrió en un contexto marcado por recientes hechos violentos en Acámbaro y municipios cercanos del sur de Guanajuato.

Apenas dos semanas antes, agentes de la Fiscalía General del Estado fueron atacados por civiles armados durante un operativo en la comunidad de Santiaguillo. El enfrentamiento dejó un presunto agresor muerto y un elemento de la Agencia de Investigación Criminal herido de gravedad, lo que derivó en un amplio despliegue de fuerzas estatales y federales en la zona.

Los ataques dentro de viviendas también han sido documentados recientemente en el municipio. En mayo, hombres armados ingresaron a una casa ubicada en la colonia 22 de Marzo y dispararon contra dos personas que se encontraban en el inmueble. El saldo fue un hombre muerto y otro lesionado, en un hecho que presentó características similares al ocurrido en Monte Prieto.

A estos casos se sumó el asesinato de un comerciante en la zona Centro de Acámbaro a inicios de junio. La víctima fue atacada por sujetos armados cuando concluía su jornada laboral, lo que motivó la intervención de peritos y agentes ministeriales para el procesamiento de la escena.

Acámbaro también ha sido escenario de episodios de alto impacto en los últimos años. En octubre de 2024, un auto explotó frente a las instalaciones de Seguridad Pública municipal, dejando tres policías lesionados y daños materiales en viviendas y vehículos cercanos. Las autoridades federales iniciaron entonces una investigación por la naturaleza del ataque.

En términos regionales, Guanajuato continúa siendo una de las entidades con mayor incidencia de homicidios en el país. Diversos análisis oficiales y periodísticos han vinculado la violencia en distintas zonas del estado a la disputa entre grupos criminales que operan en la región, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha informado si el triple homicidio de Monte Prieto guarda relación con alguna de estas dinámicas.

La condena a 35 años de prisión para Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf durante un evento escolar en Frisco, Texas, provocó un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre violencia juvenil, justicia y tensiones raciales en el sur de Estados Unidos.

Según New York Post, el crimen ocurrió el 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo. Austin Metcalf, de 17 años, recibió una puñalada mortal de Anthony, quien tenía 19 años al momento del juicio.

El jurado del condado de Collin no aceptó el argumento de defensa propia y dictó un veredicto de asesinato en primer grado tras menos de tres horas de deliberación.

El padre de la víctima, Jeff Metcalf, expresó “un poco de tristeza” por el joven condenado y remarcó que el caso “nunca” estuvo vinculado a la raza. “Perdonar no era para él. Perdonar era para mí. Para no cargar con la rabia, el odio y eso; me consumirá como un cáncer”, declaró Metcalf a CBS News. También afirmó que asistirá a la audiencia de libertad condicional para oponerse a la excarcelación anticipada.

Un proceso judicial bajo atención nacional

Según Fox News, la investigación y el juicio recibieron amplia cobertura mediática y generaron manifestaciones en las afueras del tribunal de McKinney. El proceso se realizó sin cámaras ni transmisión en vivo, por decisión del juez del 296th District Court, quien consideró que preservar el orden y la integridad del juicio era prioritario.

La fiscalía del condado de Collin presentó como prueba principal el arma blanca utilizada y testimonios de testigos presenciales, incluyendo la admisión de Anthony de haber portado y utilizado la navaja.

La defensa, liderada por el abogado Mike Howard, alegó que Anthony actuó en defensa propia luego de una confrontación relacionada con la ocupación de una carpa del equipo escolar.

Sin embargo, el jurado no encontró evidencia suficiente para reducir los cargos o considerar una condena menor. De acuerdo a Fox News, una vez dictada la sentencia de 35 años, Anthony fue trasladado al Texas Department of Criminal Justice, donde cumplirá la condena con opción de revisión de libertad condicional tras 17 años y medio.

Durante y después del proceso judicial, la familia de Austin Metcalf recibió amenazas y mensajes hostiles, según reportó Fox News.

Por otro lado, la familia y los seguidores de Anthony denunciaron supuesto racismo en la selección del jurado y en la rapidez del proceso, argumento que según el entorno del condenado, será parte de la apelación ya presentada por la defensa.

Debate social y tensiones en Frisco

La cobertura de NPR subraya que el caso de Austin Metcalf y Karmelo Anthony expuso profundas divisiones en la comunidad de Frisco, una ciudad marcada por un rápido crecimiento y diversidad étnica. Ambos jóvenes eran estudiantes destacados y atletas reconocidos en sus escuelas, lo que amplificó la conmoción social.

Testigos y allegados describieron una comunidad impactada por la violencia y la sensación de que el sistema judicial enfrenta desafíos para equilibrar justicia, percepción pública y tensiones raciales.

Según NPR, la fiscalía y la defensa coinciden en que la disputa surgió por la presencia de Anthony en la carpa de otro equipo.

La secuencia de los hechos fue confirmada por testimonios y videos presentados en la corte: tras un intercambio verbal y un empujón, Anthony utilizó una navaja y apuñaló a Metcalf en el pecho, lo que derivó en la muerte del estudiante en el lugar del incidente.

El debate sobre posibles motivaciones raciales se mantuvo en el centro de la discusión pública. Jeff Metcalf y las autoridades reiteraron que “el caso nunca fue sobre la raza”, una postura que la defensa y los seguidores de Anthony discuten y que podría ser clave en la apelación en curso.

La ciudad de Frisco permanece atenta a la resolución de los recursos judiciales, mientras familiares, estudiantes y autoridades buscan respuestas para reducir la violencia y restaurar la confianza en el sistema de justicia.

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Tres mil familias sinaloenses permanecen en situación de desplazamiento forzado, tras 21 meses de que la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa provocó la peor crisis de seguridad que ha vivido el estado en décadas.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde confirmó la cifra y explicó que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), el Sistema DIF y los programas estatales mantienen contacto y seguimiento constante con cada familia registrada en el padrón oficial.

¿Qué municipios concentran el desplazamiento?

El fenómeno no se distribuye de forma homogénea en el territorio sinaloense. Las zonas serranas de Badiraguato, las comunidades rurales de Culiacán y el municipio de San Ignacio figuran entre los puntos con mayor registro de familias que abandonaron sus hogares.

Asimismo, el sur del estado presenta una situación más aguda. En Escuinapa, la violencia escaló desde mediados de diciembre de 2025 con ataques con explosivos a inmuebles del ayuntamiento y enfrentamientos continuos.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, advirtió que la magnitud del desplazamiento en Escuinapa aún no ha sido cuantificada por completo. Sin embargo, precisó que también se han identificado familias desplazadas en Rosario y Concordia, aunque la emergencia principal sigue localizada en Escuinapa.

Retornos en algunas comunidades

Frente a este panorama, la mandataria estatal dio a conocer una señal parcialmente alentadora: en varios municipios las condiciones de seguridad permitieron el retorno voluntario de familias que habían abandonado sus localidades. “Hay desplazados que ya están regresando a sus domicilios, a sus casas”, afirmó Bonilla Valverde. En San Ignacio, personas que permanecían en la cabecera municipal decidieron volver por cuenta propia al considerar que el entorno era viable para hacerlo.

La gobernadora subrayó que la atención no se interrumpirá mientras persistan las condiciones que originaron la movilidad forzada. El compromiso gubernamental apunta a sostener el padrón actualizado y ampliar la cobertura de programas conforme se identifiquen nuevos casos.

La brecha de información sobre Escuinapa

Uno de los puntos más delicados de la conferencia fue la pregunta sobre Escuinapa, donde habitantes denunciaron la salida masiva de familias hacia otras entidades, incluida Tepic, Nayarit. La gobernadora Bonilla Valverde reconoció que no dispone de datos actualizados sobre ese municipio en particular y remitió a Sebides como la instancia responsable de concentrar y validar esa información.

La CEDH abrió una investigación de oficio y acumula tres quejas formales vinculadas a la situación en el sur del estado. El seguimiento se realiza desde la oficina regional del organismo en Mazatlán. Loza Ochoa descartó que sea el momento de emitir una recomendación formal: “Es muy pronto para una recomendación”, respondió al precisar que la institución aún se encuentra en etapa de recopilación de información.

El contexto que explica la crisis

La disputa que sostienen las dos facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 constituye el origen directo de esta emergencia humanitaria. Ese conflicto interno cobró una dimensión especialmente visible en Escuinapa en marzo de 2026, cuando fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, mientras circulaba en una unidad oficial.

La visita de Bonilla Valverde a Escuinapa el 9 de junio quedó marcada por la explosión de un vehículo en la carretera federal México 15 durante las primeras horas de la madrugada, aunque el incidente no dejó personas heridas. La mandataria encabezó en ese municipio la instalación de la Mesa de Construcción de Paz y se reunió con el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, quien días antes había reconocido públicamente que la violencia rebasó la capacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de los habitantes.

El crecimiento de las pandillas en Guatemala ha transformado el panorama criminal, dotando a estos grupos de mayor capacidad logística y financiera.

El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, explicó en una entrevista con la agencia EFE, que la diversificación de sus actividades les ha permitido adquirir más recursos para expandir su influencia y equipamiento.

Las autoridades reportan que los grupos criminales conocidos como Mara Salvatrucha y Barrio 18 han dejado de centrarse únicamente en extorsiones y narcomenudeo, para involucrarse directamente en el narcotráfico a gran escala, con ventas de marihuana y cocaína en diferentes puntos del país.

El jefe policial detalló que estas pandillas no solo distribuyen drogas, sino que también han robado cargamentos para fortalecer su posición en el mercado ilegal.

La transición de las extorsiones al narcotráfico ha hecho que estos grupos cuenten con fondos suficientes para adquirir armas, motocicletas y teléfonos celulares, herramientas que utilizan tanto para operar como para intimidar a sus víctimas.

Además, han implementado sistemas de videovigilancia en las calles para monitorear los movimientos de la policía, aunque las fuerzas de seguridad han logrado desmantelar varias de estas redes tecnológicas.

El fenómeno de la mutación de las pandillas en Guatemala responde a una estrategia de diversificación criminal que les permite consolidar su poder territorial.

De acuerdo a lo expresado por el director policial en la entrevista con EFE, la policía ha identificado que ningún acto delictivo se ejecuta sin la orden directa de los líderes de pandilla o de los responsables de cada clica en los distintos territorios del país.

Estrategias policiales y respuesta estatal

Para frenar el reclutamiento forzado de menores en zonas vulnerables, las autoridades han puesto en marcha programas como ‘Escuelas Seguras’, que incluyen revisiones de mochilas en centros de estudio y la protección de escuelas públicas en sectores conflictivos.

Estas acciones buscan impedir que los brazos operativos de las maras penetren en espacios educativos y capturen nuevos miembros.

El combate a estas estructuras ha requerido la declaración de estados de sitio y de prevención en áreas consideradas zonas rojas, medida adoptada este año bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León.

Esta política ha permitido el despliegue conjunto de la policía y el Ejército, mejorando la vigilancia en el transporte público y recuperando el control de espacios públicos.

Un componente clave de la estrategia estatal es el aislamiento de los líderes pandilleros, quienes antes coordinaban delitos desde la prisión.

La apertura de una cárcel de máxima seguridad, inaugurada el año pasado, ha buscado cortar los canales de comunicación telefónica y limitar la capacidad de mando de estos jefes criminales.

Obstáculos judiciales y desafíos futuros

Las autoridades han intensificado los decomisos de armas, con un incremento superior al 32 % en 2026 respecto al año anterior, como parte de la ofensiva para debilitar la economía ilegal de las pandillas.

Sin embargo, la coordinación con el Ministerio Público enfrenta obstáculos, ya que la debilidad de las leyes permite que muchos delincuentes obtengan medidas sustitutivas o salgan libres tras aceptar cargos en apenas 72 horas.

El propio director de la policía expresó su frustración por esta realidad, al señalar que muchos agentes arriesgan la vida capturando criminales que, poco después, recuperan su libertad debido a fallas en el sistema judicial.

Esta situación complica la lucha contra el crimen organizado y pone de manifiesto la necesidad de reformas legales para impedir la reincidencia y proteger a la población guatemalteca.

La evolución de las pandillas hacia el narcotráfico plantea nuevos retos para las fuerzas de seguridad y exige una respuesta integral que combine esfuerzos policiales, militares, judiciales y sociales para frenar el avance de estas redes delictivas.

La causa contra el portero denunciado por abuso en el jardín de infantes N° 261 “Paulo Freire” de Rosario sumó este jueves otras dos denuncias y podría incorporar una más en las próximas horas. Todas las presentaciones involucran al mismo sospechoso y corresponden a alumnos del mismo establecimiento educativo, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Ante este escenario, la fiscal Antonela Valente, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó una ampliación de los plazos procesales para avanzar con nuevas medidas de prueba antes de definir la audiencia imputativa.

Por otra parte, el sospechoso, de 55 años, fue retirado de la Comisaría 10ª de Rosario, donde permanecía alojado desde su detención, y trasladado al Complejo Penitenciario El Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario).

Tal como había anticipado Infobae, la fiscal Valente citó a declarar a la madre del nene de 4 años que realizó la primera denuncia y le tomó testimonio durante la jornada de este jueves. Además, la funcionaria judicial busca avanzar con la realización de una Cámara Gesell al menor, una medida considerada clave para la investigación.

La pesquisa avanzó mientras crecía la tensión entre las familias de la comunidad educativa, que desde el miércoles reclaman respuestas por parte de las autoridades.

El caso se conoció públicamente este miércoles 10 de junio, cuando la Justicia rosarina confirmó la detención del portero, quien fue arrestado por personal del Comando Radioeléctrico.

La denuncia provocó una fuerte conmoción entre las familias de la comunidad educativa. Durante la jornada, un grupo de padres se concentró frente al establecimiento para exigir explicaciones y reclamar mayores medidas de protección para los chicos. En medio de la tensión, también hubo cuestionamientos a las autoridades del jardín y a la dirección del establecimiento.

A raíz de la repercusión del caso, las clases fueron suspendidas de manera preventiva y se reforzó la presencia policial tanto en el jardín como en la escuela primaria vinculada a la institución. Según pudo saber Infobae, incluso se dispusieron medidas de resguardo para algunos directivos.

La indignación de las familias derivó en momentos de alta tensión frente al establecimiento educativo. Durante los incidentes registrados, tres mujeres policías resultaron heridas tras recibir trompadas y piedrazos de parte de un grupo de padres y madres de alumnos de la institución.

En total, tres adultos fueron aprehendidos por las agresiones, aunque recuperaron la libertad horas más tarde.

Costa Rica enfrenta un mercado negro de armas cada vez más complejo, alimentado por robos, contrabando, piezas modulares e impresión 3D, en un contexto en el que más del 77% de los homicidios de la década 2014-2024 se cometieron con armas de fuego, de acuerdo con el Informe 2025 de la Fundación para la Paz y la Democracia.

Esa combinación, según la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, amplía el acceso del crimen organizado a armamento de mayor letalidad y convierte el fenómeno en un problema de seguridad nacional.

El mismo informe de FUNDEPAM señala que cerca del 50% de las víctimas de esa violencia fueron jóvenes y menores de edad. También registró un aumento de víctimas colaterales: personas inocentes heridas o muertas en espacios públicos por el uso indiscriminado de armas de alto poder.

La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, explicó que el mercado ilegal debe entenderse como un sistema interconectado de abastecimiento.

Según Jiménez, ese circuito se nutre de armas robadas, de limitaciones en la fiscalización del armamento de las empresas de seguridad privada, de armas que ingresan desarmadas por partes y se ensamblan en el país, de armas hechizas elaboradas incluso con impresión 3D y de armamento que entra por vía marítima, aérea y terrestre.

Los vacíos legales permiten que armas registradas terminen en circuitos criminales

Jiménez sostuvo que los vacíos normativos han permitido que armas legales terminen en manos del crimen organizado. La académica afirmó que, en muchos casos, cuando un portador civil pierde o “extravía” su arma y no presenta la denuncia respectiva, la sanción se limita a una multa, sin consecuencias judiciales.

La especialista agregó que incluso se han documentado situaciones en las que armas vinculadas a delitos violentos son devueltas a sus propietarios originales.

A criterio de Jiménez, esa debilidad en los controles facilita que armas y municiones inscritas legalmente pasen después a circuitos ilegales.

El diagnóstico identifica cinco fuentes principales del mercado negro en Costa Rica. Se trata de armas sustraídas a portadores civiles u oficiales de seguridad, armas legales negociadas por civiles que las alquilan o venden, tráfico internacional por rutas marítimas, terrestres y aéreas, armas artesanales fabricadas con impresión 3D y componentes metálicos, y armas modulares cuyas piezas llegan por separado en contenedores o paquetes para ser ensambladas dentro del país.

Ese último mecanismo dificulta la detección en aduanas, según la explicación de la académica de la UNED. La especialista también advirtió que la ausencia de límites sobre la cantidad de munición que una persona puede adquirir de forma legal constituye otro vacío, porque permite un abastecimiento amplio y sostenido que puede alimentar el uso de armas ilegales.

Las pistolas modificadas elevan la letalidad y exponen a civiles y policías

Jiménez advirtió que el uso de armas modificadas para disparar en ráfaga ha elevado la letalidad de los hechos violentos. Según la académica, esas armas son portadas por personas sin capacitación que no saben controlarlas y que actúan de forma impulsiva y poco planificada.

La especialista detalló el alcance del riesgo con una advertencia concreta: “Esto aumenta los riesgos de víctimas colaterales no solo en el sitio donde acontece el evento, sino que el riesgo se extiende a un perímetro de hasta 1 kilómetro de distancia, trayectoria que podría tener un proyectil, y que dependiendo de la letalidad incluso hasta podría incluso traspasar infraestructuras”.

La consecuencia, según Jiménez, no se limita a los enfrentamientos entre estructuras criminales. También alcanza a los oficiales de policía, que enfrentan un riesgo elevado en el cumplimiento de sus funciones frente a organizaciones que acceden a armamento de alto poder, más letal y más sofisticado.

La académica precisó que “si bien son pocos los casos en los que armas legalmente inscritas se vinculan con hechos delictivos, es necesario revisar la normativa vigente ante nuevas dinámicas criminales que podrían estar aprovechando vacíos legales”. Su planteamiento, añadió, no apunta a medidas prohibicionistas sino a una revisión integral del marco legal y a una política pública basada en evidencia científica y coordinación interinstitucional.

La violencia en Escuinapa ha desatado un desplazamiento de familias en el sur de Sinaloa, cuya magnitud aún no ha sido cuantificada por las autoridades. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, reconoció que la estimación del número de personas que han abandonado sus hogares podría conocerse en los próximos días, conforme avance la documentación de los casos.

El desplazamiento afecta principalmente zonas rurales del municipio, aunque la cabecera municipal de Escuinapa también ha sido alcanzada por la violencia. Según Loza Ochoa, la presión sobre la población civil empuja a quienes huyen a buscar refugio en el estado de Nayarit o a trasladarse hacia Mazatlán.

Sin embargo, dijo que el desplazamiento forzado incluso está afectando a municipios cercanos como Rosario y Concordia, aunque el principal problema lo mantiene Escuinapa debido al aumento de la violencia en las últimas semanas.

Municipio ha vivido una ola de violencia en las últimas semanas

Entre los recientes episodios violentos ocurridos en el municipio figura el asesinato de Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, una menor con discapacidad que fue atacada a balazos junto a su tío, Arturo Ramiro Quintero Ortega.

A este caso se suma la explosión de un vehículo registrada en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, el pasado martes. Su arribo se realizó como parte de la instalación de la Mesa de Construcción de Paz para dar seguimiento a las acciones en esta materia.

Ante los hechos, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dijo que se tratan de “consecuencias muy lamentables” debido al aumento de la violencia.

“Hay consecuencias muy lamentables, como lo de la menor Grecia, una niña con discapacidad, su tío, y luego el auto que explota. Hay mucha preocupación por lo que está sucediendo allí”, declaró Loza Ochoa.

Respecto al desplazamiento que afecta los municipios de Rosario y Concordia, Loza Ochoa precisó que ninguno de los dos concentra la emergencia principal en este momento.

“Ahí toca centralmente ahorita Escuinapa. Le toca de un rasguño al municipio de Rosario. Y acá les decía que en Concordia sigue habiendo problemas, pero no es ahorita la emergencia”, señaló.

El titular de la CEDH también mencionó que en la zona serrana del municipio de Culiacán se han registrado casos de desplazamiento, sin precisar comunidades ni cifras.

Investigación de oficio y tres quejas formales ante la CEDH

La CEDH abrió una investigación de oficio y acumula tres quejas formales vinculadas a la situación en el sur del estado. El seguimiento se realiza desde la oficina regional del organismo en Mazatlán, desde donde se documentan los casos relacionados con Escuinapa.

Loza Ochoa descartó que la atención de la Comisión haya disminuido y subrayó que la gravedad de los hechos mantiene el caso como prioritario. Sobre la posibilidad de emitir una recomendación formal, fue categórico: “No, no. Es muy pronto para una recomendación”, respondió, al señalar que la institución se encuentra aún en etapa de recopilación de información.

Alcalde de Escuinapa reconoció que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia

En días pasados, previo a la explosión del coche, el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, reconoció que la violencia ha rebasado a las autoridades al no poder controlar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes.

En entrevista con Noroeste, dijo que entendía el enojo de la población y detalló que le solicitaría a la gobernadora interina el reforzamiento de la seguridad.

“Créanme que les doy la razón, hay enojo porque la autoridad no hemos tenido la capacidad de responder a la altura de la circunstancia, esa es la realidad, que nos ha rebasado”, afirmó.

El cumbiambero decidió pronunciarse luego de que la modelo cubana presentara una nueva denuncia por presunta tentativa de feminicidio, hecho que volvió a colocar a ambos en el centro de la polémica. Frente a este escenario, el intérprete sostuvo que ha decidido recurrir nuevamente a la vía judicial, argumentando que busca proteger los derechos de sus hijos y garantizar que pueda mantener contacto con ellos.

Durante una entrevista concedida al programa ‘Amor y Fuego’, el cantante de cumbia explicó que formalizó dos denuncias contra quien todavía es legalmente su esposa. Según indicó, las acciones fueron presentadas luego de considerar que existen situaciones que estarían afectando tanto a los menores como a su relación paterna con ellos.

El cantante asegura que no puede ver a sus hijos

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la insistencia en que actualmente no puede compartir tiempo con sus hijos ni participar activamente en aspectos importantes de sus vidas.

El cantante aseguró que su intención no es generar un nuevo enfrentamiento mediático, sino ejercer plenamente su rol como padre y recuperar el vínculo que considera fundamental para el desarrollo de los menores.

“Estoy viniendo como padre, asumiendo mi responsabilidad como padre... tanto educativo, recreativo, lo que corresponde a salud y demás porque aquí tenemos que priorizar a mis hijos, son 4 criaturas, yo tengo 6 pero 4 hijos de los cuales no puedo ver, de los cuales no puedo pasar tiempo, calidad de vida con ellos, por ende estoy empezando a proceder como corresponde”, manifestó.

“Tenemos que priorizar a mis hijos”: la defensa de John Kelvin

A lo largo de la entrevista, el cantante reiteró en varias oportunidades que su prioridad son sus hijos. Según explicó, busca que cualquier decisión se tome considerando el impacto que tiene sobre ellos y no únicamente sobre los adultos involucrados en el conflicto.

John Kelvin aseguró que actualmente enfrenta restricciones que le impiden acercarse a los menores y afirmó que existe el temor de volver a atravesar situaciones similares a las que vivió anteriormente.

En ese sentido, explicó que ha optado por actuar de forma preventiva y dejar constancia formal de su posición frente a las autoridades.

“Estamos viviendo lo mismo en que me vuelven a hacer una denuncia, no me puedo acercar a mis hijos, no puedo verlos entonces cómo se debe proceder, que yo me acerque para que vuelva a pasar lo mismo... ya no va a pasar”, declaró.

La denuncia por presunta violencia psicológica contra Dalia Durán

Dentro de las acciones judiciales anunciadas por John Kelvin se encuentra una denuncia por presunta violencia psicológica, la cual, según explicó, está relacionada con el incumplimiento de acuerdos vinculados a las visitas y al contacto con sus hijos.

El cantante considera que las condiciones actuales no le permiten ejercer una paternidad activa ni participar de manera constante en la vida cotidiana de los menores.

Por ello, decidió recurrir nuevamente a la vía legal con el objetivo de que las autoridades revisen la situación y determinen si existe una vulneración de derechos.

La denuncia representa un nuevo capítulo dentro de una larga historia de enfrentamientos judiciales, denuncias cruzadas y conflictos públicos que han marcado la relación entre ambos durante los últimos años.

Abogado de John Kelvin explica acusación por maltrato infantil

El abogado Arturo Farge, integrante del equipo legal de John Kelvin, también se pronunció sobre las denuncias presentadas y explicó los fundamentos de la acusación relacionada con los hijos del cantante.

Según sostuvo, los menores tendrían derecho a mantener contacto con ambos progenitores y cualquier obstáculo que impida ese vínculo podría generar consecuencias emocionales importantes.

“Por maltrato psicológico a sus hijos, sus hijos tienen derecho a ver a su padre y el padre a sus hijos... y eso es tipificado como maltrato psicológico... ella no está cumpliendo con darle calidad de vida a los niños, no los lleva al colegio, está con afectación psicológica...”, declaró el letrado.

La disputa legal entre John Kelvin y Dalia Durán suma un nuevo capítulo

La disputa legal entre John Kelvin y Dalia Durán tiene antecedentes que se remontan a 2021 y que marcaron uno de los casos de violencia de género más mediáticos del espectáculo peruano. En julio de ese año, el cantante fue denunciado por la madre de sus hijos tras un grave episodio ocurrido en el distrito de San Miguel. Según la investigación fiscal, el artista ingresó al inmueble pese a tener restricciones de acercamiento y posteriormente fue acusado de agresión física y sexual. Como consecuencia, se dictó prisión preventiva en su contra y fue recluido en el penal de Lurigancho mientras avanzaban las investigaciones.

En mayo de 2022, el Poder Judicial condenó a John Kelvin a 21 años de prisión efectiva por los delitos de lesiones físicas y violación sexual agravada contra Dalia Durán. Sin embargo, meses después, la defensa del cantante apeló la decisión y una instancia superior anuló la condena por el delito sexual al considerar que no existían pruebas suficientes para mantenerla. Tras permanecer alrededor de 15 meses en prisión, el cumbiambero recuperó su libertad en octubre de 2022, quedando únicamente vigente la responsabilidad por las agresiones físicas. No obstante, los problemas judiciales no terminaron allí, ya que en 2023 volvió a ser detenido por presuntamente incumplir medidas de restricción al acudir a la vivienda de Dalia y protagonizar nuevos incidentes verbales en presencia de sus hijos.

Precisamente, esos hechos derivaron en el proceso por violencia psicológica que concluyó recientemente con una condena de cuatro años y un día de prisión, pena que fue convertida en 103 jornadas de servicio comunitario, por lo que no ingresará a un penal siempre que cumpla las reglas impuestas por la justicia. En paralelo, la confrontación entre ambos continúa. Dalia Durán presentó una nueva denuncia por presuntas agresiones físicas ocurridas este año y aseguró que su hijo mayor también habría resultado afectado durante el incidente.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abre dos carpetas por homicidio doloso tras la localización de tres personas sin vida el miércoles 10 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte oficial emitido hoy 11 de junio en Culiacán, Sinaloa.

Además de esos casos, la autoridad informa que una persona murió en un hospital de Escuinapa después de ingresar lesionada el 4 de junio. Según la FGE Sinaloa, la carpeta se registra como homicidio doloso con la fecha en que ocurrieron los hechos.

En el desglose de los hallazgos del 10 de junio, la FGE Sinaloa precisa que en El Fuerte se localiza a una persona sin vida en la localidad de Charay. En Culiacán, se encuentran dos cuerpos en la colonia Villa del Cedro, conforme al mismo informe.

El reporte también da cuenta de hallazgos relacionados con restos humanos. La Fiscalía estatal señala la localización de dos osamentas en una fosa en el poblado de Agua Verde, en el municipio de Rosario.

A esa información se suma el hallazgo de restos óseos en la sindicatura Emiliano Zapata, en Culiacán, según el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

En materia de robo de vehículos, la autoridad informa que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se registran dos denuncias, sin detallar características de los autos ni el lugar exacto de los hechos.

En el rubro de desapariciones, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reporta tres denuncias en la Región Centro por el delito de Privación de la Libertad Personal, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la institución.

La FGE Sinaloa sostiene que estos reportes provienen de denuncias formalizadas ante Unidades y Agencias del Ministerio Público, y que su objetivo es mantener informada a la sociedad con información oficial.

• 2 carpetas por homicidio doloso tras la localización de 3 personas sin vida el 10 de junio de 2026, según la FGE Sinaloa.
• Hallan dos osamentas en Agua Verde, municipio de Rosario, y restos óseos en Emiliano Zapata, en Culiacán.
• La Fiscalía registra dos denuncias por robo de vehículo en Región Centro y tres por Privación de la Libertad Personal en la Región Centro.

“El Chuta”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, habría sido localizado sin vida en la comunidad de Charay

Este miércoles se reportó el presunto hallazgo sin vida de Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, identificado como líder de la célula Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del hombre fue localizado con impactos de bala alrededor de las 03:00 de la mañana a un costado de las letras de bienvenida de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte, en Sinaloa.

El cuerpo fue ubicado por automovilistas que transitaban por la carretera estatal Los Mochis-Choix, por lo que fueron ellos los responsables de reportar su presencia a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de seguridad para acordonar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se desplegaron para realizar el levantamiento del cuerpo.

Infobae México consultó con la Fiscalía del Estado para confirmar la identidad del hombre localizado, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Por su parte, medios locales informaron que los responsables de identificarlo fueron los propios familiares de “El Chuta”.

Matan a Brayan y a Adán en Urbivillas del Cedro

Fueron identificados los dos hombres asesinados a balazos de manera simultánea y a unas calles de distancia en Urbivillas del Cedro, al norponiente de Culiacán, durante el mediodía de este miércoles 10 de junio de 2026.

Familiares acudieron al sitio donde ocurrió el crimen y, al verlos, confirmaron sus identidades ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaban las diligencias en el sitio.

Ambos vivían cerca de donde fueron asesinados a balazos

La información indica que se trata de Brayan N., de 29 años de edad, quien quedó junto a una bicicleta, y el otro occiso es Adán N., de aproximadamente 40 años. Ambos vivían en el sector donde fueron asesinados por sujetos desconocidos.

Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley para que puedan ser entregados a sus respectivos familiares, quienes se harán cargo de los servicios funerarios y darles sepultura.

Los dos hombres fueron asesinados a unas calles de distancia. Fue alrededor de las 12:10 horas cuando se reportó al servicio de emergencias del 911 un hombre herido por disparos en la calle Eucalipto, entre Citavaro y Mamey. Al sitio se trasladaron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron al ciclista ya sin vida, por lo que el perímetro fue acordonado con cinta amarilla.

Las autoridades panameñas duplicaron la recompensa ofrecida por información que conduzca a la ubicación y captura de los 20 privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, uno de los incidentes de seguridad más graves ocurridos en el sistema penitenciario nacional durante los últimos años.

La Policía Nacional informó que la recompensa aumentó de $1,000 a $2,000 por cada uno de los evadidos que aún no han sido recapturados. Paralelamente, continúan los operativos de búsqueda en comunidades cercanas al penal, así como las alertas activadas en todas las zonas policiales del país.

El llamado a la ciudadanía cobra especial relevancia debido al perfil criminal de varios de los fugitivos que permanecen fuera del alcance de las autoridades. De los 20 prófugos pendientes de captura, ocho están relacionados con delitos de homicidio, cinco con delitos de drogas, cuatro con robo agravado, dos con pandillerismo y uno con porte ilegal de arma de fuego.

La presencia de ocho personas vinculadas a homicidios entre los evadidos pendientes ha incrementado la preocupación de los organismos de seguridad, que mantienen esfuerzos coordinados para evitar que estas personas continúen evadiendo la acción de la justicia.

La fuga ocurrió el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en Pacora, cuando un total de 195 privados de libertad lograron escapar de las instalaciones. Durante las acciones desplegadas posteriormente para recuperar el control de la situación se reportaron tres privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos.

Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos de búsqueda en distintos puntos del país, logrando recapturar a la mayoría de los evadidos. Las cifras más recientes indican que cerca del 90% de los privados de libertad que escaparon ya han sido ubicados.

Los procesos judiciales también han avanzado de forma acelerada. Según datos divulgados por el Ministerio Público, hasta la fecha 147 personas han sido judicializadas por su participación en la evasión masiva.

Del total, 126 recibieron la medida cautelar de detención provisional, mientras que 21 fueron condenadas mediante acuerdos de pena. Las sentencias impuestas oscilan entre 36 y 47 meses de prisión, penas que se sumarán a las condenas que ya cumplían por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

Las investigaciones también han dejado al descubierto las condiciones existentes dentro del centro penitenciario. Durante la denominada Operación Cerrojo, desarrollada en pabellones de La Joyita, las autoridades decomisaron 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, antenas de comunicación, routers, paneles solares, sustancias ilícitas y miles de artículos prohibidos.

Los hallazgos reavivaron el debate sobre los controles de seguridad dentro de las cárceles panameñas y la capacidad de las autoridades para impedir el ingreso y circulación de objetos prohibidos en los centros penitenciarios.

Sin embargo, más de una semana después de la evasión masiva, aún persisten interrogantes sobre cómo ocurrió exactamente la fuga de los 195 privados de libertad. Hasta el momento las autoridades no han presentado una explicación pública detallada sobre los mecanismos utilizados para concretar la evasión ni sobre las posibles fallas operativas que permitieron el incidente.

Tampoco se conocen conclusiones oficiales respecto a eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias dentro del sistema penitenciario. De igual manera, no se ha informado si la fuga provocará cambios en la estructura de mando de los estamentos de seguridad o en la dirección de los centros penitenciarios.

El episodio ocurrió mientras el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizaba una gira oficial en Grecia. Hasta la fecha, el mandatario no ha hecho referencia pública específica a la evasión masiva ni ha anunciado medidas relacionadas con posibles ajustes en los organismos responsables de la seguridad penitenciaria.

Mientras continúan las investigaciones y los operativos de búsqueda, la prioridad de las autoridades sigue siendo localizar a los últimos 20 prófugos. La Policía Nacional reiteró que cualquier información puede ser suministrada de forma confidencial a través de la línea 104 o en las estaciones policiales del país.

La captura de los evadidos pendientes representa uno de los principales desafíos de seguridad derivados de una fuga que continúa generando consecuencias judiciales, cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y dudas que, por ahora, permanecen sin respuesta.

Un estudiante de 17 años del Bachillerato José Vasconcelos de Atlixco permanece hospitalizado en estado delicado después de una presunta golpiza ocurrida este martes 9 de junio dentro del plantel, un caso que también abrió señalamientos por posible omisión escolar ante reportes previos de acoso, según denuncias de familiares y allegados.

En un video que circula en redes sociales se ve dentro de un salón de clases al joven discutiendo con una chica quien lo increpa y se acerca para señalarlo, pronto se enfrascan en una pelea física donde el joven queda encima de la chica forcejeando. Posteriormente ella habría llamado a su novio para que fuera a encarar al joven adentro del plantel.

La familia sostiene que el adolescente habría padecido hostigamiento recurrente desde meses atrás y que esa situación ya había sido comunicada a personal docente sin que se aplicaran medidas efectivas para frenar los conflictos. Ahora, además de la agresión, los padres analizan emprender acciones legales contra responsables del plantel por una presunta falta de actuación.

El episodio más grave ocurrió cuando el alumno fue golpeado y quedó inconsciente, por lo que se solicitó apoyo de paramédicos para trasladarlo a un hospital. Los primeros reportes médicos, de acuerdo con la versión difundida por familiares, indican que el menor quedó internado bajo observación por la gravedad de las lesiones.

El agresor habría entrado sin autorización y salió tras el ataque

Testigos citados en las denuncias señalan que el presunto agresor sería un joven ajeno a la comunidad escolar que ingresó sin autorización al bachillerato y se dirigió de forma directa hacia la víctima. Ya dentro del inmueble, lo habría golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza y en el cuerpo.

La versión de los denunciantes indica que, tras la agresión, el atacante salió del plantel sin ser detenido en ese momento por personal escolar. Ese punto se volvió una de las principales exigencias de los familiares, quienes cuestionan cómo una persona externa pudo entrar y retirarse después del ataque.

Entre los involucrados también estaría una alumna del plantel, según testigos que dijeron haber entregado esa información a las autoridades para deslindar responsabilidades. De manera preliminar, otra línea bajo revisión apunta a que el presunto responsable tendría una relación sentimental con esa estudiante.

Ese dato se cruza con otro elemento mencionado por la familia: la víctima habría tenido una discusión previa con la alumna. Por esa razón, las autoridades analizan si ese conflicto personal pudo ser uno de los orígenes de la agresión.

La familia denuncia bullying, discriminación y falta de respuesta

Los allegados del estudiante afirman que el ataque no fue un hecho aislado. Según su relato, el joven habría sido víctima de bullying, discriminación y otras agresiones por parte de compañeros del mismo plantel desde hace varios meses.

La familia también asegura que las quejas por hostigamiento ya se habían presentado ante integrantes de la comunidad escolar. Pese a esas advertencias, sostienen que no hubo medidas oportunas ni protocolos efectivos de prevención para evitar que la violencia escalara.

Ese es el punto central de la exigencia hecha por los padres: que se investigue no solo a quien habría cometido la golpiza, sino también la posible omisión de personal escolar frente a reportes previos. Los inconformes piden establecer si hubo responsabilidades por no atender a tiempo las alertas.

En su versión de los hechos, el estudiante incluso ya había solicitado apoyo antes de la agresión más reciente. Los familiares consideran que el ambiente de violencia dentro del bachillerato ya estaba expuesto y que no se actuó para contenerlo.

El caso también incluye señalamientos de que el adolescente habría sido agredido presuntamente por su orientación sexual. Esa acusación forma parte de las denuncias difundidas por sus allegados y se suma a las líneas que reclaman ser revisadas por las autoridades.

Autoridades revisan la agresión y posibles fallas de seguridad

La investigación en curso busca esclarecer dos frentes del mismo caso: la golpiza que dejó al alumno inconsciente y las posibles fallas en la seguridad del plantel. Para la familia, ambos asuntos están conectados porque el presunto atacante habría cruzado el acceso escolar sin control.

Los denunciantes exigen que se determine quién permitió o no impidió ese ingreso y por qué no hubo una intervención inmediata durante la agresión. También piden revisar si personal del bachillerato ignoró avisos previos sobre conflictos entre estudiantes.

Hasta ahora, según la información disponible en el texto fuente, no se había emitido un posicionamiento oficial por parte de la institución educativa. Mientras eso ocurre, el alumno sigue hospitalizado y bajo observación médica.

La exigencia de los familiares se concentra en una respuesta concreta: justicia para el estudiante, sanción para quien resulte responsable de la agresión y claridad sobre la actuación de la escuela. También piden medidas para evitar que un caso similar vuelva a repetirse dentro del municipio de Atlixco.

El ataque encendió las alertas en el Bachillerato José Vasconcelos, donde la comunidad exige explicaciones sobre la seguridad interna y sobre la atención que se dio a denuncias previas de acoso. La información sobre los presuntos participantes ya fue entregada a las autoridades, según los testigos y familiares.

La Secretaría de Educación Públioca (SEP) brindó apoyo al afectado y su familia.

Asimismo, la dependencia decidió separar a la directora -Soledad Vázquez Castillo- de su cargo en lo que se realizan las investigaciones pertinentes.

De acerdo a los hechos, se registraron el pasado 9 de junio cuando el afectado fue agredido por personas ajenas a la escuela y lo dejaron mal herido, situación por lo que fue llevado al Hospital del IMSS de Metepec.

Referente a lo anterior, la SEP dio a conocer que de manera inmediata, la directora del plantel solicitó la presencia de elementos de seguridad pública y de los servicios de emergencia del municipio para brindar atención inmediata al estudiante, además de notificar oportunamente a sus padres. Asimismo, dio aviso al Sistema Municipal DIF para su intervención y dar el seguimiento correspondiente.

La dependecia resalta que se brindó orientación a los padres de familia para que acudieran ante la autoridad competente a interponer la denuncia correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones y se sancionen los hechos conforme a la ley.

Trascendió extraoficialmente que el ataque habría sido por una cuestión de género, ya que el afectado se identifica con la comunidad LGBT y en la escuela es blanco constante de burlas y humillaciones por parte de algunos compañeros.

Incluso familiares refirieron que ya se había notificado a la escuela pero no hicieron caso de los abusos y maltratos de los que era objeto el afectado.

• Un alumno de 17 años del Bachillerato José Vasconcelos de Atlixco fue golpeado, quedó inconsciente y permanece hospitalizado en estado delicado.
• Familiares denuncian que el joven sufría acoso escolar desde meses atrás y que la escuela habría sido alertada sin actuar de forma efectiva.
• La investigación revisa tanto la agresión como la posible omisión del plantel y las fallas que permitieron el ingreso de una persona externa.

La noche de este miércoles fueron localizados los restos humanos de cuatro personas al interior de bolsas tipo costales en un camino de terracería de la comunidad de Pueblos Unidos, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el hallazgo se realizó alrededor de las 20:30 horas, cuando se alertó al 911 sobre la presencia de cuerpos en estado de descomposición que se localizaban a un costado del canal del poblado de Pueblos Unidos, lo que provocó un despliegue de seguridad.

En el sitio se encontraba una persona que refirió se podría tratar de cuatro de sus familiares desaparecidos desde junio de 2025, identificados como Jesús “N”, de 51 años; Jesús Gustavo “N”, de 20 años; Federico “N”, de 26, y Adán “N”, de 28 años.

Los cuatro hombres cuentan con ficha de búsqueda activa ante la Comisión de Búsqueda Estatal de Personas en Sinaloa, luego de que fueron vistos por última vez cuando salieron a trabajar de Culiacán a la localidad de Agua Caliente, municipio de San Ignacio.

Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados, ya que será a través de las pruebas de ADN que se definirá si se trata de los hombres desaparecidos en junio de 2025.

Guerra de Los Chapitos y Los Mayos no detienen la violencia en el estado

Culiacán ha sido el centro de la diputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, y que ha provocado más de 3 mil homicidios.

Otro hecho violento ocurrió este mismo miércoles con la colocación de una corona fúnebre en el domicilio de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, en Culiacán.

La corona fue abandonada fuera de la puerta de su casa, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, la cual tenía la leyenda “Familia Gárate”. El hallazgo representaría un acto de intimidación, por lo que la diputada alertó a las autoridades de inmediato y acudió a presentar su denuncia ante la Fiscalía Estatal.

Gárate Valenzuela ha denunciado la inseguridad y violencia que viven los sinaloenses debido a la disputa del Cártel de Sinaloa. Además, acusó amenazas e intimidaciones contra partidos de oposición durante el proceso electoral de 2021, en la que fue víctima de privación ilegal de la libertad.

No es el primer hecho violento que vive la diputada, pues el 14 de octubre de 2025 fue despojada de su camioneta cuando se encontraba afuera de un establecimiento en la colonia Guadalupe, el cual fue localizado más tarde.

Por su pare, el PRI de Sinaloa exigió a las autoridades que se realice una investigación “transparente” para identificar a los responsables y detalló que su dirigente nacional, Alejandro Moreno, solicitó medidas de protección y seguridad para la diputada que no han sido respondidas.

“Desde el CEN del PRI se solicitó para la diputada Paola Gárate, porque conocíamos el riesgo y porque no estamos dispuestos a esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La omisión de los gobiernos de Morena es grave”, se lee en un comunicado.

Jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa habría sido localizado muerto en Charay

El mismo miércoles se reportó el presunto hallazgo sin vida de Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, identificado como exlíder de la célula Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del hombre fue localizado con impacto de bala alrededor de las 03:00 de la mañana, a un costado de las letras de bienvenida de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte, en Sinaloa.

Por la tarde, las autoridades de la Fiscalía General del Estado detallaron que las labores de identificación continuaban, además de que Infobae México las consultó pero no recibió respuesta.

“El Chuta” fue acusado en Chicago, Estados Unidos, de cargos de narcotráfico, terrorismo y armas de fuego al ser identificado como exjefe de una célula afín a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación, emitida en marzo pasado, Ibarra Félix lideraba a la FECH y se encargaba de brindar seguridad a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Además, habría suministrado entre 2016 y 2026 de ametralladoras a Los Chapitos, además de conspirar para importar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos desde México.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, con nuevas restricciones para personas condenadas por agresiones en el ámbito familiar. La medida se debatió mientras el Sistema Nacional de Emergencias 911 registró más de 40 mil denuncias en 2025 y al menos 183 detenidos en los primeros meses de 2026.

Las modificaciones limitan derechos y actividades de quienes sean hallados culpables de ejercer violencia contra sus parejas o integrantes de su núcleo familiar. Entre las disposiciones aprobadas figura la prohibición de obtener una licencia de conducir, adquirir o portar armas de fuego y optar a cargos públicos.

Las reformas también contemplan mecanismos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las autoridades, incluidos sistemas de monitoreo electrónico para asegurar el alejamiento de las víctimas.

“Lista negra”

Los agresores pasarán a integrar un registro especial o “lista negra”, una herramienta orientada al seguimiento institucional de los casos y a reducir los riesgos de reincidencia.

Durante la discusión de las reformas, la vicepresidenta del Congreso Nacional Tania Pinto defendió la iniciativa y sostuvo que el país necesita adoptar medidas más firmes frente a una problemática que sigue afectando a miles de mujeres.

Durante su discusión se anunció que más de 40 mil reportes de violencia doméstica ingresaron al sistema de emergencias durante 2025, una cifra que equivale a un promedio superior a 100 denuncias diarias en todo el país.

A eso se suman las 183 capturas efectuadas por la Dirección Policial de Investigaciones en los primeros meses de 2026, a partir de denuncias presentadas por víctimas, familiares o testigos.

Para especialistas en seguridad ciudadana, estos datos muestran que la violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para mujeres, niñas y adolescentes en Honduras.

La psicóloga Sandra Rivera sostienen que las agresiones físicas suelen estar precedidas por episodios de violencia psicológica, amenazas, control económico o intimidación, conductas que en muchos casos permanecen invisibles durante largos períodos antes de convertirse en hechos de mayor gravedad.

La relación con los femicidios

Uno de los argumentos centrales que respaldó la aprobación de las reformas fue la relación entre la violencia doméstica y los femicidios.

Durante la sesión parlamentaria, varios congresistas señalaron que muchos asesinatos de mujeres tienen antecedentes de agresiones previas dentro del hogar que no fueron denunciadas o que no recibieron una respuesta efectiva por parte de las instituciones.

La aprobación ocurre días después de que el Congreso Nacional impulsara reformas orientadas a endurecer las penas por femicidio, que podrían alcanzar hasta 60 años de prisión en los casos más graves.

Analistas consultados sobre este tipo de medidas consideran que el fortalecimiento de las sanciones puede contribuir a enviar un mensaje de mayor rechazo frente a la violencia contra las mujeres, aunque advierten que los cambios legales por sí solos no resolverán el problema.

Especialistas en derechos humanos consideran que uno de los mayores desafíos sigue siendo la denuncia oportuna.

Diversos estudios sobre violencia de género señalan que muchas víctimas enfrentan barreras para acudir a las autoridades debido al miedo, la dependencia económica, las amenazas de sus agresores o la falta de confianza en el sistema de justicia.

Por eso, expertos recomiendan complementar las reformas con programas de atención psicológica, asesoría legal, refugios temporales y campañas permanentes de sensibilización dirigidas tanto a mujeres como a hombres.

También destacan la importancia de garantizar que las medidas de protección emitidas por los tribunales sean supervisadas de manera efectiva para evitar nuevos episodios de violencia.

La posición de los diputados

Durante la discusión parlamentaria, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la violencia doméstica constituye un problema estructural que requiere respuestas más firmes por parte del Estado.

La vicepresidenta del Congreso Lissi Matute afirmó que la aprobación representa un esfuerzo para enfrentar uno de los flagelos que más afectan a las familias hondureñas.

La diputada Johana Bermúdez recordó que las cifras de denuncias siguen siendo altas, mientras otros congresistas insistieron en fortalecer las acciones de prevención para evitar que los casos de agresión terminen cobrando vidas.

Organizaciones como Calidad de Vida señalan que el principal desafío comenzará con la implementación de las reformas.

Ahora, la efectividad de las nuevas restricciones dependerá de la capacidad de las instituciones para monitorear a los agresores, garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y brindar acompañamiento oportuno a las víctimas.

Luis Ángel López Valdez, periodista especializado en cobertura policiaca y colaborador del periódico Vanguardia de Veracruz, fue asesinado durante la madrugada de este jueves en el municipio de Poza Rica, al norte de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, en la cabecera municipal. El comunicador recibió disparos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil de la agresión.

Además de su labor periodística, López Valdez se desempeñaba como subdelegado de la organización de auxilio Cruz Ámbar en esa región veracruzana.

El reportero contaba con medidas de protección vigentes otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). De acuerdo con versiones difundidas por colegas y personas cercanas al comunicador, dichas medidas fueron implementadas tras denuncias relacionadas con amenazas que habría recibido en el ejercicio de su actividad profesional.

Tras conocerse el homicidio, el periódico Vanguardia de Veracruz expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde confirmó el fallecimiento de su colaborador.

El asesinato ocurrió en un municipio que recientemente registró otros hechos de violencia contra integrantes del gremio periodístico. En enero de este año fue privado de la vida Carlos Castro, director del portal digital Código Norte, quien fue atacado dentro de un establecimiento de su familia en Poza Rica. De acuerdo con reportes difundidos entonces, el comunicador había abandonado temporalmente la región tras recibir amenazas y regresó tiempo después, cuando ocurrió la agresión.

La muerte de Luis Ángel López también se suma a la preocupación generada por la desaparición de la reportera Roxana Ramírez, ocurrida en el sur de Veracruz. El caso fue documentado mediante grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el momento en que un grupo de hombres armados ingresó a su domicilio y se la llevó por la fuerza. Hasta ahora, su paradero continúa sin ser esclarecido.

Organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han identificado a Veracruz como una de las entidades con mayores riesgos para el ejercicio periodístico. Datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas indican que entre 2005 y 2024 fueron registrados 31 asesinatos de comunicadores en la entidad, además de cuatro casos de desaparición.

En lo que va del año, 21 ciudadanos estadounidenses han muerto en México, la mayoría en hechos vinculados a la violencia del crimen organizado, una cifra que supera las 13 bajas mortales registradas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante el mismo periodo en la guerra contra Irán, según datos oficiales de U.S. Citizen Deaths Overseas y del Pentágono.

El contraste incluye también el número de heridos en Medio Oriente: la “Operación Furia Épica” deja más de 300 militares lesionados, de acuerdo con el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa. Entre esos heridos se clasifica al menos a cuatro soldados de origen mexicano.

En México, los decesos de ciudadanos estadounidenses se asocian principalmente con agresiones con armas de fuego. Los registros ubican a Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua) como las ciudades con más casos, aunque también se reportan muertes en otras entidades, como Baja California Sur, Jalisco y Guanajuato.

El caso más reciente ocurre la noche del sábado 31 de mayo, cuando un ciudadano originario de California queda en medio de un enfrentamiento armado en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur. El hombre, de 31 años, muere durante su traslado a un hospital, según informa el consulado estadounidense en Tijuana.

La cifra de 21 muertes corresponde al conteo de ciudadanos estadounidenses fallecidos fuera de su país, concentrado en incidentes relacionados con violencia criminal dentro de México. En paralelo, el dato de 13 militares fallecidos corresponde al saldo mortal atribuido al despliegue militar estadounidense en el conflicto con Irán.

• 21 estadounidenses mueren en México en hechos ligados a violencia del crimen organizado, en lo que va del año.
• La guerra contra Irán registra 13 militares estadounidenses fallecidos y más de 300 heridos.
• El caso más reciente en México ocurre el 31 de mayo en Los Cabos; la víctima tenía 31 años.

Mexicanos peleando por Estados Unidos

Cuatro de los militares de Estados Unidos que han resultado heridos durante la guerra que el Gobierno de Donald Trump lanzó contra Irán el 28 de febrero son de origen mexicano, de acuerdo con el reporte del Sistema de Análisis de Bajas de Defensa del Departamento de Defensa estadounidense (DCAS, por sus siglas en inglés).

Otros tres militares estadounidenses lesionados son de ascendencia hispana, dice la información del DCAS, cuando se cumplen 39 días de que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques aéreos en masa contra Irán, país al que consideran una amenaza para su seguridad. Irán rechaza esta ofensiva y ha sostenido una respuesta armada frente a los ataques.

Al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán fueron identificados como mexicanos por el Pentágono, entidad que hizo públicos los detalles de la Operación Furia Épica iniciada hace cinco semanas y que ha dejado 13 militares del país norteamericano muertos.

Alerta de viaje por ciudades

La advertencia, emitida el 29 de mayo de 2026, no utiliza ese término de forma genérica: lo aplica con una etiqueta técnica —identificada con la letra T— que acompaña la clasificación de riesgo de cada estado mexicano en el sistema de alertas de viaje estadounidense.

Las tres ciudades sedes del torneo recibieron esta designación:

• Ciudad de México – Nivel 2 (Mayor precaución): riesgo por terrorismo y crimen.
• Nuevo León (Monterrey) – Nivel 2 (Mayor precaución): misma categoría que la capital.
• Jalisco (Guadalajara) – Nivel 3 (Reconsiderar el viaje): el documento advierte que “las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas” y que “tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes”.

Qué significa la etiqueta “T” en la práctica

El sistema de clasificación del Departamento de Estado distingue tres tipos de amenaza: crimen (C), secuestro (K) y terrorismo o violencia de organizaciones criminales (T). Esta última categoría es la que la administración Trump ha vinculado directamente con los principales cárteles mexicanos, a los que designó formalmente como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato.

Bajo esa lógica, la alerta no describe actos de terrorismo en el sentido convencional del término, sino que encuadra la violencia de grupos criminales organizados dentro de esa categoría, una distinción que el gobierno mexicano ha rechazado públicamente.

Restricciones que el gobierno de EEUU recomienda seguir

La alerta incluye una serie de restricciones que aplican a los empleados del gobierno estadounidense en México y que Washington recomienda “encarecidamente” a los ciudadanos que también las sigan:

• No viajar entre ciudades después del anochecer.
• Utilizar únicamente servicios de taxi regulados o aplicaciones como Uber o Cabify; no hacer señas a taxis en la calle.
• Evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas.
• No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas y el interior del país, salvo excepciones.

Seis estados quedaron en el Nivel 4: No viajar —el más alto—: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Ninguno es sede del Mundial.

El contexto: drones, cárteles y tensión diplomática

La alerta llega en un momento de fricciones entre los dos gobiernos. El 2 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar intereses estadounidenses. En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, Rubio describió el fenómeno como “un desafío global” y señaló que los cárteles “los están utilizando entre sí”, por lo que consideró que eventualmente podrían emplearlos contra intereses de su país.

Las declaraciones coincidieron con un periodo de alta fricción diplomática con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien días antes acusó a las instituciones de justicia estadounidenses de “injerencia” por los juicios contra funcionarios sinaloenses. Las tensiones también se agudizaron tras un incidente en Chihuahua en abril, donde dos agentes de la CIA fallecieron luego de desmantelar un narcolaboratorio, lo que generó protestas formales de la cancillería mexicana por la operación no autorizada en su territorio.

En ese clima, Sheinbaum le marcó límites al embajador Ronald Johnson desde su conferencia matutina: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países.”

La clasificación de riesgo del Departamento de Estado representa una evaluación unilateral y no refleja la posición oficial de la FIFA ni del gobierno mexicano sobre la viabilidad del torneo.

La organización Artículo 19 urgió a las autoridades federales y estatales a no detener las labores de búsqueda para localizar con vida a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y propietaria del medio digital Pulso Informativo del Sureste, desaparecida desde hace nueve días en el municipio de Nanchital, Veracruz.

La organización defensora de la libertad de expresión señaló que, aunque existen avances en las investigaciones y se reportó la detención de presuntos responsables, las acciones coordinadas entre las diferentes instancias de gobierno deben mantenerse hasta dar con el paradero de la comunicadora.

Periodista fue privada de la libertad por un grupo armado

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 06:00 horas del pasado 2 de junio, un grupo de hombres armados ingresó de manera violenta al domicilio de Guzmán Ramírez.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios sujetos con el rostro cubierto forzando y dañando la puerta de acceso para ingresar a la vivienda. Durante el ataque, familiares de la periodista también fueron víctimas de agresiones físicas.

Según reportes de medios locales, el padre de la comunicadora resultó lesionado por los golpes recibidos y tuvo que ser hospitalizado.

Tras la irrupción armada, los agresores privaron de la libertad a Roxana Guzmán, cuyo paradero continúa siendo desconocido hasta el momento.

Pronunciamiento tardío

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación desde el mismo día de los hechos. Sin embargo, Artículo 19 destacó que el gobierno estatal realizó un pronunciamiento público dos días después de ocurrida la desaparición.

Las autoridades veracruzanas han señalado que continúan realizando diligencias para localizar a la periodista, aunque hasta ahora no se ha informado sobre resultados positivos respecto a su ubicación.

Asimismo, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) desplegó personal en Nanchital para brindar acompañamiento y apoyo a la familia de la comunicadora.

A nivel federal, reconoció la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que estableció contacto con los familiares de la víctima. También destacó el acercamiento de representantes de la Presidencia de la República.

Familiares denuncian falta de información sobre avances

La organización expresó preocupación por los señalamientos realizados por familiares de Roxana Guzmán respecto a una aparente disminución en la comunicación con las autoridades.

La madre de la periodista declaró a medios de comunicación que ha tenido conocimiento de algunos avances únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas.

Entre ellos, mencionó la detención de seis personas presuntamente relacionadas con el caso y la posterior liberación de algunos de los involucrados.

Artículo 19 enfatizó que las instituciones encargadas de la investigación deben mantener informada a la familia sobre las acciones realizadas, las líneas de investigación abiertas y los procedimientos de búsqueda implementados.

La organización defensora de los derechos de periodistas también manifestó inquietud por la forma en que algunos medios y espacios digitales han abordado el caso.

Según Artículo 19, parte de la cobertura mediática ha difundido versiones especulativas sobre posibles vínculos de terceros con actividades ilícitas, así como narrativas que buscan atribuir responsabilidades a decisiones editoriales o laborales de la propia periodista.

Ante este escenario, la organización recordó que el principal objetivo debe ser localizar a Roxana Guzmán con vida y garantizar una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de protección a la libertad de expresión.

Veracruz mantiene un contexto de riesgo para periodistas

La desaparición de Roxana Guzmán ocurre en un contexto marcado por la violencia contra periodistas en Veracruz, una de las entidades que históricamente ha registrado agresiones, amenazas y ataques contra trabajadores de medios de comunicación.

La organización reiteró su llamado a las autoridades para fortalecer la coordinación institucional, mantener la búsqueda activa y garantizar que el caso sea investigado con enfoque de derechos humanos y libertad de prensa, hasta lograr la localización de la periodista y el esclarecimiento de los hechos.

El portero del jardín de infantes N° 261 “Paulo Freire” fue detenido durante este miércoles después de haber sido escrachado en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. Todo se inició por la denuncia de una mamá de un menor de 4 años que lo señaló por haber abusado sexualmente de él. Por el caso, hubo un reclamo de las familias frente a la institución y todo terminó en un violento enfrentamiento con directivos y las fuerzas de seguridad.

El detenido en cuestión fue identificado con las iniciales R. A. L. y tiene 55 años. En ese marco, tuvo que ser asistido en la Comisaría 10a por un médico debido a golpes que recibió de los padres que fueron al establecimiento educativo.

La tensa situación que se vivió durante toda la mañana de este miércoles, y parte del mediodía, producto de la grave denuncia sumada a la falta de respuestas de autoridades del Ministerio de Educación, hizo que la violencia escale cuando padres y madres buscaron al acusado en el jardín ubicado en Cabal y La República para golpearlo.

Una vez que el portero fue esposado por el Comando Radioeléctrico, los adultos exigieron una reunión con la directora y con personal del Ministerio de Educación, ya que el denunciado supuestamente también habría trabajado en una escuela primaria situada a la vuelta, en La República y Ottone, aunque oficialmente eso no fue confirmado. Golpearon las puertas y se enfrentaron a la Policía, que comenzó a recibir refuerzos del Cuerpo Guardia Infantería.

Los testimonios de madres y padres de niños del jardín indicaron que, sumado al caso denunciado, habría más menores abusados por el detenido. No obstante, desde el Ministerio Público de la Acusación aclararon a Infobae que solo hay registro de una presentación –radicada ante la Comisaría de la Mujer– por un solo hecho, que es el que habría tenido lugar este martes y que desató toda la escena de tensión de hoy.

La fiscal Antonela Valente, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, dispuso que se tomen testimonios a Fabiana M., madre de la víctima. A su vez, un equipo interdisciplinario de psicólogas interviene para tratar de reunir la mayor cantidad de información posible de los niños.

Valente ordenó a la Policía de Investigaciones que realice un relevamiento en la escuela y en el jardín para identificar a personal docente y no docente al que se le pueda tomar testimonio. Se aguardará el resultado de todas las medidas solicitadas para definir la situación procesal del portero, que mientras tanto permanecerá alojado en la seccional de la zona norte.

En paralelo, tres mujeres policías resultaron heridas producto de las trompadas y piedrazos que arrojaron padres y madres de los nenes del jardín que se enfrentaron a todos los uniformados presentes. En total fueron aprehendidos tres adultos por esas agresiones, pero ya recuperaron la libertad.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación santafesino se informó que se inició un sumario administrativo al hombre de 55 años, a quien separaron de su trabajo en función de la gravedad del caso en el que está sindicado.

La guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa se encuentra en un nuevo punto de inflexión que podría provocar que la violencia se extienda a otras entidades en caso de continuar realizándose como hasta ahora.

David Saucedo, experto en seguridad pública, detalló en entrevista con Infobae México que un nuevo frente de guerra se abrió en Sinaloa, el cual explica el aumento de la violencia en municipios como Escuinapa, Choix, El Fuerte y Badiraguato, ya que ambas células rompieron una especie de acuerdo que tenían para evitar que sus finanzas se vieran afectadas.

De acuerdo con el especialista, ambas facciones habían centrado la violencia en Culiacán y Mazatlán con el objetivo de no afectar sus áreas de reclutamiento y de producción de drogas, pero de manera reciente su dinámica ha cambiado. Diversos enfrentamientos en zonas productoras muestran que su dinámica criminal está evolucionando.

“Lo que se está generando son nuevos frentes de guerra. Existía una especie de acuerdo de solo combatirse en la capital del estado y en Mazatlán, pero eso está llegando a su fin y ahora se están disputando el control de municipios en donde tenían presencia, pero que había una especie de acuerdo para seguir manteniendo la actividad criminal”, explicó.

El CJNG y la presencia de elementos de seguridad también agravan la guerra

Saucedo advirtió que la escalada violenta se agrava por la intervención de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que han llegado en apoyo a la facción de Los Chapitos. Su ingreso desde el sur de la entidad ha sido uno de los factores que también ha aumentado la violencia en la región en medio de la disputa.

Según el experto, la dinámica entre Los Chapitos y el grupo de Los Mayos se ha vuelto más volátil con la presencia del CJNG, ya su presencia ha provocado que los enfrentamientos sean más constantes. “Hay una invasión de grupos de otras organizaciones delictivas que están llegando en respaldo de los Chapitos”.

Como tercer factor, Saucedo apuntó a que la concentración de fuerzas estatales y federales ha provocado una reacción por parte de las células criminales, ya que se han enfocado en generar retenes y operativos que también generan tensión.

La guerra podría extenderse a otras entidades: alertó

Saucedo detalló que en caso de que la guerra continúe como hasta ahora, con la incursión de la violencia en regiones de producción de drogas y de reclutamiento, los enfrentamientos podrían extenderse a otras entidades donde ambas facciones mantienen operaciones.

“Es posible entonces que ya no solo en Sinaloa, sino en otras regiones de Sinaloa se extienda la guerra. Hay varios estados del país, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, en donde hay tropas de ‘El Mayo Zambada’ y Los Chapitos, pero que no están en ruta de colisión por el momento. Entonces, de mantenerse esta dinámica, el fuego de la guerra llegaría a otros estados”, dijo.

Explota vehículo en medio de la visita de la gobernadora de Sinaloa en Escuinapa

Escuinapa ha sido uno de los municipios que más hechos violentos ha registrado desde mediados del mes de diciembre del año pasado. Tan solo este martes se reportó la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15.

Medios locales detallaron que el estallido ocurrió cerca de las 04:00 de la mañana, a unos 500 metros de una gasolinera en la que se presume es la misma en la que fueron asesinados un día antes Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años de edad, y su tío, Arturo Ramiro Quintero Ortega, cuando se dirigían a un hospital para atenderse por una picadura de alacrán.

La explosión ocurrió horas antes de la visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien acudió al municipio para encabezar la Mesa de Seguridad debido al aumento de la violencia.

Al respecto, dijo que acordó con el alcalde, Víctor Manuel Díaz Simental, el reforzamiento de la seguridad. Además, aseguró que brindaría su respaldo a los habitantes:

“Vamos a seguir trabajando por la seguridad de aquí, de Escuinapa, de todos sus habitantes, de sus alrededores, y no vamos a dejar solo al municipio. Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”, afirmó.

Respecto a la explosión, Saucedo lo calificó como un acto de terrorismo que también tendría como objetivo “calentar la plaza” y generar una crisis en el gobierno.

“En plena visita de la gobernadora interina a Escuinapa se da la detonación de un artefacto explosivo que pudo haber generado bajas civiles. Es un acto de narcoterrorismo que lo que busca es erosionar la imagen de las autoridades, generar conmoción entre la población, obligar a las autoridades a que en Escuinapa haya una concentración mayor de fuerzas federales y estatales para calentar la plaza al mismo tiempo”, aseguró.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial durante una conferencia de prensa, expresando su preocupación por la reciente liberación de delincuentes peligrosos y la falta de castigos eficientes para quienes cometen delitos graves en el país.

En su intervención, Fernández se refirió al caso de tres miembros de la banda criminal “Los Marujas” en Cartago, quienes, a pesar de haber sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con cientos de dosis de drogas, armas y antecedentes penales, fueron puestos en libertad por la jueza Ana Laura García Delgado. La mandataria reclamó: “Con lo que cuesta que los agarren, con lo que cuesta que les den una condena y que tengan la vergüenza de dejarlos sueltos”. Fernández destacó que esta banda lleva más de veinte años operando en la provincia, sumando decenas de hechos violentos.

La presidenta también señaló la preocupación nacional por la impunidad ante delitos cometidos en cárceles. Mencionó que, a pesar de que introducir celulares a centros penales es un delito sancionado, la Fiscalía ha optado por imponer sanciones administrativas, lo que, según Fernández, envía un mensaje equivocado a la sociedad y fomenta la continuidad de prácticas delictivas desde las prisiones.

Durante su discurso, Laura Fernández señaló directamente a las máximas autoridades del Poder Judicial: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país. Don Rolando Aguirre, el presidente del Poder Judicial, usted le está fallando a Costa Rica y se lo tengo que decir yo, porque soy la representante de este pueblo electa en urnas. Los dos deberían de considerar seriamente hacerse a un lado. Y si ya no pueden, denle el espacio a otra persona con sangre fresca que pueda tomar el mando del Poder Judicial”. La mandataria enfatizó que no se trata de un ataque personal, sino de una alerta ante una situación que considera grave para la seguridad pública.

Fernández pidió respuestas sobre las razones detrás de la liberación de delincuentes y cuestionó si los jueces actúan bajo presión, amenazas o corrupción. “Este pueblo se merece que el Poder Judicial nos diga si los jueces que están liberando delincuentes es porque los corrompieron, porque los tienen amenazados, por las dos cosas. Pero no se vale que un día sí y otro también los dejen sueltos y nadie le dé respuesta a este país, porque el salario de ustedes y el mío también lo paga el pueblo de Costa Rica”, afirmó en su intervención.

La presidenta hizo un llamado enfático a la Asamblea Legislativa para que ejerza su función de control político: “Hago un llamado a la Asamblea Legislativa, que es a la que le toca ejercer el control político parlamentario sobre los supremos poderes. Deberían de estar llamando a cuentas ya al presidente del Poder Judicial, a la magistrada Solano y a estos fiscales que un día sí y otro también están dejando sueltos a delincuentes de alta gama en el país”, a través de su conferencia semanal.

Durante la conferencia, Laura Fernández subrayó el esfuerzo realizado por el Gobierno en materia de seguridad, gestionando recursos, promoviendo leyes y coordinando con cuerpos policiales. Insistió en que, pese a los esfuerzos estatales, las acciones del Poder Judicial debilitan la sensación de justicia y seguridad en la población. “No se vale que la gente buena de Cartago y de todo el país tenga que vivir encerrada en la casa por miedo y que los maleantes anden sueltos”, expresó la mandataria.

Fernández concluyó su intervención reiterando la necesidad de que el país actúe con firmeza: “Estamos a tiempo que Costa Rica no se caiga por un despeñadero”. Su llamado busca que las distintas instituciones asuman la responsabilidad de garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía, en medio de una crisis que ha generado alarma social en todo el país.

Una modelo que demandó a Kanye West por agresión sexual declaró al podcast Fame Under Fire de la BBC que el incidente que denuncia la dejó sintiéndose “sofocada, insegura y asustada”.

Jennifer An, exparticipante del programa de telerrealidad America’s Next Top Model, presentó en noviembre de 2024 una demanda civil contra el rapero en el marco de la Ley de Protección contra la Violencia de Motivación de Género de la ciudad de Nueva York, una normativa que extiende temporalmente el plazo de prescripción para sobrevivientes de agresiones sexuales.

El incidente que motiva la demanda habría ocurrido en 2010 durante el rodaje de un videoclip en el Hotel Chelsea de Manhattan.

An fue contratada como actriz de fondo para el video de la canción “In For The Kill”, de la artista británica La Roux, sin saber que West participaría en la producción.

Según relató, el ambiente en el set cambió abruptamente cuando el equipo de producción comenzó a moverse agitadamente anunciando la llegada del rapero.

Tras su arribo, Kanye eligió a tres modelos para participar en una escena con él, entre ellas Jennifer.

De acuerdo con su testimonio, el artista no pudo recordar sus líneas, pidió detener la grabación y reorientó el rodaje hacia una nueva escena.

Colocó a Jennifer An frente a la cámara y se ubicó él mismo fuera de cuadro, sin darle indicaciones sobre lo que ocurriría a continuación.

“De repente extendió una mano y empezó a ahorcarme, y yo no sabía qué estaba pasando. Luego sacó la otra mano y empezó a ahorcarme con las dos, y después empezó a desparramar mi maquillaje por la cara y a meter sus manos en mi boca”, declaró al medio británico.

La modelo afirmó que la forma en que West introdujo sus manos en su boca simulaba un acto sexual, y que varias personas presentes en el set observaron la escena sin intervenir.

Cuando se le preguntó si intentó detenerlo, respondió: “No, porque no sabía qué estaba haciendo... Estaba más bien paralizada, pensando ‘puedo perder mi trabajo’”.

Según continuó en su declaración, el incidente concluyó cuando Kanye West exclamó frases como “esto es arte, soy Picasso” y se retiró abruptamente del set.

El rapero no llegó a aparecer en la versión oficial del videoclip, aunque sí participó como invitado en un remix de la canción.

Tras lo ocurrido, Jennifer An dijo haber hablado con La Roux —cuyo nombre real es Elly Jackson—, quien le pidió disculpas por lo sucedido y le aseguró que las imágenes no serían difundidas.

En 2024, An retomó contacto con Jackson a través de un mensaje directo en Instagram para preguntarle si recordaba el incidente.

La artista respondió afirmativamente: “Nunca podría olvidarlo, fue horrible”, según documentos judiciales obtenidos por la revista Rolling Stone. Esos mensajes fueron presentados como evidencia corroborante ante el tribunal.

En esos mismos mensajes, Jackson habría consignado que West le susurró después del incidente: “Apuesto a que crees que acabo de hacer retroceder a las mujeres unos 10 años”. La artista respondió: “Acabas de hacer retroceder a las mujeres unos 500 años”.

Los abogados del rapero no negaron ante la BBC que el encuentro tuvo lugar, pero argumentaron que formó parte de una “actuación teatral intensa y provocadora”, en referencia a una escena de la película American Psycho.

Sostienen además que An no expresó en ningún momento su falta de consentimiento ni intentó abandonar el set, por lo que la consideran “participante consintiente” de la actuación.

La defensa del rapero también presentó una moción para desestimar la demanda, alegando que las acciones de West estuvieron vinculadas a la producción de arte expresivo y, por tanto, estarían protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El abogado de An, Jesse Weinstein, rechazó ese argumento ante el podcast y advirtió que sería un “precedente muy peligroso” permitir que los artistas hagan “básicamente lo que quieran, a quien quieran, en espacios creativos, y salgan impunes llamándolo arte”. El caso aún no ha llegado a juicio.

Más de 183 personas fueron detenidas en Honduras en los primeros meses de 2026 por denuncias de violencia doméstica, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones. Las capturas se realizaron en distintas regiones del país tras denuncias presentadas por víctimas y familiares.

Según el portavoz de la DPI Wilfredo Maldonado, los casos registrados muestran una problemática que sigue afectando la convivencia en numerosos hogares hondureños y que, en muchos casos, puede escalar hacia delitos más graves.

Las autoridades señalaron que detrás de muchas denuncias hay patrones de violencia repetitiva que, si no son atendidos a tiempo, pueden derivar en lesiones graves, agresiones continuas e incluso homicidios o femicidios.

Qué ocurre tras las detenciones

Una vez que se producen las detenciones, los expedientes son remitidos a los órganos judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad de los acusados y aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente.

Las autoridades policiales sostienen que la denuncia oportuna sigue siendo una de las herramientas más importantes para prevenir desenlaces fatales y garantizar la intervención de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.

Una violencia que excede el hogar

Especialistas en derechos humanos y organizaciones de protección a las mujeres advirtieron que la violencia doméstica sigue siendo una de las expresiones más frecuentes de violencia en Honduras. Aunque muchas víctimas logran denunciar a sus agresores, persiste la preocupación por los casos que permanecen ocultos debido al miedo, la dependencia económica o la falta de acceso a mecanismos de protección.

Diversos estudios señalaron que este tipo de violencia no solo afecta a la persona agredida, sino que también tiene consecuencias psicológicas y sociales para los hijos y demás integrantes del núcleo familiar, con consecuencias psicológicas y sociales que pueden perpetuar ciclos de violencia por generaciones.

Aprueban Reformas

El aumento de los casos ocurre mientras el Congreso Nacional aprueba nuevas reformar a la Ley contra la Violencia Doméstica orientadas a fortalecer las medidas de prevención y castigo contra los agresores.

Entre las propuestas en discusión figura la creación de un registro nacional de personas condenadas por violencia doméstica, así como restricciones que podrían impedir a los sentenciados optar a cargos de elección popular, acceder a determinados beneficios financieros o mantener licencias y permisos otorgados por el Estado.

La defensora de los derechos de las mujeres Honorina Rodríguez señaló que las reformas buscan “enviar un mensaje claro de rechazo a la violencia” y fortalecer los mecanismos de protección para quienes enfrentan situaciones de riesgo dentro de sus hogares.

Los desafíos pendientes

Pese a los esfuerzos institucionales, organizaciones sociales consideran que el combate a la violencia doméstica requiere una respuesta integral que vaya más allá de las detenciones y sanciones penales.

Entre los desafíos pendientes figuran el fortalecimiento de la educación en igualdad, el acceso a atención psicológica, la protección efectiva de las víctimas y la promoción de entornos familiares libres de violencia.

El aumento de las denuncias y capturas también refleja una mayor disposición de las víctimas a romper el silencio y acudir a las autoridades. Sin embargo, advierten que el reto sigue siendo garantizar protección efectiva, acceso a la justicia y acompañamiento integral para evitar que los casos de violencia se repitan o escalen a consecuencias irreversibles dentro de los hogares hondureños.

La Conferencia Episcopal de Honduras advirtió este miércoles sobre el deterioro de las condiciones sociales que afectan a miles de hogares del país y alertó por el impacto de la inseguridad, la violencia, el desempleo, la migración y la falta de oportunidades en la vida familiar y comunitaria.

Los obispos señalaron que numerosos hondureños viven bajo la presión de problemas que van desde la inseguridad y la violencia hasta la falta de empleo y las limitadas oportunidades económicas, situaciones que continúan empujando a muchas personas a abandonar sus comunidades y, en algunos casos, a migrar fuera del país.

En su pronunciamiento, describieron una realidad marcada por familias que enfrentan pérdidas humanas, separación de seres queridos y dificultades para garantizar condiciones dignas de vida. A su juicio, estos factores han debilitado progresivamente la convivencia familiar y comunitaria.

Violencia sobre las mujeres

Uno de los puntos señalados en el mensaje fue la persistencia de hechos violentos que afectan directamente a la población. La Conferencia Episcopal expresó solidaridad con quienes han perdido familiares a causa de la criminalidad y lamentó que numerosos casos continúen sin respuesta efectiva de la justicia.

La Iglesia también puso énfasis en las agresiones que sufren miles de mujeres en Honduras. Los obispos afirmaron que la violencia física, psicológica, económica y sexual continúa representando una amenaza para la dignidad humana y advirtieron que este fenómeno tiene consecuencias que trascienden el ámbito familiar y afectan a toda la sociedad.

El pronunciamiento surge en un contexto en el que organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de mujeres han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas.

Migración, pobreza y adicciones

Otro de los temas abordados por la Conferencia Episcopal fue el impacto de la migración en la estructura familiar. Los religiosos señalaron que la búsqueda de mejores oportunidades económicas ha provocado la separación de miles de familias, dejando a niños, jóvenes y adultos mayores frente a largos períodos de ausencia de sus seres queridos.

A ello se suman problemas relacionados con el desempleo, la precariedad económica y las adicciones, factores que, según la Iglesia, contribuyen a profundizar situaciones de vulnerabilidad en distintos sectores de la población.

Pese a este panorama, los obispos señalaron que miles de familias continúan sosteniendo sus hogares mediante el esfuerzo cotidiano y el acompañamiento mutuo en medio de las dificultades.

El llamado a las autoridades

La Conferencia Episcopal instó a las autoridades a impulsar políticas orientadas a fortalecer la protección social, mejorar las oportunidades de empleo y enfrentar con mayor contundencia la violencia, la corrupción y otras problemáticas que afectan el desarrollo del país.

Los líderes religiosos señalaron que la recuperación del tejido social requiere acciones concretas que permitan garantizar mejores condiciones de vida para las familias, especialmente aquellas que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.

También insistieron en la promoción de valores como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y el compromiso familiar como elementos fundamentales para construir una sociedad más estable y cohesionada.

El mensaje a padres y jóvenes

Dentro de su reflexión, la Iglesia hizo un llamado a los padres de familia a reforzar su papel en la formación de los hijos, especialmente en una época marcada por los desafíos que plantea el entorno digital y los cambios sociales.

De igual forma, exhortó a los jóvenes a valorar proyectos de vida basados en el compromiso, la responsabilidad y la construcción de relaciones estables, frente a lo que definieron como una cultura marcada por la inmediatez y la falta de permanencia.

El mensaje fue presentado públicamente por Juan Ángel López, quien reiteró el compromiso de la Iglesia Católica de acompañar a las familias hondureñas en medio de los desafíos actuales.

El ataque quedó parcialmente registrado en video y mostró a los agresores derribando la puerta antes de ingresar al inmueble. A más de una semana de los hechos, las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan las labores de búsqueda.

El caso generó una reacción inmediata de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, que solicitaron a las autoridades considerar su actividad periodística como una posible línea de investigación. La propia presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la prioridad era localizar a la comunicadora, mientras la Fiscalía de Veracruz informó sobre operativos en municipios del sur de la entidad y el análisis de grabaciones y comunicaciones relacionadas con el caso.

La desaparición de Guzmán no ocurrió en un contexto aislado. Apenas cinco meses antes, el periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado en Poza Rica. El comunicador, dedicado a la cobertura policiaca y de seguridad, había denunciado amenazas previas y contaba con antecedentes de agresiones. Su homicidio provocó condenas de organismos de protección a periodistas y abrió nuevamente el debate sobre las condiciones en las que trabajan los reporteros locales en Veracruz.

El caso tuvo además una derivación que aumentó la preocupación en la región. Días después del asesinato de Ramírez Castro fueron reportadas como desaparecidas su pareja, Wendy Arantxa Portilla, y una amiga de ella, Karime Monserrat Murrieta, quienes habían asistido al funeral del periodista. Las autoridades emitieron fichas de búsqueda y abrieron investigaciones para determinar su paradero.

Otro expediente reciente es el de Miguel Ángel Amaya Castillo, director del portal Pánuco Online. El periodista fue reportado como desaparecido en abril de 2025 en el norte de Veracruz. Su nombre forma parte de los registros de comunicadores desaparecidos documentados por organizaciones especializadas en libertad de expresión y su caso continúa siendo mencionado por colectivos de periodistas al hablar de los riesgos que enfrenta el gremio en la entidad.

Sin embargo, la historia de violencia contra la prensa en Veracruz se remonta varios años atrás. Entre los casos más emblemáticos figura el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en Xalapa en 2012, un crimen que se convirtió en referencia obligada en la discusión nacional sobre la protección a periodistas.

Casos documentados durante la última década

También destaca el secuestro y asesinato de Moisés Sánchez Cerezo en Medellín de Bravo, ocurrido en 2015, así como el asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, quien fue sacada de su domicilio en Orizaba y localizada sin vida un día después.

A esos nombres se suman los de Miguel Ángel López Velasco, conocido como “Milo Vela”, asesinado junto con integrantes de su familia en 2011; Yolanda Ordaz de la Cruz, Gregorio Jiménez de la Cruz, Víctor Manuel Báez Chino y otros comunicadores cuyos casos fueron documentados durante la última década en distintos municipios veracruzanos.

Veracruz encabeza los registros históricos de periodistas asesinados

Las cifras reflejan la dimensión del problema. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han señalado que Veracruz encabeza los registros históricos de periodistas asesinados en México. De acuerdo con datos citados por estos organismos, al menos 32 comunicadores han sido asesinados en la entidad desde el año 2000, una cifra superior a la de cualquier otro estado del país.

La desaparición de Roxana Guzmán se incorporó así a una larga lista de agresiones que han marcado la historia reciente del periodismo veracruzano. Mientras continúan las investigaciones para localizarla, su caso volvió a poner atención sobre una entidad que desde hace más de dos décadas aparece de manera recurrente en los registros nacionales e internacionales de violencia contra la prensa.

El jurado declaró culpable a Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf, apuñalado el 2 de abril de 2025 durante una competencia escolar de atletismo en Frisco, Texas.

El veredicto se conoció este martes, tras menos de tres horas de deliberación en el condado de Collin, y dejó el caso a la espera de la sentencia.

El juicio terminó con el rechazo de la versión de legítima defensa. Anthony, de 19 años, fue condenado a prisión por 35 años, según indicó CBS News.

El proceso se centró en la mañana lluviosa del 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo entre escuelas secundarias.

Anthony y Metcalf, estudiantes de distintas instituciones del área metropolitana de Dallas, no se conocían y coincidieron bajo la carpa del equipo de Memorial High School, según los medios citados.

Qué consideró el jurado para rechazar la legítima defensa

El jurado desestimó la defensa de Anthony, que sostuvo que había actuado para protegerse. La mayoría de los testimonios clave provino de estudiantes, que relataron empujones, amenazas verbales e intercambios tensos en las gradas.

Según AP News, varios testigos afirmaron que Metcalf le pidió reiteradamente a Anthony que se fuera de la carpa y que, tras recibir una burla, Anthony metió la mano en su bolso y extrajo un cuchillo. Un testigo citó la frase de Metcalf: “No tienes nada en esa mochila. Esto es Frisco”.

Poco después, según los relatos, se produjo el contacto físico. Testigos declararon que Metcalf empujó a Anthony y que este lo apuñaló en el pecho. El arma, una navaja de bolsillo, fue hallada más tarde en las gradas, según reportes policiales citados por ABC News.

Los argumentos de la fiscalía y la defensa

La fiscalía calificó el ataque como un “golpe furtivo, por sorpresa” y sostuvo que Anthony había incitado la confrontación con advertencias previas como “Tócame y verás qué pasa”, según AP News y ABC News.

Durante los alegatos de cierre, el fiscal Bill Wirskye argumentó ante el jurado: “No puedes responder a un empujón con una puñalada, especialmente si provocas ese empujón”.

La defensa, encabezada por Mike Howard, sostuvo que Anthony actuó en una fracción de segundo, con miedo intenso tras el empujón de Metcalf, y describió la escena como caótica, según AP News y CBS News. La estrategia incluyó la decisión de que Anthony no declarara en el juicio.

Durante el proceso, la defensa también intentó que se considerara el cargo menor de homicidio involuntario, que habría significado una condena de hasta 20 años de prisión, pero el jurado optó por el cargo principal de asesinato, según CBS News.

La prueba forense y el relato de los testigos

A lo largo del juicio declararon 21 testigos de la fiscalía, entre ellos estudiantes, entrenadores y especialistas forenses. La médica forense Elizabeth Ventura explicó al jurado que la puñalada perforó el corazón de Metcalf y causó una herida mortal.

Entrenadores y personal médico intentaron reanimarlo en el estadio, pero Metcalf fue declarado muerto poco después de llegar al hospital.

Según AP News, tanto la fiscalía como la defensa subrayaron que el juicio no estaba relacionado con la raza, en medio de discusiones del caso en redes sociales.

Reacciones y próximos pasos

La sentencia contra Anthony se definirá en una audiencia próxima. El juez John Roach Jr. condujo el proceso con restricciones: prohibió la publicación de los nombres de los testigos adolescentes y el uso de dispositivos electrónicos en la sala.

Los padres de ambos adolescentes señalaron que sus hijos eran estudiantes aplicados y que tenían planes de ir a la universidad, según AP News.

Mientras la familia de Metcalf reclamó justicia, la de Anthony quedó a la espera de la sentencia y de los próximos pasos del caso.

Dos cuerpos sin vida —al menos uno de ellos femenino según una de las fuentes— aparecieron el martes 9 de junio envueltos en bolsas de plástico negras sobre la vía pública en la colonia Ejido Francisco Villa, en Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Tonalá y Zapotecas, perteneciente a la subdelegación Mariano Matamoros, un área residencial que en los últimos meses ha registrado episodios de violencia.

En el lugar, un residente decidió dar aviso a las autoridades al notar dos bultos sospechosos sobre la acera. Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que el contenido de las bolsas correspondía a personas fallecidas.

¿Quiénes eran las víctimas y qué se sabe hasta ahora?

Una de las fuentes consultadas por medios locales detalló que las víctimas fueron identificadas como un hombre y una mujer. La otra versión señala que ambos cuerpos pertenecen a mujeres, por lo que la identidad y el sexo de los fallecidos permanecen bajo investigación oficial.

Sin embargo, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas de muerte y establecer la identidad de forma oficial.

El operativo en la escena

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal llegaron primero al sitio para acordonar el perímetro. Su intervención permitió que los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) procesaran la escena sin interferencias.

El personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y abrió una carpeta de investigación. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaron detenidos vinculados al caso.

Otros hechos de la jornada en Tijuana

La misma mañana del martes, un accidente de tránsito de grandes proporciones interrumpió la circulación sobre la Vía Rápida, a la altura de la colonia Buenavista. La Dirección de Bomberos informó que el choque involucró a 12 vehículos, entre ellos un camión que transportaba tanques de oxígeno.

Las autoridades de tránsito desplegaron un operativo para controlar el flujo vehicular en la zona afectada. Los daños materiales fueron considerables, aunque no se reportaron víctimas fatales en ese incidente.

Un hombre de 29 años en estado grave tras caída

La noche del lunes, en el fraccionamiento Villa del Campo, un hombre de 29 años sufrió una caída al interior de la privada Guacamaya. Cinco elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana acudieron al lugar y le brindaron atención médica de urgencia.

El joven entró en paro cardiorrespiratorio durante la atención prehospitalaria. Los paramédicos de la Cruz Roja Tijuana lo trasladaron a un hospital en estado grave y con prioridad máxima.

Una semana de violencia en la colonia

El hallazgo del martes no es el primero de su tipo en la zona. Días antes, el lunes 7 de junio, un cadáver envuelto en una cobija negra apareció dentro de una vagoneta abandonada sobre la Vía Rápida Alamar Norte, y otro cuerpo fue localizado en la misma colonia Ejido Francisco Villa alrededor de las 6:00 horas de esa misma madrugada.

La acumulación de hallazgos en un lapso tan corto intensifica la presión sobre las autoridades de seguridad del municipio. Las investigaciones de todos los casos corren a cargo de la Fiscalía General del Estado, sin que hasta el momento se hayan informado avances concretos ni arrestos.

Un informe internacional reciente posiciona a Tijuana entre las ciudades con mayor índice de violencia letal a nivel global, con una tasa cercana a 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. Solo Puerto Príncipe, en Haití, supera este registro, mientras que otras urbes mexicanas como Acapulco, Ciudad Juárez, Celaya, Uruapan, León, Zamora y Culiacán también figuran en los primeros lugares, lo que evidencia la persistencia de la violencia homicida como uno de los retos estructurales más complejos para México.

La plataforma Explorando Nuestro Mundo (2025–2026) elabora este ranking empleando como criterio la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, reconocida como el estándar internacional para medir y comparar los niveles de violencia entre ciudades. El estudio recurre a datos oficiales, estimaciones demográficas actualizadas y métodos de cálculo estandarizados para ofrecer un panorama homogéneo y fiable sobre la magnitud del fenómeno.

La Policía Militar de Orden Público fue autorizada este martes para acompañar a la Policía Nacional en operativos de seguridad en barrios y comunidades de alta incidencia delictiva en Honduras, según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante una ceremonia de ascensos policiales en la ciudad de La Paz.

El titular del Legislativo señaló que la medida busca reforzar la presencia del Estado en sectores afectados por la violencia y la criminalidad. “Quedó autorizada la Policía Militar para que visite los barrios más peligrosos del país y retomemos un clima de paz, seguridad y tranquilidad”, expresó Zambrano ante periodistas.

También planteó que la estrategia se ejecute mediante un trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional y la PMOP, para enfrentar de manera conjunta estructuras delictivas que operan en distintos puntos del territorio. “El pueblo pide, quiere y necesita la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las calles acompañando a la Policía Nacional”, agregó.

El rol militar en seguridad

Zambrano sostuvo que el combate a la criminalidad debe ser una prioridad nacional sin distinción de colores políticos y aseguró que el Congreso Nacional respaldará las iniciativas en materia de seguridad impulsadas por el presidente Nasry Asfura.

La seguridad ciudadana continúa entre los principales desafíos de Honduras. Aunque las autoridades han informado avances en algunos indicadores, persisten preocupaciones por delitos como la extorsión, el crimen organizado y la violencia en sectores urbanos y periurbanos.

La Policía Militar de Orden Público fue creada en 2013 como una fuerza de apoyo en tareas de seguridad ciudadana. Desde entonces, su rol ha sido objeto de debate público: mientras algunos sectores destacan su capacidad operativa para apoyar a la Policía Nacional en operativos.

Por su parte organizaciones de derechos humanos han cuestionado la participación de cuerpos militares en funciones de seguridad interna y han señalado la necesidad de fortalecer instituciones policiales civiles.

A lo largo de distintos gobiernos, la coordinación entre la Policía Nacional y la PMOP se ha utilizado como parte de estrategias de control territorial en zonas con presencia de estructuras criminales, incluidos operativos conjuntos para decomisos, capturas y patrullajes preventivos.

Agenda legislativa y reformas

El anuncio se produjo en un momento de transición política, en el que se discuten las prioridades del próximo gobierno en materia de seguridad pública. La administración del presidente electo Nasry Asfura ha señalado que el combate a la delincuencia será uno de los ejes de su gestión, lo que podría fortalecer la coordinación entre instituciones del Estado.

Zambrano afirmó además que el Congreso Nacional dará respaldo a las iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad del país y reiteró que la problemática debe abordarse sin consideraciones partidarias, con prioridad en el bienestar de la población.

En paralelo, el titular del Legislativo adelantó que esta semana el Congreso discutirá reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, orientadas a fortalecer las medidas de protección para las víctimas y endurecer sanciones contra agresores.

Entre las propuestas figura la creación de un registro de agresores contra mujeres, la prohibición de aspirar a cargos de elección popular para personas condenadas por estos delitos, restricciones en la portación de armas y la suspensión de licencias de conducir como medidas complementarias.

Además, el Congreso Nacional prevé avanzar en la agenda legislativa pendiente durante las próximas semanas, con proyectos relacionados con seguridad, justicia y protección de derechos humanos.

Estrategia integral

Luis Alonso Gales experto en seguridad explico a Infobae que la incorporación de la Policía Militar en labores de patrullaje puede tener impacto inmediato en la percepción de seguridad en zonas críticas, pero advierten que los resultados sostenibles dependen de una estrategia integral.

Entre los principales desafíos mencionan la necesidad de fortalecer la investigación criminal, mejorar la inteligencia policial, reducir los factores sociales que alimentan la delincuencia y generar oportunidades económicas para jóvenes en riesgo.

Expertos coinciden en que la reducción de la violencia no depende únicamente de la presencia de fuerzas de seguridad en las calles, sino también de políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento institucional.

Familias del Bronx se movilizaron el martes por la noche en el Grand Concourse para exigir el fin de la violencia armada, días después del asesinato de Amaury Toro, de 43 años, en ese mismo corredor. La policía no realizó arrestos y la investigación sigue abierta.

La vigilia reunió a defensores contra la violencia, líderes comunitarios y padres que perdieron hijos en hechos similares. La convocatoria buscó tanto honrar a la última víctima como demandar soluciones ante una violencia que, según los vecinos, no cede pese a las estadísticas oficiales.

El crimen que desató la movilización

Según la Policía de Nueva York (NYPD), los agentes respondieron a un llamado por agresión y encontraron a Toro con heridas de bala en el pecho y la ingle. Lo trasladaron al hospital St. Barnabas, donde falleció poco después, informó The Bronx Daily, portal de noticias local especializado en el distrito.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2026 por la madrugada, en las inmediaciones del número 2150 de la avenida Grand Concourse. Hasta la fecha no hay detenidos. Las autoridades no dieron detalles sobre el autor ni el móvil del crimen.

Las voces de las familias

Entre los asistentes a la vigilia estuvo Marisol Miranda, madre de Michael Hernández, asesinado en 2025. Miranda fue una de las voces más directas de la noche.

“Somos familias sobrevivientes, y eso se demuestra porque perdimos a nuestros hijos”, dijo Miranda, según informó Bronx News 12, el canal de noticias local. “Perder una vida ya es demasiado. Yo ya perdí uno. Me niego a permitir que alguien más pierda a otro hijo”.

Los organizadores subrayaron que la presencia continua en las calles es la única forma de cambiar la dinámica de la violencia a largo plazo. Para ellos, la visibilidad comunitaria no es un acto simbólico: es una herramienta de prevención.

La brecha entre las cifras y la realidad del barrio

Días antes de la vigilia, el NYPD publicó datos que muestran una caída en la violencia armada y los delitos mayores durante los primeros cinco meses de 2026. Varios residentes del Bronx sostienen que esos números no reflejan lo que viven a diario.

Esa tensión entre estadísticas y experiencia cotidiana fue uno de los ejes del reclamo en el Grand Concourse. Los vecinos no niegan la baja en los índices, pero señalan que los homicidios no se detienen.

La respuesta del Estado: dos comandos y 200 agentes más

A fines de mayo, el alcalde Zohran Mamdani, la comisionada de policía Jessica Tisch y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una reestructuración del patrullaje en el Bronx.

La ciudad dividió el distrito en dos zonas operativas: Bronx Norte y Bronx Sur, con mandos propios, equipos de homicidios y unidades especializadas. Además, sumó cerca de 200 agentes adicionales a las calles.

“Por primera vez en la historia de la ciudad, dividimos el Bronx en dos comandos para llevar a este distrito los mismos estándares que Brooklyn, Queens y Manhattan", afirmó Mamdani al presentar la medida.

Por qué el Bronx necesita una estructura diferente

El alcalde justificó el cambio con un dato concreto: el Bronx recibió cerca de 1.000.000 de llamadas al 911 en 2025, una demanda que un solo comando no puede absorber.

El comisionado adjunto Benjamin Gurley, al frente de Bronx Norte, explicó el razonamiento: “Con 12 comandos divididos a la mitad, podemos concentrar los esfuerzos con mayor eficacia”.

La comisionada Tisch declaró a CBS News que la decisión no responde a un fracaso sino a una apuesta por consolidar lo logrado: “El Bronx lidera la reducción de delitos en la ciudad y este cambio fortalecerá las estrategias de vigilancia”.

El plan para el verano

Las autoridades reconocen que el verano es el período de mayor riesgo. El plan contempla el despliegue de más de 2.600 agentes en 72 zonas de alta violencia en toda la ciudad, con foco en los horarios nocturnos y las primeras horas de la mañana. Tisch precisó: “Pondremos oficiales donde más se los necesita y cuando más se los necesita. Perseguiremos armas ilegales y a las pandillas responsables de la violencia”.

La fiscal del distrito Darcel Clark agregó que la mayor presencia policial tiene un efecto disuasorio directo: “Si la gente ve un policía, lo pensará dos veces antes de delinquir”.

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, visitó el municipio de Escuinapa luego de los recientes hechos violentos que provocaron la muerte de una adolescente de 14 años de edad y su tío, así como para fortalecer la seguridad en la región.

Como parte de la instalación de la Mesa de Construcción de Paz, en la que se reunió con el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, la mandataria acudió para dar seguimiento a las acciones en esta materia.

Su visita se vio enmarcada por la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15 del mismo municipio que, de acuerdo con reportes de medios locales, estalló alrededor de las 04:00 de la mañana de este martes sin dejar personas lesionadas o muertas.

Al finalizar la reunión, Bonilla Valverde aseguró que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes luego de semanas en las que se han reportado constantes enfrentamientos y ataques con explosivos.

“Venimos a reiterarle al presidente municipal lo que siempre hemos hecho como Gobierno del Estado: nuestro respaldo en los temas y necesidades que tengan aquí en Escuinapa”, dijo.

También destacó que se abordó la manera en que reforzarán la seguridad, pero reafirmó que no dejará solo al municipio.

“Vamos a seguir trabajando por la seguridad de aquí, de Escuinapa, de todos sus habitantes, de sus alrededores, y no vamos a dejar solo al municipio. Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”, dijo.

Cabe señalar que el alcalde anunció de manera previa que se reuniría con la gobernadora para solicitarle que se reforzara la seguridad en el municipio, además de que admitió que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia.

“Créanme que les doy la razón, hay enojo porque la autoridad no hemos tenido la capacidad de responder a la altura de la circunstancia, esa es la realidad, que nos ha rebasado”, afirmó en entrevista con Noroeste.

Gobernadora también visitó a los familiares de las dos víctimas del ataque armado en una gasolinera

Luego de encabezar la Mesa de Construcción de Paz, la gobernadora acudió al Hospital del IMSS Bienestar de Escuinapa para conocer el estado de salud de Yessica, la mujer que resultó lesionada en el ataque armado donde asesinaron a Grecia Guadalupe Gallardo, de 14 años, y a su tío, Arturo Ramiro.

La agresión ocurrió la madrugada de este lunes, cuando los tres se dirigían al hospital para atender una picadura de un alacrán cuando fueron atacados a balazos frente a una gasolinera. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad y testigos, quienes observaron a Yessica pidiendo ayuda para no morir porque tenía un niño pequeño.

Yeraldine Bonilla dijo a medios de comunicación que la mujer será trasladada a otro hospital para recibir atención médica especializada en el puerto de Mazatlán, esto con el objetivo de que se recupere de las lesiones sufridas en las extremidades.

Además, informó que serán cubiertos todos los gastos funerarios por parte del Gobierno del Estado, así como los daños. Respecto a su traslado, dijo que será el secretario de Salud el responsable de informar cómo se llevará a cabo.

La violencia en Escuinapa comenzó desde mediados de diciembre del año pasado, con el registro de ataques con explosivos a inmuebles del Ayuntamiento, así como enfrentamientos. En marzo pasado fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, cuando circulaba en una unidad oficial junto a otros policías.

Esto se da en medio de la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.