En materia de operativos, la Fiscalía General de la República aseguró cartuchos, cargadores y vehículos con blindaje artesanal en un cateo en Guasave, Sinaloa, tras una denuncia ciudadana. En la capital, autoridades capitalinas realizaron tres cateos y dos detenciones en flagrancia en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con el aseguramiento de más de 950 dosis de droga vinculadas a una célula de narcomenudeo.

La violencia también dejó capítulos dolorosos. En Montemorelos, Nuevo León, el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar, informó que la hipótesis principal apunta a que Cinthia Abigail Tamez Rivera habría asesinado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida. En Veracruz, la fiscalía capturó a Suhey “N”, alias “La Princess”, junto con dos hombres más, señalados como responsables del homicidio del coordinador regional del Partido PAZ, Guillermo Pamucé Yep, ocho días después del crimen en Coatzacoalcos.

La justicia también avanzó en varios frentes: un juez del Estado de México condenó a 48 años y nueve meses de prisión a dos hombres por un robo de vehículo y homicidio ocurridos en diciembre de 2024, mientras que en Ciudad de México cayeron Omar “N”, alias “El Chicha”, por extorsión agravada en Coyoacán, y Uriel “N”, conocido como “El Cangreburguer”, detenido en Milpa Alta por delitos contra la salud. En Guerrero, un juez federal concedió al exgobernador Ángel Aguirre Rivero una suspensión para que cese cualquier acto de incomunicación en el penal del Altiplano.

Cerró la jornada con una alerta que terminó en desmentido: la Secretaría de Seguridad del Estado de México descartó un motín en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, pese a reportes iniciales de humo y movimiento inusual dentro del inmueble.

A continuación, las noticias de este sábado.

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Detienen a dos hombres con antecedentes y droga en Miguel Hidalgo

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres en posesión de 183 dosis de aparente marihuana y cocaína en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los uniformados advirtieron a los sospechosos en un vehículo gris mientras manipulaban una bolsa con narcóticos en la colonia Tlaxpana. Al notar la presencia policial, los hombres intentaron huir, pero fueron interceptados metros adelante.

Durante la revisión preventiva del vehículo, los oficiales hallaron 47 envoltorios en papel aluminio y 13 bolsitas transparentes con marihuana, además de 10 bolsas negras con la misma hierba a granel. También les encontraron 36 envoltorios en papel amarillo, 77 más en color verde, dinero en efectivo y el automóvil en el que se transportaban.

Los detenidos, de 50 y 43 años, fueron informados de sus derechos constitucionales y presentados ante el agente del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, que determinará su situación jurídica.

Un cruce de información reveló que el hombre de 50 años registra tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en distintas modalidades, ocurridos en 1997, 2010 y 2022.

El segundo detenido, de 43 años, acumula también tres ingresos al mismo sistema: por robo agravado en 2003, encubrimiento por receptación en 2014 y delitos contra la salud en 2023.

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La Policía Nacional reportó 48,407 capturas en Panamá en lo que va de 2026, como resultado de operativos, acciones preventivas y labores de inteligencia desarrolladas en todo el país.

La institución presentó las cifras como parte de su estrategia de seguridad ciudadana, mientras nuevos episodios de violencia armada continúan registrándose en distintos sectores, entre ellos Villa Lucre, en San Miguelito.

Del total informado, 31,538 personas fueron aprehendidas por requerimientos mediante oficio, mientras otras 13,985 capturas estuvieron relacionadas con faltas administrativas.

La estadística incluye 2,272 aprehendidos por microtráfico, 310 por narcotráfico y 302 por homicidio, según el balance divulgado este viernes por la institución.

La Policía también informó la incautación de 19,390 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante las operaciones realizadas este año. En materia de armas, sin embargo, dos comunicados oficiales consecutivos presentan cifras diferentes: el publicado el jueves reportó 2,293 armas decomisadas, mientras que el balance divulgado este viernes contabilizó 2,191.

En el reporte específico sobre armamento, la institución detalló que 967 de las armas incautadas son pistolas y 546 corresponden a fusiles. El inventario incluye además 316 revólveres, 155 escopetas y 102 rifles, junto con 99 armas tipo pellet, tres mini Uzi, dos subametralladoras y un arma tipo niple.

En los delitos vinculados con sustancias ilícitas, las capturas por microtráfico superan ampliamente las asociadas al narcotráfico. Ambas categorías acumulan 2,582 aprehensiones durante 2026, mientras los casos de venta de menor escala representan cerca del 88% de ese grupo registrado por la Policía Nacional.

El balance específico de armamento muestra además una fuerte concentración de pistolas y fusiles entre las piezas retiradas de circulación. Ambas categorías suman 1,513 unidades y representan cerca de dos tercios de las 2,293 armas detalladas por la institución en ese reporte.

Las estadísticas divulgadas también dejan una diferencia de 102 armas entre los dos balances oficiales difundidos por la Policía. Mientras un reporte contabiliza 2,191 decomisos, el informe específico sobre armamento eleva la cantidad a 2,293, sin que en la información suministrada se explique la razón de esa variación.

Mientras la Policía divulga los resultados de sus operativos, la violencia armada continúa dejando episodios en las calles de Panamá. Uno de los más recientes ocurrió en Villa Lucre, donde un hombre fue atacado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo y los agresores, de acuerdo con reportes preliminares, viajaban en una motocicleta.

Pese a resultar herido, la víctima logró conducir hasta el Hospital Dra. Susana Jones Cano, donde recibió atención médica. El ataque ocurrió en las inmediaciones de una plaza comercial de Villa Lucre, muy cerca de la estación del Metro, un sector de San Miguelito que ya había sido escenario de otro ataque armado semanas atrás.

El antecedente ocurrió el 25 de agosto en una plaza comercial de la misma zona, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta un automóvil y dispararon contra sus ocupantes. Luis Enrique Bonilla Santo, de 32 años, murió dentro del vehículo, mientras Julissa Esther Guerra Lorenzo, quien estaba embarazada, quedó gravemente herida.

Guerra fue trasladada de urgencia al Hospital Dra. Susana Jones Cano, pero falleció posteriormente debido a las heridas. La muerte de la mujer también significó la pérdida de su embarazo. Más de un mes después del doble homicidio, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con aquel ataque.

La Policía había señalado posteriormente que mantenía abiertas distintas líneas de investigación por el doble crimen de Villa Lucre, entre ellas posibles vínculos con el crimen organizado y con préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Los investigadores analizaron cámaras de videovigilancia y otros indicios para intentar identificar a los responsables.

El nuevo ataque vuelve a colocar a Villa Lucre bajo atención por hechos cometidos por agresores que utilizan motocicletas para movilizarse y escapar. Al mismo tiempo, las cifras oficiales muestran la magnitud de las operaciones policiales: más de 48 mil capturas y más de 2 mil armas retiradas de circulación durante los primeros nueve meses de 2026.

Un torso y un brazo humanos aparecieron flotando en un canal de aguas residuales de San Pablo del Monte, Tlaxcala, la tarde de este 1 de octubre. El hallazgo lo hicieron transeúntes que caminaban por la zona conocida como camino a Tlalamsa, en la colonia San Salvador Tepexco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Hasta el momento no existe una identidad confirmada para la víctima, y las autoridades investigan si el caudal del arroyo, crecido por las lluvias recientes, arrastró los restos desde otro punto.

Los vecinos que transitaban por la calle Venustiano Carranza Sur alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de las partes de un cuerpo dentro del afluente. Minutos después, la zona quedó bajo resguardo policial mientras especialistas forenses iniciaban el proceso de recuperación.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala abrió una carpeta por homicidio calificado

La FGJE confirmó en un comunicado el inicio de la investigación formal por el delito de homicidio calificado. El organismo precisó que serán las diligencias ministeriales y los estudios periciales los que determinen el origen de los restos.

La corporación estatal también explicó una de las hipótesis que maneja su equipo técnico. Los investigadores no descartan que el torso y el brazo hayan sido arrastrados por la corriente desde un punto distinto al del hallazgo, debido al aumento del caudal provocado por las lluvias de los últimos días.

De acuerdo con la cronología de los hechos, elementos de la Policía Municipal de San Pablo del Monte fueron los primeros en llegar al sitio, a fin de preservar los indicios antes de que arribara personal especializado.

Posteriormente se sumaron agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). El equipo forense efectuó el levantamiento de los restos y procesó la escena como parte de las primeras actuaciones ministeriales.

Los fragmentos recuperados fueron trasladados al Incifo para los estudios periciales correspondientes. Ese procedimiento buscará establecer la identidad de la persona y las circunstancias que rodearon su muerte.

Las autoridades no han determinado quién era la persona ni cómo llegó a perder la vida. La investigación continúa abierta y los resultados dependerán de los análisis genéticos y antropológicos que realice el Incifo en los próximos días.

El área permaneció bajo resguardo policial durante varias horas mientras se desarrollaban los trabajos periciales. La Fiscalía no ofreció un plazo para la conclusión de los estudios ni adelantó resultados preliminares.

San Salvador Tepexco y el camino a Tlalamsa, escenario del hallazgo

El punto exacto del hallazgo se ubica a la orilla de la calle Venustiano Carranza Sur, en la colonia San Salvador Tepexco. Ese tramo del canal es conocido entre los vecinos como camino a Tlalamsa, un paraje que atraviesa parte del municipio.

El canal conduce aguas residuales y atraviesa varias colonias antes de desembocar en otros cuerpos de agua. Esa característica alimenta la hipótesis de un posible arrastre desde un punto distante al lugar donde los transeúntes hicieron el hallazgo.

Las autoridades no han precisado si existen cámaras de videovigilancia en el tramo del canal. Tampoco informaron si hay testigos adicionales a los transeúntes que realizaron el primer reporte.

Hallazgos similares de restos humanos en Tlaxcala y la región central en 2026

El caso de San Pablo del Monte no es un hecho aislado en la región central del país durante este año. En septiembre, la cuenta Cinco Radio Oficial informó sobre la localización de restos humanos en una barranca de Axotla del Monte, en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala.

En ese hallazgo, un vecino consideró que los restos podrían corresponder a su padre, desaparecido desde junio de 2012. La identidad se determinaría mediante estudios de ADN, de acuerdo con la misma fuente.

En julio, dos cuerpos envueltos en cobijas aparecieron en un camino de terracería en los límites entre Puebla y Tlaxcala. Policías municipales de Zacatelco y San Miguel Xoxtla acudieron al sitio y la Fiscalía General del Estado de Puebla asumió la investigación, según reportó N+.

El hallazgo se definió como jurisdicción poblana por la ubicación del cauce del río Atoyac. Hasta ese momento, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de los occisos.

En agosto, la búsqueda de una menor desaparecida en un canal de aguas residuales de Nextlalpan, en el Estado de México, derivó en el descubrimiento de una serie de restos humanos. El colectivo Ehécatl, conformado por madres y familiares de víctimas de desaparición, recuperó más de un centenar de fragmentos óseos durante los recorridos realizados en la zona.

Ese mismo mes, un cuerpo sin identificar apareció flotando en un canal de riego del Valle de Mexicali. El hallazgo se registró en las inmediaciones del Ejido Tlaxcala y los bomberos locales realizaron las maniobras para sacar el cuerpo del agua.

La acumulación de estos casos en distintos puntos del centro y norte del país coincide con la temporada de lluvias de 2026. Varias fiscalías estatales han señalado que el aumento del caudal en canales y arroyos facilita la aparición de restos que estaban ocultos en otras zonas.

Hasta el momento, las fiscalías involucradas mantienen abiertas sus respectivas carpetas de investigación mientras avanzan los estudios forenses correspondientes.

La conferencia de prensa matutina de este viernes 2 de octubre estaba destinada a presentar los avances de la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel, a lo largo de estos dos años del gobierno de la presidenta Sheinbaum, sin embargo, tras los hechos registrados el miércoles y el jueves pasados, la agenda se modificó ligeramente.

A la conferencia acudieron también los secretarios de Educación, Mario Delgado, y de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para presentar, según lo explicado por la mandataria, las medidas que su gobierno tomará tras lo ocurrido el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre en escuelas de Coahuila y Querétaro, que en total dejaron una trabajadora fallecida y al menos ocho personas lesionadas.

Los primeros minutos de la conferencia, los funcionarios abordaron los recientes hechos ocurridos y la principal estrategia de seguridad que surge tras el caso: un grupo de trabajo con varias instituciones para aplicar mayor regulación a redes sociales, a las empresas, así como diálogo con padres y madres de familia.

Luego de preguntas y respuestas sobre el caso, en donde se puso sobre la mesa el riesgo de que sean cada vez más casos de jóvenes adolescentes que se ven envueltos en entornos violentos y se vuelven víctimas y victimarios, llegó el turno de la secretaria de Cultura, Claudia Cluriel, quien presentó los resultados de su gestión fente a la dependencia a lo largo de estos dos años.

Fomento a la Cultura en dos años

Curiel informó que la oferta cultural creció 32% y que la dependencia organizó 520,000 actividades en las 32 entidades. La funcionaria afirmó que esas acciones alcanzaron a 50 millones de asistentes, un aumento de 13% frente al periodo previo.

La secretaria señaló que la política cultural del gobierno buscaba tratar a la cultura como un derecho y como parte de la atención a las causas de la violencia. La idea apareció horas después de que la administración colocó la prevención de agresiones escolares como una prioridad.

La dependencia reportó una inversión de 1,850 millones de pesos para renovar escuelas del INAH, INBAL, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Según Curiel, se intervinieron 2,352 espacios y se adquirieron 3,600 bienes, entre mobiliario e instrumentos.

La funcionaria añadió que se eliminaron las cuotas de inscripción en escuelas artísticas. También destacó la creación de la primera sede de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, luego de 37 años en los que el proyecto operó en espacios temporales.

Estudiantes agradecieron las obras y la nueva sede

Antes de la interpretación musical, estudiantes de distintas escuelas artísticas hablaron sobre las remodelaciones. Grecia Shalom López Martínez, alumna del CEDART y de la Escuela Superior de Música, sostuvo que las instalaciones requerían mantenimiento y equipo nuevo.

La joven afirmó que los trabajos permitían estudiar en mejores condiciones y señaló: “Cada peso invertido aquí se multiplicará en creatividad, disciplina y orgullo para nuestro país”. Su intervención recibió aplausos de funcionarios, asistentes y representantes de medios.

Lara Constanza García Menéndez, estudiante de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, explicó que las alumnas y alumnos permanecían en el plantel hasta 13 horas al día cuando formaban parte de la compañía prosional. Mencionó la instalación de pisos, regaderas, equipos de audio y aulas renovadas.

Renata Castellanos Flores, de 10 años, agradeció las remodelaciones en el Centro de Educación Artística Diego Rivera. La estudiante sostuvo que las obras ofrecían condiciones de seguridad y formación para quienes cursaban estudios artísticos.

Integrantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez también hablaron de la nueva sede. Una de las estudiantes dijo que el grupo pasó años en hoteles y lugares prestados, y que finalmente contó con aulas para estudiar y ensayar.

Después de las intervenciones, la orquesta interpretó música clásica ante la presidenta y los asistentes. Sheinbaum propuso cerrar la conferencia con otra melodía, mencionó “Suave Patria” y pidió una fotografía con estudiantes, músicos y autoridades frente a los reporteros.

Un instructor de una banda de música de un centro educativo fue aprehendido en La Chorrera, Panamá Oeste, luego de que acciones de inteligencia de la Policía Nacional permitieran ubicarlo.

En su poder fueron encontrados nueve paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, además de dos vapeadores, un celular y $60 en efectivo.

La Policía Nacional informó que las investigaciones permitieron confirmar la presunta actividad ilícita antes de realizar la intervención.

El organismo no ha revelado la identidad del instructor ni el centro educativo donde trabajaba, mientras el sospechoso y todos los indicios quedaron a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes.

El caso ocurre meses después de que las autoridades desplegaran la operación Impacto Escolar contra el microtráfico y la venta de drogas en áreas próximas a centros educativos.

La acción se desarrolló simultáneamente en diferentes provincias y permitió procesar a personas señaladas por comercializar sustancias ilícitas alrededor de planteles escolares.

Solo en Panamá Oeste, la operación dejó cuatro condenas de 170, 90, 84 y 60 meses de prisión, además de tres personas bajo detención provisional.

Las intervenciones se realizaron en Chame y San Carlos, mientras otros procedimientos fueron ejecutados en Panamá, Colón, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y Los Santos.

En Chiriquí, por ejemplo, la Policía Nacional realizó cuatro allanamientos contra la venta de drogas al menudeo cerca de centros educativos y aprehendió a siete personas.

Las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas, dinero, teléfonos celulares y un vehículo, como parte de las acciones dirigidas a reducir la presencia del microtráfico en los entornos escolares.

La seguridad alrededor de los planteles también ha llevado a reforzar durante 2026 los recorridos preventivos y las jornadas de orientación para estudiantes y docentes.

La Policía Nacional mantiene dispositivos de verificación en centros educativos y acciones de acercamiento destinadas a prevenir delitos y reducir los riesgos que enfrentan los alumnos en sus comunidades.

El procedimiento contra el instructor coincidió con otras acciones de los estamentos de seguridad relacionadas con el tráfico de drogas. En Darién, unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se enfrentaron a tiros con presuntos integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

El enfrentamiento ocurrió en Río Chico, en el sector de Yaviza, mientras los agentes desarrollaban operaciones de seguridad. Tras el intercambio de disparos fueron aprehendidas varias personas, entre ellas ciudadanos panameños y colombianos, y las unidades continuaron desplegadas para ubicar a otros posibles integrantes de la organización.

Durante el operativo también fueron localizadas mochilas que presuntamente podrían contener sustancias ilícitas, por lo que se esperaba la intervención del Ministerio Público para verificar su contenido.

Senafront mantuvo las operaciones de búsqueda y control como parte del Plan Firmeza y de la operación Escudo de Acero en Darién.

A estas acciones se sumó un decomiso realizado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) junto con la Policía Nacional en una terminal portuaria de Colón.

Las unidades localizaron 210 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de un contenedor que había llegado desde Moín, Costa Rica, y realizaba transbordo en Panamá.

El cargamento tenía como destino final Gioia Tauro, Italia, una ruta que vuelve a colocar los puertos panameños dentro de las operaciones contra el tráfico internacional. Las autoridades no habían precisado inicialmente el tipo ni el peso definitivo de la sustancia encontrada, mientras los paquetes quedaron sujetos a los procedimientos de verificación correspondientes.

Los nuevos decomisos se producen después de que Panamá acumulara 69.50 toneladas de drogas incautadas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46.20 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana, mientras cantidades menores estuvieron relacionadas con metanfetaminas, THC y otras sustancias.

Colón concentró 18.44 toneladas durante los primeros ocho meses del año, seguida por Panamá Oeste con 15.92 toneladas. Panamá contabilizó 13.24 toneladas y Chiriquí otras 12.91, mientras Darién acumuló 2.28 toneladas dentro de los decomisos registrados a escala nacional.

Los tres procedimientos reflejan distintas modalidades que enfrentan actualmente los organismos de seguridad, desde el microtráfico y la presencia de drogas en entornos vinculados a centros educativos hasta estructuras que operan en zonas fronterizas. A ello se suma el uso de la plataforma portuaria panameña para movilizar cargamentos hacia mercados internacionales.

Un hombre de 19 años fue condenado a 34 años de prisión por participar en un esquema que utilizaba falsas ofertas de empleo para captar mujeres a través de internet.

Las víctimas acudían creyendo que accederían a oportunidades laborales, pero eran trasladadas a otros lugares, donde eran sometidas a violencia sexual y posteriormente despojadas de sus pertenencias.

El mecanismo comenzaba con ofertas de trabajo difundidas mediante redes sociales, principalmente para desempeñarse como saloneras, bailarinas o masajistas.

Una vez establecido el contacto, las mujeres eran citadas en determinados puntos públicos y desde allí eran conducidas hacia zonas consideradas rojas, según explicó la Fiscalía Superior del Distrito de San Miguelito.

La promesa de empleo era utilizada para conseguir que las víctimas acudieran voluntariamente al primer encuentro. Después de recogerlas, los responsables las trasladaban a otros sectores y las sometían a agresiones sexuales y robos, una secuencia que permitió a los investigadores establecer un patrón entre las denuncias vinculadas al grupo.

La investigación mantiene aproximadamente nueve carpetas abiertas relacionadas con este esquema, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público. La mayoría de las víctimas eran mujeres de 18, 19 y 20 años, aunque entre los casos investigados también se encuentra el de una menor de edad.

La condena de 34 años representa uno de los resultados judiciales de la investigación, pero el proceso contra los integrantes del grupo no ha concluido.

Algunos de los implicados alcanzaron acuerdos de pena por 19 años de prisión, mientras otros permanecen a la espera de las audiencias en las que deberá determinarse su responsabilidad.

El expediente había tomado notoriedad pública después de allanamientos realizados en San Miguelito como parte de la operación SCAM, que permitió avanzar en las investigaciones sobre la utilización de supuestas oportunidades laborales para captar víctimas.

Uno de los episodios investigados involucró una falsa propuesta de trabajo como modelo difundida mediante redes sociales.

En ese caso, ocurrido el 31 de julio de 2026, una mujer fue convocada a una estación del Metro después de responder a la supuesta oportunidad laboral. Posteriormente abordó un vehículo y fue trasladada a una casa de ocasión, donde las investigaciones establecieron que fue privada de libertad y víctima de violencia sexual.

Durante ese episodio, la víctima también recibió amenazas y fue fotografiada y grabada en situaciones íntimas, según la investigación. Ese material habría sido utilizado para extorsionarla, mientras las diligencias permitieron profundizar en el método empleado para contactar y someter a las mujeres mediante ofertas difundidas en plataformas digitales.

La investigación reveló así un esquema que comenzaba con la búsqueda de mujeres interesadas en conseguir empleo y continuaba con encuentros previamente acordados.

La apariencia de una contratación permitía generar confianza antes de trasladarlas a otros sitios, donde se producían las agresiones sexuales, los robos y, en algunos casos, otras conductas investigadas por las autoridades.

El caso se conoce en momentos en que Panamá registra un aumento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4,599 denuncias, frente a 4,072 durante el mismo periodo del año anterior, un incremento de 527 casos, equivalente al 13%.

Dentro del total registrado durante esos ocho meses, 1,733 denuncias correspondieron al acceso sexual con personas de entre 14 y 17 años. Otras 1,522 fueron presentadas por violación y 771 por actos libidinosos, mientras los registros por pornografía infantil aumentaron de 43 a 64 casos frente al mismo periodo de 2025.

La corrupción de menores también mostró un incremento, al pasar de 206 denuncias entre enero y agosto de 2025 a 253 durante igual periodo de 2026. Por ubicación geográfica, Panamá registró 919 denuncias, mientras Chiriquí acumuló 724 y Panamá Oeste contabilizó 620, de acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público.

La sentencia de 34 años contra el hombre de 19 años marca un nuevo avance judicial dentro de la investigación sobre la captación de mujeres mediante ofertas laborales falsas. Mientras algunos integrantes ya cumplen condenas derivadas de acuerdos de pena, otros procesos continúan pendientes y cerca de nueve carpetas permanecen abiertas por hechos relacionados con el mismo esquema.

España reforzará su cooperación con México para fortalecer las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, en un contexto marcado por más de 130 mil casos registrados en el país.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados abordó esta colaboración durante una visita a Ciudad de México, donde sostuvo una reunión de trabajo con Alejandra del Moral, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

De acuerdo con la información proporcionada, el respaldo estará dirigido principalmente a fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero hasta el momento no se han detallado los recursos, mecanismos ni los plazos que tendrá estas acciones.

España brinda apoyo a las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México

El acuerdo anunciado se da ante el panorama de desapariciones que enfrentan diversas entidades de México. Tan solo en marzo pasado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó 132 mil 534 personas que permanecían bajo alguna de estas dos categorías, de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno mexicano.

Del total registrado, 2 mil 356 casos correspondían a desapariciones ocurridas entre 1952 y 2005, mientras que 130 mil 178 estaban relacionados con registros a partir de 2006. Autoridades nacionales también señalaron que existen diferencias en la calidad y cantidad de información disponible dentro de los expedientes.

El comportamiento de los documentos también mostró un aumento durante 2025, donde se reportaron 20 mil 621 personas desaparecidas y no localizadas, frente a las 17 mil 82 contabilizadas en 2024, lo que representó un incremento de 3 mil 539 casos.

Fondo Mixto España-México impulsará nuevos proyectos

El apoyo en materia de desapariciones forma parte de una nueva etapa en la relación bilateral entre ambas naciones que se busca desarrollar mediante la reactivación del Fondo Mixto España-México.

Actualmente, la Cooperación Española mantiene 35 proyectos en territorio mexicano, cuyo valor supera los 29 millones de euros. Según el Gobierno español, los recursos destinados a estas iniciativas aumentaron 20.8% respecto al año anterior.

A través de esta iniciativa se podrán financiar programas bilaterales, así como planes de cooperación triangular con otros países de América Latina y el Caribe. Entre las áreas contempladas se encuentran la igualdad de género, cohesión social, medioambiente, cambio climático, agua potable y saneamiento.

Cooperación también contempla agua y sargazo en Yucatán

Durante su estancia en México, Granados también agradeció la participación del país en los preparativos de la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid. Entre los objetivos centrales del encuentro se encuentra la aprobación de la Estrategia de Cooperación Iberoamericana 2027-2030.

Como parte de su agenda, la secretaria de Estado viajará posteriormente a Yucatán para conocer proyectos respaldados por la cooperación española.

En esa entidad revisará iniciativas relacionadas con el acceso al agua y saneamiento en comunidades indígenas. Asimismo, conocerá proyectos enfocados en la investigación, recolección y aprovechamiento del sargazo.

Con estas acciones, España y México buscan ampliar su colaboración en distintos ámbitos, principalmente con la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

La dimensión de las personas requeridas por la justicia volvió a quedar expuesta este jueves, cuando la Policía Nacional de República Dominicana informó que mantiene 53.877 órdenes de arresto y captura pendientes por delitos que abarcan desde violencia intrafamiliar hasta homicidios, robos, fraudes y microtráfico.

Los datos fueron publicados por la Policía durante una conferencia realizada la mañana de este jueves. La institución presentó una base de datos destinada a reforzar la localización de personas buscadas y a mejorar la coordinación con el Ministerio Público y otras entidades del sistema judicial.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, encabezó la presentación junto al director Central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez; el subdirector de esa área, coronel Fulvio Grullón Penso, y representantes de la Dirección Central de Transformación Digital.

La violencia intrafamiliar concentra la mayor cantidad de órdenes

La categoría con más órdenes pendientes corresponde a casos de violencia intrafamiliar, con 17.635 registros. Le siguen los robos, con 11.587 órdenes, y las agresiones físicas, con 5.951.

La base también contiene 4.018 órdenes por agresiones sexuales, 2.761 por delitos cibernéticos, 2.681 vinculadas con homicidios y 1.630 por amenazas. El resto se distribuye entre otros hechos investigados por las autoridades.

La información revela que la violencia dentro de los hogares representa casi un tercio del total de órdenes pendientes. El dato se suma a la preocupación por los hechos violentos que afectan a comunidades de distintas zonas del país, donde las autoridades enfrentan denuncias por delitos contra la vida, la integridad física y la propiedad.

En el caso de los requeridos por homicidio, la Policía precisó que la base identifica a 2.548 personas. La diferencia respecto de las 2.681 órdenes asociadas a ese delito puede responder a que una misma persona figure en más de un expediente o requerimiento judicial.

La plataforma reúne fotos, documentos y datos de los tribunales

Pesqueira explicó que el sistema permite consultar fotografías, documentos de identidad, tribunales que emitieron los requerimientos y los delitos atribuidos a cada persona. La herramienta busca facilitar las investigaciones y el intercambio de información entre la Policía, el Ministerio Público y otras instituciones.

La institución también identificó a 73 personas con múltiples órdenes de arresto, algunas con más de 40 registros.José Luis Mateo Medina figura con 41 órdenes, mientras que Julio Antonio Mejía Martínez acumula 32.

Además, otras 485 personas registran más de cinco requerimientos pendientes. La Policía no detalló durante la conferencia cuántas de esas órdenes continúan activas desde años anteriores ni el tiempo promedio de vigencia de cada expediente.

La divulgación de estas cifras ocurre en un contexto de medidas de seguridad que incluyen patrullajes preventivos, operativos focalizados y el uso de mapas de incidencia delictiva para distribuir agentes en sectores con mayor número de denuncias. El Gobierno también ha informado sobre la ampliación del modelo de vigilancia por corredores y cuadrantes, así como el refuerzo de las áreas de investigación criminal.

Las autoridades sostienen que estas acciones buscan reducir la violencia y acelerar la captura de personas requeridas por los tribunales. La información difundida este jueves coloca el foco en la cantidad de órdenes que todavía esperan ejecución.

Doce fugitivos permanecen pendientes de captura desde 2025

La Policía informó además que, desde 2025, se registraron 37 fugas de personas privadas de libertad. De ese total, 21 fueron reapresadas y 12 permanecen pendientes de captura.

Las otras cuatro personas fallecieron en circunstancias que no fueron detalladas durante la conferencia. La institución no precisó los centros de detención de los que escaparon ni los delitos por los que estaban bajo custodia.

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Las autoridades detallaron que 1.027 de los 3.700 lycées del país (institutos de enseñanza secundaria a los que asisten alumnos de entre 15 y 18 años) se vieron afectados por las acciones del movimiento, con bloqueos registrados en 222 de ellos. Cerca de 50 centros educativos de los alrededores de París fueron, según los responsables regionales, “escenario de violencia, enfrentamientos y daños”.

El malestar había surgido allí a raíz del hacinamiento en las aulas, la falta de profesores, el deterioro de las instalaciones y jornadas escolares extensas, que suelen extenderse de 8 de la mañana a última hora de la tarde. A esas demandas se sumaron pedidos para frenar la eliminación de puestos universitarios y el recorte de becas.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, condenó lo que calificó como una “violencia desenfrenada”, mientras que el Gobierno sostuvo que las movilizaciones ya no responden a “la expresión legítima de las reivindicaciones de los estudiantes de instituto” sino que presentan “características de una situación de violencia urbana”, según fuentes del ministerio citadas por la prensa local.

En Marsella, un director de escuela y su adjunto fueron rociados con gasolina, y un periodista del canal de televisión M6 fue atacado en el mismo centro. En Nantes, los bomberos debieron apagar un incendio en la entrada de un liceo “tras una concentración marcada por la violencia contra el personal”, señaló la administración educativa de la región.

El transporte público también quedó en el centro de los disturbios. Las autoridades de Estrasburgo ordenaron suspender la circulación de los tranvías para “restringir los movimientos de alborotadores y manifestantes”, mientras que en Toulouse cientos de jóvenes invadieron las vías del sistema urbano, volcaron cestos de basura, provocaron fuegos y destruyeron paradas de colectivo. A esa lista se sumó Lille, donde un grupo con el rostro cubierto rompió la vidriera de una parada antes de que los equipos de emergencia apagaran las llamas de los contenedores volcados.

También se reportaron incidentes en Lyon y en Pantin, a las afueras de la capital. En la vecina Bélgica, la policía informó de manifestaciones y daños en varias escuelas de la ciudad de Lieja.

El balance oficial de la jornada arrojó 1.949 arrestos y 305 integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados. El Ministerio de Educación sumó a esa cifra 65 trabajadores de los centros escolares y 170 alumnos entre los heridos.

Reclamos de los estudiantes y respuesta del Gobierno

Los universitarios se sumaron a la protesta con el corte de acceso a unos 30 campus, según un sindicato estudiantil. Raphael, de 17 años, quien participó de las manifestaciones en Estrasburgo y prefirió no dar su apellido por temor a represalias, describió así la situación en su colegio: “Somos 35 alumnos por aula. Con 35 grados en verano, es insoportable. No hay suficientes baños y hay filtraciones de agua en algunas aulas. El edificio se cae a pedazos y la cafetería es demasiado pequeña. No hay presupuesto ni recursos, y faltan vigilantes”.

En París, Salama Gargouri, de 18 años, apuntó a los horarios sobrecargados y a las trabas del proceso de admisión universitaria, mientras su compañera Janna Tahari cuestionó el desgaste que generan jornadas de diez horas diarias en la salud mental de los adolescentes. En paralelo, la policía abrió investigaciones internas por denuncias de uso desproporcionado de la fuerza contra tres jóvenes.

Ante la escalada de violencia, Lecornu pidió a todos sus ministros suspender sus viajes previstos para los días siguientes, de manera que los delegados puedan dedicarse por completo a la gestión local del conflicto. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, mantuvo además una videoconferencia con los 36 fiscales generales del país para reclamar una “respuesta penal firme” frente a los bloqueos y los hechos vandálicos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció que unos 400 establecimientos permanecerán cerrados el viernes por precaución, con clases virtuales en los que presenten riesgo para el alumnado por bloqueos o daños. Según el funcionario, el movimiento “ha cambiado” en los últimos días y quedó “tomado como rehén por grupúsculos ultraviolentos”; en X agregó que la violencia no privará a los estudiantes de su derecho a la educación.

El Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir los reclamos, aunque los sindicatos estudiantiles llamaron a continuar con los cortes de acceso a los establecimientos.

El gabinete de Lecornu atribuyó los disturbios a la izquierda radical y citó a los servicios de inteligencia para sostener que habían sido organizados por ese sector. Manuel Bompard, dirigente de Francia Insumisa (LFI), rechazó esa versión y acusó al oficialismo de “hundirse en teorías conspirativas”. El líder del partido, Jean-Luc Mélenchon, exigió precisar qué rama de los servicios de inteligencia había formulado esa acusación.

Mélenchon, candidato para las elecciones de 2027, había manifestado su respaldo a los manifestantes, lo que le valió críticas del oficialismo y de otros aspirantes a la presidencia. En un acto en la Fiesta de la Humanidad, celebró que se trata de una movilización inédita en cuatro décadas, aunque llamó a la “disciplina”, ya que las imágenes de contenedores incendiados “no hacen más que servir al adversario”.

(Con información de AFP, AP y EFE)

La muerte de un hombre buscado por la Policía Nacional abrió nuevas interrogantes sobre un presunto intercambio de disparos ocurrido la noche del miércoles en Santiago, República Dominicana. Según la versión oficial, recibió heridas de bala durante el operativo y fue trasladado a un centro de salud de la ciudad.

El fallecido fue identificado como Eudy Antonio Infante de León, de 25 años, conocido como “Ñifi”. El hecho ocurrió en la calle Sergio Hernández, cerca de un centro educativo, en el distrito municipal Santiago Oeste. Tras resultar herido, Infante de León fue llevado al Hospital del Ensanche Libertad, donde murió.

Se presume “Ñifi” habría intentado evadir a las autoridades policiales; sin embargo, en medio de la persecución inició el fuego cruzado.

Los datos del caso fueron retomados de una publicación de Diario Libre, que indicó que las autoridades no habían precisado cómo se produjo el presunto enfrentamiento ni si hubo otros involucrados o agentes heridos durante el procedimiento.

La Policía Nacional informó que Infante de León era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0079682, emitida el 14 de septiembre de 2026. La disposición estaba relacionada con una investigación por amenazas y con un caso en el que un hombre resultó herido de bala en noviembre de 2025.

Según el informe preliminar citado en la publicación, el presunto delincuente era investigado por un episodio ocurrido el 8 de noviembre de 2025 en el sector Cienfuegos. En aquella ocasión, un hombre recibió disparos tras una discusión que, de acuerdo con la hipótesis policial, se habría originado por conflictos vinculados con la distribución de dinero procedente de actividades ilícitas.

Las autoridades atribuyen a Infante de León varios disparos contra la víctima de ese hecho. La información disponible no identifica al hombre herido ni precisa cuál fue su estado de salud posterior. Tampoco se difundieron datos sobre avances judiciales o imputaciones formales relacionadas con esa investigación antes de la muerte de “Ñifi”.

En los registros de la Policía, el fallecido figuraba con cuatro anotaciones por distintos delitos, entre ellos intento de homicidio y atracos a mano armada. La nota no detalla las fechas, las circunstancias ni el estado procesal de esos antecedentes. Por ese motivo, no se conoce si existían procesos judiciales abiertos o condenas vinculadas con esos registros.

El caso ocurrió al cierre de septiembre, un mes en el que se registraron numerosas muertes en operativos policiales en República Dominicana. El conteo citado por el medio señala que 50 hombres murieron a manos de la uniformada durante septiembre de 2026, una cifra que incluye hechos que las autoridades presentaron como enfrentamientos armados.

La falta de detalles sobre el operativo en Santiago mantiene pendientes aspectos centrales del caso. No se informó qué unidad policial intervino, cuántos agentes participaron, si se ocupó un arma en el lugar ni si existe una investigación interna sobre el uso de la fuerza. La versión disponible se limita a la comunicación inicial de la Policía Nacional y a los antecedentes que la institución atribuyó al fallecido.

Once personas murieron en hechos de violencia registrados en Cuba durante septiembre, mientras el país volvía a quedarse sin electricidad de manera total y la red de agua, salud y recolección de basura colapsaba en simultáneo.

Lo documentó el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que contabilizó 663 protestas, denuncias y expresiones críticas en la isla durante el mes.

La cifra se enmarca en un conteo histórico que acumuló 1,147 registros en septiembre, frente a 1,185 en agosto, según detalló el observatorio. El descenso convive, sin embargo, con un repunte paralelo de la violencia cotidiana que marcó el mes.

El 18 de septiembre, Cuba sufrió el octavo apagón nacional del año: una falla en una línea de transmisión de 220 kilovoltios entre Matanzas y Cienfuegos provocó la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional y dejó sin luz a más de nueve millones de personas, según informaron la agencia EFE y France 24.

El sistema tardó 32 horas en reconectarse, de acuerdo con la Unión Eléctrica estatal.

Nueve millones de personas sin luz y sin aviso

Detrás de esa cifra hay historias puntuales que documentó el OCC. La activista Lara Croft, cuyo nombre real es Yamilka Lafita, supo con horas de retraso de la muerte de su padre porque el apagón y la falta de cobertura telefónica la dejaron incomunicada. “Ni siquiera pude saber a tiempo que mi padre había muerto”, relató.

En San Miguel del Padrón, en La Habana, una madre denunció 17 días sin corriente por un transformador sin reparar. “Mira cómo me tiene la Empresa Eléctrica: mis hijos durmiendo en la acera porque nada que resuelven el tema del transformador”, dijo, según recogió el observatorio.

La causa inmediata del apagón fue una avería en una línea de alta tensión entre Matanzas y Cienfuegos, pero el trasfondo es estructural: el país solo disponía de 990 megavatios en el pico nocturno, muy por debajo de la demanda, debido al deterioro de sus termoeléctricas y a la escasez crónica de combustible que France 24 vinculó a las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos desde enero.

Nuevas averías en la termoeléctrica Antonio Guiteras agravaron el déficit de generación. La falta de electricidad y combustible golpeó también el bombeo de agua, la atención médica, las comunicaciones y la recolección de basura, de acuerdo con el registro del OCC.

En La Pastorita, en Marianao, los vecinos llevan sin agua desde enero y una de ellas pagó unos 60,000 pesos por una pipa privada. En el policlínico Julián Grimau, de Arroyo Naranjo, los cortes impidieron esterilizar material médico y realizar electrocardiogramas.

La inseguridad sigue subiendo

En contraste con la caída de las expresiones contestatarias, la inseguridad ciudadana aumentó un 18.64% en la serie histórica comparable del OCC: pasó de 177 registros en agosto a 210 en septiembre. Con la metodología aplicada al detalle mensual, el observatorio documentó 157 eventos de este tipo y contabilizó once muertes violentas durante el mes.

Yusinay Capetillo Martínez, de 41 años, fue asesinada por su exyerno el 19 de septiembre en Santos Suárez, La Habana, durante un apagón; el agresor seguía prófugo según el último registro del OCC. En Ceballos, Ciego de Ávila, Didianny Barreto Palmero, de 34 años, fue asesinada por su expareja el 25 de septiembre y dejó huérfanas a dos niñas.

El deterioro alcanzó también a los más vulnerables. En el Hogar Materno de Santa Marta, en Cárdenas, ladrones robaron las baterías de los paneles solares con cinco embarazadas y una enfermera dentro del centro. En Santiago de Cuba, a un niño ingresado en el Hospital Infantil Sur le sustrajeron el ventilador que usaba.

El robo de aceite dieléctrico de los transformadores, que se revende como sustituto del diésel, prolongó además la duración de los apagones en distintas zonas, según el OCC.

Represión contra activistas y periodistas

Las protestas presenciales mantuvieron la tendencia a la baja que ya se observaba en agosto: el observatorio documentó 26 en septiembre, frente a 33 el mes anterior y 72 en julio. El descontento, no obstante, siguió saliendo a la calle mediante cacerolazos nocturnos y cierres de vías, motivado principalmente por los apagones prolongados y la falta de agua.

En Fontanar, Boyeros, los vecinos bloquearon la avenida Rancho Boyeros el 4 y el 5 de septiembre. La policía respondió con golpes y el despliegue de alrededor de diez patrullas. Según testigos citados por el OCC, los agentes “los empujaron, golpearon y se llevaron al menos dos detenidos”. El veterinario Roberto Ponce Valdespino, detenido el día 5, permanece recluso en el Vivac.

Según el conteo histórico comparable, los desafíos al Estado policial cayeron un 46.74%, de 291 registros en agosto a 155 en septiembre. En sentido contrario, los actos represivos subieron un 36%, de 100 a 136. Con la metodología aplicada al detalle del mes, estas dos categorías sumaron 97 y 91 eventos respectivamente.

El descenso de las expresiones de desafío no significó la desaparición de las acciones represivas contra quienes protestaron, ejercieron el periodismo independiente o manifestaron disenso en público. En Matanzas, la historiadora Alina Bárbara López Hernández, que cada día 18 sale sola a la calle para reclamar la libertad de los presos políticos, fue detenida el 18 de septiembre en medio del apagón nacional y liberada horas después.

La policía política actuó también contra la prensa independiente. El 17 de septiembre mantuvo sitiados en sus viviendas a los periodistas Yoani Sánchez, Camila Acosta, Boris González Arenas, Yunia Figueroa y Frank Correa para impedirles asistir a un evento cultural de la Embajada de Estados Unidos.

El ataque registrado este jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, se suma a una serie de episodios de violencia que durante los últimos años han involucrado a estudiantes, docentes y personal de planteles educativos de Coahuila.

El caso más reciente dejó una mujer muerta y al menos tres personas heridas, entre ellas dos alumnos, uno de los cuales fue reportado grave. La víctima mortal era la subdirectora de la institución, de acuerdo con información proporcionada por el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

Dos hermanos de 18 años, quienes presuntamente fueron alumnos de la secundaria, fueron detenidos como probables responsables. El fiscal señaló inicialmente que no se había confirmado el uso de armas de fuego y que las primeras indagatorias apuntaban al empleo de armas blancas y posibles artefactos explosivos.

Testigos citados por El País señalaron que los agresores ingresaron encapuchados y habrían utilizado machetes, petardos y objetos tipo cóctel Molotov. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar con precisión el móvil y las circunstancias del ataque.

2020: el tiroteo que marcó a Torreón

El antecedente más grave en la entidad ocurrió el 10 de enero de 2020, cuando un alumno de 11 años ingresó al Colegio Cervantes, campus Bosque, en Torreón, con dos armas de fuego.

El menor disparó contra estudiantes y profesores. La maestra María Assaf Medina, de 50 años, murió, mientras que cinco alumnos y un profesor resultaron heridos. Posteriormente, el estudiante se suicidó.

El ataque provocó una amplia discusión sobre la presencia de armas en los hogares y su acceso por parte de menores. Años después, el caso continúa siendo uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en Coahuila.

Sin embargo, no fue el único incidente. En 2014, en la Escuela Secundaria Técnica No. 5 “Otilio González”, de Saltillo, un estudiante de 14 años apuñaló a su compañero Axel Gaudel Nava Briones, quien murió a consecuencia de las heridas. Reportes de la época señalaron que ambos alumnos tenían 14 años y que el ataque ocurrió dentro del plantel.

Tras aquel homicidio, las autoridades estatales impulsaron la aplicación del llamado Operativo Mochila en escuelas de Coahuila.

De armas encontradas a agresiones contra maestros

La violencia dentro de planteles volvió a aparecer en distintos episodios. En 2022, en una primaria de Saltillo, fue localizada un arma calibre .22 dentro de la mochila de un estudiante.

El 4 de octubre de 2023, en la Escuela Secundaria General No. 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, de Ramos Arizpe, un alumno de 14 años atacó con una navaja a la profesora Patricia Burciaga Dávila, de 59 años, durante una clase. La docente sufrió varias heridas, aunque fue reportada fuera de peligro y posteriormente presentó una denuncia.

En noviembre de 2024, se reportó un disparo dentro de un salón de la Escuela Año de Juárez, en Torreón. Posteriormente, en febrero de 2025, fue localizada un arma calibre 9 milímetros en el CBTIS 156 de la misma ciudad, mientras que en mayo de ese año se encontró otra arma dentro de la Secundaria Eliseo Mendoza Berrueto.

A estos hechos se sumaron en abril de 2026 amenazas de posibles tiroteos en la Secundaria Eulalio Gutiérrez, de Saltillo, y en el Colegio María Montessori, de Monclova. Ambos casos derivaron en vigilancia preventiva y protocolos de revisión. Vanguardia documentó además al menos 13 amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila entre enero de 2024 y abril de 2026.

Con el ataque de este jueves en Torreón, el historial vuelve a tener un episodio con víctimas dentro de un plantel. La investigación determinará las circunstancias y el móvil de una agresión que nuevamente colocó a las escuelas de Coahuila en el centro de la atención.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) separó de forma definitiva al profesor Mario Poucell Arrona, quien impartía clases en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) N.º 4 “Lázaro Cárdenas”, después de que circulara en redes sociales un video relacionado con una conducta que, según la institución, no corresponde a la de un docente del plantel.

En el material audiovisual aparece Poucell Arrona mientras revisa un libro frente a un grupo. En un momento, menciona a una estudiante y le comunica que su calificación es “gran cero, de ceros, en cero”. Después, le arroja el material. La joven aparece en la grabación mientras recoge el libro del suelo.

El IPN informó la separación definitiva del profesor mediante un comunicado difundido el 30 de septiembre de 2026. La institución señaló que la medida tiene como objetivo preservar la continuidad académica de las y los estudiantes del plantel.

La escuela también precisó que otro maestro fue asignado al grupo involucrado para continuar con las actividades educativas y evitar la interrupción de las clases.

Separación se realizó bajo protocolo de protección a menores

La decisión se tomó bajo el protocolo institucional correspondiente a la protección de menores de edad. Como parte del procedimiento, el CECyT N.º 4 prepara un acta circunstanciada para dejar registro de los antecedentes, los hechos recientes y las medidas aplicadas después de la difusión del video.

El documento fue enviado a la oficina del abogado general del IPN para su conocimiento y para los efectos jurídicos y administrativos que correspondan. La institución no informó si se aplicarán otras disposiciones dentro del plantel a partir de los antecedentes asentados por la dirección.

Estudiantes protestaron para exigir la destitución del docente

Antes de que el IPN comunicara la separación definitiva, estudiantes del CECyT N.º 4 se agruparon el 30 de septiembre para cerrar durante la tarde la avenida Constituyentes. La protesta tuvo como objetivo presionar a las autoridades politécnicas para que cesaran al docente, a quien señalaron por presunto maltrato contra integrantes de la comunidad estudiantil.

Los alumnos también cuestionaron que el profesor hubiera sido enviado únicamente a un área administrativa y exigieron una medida definitiva en su contra.

De acuerdo con reportes periodísticos, durante la movilización los estudiantes denunciaron además la existencia de casos de acoso sexual presuntamente cometidos por profesores de la institución.

Estas acusaciones fueron planteadas por los manifestantes durante el cierre vial y quedaron vinculadas a sus exigencias ante las autoridades del IPN.

Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes en las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal del INEGI, publicado el 1 de octubre de 2026.

Según el instituto, este tipo de delitos representó 21.4 % de los 84 144 delitos que la dependencia registró en ese periodo.

Los cinco delitos más registrados por la FGR

El INEGI presenta los cinco delitos con mayor frecuencia en la FGR. Estas son las cifras de 2024 y 2025:

• Armas, explosivos y otros materiales destructivos: de 14 847 a 17 985 delitos.
• Robo en todas sus modalidades: de 13 mil 554 a 12 397, con 14.7 % del total en 2025.
• Hidrocarburos y sus derivados: de 6 mil 807 a 9 568, con 11.4 %.
• Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos: de 6 mil 057 a 6 652.
• Vías de comunicación y correspondencia: de 5 mil 535 a 6 mil 337.

Con base en las cifras del INEGI, el cálculo de variación porcentual indica que los delitos en materia de armas y explosivos aumentaron cerca de 21 % frente a 2024. Los de hidrocarburos crecieron alrededor de 41 %, mientras que el robo disminuyó aproximadamente 8.5 %.

Un año con más delitos en la FGR

El instituto precisa que los delitos registrados por la FGR aumentaron 7.0 % respecto a 2024, al pasar de 78 611 a 84 144. En contraste, los registrados por las fiscalías estatales disminuyeron 4.9 %.

Con ello, la FGR concentró 4.0 % de los 2 102 812 delitos registrados a nivel nacional en carpetas de investigación abiertas. El 96.0 % restante correspondió a las fiscalías generales o procuradurías estatales.

El INEGI aclara que en una carpeta de investigación pueden registrarse uno o más delitos.

Carpetas, determinaciones y pendientes

Además de los delitos, el censo reporta que la FGR abrió 84 mil 144 carpetas de investigación en 2025. En la etapa de investigación inicial se registraron 104 mil 334 determinaciones o conclusiones, y quedaron 32 023 procedimientos pendientes de concluir al cierre del año.

El INEGI señala que, en el caso de la FGR, la cifra de pendientes solo incluye la etapa de investigación inicial. La fiscalía reportó no contar con información sobre los procesos de la etapa de investigación complementaria.

Presupuesto ejercido

El comunicado indica que la FGR ejerció 14 513.5 millones de pesos en 2025, a precios de la segunda quincena de julio de 2018. Esto representa una disminución de 1.1 % frente a 2024.

¿Qué considerar al leer los datos?

El censo describe los delitos registrados en carpetas de investigación abiertas y no establece causas de las variaciones. El comunicado tampoco incluye explicaciones de la FGR sobre el comportamiento de cada delito. Para conocer los detalles técnicos, el INEGI remite a su reporte de resultados en el sitio oficial.

Un adolescente atacó con arma blanca a cuatro personas dentro de la secundaria Esperanza Cabrera, en la colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, durante el horario de clases. El menor, alumno del plantel, usó dos cuchillos contra dos estudiantes, un docente y una persona del área administrativa.

A raíz de los hechos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron al presunto responsable en el lugar; sin embargo, no confirmaron oficialmente el motivo de la agresión.

Las cuatro personas heridas recibieron atención médica después del ataque. Medios locales indicaron que, hasta el momento, no se conoce la gravedad de las lesiones.

Los agentes aseguraron los cuchillos durante la detención del menor. Los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), de acuerdo con el mismo medio.

El ataque en la secundaria Esperanza Cabrera de Paseos de San Miguel

El plantel se ubica sobre avenida del Parque, en la colonia Paseos de San Miguel, en la zona norte de la capital queretana. El diario Diario de Querétaro estableció que el agresor es un adolescente de aproximadamente 13 años y forma parte de la comunidad estudiantil del plantel.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor mostró una conducta agresiva antes de utilizar los cuchillos contra sus compañeros.

Versiones recogidas por medios locales sostuvieron que el menor habría anticipado la agresión ante algunos compañeros, pero la Fiscalía no confirmó dicha versión ni estableció un móvil del ataque.

Sin embargo, el caso quedó a disposición de la FGEQ, quien llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica del menor conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes.

Las autoridades no informaron públicamente las causas que originaron el incidente. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre la identidad del menor, en apego a los protocolos de protección de datos de personas adolescentes.

Michoacán, Ciudad de México y Monterrey: otros ataques recientes en escuelas de México

El ataque en Querétaro se suma a una serie de agresiones armadas registradas en planteles educativos del país durante los últimos años. En marzo, un estudiante de 15 años ingresó con un arma de fuego a una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y mató a dos maestras de la institución.

El atacante de Michoacán era seguidor de Charles Manson, criminal y líder de una secta en Estados Unidos. El joven también seguía en redes sociales a Charlie Kirk, activista conservador estadounidense asesinado en 2025, y anunció el ataque a través de publicaciones en las que posó con el arma frente a un espejo.

En septiembre de 2025, un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mató con un cuchillo a su compañero Jesús Israel, de 16 años y originario de Perote, Veracruz. El atacante, identificado como Lex Ashton y vinculado a la comunidad incel, hirió además a un trabajador de limpieza que intentó detener la agresión.

El Colegio de Ciencias y Humanidades Sur instaló después del ataque 15 torniquetes, detectores de metal, 70 cámaras de videovigilancia y 50 botones de emergencia en sus accesos. La audiencia contra Lex Ashton, acusado de homicidio y tentativa de homicidio, se aplazó el 30 de septiembre tras una hospitalización de emergencia del joven.

En febrero de este año, una amenaza publicada en redes sociales obligó al mismo plantel a activar un operativo policial preventivo, de acuerdo con la publicación. Un estudiante del CCH Sur sufrió una crisis nerviosa durante la movilización y recibió atención de los paramédicos de la institución.

Tres años antes del ataque en Michoacán, Monterrey, Nuevo León, fue escenario de otro episodio similar. Un adolescente de 15 años disparó con un arma corta contra sus compañeros y una profesora, quien murió meses después a causa de las lesiones.

Los episodios ocurridos en Querétaro, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León comparten un patrón: agresores adolescentes que actuaron dentro de sus propios planteles educativos. En al menos dos de esos casos, los atacantes anunciaron sus intenciones antes de concretar la agresión.

Las autoridades educativas y de seguridad de distintos estados reforzaron protocolos de vigilancia después de estos hechos. En Querétaro, la Fiscalía General del Estado continúa la investigación del ataque registrado en la secundaria Esperanza Cabrera.

El caso de Paseos de San Miguel permanece bajo investigación y sin un móvil confirmado. Las autoridades locales no anunciaron medidas adicionales de seguridad escolar tras el incidente.

La decisión representa el resultado del procedimiento iniciado por el gobierno municipal luego de que seis elementos fueran separados de sus funciones mientras se investigaba su actuación.

Los elementos Gregorio N., Fabián N. y Juana N. quedaron fuera de manera permanente de la corporación, aunque no se señaló sobre denuncias penales por estos hechos.

En tanto, los otros tres policías involucrados permanecerán separados de sus funciones mientras continúa el procedimiento administrativo que determinará si incurrieron en alguna responsabilidad y, en su caso, las medidas que correspondan.

Smith Gutiérrez afirmó que desde el primer momento se ordenó investigar la actuación de cada uno de los seis elementos y aseguró que las decisiones tomadas se sustentan en los elementos acreditados durante el procedimiento administrativo.

Baja definitiva tras investigación administrativa

La presidenta municipal también reconoció la gravedad de los testimonios que los jóvenes involucrados han hecho públicos y señaló que los señalamientos deberán ser investigados a fondo.

Como parte de las acciones posteriores a los hechos, el gobierno municipal recabó la información, registros y material disponible serán preservados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

La alcaldesa señaló que la administración municipal mantendrá una postura de seguimiento al caso y que la aplicación de sanciones administrativas forma parte de las medidas adoptadas para determinar responsabilidades dentro de la corporación.

Revisarán protocolos de la Policía Municipal

Además de la separación definitiva de los tres elementos, el Gobierno Municipal anunció una revisión de los protocolos policiales relacionados con detención, uso de la fuerza, traslado, custodia y puesta a disposición.

También se contempla fortalecer la supervisión y capacitación de los elementos de seguridad municipal.

De acuerdo con la administración, estas medidas buscan identificar áreas de mejora y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Smith Gutiérrez señaló que la responsabilidad institucional no termina con la aplicación de las sanciones, por lo que será necesario revisar los procedimientos mediante los cuales los policías intervienen en situaciones que involucran a ciudadanos.

Gobierno mantiene diálogo con la Universidad de Guanajuato

Por su parte la Universidad de Guanajuato exigió que tras la evidencia y testimonios de las agresiones a sus estudiantes, los hechos sean esclarecidos de manera objetiva y conforme a derecho por las autoridades correspondientes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y a la integridad de las personas involucradas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital ya sostuvo reuniones con autoridades de la Universidad y con familiares de los jóvenes involucrados.

El diálogo continuará, mientras el gobierno municipal mantiene el acercamiento con la comunidad estudiantil para atender sus demandas de seguridad y de justicia por estos hechos.

Smith Gutiérrez dirigió un mensaje a los estudiantes y aseguró que la administración municipal dará seguimiento a “sus inquietudes”.

La alcaldesa reiteró que su compromiso es conducir la actuación del gobierno municipal “con responsabilidad, con firmeza y sin encubrir a nadie”.

Seguirá caso abierto

El caso permanece abierto para los otros tres policías, quienes continúan separados de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Mientras avanzan las investigaciones, la administración municipal también anunció cambios y revisiones en materia de protocolos, supervisión y capacitación policial, como parte de las medidas adoptadas tras los hechos violentos que involucraron a jóvenes de la comunidad universitaria.

El Gobierno de México negó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras, en respuesta a un comunicado emitido este 30 de septiembre por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La Segob sostiene que cada caso se atiende con la debida diligencia y que autoridades de alto nivel han dialogado directamente con familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan.

El posicionamiento oficial llega después de que los expertos de la ONU documentaran una serie de agresiones ocurridas en Sinaloa en un lapso de 72 horas, entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026, que incluyen la desaparición de una defensora, el ataque a una activista junto con su hija y dos menores, y el atropello de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

La atención a la desaparición es “una de las más altas prioridades nacionales”

La Segob abrió su comunicado con una declaración de principio: la atención al problema de la desaparición y no localización de personas “constituye una de las más altas prioridades nacionales”.

La dependencia afirmó mantener “plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos” para compartir información sobre los avances alcanzados.

El documento sostiene además que la búsqueda de personas es “una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”, que el Estado asume plenamente.

México, según el comunicado, cuenta con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito, que incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.

En su comunicado, la Secretaría de Gobernación precisa que los expertos de la ONU ejercen su mandato “a título personal y de manera independiente”, por lo que sus opiniones “no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas”.

La dependencia reiteró su compromiso con las familias de personas desaparecidas y condenó todo acto de violencia contra buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda.

“El Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”. La Segob agrega que cada caso de desaparición “es importante y se atiende con la debida diligencia”.

La dependencia reconoce, sin embargo, que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.

¿Qué dijeron los expertos de la ONU?

El comunicado de los expertos de Naciones Unidas, suscrito por la relatora sobre defensores de derechos humanos Andrea Bolaños Vargas, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz, la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Grażyna Baranowska y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres Claudia Flores, advierte que las mujeres buscadoras “siguen afrontando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato”.

Entre los casos citados está la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, denunciada el 29 de agosto de 2026. Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores. El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación en Mazatlán.

Los expertos añaden antecedentes de este último colectivo: el asesinato de su integrante Rubí Gómez-Tagle y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025. Calificaron el patrón de ataques como “un ejemplo trágico del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos”.

Los expertos de la ONU citan criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección específica respecto de las personas defensoras de derechos humanos. Con referencia expresa a México, la Corte ha señalado que las mujeres que luchan contra la impunidad “constituyen uno de los grupos en situación de mayor riesgo” y que los actos de hostigamiento y violencia de género dirigidos contra ellas se encuentran en aumento.

Los especialistas subrayan que la violencia contra las mujeres defensoras “suele presentar características específicas de género” y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. Por ello exigen al Estado actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar esta violencia.

México detalla 10 acciones de su estrategia de búsqueda

Frente a estos señalamientos, el Gobierno mexicano enumeró 10 medidas que atribuye a la consolidación de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Entre ellas, la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, y la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

El listado incluye también la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el refuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento. La Segob destaca además la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas en este delito.

El comunicado agrega que todos los registros oficiales de personas desaparecidas deben contar con datos mínimos para identificar a las víctimas. La dependencia garantiza la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, además de la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

El comunicado cierra con la afirmación de que autoridades de todos los niveles “respaldan la labor de las familias e integran sus propuestas en las políticas públicas”.

Organizaciones respaldan el llamado de la ONU

Amnistía Internacional se sumó al llamado de los expertos de Naciones Unidas para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales de protección. La organización recordó que en su informe Desaparecer otra vez documentó formas de violencia contra mujeres buscadoras, entre ellas desplazamiento forzado, estigmatización y revictimización.

La organización señaló que las mujeres buscadoras indígenas y migrantes enfrentan “formas adicionales de discriminación” que dificultan su acceso a la justicia. De acuerdo con Amnistía, estas condiciones tienen consecuencias en la salud de las buscadoras y las obligan a asumir “elevados costos personales y económicos”.

El colectivo Sabuesos Guerreras exigió a las autoridades un trato digno y respeto hacia las madres buscadoras, en un reclamo separado que se suma a las demandas documentadas por los organismos internacionales.

Los expertos de la ONU reconocieron, en paralelo, la aprobación por la Asamblea General de una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

El Ministerio Público imputó a un adolescente por homicidio doloso agravado y logró que un juez decretara su detención provisional, tras la muerte de un hombre baleado por varios sujetos en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la medida a través de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, luego de una audiencia ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

El juez admitió todas las solicitudes de la Fiscalía, la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la medida cautelar contra el menor.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, barrio Nuevo Progreso. La víctima fue atacada con arma de fuego en la parte trasera de una iglesia por varios sujetos y murió en el hospital.

De igual manera, una mujer fue capturada en Curundú por apuñalar a otra en plena calle

En un operativo distinto, la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer señalada de intentar matar a otra con un arma blanca.

El procedimiento, denominado operación “Filo”, se ejecutó mediante un allanamiento en los Edificios Nueva Vida, Torre 1, en el corregimiento de Curundú, distrito de Panamá.

La diligencia se realizó en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y respondió a una resolución de aprehensión, la número 84 del 29 de septiembre, por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las autoridades, una mujer regresaba a su residencia tras comprar un desayuno cuando fue sorprendida por la agresora, quien sacó un arma blanca y le propinó múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. La víctima necesitó atención médica de urgencia y sobrevivió al ataque.

En otro caso, un hombre de 21 años quedó detenido en Coclé por amenazar a su expareja e hijos

Al hombre se le acusa de lesiones psicológicas y de quebrantar medidas de protección en perjuicio de su expareja.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados en la investigación. También argumentó los riesgos procesales que justificaban la detención del imputado.

Según el ente investigador, la víctima y sus hijos eran amenazados por el ahora detenido, quien además había incumplido las medidas de protección vigentes en su contra. Esa situación representaba un riesgo para la integridad de las personas afectadas, según la Fiscalía.

Los hechos se registraron el 28 de septiembre en la comunidad de Pozo Azul, distrito de Aguadulce.

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de la provincia de Veraguas, también bajo la órbita de la Procuraduría General de la Nación, logró la detención provisional de un hombre de 28 años. Se le investiga por hurto agravado en perjuicio del colegio José Santos Puga, en el distrito de Santiago.

Un Juez de Garantías valoró la denuncia, las entrevistas, el informe de investigación de campo, el informe de inspección ocular y el informe de fijación de imágenes presentados por la Fiscalía. Con esas pruebas, legalizó la aprehensión, formuló la imputación e impuso la medida cautelar.

Los hechos se registraron durante la noche del 18 de septiembre, cuando el imputado, junto a un grupo de personas aún por identificar, habría ingresado al plantel educativo y causado daños en la infraestructura.

Dentro del colegio, los responsables se apoderaron de $3.012 correspondientes a ahorros del personal administrativo y de $47 producto de la recaudación de la Asociación de Padres de Familia.

La Fiscalía investiga además la sustracción de equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares de estudiantes, así como los daños ocasionados a las instalaciones del plantel.

El Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc) anunció que dará asistencia sicológica a estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela Oficial Urbana Mixta de Huité, Zacapa, después del ataque armado del domingo que dejó ocho personas fallecidas en el municipio.

Las clases continúan suspendidas desde el martes 29 de septiembre como medida de resguardo para la comunidad educativa. La decisión alcanza al establecimiento cercano al campo de fútbol donde se registró parte de la balacera durante un encuentro deportivo.

El Mineduc informó que algunos alumnos presenciaron los hechos, aunque no participaban de una jornada escolar al momento de la incursión. La cartera prevé atenderlos mediante programas destinados a la prevención de la violencia y al acompañamiento de personas afectadas por este tipo de situaciones.

La Dirección Departamental de Educación de Zacapa y la supervisión del sector brindan apoyo a la escuela mientras las autoridades evalúan las condiciones para una eventual reanudación gradual de las actividades presenciales.

La escuela de Huité presenta perforaciones de bala y daños en la entrada

Una comisión del Ministerio de Educación inspecciona los daños en la Escuela Oficial Urbana Mixta de Huité, que recibió impactos de bala durante los hechos violentos.

Las autoridades documentaron afectaciones en la puerta principal del centro educativo. También hallaron perforaciones de proyectiles en puertas y paredes del baño de niñas. El Ministerio indicó que definirá las reparaciones necesarias tras concluir la verificación técnica.

Los trabajos se financiarían a través del programa de remozamiento de centros educativos, un mecanismo que, según el Mineduc, permitiría atender los daños con rapidez.

La institución señaló que los programas Cuida y Proesvi intervendrán en la comunidad educativa. El plan contempla apoyo para estudiantes, personal docente y familias, con el objetivo de crear condiciones para el retorno paulatino a las aulas.

El Consejo Municipal de Huité pidió una investigación por el ataque

El alcalde de Huité, Leonel Humberto Paz, acompañado por el Consejo Municipal, expresó sus condolencias a las familias afectadas y reclamó una investigación “rigurosa, transparente e imparcial” por la violencia ocurrida en el municipio.

Paz sostuvo que el hecho “no fue un enfrentamiento”, sino la incursión de “un comando” que ingresó con armas de fuego y utilizó una fuerza que calificó de desmedida. El jefe comunal afirmó que el episodio atentó contra la vida y la integridad de los habitantes.

“Su dolor es el dolor de todo nuestro municipio”, expresó el alcalde al dirigirse a las familias de las víctimas. Además, pidió a los vecinos mantenerse unidos en el reclamo de justicia, con serenidad y firmeza.

En su mensaje, el alcalde mencionó la muerte de siete vecinos. Las autoridades habían informado previamente que el ataque dejó ocho personas fallecidas, por lo que existe una diferencia entre ambas cifras.

La Municipalidad de Huité también difundió un comunicado de duelo en el que manifestó sus condolencias y señaló que acompañará a las familias que perdieron a sus seres queridos.

Un grupo armado atacó tres puntos de Huité el domingo

El domingo, hombres armados ingresaron a Huité, Zacapa, y dispararon en el campo de fútbol donde se disputaba un partido. Alrededor del recinto están ubicados establecimientos educativos de distintos niveles.

Los ataques también se extendieron a la aldea La Oscurana y al ingreso del municipio. El Ministerio Público procesó los tres escenarios y recopiló más de 70 indicios balísticos, que serán analizados dentro de la investigación para identificar a los responsables.

Una mujer fue asesinada a balazos la madrugada de este miércoles dentro de una camioneta en el municipio de Tecámac, Estado de México, mientras circulaba sobre la calle Valle San Miguel, entre los fraccionamientos Urbi y Héroes. En el lugar quedaron ocho indicios balísticos y un mensaje presuntamente vinculado a un grupo criminal que opera en la zona, de acuerdo con medios locales.

La víctima perdió el control del vehículo, una camioneta color arena, tras recibir los disparos y terminó sobre un camellón de la vialidad. El cuerpo de la mujer quedó dentro de la unidad sin signos vitales, de acuerdo con el reporte del diario.

La Fiscalía del Estado de México investiga el ataque armado en Tecámac

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Los peritos recolectaron los ocho indicios balísticos hallados junto al vehículo para su análisis. El mensaje localizado en el lugar también forma parte de las pruebas que revisa la autoridad ministerial.

Las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni la identidad de la víctima. La Fiscalía tampoco ha reportado personas detenidas por el homicidio hasta el cierre de esta nota.

Tecámac forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, donde se han registrado hechos violentos vinculados a disputas entre grupos criminales. El municipio colinda con otras demarcaciones mexiquenses que también han presentado actividad delictiva armada durante 2026.

El Estado de México acumula 31 feminicidios entre enero y agosto de 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 440 feminicidios en México entre enero y agosto de 2026. El Estado de México ocupó el segundo lugar nacional en ese periodo, con 31 casos registrados.

México registró 440 feminicidios entre enero y agosto de 2026, según el SESNSP. El Estado de México figuró entre los tres estados con más casos del país, junto con Sinaloa y Tamaulipas, que en conjunto sumaron 134 víctimas en ese lapso.

Sinaloa encabezó la lista nacional con 74 feminicidios en el periodo analizado. Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 29 casos contabilizados hasta agosto.

Estas tres entidades concentraron el 30.5% del total nacional de feminicidios reportados hasta el octavo mes del año. El resto de los casos se distribuyó entre las demás entidades del país, con menor peso individual en el cómputo general.

La tasa de feminicidios coloca a Sinaloa, Morelos y Tamaulipas por encima del promedio nacional

La tasa nacional de feminicidio se ubicó en 0.64 casos por cada 100 mil mujeres durante el periodo analizado. Sinaloa registró la tasa más alta del país, con 4.57 casos por cada 100 mil mujeres.

Morelos ocupó el segundo lugar en tasa, con 2.06 feminicidios por cada 100 mil mujeres, y Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 1.52. El Estado de México no figuró entre las entidades con las tasas más elevadas, pese a concentrar un número absoluto alto de víctimas.

El SESNSP también documentó 988 víctimas de homicidio doloso de mujeres en el país durante los primeros ocho meses de 2026. Esta cifra se suma a los 440 feminicidios y refleja un promedio cercano a seis mujeres asesinadas por día entre ambos delitos.

El informe del organismo mostró una reducción respecto a 2025, cuando se habían contabilizado 736 víctimas de feminicidio en el mismo periodo. La cifra de 2026 también se mantiene lejos del pico registrado en 2021, año en que el país superó las mil víctimas.

De acuerdo con reportes previos del SESNSP correspondientes a este año, las principales víctimas de feminicidio en el país son mujeres de entre 30 y 60 años. El segundo grupo más afectado corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años.

Asimismo, 9 mil 109 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México durante la última década. El dato refleja la magnitud histórica del delito en el país, más allá del comportamiento registrado en 2026.

Las cifras del SESNSP no incluyen los casos ocurridos durante septiembre de 2026, pues el corte oficial más reciente corresponde al 31 de agosto. Esto significa que el homicidio de la mujer en Tecámac no forma parte del último reporte publicado por el organismo.

Los feminicidios en el Estado de México se han distribuido entre distintos municipios de la entidad, según los reportes oficiales del SESNSP. El organismo no detalló, en su corte de agosto, cuáles municipios concentraron el mayor número de víctimas dentro de la entidad.

Las autoridades estatales no han vinculado públicamente el ataque de Tecámac con otros casos de mujeres asesinadas en la entidad durante 2026. La FGJEM continúa con las diligencias para determinar la identidad de la víctima y las causas del ataque.

La Fiscalía no ha fijado una fecha para presentar avances en la investigación del homicidio de Tecámac. La identidad de la mujer permanece sin confirmarse de manera oficial hasta el momento.

El caso se suma al conteo de mujeres asesinadas en el Estado de México durante 2026, aunque las autoridades no lo han clasificado todavía como feminicidio. El SESNSP actualizará sus cifras en los próximos reportes mensuales, que podrían incluir este y otros casos ocurridos en septiembre.

La ofensiva contra las pandillas en Panamá sumó una nueva operación en el sector de la 24 de Diciembre, donde las autoridades aprehendieron a 10 personas presuntamente vinculadas con una estructura denominada “Los Iluminatis”. Entre los detenidos figura alias “Andrecito”, señalado como supuesto cabecilla del grupo.

La operación “Élite” fue desarrollada conjuntamente por el Ministerio Público y la Policía Nacional en el Sector 5 de la 24 de Diciembre, como resultado de una investigación iniciada en 2025. Las diligencias se concentraron en el área conocida como “La Favela” o “La Invasión”, donde presuntamente operaba la organización.

Las autoridades relacionan a la estructura con homicidios, lesiones personales, robos a mano armada y posesión ilícita de armas de fuego, además de actividades vinculadas con drogas.

Durante los allanamientos también fueron decomisados dinero en efectivo, equipos tecnológicos y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

La Policía Nacional sostiene que “Los Iluminatis” mantiene una presunta alianza con la estructura conocida como “Los HP” o “Manzana Cero”, una organización con antecedentes en Panamá Este.

Las investigaciones deberán establecer ahora el alcance de esa supuesta relación y las actividades desarrolladas conjuntamente por ambos grupos.

“Los HP” han aparecido anteriormente en investigaciones de las autoridades panameñas. En julio de este año, dos personas presuntamente vinculadas con esa estructura fueron aprehendidas en San Joaquín, Pedregal, como parte de investigaciones relacionadas con la operación “Bastión”. Al grupo se le relaciona con homicidios, drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Manzana Cero también tiene antecedentes de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. La estructura ha sido ubicada históricamente en Felipillo y otros sectores del área este de la provincia de Panamá, una zona estratégica para grupos dedicados al movimiento y almacenamiento de drogas, mientras las autoridades han desarrollado diferentes operaciones para debilitar su presencia territorial.

En el caso de “Los Iluminatis”, las investigaciones desarrolladas durante febrero, marzo y agosto permitieron, según la Policía, el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas que presuntamente permanecían ocultas y custodiadas en diferentes residencias de Panamá Este. El narcotráfico sería una de las principales actividades atribuidas a esta estructura.

La operación ocurre en momentos en que Panamá mantiene 121 grupos pandilleriles activos, de acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades en 2026. El registro partía de unas 180 estructuras identificadas, de las cuales 59 fueron desarticuladas, mientras más de 400 personas vinculadas con esos grupos fueron enviadas a prisión.

El mapa criminal muestra una concentración especialmente importante en San Miguelito, Colón, Panamá Este y Panamá Norte, aunque las operaciones de este año también han alcanzado otras provincias. Las autoridades han identificado además ocho grandes estructuras alrededor de las cuales se articulan diferentes agrupaciones delictivas en el país.

Durante 2026 se han desarrollado múltiples acciones contra esas organizaciones. En enero, la operación “Dominio” dejó 14 aprehendidos vinculados presuntamente con Unión Sinaloa en San Miguelito, mientras en marzo la operación “Legado” permitió capturar a 19 personas en Coclé y golpear a la estructura conocida como “Blindaje 7”.

También en marzo, la operación “Territorio” dejó cinco aprehendidos de la pandilla “Los Cantorales” en Torrijos Carter, mientras en mayo comenzó la operación “Combate” contra una estructura con control territorial en Santa Eduviges, Tocumen. Una segunda fase desarrollada en agosto permitió la captura de otros cinco presuntos integrantes.

Las acciones continuaron durante septiembre. La operación “Custodia” dejó nueve aprehendidos vinculados con “Los Jota” o “JDM” en San Miguelito, mientras la operación “Rigor” permitió capturar a siete personas en Colón, incluido un presunto cabecilla. Las investigaciones ubicaban el control territorial de esta última estructura en Cativá y Altos de Los Lagos.

Panamá Este aparece así nuevamente dentro de las áreas donde las autoridades mantienen investigaciones contra organizaciones dedicadas al pandillerismo. En Tocumen, además, cuatro personas fueron condenadas recientemente por pandillerismo agravado dentro de la operación “Corintios”, mientras otras 21 relacionadas con el mismo caso ya cumplen condenas.

Las 10 personas capturadas durante la operación “Élite” serán llevadas ante un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes, donde el Ministerio Público presentará sus solicitudes. Hasta entonces, mantienen la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones para determinar su eventual responsabilidad y estructura de funcionamiento.

Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre de 2026, a los 58 años.

La noticia, difundida por Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco, devuelve a la conversación pública la denuncia presentada en 2013 por la agresión contra una joven en Puerto Vallarta, Jalisco, un caso que llegó a las autoridades y que él negó.

La muerte del exdiputado federal, empresario y exboxeador ocurre seis meses después del fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, quien murió el 23 de marzo de 2026. El apellido Kahwagi vuelve a ocupar espacio público por las condolencias de figuras políticas y del espectáculo.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión, el empresario murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, presuntamente por un derrame cerebral en Ciudad de México.

La denuncia contra Jorge Kahwagi Macari por presunta violencia física contra Ana Gabriela González Sánchez

El episodio que concentró uno de los mayores cuestionamientos públicos contra Kahwagi Macari ocurrió la noche del 6 de mayo de 2013 en el fraccionamiento Marina Vallarta, en Puerto Vallarta.

El entonces exdiputado federal fue acusado de golpear a Ana Gabriela González Sánchez, quien recibió atención médica en un hospital privado de ese destino turístico. Los reportes difundidos entonces señalaron que el padre de la joven presentó una denuncia ante las autoridades.

Según declaraciones de dicho año retomadas por el diario El Economista, el comisario general de la policía municipal, Silvestre Chávez García, confirmó que la joven fue trasladada para recibir atención médica después de la agresión denunciada.

El mismo reporte señala que la policía tuvo conocimiento del caso luego de que el hospital notificó a las autoridades. La joven estuvo acompañada por su padre cuando se preparaba su declaración ante el Ministerio Público.

La denuncia identificaba a Jorge Antonio Kahwagi Macari como presunto agresor. Las versiones publicadas en mayo de 2013 no precisaron el motivo que habría desencadenado el altercado dentro de la finca privada en Marina Vallarta.

Kahwagi negó el señalamiento. El político sostuvo que los hechos eran falsos y afirmó que no tuvo ningún altercado con una persona en Puerto Vallarta.

Un juez rechazó en 2012 una solicitud de Kahwagi en otro juicio civil

La agresión denunciada en Puerto Vallarta coincidió con otro proceso judicial que ya rodeaba a Kahwagi Macari. En diciembre de 2012, un juez civil rechazó una solicitud del exlegislador para desechar una demanda en su contra.

El expediente incluía acusaciones de un comerciante, quien sostenía que Kahwagi habría recurrido al tráfico de influencias para obtener ventaja en una controversia patrimonial. Se trataba de una acusación dentro de un juicio civil, no de una sentencia que acreditara ese delito.

Sin Embargo reportó que el juez 31 de lo Civil del entonces Distrito Federal rechazó la excepción de cosa juzgada promovida por Kahwagi. El juzgador consideró que existían indicios de posibles irregularidades procesales en el juicio de origen.

El rechazo de esa petición no implica que Kahwagi haya sido declarado responsable de tráfico de influencias. Tampoco acredita que se hubiera librado de la denuncia por ese señalamiento. La información disponible refiere una disputa legal y la determinación judicial de continuar con el análisis de la demanda.

Jorge Kahwagi Macari pasó de San Lázaro a Big Brother VIP y el boxeo

Jorge Kahwagi Macari nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Fue diputado federal en la LIX Legislatura y coordinó la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados.

Entre 2001 y 2006 militó en el Partido Verde. Después se integró a Nueva Alianza, donde ocupó la Secretaría General y más tarde la presidencia nacional del partido entre 2007 y 2011.

Su carrera política tuvo una exposición atípica cuando pidió licencia como diputado para participar en Big Brother VIP, producción de Televisa. Llegó a la final del programa y ocupó el tercer lugar.

Kahwagi también desarrolló una carrera como boxeador profesional. Entre 2001 y 2005 disputó 11 peleas, todas resueltas por nocaut, de acuerdo con los registros difundidos sobre su trayectoria deportiva.

El exdiputado volvió al ring una década después para enfrentar a Ramón Olivas en Filipinas. El combate terminó en 40 segundos, tras un nocaut técnico. La causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari permanece sin información oficial este 30 de septiembre de 2026.

Expertos de Naciones Unidas exhortaron este 30 de septiembre al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, quienes, advirtieron, continúan enfrentando violencia letal y con frecuencia son víctimas de desaparición forzada.

Desde Ginebra, las personas expertas señalaron que, aunque los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar la labor de las buscadoras, en México siguen afrontando niveles “alarmantes” de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato.

Los casos recientes en Sinaloa

Los especialistas citaron una serie de ataques recientes en Sinaloa como muestra de los riesgos que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares. Entre ellos, mencionaron:

• 29 de agosto de 2026: se denunció la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista en favor de las personas desaparecidas.

• Ese mismo día: Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, fue agredida junto con su hija y dos menores.

• 1 de septiembre: integrantes del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa” fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

De acuerdo con el comunicado, ese colectivo ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones. En 2026 fue asesinada su integrante Rubí Gómez-Tagle, mientras que María de los Ángeles Valenzuela desapareció en octubre de 2025.

“Impunidad casi total”

Los expertos advirtieron que esta violencia ocurre en un contexto de “impunidad casi total”, lo que contribuye a generar un entorno que favorece la actuación de los perpetradores.

Añadieron que la violencia contra las defensoras suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. Por ello, sostuvieron que el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos.

La búsqueda, responsabilidad del Estado

Uno de los puntos que el organismo enfatizó es que buscar a las personas desaparecidas e investigar los casos es una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias.

Según las personas expertas, la labor de las buscadoras es una extensión de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Si bien consideraron de primordial importancia garantizar su participación en condiciones de seguridad, insistieron en que atacarlas “perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.

También recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección respecto de las personas defensoras. En referencia específica a México, el tribunal ha señalado que las mujeres que luchan contra la impunidad constituyen uno de los grupos en situación de mayor riesgo y que los actos de hostigamiento y violencia de género en su contra van en aumento.

Llamado a reconocer su labor

La ONU instó a México a reconocer públicamente la importancia del trabajo que realizan las defensoras que luchan contra las desapariciones y a garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia.

Los expertos también recordaron la Observación general sobre las mujeres afectadas por desapariciones forzadas, que establece que los Estados deben reconocer la existencia de las mujeres desaparecidas y los daños específicos que sufren por razón de su género, incluidos:

• Violencia sexual y embarazo forzado.
• Daño psicológico y estigma social.
• Desestructuración de sus familias.

Reconocimiento internacional

En medio de este panorama, los especialistas celebraron la aprobación, por parte de la Asamblea General de la ONU, de una resolución que designa el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

Expresaron su “más profundo reconocimiento” a la comunidad internacional por reconocer formalmente la fortaleza, las voces y el liderazgo de estas mujeres.

Las personas expertas indicaron que han enviado comunicaciones previas al Gobierno de México, entre ellas una carta de abril de 2026 sobre el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, a la cual el Gobierno respondió.

¿Quiénes firman el pronunciamiento?

El comunicado es suscrito por relatores y grupos de trabajo de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Andrea Bolaños Vargas (relatora sobre personas defensoras), Morris Tidball-Binz (relator sobre ejecuciones extrajudiciales) y integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Se trata de expertos independientes que no son personal de la ONU y actúan a título individual, por lo que sus posturas no representan necesariamente las del organismo.

En la madrugada del jueves 25 de septiembre de 2026, un hombre irrumpió en su vivienda de Edgewood, Pensilvania, lo apuñaló mientras dormía junto a su esposa. Evans murió esa misma noche.

Su esposa, Gina Evans, resultó gravemente herida. Sus dos hijos, de 8 y 12 años, lograron escapar de la casa.

Lo que la investigación reveló en los días siguientes agravó aún más el cuadro: el acusado, Elijah Hemingway, de 32 años, habría cometido una agresión sexual horas antes del ataque, tenía antecedentes penales en dos estados y estaba en libertad cuando ocurrieron los hechos.

La jornada de violencia comenzó horas antes del ataque en Edgewood

La secuencia de violencia comenzó el miércoles por la mañana, cuando Hemingway emboscó a una mujer que caminaba por un sendero conectado a un callejón en Wilkinsburg.

Así lo informó el Departamento de Policía del Condado de Allegheny en un comunicado publicado en sus redes sociales, según retomó Fox News.

La víctima no conocía a su agresor. Hemingway la agredió sexualmente y le sustrajo el teléfono celular. La policía de Wilkinsburg notificó al personal de detectives del condado, que sumó esa investigación a la del homicidio.

Los detectives recuperaron múltiples elementos que vinculan a Hemingway con la agresión sexual, además del dispositivo sustraído, tal como señaló la policía local. Tras una consulta con la fiscalía, las autoridades presentaron cargos adicionales: violación, agresión sexual y robo.

Lo que ocurrió dentro de la vivienda según los testimonios

Según el informe policial, la esposa de Evans describió al agresor como alguien con un comportamiento “psicótico” que afirmaba ser “Dios” durante el ataque. La mujer gritó a sus hijos que abandonaran la casa mientras la pareja intentaba repeler la agresión.

La esposa aseguró ante los investigadores que desconocía cómo había ingresado Hemingway a la vivienda. Sin embargo, también relató que Evans llamó al atacante “Elijah” durante el incidente, como si lo reconociera.

Las autoridades del condado, citadas por KDKA, aclararon que no pudieron confirmar la existencia de una relación previa entre ambos.

Hemingway ofreció su propia versión ante la policía: aseguró que Evans lo había invitado a la casa horas antes y le había franqueado el ingreso. También acusó al médico de atacarlo con un cuchillo y afirmó haber recibido una herida de arma blanca en la espalda.

Sin embargo, las autoridades no encontraron ninguna herida en su cuerpo.

El historial judicial del acusado y las preguntas sobre su libertad

Las autoridades presentaron siete cargos contra Hemingway por el ataque del jueves, entre ellos homicidio criminal, agresión agravada, allanamiento de morada e intrusión.

Los registros judiciales muestran que Hemingway acumula antecedentes penales desde 2016.

En julio de 2026, un juez lo puso en libertad con fianza no monetaria —sin pago de dinero— por un allanamiento cometido en febrero de ese año. El crimen ocurrió semanas después de esa liberación.

Cómo reconstruyeron los investigadores la noche del crimen

Los investigadores creen que Hemingway entró a la casa por una ventana trasera y llegó hasta el dormitorio donde se encontraba la familia.

La Policía del Condado de Allegheny sostuvo esa reconstrucción en la denuncia penal, informó CNN.

Evans fue declarado muerto a la 1:42 de la madrugada en el hospital UPMC Mercy de Pittsburgh.

Su esposa recibió atención médica en el AHN Forbes Regional Hospital y quedó en condición estable.

El acusado habría salido por una puerta posterior tras el ataque. Un equipo canino lo encontró oculto en el patio de una vivienda cercana, según la misma fuente.

El acusado permanece sin fianza y tiene una audiencia prevista para octubre

Hemingway fue procesado el sábado por la noche por los cargos vinculados al homicidio y permanece detenido sin posibilidad de fianza en la cárcel del Condado de Allegheny.

La audiencia preliminar por ese expediente está fijada para el 9 de octubre, de acuerdo con los registros judiciales citados por CNN.

Por el ataque denunciado en Wilkinsburg, la fiscalía le imputó además el delito de relación sexual desviada involuntaria, afirmó Yahoo News, que tuvo acceso a la presentación judicial del 26 de septiembre.

El pasado del acusado en otro estado

Antes de los hechos en Pensilvania, Hemingway fue arrestado dos veces en Florida durante 2025. En marzo afrontó una acusación de violencia doméstica y, al mes siguiente, fue detenido por presuntamente agredir a agentes y resistirse al arresto, detalló CBS News Pittsburgh.

Una evaluación judicial de Florida determinó que padecía una enfermedad mental que afectaba su capacidad para comprender el proceso y colaborar con su abogado.

Meses después, un tribunal lo consideró competente, aceptó una declaración de no impugnación y recibió una sentencia equivalente al tiempo cumplido, indicó el canal local.

El fiscal de distrito del Condado de Allegheny, Stephen Zappala, aseguró que su oficina habría impugnado la libertad sin fianza concedida a Hemingway en julio si hubiera contado con sus antecedentes completos de Florida. El móvil del ataque no fue determinado hasta el momento.

Un ataque armado dejó un muerto y un herido la noche del martes en la localidad de Cuauchichinola, del municipio de Mazatepec, Morelos, luego de que habitantes de la zona reportaran detonaciones de arma de fuego.

La Fiscalía Regional Sur Poniente confirmó que las víctimas, ambos funcionarios municipales, fueron agredidos cuando circulaban a bordo de una camioneta. Uno de ellos perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el segundo lesionado fue trasladado con vida a un hospital de la localidad de Tetecala.

La dependencia inició las primeras diligencias para esclarecer el caso y desmintió que las víctimas fueran padre e hijo. En tanto, personal del Ministerio Público, la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales intervino en la escena para recabar indicios e identificar a los responsables.

La Fiscalía Regional Sur Poniente descarta parentesco entre las víctimas

La Fiscalía Regional Sur Poniente emitió un comunicado tras la agresión y precisó que las dos personas atacadas no son padre e hijo, como circuló en algunos medios de comunicación.

El texto oficial confirmó que las víctimas fueron dos servidores públicos del ayuntamiento de Mazatepec. Uno de ellos murió en el sitio del ataque, mientras que el otro recibió atención médica en un nosocomio de la región.

Versiones extraoficiales señalaron que uno de los agredidos ejercía funciones como juez cívico municipal. Mientras que la otra víctima, de acuerdo con esas mismas versiones, se desempeñaba como director de Asuntos Internos de la Policía Municipal.

Trascendió también que ambos funcionarios habían recibido amenazas previas a la agresión. Sin embargo, la Fiscalía no confirmó ese señalamiento en su comunicado oficial.

La institución evitó revelar los nombres de las víctimas mientras avanza la indagatoria. Este resguardo de identidad es habitual en las primeras horas de una investigación penal en curso.

Peritos y policía de investigación realizan diligencias en Cuauchichinola

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegó al lugar del ataque para iniciar las diligencias correspondientes. Junto a ellos trabajaron especialistas de la Coordinación de Servicios Periciales del estado y agentes del Servicio Médico Forense (Semefo).

La autoridad indicó que las diligencias buscan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El proceso se desarrolla conforme al marco legal vigente en el estado de Morelos.

Hasta el momento no se reportaron detenciones relacionadas con el ataque armado. La Fiscalía tampoco proporcionó una línea de investigación específica sobre el móvil del crimen.

Morelos registra reducción de homicidios pero lidera muertes entre jóvenes

El ataque en Mazatepec ocurre en un estado que atraviesa una etapa de cifras contrastantes en materia de violencia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución del 51.5% en homicidio doloso durante 2026 respecto al año anterior.

La gobernadora Margarita González Saravia presentó ese balance en el marco de una cumbre de seguridad regional celebrada el 29 de septiembre. La funcionaria también destacó una reducción del 17.02% en robo de vehículos durante el mismo periodo.

El Gobierno de México atribuyó parte de esa baja a la implementación del Plan Morelos, coordinado con el Gabinete de Seguridad federal. El promedio diario de homicidio doloso pasó de 3.7 casos en abril de 2026 a 1.6 en junio del mismo año, según cifras del SESNSP.

A pesar de esa tendencia a la baja en el indicador general, Morelos ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos entre adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29 años por cada 100 mil habitantes. Entre enero y agosto de 2026, la entidad registró 18 homicidios de adolescentes y 161 de jóvenes de ese segundo grupo de edad, de acuerdo con datos del SESNSP y la organización Morelos Rinde Cuentas.

Esa tasa de homicidios juveniles colocó a Morelos por delante de Sinaloa, que ocupa el segundo lugar nacional en ambos grupos etarios. La diferencia poblacional entre ambas entidades explica que Sinaloa registre más casos en números absolutos pero una tasa menor por cada 100 mil habitantes.

La violencia en la entidad no se limita a los homicidios dolosos registrados en cifras oficiales. El fin de semana previo al ataque en Mazatepec, dos estudiantes de 17 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos murieron baleados en Cuernavaca, y un tercer joven resultó herido.

En días recientes también se reportó la muerte de una mujer en el municipio de Tepalcingo, quien falleció después de que otra persona la rociara con gasolina y le prendiera fuego. Ese mismo fin de semana se documentó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Ayala y un homicidio adicional en Xochitepec, Morelos.

Los ataques contra funcionarios municipales como el ocurrido en Mazatepec se suman a ese conjunto de hechos violentos que atraviesa la entidad. La Fiscalía Regional Sur Poniente continúa con la investigación abierta para determinar responsables y el móvil del ataque armado.

Panamá registró 1.520 armas recuperadas entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa una caída de 49,6% frente a las 3.015 contabilizadas durante el mismo período del año pasado.

Sin embargo, detrás de esa reducción aparece un comportamiento contrario: la recuperación de rifles aumentó 167% y pasó a encabezar las categorías reportadas.

Durante los primeros ocho meses del año, las autoridades recuperaron 564 rifles, frente a los 211 registrados entre enero y agosto de 2025. La diferencia representa 353 unidades adicionales en apenas un año, pese a que el volumen general de armas recuperadas se redujo prácticamente a la mitad en la comparación interanual.

El cambio también alteró la composición de las armas encontradas por las autoridades. En 2025, los rifles representaban apenas 7% de las recuperaciones, mientras que este año concentran aproximadamente 37% del total. De esa manera, desplazaron a las pistolas como la categoría con mayor número de unidades registradas hasta agosto.

Las pistolas siguieron una trayectoria completamente diferente. Su número cayó de 1.174 a 511 unidades, equivalente a una reducción de 56,5%. El descenso fue todavía mayor entre los revólveres, que pasaron de 782 a 146, lo que supone una disminución de 81,3% respecto al mismo período de 2025.

También disminuyeron las escopetas y los fusiles recuperados. Las primeras pasaron de 265 a 94 unidades, una reducción de 64,5%, mientras los fusiles descendieron de 121 a solamente 15, equivalente a una caída de 87,6%. La categoría denominada “otros” bajó de 462 a 190 armas.

El comportamiento adquiere relevancia después de que el Gobierno decidiera suspender durante un año la importación de determinados rifles semiautomáticos de uso particular.

La medida comenzó a regir el 22 de septiembre y busca evaluar su circulación y reforzar los controles, incluyendo aspectos relacionados con la trazabilidad, el destino final y posibles desvíos hacia el mercado ilícito.

La evolución mensual presenta además un comportamiento atípico durante junio, cuando fueron recuperadas 654 armas. La cifra contrasta con las 158 de enero, 120 de febrero, 118 de marzo, 114 de abril y 134 de mayo. Después del repunte, el registro volvió a bajar a 169 en julio y 53 en agosto.

Solo junio concentró 43% de todas las armas recuperadas durante los primeros ocho meses de 2026. Frente a las 189 contabilizadas durante ese mes en 2025, el resultado supone un incremento de aproximadamente 246%, equivalente a 465 unidades adicionales. Fue, además, el único salto extraordinario dentro de la serie mensual.

La comparación con 2025 muestra una diferencia especialmente marcada al inicio del período. En enero del año pasado fueron recuperadas 1.274 armas, frente a 158 este año, mientras febrero pasó de 566 a 120. En agosto también hubo una reducción importante, de 183 a apenas 53 unidades.

La distribución territorial muestra una concentración todavía mayor. La provincia de Panamá acumuló 1.004 armas recuperadas, aproximadamente 66% del total nacional. Muy por detrás aparecen Colón con 114, Panamá Oeste con 107 y Chiriquí con 91. Veraguas registró 56 y Herrera otras 46, según las cifras acumuladas hasta agosto.

En el resto del país, Coclé contabilizó 25 armas y Bocas del Toro 21, mientras que la comarca Ngäbe Buglé registró 18 y Los Santos 14. Darién acumuló ocho y Guna Yala solamente tres, lo que refleja una fuerte concentración de las recuperaciones en la provincia de Panamá y áreas urbanas cercanas.

Las estadísticas también muestran un cambio en la forma en que las armas quedaron bajo control de las autoridades. Durante 2026, el 81% aparece clasificado como decomisado, mientras que los indicios representan otro 14%. Las categorías de incautado y recuperado representan 1% cada una, con una participación mucho menor dentro del registro total.

El balance hasta agosto deja así dos movimientos que avanzan en direcciones opuestas. Panamá registra casi la mitad de armas recuperadas que hace un año, pero al mismo tiempo los rifles aumentaron de 211 a 564 unidades. Ese crecimiento ocurre mientras el país comienza a aplicar nuevas restricciones sobre la importación de determinados rifles semiautomáticos.

Jonathan Paul Espinoza estranguló a Marlen Vázquez Saavedra el 16 de septiembre dentro de la vivienda que ambos compartían en la colonia Ampliación Moderna de Ensenada, Baja California. El hombre ocultó el cuerpo en el automóvil de la víctima, lo abandonó en un barranco de la carretera libre Ensenada-Tijuana y esa misma noche reportó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la desaparición de su pareja.

La fiscal María Elena Andrade Ramírez confirmó que el feminicidio ocurrió tras una discusión de pareja y que Marlen arrastraba un historial de violencia familiar previo al ataque. Marlen tenía 37 años, trabajaba como asesora inmobiliaria y era reconocida en el Valle de Guadalupe por su labor de protección ambiental.

Marlen Vázquez intentó denunciar violencia familiar antes de morir

Durante la audiencia inicial de imputación, celebrada el martes 22 de septiembre, trascendió que Marlen había intentado denunciar a Jonathan Paul por violencia familiar, según reportó el semanario Zeta. La denuncia, de acuerdo con la carpeta de investigación, la presentaría en la Ciudad de México, lugar de origen de ambos.

Las personas cercanas a la pareja conocían la relación conflictiva que llevaban desde tiempo atrás. Los amigos que tenían conocimiento de las agresiones no lograron impedir el desenlace, relató el medio.

Vecinos de la colonia Ampliación Moderna afirmaron que el matrimonio atravesaba problemas constantes. Marlen había confiado a sus amistades que ya no deseaba continuar la convivencia con su pareja.

El día de la agresión, esos mismos vecinos escucharon a Marlen gritar “¡Déjame!” desde el interior de la vivienda. Minutos después, las cámaras de videovigilancia de la zona captaron a Jonathan Paul cuando conducía el Mazda 3 gris de la víctima hacia la carretera libre Tijuana-Ensenada.

Al revisar la vivienda, los agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas hallaron la bolsa, la cartera y las identificaciones de Marlen. “Si ella hubiera salido con un plan de trabajo, lo lógico era que hubiera llevado sus credenciales, pero al revisar estaban sus pertenencias; no cuadraba”, declaró un ministerio público a Zeta.

El juez de control que lleva el proceso determinó que el caso se resolverá con perspectiva de género. La resolución judicial reconoce la existencia de violencia y acoso previos dentro de la relación entre Marlen y su pareja.

La Fiscalía General del Estado reconstruyó la mecánica del feminicidio

La fiscal Andrade Ramírez descartó públicamente la hipótesis inicial de un grupo criminal detrás del crimen. “No fue un tema de delincuencia organizada, lamentablemente fue un desgarrador hecho de violencia contra la mujer que terminó en un feminicidio”, declaró la funcionaria ante la prensa.

La fiscal detalló además la mecánica del ataque en la misma comparecencia. “Después de una discusión, la víctima fue ahorcada por manos de su propio concubino y posteriormente ocultó el cadáver dentro del mismo vehículo”, explicó Andrade Ramírez.

Los peritos hallaron los zapatos de Marlen, tipo Crocs, acomodados debajo del acelerador del vehículo. Su cuerpo, con la blusa negra puesta y el torso descubierto, mostraba huellas visibles de estrangulamiento alrededor del cuello, según describió Zeta.

El vehículo cayó en el fondo de una pendiente ubicada entre el fraccionamiento Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel, en el kilómetro 3,6 de la vía. El hallazgo del cuerpo ocurrió la tarde del viernes 18 de septiembre, aproximadamente a las 17:00 horas.

El director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal Noriega, confirmó que el operativo de búsqueda se desplegó en distintos puntos del municipio. Elementos de la Policía Municipal y personal de la FGE participaron de forma coordinada en las labores de localización.

La Unidad de Búsqueda de Personas ejecutó la captura de Jonathan Paul el lunes 21 de septiembre en la colonia Popular 89, en la periferia de Ensenada. El hombre quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esa ciudad tras la orden de aprehensión girada en su contra.

El empresario tijuanense Carlos Bustamante Mora señaló a Marlen como integrante de su equipo de bienes raíces en el Valle de Guadalupe. La víctima había salido de su domicilio el 17 de septiembre para mostrar una propiedad a un cliente y nunca llegó a su destino.

Marlen Vázquez lideraba la protección de vegetación nativa en Baja California

Marlen dedicaba parte de su labor como asesora inmobiliaria a la protección de la vegetación nativa del Valle de Guadalupe. Durante años contribuyó a preservar kilómetros cuadrados de esa vegetación al sensibilizar a los compradores de terrenos sobre los riesgos del desmonte, según relató Zeta.

Una amiga que encabeza el grupo ambiental Respira Bosque, en Ensenada, la describió como una profesionista comprometida con esa causa. La activista aprovechaba su actividad laboral para explicar a los nuevos propietarios el impacto de transformar los ecosistemas de la región.

Marlen participó durante cuatro meses en un programa semanal de acompañamiento grupal. En esas sesiones compartía reflexiones sobre el futuro y sobre la relación de las personas con su entorno.

En la última sesión, Marlen y otros integrantes del grupo realizaron un ejercicio para imaginar un futuro mejor. “Marlen no dudaba de que un futuro más hermoso es posible y que, si no lo imaginamos y no nos comprometemos con la visión, no podremos llegar a él”, relató quien coordinaba el programa al medio.

Decenas de personas en Ensenada y en otros estados del país compartieron mensajes de tristeza tras conocerse el caso. Muchos de esos mensajes también llamaron la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en México.

La audiencia de vinculación a proceso contra Jonathan Paul Espinoza se realizará el 25 de septiembre. La Fiscalía General del Estado sostuvo que cuenta con elementos suficientes para sostener la imputación por feminicidio ante el juez de control.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes la primera estrategia municipal integral contra el antisemitismo, un plan que combina fondos para seguridad, prevención, educación sobre el Holocausto y atención de denuncias.

El anuncio llega después de Yom Kippur y en un contexto en el que los ataques contra personas judías concentran más de la mitad de los delitos de odio informados en la ciudad durante 2026.

“El antisemitismo no tiene lugar en Nueva York”, afirmó Mamdani al difundir la iniciativa. El alcalde sostuvo que los neoyorquinos judíos ayudaron a construir la ciudad y que el gobierno local debe garantizar que puedan vivir y practicar su fe con seguridad.

La administración definió el documento como una hoja de ruta para enfrentar el odio antijudío de manera sostenida.

Los delitos antisemitas representaron el 53,9 % de los casos de odio

Los delitos de odio antisemitas aumentaron 8 % y equivalieron al 53,9 % de todas las denuncias por delitos de odio registradas este año, según datos difundidos por la Alcaldía.

La comunidad judía representa cerca del 10 % de la población de la ciudad, de acuerdo con la misma información.

El plan se conoció tras varios episodios violentos que profundizaron la preocupación por la seguridad de instituciones y fieles.

En agosto, Larry Montes, de 46 años, fue acusado a nivel federal de dos cargos por delitos de odio y uno por daños a propiedad religiosa con lesiones, por un ataque ocurrido durante un servicio de Shabat en la Central Synagogue, en Manhattan.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York indicó que Montes presuntamente golpeó a una congregante, dañó dos candelabros ceremoniales y escupió y dio un cabezazo a un guardia de seguridad negro.

En ese marco, las acusaciones son alegaciones y el imputado se presume inocente mientras no exista una condena judicial.

También en Manhattan, Raul Morales, de 51 años, fue acusado de intento de asesinato como delito de odio por las agresiones contra dos hombres en el Upper West Side.

La fiscalía sostiene que atacó primero a un hombre asiático de 57 años y luego a un hombre judío que llevaba kipá; ambos sobrevivieron. La Policía de Nueva York no halló vínculos previos entre el sospechoso y las víctimas, informó CNN.

La estrategia asigna USD 6,4 millones a prevención y USD 1 millón a seguridad física

El programa dispone USD 6,4 millones para ampliar las subvenciones Partners Against the Hate, destinadas a organizaciones comunitarias que previenen delitos de odio y asisten a sobrevivientes.

Además, prevé USD 1 millón para mejoras de seguridad física en sinagogas, otros lugares de culto y organizaciones sin fines de lucro vulnerables, incluidas cerraduras, iluminación, cámaras y evaluaciones de riesgo.

La estrategia relanzará un grupo de trabajo interinstitucional para que las agencias municipales aporten apoyo técnico y de planificación a instituciones culturales y religiosas.

También incluye campañas públicas sobre la Ley de Derechos Humanos de la ciudad y sobre los mecanismos para presentar denuncias de discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York.

La comisionada y presidenta de ese organismo, Christine Clarke, señaló que la discriminación contra residentes judíos en materia de vivienda, empleo y acceso a espacios públicos es ilegal.

La iniciativa contempla, además, capacitación para empleados municipales sobre la experiencia de la comunidad judía y acciones de difusión en los cinco distritos de la ciudad.

Las escuelas ampliarán la enseñanza sobre el Holocausto y las visitas a museos

En el área educativa, el Ayuntamiento trabajará con las escuelas públicas para atender denuncias de discriminación y ampliar las oportunidades de visitas estudiantiles al Museo de la Herencia Judía.

El paquete legislativo impulsado por la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, también incluye una línea específica para denuncias de antisemitismo y USD 1,25 millones para ese museo.

Esos recursos financiarán programas de educación sobre el Holocausto, capacitación comunitaria sobre seguridad y reembolsos para cámaras de vigilancia en escuelas privadas.

La ciudad asignará además USD 2 millones para completar el memorial del Holocausto de Queens y USD 2,5 millones al Centro para la Nueva Cultura Judía, en el centro de Brooklyn.

La propuesta se suma al incremento previamente anunciado de recursos para la Oficina de Prevención de Delitos de Odio.

La estrategia busca integrar las respuestas de las áreas de seguridad, educación, derechos humanos y vida cultural, de acuerdo con NBC News.

La falta de una definición única de antisemitismo concentra parte de las críticas

El documento no adopta una definición formal única de antisemitismo. En cambio, menciona como marcos de referencia las definiciones de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo y el Nexus Document.

Esa decisión generó cuestionamientos de la Liga Antidifamación (ADL), que reclamó un criterio municipal claro para identificar esta forma de discriminación.

La ADL sostuvo que la estrategia no trata el problema con la urgencia necesaria y afirmó haber registrado cientos de incidentes antisemitas desde el inicio de la administración; cerca del 40 % estuvo relacionado con Israel, según la organización.

Otros grupos judíos valoraron los fondos para seguridad y educación, pero cuestionaron que el plan no aborde de manera explícita el vínculo que atribuyen entre determinadas expresiones contra Israel y ataques contra personas judías.

El anuncio también se produce después del cruce entre Mamdani y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien lo calificó de “alcalde antisemita de Nueva York” ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mamdani rechaza esa caracterización y definió a Netanyahu como “criminal de guerra”. El debate sobre Israel continúa como uno de los principales puntos de fricción entre el alcalde y sectores de la comunidad judía, según The Guardian.

Diego Jabonero llegó a la autopista Ciudad de México-Puebla sin la certeza que tenían los camioneros hace unas décadas: la de volver a casa. Los transportistas mexicanos enfrentan hoy emboscadas a balazos, secuestros exprés y la sospecha constante de que la propia autoridad participa del delito. Perder la carga dejó de ser la principal preocupación.

Eduardo, un trailero con 28 años de experiencia al volante, lo resume desde esa misma ruta crítica del centro del país. “Ya son muy inseguras las carreteras, en este tiempo no es como antes que se podía quedar uno a descansar con las ventanillas abiertas”, explicó a EFE. “Ahora ya no para uno, ya lo que quiere es llegar al destino porque corre uno mucho peligro”, agregó.

De acuerdo con las investigaciones, los grupos criminales embisten los vehículos en movimiento para obligarlos a parar, los someten a secuestros exprés y desmantelan las unidades. La violencia se combina con la sospecha de complicidad policial, lo que redujo drásticamente la disposición de los choferes a circular con normalidad.

Los criminales ya no distinguen entre robar la carga y matar al operador

Jonathan, operador de grúas de carga con una década en la misma ruta, describe un cambio de fondo en la lógica del delito. “Ya no es solamente que se roben la carga o la unidad, ya literalmente matan a los operadores para evitar problemas con la policía”, denunció a la agencia.

El propio Jonathan y su familia, también dedicada al transporte, acumulan varios robos en los últimos años. Entre ellos, un asalto a balazos cuyas marcas todavía conserva su grúa.

Marco, un veterano con más de cuatro décadas en el sector, va más allá y apunta directamente a las corporaciones de seguridad. “Los mismos policías, todo está enlazado ya; tú vas con un policía y corres el peligro de que él sea el encargado de hacer el trabajo”, relató a EFE.

El plan Cero Robos no convenció a los gremios del sector

El Gobierno mexicano presentó el año pasado el plan Cero Robos para frenar los asaltos en carretera. La estrategia se concentra en tres corredores: México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa.

Esas tres vías concentran un tercio de los hurtos a transportistas a escala nacional. El operativo desplegó a más de 1.180 miembros de los cuerpos de seguridad en esos tramos.

Para los trabajadores del volante, las medidas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Miguel Ángel Santiago Solís, fue crítico con el operativo oficial.

Santiago denunció ante el mismo medio que las mayores quejas de sus agremiados, más allá del robo, son “la extorsión cotidiana y el constante abuso de autoridad por parte de corporaciones locales y federales”.

Entre 30 y 40 robos diarios golpean a los camioneros mexicanos

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) registra entre 30 y 40 robos diarios a transportistas en las carreteras del país. Más del 70% de esos hechos se cometen con violencia.

El Estado de México, Puebla y Guanajuato concentran casi la mitad de esos delitos a nivel nacional. Los tres estados se ubican en el centro del territorio mexicano, la misma zona donde operan las rutas más transitadas por el transporte de carga.

Santiago Solís atribuyó a este contexto una consecuencia directa sobre la fuerza laboral del sector. “La escasez de operadores se debe directamente al incremento en la ola de violencia e inseguridad en las carreteras, lo que ha provocado que muchos prefieran dejar el volante o migrar”, afirmó ante EFE.

Otras cifras confirman el deterioro de la seguridad en las rutas

Datos recientes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) documentan 12 operadores asesinados a nivel nacional en lo que va del año, la mayoría durante el primer semestre. El vicepresidente de Canacar Sureste, Cessa Servín, ubicó los puntos más críticos en Guanajuato, Jalisco y la región del Bajío.

El 21 de septiembre desapareció en la zona de Tultepec el operador José Antonio de la Rosa Zárate, quien viajaba hacia Toluca. Los tanques de su unidad aparecieron en Ecatepec y días después se confirmó el hallazgo de su cuerpo, según denunció la ANTAC.

El sector no es el único golpeado por este fenómeno delictivo. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró en el primer semestre un promedio diario de 13,9 carpetas de investigación por robo a transportista y 34,3 por extorsión, la cifra más alta para un semestre en 11 años.

Los propios choferes armaron sus redes de protección

Frente a la desprotección en los tramos carreteros, los transportistas optaron por soluciones propias. Instalaron sistemas de rastreo por GPS y botones de pánico en sus unidades.

También construyeron redes de apoyo entre compañeros para avisarse riesgos en tiempo real durante cada viaje. La medida no elimina el peligro, pero busca reducir el tiempo de reacción ante un ataque.

Por el crimen, cuatro jóvenes de 18, 19, 21 y 23 años fueron imputados por lesiones leves en concurso real con homicidio, ambas agravadas por haber sido cometidas con el concurso premeditado de dos o más personas. Todos se negaron a declarar, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso es investigado por la UFI N°1 del distrito, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, quienes lograron reconstruir, paso a paso, la secuencia que terminó con el crimen del chico de 22 años con cámaras de seguridad de la zona.

“El día 27 de Septiembre de 2026, siendo las 06.05 horas, dos personas posteriormente identificadas como Gastón Ulises Saliega y Alan Gonzalo Montuelle en el interior del local bailable denominado Egipto, ubicado en la intersección de la Avenida Presidente Nestor Kirchner (Ruta Provincial 205) y Sargento Cabral de la localidad y partido de Ezeiza, mantuvieron una discusión con F.E.P.”, indicaron las fuentes.

Los tres jóvenes fueron expulsados de la disco. Una vez en la calle, todos los involucrados en ese altercado se reunieron con sus grupos de amigos. En el caso de Saliega y Montuelle, con Tobías Uriel Juares Aglioni y Ciro Emmanuel Rivas. A ellos, la fiscalía los denominó “Grupo 1”.

En tanto, F.E.P. se encontró con con Tomás y otros dos amigos. Recibieron el nombre de “Grupo 2”. La Policía dispersó a ambos grupos. Sin embargo, a las 06.50 horas, “los integrantes del grupo 1, coactuando al efecto y mediante un plan homicida previamente premeditado, se parapetaron en la intersección de las arterias Harguindeguy y Avenida Presidente Nestor Kirchner (Ruta Provincial 205) a la espera del paso de los integrantes del Grupo 2, siendo que al visualizar a estos circular a pie por la Avenida Presidente Nestor Kirchner en dirección desde la calle Harguindeguy hacia el cruce de las vías férreas de calle French de la localidad y partido de Ezeiza, les profirieron insultos y los incitaron a pelear al decirles ‘VOS FUISTE EL QUE TE HACÍAS EL MALO ADENTRO DEL BAILE, VENI A PELEAR (SIC)’, entre otras frases”.

En pocas palabras, para la fiscalía Tomás y sus amigos fueron emboscados por los presuntos homicidas.

“Los integrantes del Grupo 2 —es decir, la víctima y sus amigos— hicieron caso omiso a las provocaciones proferidas por los integrantes del grupo 1 y continuaron con su marcha comenzando a atravesar el cruce de vías peatonal de calle French. Que los integrantes del Grupo 1 siguieron a la carrera y por detrás, a los integrantes del Grupo 2, hasta interceptarlos en el cruce férreo mencionado, y en tales circunstancias Ciro Emmanuel Rivas y Tobías Uriel Juares Aglioni se abastecieron de piedras existentes en las vías férreas y sus consortes les refirieron a los integrantes del Grupo 1 “QUÉDENSE QUIETOS, SINO LOS VAMOS A MATAR”.

De acuerdo a la reconstrucción, Saliega alcanzó a F.N.P. y “le propinó golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo ocasionándole una lesión de carácter leve, puntualmente una herida lacerante en mano derecha, hombro derecho y labio interno”.

En ese momento, Rojas y sus amigos intervinieron para intentar resguardar al joven que estaba siendo golpeado, con la intención de alejarse todos ellos de los agresores.

No obstante, “Montuelle, estando a una distancia menor de tres metros de donde estos se encontraban, y con claras intenciones de matar, le arrojó a Tomas Ezequiel Rojas un elemento contundente del tipo cascote de hormigón de un peso de 875 gramos que tomó de las vías férreas, impactando tal proyectil en la región occipital y cervical posterior izquierda de Rojas, ocasionándole un traumatismo craneoencefálico grave, resultando consecuencia directa de su deceso”.

“Habiendo cumplido con sus designios homicidas del plan previamente acordado, los cuatro integrantes del Grupo 1 se retiraron del lugar”, remarcó la fiscalía en la imputación.

Uno de ellos, el de menor edad, fue detenido en las inmediaciones del lugar. Luego, se realizaron allanamientos en busca del resto del denominado Grupo 1 que, hasta el momento, sostiene un pacto de silencio en torno al asesinato del joven oriundo de Cañuelas.

Fernanda Gastelum, una mujer embarazada de 22 años, murió el lunes 28 de septiembre tras recibir varios disparos frente a su domicilio en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, Sinaloa. El bebé que esperaba, de aproximadamente ocho meses de gestación, tampoco sobrevivió pese a una cesárea de emergencia practicada en un hospital privado, adonde su esposo la trasladó tras el ataque armado cuyo móvil las autoridades no han esclarecido.

Fernanda Gastelum murió cuando llegaba a su domicilio en Los Mochis

La agresión ocurrió alrededor de las 9:30 horas del lunes en el cruce de las calles Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza. Fernanda llegó a bordo de un vehículo particular hasta la puerta de su casa, según reportó el diario Milenio.

Un hombre se aproximó al vehículo en ese momento y disparó en repetidas ocasiones contra la joven. El agresor huyó de la escena de inmediato, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el sitio Tribuna de la Bahía.

Medios locales identificaron a la víctima como Fernanda “N”, de 31 años, con un dato distinto sobre la edad respecto a otros reportes. Tribuna de la Bahía precisó que la mujer tenía entre siete y ocho meses de embarazo al momento del ataque.

La joven murió luego de recibir disparos frente a su casa en la colonia Ampliación 12 de Octubre. Su bebé, de ocho meses de gestación, falleció después de una cesárea de urgencia y las autoridades aún no identifican al responsable ni el motivo del crimen.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acordonó la zona minutos después del ataque. Peritos de la institución realizaron diligencias para recabar indicios que permitan reconstruir el episodio.

El esposo trasladó a la víctima a un hospital privado del sector Centro

El esposo de Fernanda acudió a auxiliarla apenas ocurrió la agresión. El hombre decidió trasladarla por sus propios medios hacia un hospital privado del sector Centro de Los Mochis, sin esperar una ambulancia.

La joven ingresó al nosocomio en estado grave por las heridas de bala. El personal médico del hospital intentó estabilizarla mientras evaluaba el riesgo para el embarazo avanzado.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos practicaron una cesárea de emergencia. El objetivo del procedimiento era salvar al bebé de ocho meses de gestación ante el deterioro de la madre.

Los esfuerzos médicos no lograron evitar el desenlace fatal. Tanto Fernanda como su bebé murieron pese a la intervención quirúrgica, según coincidieron medios locales.

Hasta el cierre de los reportes consultados, ninguna autoridad había anunciado detenciones por el homicidio. Tampoco se dio a conocer de forma oficial la identidad del agresor ni el posible móvil del ataque, de acuerdo con Tribuna de la Bahía.

Los Mochis figura entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome y de la Guardia Nacional reforzaron su presencia en la zona tras el crimen. Agentes investigadores revisaron cámaras de videovigilancia cercanas para intentar identificar al presunto responsable.

El homicidio de Fernanda y su bebé ocurre en un municipio que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país. Un 19,2% de la población de Los Mochis consideró insegura su ciudad durante el tercer trimestre de 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana citada por Infobae.

Ese mismo reportaje precisó que el promedio diario de homicidios en México bajó a 59,5 en septiembre de 2025. La cifra representó una reducción del 32% frente a los 86,9 casos diarios del mismo mes de 2024, de acuerdo con datos oficiales recogidos por Infobae.

Sinaloa atraviesa desde septiembre de 2024 un conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha elevado la violencia en varios municipios, incluido Ahome. Infobae documentó, en un texto de la periodista Ingrid Scarlet Rubi Resendiz, que ese enfrentamiento cumplió casi dos años y que sus efectos alcanzaron incluso la salud mental de la población joven de Los Mochis.

La escalada de violencia en la entidad también generó episodios de saldo especialmente alto. Infobae reportó, en un artículo del periodista Fabián Sosa, que la muerte de un operador criminal identificado como “El Morral” desató una respuesta armada con casi 40 homicidios en una sola semana en distintos puntos de Sinaloa.

Ese reporte de Infobae detalló que los casos diarios en la entidad oscilaron entre tres y once homicidios durante los siete días posteriores al hecho. El recuento incluyó municipios como Culiacán, Navolato, Guasave y Mazatlán, aunque el texto no desglosó cifras específicas para Ahome en ese periodo puntual.

Ninguno de los artículos de Infobae consultados ofrece un conteo exclusivo y actualizado de homicidios dolosos para Los Mochis en septiembre de 2026. La cobertura disponible sitúa al municipio dentro del contexto de violencia estatal derivado de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza, sin precisar una cifra propia y verificada para la ciudad en la fecha del ataque contra Fernanda Gastelum.

La investigación por la muerte de la mujer embarazada y su bebé permanece abierta. La Fiscalía de Sinaloa no había reportado, hasta el último dato disponible en las fuentes consultadas, avances sobre la identidad del agresor ni sobre el móvil del crimen ocurrido en la colonia Ampliación 12 de Octubre.

El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó una condena de 49 años de prisión contra un hombre por un ataque armado ocurrido en Santa Ana, en el que murió un joven de 22 años y otras dos víctimas, ambas menores de edad, sobrevivieron a los disparos.

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia de Anulación N.° 260-2026, del 28 de septiembre, que mantuvo el fallo dictado por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial. El condenado, de 25 años, fue declarado autor de homicidio doloso agravado, consumado y en grado de tentativa.

El ataque ocurrió la noche del 13 de mayo de 2023 en Barrio Lindo, próximo a Calle 18, en el corregimiento de Santa Ana. Las víctimas se encontraban dentro de un vehículo cuando el agresor se aproximó y, sin mediar palabras, realizó múltiples disparos contra ellas.

La víctima mortal fue identificada como Jorkaef Josue Forsythe, mientras que las otras dos personas atacadas eran adolescentes. Las primeras actuaciones judiciales por este crimen comenzaron en 2023 y la investigación permitió llevar a juicio al responsable, cuya condena había sido dictada en febrero de este año.

Además de los 49 años de cárcel, el tribunal impuso al sentenciado 10 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena principal. La ratificación del fallo se produce en un contexto en el que las armas de fuego continúan predominando en los homicidios registrados en Panamá.

Hasta el 20 de septiembre de 2026, el país contabilizaba 434 homicidios, ocho de ellos no intencionales. Al excluir estos últimos, se registraban 426 muertes intencionales, apenas dos más que durante el mismo período de 2025, un incremento de 0.5%, según estadísticas oficiales del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

La provincia de Panamá concentraba 264 homicidios intencionales, seis más que en 2025, mientras Colón acumulaba 75, con una reducción de 17%. Panamá Oeste registraba 36 casos y Chiriquí alcanzaba 24, pero esta última provincia mostraba el mayor incremento porcentual, con un salto de 167% frente al año anterior.

El comportamiento territorial también evidencia una fuerte concentración. El distrito de Panamá acumulaba 186 homicidios y San Miguelito otros 75, seguidos por Colón con 70, Arraiján con 22 y La Chorrera con 10. En la capital, Santa Ana registraba cinco homicidios hasta el corte estadístico del 20 de septiembre.

Las armas de fuego aparecen detrás de 365 de los 426 homicidios intencionales contabilizados, equivalentes a cerca del 86% del total. Otros 31 fueron cometidos con arma blanca y 30 mediante otros métodos, mientras la tasa nacional se situaba alrededor de nueve homicidios por cada 100,000 habitantes.

Las estadísticas muestran además cambios en las circunstancias asociadas a las muertes violentas. Los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron de 41 a 69 casos, un crecimiento de 68%, mientras aquellos vinculados con rencillas delincuenciales disminuyeron de 168 a 146. Los femicidios, por su parte, pasaron de 12 a 19 casos, un aumento de 58%.

El SIEC señala que 57% de las muertes están relacionadas con delincuentes vinculados a estructuras organizadas o delincuencia común, mientras un 11% corresponde a víctimas inocentes consideradas daño colateral. El informe calcula además un promedio aproximado de dos homicidios diarios y uno cada 15 horas durante 2026.

La violencia armada también se refleja en otros procesos judiciales recientes. En San Miguelito, dos hombres fueron condenados a 81 y 66 meses de prisión por posesión ilícita de armas de fuego en casos distintos registrados durante septiembre, ambos después de intervenciones de la Policía Nacional.

Uno de ellos, de 22 años, fue detenido el 20 de septiembre en el sector 5 de Latincito, en Belisario Porras, cuando presuntamente huía con una pistola calibre 9 milímetros y dos municiones. Las unidades habían acudido al lugar tras recibir una alerta por una agresión contra un taxista.

El segundo caso ocurrió el 25 de septiembre en el sector 30 de Veranillo, donde otro hombre fue sorprendido durante un recorrido policial con un arma calibre 22. Las autoridades determinaron que ambas armas eran aptas para realizar disparos y ninguno de los condenados tenía permiso para portarlas.

La preocupación por la violencia y los hechos delictivos volvió a ocupar el centro del debate en República Dominicana. En ese escenario, el presidente Luis Abinader aseguró que las autoridades reforzarán la búsqueda de personas vinculadas con crímenes y advirtió que “a todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar”.

El mandatario hizo las declaraciones el 28 de septiembre, durante una exposición sobre el Plan de Seguridad Ciudadana y la reforma de la Policía Nacional. Sus palabras se produjeron mientras distintos sectores de la población expresan inquietud por los homicidios, robos y otros episodios de violencia, en un contexto de mayor presencia policial y operativos para detener a personas con órdenes judiciales pendientes.

Abinader sostuvo que las fuerzas de seguridad cuentan con recursos tecnológicos, personal y coordinación institucional para localizar a los sospechosos. “Es cuestión de tiempo que lo vamos a apresar”, afirmó al referirse a quienes cometan delitos.

El Gobierno apunta a sospechosos con órdenes de arresto pendientes

El presidente indicó que cerca del 80% de las personas que cometen homicidios ya tiene varias órdenes de arresto. Según explicó, la instrucción para los cuerpos de seguridad es ubicarlas antes de que puedan cometer nuevos crímenes.

“La lista se va a ir a buscar. O se entrega, o se busca”, expresó Abinader. El jefe de Estado planteó que la persecución se concentrará en los acusados de homicidios y en personas requeridas por la Justicia.

Sus declaraciones se suman a un endurecimiento de las acciones policiales para responder a la inseguridad. El Gobierno sostiene que la estrategia incluye patrullajes, investigaciones criminales, vigilancia tecnológica y coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Migración.

Abinader también señaló que el nuevo Código Penal tendrá un impacto en los procesos contra personas acusadas de cometer delitos. Afirmó que la legislación elevó las penas para varios crímenes y habilitó, en determinados casos, la acumulación de condenas.

Más patrullaje y recursos tecnológicos para la Policía

Durante la actividad, las autoridades detallaron medidas para ampliar la capacidad operativa de la Policía. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el porcentaje de agentes destinados al patrullaje en las calles se duplicó, pasó del 12% al 31% del total de miembros de la institución.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, explicó que el despliegue se organiza mediante corredores y cuadrantes definidos a partir de denuncias y conflictos registrados en cada zona. El sistema busca concentrar personal y supervisión en los lugares con mayor incidencia delictiva.

El Gobierno anunció además que 20 nuevos departamentos policiales comenzarán a operar de forma gradual, con inicio en La Altagracia. Más de 3,500 agentes participan en tareas de protección de escenas del crimen y otros 400 policías se incorporarán al Departamento de Investigaciones Criminales.

Entre las herramientas presentadas figuran sistemas de identificación dactilar, bases de datos biométricas y tecnología para vincular armas de fuego incautadas con hechos delictivos. Las autoridades informaron que el registro e identificación de armas pasó del 20% al 81%.

También hay 10 mil cámaras corporales disponibles para los agentes del nuevo modelo de patrullaje y del área de investigaciones. La Presidencia afirmó que estas medidas forman parte de la respuesta oficial frente a la violencia y la demanda de mayor seguridad en el país.

Panamá decomisó 69.50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, un volumen marcado por el predominio de la cocaína y por la concentración de las incautaciones en cuatro provincias.

La cifra representa 52.54 toneladas menos que las 122.04 toneladas retiradas de circulación durante todo 2025, aunque todavía quedan cuatro meses por contabilizar en el año.

Los registros del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que 46.20 toneladas correspondieron a cocaína, equivalentes al 66.5% del total acumulado hasta agosto.

La marihuana sumó 23.18 toneladas, alrededor de un tercio de las incautaciones, mientras las cantidades restantes correspondieron a metanfetaminas, THC y otras sustancias.

El comportamiento mensual fue irregular. Enero comenzó con 9.95 toneladas y febrero alcanzó 10.50 toneladas, antes de descender a 7.04 toneladas en marzo y 7.05 toneladas en abril. Mayo marcó el mayor volumen mensual de 2026, con 12.49 toneladas, seguido por junio con 7.61, julio con 5.39 y agosto con 9.46 toneladas.

La comparación interanual revela diferencias importantes. Entre enero y agosto de 2025 habían sido incautadas 75.42 toneladas, frente a las 69.50 toneladas actuales, una disminución de 5.92 toneladas, equivalente a cerca de 7.8%. Agosto, sin embargo, registró 9.46 toneladas, 1.10 toneladas más que las 8.36 toneladas del mismo mes de 2025.

Colón encabeza el mapa nacional con 18.44 toneladas decomisadas hasta agosto, de las cuales 14.95 toneladas correspondieron a cocaína y 3.50 toneladas a marihuana. Frente a las 15 toneladas registradas allí durante igual período de 2025, la provincia aumentó sus incautaciones en 3.44 toneladas.

Panamá Oeste ocupa la segunda posición con 15.92 toneladas, frente a 5.58 toneladas un año antes, lo que supone un incremento de 10.34 toneladas. El decomiso estuvo compuesto por 8.60 toneladas de cocaína y 7.30 de marihuana, además de cantidades menores de otras sustancias.

La provincia de Panamá aparece tercera, aunque con una fuerte reducción frente al año anterior. Sus incautaciones pasaron de 29.58 toneladas entre enero y agosto de 2025 a 13.24 toneladas este año, una caída de 16.34 toneladas. Del total actual, 10.39 toneladas corresponden a cocaína y 2.74 a marihuana.

Chiriquí muestra el movimiento contrario. La provincia pasó de 1.34 toneladas en 2025 a 12.91 toneladas en 2026, un incremento de 11.57 toneladas. Allí fueron decomisadas 9.08 toneladas de cocaína y 3.83 toneladas de marihuana, con agosto como su mes de mayor actividad al alcanzar 3.29 toneladas.

Los Santos acumuló 5.08 toneladas, frente a 13.92 toneladas el año pasado, mientras Darién alcanzó 2.28 toneladas, Coclé 1.21 y Guna Yala 0.28. Los menores registros correspondieron a Bocas del Toro con 0.08 toneladas, Veraguas con 0.06 y Herrera sin incautaciones contabilizadas en el informe.

Las cifras de 2026 también incluyen operaciones de gran escala. En mayo, la Operación Horizonte permitió incautar 1,320 paquetes de presunta sustancia ilícita en Chiriquí, el mayor decomiso dentro de una serie de intervenciones que dejó 2,460 paquetes en apenas 48 horas y cuatro personas aprehendidas en esa operación.

Otro de los golpes relevantes quedó asociado a la Operación Poseidón, resultado de una investigación de 48 meses contra una organización integrada por ciudadanos panameños y colombianos.

Durante el período investigado, las autoridades lograron incautar 13,615.51 kilogramos de sustancias ilícitas, además de 17 fusiles de asalto, 12 armas de fuego y 11 embarcaciones.

Las rutas marítimas y los puertos continúan teniendo un peso determinante. Durante el primer semestre, las autoridades reportaron 15.92 toneladas de cocaína incautadas en puertos del Pacífico y Atlántico, mientras operaciones aeronavales interceptaron embarcaciones utilizadas para movilizar cargamentos. En agosto, una intervención permitió encontrar 1,567 paquetes ocultos en un doble fondo de una embarcación.

El acumulado actual mantiene a 2026 por debajo de los elevados registros de los últimos años. Panamá decomisó 145.2 toneladas en 2021, el máximo de la serie reciente, seguido de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 en 2023 y 124.4 en 2024. En 2025, la cifra descendió nuevamente hasta 122.04 toneladas.

De ese total del año pasado, aproximadamente 97 toneladas fueron cocaína y 24.90 toneladas marihuana, mientras otras sustancias representaron 0.14 toneladas. Colón, Panamá Oeste y Panamá concentraron entonces los mayores volúmenes, con 36.52, 34.52 y 31.48 toneladas, respectivamente.

La trayectoria histórica evidencia que, aunque los decomisos han disminuido desde el récord de 2021, Panamá continúa registrando volúmenes superiores a las 100 toneladas anuales desde ese período. Con 69.50 toneladas hasta agosto, el resultado definitivo de 2026 dependerá de las incautaciones que se produzcan durante los últimos cuatro meses del año.

Estados Unidos volvió a incluir a Panamá entre los principales países de tránsito de drogas o de producción de sustancias ilícitas para el año fiscal 2027, según la determinación presidencial enviada al Congreso el 15 de septiembre de 2026.

Panamá figura junto con otros 22 países y su inclusión responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el movimiento de narcóticos, no necesariamente a una evaluación negativa de los esfuerzos del Gobierno panameño contra el narcotráfico.

Washington ha señalado históricamente que la ubicación entre Sudamérica y Centroamérica, sus extensas costas y el intenso movimiento marítimo y comercial convierten al país en un punto estratégico para organizaciones que trasladan drogas hacia Estados Unidos y otros mercados.

El sábado por la tarde, un sargento de la Policía de Dublín, California, que circulaba por la zona encontró a un hombre tendido en el estacionamiento del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

Minutos antes, testigos habían visto a una pareja alejarse del lugar con calma. Se trataba de los suegros de la víctima.

Jonathan McKinsey era director de ingeniería del departamento de juegos de The New York Times, donde trabajaba desde 2023, luego de pasar por empresas como Splunk, Coursera y Oracle.

Tenía 40 años, atravesaba un divorcio y había acusado a su familia política de maltratarlo por ser un hombre transgénero. El sábado fue asesinado, presuntamente, por los padres de su esposa.

La pareja detenida tiene 76 años y enfrenta cargos de homicidio

Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, residentes del área y padres de la esposa de McKinsey, Candice Jang.

La pareja fue detenida sin posibilidad de fianza por sospecha de asesinato, descarga intencional de arma de fuego con negligencia grave, conspiración y puesta en peligro de menores con probabilidad de causar lesiones graves o la muerte.

La vinculación del último cargo con un menor en particular no quedó del todo clara.

Assad Razawi, un testigo que se encontraba junto a su automóvil frente a un supermercado cercano, declaró al San Francisco Chronicle que escuchó entre cinco y seis detonaciones provenientes del parque.

Al girar, vio a un hombre caer al suelo y a una pareja alejarse con calma. Los testigos presentes señalaron a Zhang y Chen como los responsables.

El matrimonio atravesaba un proceso de divorcio con acusaciones cruzadas de violencia doméstica

Cada uno había solicitado órdenes de restricción por violencia doméstica contra el otro en el condado de Alameda durante el año anterior.

McKinsey era un hombre transgénero y, en su solicitud de orden de restricción presentada en diciembre de 2025, acusó a su esposa y a sus suegros de haberlo maltratado a causa de su identidad.

Según ese escrito, McKinsey había denunciado que su suegra lo llamó a él y a uno de sus hijos “pervertido” y “monstruo” después de que el niño se probara vestidos, y que su suegro lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de una doble mastectomía en 2010.

McKinsey también había acusado a Jang de haberlo golpeado en la cabeza con una sartén, de haberlo obligado a ingerir una cucaracha y de haberle propinado otro golpe en la cabeza con un espejo que, al romperse, le seccionó un tendón y un nervio en la mano, lo que requirió cirugía y le dejó una pérdida permanente de sensibilidad en el pulgar.

“Cuando protestaba por cualquiera de estas cosas, ella me amenazaba con hacerme daño o decía que llamaría a la policía y les diría que yo estaba lastimando a nuestros hijos”, afirmó McKinsey en su presentación ante la justicia, recogida por The New York Times.

En su propia solicitud de octubre de 2025, Jang declaró que McKinsey la había tomado por los antebrazos durante una discusión y la había arrojado contra el borde de una mesa, fracturándole una vértebra en la parte superior de la espalda.

También lo acusó de maltratar emocionalmente a su madre. Los intentos por contactar a Jang y a su abogada el lunes no tuvieron éxito, según The New York Times.

McKinsey enfrentaba cargos por abuso infantil y sostenía que había sido incriminado

En paralelo al conflicto conyugal, McKinsey había sido imputado en el Tribunal Superior del condado de Alameda por dos cargos de delito menor de abuso infantil vinculados a dos incidentes separados.

Se había declarado no culpable en ambos casos y fue liberado bajo la condición de completar 12 clases de crianza. Una audiencia previa al juicio estaba programada para el mes siguiente.

Según un informe policial, el 17 de octubre de 2025, un oficial tomó contacto con Jang, quien señaló que su esposo había golpeado a su hijo de 6 años en la cara con la mano abierta.

Al concurrir al domicilio, los agentes hallaron a un menor de 2 años solo y sin supervisión en una habitación del piso superior, y determinaron que McKinsey lo había dejado durante más de una hora mientras salía de compras.

McKinsey negó los hechos en su solicitud de orden de restricción y sostuvo que Jang era la responsable de los hijos durante la semana laboral y que no le había avisado antes de salir que el niño dormía en su cuna. “Ella hizo esto a propósito, para tenderme una trampa”, escribió, según recogió The New York Times.

Ese mismo mes inició los trámites de divorcio y manifestó que, pese a que su esposa había obtenido la custodia total de los hijos, temía por la seguridad de ellos.

Zhang y Chen tienen programada su presentación ante el juez para el miércoles. Hasta el momento, se desconoce si cuentan con representación legal.

La grabación se volvió viral y generó reacciones de rechazo entre usuarios de internet. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sin embargo, ofreció una versión distinta sobre la fecha real del incidente.

Salón Tenampa: el escenario donde estalló la pelea entre músicos

El altercado ocurrió frente al Salón Tenampa, cantina histórica situada en la explanada de Garibaldi. Ahí se concentran de forma habitual grupos de mariachi, norteño, jarocho y trío que ofrecen sus servicios a turistas y locales.

En las imágenes se observa a los dos hombres encararse primero con palabras. El que portaba una guitarra recibió el primer golpe en la cara, lo que desató la agresión física.

El músico agredido respondió con el instrumento, pero su contrincante lo tomó del cuello y lo lanzó al suelo. Una vez derribado, el agresor lo sujetó de la cabeza y pisó la guitarra, de acuerdo con o publicado en redes sociales.

Otros músicos se acercaron para frenar la riña y recoger el instrumento, que finalmente no quedó roto: solo se había desprendido la correa. “Ya muchachos, ya”, gritó una mujer que trabaja en la limpieza de la plaza y que intentó dispersar a los curiosos.

Un testigo describió la escena con ironía en el momento de mayor tensión. “Tensión, tensión, tensión. Se desató la pelea. Hasta el perro le entró”, comentó, en referencia a un perro pequeño que corrió asustado durante el forcejeo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desmiente la fecha del video viral

las autoridades ubicaron el enfrentamiento la noche del sábado 26 de septiembre, luego de que uno de los músicos golpeara al otro en el costado izquierdo del rostro. Ambos medios coincidieron en que el motivo habría sido una disputa por ganar clientela frente al Salón Tenampa.

La SSC capitalina ofreció una explicación diferente a través de un comunicado. La dependencia aseguró que la riña ocurrió en abril pasado y que el motivo fue un conflicto por el pago de un cliente, no una disputa por clientela como señalaron otros reportes.

Según la versión oficial, los oficiales que atendieron el reporte separaron a los dos hombres sin mayor incidente. Ambos se retiraron del lugar por su propia cuenta, de acuerdo con el comunicado de la corporación.

La discrepancia entre la fecha señalada por la autoridad y la difundida en video generó confusión entre los usuarios que compartieron la grabación. El material, de cualquier forma, expuso la tensión que puede generarse entre los músicos que compiten por el mismo público en la explanada.

Plaza Garibaldi no es ajena a la violencia entre sus visitantes y comerciantes

La pelea a golpes entre los dos músicos ocurre en un contexto marcado por episodios violentos previos en la misma zona. El 20 de junio pasado, una persona murió por disparos de arma de fuego al interior de una cantina situada junto al Museo del Tequila y el Mezcal, en la propia Plaza Garibaldi.

¿Por qué Plaza Garibaldi registra episodios violentos con frecuencia? La explanada concentra a decenas de músicos independientes que compiten por clientes bajo un esquema de libre mercado, además de cantinas nocturnas donde el consumo de alcohol favorece discusiones, y la zona colinda con el barrio de Tepito, con presencia de organizaciones delictivas como La Unión Tepito.

El homicidio de junio comenzó con una discusión dentro del establecimiento hacia las 4:40 de la madrugada. Uno de los involucrados sacó un arma de fuego, disparó contra otro hombre y huyó del sitio antes de la llegada de la policía.

Al lugar se movilizaron 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 30 unidades policiacas, de acuerdo con el registro de Telediario. La víctima fue declarada sin vida por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y el caso permanece sin detenidos.

El antecedente más grave en la plaza ocurrió el 14 de septiembre de 2018, cuando hombres armados y disfrazados de mariachis dispararon contra un grupo de personas. El ataque dejó seis muertos y siete heridos, en un hecho vinculado a una disputa entre La Unión Tepito y la organización rival Anti Unión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló a Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”, como presunto responsable de planear ese ataque. El acusado, identificado como líder de La Unión Tepito, fue detenido en 2024 en Playa del Carmen tras una orden de aprehensión por homicidio calificado.

La audiencia intermedia en su contra fue aplazada en diciembre de 2025 por un juez del Reclusorio Oriente, luego de que un amparo federal ordenara reponer parte del proceso. El caso sigue abierto y las autoridades deberán presentar nuevamente pruebas, entre ellas los videos del ataque de 2018.

La pelea entre los dos músicos, sin víctimas mortales ni armas de fuego de por medio, contrasta en gravedad con los antecedentes de la plaza. El episodio, no obstante, se suma a una lista de incidentes que han puesto en el centro de la atención pública la seguridad de uno de los puntos turísticos más visitados de la capital mexicana.

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, planteó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el organismo debe adaptar sus estructuras a los desafíos actuales y recuperar capacidad de respuesta frente a problemas que atraviesan fronteras.

Su intervención puso el foco en la reforma institucional, el multilateralismo y el papel de los Estados ante crisis globales.

Hill sostuvo que la comunidad internacional cuenta con más herramientas que en otras etapas, aunque enfrenta desafíos que requieren cooperación.

“Tenemos más capacidades que nunca, pero también desafíos que ningún estado puede enfrentar por sí solo. Tenemos como Naciones Unidas que apostarle y definir, redefinir el orden internacional para que este priorice el bienestar común de toda la humanidad”, dijo la representante salvadoreña.

Las declaraciones fueron retomadas de una publicación de EFE sobre la participación de la canciller en la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su discurso, Hill reclamó un sistema multilateral que combine la escucha entre los países con decisiones capaces de atender conflictos y necesidades comunes.

“Necesitamos un multilateralismo que sea capaz de escuchar, pero también de decidir, que preserve principios, que respete la soberanía de los estados, pero que entienda que ningún estado puede resolver por sí solo los problemas que ya no conocen fronteras”, afirmó la jefa de la diplomacia salvadoreña.

Hill vinculó la legitimidad de la ONU con su capacidad de respuesta

La canciller consideró que la legitimidad del organismo no depende solamente de la aprobación de resoluciones. A su juicio, la credibilidad de la ONU se relaciona con los resultados que pueda ofrecer frente a los desafíos que afectan a la población mundial.

“Porque la credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones, al contrario, su legitimidad se alcanza cuando la organización es capaz verdaderamente de preservar la vida y garantizar un futuro digno para todas las personas”, acotó.

En ese sentido, Hill indicó que el Gobierno del presidente Nayib Bukele considera insuficiente una reforma limitada a cambios en la organización interna de Naciones Unidas. La funcionaria sostuvo que la discusión debe incluir mecanismos que permitan respuestas más rápidas y una representación más amplia de los Estados.

“Necesitamos a una organización ágil, representativa, eficaz y transparente, que sea capaz de resolver con la velocidad que exigen los problemas contemporáneos”, expresó.

También cuestionó lo que definió como falta de voluntad política dentro de los espacios internacionales. “Basta ya con el conformismo, basta ya que los intereses personales y nacionales prevalezcan sobre las necesidades y crisis mundiales, basta ya con la burocracia”, dijo Hill ante los representantes reunidos en Nueva York.

El Salvador planteó expectativas sobre la próxima secretaria general

La canciller señaló además que El Salvador espera un compromiso de la próxima secretaria general de las Naciones Unidas con una agenda de reformas. Según planteó, la futura conducción del organismo deberá contar con independencia, capacidad de diálogo y conocimiento de la realidad internacional.

Hill dijo que esperan que “tenga un liderazgo con absoluta independencia, con capacidad de diálogo, con autoridad moral, con conocimiento de la realidad internacional y con voluntad y convicción reformadora en beneficio de la humanidad”.

Durante su intervención, la funcionaria se refirió a la situación de seguridad en El Salvador. Señaló que el país redujo la tasa de homicidios desde los 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes registrados en 2015 hasta 1,3 en 2025.

Cuando el actual mandatario, Nayib Bukele, asumió la Presidencia, a mediados de 2019, la cifra se ubicaba en torno a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

“Por eso, ahora mi país es un caso de referencia para otros que sufren del mismo problema”, señaló Hill. El Gobierno salvadoreño atribuye la baja de los homicidios a sus políticas de seguridad y al régimen de excepción vigente, una medida que ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos por detenciones y muertes bajo custodia.

Dos presuntos delincuentes que eran buscados por la Policía Nacional por distintos hechos delictivos murieron en un intercambios de disparos con agentes durante operativos realizados en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Las autoridades investigan las circunstancias de ambos casos.

Uno de los fallecidos fue identificado como Neyfi T. Monegro, alias “La Parita”, de 29 años. El hecho ocurrió la mañana del lunes en el sector Maquiteria, en Santo Domingo Este, donde agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaban un operativo para detenerlo.

Según la información preliminar ofrecida por la Policía, Monegro tenía varias órdenes de arresto por presuntos asaltos a mano armada y por heridas causadas a otras personas.

Los agentes intentaron apresarlo en la avenida 25 de Febrero, pero, de acuerdo con la versión oficial, se produjo un intercambio de disparos.

Monegro resultó herido durante el operativo y murió después. El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que las autoridades ampliarán los detalles una vez concluyan las diligencias de investigación relacionadas con el caso.

Segundo asaltante muere en intercambio de disparos

El segundo fallecido fue Junior Antonio Cuevas Toribio, conocido como “Viño”. El hecho ocurrió la noche del domingo en el sector El Libertador de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

La Policía indicó que Cuevas Toribio era requerido mediante varias órdenes de arresto y acumulaba más de 19 denuncias por presuntos robos, asaltos y otros delitos. La institución también lo vinculó con un incidente ocurrido el 30 de agosto en Herrera, en el que ocho personas resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte de la Policía, Cuevas Toribio disparó contra una patrulla con un revólver calibre 38. Los agentes recuperaron el arma, según la institución. El hombre resultó herido durante el intercambio de disparos y murió mientras recibía atención médica.

Pesqueira sostuvo que la investigación permanece abierta para establecer la secuencia completa de los hechos y las responsabilidades que correspondan. La Policía no informó sobre agentes heridos en ninguno de los dos operativos.

Aumentan las muertes reportadas en intercambios de disparos

Las muertes de Monegro y Cuevas Toribio se registraron en un contexto de aumento de intervenciones policiales contra personas buscadas por diferentes delitos en República Dominicana. Con estos dos casos, septiembre acumuló al menos 39 fallecimientos en episodios que la Policía reportó como intercambios de disparos.

En septiembre de 2025 se registraron 14 fallecimientos en operativos descritos por las autoridades de la misma manera. El incremento de los casos de este mes coincidió con el refuerzo de acciones de seguridad en distintas zonas del país.

La Policía, junto con otras instituciones de seguridad y representantes del Ministerio Público, ha incrementado los patrullajes preventivos y los operativos de búsqueda en sectores de Santo Domingo. En esos despliegues participan unidades de investigación, inteligencia, prevención y Operaciones Especiales, además de miembros de las Fuerzas Armadas en determinadas demarcaciones.

El director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, afirmó previamente que la institución mantendrá las acciones para localizar y detener a personas requeridas por la justicia. También indicó que los agentes deben actuar dentro de las facultades que establece la ley y aplicar la fuerza de manera proporcional cuando las circunstancias lo requieran.

El Tribunal Superior de Justicia porteño dejó firmes las condenas a prisión perpetua de Gabriel Alejandro Isassi y Juan José Nieva por el homicidio de Lucas González en medio de un operativo policial irregular el 17 de noviembre de 2021.

En rigor, el más alto tribunal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la queja que reclamaba la revisión extraordinaria de la sentencia por el ataque contra el adolescente de 17 años, que jugaba en Barracas Central y volvía de entrenar con tres amigos.

Los hechos ocurrieron cuando tres integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, entre ellos Isassi y Nieva, circulaban sin uniforme y en un vehículo no identificable cerca de un barrio de emergencia. Interceptaron el auto en el que viajaban las víctimas, todas menores de edad, descendieron con sus armas reglamentarias y dispararon contra el vehículo.

Lucas González murió como consecuencia de un disparo que atravesó el parabrisas e impactó en su cabeza de adelante hacia atrás. Los sobrevivientes fueron Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica, quienes fueron víctimas de tentativa de homicidio agravado.

La resolución del TSJ concluyó que los planteos no demostraron la existencia de una cuestión constitucional que habilitara su intervención. En tanto, sostuvo que la defensa buscó reabrir discusiones sobre hechos y pruebas que ya habían sido tratados en las instancias previas.

Isassi y Nieva habían cuestionado el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que declaró parcialmente inadmisible su recurso y rechazó los restantes planteos.

La condena

La condena incluyó cinco agravantes para el homicidio: el uso de arma de fuego, la alevosía, el odio racial, el concurso premeditado de dos o más personas y el abuso de la función de integrantes de una fuerza de seguridad. También se atribuyó a los policías la privación ilegítima de la libertad de los sobrevivientes y, en el caso de Isassi, falsedad ideológica.

Los jueces tuvieron por probado que, tras los disparos, los acusados y otros efectivos hicieron detener a los adolescentes sobrevivientes. Durante ese procedimiento, fue colocada un arma de juguete dentro del vehículo de las víctimas para simular un enfrentamiento armado.

La defensa sostuvo que los agentes actuaron ante una sospecha previa vinculada con la comercialización de estupefacientes y que dispararon para responder al avance del auto de los jóvenes.

Sin embargo, el tribunal señaló que esa hipótesis no justificaba que los policías hubieran esperado para actuar en un lugar apartado, cruzado su vehículo, descendido sin identificarse y comenzado a disparar desde una distancia de no más de tres metros.

Las cámaras de seguridad, los testimonios de los sobrevivientes y las declaraciones de familiares indicaron que los adolescentes venían de una práctica de fútbol. El fallo remarcó que la defensa no identificó elementos concretos que sostuvieran la supuesta sospecha de un delito.

La reconstrucción judicial estableció que los agentes dispararon antes de que el automóvil de las víctimas chocara con la puerta del vehículo policial y causara lesiones leves a Nieva.

La secuencia, registrada en cámaras y estimada en 13 segundos, fue considerada compatible con la posibilidad de que el oficial reaccionara de otra manera.

El fallo

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) rechazó la queja de las defensas de los policías Gabriel Isassi y Juan José Nieva, condenados a prisión perpetua por el asesinato de Lucas González. Para los jueces, los recursos no plantearon una cuestión constitucional que habilitara una nueva revisión del caso.

El fallo sostuvo que los planteos expresaban desacuerdo con la valoración de las pruebas, materia que corresponde a los tribunales que intervinieron previamente. También señaló que las impugnaciones carecían de fundamentos concretos para demostrar arbitrariedad en las decisiones cuestionadas.

El TSJ descartó que hubiera existido legítima defensa o cumplimiento del deber. Según la resolución, las pruebas permitieron establecer que los agentes comenzaron a disparar de inmediato, a corta distancia y contra un vehículo donde viajaban cuatro menores de edad.

Además, los jueces dieron por acreditada la maniobra posterior para instalar la versión de un enfrentamiento: falsas comunicaciones por radio y la colocación de un arma de juguete en el auto de las víctimas.

La muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, desató una ola de violencia en México que reveló hasta qué punto Guatemala se convirtió en pieza clave del tablero regional del narcotráfico.

Horas después del operativo, la organización respondió con 252 bloqueos de carreteras en veinte estados mexicanos, la quema de vehículos y un coche bomba en San Juan de los Lagos que mató a un capitán de la Guardia Nacional, según un análisis de CES Intelligence, firma de inteligencia geopolítica.

La disputa por la sucesión del cártel repercute directamente en territorio guatemalteco, donde el CJNG controla o disputa el extremo norte de una de las principales rutas del narcotráfico regional, de acuerdo a un análisis de Diálogo Américas.

Las incautaciones de drogas sintéticas se multiplicaron en 2025

Según la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil de Guatemala, citada por Diálogo Américas, las incautaciones de metanfetamina pasaron de 3.4 a 6.13 kilogramos durante 2025.

Las autoridades decomisaron además 500 dosis de fentanilo, mientras continuaban las operaciones contra redes de tráfico de precursores químicos.

“Guatemala es utilizado como país de tránsito para el contrabando de sustancias químicas y precursores destinados a México, donde son empleados para producir fentanilo”, explicó a Diálogo Américas la periodista guatemalteca Julie López, especialista en narcotráfico.

López detalló que en zonas remotas de la frontera con México y en la costa sur se han descubierto laboratorios clandestinos dedicados sobre todo a la producción de metanfetaminas.

Guatemala se volvió estratégica para el tráfico de drogas sintéticas porque su ubicación conecta a los productores asiáticos de precursores químicos con los laboratorios clandestinos mexicanos y el mercado de consumo norteamericano, sobre corredores logísticos que antes servían para el contrabando de medicamentos falsificados procedentes de China.

En mayo de 2025, las autoridades desmantelaron en San José Pinula, en las afueras de Ciudad de Guatemala, el mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas descubierto hasta entonces en el país.

Adentro incautaron 132 recipientes con sustancias químicas, entre ellas ketamina, junto con materiales para elaborar metanfetamina y tusi, la llamada “droga rosa”.

El 21 de septiembre pasado, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron un presunto narcolaboratorio durante siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas en el departamento de Guatemala.

El operativo se concentró en inmuebles de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, donde las autoridades localizaron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo, según reportó Infobae.

El corredor del Pacífico, ruta central de la cocaína

La presión sobre las pistas clandestinas de tráfico aéreo empujó a los cárteles hacia el mar. Desde principios de 2026, el corredor Ecuador-Guatemala-México se consolidó como una de las rutas marítimas principales para enviar cocaína hacia Norteamérica, según El País, diario español.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG utilizan buques de carga, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y transbordos en alta mar para reducir el riesgo de perder cargamentos completos ante una interdicción. “La principal ventaja del tráfico marítimo es que la droga puede ocultarse en cualquier tipo de mercancía o contenedor”, explicó López al diario.

El 25 de enero de 2026, la policía antinarcóticos incautó en Puerto Quetzal casi cinco toneladas de cocaína ocultas en siete contenedores de harina procedentes de Sudamérica y con destino a México. Fue el mayor decomiso en el país en 12 años, con un valor estimado de USD 85 millones, según CES Intelligence.

En los meses siguientes, las armadas de Guatemala y México interceptaron varias embarcaciones entre Puerto San José y Puerto Chiapas. Una de esas operaciones se registró a 600 millas náuticas (1.112 kilómetros) de la costa el 17 de mayo, de acuerdo con El País.

Los cárteles mexicanos y sus aliados locales

El Cártel de Sinaloa, establecido desde hace años en Guatemala, opera con una estructura descentralizada apoyada en grupos locales. La llegada del CJNG fue más reciente.

“El CJNG, que llegó a Guatemala alrededor de 2021, siguió la ruta y la zona de influencia que anteriormente pertenecían a Los Zetas”, afirmó López a Diálogo Américas. El cártel se asoció con Los Huistas, un grupo de Huehuetenango tradicionalmente aliado del Cártel de Sinaloa.

Una de las rutas del CJNG parte de Honduras, cruza la Franja Transversal del Norte hasta Huehuetenango y continúa hacia Chiapas. El Global Organized Crime Index 2025 identificó también la presencia de organizaciones criminales turcas involucradas en el tráfico de cocaína hacia Europa y en el comercio de fentanilo junto al Cártel de Sinaloa.

En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al empresario guatemalteco Jaime Augusto Barrientos Camaz por facilitar el abastecimiento de precursores químicos al Cártel de Sinaloa. El caso de Wenshen Xu, detenido en Guatemala en 2025 y extraditado a Estados Unidos, mostró además cómo organizaciones chinas coordinan con los cárteles mexicanos operaciones logísticas y financieras: admitió haber transportado cocaína desde Colombia para el CJNG y lavado millones de dólares.

La captura de “Don Flaco” y la red de precursores desde China

El 22 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, con fines de extradición a Estados Unidos, según el diario Zócalo.

Rivera Zazueta está señalado como coordinador y financiador de una red que trasladaba precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

Los insumos importados se destinaban a la fabricación de fentanilo, MDMA, metanfetaminas, 2C-B y ketamina.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) también sancionó por el mismo esquema al ciudadano guatemalteco Jason Antonio Yang López, socio de Rivera Zazueta en la obtención e importación de precursores, según Zócalo.

El caso confirma el papel de intermediarios guatemaltecos entre proveedores asiáticos y organizaciones mexicanas, un patrón que ya había registrado la desarticulación, en mayo, de una red local que coordinaba importaciones de precursores desde la India hacia laboratorios mexicanos mediante empresas de mensajería, transporte y remesas.

El desafío de seguridad más allá del narcotráfico

Desde el 19 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, según CNN en Español. La medida se suma a la designación de decenas de grupos criminales de México, Venezuela, Guatemala y Ecuador.

La disputa territorial entre ambos cárteles a lo largo de la frontera con México provocó el desplazamiento de civiles en algunas zonas fronterizas.

En paralelo, el presidente Bernardo Arévalo declaró en enero un estado de excepción de treinta días tras motines carcelarios protagonizados por las pandillas Barrio 18 y MS-13, de acuerdo con el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP).

“La gran evolución del narcotráfico en Guatemala tiene que ver con el cultivo de hoja de coca. En los últimos años se han identificado cultivos principalmente en la zona centro-norte del país y en el departamento de Petén”, advirtió López a la publicación.

Aunque esos cultivos todavía no son comparables con la producción de los países andinos, su aparición sugiere el interés de las organizaciones criminales por incorporar nuevas etapas de la cadena productiva dentro de Centroamérica.

La cooperación entre Guatemala, Estados Unidos y otros socios regionales fortaleció la capacidad para interceptar grandes cargamentos durante 2026, pero el desafío persiste: integrar inteligencia, vigilancia marítima y seguimiento financiero para desmantelar redes cada vez más flexibles.

Tres hombres murieron durante presuntos enfrentamientos a tiros con agentes de la Policía Nacional en operativos realizados en Cienfuegos, Santiago y Villa Vásquez, en un lapso aproximado de 24 horas. Las intervenciones buscaban localizar a los fallecidos o ejecutar órdenes de arresto.

La versión de la institución policial indica que los tres hombres habrían disparado contra los agentes, quienes respondieron al fuego. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre los hechos, que involucraron a Jesús Alberto Aracena Castillo, José Ignacio Rodríguez y Cristhofer Carlos Belliard.

Los reportes publicados por Listín Diario señalan que dos de las actuaciones fueron realizadas por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santiago. El tercer caso se registró durante una intervención en Villa Vásquez, donde los agentes buscaban cumplir una orden de arresto.

Dos intervenciones de la Dicrim fueron reportadas en Santiago

El primer fallecido fue Jesús Alberto Aracena Castillo, conocido como Bebeco, quien murió en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste. La Policía lo buscaba por su presunta vinculación con homicidios, robos y porte ilegal de armas de fuego, y lo consideraba entre las personas más requeridas de esa zona.

De acuerdo con la información institucional difundida por Listín Diario, los miembros de la Dicrim realizaban un operativo para localizarlo cuando Aracena Castillo habría abierto fuego contra los agentes. La versión policial sostiene que los uniformados respondieron al ataque.

La información suministrada sobre ese caso no detalló si algún integrante de la Policía resultó herido. Tampoco precisó las circunstancias en que se inició el supuesto intercambio de disparos durante el operativo en Cienfuegos.

El segundo hecho ocurrió en el sector Pastor Bella Vista, en Santiago. Allí murió José Ignacio Rodríguez, alias Ignacio, de 48 años, luego de resultar herido en otro presunto enfrentamiento con integrantes de la Dicrim.

Sobre Rodríguez pesaban órdenes de arresto por su presunta participación en varios delitos. Los agentes realizaban labores para ubicarlo cuando, según la versión de la Policía, el hombre advirtió su presencia y efectuó varios disparos.

Los policías respondieron al fuego y Rodríguez recibió heridas durante el hecho, de acuerdo con el reporte. Luego fue trasladado a un centro de salud, donde murió mientras recibía atención médica.

La información publicada no identificó los delitos vinculados con las órdenes judiciales que pesaban sobre Rodríguez. El reporte tampoco ofreció detalles adicionales sobre el procedimiento realizado en Pastor Bella Vista.

Cristhofer Belliard murió tras una intervención en Villa Vásquez

El tercer fallecido fue Cristhofer Carlos Belliard, conocido como Cri Cri. La Policía lo perseguía para ejecutar una orden de arresto relacionada con un caso de robo agravado.

La intervención tuvo lugar en la calle Amauri García, en Villa Vásquez. Belliard recibió una herida de bala durante el procedimiento policial y fue llevado al hospital municipal de esa localidad.

El hombre falleció posteriormente en el centro de salud. El momento en que resultó herido quedó registrado por cámaras de videovigilancia, según los datos difundidos por el diario.

La información disponible no precisa el contenido de esas imágenes ni describe cómo se desarrolló la intervención antes de que Belliard recibiera la herida. Tampoco establece qué elementos fueron recogidos durante el procedimiento.

Las autoridades continúan las indagatorias sobre las tres muertes. La información oficial conocida hasta el momento no determinó cómo ocurrieron los disparos en cada uno de los operativos ni estableció responsabilidades vinculadas con los hechos.

La captura quedó registrada en video y una de las detenidas tuvo una reacción burlona durante el procedimiento policial.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, uniformados de la Policía Nacional llegaron a la estación tras recibir alertas por gritos de auxilio. En el lugar hallaron a las involucradas en medio de un altercado con la trabajadora de seguridad.

Los agentes controlaron la situación y detuvieron a las dos mujeres, que, tras su detención, deberán responder por el delito de lesiones personales.

La Policía adelanta las indagaciones para establecer la secuencia de los hechos y la responsabilidad individual de las capturadas, así como el estado de salud de la guarda agredida y las circunstancias en las que se dio la agresión.

En las imágenes que circularon tras el procedimiento, una de las mujeres aparece junto a los uniformados y adopta una actitud burlona, con poses, mientras avanza el operativo.

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá extendieron un mensaje sobre el acontecimiento y, en particular, un llamado de atención a las dos ivolucradas en el caso de agresión poir “posar descaradamente”:

“Así posen y se burlen, tendrán que responder ante la justicia. Dos mujeres fueron capturadas tras agredir a una guarda de seguridad de @TransMilenioen la estación Avenida Chile. En lo corrido del año, la @PoliciaBogota ha capturado a 1.498 personas por diferentes delitos en el sistema. Ante cualquier hecho de intolerancia o irregularidad, informe a la #Línea123″.

Ataque contra agente de tránsito en Soacha

Menos de 24 horas antes de esta denuncia, el alcalde de Soacha, Cundinamarca, Julián Sánchez Perico, solicitó la búsqueda de un conductor sobre quien recaerá una denuncia penal interpuesta por la Alcaldía municipal por motivo de lesiones personales tras la presunta agresión de contra una vigía de tránsito, que quedó tendida en el suelo después de que el vehículo arrancara mientras ella se sujetaba de una de las ventanas.

El hecho ocurrió en el sector de la vía Indumil, en la entrada a Quintas de la Laguna.

En un video divulgado por Sánchez Perico se observa que la operadora vial hizo una señal de pare a una camioneta Toyota Fortuner, que detuvo su marcha inicialmente.

Después de un intercambio entre la funcionaria y el conductor, el vehículo avanzó cuando ella permanecía sujetada de la ventana. La vigía fue arrastrada unos metros y cayó boca abajo sobre la vía.

El mandatario local afirmó que el presunto responsable ya fue identificado por las autoridades. “No vamos a tolerar la violencia contra quienes trabajan por nuestra ciudad. La intolerancia y la violencia no pueden convertirse en la respuesta”, expresó.

La violencia contra guardias de seguridad en el transporte público

Estos casos expuestos no están muy distantes al asesinato del guardia de seguridad David Garzón Castro, que murió tras ser herido con arma blanca, en medio de un conflicto de intolerancia.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Fiscalía General de la Nación sobre el hecho, este sucedió en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha,sobre las 9:40 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Según la Fiscalía, Garzón, integrante de la escuadra antievasión de la empresa Top Guard Ltda., impidió que Acevedo y Angie Natalia Díaz Sierra entraran a la estación sin cancelar el pasaje.

La discusión escaló hasta el ataque. El fiscal calificó el hecho como “un ataque desproporcionado por una razón insignificante” y sostuvo que Díaz habría instigado la agresión.

Tras la puñalada, los dos procesados salieron de la estación. Guardas de seguridad y agentes de la Policía de Soacha los persiguieron por el barrio Terreros hasta que lograron detenerlos.

Durante las audiencias preliminares, el ente acusador presentó videos, una navaja y otros elementos con los que busca sustentar que David Gabriel Acevedo Sánchez atacó al trabajador de 27 años con una puñalada en el torso, a la altura del corazón. El ente acusador solicitó que los dos señalados permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso.

México enfrenta un problema de seguridad que no puede resolverse contando detenidos. Mientras el Estado concentra buena parte de su narrativa en capturas, operativos y golpes contra organizaciones criminales, las estructuras que generan dinero, reclutan personas, controlan territorios y construyen redes de protección pueden permanecer intactas.

Cuando una organización tiene la capacidad de reemplazar a sus integrantes más rápido de lo que las autoridades consiguen desmantelarla, la persecución de individuos termina convirtiéndose en un ciclo sin final.

La violencia no la genera toda la sociedad

México enfrenta una de las paradojas más complejas de la seguridad contemporánea: millones de personas padecen las consecuencias de la violencia, mientras quienes la ejercen de manera sistemática representan una fracción reducida de la población.

La inmensa mayoría de los mexicanos trabaja, estudia, emprende, cuida a su familia y aspira simplemente a vivir en paz. La violencia organizada no representa a la sociedad mexicana; el problema está en la capacidad de determinados grupos para concentrar recursos, armas, información, territorio y capacidad de intimidación.

Esta distinción es fundamental. Homicidios, extorsiones, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros delitos asociados con organizaciones criminales no se distribuyen de manera uniforme entre los ciudadanos.

Detrás de una proporción significativa de la violencia existe un número relativamente reducido de individuos con trayectorias delictivas persistentes y, sobre todo, estructuras capaces de convertir las actividades ilícitas en sistemas permanentes de operación.

Un estudio poblacional realizado en Suecia con más de 2.3 millones de personas encontró que apenas el 1 por ciento de la población concentró 63.2 por ciento de las condenas por delitos violentos.

Aunque estos datos corresponden a otro país y no pueden trasladarse directamente a la realidad mexicana, sí plantean una reflexión relevante para las políticas de seguridad: la violencia grave puede concentrarse en determinados individuos y grupos.

La pregunta para México, por tanto, no debería ser únicamente cuántas personas participan en actividades criminales, sino quiénes tienen la capacidad de organizar, financiar, ordenar y reproducir la violencia.

El Estado puede capturar personas y aun así perder la batalla

Durante demasiado tiempo, la discusión sobre seguridad ha estado atrapada en una lógica aparentemente sencilla: más detenciones equivalen a mejores resultados.

Pero no necesariamente es así.

Una organización criminal no desaparece porque uno de sus operadores sea detenido. Tampoco necesariamente deja de funcionar porque un jefe sea capturado. Si el dinero continúa fluyendo, las armas siguen disponibles, las redes logísticas permanecen activas, el reclutamiento continúa y existen mecanismos de protección, la estructura puede reconstruirse.

La lógica es elemental: si se captura al operador, pero no se desarticula la organización que puede reemplazarlo, el problema permanece.

Por eso resulta insuficiente medir el éxito de una política de seguridad exclusivamente por el número de personas detenidas. Una cifra elevada puede ser políticamente atractiva, pero no demuestra por sí misma que una organización haya perdido su capacidad operativa.

La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿cuántas estructuras fueron desmanteladas y qué capacidad criminal dejaron de tener?

El crimen organizado entendió hace tiempo algo que el Estado todavía parece discutir

Las organizaciones criminales no necesitan que todos sus integrantes sobrevivan. Necesitan que la estructura sobreviva.

Esa diferencia es enorme.

Un operador puede ser sustituido, un jefe puede ser reemplazado y una célula puede reorganizarse. Incluso un territorio puede cambiar de responsable sin que desaparezca la estructura que permite controlar una actividad ilícita.

Mientras permanezcan las redes que hacen posible el negocio criminal, la organización conserva una parte fundamental de su capacidad.

Una investigación publicada en Science estimó que las organizaciones criminales mexicanas podían contar con alrededor de 175 mil integrantes y que necesitaban incorporar cientos de personas cada semana para compensar las pérdidas ocasionadas por detenciones, muertes y deserciones.

El dato permite dimensionar el desafío. Si una organización tiene capacidad para reclutar constantemente, las capturas pueden convertirse en una carrera contra el tiempo: el Estado detiene y el crimen sustituye.

Romper ese ciclo exige atacar las condiciones que permiten el reclutamiento: los incentivos económicos, las redes sociales y territoriales de captación, la impunidad, la disponibilidad de recursos y la capacidad de las organizaciones para ofrecer ingresos, protección o una estructura de pertenencia.

Mientras una organización conserve la capacidad de incorporar nuevos integrantes, la captura de sus miembros puede convertirse en una operación de contención más que en una estrategia de desmantelamiento.

El verdadero enemigo no siempre es quien aprieta el gatillo

Existe una tendencia a concentrar la atención en el último eslabón de la cadena criminal: quien dispara, secuestra, extorsiona o ejecuta una orden.

Es comprensible, porque es la parte más visible de la violencia. Sin embargo, no necesariamente es la más importante desde el punto de vista de la estructura criminal.

Detrás de una operación puede existir una cadena mucho más amplia: quien ordena, quien financia, quien proporciona vehículos, quien consigue armas, quien mueve dinero, quien obtiene información, quien presta una empresa, quien lava recursos y quien proporciona protección.

Si la investigación termina en el sicario, la organización conserva buena parte de su capacidad. Si alcanza al financiero, al operador logístico, al reclutador y a la red de protección, el impacto puede ser considerablemente mayor.

El objetivo de una política de seguridad no debería ser únicamente capturar al hombre que ejecuta la orden, sino desmontar el sistema que hizo posible que esa orden existiera.

La diferencia entre ambas aproximaciones es la que separa una operación policial de una estrategia de desarticulación criminal.

Seguir el dinero significa atacar el corazón del negocio criminal

Las organizaciones criminales necesitan dinero para existir. Cada arma, vehículo, inmueble, operación logística, mecanismo de comunicación, soborno y proceso de reclutamiento tiene un costo.

Por eso, una de las herramientas fundamentales para combatir al crimen organizado es la inteligencia financiera.

Seguir el dinero permite observar conexiones que no siempre son visibles mediante una investigación convencional. Una investigación patrimonial bien construida puede revelar relaciones entre operadores, identificar prestanombres y empresas fachada, detectar transferencias sospechosas y reconstruir los mecanismos utilizados para ocultar o incorporar ganancias ilícitas a la economía formal.

El objetivo debe ser reducir la rentabilidad de las actividades criminales y aumentar el costo de mantener una estructura ilícita.

Cuando una organización pierde simultáneamente integrantes, recursos financieros, propiedades, infraestructura logística y redes de protección, su capacidad para reconstruirse disminuye.

Por eso, perseguir los recursos de una organización puede ser tan importante como perseguir a quienes ejecutan sus órdenes.

Cuando la corrupción se convierte en protección criminal

Hay un problema todavía más delicado: ¿qué ocurre cuando una organización criminal consigue protección dentro de las instituciones encargadas de combatirla?

La pregunta no es menor.

Un funcionario que filtra información puede frustrar una investigación; quien alerta sobre un operativo puede salvar a una organización completa; quien facilita un trámite, manipula un procedimiento o utiliza su posición para favorecer intereses criminales puede hacer mucho más daño que un operador ubicado en la calle.

Por supuesto, cada acusación debe probarse individualmente y toda persona investigada conserva su derecho a la presunción de inocencia. Precisamente por eso, las investigaciones deben realizarse con seriedad, independencia y evidencia.

Pero el problema institucional que plantea la infiltración de intereses criminales en las instituciones no puede ignorarse.

Cuando una organización criminal consigue acceso a información privilegiada o encuentra mecanismos de protección dentro del aparato público, su capacidad de supervivencia aumenta. La corrupción deja entonces de ser únicamente un problema administrativo y puede convertirse en un componente de la propia infraestructura criminal.

Por ello, cualquier estrategia seria contra el crimen organizado debe investigar también sus redes de protección, sin importar partidos políticos, gobiernos, cargos o intereses involucrados.

La aplicación de la ley debe ser la misma para todos. De lo contrario, la lucha contra el crimen pierde uno de sus elementos esenciales: la credibilidad institucional.

La tecnología también está transformando al crimen organizado

Las organizaciones criminales contemporáneas tampoco dependen exclusivamente de métodos tradicionales. La expansión de las tecnologías digitales ha creado nuevas posibilidades para coordinar operaciones, ocultar comunicaciones, cometer fraudes, mover recursos y administrar redes ilícitas.

Esta transformación obliga al Estado a desarrollar capacidades de inteligencia digital, análisis de redes, investigación forense informática y seguimiento de operaciones financieras realizadas mediante herramientas digitales.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no resolverá el problema.

La información debe convertirse en inteligencia; la inteligencia debe transformarse en investigaciones sólidas, y esas investigaciones deben traducirse en procesos judiciales capaces de sostenerse ante los tribunales.

La capacidad tecnológica solo resulta útil cuando está acompañada de instituciones capaces de utilizarla correctamente y convertir los datos obtenidos en resultados judiciales concretos.

México necesita pasar de la reacción a la inteligencia criminal

Uno de los principales desafíos de México consiste en superar una política de seguridad predominantemente reactiva.

Responder después de que ocurre un homicidio, una extorsión o un ataque es necesario, pero insuficiente.

Una estrategia moderna debe anticipar las operaciones de las organizaciones criminales mediante inteligencia, análisis de patrones, investigación financiera, intercambio de información entre instituciones y capacidades de prevención.

La pregunta no debería ser solamente quién cometió un delito, sino también quién lo ordenó, quién lo financió, quién proporcionó los recursos, quién facilitó la operación y quién puede ocupar el lugar del responsable detenido.

Ese cambio de enfoque puede marcar la diferencia entre combatir delitos aislados y desmantelar organizaciones.

Capturar criminales no es lo mismo que desmantelar el crimen organizado

Existe una diferencia fundamental entre detener individuos y destruir estructuras.

Capturar a un operador puede impedir una acción concreta. Detener a un líder puede generar una interrupción temporal. Pero si la organización conserva dinero, armas, redes de reclutamiento, infraestructura, información y mecanismos de protección, puede mantener la capacidad de reconstruirse.

Desmantelar una estructura implica quitarle simultáneamente sus capacidades esenciales.

Significa perseguir a quienes ordenan, pero también a quienes financian; investigar a quienes ejecutan, pero también a quienes protegen; decomisar armas, pero también activos; detener operadores y, al mismo tiempo, impedir que sean reemplazados.

La diferencia es crucial porque una organización no depende necesariamente de una sola persona. Su verdadera fortaleza reside en la red que permite que sus actividades continúen cuando algunos de sus integrantes son detenidos.

El verdadero reto para México

México no enfrenta este problema porque millones de ciudadanos sean violentos. Lo enfrenta porque organizaciones relativamente pequeñas pueden concentrar suficientes recursos para ejercer una influencia desproporcionada sobre comunidades, economías locales e instituciones.

Ese debería ser uno de los puntos centrales de cualquier discusión seria sobre seguridad.

La solución no pasa únicamente por desplegar más elementos, realizar más operativos o anunciar más detenciones. Requiere mejores investigaciones, inteligencia financiera, capacidades tecnológicas, fiscalías eficaces, controles anticorrupción y coordinación institucional.

También requiere una condición indispensable: que la aplicación de la ley sea independiente de intereses políticos.

Ninguna organización criminal debería estar por encima del Estado, pero tampoco ninguna persona dentro del Estado debería estar por encima de la ley.

La verdadera batalla está en las estructuras

La violencia organizada se reproduce cuando sus estructuras permanecen intactas.

Mientras exista dinero para financiar operaciones, personas dispuestas a reclutar, redes capaces de proporcionar protección, instituciones vulnerables a la corrupción y mecanismos que permitan convertir las ganancias ilícitas en patrimonio aparentemente legítimo, las organizaciones criminales conservarán capacidad para sobrevivir.

Por eso, el objetivo de una política de seguridad moderna debe ser mucho más ambicioso que aumentar el número de detenciones: debe conseguir que las organizaciones criminales pierdan la capacidad de regenerarse.

Perseguir indefinidamente a los integrantes de una estructura puede convertirse en una batalla sin final. En cambio, desmantelar sus recursos, sus redes, sus mecanismos de reclutamiento y sus estructuras de protección puede modificar de manera sustancial su capacidad para operar.

El desafío para México no consiste solamente en perseguir a quienes disparan. Consiste en llegar hasta quienes ordenan, financian, protegen y reconstruyen.

Porque cuando un grupo reducido consigue someter comunidades enteras, controlar territorios, intimidar ciudadanos y penetrar instituciones, el problema deja de ser simplemente delincuencia.

Se convierte en una amenaza para el Estado de derecho.

Y frente a esa amenaza, la respuesta no puede limitarse a perseguir los síntomas. Debe llegar hasta las estructuras que producen y reproducen la violencia.

La eficacia de una política de seguridad no debería medirse únicamente por el número de personas detenidas o por los operativos realizados, sino por la capacidad del Estado para debilitar y desmantelar de manera permanente las estructuras criminales.

El verdadero resultado se produce cuando una organización pierde sus fuentes de financiamiento, sus redes de apoyo, su capacidad de reclutamiento y los mecanismos que le permiten mantener presencia y control sobre un territorio.

En cambio, si después de una captura o de un operativo la organización consigue reorganizarse, recuperar sus recursos, incorporar nuevos integrantes y continuar con sus actividades, el golpe no logró afectar su estructura de fondo.

Mientras las organizaciones criminales tengan la capacidad de reconstruirse y reemplazar rápidamente a quienes son detenidos, las autoridades seguirán enfrentando el mismo problema: perseguir nuevos operadores sin lograr desarticular las redes que hacen posible su permanencia.

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* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CompTIA Security+ ce Certification | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

El incidente quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, donde las imágenes generaron una oleada de críticas contra quienes participaron en las agresiones.

En la grabación principal se observa al aficionado mientras camina por uno de los pasillos del inmueble portando una camiseta verde del Tri. El hombre avanza sin realizar señas o gestos dirigidos hacia las personas que se encuentran en las tribunas.

Sin embargo, mientras continúa su recorrido, la situación cambia. Uno de los aficionados que se encontraba en las butacas, identificado por portar una camiseta de El Salvador, se acerca al paso del seguidor mexicano y le propina una patada, aparentemente con la intención de hacerlo perder el equilibrio.

El hombre continúa caminando pese al primer incidente. Unos metros después, otro aficionado se aproxima y le jala la playera de México, buscando también hacerlo caer.

El seguidor mexicano únicamente baja un escalón y se vuelve para cuestionar lo ocurrido, pero la situación no termina ahí.

Más aficionados lo confrontaron

En otras grabaciones que fueron compartidas posteriormente también se aprecia cómo el aficionado fue encarado por otras personas dentro del inmueble. Los involucrados aparentemente intentaban impedir que continuara avanzando por la zona de las tribunas.

El momento generó tensión, aunque el episodio finalmente no pasó a mayores. Las personas que acompañaban al aficionado intervinieron y encontraron una manera de evitar que continuara siendo blanco de insultos y agresiones.

De acuerdo con las imágenes difundidas, le proporcionaron una camiseta de El Salvador para colocársela encima de la playera mexicana. Con ello, el seguidor pudo continuar dentro del estadio sin que se registraran nuevas agresiones físicas en los videos difundidos.

El episodio ocurrió antes del compromiso correspondiente a la Concacaf Nations League, en el que la Selección de El Salvador recibió a Martinica en el Estadio Nacional Jorge Mágico González.

En el terreno de juego, el combinado salvadoreño consiguió una victoria por 3-1, resultado que le permitió sumar sus primeros puntos dentro de esta edición de la competencia.

Las imágenes provocan críticas

La difusión del incidente generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales. Una parte importante de los comentarios cuestionó que un aficionado pueda ser agredido simplemente por acudir a un estadio utilizando la camiseta de una selección diferente a la local.

Aunque existe una rivalidad futbolística entre México y El Salvador, las imágenes provocaron cuestionamientos sobre la manera en que algunos aficionados viven este tipo de enfrentamientos.

El debate se centró principalmente en que las diferencias deportivas no deberían convertirse en motivos para agredir físicamente a otros asistentes.

La escena también llamó la atención porque, según el video que se volvió viral, el aficionado mexicano avanzaba por las instalaciones sin realizar provocaciones visibles hacia quienes estaban a su alrededor.

El caso volvió a abrir la conversación sobre el comportamiento de los aficionados dentro de los estadios y sobre los límites que deberían existir cuando las rivalidades deportivas se trasladan a las tribunas.

Mientras el encuentro terminó con una victoria de El Salvador sobre Martinica, fuera del terreno de juego el episodio del aficionado mexicano terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados alrededor del partido.

Un hombre identificado como Delfino “N”, de 44 años, fue sentenciado a 98 años de prisión por delitos sexuales contra tres menores de edad. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Regional Norte, obtuvo la condena tras un Juicio Oral Penal.

El hombre cometió los abusos en 2015, en un municipio de la zona metropolitana de Monterrey, y grabó los actos en su teléfono celular sin el consentimiento de las víctimas. El juez dictó el fallo el 25 de septiembre de 2026, tras once años de proceso judicial.

La Fiscalía Regional Norte confirmó la responsabilidad penal de Delfino “N”

El Juez de la causa penal determinó la responsabilidad de Delfino “N” en cuatro delitos graves. Los cargos incluyeron equiparable a la violación, atentados al pudor, corrupción de menores y pornografía infantil.

Las víctimas fueron dos niños de 6 y 10 años, además de una niña de 8 años. Sus identidades permanecen bajo protección legal, según informó la Fiscalía de Nuevo León.

El acusado impuso actos sexuales de forma reiterada contra los tres menores. La Fiscalía Regional Norte documentó que estos hechos ocurrieron en un municipio metropolitano de Nuevo León durante 2015.

Delfino “N” videograbó los abusos y también los fotografió con su celular. Ninguna de las víctimas otorgó su consentimiento para ese registro.

El material quedó almacenado en el dispositivo del agresor durante años. Las autoridades recuperaron esas pruebas y las presentaron durante el desahogo probatorio del juicio oral.

El Juicio Oral Penal se resolvió once años después de los hechos

La audiencia de juicio oral concluyó con pruebas que la Fiscalía calificó como contundentes. El Juez consideró que esas pruebas acreditaban de manera plena la responsabilidad del acusado en los cuatro delitos imputados.

El proceso penal tardó una década en resolverse desde que ocurrieron las agresiones. La reposición del proceso formó parte de los pasos legales que derivaron en la sentencia final.

Como consecuencia del fallo, Delfino “N” deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal. Cumplirá ahí la totalidad de los 98 años impuestos por el Juez.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León calificó la sentencia como ejemplar. El organismo destacó que el fallo responde a las afectaciones físicas y psicológicas que sufrieron los menores.

El comunicado oficial de la Fiscalía detalló que el agresor causó daño físico y psicológico a las víctimas. También señaló una alteración en su desarrollo integral dentro de un entorno que debía estar libre de violencia.

Un estudio de UNICEF reveló que 1.6 millones de adolescentes sufren abuso digital en México

Un caso como el de Delfino “N” se inscribe en un patrón más amplio de violencia sexual contra menores en México. El estudio Disrupting Harm México, elaborado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, encontró que uno de cada ocho adolescentes con acceso a internet sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnología durante un periodo de un año.

Esa proporción equivale a 1.6 millones de adolescentes afectados cada año en el país. La investigación se realizó entre 2023 y 2024 y fue presentada este año.

El estudio de UNICEF encontró que el 67% de esos incidentes ocurrió exclusivamente en entornos digitales. En casi dos de cada tres casos, las víctimas conocían a la persona agresora, ya fuera una amistad, una pareja o un familiar.

Menos del 1% de esos incidentes se denunció ante la policía, según el mismo diagnóstico. Uno de cada tres adolescentes tampoco contó a nadie lo ocurrido, principalmente por vergüenza o miedo.

Otros datos citados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) muestran que la violencia sexual escolar contra menores aumentó 961.9% entre 2010 y 2025. En 2024, 244 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años recibieron atención hospitalaria por violencia sexual ocurrida en escuelas.

El 75% de las agresiones sexuales contra niñas y adolescentes registradas en 2024 ocurrieron dentro de una vivienda, de acuerdo con la misma organización. UNICEF también documentó que la tasa de violencia sexual contra menores pasó de 58.4 a 127.2 víctimas por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023.

Una senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, señaló en abril durante las Jornadas de Prevención de Abuso Sexual Infantil que más del 34% de niñas y niños en México han sido víctimas de abuso sexual. La legisladora también advirtió que en casi el 90% de los casos el agresor vive en el mismo techo que sus víctimas.

Esquivel Torres agregó que solo el 10% de esos casos se denuncia ante las autoridades. El caso de Delfino “N” representa una de las excepciones en las que el sistema de justicia logró concluir un proceso con una condena firme.

Matanzas desplazó a La Habana como la provincia más peligrosa de Cuba y lo hizo en el semestre en que la letalidad del crimen en la isla prácticamente se duplicó. Así lo documenta el nuevo Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), presentado el 22 de septiembre.

El giro no es menor. En 2025 era La Habana la que concentraba los peores indicadores de violencia del país. Doce meses después, esa provincia cayó al tercer puesto en asesinatos.

Por qué la letalidad se duplicó aunque bajaron los delitos

Entre enero y junio de 2026 el OCAC verificó 985 reportes de delitos, un 25.3% menos que los 1.319 del mismo período de 2025. La organización advierte que esa caída no refleja una mejora real: los apagones prolongados y el deterioro del ecosistema informativo redujeron la capacidad de la ciudadanía para reportar hechos.

La clave está en otro número. El índice de letalidad —muertes por cada 100 delitos— pasó de 5.23 a 10.35 entre ambos semestres, un salto del 97.9%. Con 334 delitos menos documentados, murieron 33 personas más que un año antes.

Cuba registró 90 asesinatos en el primer semestre de 2026 frente a 63 en igual período de 2025, un alza del 42.9%. Las víctimas mortales por hechos delictivos llegaron a 102, un 47.8% más que las 69 de un año atrás, y la violencia se aceleró dentro del propio semestre: los asesinatos subieron de 36 casos en el primer trimestre a 54 en el segundo.

Matanzas lidera asesinatos, asaltos y robos a la vez

Con ese telón de fondo, Matanzas encabezó por primera vez el listado nacional de asesinatos, con 18 casos, por delante de Santiago de Cuba, con 13, y de La Habana, con 12. La misma provincia lideró también los asaltos, con 21 reportes.

La provincia no es nueva en el podio delictivo. Ya había liderado los robos en 2025 con 143 casos y en 2026 subió a 155, pese a que el total nacional de esa categoría bajó de 721 a 592, una caída del 17,9%.

Granma se consolidó como el segundo polo de robos, con 146 casos. Entre Matanzas y Granma reunieron 301 de los 592 robos documentados en todo el país, el 50.8% del total.

El saqueo de aceite dieléctrico agrava los apagones en Matanzas

Uno de los cambios más notorios ocurre en los objetivos de los robos. Mientras bajan los que afectan al ganado y a la propiedad privada, los dirigidos contra la propiedad estatal subieron a 158 casos, un 12.9% más que en 2025.

Buena parte de ese incremento se vincula al saqueo de infraestructura eléctrica. Según cifras de la Fiscalía General de la República citadas por el OCAC, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional, y más de 300 de esas causas corresponden al robo de aceite dieléctrico de transformadores.

Ese fluido cumple funciones de refrigeración y aislamiento en los equipos eléctricos. Cuando se sustrae, el transformador puede sobrecalentarse y quedar inutilizado durante semanas.

El caso de Matanzas ilustra la magnitud del fenómeno con cifras que exceden el propio informe del OCAC. Según datos difundidos en septiembre por Radio 26, emisora provincial, la provincia concentra el 60% de los robos de aceite dieléctrico de todo el país, con más de 90 transformadores afectados y un pueblo del municipio de Pedro Betancourt que llegó a acumular 26 días sin electricidad tras uno de estos robos.

El aceite se revende en el mercado negro como sustituto de diésel para tractores y maquinaria agrícola, en medio de la grave escasez de combustible que atraviesa la isla desde que Estados Unidos cortó las importaciones de crudo hacia Cuba en enero. Las autoridades cubanas ya decomisaron 18 vehículos en los que detectaron rastros de la sustancia mezclada con carburante, según informó El Nuevo Herald a principios de septiembre.

El propio informe del OCAC documenta un dato que revela el riesgo de la práctica: hay casos en los que los autores de estos robos murieron electrocutados durante el hecho.

El narcotráfico migró hacia el oriente de la isla

El comercio de sustancias ilícitas registró una transformación territorial similar a la de los homicidios. Los reportes de casos relacionados con drogas bajaron de 198 a 134 en todo el país, pero el centro de la actividad se desplazó hacia el oriente cubano.

Holguín pasó a encabezar esta categoría con 33 casos, seguida por Granma con 27. La Habana, que en 2025 concentraba 109 de los 198 reportes nacionales, cayó a solo 19.

El OCAC advierte que esa caída en la capital puede reflejar tanto un cambio real en la dinámica del narcomenudeo como una menor disponibilidad de información pública sobre operativos policiales y comercialización en la ciudad.

Entre los casos en los que se identificó la sustancia, el llamado “químico” o cannabinoide sintético representó el 45,8% y la marihuana el 40.8%; juntas concentraron el 86.6% de los reportes.

Los delitos grupales alcanzan su nivel más alto

El informe también detecta que una parte creciente de los delitos se comete de forma colectiva. De los casos de 2026 en los que se pudo determinar la modalidad, 278 involucraron a dos o más personas, el 33.7% del total.

Entre los robos, la proporción de hechos grupales alcanzó el 37,7%, la cifra más alta registrada hasta ahora por el OCAC para esa categoría. Ese dato coincide con la concentración geográfica detectada en Matanzas y Granma durante el semestre.

Los asaltos, con menor volumen total, también crecieron: pasaron de 61 a 67 casos entre ambos semestres, un 9.8% más. El informe cierra con una advertencia adicional sobre episodios en los que ciudadanos persiguieron o retuvieron a presuntos delincuentes ante la falta de respuesta policial, con familias que dijeron haber esperado más de diez horas para que la policía llegara.

La Policía Nacional decomisó 2.235 paquetes de presunta droga y 100 pastillas de éxtasis en cuatro operaciones realizadas en menos de 12 horas en Panamá.

Las acciones se desarrollaron en un puerto del Pacífico, Villa Lucre, Colón y Chiriquí. Seis personas fueron aprehendidas durante los procedimientos, ejecutados en coordinación con el Ministerio Público.

El mayor cargamento apareció en un contenedor procedente de Suramérica que llegó a un puerto del Pacífico. Durante la inspección, las unidades antidrogas encontraron 1.146 paquetes escondidos dentro de la estructura de una maquinaria pesada de uso industrial. En el operativo también participaron funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que el intenso movimiento de contenedores por las terminales panameñas resulta atractivo para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Según el funcionario, el cargamento oculto en la maquinaria superaba una tonelada. La intervención en el puerto representó más de la mitad de los paquetes incautados en las cuatro operaciones.

En Villa Lucre, distrito de San Miguelito, las autoridades encontraron otros 110 paquetes y aprehendieron a una persona. La Procuraduría General de la Nación situó las diligencias en el corregimiento de José Domingo Espinar. Durante el registro fueron incautados un vehículo y dos teléfonos celulares, que serán examinados como parte de la investigación.

La Fiscalía de Drogas informó que los paquetes hallados en Villa Lucre serán sometidos a pruebas científicas para determinar su contenido. El hombre aprehendido será presentado ante las instancias judiciales correspondientes. El procedimiento se desarrolló luego de labores de investigación realizadas junto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Otra de las operaciones tuvo lugar en la barriada Vereda Tropical, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. Allí fueron decomisados 979 paquetes de presunta droga y aprehendidas cuatro personas. Las unidades policiales también recuperaron un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo durante la intervención.

Fernández señaló que los hallazgos en inmuebles responden al uso de residencias como lugares de almacenamiento de cargamentos. Al referirse a las acciones desarrolladas esa jornada, mencionó tanto el decomiso en Villa Lucre como el de Colón. Las autoridades investigan la procedencia de los paquetes y la participación de los aprehendidos.

En Chiriquí se realizó la cuarta intervención, en la que fueron decomisadas 100 pastillas de éxtasis. Con los hallazgos del puerto del Pacífico, Villa Lucre y Colón, la Policía contabilizó 2.235 paquetes en menos de 12 horas: 1.146 dentro de la maquinaria pesada, 110 en San Miguelito y 979 en la provincia colonense.

El director de la Policía estimó que la cantidad incautada superaba las 2,3 toneladas y destacó la rapidez con que se produjeron los decomisos. Fernández afirmó que la institución mantiene acciones dirigidas tanto a interceptar grandes cargamentos como a identificar los puntos desde donde se distribuyen drogas dentro del país.

Al hablar del impacto económico de estas operaciones, Fernández citó precios de referencia de $5.000 por kilo en Panamá y $34.000 en Europa. También indicó que parte de la droga que permanece en el mercado local termina dividida en pequeñas cantidades para su venta, una actividad que genera ingresos para las estructuras criminales.

Por separado, la Policía informó de 12 aprehensiones vinculadas presuntamente con la venta de drogas sintéticas. Ocho de esas personas fueron detenidas en La Chorrera y cuatro en el área metropolitana. Estas acciones son adicionales a los cuatro operativos en los que se decomisaron los 2.235 paquetes y las pastillas de éxtasis.

En otro procedimiento realizado durante esta semana, la Policía y el Ministerio Público decomisaron 92 paquetes de presunta droga en Cabra, corregimiento de Pacora.

El cargamento era transportado en un vehículo conducido por un hombre de 32 años, quien fue aprehendido. Este caso tampoco forma parte del balance de las 12 horas.

Las estadísticas oficiales registran 60,04 toneladas de drogas incautadas entre enero y julio de 2026 en Panamá. Del total, 37,81 toneladas correspondieron a cocaína y 22,11 a marihuana. Colón encabezó los decomisos provinciales, con 16,73 toneladas durante esos siete meses.

En la comunidad de Santa María Xigui, municipio de Alfajayucan, Hidalgo, cuatro sujetos armados atracaron una estación de gasolina durante la madrugada. Los delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas, amenazaron a un trabajador y sustrajeron dinero en efectivo, objetos diversos y la terminal de pago con tarjetas bancarias.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 horas. Una vez en el lugar, los sujetos ingresaron directamente al interior de la estación de servicio. Ahí amenazaron a uno de los trabajadores para doblegar cualquier resistencia y evitar un enfrentamiento.

Tras la amenaza inicial, los delincuentes se dirigieron hacia el área de oficinas del establecimiento. En ese espacio concentraron la sustracción de bienes y valores, entre ellos el dinero en efectivo disponible en el lugar.

La terminal bancaria fue uno de los objetos sustraídos en Santa María Xigui

Entre los objetos robados destacó la terminal de pago con tarjetas bancarias. Este dispositivo permite a la estación de servicio procesar cobros electrónicos a sus clientes.

La sustracción de la terminal representa una afectación directa a la operación comercial del establecimiento. Sin este equipo, la gasolinera pierde temporalmente la capacidad de recibir pagos con tarjeta.

Una pregunta frecuente sobre este tipo de incidentes es qué se llevan los asaltantes además del efectivo. En este caso confirmado en Hidalgo, los cuatro sujetos sustrajeron dinero en efectivo, objetos diversos y la terminal bancaria de la estación de servicio, un patrón que afecta tanto la caja como el sistema de cobro electrónico del negocio.

El robo de este tipo de dispositivos ocurre en otros casos de asaltos a gasolineras en la entidad. La sustracción de equipo de cobro añade una capa adicional de afectación económica al establecimiento.

Los cuatro asaltantes huyeron sin dejar detenidos hasta el momento

Una vez consumado el robo, los cuatro individuos abandonaron el establecimiento de forma inmediata. La huida se realizó a bordo de las mismas dos motocicletas utilizadas para el arribo.

El hecho fue notificado a las autoridades correspondientes tras la fuga de los responsables. Las corporaciones fueron alertadas para iniciar las diligencias necesarias en el lugar de los hechos.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la detención de alguna persona relacionada con el atraco. La investigación permanece abierta según lo reportado por las fuentes policiales.

El municipio de Alfajayucan se ubica en el estado de Hidalgo. La comunidad de Santa María Xigui forma parte de esa demarcación municipal.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, un horario con menor afluencia de clientes en las estaciones de servicio. Esta condición pudo facilitar el actuar de los cuatro sujetos armados.

El uso de dos motocicletas como vehículo de escape es una constante en este tipo de atracos. La maniobrabilidad de estos vehículos facilita el desplazamiento rápido por caminos y calles del municipio.

Las autoridades locales continúan con las diligencias correspondientes tras el reporte del atraco. El caso permanece bajo investigación mientras s

La tasa de víctimas de delito en Hidalgo aumentó 19.3% durante 2025

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró un incremento en la tasa de víctimas de delito en Hidalgo. La cifra pasó de 19 mil 272 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2024 a 22 mil 982 durante 2025, un aumento de 19.3%.

El indicador estatal se ubicó apenas por debajo del promedio nacional, que fue de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes. Entre febrero y abril de 2026, el 61.3% de la población de 18 años y más en la entidad consideró inseguro vivir en el estado.

La misma encuesta ubicó a Hidalgo entre los estados con mayor incremento en incidencia delictiva del país. La tasa estatal pasó de 26 mil 113 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 34 mil 791 en 2025, un alza de 33.2%, solo por debajo de Chihuahua en el ranking nacional.

El robo o asalto en calle o transporte público figuró entre los delitos con mayor frecuencia reportados en la entidad. El fraude y la extorsión completaron el listado de los ilícitos más denunciados por la población hidalguense, según la ENVIPE 2026.

Las pérdidas económicas asociadas a los delitos en Hidalgo también registraron un incremento durante el periodo analizado. La cifra pasó de alrededor de 3 mil 564 millones de pesos en 2024 a 4 mil 754 millones en 2025, un aumento de 33.4%, de acuerdo con el INEGI.

En materia de carpetas de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició 27 mil 323 durante el primer semestre de 2026. El robo concentró 5 mil 649 de esos expedientes, la violencia familiar 4 mil 144 y las lesiones 4 mil 12, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dentro del rubro de robo, el robo a negocio acumuló mil 49 carpetas de investigación en ese periodo. La cifra ubicó a Hidalgo en el lugar 15 a nivel nacional en incidencia delictiva total durante el primer semestre del año.

En cuanto a homicidios dolosos, la entidad registró 12 casos durante agosto de 2026, con lo que sumó 149 en los primeros ocho meses del año. Esa cifra colocó a Hidalgo en el lugar 19 a nivel nacional y representó una disminución de 28% respecto del periodo previo, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo.e recaba información adicional sobre los responsables.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro presuntos ladrones de casa habitación en la alcaldía Cuauhtémoc. Los sospechosos, dos mexicanos y dos colombianos, lanzaron fajos de billetes al aire durante la persecución para generar confusión y escapar, pero los agentes los capturaron.

El grupo estaba señalado por un robo a una vivienda en Saltillo, Coahuila, cuyo botín superó los tres millones de pesos en efectivo, joyas y bolsas de diseñador. La banda planeaba vender las alhajas en joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México cuando los policías capitalinos los ubicaron.

Según el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, la SSC colaboró con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila para dar seguimiento a la banda señalada por el robo en Saltillo. Los investigadores identificaron un vehículo Kia utilizado en el asalto y lo ubicaron en calles del Centro de la Ciudad de México.

El rastreo del automóvil permitió a los agentes anticipar el plan de los sospechosos de vender las joyas robadas en el Centro Histórico. Jiménez difundió un video en el que se observa a los integrantes de la banda correr en distintas direcciones al notar la presencia policial.

La policía de la Ciudad de México detuvo a la banda de asaltantes en una casas que lanzó dinero a la calle para escapar durante una persecución en la alcaldía Cuauhtémoc. La maniobra causó que transeúntes y conductores se detuvieran a recoger los billetes, pero no impidió la captura de los sospechosos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El video muestra a uno de los sospechosos, presuntamente responsable de los disparos, correr por la calle mientras se le caían los pantalones. Otro integrante de la banda fue el que lanzó el fajo de billetes al aire durante la huida.

Las imágenes registran a pasajeros de transporte público que descendieron de las unidades para recoger el dinero esparcido por la calle. El conductor de un camión detuvo la marcha del vehículo y bajó para juntar los billetes junto con los demás transeúntes.

Un par de repartidores de aplicaciones también intentaron llevarse la mayor cantidad posible de dinero durante el caos. La situación provocó que una persona estuviera a punto de ser atropellada en medio de la confusión.

El líder de la banda, Milton “N”, tiene antecedentes por robo en Florida, Estados Unidos

El periodista de Teodiario Televisión identificó a los dos detenidos de origen mexicano con el nombre de Ángel “N”. Los dos colombianos capturados fueron identificados como John Jairo “N” y Milton “N”.

Milton “N” sería el presunto líder de la organización criminal, según la información recabada por C4 en Alerta. El hombre cuenta con antecedentes penales por un robo a una vivienda en Florida, Estados Unidos, y llegó a México tras cumplir una condena en ese país.

Medios locales reportaron que elementos de inteligencia de la SSC lograron detener al ciudadano colombiano señalado como responsable de lanzar el dinero, junto con sus tres presuntos cómplices. El portal precisó que parte del efectivo quedó tirado en la vía pública mientras los agentes realizaban la detención.

La persecución y la detención de los cuatro sospechosos ocurrieron pese al intento de fuga con el dinero esparcido en la calle. Los elementos de inteligencia de la SSC ubicaron y capturaron a los implicados en distintos puntos de la zona.

El robo a casa habitación aumentó 56.4% en la Ciudad de México durante 2026

El caso de la banda colombiana se suma a un año con un incremento sostenido en las detenciones por este delito. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que entre enero y agosto las judicializaciones por robo a casa habitación crecieron 56.4% frente al mismo periodo de 2024.

El dato forma parte del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, presentado durante el informe de seguridad encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El robo de vehículo registró el mayor incremento entre los delitos prioritarios, con 49.3%, seguido por la extorsión, con 41.7%.

Pese al aumento en las judicializaciones, la incidencia delictiva general en la capital también creció. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Ciudad de México pasó de 54 mil 473 a 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes entre 2024 y 2025, un alza de 25.1% que la colocó como la entidad con mayor cantidad de delitos del país.

¿Por qué aumentaron las detenciones por robo a casa habitación en la Ciudad de México en 2026? El incremento de 56.4% responde al trabajo de inteligencia de la Fiscalía capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que reforzaron el seguimiento de bandas organizadas mediante videovigilancia y coordinación con fiscalías estatales, como ocurrió en el caso de Saltillo.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que la organización detenida operaba en al menos seis estados del país, aunque su base se ubicaba en la Ciudad de México. El funcionario precisó que los robos de la banda no se cometían con violencia, sino en viviendas que permanecían vacías al momento del atraco.

El homicidio doloso en Tabasco bajó 54% en los últimos dos años, según el reporte que presentó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, en la conferencia matutina de este viernes desde Villahermosa.

De acuerdo con las estadísticas, el promedio diario de este delito pasó de 3.5 a 1.6 casos entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, mientras que más de seis mil personas fueron detenidas en la entidad durante ese periodo.

La funcionaria atribuyó la baja al fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad pública. También destacó la coordinación entre el gobierno federal y el Gobierno del Estado de Tabasco como factor determinante en el resultado.

Delitos de alto impacto bajaron 18% en Tabasco entre 2024 y 2026

Figueroa Franco presentó una segunda gráfica con el comportamiento anual de los delitos de alto impacto entre 2015 y 2026. Los registros muestran una tendencia a la baja desde 2018, que continuó durante la administración actual.

La comparación entre 2024 y 2026 arrojó una reducción de 18% en este rubro. El promedio diario pasó de 12.6 a 10.3 delitos de alto impacto en el estado.

Los delitos de alto impacto en Tabasco disminuyeron 18% entre 2024 y 2026, al pasar de 12.6 a 10.3 casos diarios, según el reporte que la SESNSP presentó este viernes. La caída se suma a una tendencia sostenida desde 2018 y coincide con el refuerzo de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Noviembre de 2024 apareció señalado como el punto más alto del periodo analizado tanto en homicidios dolosos como en otros delitos. La funcionaria usó ese mes como referencia para medir la evolución posterior.

Robo de vehículo con violencia se redujo 51% desde noviembre de 2024

La titular del Secretariado Ejecutivo expuso una tercera gráfica dedicada al robo de vehículo con violencia. El periodo analizado corrió de septiembre de 2024 a agosto de 2026.

Noviembre de 2024 volvió a ser el mes con el registro más alto de este delito en la entidad. La cifra alcanzó un promedio de 8.3 casos diarios en ese momento.

Para agosto de 2026, el promedio diario de robo de vehículo con violencia bajó a 4.1 casos. La disminución total en ese delito llegó a 51 por ciento durante el periodo comparado.

Figueroa Franco no detalló acciones específicas vinculadas a este delito en particular. La funcionaria vinculó el resultado al mismo esquema de coordinación federal y estatal mencionado en las gráficas anteriores.

Secuestro cayó 75% y feminicidio 50% entre enero y agosto de 2026

La funcionaria presentó una última lámina con la variación de delitos de alto impacto al comparar enero-agosto de 2025 con el mismo periodo de 2026. El secuestro registró la mayor caída, con una reducción de 75 por ciento.

El feminicidio disminuyó 50 por ciento en la misma comparación. Ambos delitos figuraron entre los de mayor descenso porcentual del listado presentado.

Las lesiones dolosas por arma de fuego tuvieron una reducción de 14.1 por ciento. El robo a transeúnte con violencia bajó 6.2 por ciento en el periodo analizado.

Figueroa Franco cerró su intervención con esas cuatro cifras y no abrió espacio para preguntas adicionales durante ese segmento. La conferencia continuó con otros temas de la agenda matutina en Villahermosa.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó un día antes la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En ese encuentro planteó transformar la Academia de Policía en una Universidad de Policía.

May Rodríguez también propuso un aumento de penas por homicidio simple y calificado durante esa sesión. El gobernador llamó a los tres órdenes de gobierno a fortalecer la coordinación para preservar la paz en el estado.

Integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal viajaron a Tabasco el mismo viernes de la conferencia. El objetivo del desplazamiento fue evaluar la incidencia delictiva de la entidad en una mesa de seguridad local.

Infobae ha dado seguimiento a la evolución de la violencia en Tabasco durante los últimos años, en un estado que concentró picos de homicidio doloso y robo con violencia hacia finales de 2024. Los reportes previos del diario documentaron el contexto de inseguridad que motivó el despliegue de estrategias conjuntas entre la federación y el gobierno estatal.

La cobertura de este medio también ha registrado la relevancia de los informes mensuales del SESNSP como fuente oficial para medir la evolución delictiva por entidad. Estos reportes se presentan de forma periódica en la conferencia matutina y sirven de referencia para comparar resultados entre distintos estados del país.

En ediciones anteriores, Infobae ha reportado cifras similares de reducción de homicidios en otras entidades bajo el mismo esquema de coordinación federal-estatal. El caso de Tabasco se suma a esa serie de reportes que el gobierno federal ha presentado durante la actual administración.

Un adolescente identificado como Tiziano Mercau fue atacado por un grupo de personas con piedras y ladrillos en una vivienda del barrio Ruca Luhé, en Vista Alegre Sur, provincia de Neuquén. Durante la agresión recibió un golpe con un ladrillo en la cabeza y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón.

El episodio ocurrió cerca de las 21:00 del miércoles 17 de septiembre, en una vivienda situada junto al playón deportivo del barrio. Según la reconstrucción informada por LM Neuquén, el adolescente estaba sentado con un amigo cuando se acercó un joven acompañado por dos mujeres.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, el joven habría amenazado de muerte a Mercau y comenzó a arrojarle piedras. La situación escaló pocos minutos después, cuando otras personas llegaron al domicilio y se sumaron a la agresión.

Según el relato, al menos diez personas -que serían familiares del primer agresor- se presentaron en el lugar y continuaron con el ataque. Además de arrojar piedras, el grupo habría ingresado al patio de la vivienda y golpeado a Tiziano con un ladrillo en la cabeza.

La agresión también provocó daños en una motocicleta Motomel verde estacionada en el domicilio. El ataque se detuvo luego de que un vecino interviniera y lograra que los involucrados se retiraran.

Tras el episodio, el adolescente fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén. Allí recibió asistencia médica por lesiones en distintas partes del cuerpo, con especial compromiso en la zona de la cabeza, y quedó alojado en terapia intensiva.

La gravedad de su estado llevó a su familia a reclamar respuestas de las autoridades judiciales y policiales. Su madre, Jorgelina, presentó la denuncia en la Comisaría 49 por el ataque sufrido por su hijo.

“Terminó golpeado de un ladrillazo en la cabeza, a mi niño lo tengo en terapia”, expresó la mujer en declaraciones recogidas por LM Neuquén. También sostuvo que necesita que la Justicia y la Policía intervengan frente a amenazas y hechos de violencia que, según afirmó, no serían nuevos.

La Fiscalía de Actuación Genérica tomó intervención en el caso y ordenó medidas para reconstruir lo ocurrido e identificar a todas las personas que habrían participado del ataque. Entre las acciones dispuestas figura el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, entrevistas a la víctima y rondines policiales en el domicilio de la familia.

La causa es investigada como lesiones graves y, hasta el momento, uno de los presuntos agresores fue identificado por la Justicia. Aún resta que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos.

La pesquisa continúa para determinar quiénes fueron los demás participantes del ataque. La información disponible señala que los involucrados pertenecerían a una misma familia, aunque la Fiscalía aún debe establecer el grado de responsabilidad individual de cada persona y reunir los elementos probatorios correspondientes.

Ante la internación de Tiziano y el avance de la investigación, su madre convocó a una movilización para reclamar justicia y pedir la detención de los responsables. La concentración fue anunciada para el viernes 25, a las 9, en la plaza Susana Teixé de Vista Alegre.

Jorgelina afirmó que su hijo es un joven tranquilo, que trabajaba con ella como ayudante de albañil y tenía proyectos vinculados al boxeo y al fútbol. “Mi niño tenía sueños de boxear, su equipo de fútbol lo espera”, dijo al pedir que el caso avance y que se garantice la seguridad de la familia.

La convocatoria está dirigida a vecinos de Vista Alegre y de la cercana localidad de Centenario. El reclamo se centra en el esclarecimiento del ataque, la identificación del resto de los sospechosos y la situación de salud del adolescente, que continúa bajo atención médica intensiva en el hospital neuquino.

Una investigación del Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California, Berkeley documentó el asesinato de 337 periodistas y defensores de derechos humanos en México entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, periodo que abarca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El informe, titulado Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, también analiza casos de vigilancia, hostigamiento digital, procesos legales y violencia contra integrantes de ambos sectores.

337 víctimas durante el periodo analizado

Del total contabilizado por el HRC, 78 víctimas eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos. La cifra supera los registros difundidos previamente por organizaciones civiles, de acuerdo con el propio estudio.

La investigación surgió después de la filtración de alrededor de 6 terabytes de correos electrónicos y archivos adjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenida tras la intrusión del grupo Guacamaya en septiembre de 2022.

El HRC sostiene que los asesinatos representaron la parte más visible de un conjunto de agresiones contra periodistas y defensores que investigaban o denunciaban delincuencia, corrupción y abusos de autoridades. El estudio documentó además 75 expedientes relacionados con homicidios, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.

Señalamientos sobre vigilancia y espionaje

Uno de los apartados centrales del informe aborda el uso de herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores. El HRC señala que sus investigaciones forenses encontraron evidencia relacionada con Pegasus, además de otras tecnologías de vigilancia.

El estudio también menciona el uso de herramientas como Cellebrite UFED, capaz de extraer y analizar información de dispositivos electrónicos, y sostiene que estas prácticas se realizaron sin autorización judicial en los casos documentados.

El HRC también señala a las conferencias matutinas de López Obrador como uno de los espacios desde los cuales periodistas fueron expuestos públicamente.

Según la investigación, algunos comunicadores fueron señalados por su nombre y posteriormente enfrentaron campañas de hostigamiento en plataformas digitales.

Impunidad de hasta 99%, según Berkeley

Otro de los hallazgos destacados corresponde a la respuesta de las autoridades ante los delitos contra periodistas y defensores. El HRC estima que la impunidad se mantuvo entre 93% y 99% durante el periodo analizado.

La organización describe esta situación como “una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como un mensaje: atacar a la prensa no tenía ningún coste”.

El reporte también recoge una declaración de Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, quien afirmó: “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.

La investigación fue concebida inicialmente como un posible expediente para la Corte Penal Internacional (CPI). Ante las dificultades para utilizar esa vía, Berkeley convirtió el trabajo en una plataforma pública con registros de víctimas, 75 expedientes, análisis de más de mil 400 conferencias presidenciales y documentación sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia e impunidad.

En abril de 2024, el expresidente rechazó que durante su sexenio se registrara un repunte de violencia contra periodistas. Sin aportar cifras sobre los casos documentados desde 2028, López Obrador sostuvo que durante su administración hubo un descenso de incidentes.

“Que tampoco se crea las mentiras, por ejemplo, de los periodistas; nada más que pase todo esto, vamos a dar a conocer que es incluso de mal gusto, pero nada más para seguir haciendo conciencia y que no manipulen, no a la manipulación. ¿Saben en qué gobierno asesinaron a más periodistas? Con Felipe Calderón, pero se los vamos a probar", indicó durante una conferencia matutina.

Al final de su administración, López Obrador no brindó una comparativa que reafirmara sus expresiones.

Un hombre disparó tres veces contra otro y le provocó una herida en la cabeza que puso en riesgo su vida en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén. Después, según la acusación fiscal, efectuó otros seis tiros contra el hermano de la víctima, sin herirlo.

Por los hechos, la fiscal atribuyó al acusado L.A.L.S. ambos hechos en concurso real y calificó la conducta como tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de armas, en carácter de autor.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el primer episodio ocurrió el 15 de septiembre cerca de las 8:22. En ese momento, la víctima estaba sentada en un vehículo abandonado que pertenecía a su familia cuando el acusado llegó al lugar en bicicleta y realizó tres disparos en su dirección.

Dos de los tiros impactaron contra la puerta trasera izquierda del vehículo. El tercero alcanzó al hombre en el pómulo izquierdo. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el proyectil ingresó por el maxilar y quedó alojado en el lóbulo témporo-parietal derecho.

La lesión provocó una hemorragia que puso en peligro la vida de la víctima. El hombre continúa internado y todavía no se puede establecer si sufrirá secuelas permanentes o una deformación facial como consecuencia del disparo. Además, la herida le ocasionó una incapacidad para sus tareas habituales por un plazo superior a un mes.

La calificación es provisoria y deberá ser analizada durante el desarrollo de la causa. En esta etapa, la Fiscalía busca reunir pruebas para establecer las circunstancias del ataque, la participación del imputado y el arma que habría sido utilizada.

El segundo hecho investigado se produjo inmediatamente después del primer ataque. El hermano del hombre herido se dirigió hacia la casa del acusado, situada a unas dos cuadras del lugar donde se produjeron los disparos iniciales.

Cuando se aproximaba al domicilio, el imputado habría efectuado seis disparos directamente hacia él. Ninguno de los proyectiles lo hirió, aunque el episodio derivó en una segunda imputación por abuso de armas.

Tras formular cargos, Sola solicitó que el acusado permaneciera detenido con prisión preventiva durante seis meses. Fundamentó el pedido en riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de peligro para las víctimas y su entorno.

Respecto del riesgo de fuga, la fiscal sostuvo que el imputado permaneció oculto durante varios días después de los hechos y que se presentó ante el Departamento de Seguridad Personal recién el 22 de septiembre. También remarcó que enfrenta una expectativa de pena que parte de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

Sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, Sola señaló que el arma de fuego presuntamente utilizada todavía no fue encontrada. Además, indicó que hay personas que podrían verse condicionadas por la influencia del acusado y que algunos vecinos expresaron temor de aportar información a la causa.

Por último, la Fiscalía advirtió un riesgo para las víctimas y su entorno. El planteo se apoyó en los disparos contra el hombre herido y contra su hermano, además de las amenazas que, según expuso la fiscal durante la audiencia, se produjeron en el contexto de los hechos.

La defensa se opuso al pedido de prisión preventiva y propuso una detención domiciliaria, con monitoreo electrónico y prohibición de contacto con las víctimas y con personas relacionadas con la investigación.

La jueza Carina Álvarez impuso seis meses de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo sea colocado, ordenó una consigna policial permanente en la vivienda donde el acusado cumplirá la medida. También le prohibió comunicarse o mantener contacto con la familia de las víctimas, vecinos y otras personas vinculadas al expediente.

La investigación continuará con la búsqueda del arma presuntamente utilizada, la incorporación de testimonios y las pericias necesarias para determinar la evolución médica de la víctima internada.

Ocho menores murieron de forma violenta en Cuba durante el primer semestre de 2026, casi el triple que los tres registrados en igual período de 2025.

Ese incremento, del 166.7%, es el mayor entre todos los grupos de víctimas analizados por el nuevo Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), presentado el 22 de septiembre.

La cifra se conoce apenas días después de que la isla atravesara su octavo apagón nacional del año, ocurrido el 18 de septiembre y que dejó sin electricidad a más de nueve millones de personas durante 32 horas, según informó la Unión Eléctrica.

El propio OCAC advierte que ese tipo de cortes prolongados y las fallas de conexión a internet dificultan documentar los delitos, por lo que sus cifras representan un subregistro basado en lo que logra hacerse público.

El organismo documentó 102 víctimas mortales entre enero y junio, 33 más que en el mismo semestre de 2025, pese a una caída del 25.3% en el número total de delitos reportados. El índice de letalidad, que mide muertes por cada 100 delitos, pasó de 5.23 a 10.35.

El deterioro alcanza a mujeres, ancianos y menores

Los ancianos fallecidos pasaron de seis a nueve entre un semestre y otro, un 50% más. Las mujeres muertas subieron de 24 a 37, un incremento del 54.2%.

Esas cifras se suman a los 48 hombres y los ocho menores que completan el total de 102 víctimas mortales documentadas entre enero y junio.

Los feminicidios ocupan un capítulo aparte dentro de ese deterioro. El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), organización cubana de monitoreo de violencia de género, contabilizó 37 casos en el primer semestre, frente a 16 en igual lapso de 2025, un salto del 131.3%.

La organización detectó además una aceleración dentro del propio período: 13 feminicidios ocurrieron entre enero y marzo y 24 entre abril y junio.

Al 14 de septiembre, el acumulado anual ya superaba los 52 feminicidios, una cifra que dejó atrás los 49 documentados durante todo 2025 y que convierte a 2026 en el segundo año más letal desde que el observatorio comenzó su trabajo en 2019, solo detrás de los 90 casos de 2023.

Menos delitos reportados, pero más muertes

El volumen general de delitos documentados por el OCAC bajó de 1,319 a 985 entre ambos semestres, una caída del 25.3%. El organismo insiste en que esa reducción no equivale a menos inseguridad: aunque en 2026 se pudieron documentar 334 delitos menos que en el mismo período de 2025, hubo 33 víctimas mortales más.

Esa combinación, según la organización, refleja una violencia que se volvió más letal aun con menos hechos registrados.

Los crímenes con víctimas múltiples ganan terreno

El informe atribuye parte del salto en el número de fallecidos a la aparición de hechos con más de una víctima, un fenómeno hasta hace poco excepcional en los registros del observatorio.

De los delitos de 2026 en los que pudo determinarse la modalidad, 278 fueron cometidos por dos o más personas, el 33.7% del total.

Los asesinatos totales pasaron de 63 a 90 entre ambos semestres, un 42,9% más, y devolvieron a Cuba casi al nivel de 2024, cuando se habían contado 91 casos, tras una baja transitoria en 2025.

La violencia se aceleró mes a mes

Dentro del propio 2026, la letalidad se intensificó a medida que avanzó el semestre. Los asesinatos subieron de 36 casos en el primer trimestre a 54 en el segundo, un 50% más. Abril, mayo y junio registraron 19, 17 y 18 asesinatos respectivamente; cada uno de esos meses superó el peor registro de 2025, que había sido marzo con 13 casos.

El OCAC advierte que esa tendencia hacia una violencia más letal, que golpea con particular fuerza a mujeres, menores y ancianos, se sostuvo pese a la caída de las fuentes disponibles para documentarla.

El organismo sostiene que ese patrón no puede interpretarse como resultado de un país más tranquilo, en momentos en que la crisis energética y las restricciones de Estados Unidos al combustible profundizan las dificultades para dar seguimiento a lo que ocurre en la isla.

Una oferta para trabajar como modelo terminó en una investigación por privación de libertad, violación y extorsión en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que aprehendió a un hombre durante la operación SCAM, desarrollada mediante allanamientos en el distrito de San Miguelito.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2026. La mujer fue citada en una estación del Metro y después abordó un vehículo. La Fiscalía sostiene que allí la privaron de libertad antes de trasladarla a una casa de ocasión.

En ese lugar, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, la víctima recibió amenazas y le tomaron fotografías y videos íntimos con el propósito de extorsionarla.

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada dirige las diligencias de este caso, que continúa bajo investigación.

El hombre aprehendido será presentado ante un Tribunal de Garantías, donde se atenderán las solicitudes de la Fiscalía y se definirá su situación jurídica.

Solo hace una semana, las autoridades aprehendieron a cuatro personas requeridas por delitos sexuales durante operativos de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial en distintos puntos del país. Entre los detenidos figuraba un hombre de 68 años localizado en Dolega, Chiriquí.

En ese caso, las pesquisas señalan que el sospechoso publicaba aparentes ofertas de trabajo en plataformas digitales y citaba a las personas interesadas a entrevistas en su residencia, donde presuntamente ocurrían las agresiones.

El hombre acumula más de cinco denuncias presentadas en Panamá y Chiriquí.

La operación SCAM se conoció el mismo día en que la Procuraduría divulgó una condena de 20 años de prisión por violación agravada en Panamá Oeste.

El condenado, de 48 años, era el padrastro de la víctima. Según la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, los hechos ocurrieron entre 2014 y septiembre de 2019. Durante el juicio, celebrado en cuatro jornadas de septiembre, se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen menores de edad. La restricción regirá por un periodo equivalente a la condena, una vez cumplida la pena principal.

En Colón, otra investigación por delitos sexuales avanzó con la detención provisional de un hombre. Un juez legalizó su aprehensión y admitió la imputación por presunta violación carnal agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de dos menores de edad.

La Fiscalía Regional de Colón relaciona ese expediente con hechos ocurridos entre 2024 y 2026 en los sectores de Nuevo Vigía y Las Palmitas. El Ministerio Público también ubicó actuaciones en la comunidad de El 20, corregimiento de San Juan. La investigación permanece abierta.

Entre enero y agosto de 2026, Panamá contabilizó 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de acuerdo con datos preliminares del Ministerio Público. Fueron 527 más que las 4,072 del mismo periodo de 2025, un incremento interanual del 13%.

La categoría con más registros fue el acceso sexual con personas de 14 a 17 años, con 1,733 denuncias. Le siguieron la violación, con 1,522, y los actos libidinosos, con 771. Estas tres conductas concentraron gran parte de los reportes recibidos durante los ocho meses.

El acceso sexual con adolescentes presentó 370 denuncias más que en 2025, mientras que los actos libidinosos aumentaron 15%. Las denuncias por violación tuvieron una reducción marginal: pasaron de 1,526 a 1,522. Las variaciones entre categorías muestran comportamientos distintos dentro del total nacional.

Los registros por pornografía infantil subieron de 43 a 64 denuncias, un aumento del 49%, el mayor crecimiento porcentual entre las categorías destacadas en el reporte.

La corrupción de menores alcanzó 253 casos, frente a 206 un año antes, un alza del 23%. Por área geográfica, Panamá acumuló 919 denuncias, Chiriquí registró 724 y Panamá Oeste, 620.

El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el miércoles 23 de septiembre por elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la Policía estatal en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dentro del Operativo Enjambre. Tras la captura, salieron a la luz los datos de violencia que colocan a Juchitán como el municipio más golpeado de Oaxaca: 23 homicidios durante el primer trimestre de este año, la cifra más alta del estado, según la Fiscalía General de Oaxaca.

El municipio también registró ataques armados y amenazas de extorsión. Entre esos hechos figura el asesinato de tres jóvenes el 18 de abril, uno de los cuales, David López, era hijo y sobrino de funcionarios del gobierno estatal.

Sin embargo, la detención del edil se ejecutó por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Una investigación federal lo señaló de brindar protección política y económica a Los Cromos, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera la extorsión y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec.

23 homicidios colocaron a Juchitán como el municipio más violento de Oaxaca en 2026

El incremento de la violencia en Juchitán se dio en paralelo a un repunte estatal. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentaron 230 víctimas de homicidio doloso en Oaxaca durante el primer trimestre de este año, frente a 197 casos en el mismo periodo de 2025, un aumento del 17%.

Un estudio sobre la percepción de inseguridad entre jóvenes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma de Oaxaca, documentó el aumento de delitos como abuso sexual, despojo, feminicidio, secuestro y violencia familiar. El profesor Heriberto Ruiz Ponce, uno de los autores, explicó a Latinus: “Oaxaca es bien conocido, desde hace algunos años, de mostrar baja incidencia delictiva en general. Era muy difícil estar en los primeros lugares de incidencia delictiva, dentro de los registros oficiales”.

Ruiz Ponce planteó ante el medio que el problema excede lo policial. “El tejido social ha sido desgastado durante mucho tiempo, y hoy los poderes están actuando desde el punto de vista policial, pero me parece que hay que poner mucho más atención sobre todo en el desgarramiento social que ha habido”, señaló el investigador.

Diversos colectivos denunciaron que entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, durante la administración del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, se registraron 32 asesinatos de defensores de derechos humanos en Oaxaca. El informe “Avanza o no el respeto a los derechos humanos en Oaxaca” documentó además más de 70 agresiones contra colectivos, comunidades y movimientos sociales en la entidad.

La violencia también alcanzó a figuras públicas del municipio. La artesana muxe Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el Grito de Independencia, sufrió un ataque armado contra su casa después de recibir amenazas de extorsión y una exigencia de pago de 200 mil pesos en agosto.

El Operativo Enjambre y la detención de Miguel Sánchez Altamirano en Ciudad Ixtepec

La captura de Sánchez Altamirano se realizó junto a la de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien también contaba con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó el arresto conjunto y detalló los delitos que se le imputan al edil.

De manera simultánea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas vinculadas con la investigación. La medida buscó afectar la capacidad financiera de la red que operaba desde el ayuntamiento.

Sánchez Altamirano, conocido con el alias de “Quetu”, gobernó Juchitán en un primer periodo entre 2022 y 2024. Buscó la reelección con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México, coalición con la que obtuvo un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

Carlos Alberto “N”, por su parte, estaba encargado del narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, además del traslado y extorsión de migrantes mediante una red de mototaxis. El detenido también realizaba acciones de presión social para exigir la liberación de integrantes de Los Cromos que ya estaban presos.

Tras la detención, policías municipales de Juchitán bloquearon los accesos carreteros y las salidas del municipio para intentar evitar el traslado del alcalde a un penal federal. A los bloqueos se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio, aunque las autoridades federales indicaron que la movilización no impediría la puesta a disposición de Sánchez Altamirano.

El gobierno estatal había presentado en abril el plan “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” para recuperar espacios públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La estrategia incluyó senderos seguros, botones de auxilio, cámaras de videovigilancia y la entrega de 11 patrullas y 20 motopatrullas al municipio.

Los Cromos, la célula del CJNG que Sánchez Altamirano protegía desde la alcaldía

Las investigaciones establecieron que Sánchez Altamirano brindaba cobertura política y económica a Los Cromos desde la infraestructura municipal. El alcalde facilitaba el acceso del grupo a las cámaras del C2 y alertaba a sus integrantes sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

El edil también controlaba el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y a pequeños y medianos comerciantes establecidos en Juchitán. Las autoridades documentaron que compraba armas para la organización y administraba casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el líder de Los Cromos es Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” o “Comandante Renco”. El diario identificó como subalternos a Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, encargado de la zona del Istmo, a su hermana Yesenia Sánchez Santiago y a José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”.

Desde noviembre de 2025, la Secretaría de Marina encabeza el Operativo Sable en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para frenar la expansión de la célula. Ese mes, las autoridades detuvieron a 53 integrantes del grupo criminal en la región.

En febrero de este año, elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, señalado como jefe de plaza de Los Cromos. El detenido estaba encargado de distribuir armamento y se le relacionaba con secuestros, homicidios y el alertamiento sobre movimientos de las fuerzas federales.

Las autoridades federales informaron que las acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y sus redes de protección política en la región. García Harfuch precisó que el despliegue en el estado busca localizar y arrestar a otras personas que forman parte de los objetivos de la investigación.

La detención de Miguel Sánchez Altamirano ocurrió, en conclusión, como parte del Operativo Enjambre ejecutado por fuerzas federales y estatales en Ciudad Ixtepec, con la participación coordinada de la Semar, la SSPC y la UIF. El proceso derivó de una investigación que documentó protección política, cobro de piso, tráfico de armas y control de casas de seguridad desde el propio ayuntamiento.

El alcalde de Juchitán de Zaragoza pertenece, según las indagatorias de las autoridades federales, a Los Cromos, el brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación que domina la extorsión y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec. Su arresto se suma a la captura de otros integrantes de la célula, entre ellos “La Parca” y “Macanannu”, dentro de la ofensiva contra esa estructura criminal en Oaxaca.

Los homicidios dobles en Costa Rica pasaron de 40 casos en 2025 a 50 en el mismo período de 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto representa un aumento de 25% en los casos en que dos personas fueron asesinadas.

Los 50 hechos registrados en 2026 dejaron 100 víctimas, frente a las 80 contabilizadas en los 40 homicidios dobles del período comparable del año anterior. Las cifras forman parte del recuento del OIJ sobre ataques con múltiples víctimas, que en este caso considera hechos con dos o tres personas fallecidas, según datos de El Observador.

Entre los casos dobles figura el ocurrido el 26 de enero en Cañada Sur, San José, donde dos hombres murieron baleados dentro de un lavacar y una tercera persona resultó herida.

Durante el primer semestre, otros dos hombres fueron asesinados frente al templo de los padres Capuchinos, en el centro de Cartago, en un hecho que el OIJ investigó como un posible conflicto territorial.

El 11 de julio, una mujer de 45 años y un hombre de 37 fueron asesinados a balazos dentro de una propiedad en Purral de Goicoechea. El 18 de agosto, una mujer de 18 años y un hombre de unos 30 murieron dentro de un vehículo en El Carmen de Cartago.

El 28 de agosto, dos hombres de 30 y 23 años fueron encontrados muertos dentro de una vivienda en Turrialba, con múltiples impactos de bala. En septiembre, dos hermanos de 46 y 33 años fueron asesinados frente a un bar en Nosara, Nicoya, y otras dos personas resultaron heridas en el mismo ataque.

Los homicidios triples bajaron de 11 a nueve casos

Los ataques con tres víctimas mortales tuvieron una variación distinta. De acuerdo con los datos proporcionados por el OIJ a El Observador, Costa Rica registró nueve homicidios triples durante 2026, con 27 víctimas.

En el mismo período de 2025, la institución contabilizó 11 casos y 33 personas asesinadas. La comparación refleja una disminución de 18.2% tanto en la cantidad de hechos como en el número de víctimas.

El primer triple homicidio de 2026 ocurrió el 1 de enero en Linda Vista de La Unión, Cartago. Tres hombres fueron asesinados dentro de una estructura tipo búnker y los investigadores del OIJ recolectaron 23 indicios de bala.

El 4 de febrero, tres hombres murieron en un ataque ocurrido cerca de la plaza de deportes de La Carbonera, en Paso Ancho. Durante el primer semestre, las autoridades localizaron tres cuerpos maniatados en una finca de San Mateo de Alajuela.

Las autoridades indicaron que las víctimas aparentemente habían sido lanzadas a un precipicio dentro de un vehículo. El 14 de septiembre, un ataque en Barrio Quinto de Limón dejó tres personas muertas y otra herida, en un caso que las autoridades investigaron como triple homicidio.

El ataque en Río Cuarto forma parte del registro de 2026

El triple homicidio ocurrido la noche del 22 de septiembre en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, forma parte de los nueve casos registrados durante 2026. La información preliminar del OIJ señala que dos hombres que viajaban en motocicleta habrían disparado contra una vivienda y luego huyeron.

Las víctimas mortales fueron dos hombres de 65 y 31 años, además de una mujer de 47 años. Otro hombre de 31 años resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

Al sumar los homicidios dobles y triples, el OIJ contabilizó 59 hechos con 127 víctimas en lo que va de 2026. En el mismo período de 2025, el registro era de 51 ataques y 113 personas asesinadas.

La comparación entre ambos períodos muestra un aumento de 15.7% en la cantidad de hechos y de 12.4% en el número de víctimas. Dentro de ese total, los homicidios dobles aumentaron, mientras que los casos triples disminuyeron.

10 personas murieron asesinadas y cinco más resultaron heridas de bala en cinco municipios del Estado de México durante el lunes 21 y el martes 22 de septiembre. Los hechos ocurrieron en Tultitlán, Otumba, Jaltenco, Acolman y Chalco, donde sujetos armados en motocicletas y vehículos ejecutaron ataques directos y abandonaron cuerpos vinculados a disputas entre grupos delictivos por el control territorial, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La secuencia de hechos abarcó calles residenciales, carreteras federales y un tramo de la autopista México-Tulancingo. Cada municipio registró al menos un homicidio o una agresión armada en un lapso de 48 horas.

Tultitlán suma tres muertes y un herido en San Mateo Cuautepec y San Francisco Chilpan

Vecinos de San Mateo Cuautepec reportaron la mañana del martes el hallazgo de un cuerpo dentro de un canal de aguas negras sobre la calle Benito Juárez. El sitio se ubica frente a una estación del Mexibús, en la zona conocida como Fuentes del Valle.

La policía municipal acordonó el lugar y personal de la FGJEM realizó las primeras diligencias. Los peritos detectaron posibles signos de violencia en el cuerpo antes de su traslado.

Horas después, vecinos escucharon detonaciones en la calle 21 de Marzo, en San Francisco Chilpa. Dos sujetos en motocicleta dispararon contra dos hombres que esperaban transporte público, según testigos que hablaron con N+.

Uno de los hombres murió en el lugar y el otro fue trasladado a un hospital con heridas de bala. Más tarde, agentes localizaron a un joven sin vida con impactos de arma de fuego en la Sierra de Guadalupe, cerca de un relleno sanitario.

Otumba y Jaltenco vinculan a Joselyn Sandoval Calderón con dos jóvenes desaparecidos en Nextlalpan

En Otumba, vecinos de la calle Torres Adalid reportaron un automóvil estacionado con dos cuerpos en su interior. Los hombres, de entre 20 y 25 años, presentaban un disparo en la cabeza y el vehículo se encontraba a pocas calles del Palacio Municipal.

Un día después, autoridades hallaron el cuerpo de Joselyn Sandoval Calderón en la autopista México-Tulancingo, cerca del mismo punto. La mujer cursaba la carrera de derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), plantel Valle de Chalco.

La fiscalía estatal investiga un posible vínculo sentimental entre Joselyn y uno de los hombres hallados en Otumba. Esa hipótesis surgió de reportes extraoficiales y aún no cuenta con confirmación de la FGJEM.

En Jaltenco, habitantes de la colonia Alborada reportaron un Chevrolet Chevy gris con bolsas negras en su interior. Los peritos confirmaron que las bolsas contenían restos humanos desmembrados de al menos cuatro personas.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Brayan Felisiano, de 17 años, y Leonardo Augusto, de 21. Ambos jóvenes tenían reporte de desaparición desde el sábado 19 de septiembre en el fraccionamiento Paseos del Valle, en Nextlalpan.

La FGJEM abrió carpetas de investigación bajo protocolos de alto impacto para esclarecer el caso. Los especialistas forenses continúan los trabajos para identificar a las otras víctimas encontradas en el mismo vehículo.

Chalco, Acolman y las cifras oficiales: Edomex reporta una baja de 35,9% en homicidios en 2026

Sobre la carretera federal México-Puebla, en el tramo conocido como “el tubo azul”, hombres armados atacaron a un ocupante de un vehículo deportivo negro. El hombre murió en el lugar, en la zona limítrofe de La Paz, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Un repartidor que circulaba en una camioneta de botanas quedó atrapado en el fuego cruzado y también falleció. El Ministerio Público ordenó el levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos tras horas de bloqueo vial, según un video que documentó la agresión.

En un hecho distinto dentro del mismo municipio, una persecución y balacera dejó a un presunto delincuente abatido y a otro herido de bala. Una mujer policía resultó lesionada durante el operativo, que terminó con la detención de siete presuntos responsables, según UnoTV.

En Acolman, sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon contra un automóvil de alta gama sobre la carretera Lechería-Texcoco, a la altura de “El Faro”. La unidad recibió aproximadamente 40 impactos de bala que alcanzaron a sus cuatro ocupantes.

Dos de los tripulantes murieron y dos más resultaron heridos. Un dispositivo de seguridad se activó tras el ataque, aunque no logró la detención de los responsables.

El saldo combinado de los dos días llegó a diez muertos y cinco heridos, cifra confirmada tanto por Proceso como por el portal UnoTV. Los hechos ocurren en un estado que acumula 620 asesinatos en lo que va de 2026, de los cuales 574 se cometieron con arma de fuego, según datos citados por Milenio.

¿Por qué se registró esta violencia si las cifras oficiales muestran una baja? El propio gobierno estatal admite que persisten disputas territoriales entre grupos delictivos en municipios del norte y oriente de la entidad, pese a la reducción general del promedio diario de homicidios dolosos.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó, según Infobae, que los homicidios dolosos bajaron 35,9% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Los delitos de alto impacto registraron una caída de 27% en ese mismo lapso.

La Zona Oriente de la entidad, integrada por 15 municipios bajo el esquema del Mando Unificado, reportó una disminución de 37% en homicidios dolosos. El robo de vehículos en esa misma zona bajó 53%, de acuerdo con el portal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó que 2025 cerró con el menor número de homicidios en el Estado de México de los últimos 15 años. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que el promedio diario de víctimas fue de 4,2 casos ese año.

Esa cifra colocó a la entidad en el quinto lugar nacional por homicidios dolosos, cuando en 2024 ocupaba el tercer puesto. Los municipios del norte, como Jaltenco y Nextlalpan, mantienen sin embargo registros de violencia que las autoridades vinculan con disputas por el control territorial.

La FGJEM mantiene abiertas las carpetas de investigación por los diez homicidios y las cinco agresiones armadas registradas entre el lunes y el martes. Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad había reportado detenciones vinculadas directamente con los ataques de Tultitlán, Otumba, Jaltenco, Chalco y Acolman.

Cada semana muere más gente por cada delito cometido en Cuba, aunque el número total de hechos delictivos registrados haya caído. Así lo revela el nuevo Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), organización que monitorea la seguridad pública en la isla, que documentó 10.35 muertes por cada 100 delitos entre enero y junio de este año, frente a 5,23 en el mismo período de 2025.

El índice de letalidad se duplicó: subió 97,9% en apenas doce meses.

La isla registró 985 delitos en el primer semestre, un 25,3% menos que los 1.319 contabilizados un año antes. Sin embargo, el número de víctimas mortales no bajó: aumentó.

Menos casos reportados, más muertos

Entre enero y junio murieron 102 personas por hechos delictivos en Cuba, 33 más que las 69 fallecidas en igual lapso de 2025. El salto equivale a un 47,8%.

¿Por qué caen los delitos reportados pero suben los asesinatos? El OCAC explica que sus cifras constituyen un subregistro basado en hechos que logran hacerse públicos. La caída de reportes no significa menos inseguridad, sino menos capacidad para documentarla, en un contexto de apagones y cortes de internet que golpean al ecosistema informativo independiente.

El organismo atribuye esa merma en la documentación a los prolongados cortes eléctricos y a las interrupciones de conexión que enfrentan las fuentes independientes en la isla. Los hechos delictivos documentados son menos, pero resultan más violentos.

Los asesinatos pasaron de 63 a 90 casos entre ambos semestres, un alza del 42,9%. La cifra devuelve a Cuba casi al nivel de 2024, cuando se habían contado 91 asesinatos, tras una baja transitoria registrada en 2025.

La violencia se aceleró mes a mes

El informe detecta además una progresión dentro del propio semestre. Los asesinatos treparon de 36 casos en el primer trimestre a 54 en el segundo, un incremento del 50%.

Abril concentró 19 casos, mayo 17 y junio 18. Los tres meses superaron el peor registro mensual de 2025, que había sido marzo con 13 asesinatos.

El OCAC vincula parte del incremento de fallecidos a la aparición de crímenes con víctimas múltiples, un fenómeno que antes era excepcional en sus registros y que comenzó a repetirse durante 2025 y 2026.

Los robos bajan pero apuntan al Estado

Los robos siguen siendo la categoría delictiva más numerosa, aunque también retrocedieron: de 721 casos en el primer semestre de 2025 a 592 en 2026, una baja del 17,9%. Pese a la caída, la cifra actual todavía supera en 127,7% la de 2024 y en 397,5% la de 2023.

Lo que cambió fue el blanco de esos delitos. Los robos contra ganado bajaron de 193 a 149 casos y los que afectan propiedad privada cayeron de 266 a 234.

En cambio, los robos contra propiedad estatal subieron a 158 casos, un 12,9% más, y pasaron a representar el 26,7% de los objetivos identificados, frente al 19,4% del año anterior.

Una parte de ese desplazamiento se explica por el saqueo de infraestructura eléctrica. Según cifras de la Fiscalía citadas por el informe del OCAC, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional.

Más de 300 de esas causas corresponden al robo de aceite dieléctrico de transformadores, sustraído para su venta en el mercado negro. El dossier documenta incluso casos de autores de esos robos que murieron electrocutados durante el hecho.

Los delitos en grupo se multiplican

El informe también identifica un aumento de la actuación colectiva. De los delitos de 2026 en los que pudo determinarse la modalidad, 278 fueron cometidos por dos o más personas, un 33,7% del total.

Entre los robos, la proporción de hechos grupales llegó al 37,7%, la más alta registrada hasta ahora por el OCAC para esa categoría delictiva.

Los asaltos, aunque menores en volumen total, también crecieron: de 61 a 67 casos, un 9,8% más respecto a 2025 y un 71,8% frente a 2024. El repunte se dio en un semestre en el que el total de delitos reportados disminuyó.

La justicia por mano propia gana terreno

El informe cierra con una advertencia sobre episodios en los que ciudadanos persiguieron o retuvieron a presuntos delincuentes ante la falta de respuesta policial. El OCAC documentó casos de familias que dijeron haber esperado más de diez horas para que la policía acudiera.

El organismo alerta sobre el riesgo de que estas dinámicas deriven en formas de justicia por mano propia, en un escenario donde la violencia se intensifica mientras la capacidad de documentarla y de responder a ella se debilita.

Dos hermanos con un largo prontuario policial, según las autoridades, murieron acribillados este miércoles en el sector 1 de Santa Marta, distrito de San Miguelito, en un hecho que las investigaciones judiciales vinculan con la disputa por el control territorial de una estructura criminal que quedó descabezada.

Gabriel Vanegas Bermudes, de 38 años, y José Luis Bermudes, de 49, cayeron baleados pasadas las 9:30 de la mañana. Los sicarios los ubicaron en la parte trasera de su vivienda, junto a la vereda que bordea una parrillada y les dispararon en repetidas ocasiones.

Vecinos del sector se acercaron a auxiliarlos mientras los atacantes huían del lugar. Los hermanos fueron trasladados con heridas graves hasta el cuarto de urgencias del Policentro de Salud de San Isidro, donde el personal médico certificó la muerte de ambos.

La investigación preliminar, según el diario Critica, apunta a un montaje orquestado por un sujeto identificado como alias “Angelito”.

Según testigos, el hombre llegó esa misma mañana a la casa de las víctimas y compartió con ellos un momento de conversación y cigarrillos.

En un momento de la charla, “Angelito” anunció que saldría y regresaría más tarde. Cuando volvió no llegó solo, lo hizo en compañía de un cómplice armado, y ambos sorprendieron a los Bermudes en la parte posterior de la vivienda antes de dispararles.

La reunión que terminó en tragedia no era casual, afirma el diario. Los hermanos tenían previsto encontrarse ese día con “Angelito” y otros conocidos, pero la cita nunca se concretó porque derivó en la emboscada.

El doble crimen ocurre en un contexto de disputa interna dentro de un grupo delictivo que opera en la zona. A principios de septiembre, las autoridades capturaron a los dos cabecillas de la organización en el distrito de San Miguelito, lo que dejó un vacío de poder.

Desde entonces, mandos medios de la estructura pelean entre sí por ocupar el espacio que quedó sin mando. Esa pugna interna es, según la hipótesis que manejan los investigadores, el motivo detrás del ataque contra los hermanos.

Las autoridades sospechan además que el doble homicidio está conectado con otro ataque armado ocurrido apenas tres días antes en el mismo sector. Ambos episodios formarían parte de la misma disputa territorial que atraviesa la zona desde la captura de los líderes criminales.

El domingo 20 de septiembre, Heidy Nayeliz Rosario, de 24 años, murió baleada en una vereda del sector 1, en el corregimiento de Belisario Frías, San Miguelito. La joven conversaba con otras personas cuando varios sujetos llegaron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada.

El ataque dejó, además de la víctima fatal, a otras personas heridas que también requirieron atención médica. Rosario fue trasladada primero al Hospital San Miguel Arcángel y luego remitida a la Ciudad de la Salud, donde murió a las 11:55 de la noche.

La joven estaba embarazada al momento del ataque. Cuatro días antes había compartido en TikTok una fotografía con una mano sobre su vientre, acompañada del mensaje “Viviendo la mejor etapa de mi vida. Familia de 5” y de la canción Alma, de la artista Brisaa.

Gabriel Vanegas Bermudes, de acuerdo con el medio impreso, acumulaba un historial policial que se extiende del año 2020 al 2025. Su ficha incluye el decomiso de un arma de fuego ilegal, una condición de víctima de lesiones con arma de fuego, una retención durante un allanamiento y señalamientos por microtráfico.

El registro delictivo de su hermano José Luis es más extenso y se remonta a 2014, cuando resultó herido por primera vez. Posteriormente fue retenido en un allanamiento en Santa Marta, fichado por violencia doméstica, baleado en al menos dos ocasiones más y señalado tanto por herir a otra persona a tiros como por porte ilegal de arma de fuego.

Panamá acumuló 423 homicidios hasta el 13 de septiembre de 2026, diez más que los 413 registrados en el mismo período del año anterior.

Del total, 415 fueron intencionales y ocho no intencionales, según el resumen ejecutivo semanal del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC). Los homicidios intencionales aumentaron en siete casos, equivalentes al 2%.

El pandillerismo registró uno de los mayores incrementos entre los motivos identificados: pasó de 38 casos en 2025 a 68 este año, un aumento de 79%.

Las riñas también crecieron, de 22 a 29 homicidios, mientras los femicidios subieron de diez a 18. Estas variaciones muestran comportamientos distintos dentro de la cifra nacional, que avanzó de manera mucho más moderada.

Las rencillas delincuenciales siguieron siendo el motivo más frecuente, con 144 casos, pese a que disminuyeron frente a los 163 del período comparable. Los hechos aún en investigación sumaron 52 y el daño colateral dejó 24 víctimas. El informe también contabilizó 23 homicidios por rencillas personales, 24 por robo y 14 por ajuste de cuentas.

Entre las categorías que bajaron figuran los ajustes de cuentas, de 33 a 14 casos, y los hechos relacionados con drogas o narcotráfico, que pasaron de 16 a ocho. Las rencillas personales aumentaron en un caso y los robos también. El reporte atribuyó cuatro homicidios a violencia doméstica, uno más que en 2025, además de cuatro casos clasificados como evasión.

La distribución territorial muestra una fuerte concentración en la provincia de Panamá, que registró 260 homicidios intencionales, diez más que un año antes. Le siguieron Colón, con 73, Panamá Oeste, con 34, y Chiriquí, con 23. Aunque Colón redujo sus casos en 15%, mantuvo la tasa provincial más alta del país: 23,1 por cada 100.000 habitantes.

La provincia de Panamá tuvo una tasa de 15,7 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Tanto ella como Colón quedaron en el nivel de tasa moderada utilizado por el SIEC.

En el conjunto del país, la tasa acumulada fue de 8,9 por cada 100.000 habitantes. Chiriquí, por su parte, pasó de nueve a 23 casos, un aumento de 156%.

En Panamá Este, Pedregal sumó 16 homicidios, 24 de Diciembre registró 15 y Tocumen, diez. En el sector norte, Chilibre acumuló 18 y Ernesto Córdoba Campos, 15. Para el sector oeste de la capital, las cifras más altas correspondieron a Ancón, con 12, Calidonia, con siete, y Río Abajo, con seis.

En Colón, los corregimientos con más casos fueron Cristóbal Este, con 16; Cativá, con 13, y Barrio Norte, con nueve. El informe distingue así la concentración dentro de cada provincia: el total provincial no describe por sí solo dónde se acumulan los hechos. Esa diferencia también se observa en San Miguelito y en los distintos sectores del distrito de Panamá.

Las armas de fuego fueron el medio empleado con mayor frecuencia, con 356 registros entre los homicidios intencionales. Las armas blancas aparecen en 30 casos y otros medios, en 29. Frente al mismo corte de 2025, el reporte señala aumentos de dos casos con armas de fuego y blancas, y de tres en la categoría de otros medios.

En el desglose por distritos, Panamá encabezó la lista con 183 homicidios intencionales, seguido por San Miguelito, con 74; Colón, con 68, y Arraiján, con 20. Dentro de San Miguelito, Belisario Frías acumuló 21 casos. Omar Torrijos y Arnulfo Arias Madrid registraron 15 y 14, respectivamente, de acuerdo con la clasificación territorial del informe.

Por meses, abril tuvo la cifra más alta de 2026, con 60 homicidios intencionales. Le siguieron mayo, con 56; marzo, con 54; julio, con 51, y agosto, con 50. Hasta el 13 de septiembre se habían registrado 19 casos.

Agosto estuvo marcado por el asesinato de dos mujeres embarazadas en hechos distintos. El 23 de ese mes, Raiza Díaz murió tras recibir un disparo en Guarumal, Panamá Norte; su bebé nació mediante una cesárea de emergencia, pero falleció días después.

El 25 de agosto, otra mujer embarazada fue asesinada junto al hombre que la acompañaba dentro de un vehículo en Villa Lucre. Ese ataque fue uno de dos dobles homicidios de parejas registrados en menos de 48 horas: el otro ocurrió en Mirador del Lago, donde una bebé de cuatro meses que viajaba con las víctimas resultó ilesa.

La semana del 7 al 13 de septiembre cerró con 12 homicidios intencionales, siete más que la anterior. El SIEC calificó la incidencia nacional de esa semana como dentro de lo normal respecto de su serie de referencia, aunque identificó valores significativamente altos en Colón, Chiriquí y Panamá Oeste. Entre los días de la semana, el domingo acumuló más hechos durante 2026, con 79.

Tres personas murieron y una cuarta resultó herida de bala en un ataque armado ocurrido cerca de la medianoche del martes en Pueblo Nuevo de Santa Rita, en Río Cuarto, dentro de la Zona Norte de Costa Rica.

Horas después, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) rodearon una vivienda en La Virgen de Sarapiquí donde, según las autoridades, podrían esconderse los responsables.

El hallazgo de marihuana y cocaína en esa casa reforzó la hipótesis de que el crimen tiene un trasfondo vinculado al narcotráfico, según informó CR Hoy, sitio de noticias costarricense.

La persecución terminó en una vivienda con droga

De acuerdo con el medio, oficiales que patrullaban la zona recibieron temprano en la mañana un aviso sobre dos sujetos vestidos de negro que circulaban en motocicleta y que podrían estar relacionados con el homicidio.

Minutos más tarde, la policía ubicó una moto cuyos ocupantes coincidían con esa descripción. Cuando los agentes intentaron detenerlos, los sospechosos ignoraron la orden y huyeron hasta ingresar a una vivienda.

Los dos hombres escaparon por la parte trasera de la propiedad hacia una zona de potreros. CR Hoy precisó que los oficiales percibieron un fuerte olor a marihuana y observaron paquetes con apariencia de esa droga y de cocaína dentro del inmueble.

La Fiscalía ordenó mantener la custodia de la vivienda mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y una orden judicial para el allanamiento. La PCD sumó agentes y una unidad canina especializada al operativo.

La cercanía entre ambos puntos alimenta las sospechas: la casa vigilada está a apenas 15 o 20 minutos en moto por carretera del sitio donde ocurrió el ataque armado, según el medio.

Las víctimas del ataque en Pueblo Nuevo de Santa Rita

El reporte preliminar del OIJ, citado por CR Hoy, señala que los atacantes pasaron en motocicleta y dispararon de forma indiscriminada contra la vivienda donde se encontraban las víctimas. La agresión se presume como un atentado o una disputa entre células criminales.

Los fallecidos fueron identificados como una mujer de apellido Dávila, alias “Reina”, de 47 años; su padre, de 65 años; y un tercer hombre de apellido Salazar, de 31 años. Los tres recibieron varios impactos de bala y ya estaban sin vida cuando llegó la Cruz Roja.

Un cuarto hombre, de apellido Solano y de 31 años, sobrevivió al ataque y fue trasladado a un centro hospitalario. La Fiscalía, el OIJ y otros cuerpos policiales continúan las labores para esclarecer el caso.

Costa Rica suma 590 homicidios en lo que va de 2026

El episodio se produce en un país donde el crimen ligado a las drogas concentra la mayoría de las muertes violentas. Según el balance que presentó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y que recogió Infobae, Costa Rica contabiliza 590 homicidios en lo que va del año, 43 menos que en el mismo período de 2025.

El Gobierno costarricense atribuyó parte de esa violencia a una disputa entre organizaciones criminales que buscan recuperar territorio y controlar estructuras narco, sobre todo tras la detención de varios de sus líderes. “Esto es una lucha de grupos de poder”, manifestó Campos, con base en información de inteligencia del DIIC y de la Policía Penitenciaria.

El propio funcionario detalló que 416 de las víctimas registradas este año tenían antecedentes penales y que 16 personas murieron durante intervenciones en las que ciudadanos o policías repelieron ataques.

Tendencia a la baja con células activas en la Zona Norte

Pese al descenso reciente, la violencia narco sigue marcando el mapa de riesgo del país. Datos del OIJ divulgados por Reuters, agencia internacional de noticias, muestran que los homicidios cayeron 14% durante el primer semestre respecto al mismo período de 2025, aunque provincias como Cartago, Puntarenas y Limón registraron aumentos.

La violencia persiste en zonas como Sarapiquí porque la salida de capos históricos dejó disputas abiertas por el control territorial entre bandas rivales, un patrón que las autoridades costarricenses vinculan a la mayoría de los ajustes de cuentas del país.

Esa misma región de Sarapiquí fue escenario, en julio, de la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el narcotraficante más buscado de Costa Rica durante una década y señalado por más de 150 homicidios,

según la BBC, cadena pública británica. Su organización, dedicada al narcotráfico y al sicariato, había logrado expandirse hacia al menos siete regiones del país, entre ellas la propia Zona Norte donde ahora se investiga el triple homicidio de Río Cuarto.

México registró más de 450 multihomicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, según un conteo del semanario ZETA que documentó los hechos en 12 estados del país. Los ataques masivos derivaron de disputas territoriales entre estructuras del crimen organizado y de confrontaciones directas contra autoridades de los tres niveles de gobierno.

El fenómeno se desarrolló durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, un periodo en el que las autoridades federales anunciaron de manera constante la reducción de los delitos violentos en el territorio nacional. Los datos recopilados por el semanario evidenciaron una concentración de episodios mortales en regiones específicas donde operan cárteles y células delictivas.

Guanajuato, Sinaloa y Michoacán encabezan la lista de multihomicidios

Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tabasco, el Estado de México, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, Veracruz y Jalisco concentraron la mayor densidad de eventos violentos durante el periodo analizado. Campeche, Coahuila, Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí y Quintana Roo, en contraste, registraron la menor cantidad de episodios multihomicidas en los 24 meses revisados.

La violencia en las zonas de mayor incidencia se originó en disputas territoriales entre organizaciones armadas por el control de corredores de transporte, plazas de distribución de estupefacientes y la extracción ilegal de recursos naturales. En Sinaloa, la fractura interna del Cártel de Sinaloa (CDS) enfrentó a la facción de Los Chapitos contra la de La Mayiza y detonó buena parte de los ataques masivos registrados en la entidad.

Las agresiones masivas registradas en el país respondieron principalmente a la disputa entre cárteles por el control de corredores de transporte, plazas de narcomenudeo y recursos naturales en 12 estados. El conflicto también incluyó enfrentamientos directos entre estas organizaciones y fuerzas de seguridad federales y estatales desplegadas en las zonas de mayor violencia.

En la región del Bajío, integrada principalmente por Guanajuato y zonas limítrofes de Querétaro, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) mantuvo una confrontación constante contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el dominio de vialidades y expendios de bebidas. En Michoacán, el CJNG combatió contra células regionales agrupadas en Los Viagras y el Cártel de Los Reyes, y extendió sus ataques contra mandos y patrullas de las fuerzas de seguridad pública.

En Guerrero, las agrupaciones Los Tlacos y Los Ardillos protagonizaron choques violentos por el asedio a poblados rurales de la Montaña Alta. En Tabasco, células del CJNG se enfrentaron al grupo local La Barredora en zonas urbanas y establecimientos nocturnos de la entidad.

En la frontera sur de Chiapas, el Cártel de Sinaloa y el CJNG disputaron rutas de paso en municipios agrícolas y ejidales. En la Ciudad de México, la violencia homicida respondió a operaciones de La Unión Tepito y de bandas dedicadas a la extorsión y el narcomenudeo, mientras que en Veracruz, Tamaulipas y Sonora se reportaron incursiones violentas del Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste.

La masacre del 22 de febrero de 2026 tras el abatimiento de El Mencho fue la más letal

El episodio de mayor letalidad registrado en el periodo ocurrió el 22 de febrero de 2026 en los estados de Jalisco y Michoacán, tras el operativo de abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del CJNG. Las acciones armadas iniciaron en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a diversas zonas de ambas entidades.

El saldo total del hecho ascendió a 88 personas muertas, entre ellas 42 integrantes de fuerzas de seguridad y 46 miembros abatidos de la organización criminal, además de un civil ajeno a los hechos. Entre las víctimas de las corporaciones se contabilizaron 25 elementos de la Guardia Nacional, 15 policías de Michoacán, un agente de la Fiscalía de Jalisco y un custodio penitenciario.

En el poblado El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, las autoridades desenterraron 14 cuerpos de una fosa clandestina el 5 de febrero de 2026. Entre los fallecidos identificaron a nueve de los 10 trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., privados de la libertad en enero previo.

El 24 de junio de 2025, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, 12 personas murieron y 20 resultaron heridas por disparos de arma larga durante las festividades de la Natividad de San Juan Bautista. Las autoridades atribuyeron la agresión a la confrontación entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG.

Cinco eventos violentos adicionales registraron un saldo individual de 11 personas fallecidas cada uno. El 12 de septiembre de 2024, en Huajicori, Nayarit, 11 jóvenes con indumentaria táctica murieron en un enfrentamiento entre el CJNG y La Mayiza, mientras que el 20 de septiembre siguiente, en Ojinaga, Chihuahua, 11 cuerpos con marcas de violencia física aparecieron cerca de instalaciones eléctricas.

El 7 de noviembre de 2024, en Chilpancingo, Guerrero, 11 integrantes de una familia, entre ellos cuatro menores de edad y dos mujeres, aparecieron sin vida dentro de una camioneta en el Bulevar Vicente Guerrero. El 8 de abril de 2025, en Tecoanapa, Guerrero, otras 11 personas perdieron la vida en un ataque armado que incluyó el incendio de vehículos.

El 25 de enero de 2026, en Salamanca, Guanajuato, 11 personas fallecieron y 12 resultaron heridas en una cancha de fútbol de la colonia Loma de Flores tras recibir más de 100 disparos. El hecho se sumó a la lista de agresiones con saldo de 11 víctimas registradas en el periodo.

Otros cinco episodios sumaron 10 víctimas mortales cada uno en distintas entidades del país. El 9 de noviembre de 2024, un ataque contra un presunto líder del CJNG en el bar Los Cantaritos, en la ciudad de Querétaro, dejó 10 personas muertas y 13 heridas.

En enero de 2025, un enfrentamiento entre cárteles en la sierra de Chicomuselo, Chiapas, provocó más de 10 fallecimientos, y el 17 de mayo de 2026, en Tehuitzingo, Puebla, 10 integrantes de una familia, incluida una bebé de un mes, fueron ejecutados en un rancho de la localidad de Texcalapa. El 18 de julio de 2026, 10 personas murieron suspendidas en puentes y sitios públicos de Pánuco, Morelos, y de Saín Alto, Zacatecas.

El 21 de julio de 2026, las autoridades localizaron de manera simultánea 10 cuerpos con signos de violencia, principalmente colgados, en diversos municipios de Zacatecas. El hallazgo cerró la lista de los episodios con mayor número de víctimas documentados por el semanario en el periodo de 24 meses.

Tijuana y Ensenada concentran los multihomicidios registrados en Baja California

En el estado de Baja California, los ataques mortales se concentraron en sectores urbanos y periurbanos de los municipios de Tijuana y Ensenada entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. El primer hecho documentado en la entidad ocurrió el 22 de septiembre de 2025 en Tijuana, cuando elementos policiales hallaron tres hombres sin vida en un paraje desértico junto al Bulevar 2000.

Las periciales determinaron que las víctimas recibieron impactos de arma de fuego en un contexto de disputas entre células locales por la venta al menudeo de drogas y el control de accesos hacia la frontera con Estados Unidos. Dos meses después, en noviembre de 2025, un grupo armado ingresó a una vivienda del fraccionamiento Playas de Tijuana y disparó contra los ocupantes, con un saldo de cuatro personas muertas y dos heridas.

El 18 de marzo de 2026, en la delegación de Maneadero, del municipio de Ensenada, cuatro personas murieron a balazos en un terreno rústico cercano a dos planteles de educación básica. Las carpetas de investigación señalaron como posible causa un desacuerdo legal vinculado con la propiedad del terreno donde ocurrieron los hechos.

En abril de 2026, la violencia volvió a Tijuana dentro de una frutería de la colonia Castillo, donde tres personas murieron atacadas de forma directa con arma de fuego. Los informes de las corporaciones de seguridad atribuyeron el atentado a la rivalidad entre células armadas por el dominio de calles para el expendio de drogas.

El 17 de agosto de 2026, en las inmediaciones del Estadio Caliente, en Tijuana, aparecieron los cuerpos de cuatro personas ejecutadas a bordo de vehículos en un lapso de ocho horas. Un quinto cuerpo apareció al día siguiente dentro de otro automóvil, y el 20 de agosto un sexto hombre fue asesinado dentro de una camioneta en el mismo cuadrante.

Las líneas de investigación iniciales vincularon estos crímenes con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control de actividades ilícitas en la frontera. A escala nacional, el semanario documentó además la colocación de minas terrestres en caminos de Michoacán, el uso de explosivos lanzados con drones en Guerrero y la detonación de coches bomba contra corporaciones policiales.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales como la Fuerza Civil de Nuevo León para contener la violencia. La persistencia de ataques contra trabajadores agrícolas, mineros y comunidades indígenas evidenció, según la publicación, la insuficiencia de los esquemas locales de prevención frente al conflicto territorial.

La violencia y la inseguridad delictiva obligaron a integrantes de 510 mil hogares en México a abandonar su lugar de residencia y mudarse a otro punto del país durante los últimos cinco años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estos hogares estaban integrados, en conjunto, por 1.6 millones de personas, una cifra que da cuenta del impacto familiar y comunitario del desplazamiento forzado interno. El dato no significa necesariamente que las 1.6 millones de personas hayan sido desplazadas directamente, sino que vivían en hogares donde al menos una persona tuvo que salir de su comunidad, ciudad o entidad por causas relacionadas con la violencia o la inseguridad.

La medición, presentada por el INEGI como parte de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, representa un avance relevante porque es la primera vez que este ejercicio estadístico incorpora una pregunta específica para identificar a los hogares afectados por el desplazamiento forzado interno.

El fenómeno también tuvo otra vertiente: 152 mil hogares, conformados por 486 mil personas, registraron al menos un integrante obligado a cambiar de residencia a causa de desastres naturales o de origen humano.

Guerrero, Morelos y Baja California Sur, con las mayores proporciones

El desplazamiento forzado interno ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar su hogar, pero permanecen dentro del territorio nacional. A diferencia de la migración internacional, en este caso no se cruza una frontera; sin embargo, la salida tampoco responde necesariamente a una decisión voluntaria vinculada con empleo, estudios o reunificación familiar.

El desplazamiento forzado no se distribuyó de manera uniforme en el país. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, las mayores proporciones de población que experimentó desplazamiento forzado —ya fuera por inseguridad, violencia, desastres naturales o eventos de origen humano— se registraron en Guerrero, con 3.4%; Morelos y Baja California Sur, con 2.4% cada uno.

Después se ubicaron Colima, con 2.3%; así como Zacatecas y Querétaro, con 2.2% en ambos casos.

La medición estatal publicada por el INEGI agrupa las causas de desplazamiento, por lo que no permite separar en esos porcentajes qué proporción corresponde exclusivamente a violencia e inseguridad y cuál a desastres. Aun así, el resultado confirma que el fenómeno tiene expresiones diferenciadas según el territorio y que responde a contextos distintos de riesgo.

En el extremo contrario, las menores proporciones se registraron en Coahuila, con 0.8%, y en Campeche, Oaxaca y Nuevo León, con 0.9% cada uno.

El desplazamiento aparece junto a otras señales de vulnerabilidad

El desplazamiento forzado no se limita a un cambio de domicilio. Para las personas afectadas, abandonar su lugar de residencia puede implicar dejar un empleo, cerrar un negocio, interrumpir estudios, perder cosechas o animales, desprenderse de pertenencias y alejarse de familiares, amistades y comunidades de apoyo.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 se publican en un contexto nacional marcado por contrastes sociales. México alcanzó una población estimada de 130.9 millones de personas y registró 39.7 millones de viviendas particulares habitadas, 4.5 millones más que en 2020.

Pero junto con esos cambios demográficos, el estudio también identifica situaciones de vulnerabilidad en los hogares. Durante los tres meses previos a la entrevista, 6.5% de los hogares enfrentó alguna restricción en el acceso a la alimentación por falta de dinero o recursos.

Entre los hogares con personas adultas, 16% reportó una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos; 11.5% señaló que alguien comió menos de lo que consideraba necesario, y 7.1% indicó que alguna persona dejó de desayunar, comer o cenar por falta de recursos.

Estas condiciones pueden agravar la situación de las familias desplazadas, especialmente cuando deben instalarse en otra ciudad o comunidad sin un empleo estable, sin vivienda propia o sin una red cercana que les brinde apoyo.

Una medición inédita

Para la Encuesta Intercensal 2025, el INEGI identificó viviendas en las que al menos una persona residente fue forzada a cambiar de lugar de residencia dentro de México por dos grandes motivos: inseguridad delictiva o violencia, y desastres naturales o de origen humano.

El dato sobre los 510 mil hogares revela la magnitud de un problema que durante años ha sido documentado por organizaciones civiles, comunidades afectadas y autoridades locales, pero que no siempre había contado con una estimación estadística nacional obtenida mediante un levantamiento de esta escala.

La encuesta se realizó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con referencia al 15 de octubre de ese año. Para ello se aplicaron cuestionarios en una muestra de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas y participaron más de 44 mil entrevistadoras y entrevistadores.

La información fue proporcionada por personas mayores de 18 años que residían en las viviendas y conocían las características de sus integrantes. Por ello, los resultados permiten estimar la cantidad de hogares afectados y la población que residía en esos hogares.

Un hombre de 26 años fue detenido en el barrio Lomas de Los Cachorros, partido de Pilar, acusado de golpear y amenazar de muerte a su novia de 15 años.

El violento episodio fue denunciado por una vecina de 55 años, quien informó haber escuchado una discusión desde una casa ubicada junto a la suya. A partir de ese aviso, se realizó un operativo policial en la calle Los Amarilis al 2900.

La adolescente presentaba lesiones visibles y sangrantes cuando los efectivos ingresaron al domicilio y fue trasladada a un centro de salud local para recibir asistencia. Por su parte, el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría Pilar 7ª de manera inmediata, según el medio Pilar a Diario.

La causa fue caratulada como “aprehensión por violencia de género. Lesiones. Amenazas” y quedó bajo investigación judicial. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la joven ni sobre eventuales antecedentes vinculados con el acusado.

El caso se conoció en un contexto atravesado por otro grave episodio de violencia de género en Pilar. En un hecho distinto, Mónica Ligorria, de 49 años, murió luego de recibir un disparo en la cabeza mientras trabajaba en un puesto de venta de huevos sobre la autopista Panamericana. Su pareja quedó detenida.

Femicidio en Pilar

Mónica Ligorria, de 49 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras trabajaba en un puesto de venta de huevos ubicado sobre la autopista Panamericana. El femicidio ocurrió el lunes alrededor de las 14, a la altura del kilómetro 57, cerca del barrio El Panchito y del acceso al country Estancias del Pilar.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima se encontraba en su lugar de trabajo cuando el hombre llegó a bordo de una camioneta blanca. Ambos mantuvieron una discusión frente a otros comerciantes que estaban en la zona. En ese contexto, el sospechoso extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Ligorria.

Luego del ataque, la mujer fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar. Ingresó en estado crítico debido a la gravedad de la herida. Murió cerca de las 20:00, luego de varias horas de atención médica.

Tras dispararle a su pareja, el sospechoso de 57 años identificado como H.A.A., volvió a subir a la camioneta y escapó por la Panamericana en dirección a Campana. Según la reconstrucción, detuvo el vehículo, descendió y se disparó en la cabeza, presuntamente con la misma arma utilizada en el ataque.

Sin embargo, el impacto no le provocó la muerte. El acusado fue trasladado al hospital municipal de Campana. H.A.A. quedó bajo custodia policial.

La muerte de Ligorria derivó en la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género de Pilar, que quedó a cargo de la investigación. También interviene el Juzgado de Garantías N° 7 del departamento judicial correspondiente.

El homicidio ocurrió en un sector de la Panamericana donde hay puestos de venta y circulación constante de vehículos. La presencia de comerciantes en las inmediaciones permitió a los investigadores reunir testimonios sobre la secuencia previa a los disparos.

Los investigadores secuestraron el arma hallada junto al vehículo. La Policía Científica deberá analizarla junto con otros elementos de prueba para establecer su vinculación con el ataque y aportar precisiones a la causa judicial.

Ambos episodios son investigados de manera independiente y corresponden a situaciones diferentes. En Lomas de Los Cachorros, la causa se centra en la agresión contra una adolescente y las amenazas que habría sufrido dentro de una vivienda. En el caso de Ligorria, la Justicia investiga un femicidio cometido en un espacio de trabajo y busca establecer si existieron episodios previos de violencia de género.

Autoridades del Estado de México localizaron restos humanos dentro de bolsas negras que permanecían al interior de un Chevrolet Chevy gris, abandonado sobre la calle Arrecife, en la colonia Alborada de Jaltenco. Las primeras indagatorias señalan que los restos serían de al menos cuatro personas y que dos de ellas podrían ser Brayan Felisiano y Leonardo Augusto, de 17 y 21 años, reportados como desaparecidos en Nextlalpan.

Los vecinos reportaron el automóvil la noche del lunes 21 de septiembre porque permaneció varias horas estacionado en la zona. Los policías municipales y estatales revisaron la unidad tras detectar un líquido rojizo que escurría del vehículo y acordonaron el lugar para permitir las diligencias periciales.

Peritos de la FGJEM confirmaron al menos cuatro cuerpos desmembrados en el Chevy gris

Tras el acordonamiento de la calle Arrecife, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento de las bolsas, mientras los especialistas forenses confirmaron que los paquetes contenían los restos desmembrados de al menos cuatro personas.

El personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó los restos al Centro de Justicia correspondiente para la realización de los estudios forenses de ley. La FGJEM abrió carpetas de investigación bajo protocolos de alto impacto para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Los peritos recolectaron huellas, indicios y elementos balísticos en el sitio para reconstruir la mecánica del doble homicidio. El vehículo fue trasladado junto con las evidencias hacia las instalaciones ministeriales para continuar con las diligencias.

Brayan Felisiano y Leonardo Augusto desaparecieron el sábado 19 de septiembre en Nextlalpan

Los reportes policíacos identificaron a dos de las víctimas como Brayan Felisiano, de 17 años, y Leonardo Augusto, de 21, ambos con reporte de desaparición activo desde el sábado 19 de septiembre. Fueron vistos por última vez en calles del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Nextlalpan, ubicado en la zona norte del Estado de México.

La FGJEM y la Comisión de Búsqueda del Estado de México (Cobupem) emitieron fichas de localización con las características y señales particulares de los dos jóvenes. Los familiares difundieron esas fichas en la zona norte de la entidad antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo.

De acuerdo con las investigaciones, el reporte de desaparición de Brayan se registró el 18 de septiembre y el de Leonardo un día después. La confirmación oficial de su identidad quedó pendiente de los resultados de los estudios forenses.

La FGJEM informó que los trabajos periciales y de medicina forense continúan para identificar a las otras víctimas cuyos restos fueron hallados en el mismo vehículo. Las autoridades no descartaron que los demás cuerpos también correspondan a personas con reportes de desaparición activos en la región.

Un segundo hallazgo en Otumba ocurrió horas después, con menos de 12 horas de diferencia

Horas más tarde, durante la mañana del martes 22 de septiembre, autoridades localizaron dos hombres sin vida al interior de un Chevrolet Aveo con placas PAE-876-B, estacionado sobre la calle Torres Adalid, en la zona centro de Otumba. El vehículo se encontraba a pocas calles del Palacio Municipal de ese municipio.

Según datos de medios locales, los reportes preliminares señalan que las víctimas son dos jóvenes de entre 18 y 20 años, y se investiga si corresponden a personas cuya desaparición fue reportada un día antes. Los dos casos —Jaltenco y Otumba— quedaron bajo investigación de la FGJEM con menos de 12 horas de diferencia entre sí.

Policías municipales de Otumba acordonaron el perímetro de la calle Torres Adalid y esperaron la llegada del personal pericial de la Fiscalía para el inicio de las diligencias ministeriales. Las autoridades no establecieron de manera oficial un vínculo entre ambos hallazgos, aunque los investigan en paralelo.

El Estado de México registra 35.9% menos homicidios en 2026, pero mantiene altos índices históricos

Los dos hallazgos ocurren en un contexto en el que el Estado de México acumula 620 asesinatos en lo que va del año, según datos citados por Milenio: 574 de esos homicidios se cometieron con arma de fuego, seis con objeto cortopunzante y 40 con otro tipo de elemento.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que entre enero y agosto de 2026 los homicidios dolosos disminuyeron 35.9% frente al mismo periodo de 2025, y que los delitos de alto impacto registraron una baja de 27%. La Zona Oriente de la entidad, que abarca 15 municipios bajo el esquema del Mando Unificado, reportó una caída de 37% en homicidios dolosos y de 53% en robo de vehículos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 2025 cerró con el menor número de homicidios de los últimos 15 años en la entidad. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que ese año el promedio diario de víctimas de homicidio doloso fue de 4.2 casos, lo que colocó al Estado de México en el quinto lugar nacional, cuando en 2024 ocupaba el tercer lugar.

A pesar de la tendencia a la baja, municipios del norte del Estado de México —como Jaltenco y Nextlalpan— mantienen registros de violencia que las autoridades vinculan con disputas entre grupos delictivos por el control territorial. El hallazgo de la calle Arrecife se suma a una serie de casos en los que víctimas de desaparición forzada son localizadas desmembradas y abandonadas en vehículos en distintos municipios de la entidad.

Un comando armado mató a siete personas en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en una cadena de ataques que se extendió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2026. Los hechos dejaron además al menos siete heridos y provocaron la activación de un operativo con 20 agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer ataque y el más letal tuvo lugar la tarde del domingo 20 en la comunidad de Duranes de Arriba, junto al campo de béisbol y la escuela primaria Gabriela Mistral. Varios hombres armados llegaron al lugar en distintos vehículos pasadas las 16:30 horas y dispararon contra personas que participaban en un convivio dominical.

Tres muertos y cinco heridos en el campo de béisbol de Duranes de Arriba

La FGE confirmó la muerte de tres hombres identificados de manera preliminar como Candelario “N”, Reyes “N” y José Luis “N”. Otros cinco hombres resultaron heridos por proyectil de arma de fuego; sus familiares los trasladaron a instituciones de salud por sus propios medios.

Agentes de investigación y médicos peritos acudieron posteriormente a las unidades hospitalarias para identificar a los lesionados y recabar sus testimonios. Con ello, la FGE abrió carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y lesiones.

En la escena del crimen, los peritos recuperaron indicios balísticos de diversos calibres y lograron obtener imágenes de un circuito de videovigilancia. Los elementos de seguridad locales y federales realizaron un operativo en caminos vecinales en busca de los responsables, quienes se dieron a la fuga.

La misma mañana del domingo, antes del ataque en el campo de béisbol, habitantes de la comunidad La Tejonera reportaron al Sistema de Emergencias 911 la presencia de tres hombres inmóviles a un costado de un camino rural. Los paramédicos confirmaron que los tres ya no tenían signos vitales por la gravedad de las lesiones causadas por arma de fuego, según documentó Periódico AM.

La identidad de los tres hombres de La Tejonera sigue sin determinarse

Ninguna de las tres víctimas del hallazgo en La Tejonera fue identificada de manera oficial hasta el cierre de esta nota. Sus cuerpos presentaban señales de violencia y fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la capital del estado, de acuerdo con Latinus.

El último homicidio del municipio en ese periodo se registró la tarde del lunes 21 de septiembre en la comunidad de Bellavista. La víctima fue identificada como Iván “N”, un hombre que recién había salido del Centro de Reinserción Social (CERESO) MIL y fue ejecutado a balazos, según informó Latinus.

Un ataque en la calle Obregón dejó heridos y cinco personas encerradas en una casa en llamas

En horas de la tarde del lunes, un comando entró a un domicilio de la calle Obregón, en la zona centro de Valle de Santiago, y disparó contra un hombre y una mujer. Los agresores encerraron además a cinco personas en una habitación y le prendieron fuego a la vivienda antes de huir.

Los bomberos liberaron a las cinco personas atrapadas en el incendio. El ataque dejó siete hospitalizados en total: dos con heridas de bala y cinco con intoxicación por inhalación de humo. Las autoridades confirmaron que las víctimas respondían de manera favorable al tratamiento y que su vida ya no corría riesgo.

Los 20 agentes de Investigación Criminal desplegados por la FGE trabajan para determinar si los distintos ataques están relacionados entre sí. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por ninguno de los hechos registrados en Valle de Santiago durante ese periodo, según Periódico AM.

La violencia de septiembre en el municipio ya superó la de agosto completo. El Ejecutómetro de Periódico AM registró nueve homicidios dolosos en Valle de Santiago durante agosto y 10 en los primeros 21 días de septiembre, con lo que el municipio quedó entre los cinco con mayor incidencia en el estado, detrás de León, Irapuato, Salamanca y Silao.

La baja histórica en Guanajuato contrasta con el repunte local en Valle de Santiago

El contexto estatal muestra una tendencia opuesta a la del municipio. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló el 18 de septiembre, durante una conferencia matutina en Irapuato, una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato en casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La funcionaria federal Marcela Figueroa Franco precisó que la reducción acumulada desde el pico de febrero de 2025 —cuando el promedio llegó a 12,7 homicidios diarios— hasta agosto de 2026 es de 75%. El dato preliminar de 2026 ubica el promedio estatal en 4 homicidios diarios, y si esa tendencia se sostiene, el año cerrará como el menos violento de los últimos ocho en la entidad.

Entre octubre de 2024 y el 15 de febrero de 2026 se detuvieron 4.400 personas por delitos de alto impacto en Guanajuato y se aseguraron 6.400 armas de fuego. Sheinbaum atribuyó esos resultados a un esquema de doble intervención: atención a las causas estructurales de la violencia y detenciones ejecutadas por la FGE y la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria reconoció ante los medios presentes en la XII Región Militar que la alianza con García Muñoz Ledo trasciende la militancia partidista —Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente—. “Realmente, ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo”.

La Guardia Nacional no tiene capacidad para cubrir todos los espacios públicos del país

Sheinbaum planteó que la solución al problema de la violencia en espacios públicos pasa por el fortalecimiento de las policías municipales y estatales. La mandataria delimitó las funciones de cada cuerpo: la Guardia Nacional (GN) —con 120 mil elementos— vigila carreteras y apoya en investigación, mientras que las policías locales tienen a su cargo la prevención en los espacios de convivencia cotidiana.

La gobernadora García Muñoz Ledo señaló que la FGE cuenta con líneas de investigación relacionadas con los ataques y ejecuciones registrados en Valle de Santiago. Las autoridades estatales no descartaron que los hechos del fin de semana estén vinculados a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que operan en la región.

El municipio acumula 103 homicidios dolosos en lo que va de 2026, con julio como el mes más violento del año, con 19 casos. El mes de mayo y el de junio registraron los índices más bajos del año, con seis homicidios cada uno.

La serie de ataques en Valle de Santiago se suma a una escalada de violencia documentada a lo largo de todo septiembre en el municipio. Entre el 5 y el 15 del mes, Periódico AM registró al menos cuatro ataques armados distintos en colonias como Ranchos Unidos, Gervasio Mendoza y Zapotillo de Mogotes, con un saldo acumulado de seis muertos antes de los hechos del fin de semana.

Las fiscalías superiores de adolescentes recibieron 3,514 denuncias por hechos delictivos ocurridos entre enero y agosto de 2026, un aumento de 20.5% frente a las 2,916 registradas durante igual periodo de 2025. La diferencia representa 598 reportes adicionales, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Los delitos contra la libertad e integridad sexual continuaron encabezando el informe, con 1,209 denuncias, 65 más que las 1,144 contabilizadas en 2025. Aunque el incremento fue de 5.7%, esta categoría concentró el 34.4% de todos los hechos reportados durante los primeros ocho meses del año.

El mayor salto se produjo en los delitos contra la vida y la integridad personal, que aumentaron 54.2%, al pasar de 480 a 740 denuncias. Los casos contra el orden jurídico familiar y el estado civil subieron de 226 a 344, lo que representa un crecimiento de 52.2%.

También aumentaron los delitos contra el patrimonio económico, de 531 a 608, y aquellos relacionados con la seguridad colectiva, que avanzaron de 463 a 543. Las denuncias contra la libertad pasaron de 28 a 41, mientras los reportes contra la seguridad de los medios electrónicos permanecieron en cuatro.

En las categorías menos frecuentes, los delitos contra el orden económico subieron de dos a cinco; los relacionados con la administración de justicia aumentaron de seis a siete y los ambientales, de tres a cuatro. Hubo un caso contra la personalidad jurídica del Estado y ninguno contra la humanidad.

En contraste, los delitos contra la administración pública disminuyeron de 18 a uno. Los reportes contra el honor bajaron de cuatro a dos, mientras aquellos contra la fe pública retrocedieron de siete a cinco. Estas categorías pequeñas registran variaciones porcentuales pronunciadas ante cambios de pocos casos.

Todas las áreas geográficas reportaron aumentos. Panamá encabezó la estadística con 899 denuncias, seguida de Panamá Oeste con 591, Chiriquí con 536 y Bocas del Toro con 362. Luego aparecen Colón con 241, San Miguelito con 228, Veraguas con 215 y Coclé con 166.

Herrera sumó 112 denuncias, Los Santos 88 y Darién 76. Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual ocurrió en Veraguas, donde los registros aumentaron 66.7%, seguido de Bocas del Toro, con 36.1%; Colón, con 33.1%; y Panamá Oeste, con 26%.

La actividad judicial también se intensificó. Las fiscalías participaron en 5,761 audiencias, 21.2% más que las 4,755 efectuadas en 2025. Entre ellas hubo 1,461 ante jueces de cumplimiento, 653 innominadas, 631 de imputación, 429 de lectura de sentencia, 382 sobre medidas cautelares y 374 de acuerdos de pena.

Las medidas cautelares aplicadas bajaron de 776 a 368, una reducción de 52.6%. No obstante, la detención provisional aumentó ligeramente, de 192 a 198 casos, mientras las medidas diferentes al encarcelamiento cayeron de 584 a 170. Así, la prisión provisional representó 53.8% del total aplicado en 2026.

Las causas con salida definitiva aumentaron 8.5%, de 2,024 a 2,197. El principio de oportunidad encabezó los cierres, con 1,139 casos, seguido por 390 salidas mediante sentencia y 385 declinatorias administrativas. También se contabilizaron 82 conciliaciones, 66 sobreseimientos, 55 extinciones de la acción penal y 13 acumulaciones.

El número de sentencias por procedimiento pasó de 315 a 431: 360 se resolvieron mediante acuerdos de pena, 41 por procesos simplificados y 21 en juicios orales. Al medir los fallos por carpeta, el reporte registra 479 decisiones: 476 condenatorias y tres absolutorias, frente a 334 y diez, respectivamente, en 2025.

Los procedimientos alternos crecieron de 1,800 a 1,859. El principio de oportunidad reunió 1,138 aplicaciones; los acuerdos de pena sumaron 375, las conciliaciones 198 y las suspensiones condicionadas 118. Además, se reportaron 16 mediaciones y 14 desistimientos, categoría que no figuraba separadamente en el cuadro de 2025.

El panorama regional no es distinto al panameño. La OPS y Unicef advierten que América Latina y el Caribe mantiene un entorno crítico de violencia armada, desigualdad, crimen organizado y acceso a armas. Entre 2015 y 2022, unos 53,318 niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, contexto que eleva los riesgos de victimización y vinculación delictiva.

Frente a ese escenario, los organismos internacionales recomiendan combinar prevención temprana, entornos escolares seguros, apoyo familiar y control de armas. Para los adolescentes en conflicto con la ley, la privación de libertad debe ser excepcional, mientras se priorizan la rehabilitación, la reintegración y las soluciones restaurativas.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a dos hermanas señaladas preliminarmente como presuntas autoras intelectuales del asesinato de Ingrids Corina Fúnez Mendoza, ocurrido en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Las sospechosas, de 26 y 21 años, fueron localizadas por agentes en el barrio Las Brisas del mismo municipio. La DPI sostiene que ambas mujeres habrían participado en la planificación del ataque y que el homicidio fue motivado por un conflicto de carácter pasional originado meses atrás.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, la disputa estaría relacionada con los celos surgidos alrededor de la pareja sentimental de una de las detenidas, y ese conflicto habría derivado en un plan para acabar con la vida de Fúnez Mendoza.

La DPI plantea que las dos hermanas habrían coordinado el crimen y recurrido a otras personas para ejecutarlo. Bajo esa línea investigativa, las mujeres habrían tenido un papel en la planificación, mientras que otras dos personas estarían vinculadas directamente con la ejecución del ataque.

La responsabilidad penal de las detenidas deberá establecerse durante el proceso judicial correspondiente.

Presuntos celos

La investigación también condujo a la captura de dos jóvenes de 20 y 19 años, detenidos pocos minutos después del asesinato. La DPI los señala preliminarmente como los presuntos autores materiales del ataque. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento legal.

Según la versión policial, existiría una distribución de roles entre los cuatro sospechosos: las dos hermanas son investigadas por su presunta participación en la planificación, mientras que los dos jóvenes son señalados como quienes habrían ejecutado el ataque.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias que rodearon el asesinato y el grado de participación de cada uno de los capturados. La hipótesis del conflicto sentimental constituye, hasta el momento, una de las principales líneas investigativas de la DPI.

Las cuatro personas permanecen bajo disposición de las autoridades a la espera de que se defina su situación legal.

La investigación permanece abierta y las autoridades deberán continuar recopilando elementos que permitan establecer con precisión cómo se habría originado el supuesto conflicto, qué circunstancias rodearon el asesinato y cuál habría sido el nivel de participación de cada uno de los cuatro detenidos.

Las diligencias policiales también buscan fortalecer la evidencia que será presentada ante las instancias judiciales, donde corresponderá determinar si existen suficientes elementos para establecer responsabilidades individuales por los hechos ocurridos en Tocoa.

Mientras avanza el proceso, la hipótesis relacionada con un presunto conflicto sentimental se mantiene como una de las líneas principales de investigación, pero no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad.

Las autoridades judiciales serán las encargadas de valorar las pruebas, escuchar a las partes involucradas y resolver la situación jurídica de los sospechosos conforme avance el procedimiento.

Con las cuatro personas bajo disposición de las autoridades, el proceso entra ahora en una etapa clave, en la que los indicios recabados deberán ser contrastados con las pruebas y testimonios que permitan esclarecer de manera integral el asesinato de Ingrids Corina Fúnez Mendoza y llevar el caso ante la justicia.

El Gobierno de Costa Rica atribuyó parte de la violencia homicida que enfrenta el país a una disputa entre organizaciones criminales que buscan recuperar territorios y asumir el control de estructuras vinculadas al narcotráfico, especialmente después de las detenciones de personas identificadas como líderes de estas agrupaciones.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes 21 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, presentó un balance de la situación criminal y anunció nuevas acciones de coordinación policial, tanto nacionales como internacionales.

Según las cifras expuestas por el jerarca, Costa Rica contabiliza 590 homicidios en lo que va de 2026, lo que representa 43 asesinatos menos en comparación con el mismo período del año anterior.

Campos aseguró que, de las víctimas registradas, 416 tenían antecedentes. También indicó que 16 personas murieron durante intervenciones de ciudadanos o policías que, según su explicación, repelieron ataques.

“Hoy tenemos cuarenta y tres homicidios menos comparado con el periodo 2025”, señaló el ministro, aunque reconoció que la situación continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades.

El jerarca manifestó que durante la reunión de Fuerza Élite, celebrada previamente, los cuerpos policiales analizaron las recientes manifestaciones de violencia y las estrategias que consideran necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Nosotros como gobierno lamentamos y combatimos la violencia criminal, aun cuando sea producto de la misma rivalidad que hay entre estos grupos criminales”, expresó Campos.

El ministro también cuestionó la situación de las órdenes de captura pendientes y aseguró que el Poder Ejecutivo solicitó al Poder Judicial información sobre las personas requeridas por las autoridades.

Según explicó, la institución recibió únicamente una lista de 90 órdenes de captura, aunque los cuerpos policiales continuaron desarrollando acciones para localizar a otras personas.

“No nos quedamos de brazos cruzados y tenemos más de ciento veinticinco personas ya detenidas con orden de captura, aparte de esas noventa que nos dieron”, afirmó.

Campos sostuvo que disponer de información completa y actualizada permitiría coordinar operativos dirigidos a personas requeridas por la justicia.

186 víctimas de homicidio habían estado en prisión, según Justicia

Durante la misma conferencia, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, presentó información relacionada con las víctimas de homicidio que anteriormente habían estado privadas de libertad.

El jerarca indicó que 186 personas asesinadas durante el período analizado habían pasado por el sistema penitenciario costarricense, una cifra que utilizó para insistir en la necesidad de fortalecer las medidas judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.

“Esto se trata de una batalla entre miembros de bandas delincuenciales”, manifestó Aguilar, quien solicitó mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

El ministro sostuvo que algunas de estas muertes podrían haberse evitado mediante una mayor permanencia en prisión de personas vinculadas con organizaciones delictivas.

Gobierno atribuye violencia a disputa por el control de territorios

El ministro de Seguridad fue consultado sobre la posibilidad de que los recientes asesinatos respondieran a un exceso de droga almacenada en Costa Rica tras las detenciones y extradiciones de figuras vinculadas con el narcotráfico.

La pregunta hizo referencia a los casos de alias Diablo, Macho Coca y Pecho de Rata, así como a posibles cambios en las estructuras que anteriormente controlaban estas organizaciones.

Campos no confirmó que exista un excedente de droga como causa de los homicidios, pero explicó que la información recopilada por los servicios de inteligencia apunta hacia una reorganización de los grupos criminales.

“Aquí lo que nos ha dicho tanto la inteligencia que hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el personal nuestro de inteligencia del DIIC, y la inteligencia que nos da la Policía Penitenciaria, es que esto es una lucha de grupos de poder”, manifestó.

Según el jerarca, la salida de un dirigente de una organización criminal puede provocar que otros integrantes intenten asumir su posición o expandir su influencia sobre determinados territorios.

“Cuando usted elimina a un líder, otros quieren surgir, otros hacen competencia, otros quieren recuperar territorio, y eso es lo que estamos viendo”, explicó.

Las autoridades consideran que estas disputas forman parte de las dinámicas criminales detrás de algunos de los episodios de violencia registrados recientemente.

Costa Rica buscará fortalecer cooperación con Colombia

La conferencia también sirvió para explicar los objetivos del viaje oficial que la presidenta Laura Fernández realizará a Colombia, donde tiene previsto reunirse con su homólogo, Abelardo De La Espriella, para abordar temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.

El encuentro bilateral está programado para el 22 y 23 de septiembre en Barranquilla y contará con la participación de los ministros Gerald Campos y Gabriel Aguilar, el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez, y el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

Campos aseguró que uno de los principales objetivos de la visita será fortalecer el intercambio de información entre las autoridades policiales de ambos países.

“Lo que estamos buscando es una alianza de cooperación, de análisis de inteligencia, de compartir la información de los cuerpos policiales”, señaló.

El ministro evitó adelantar acuerdos específicos y explicó que será la mandataria quien comunique los resultados de las conversaciones con el Gobierno colombiano.

La visita constituye el primer viaje internacional de Fernández desde que asumió la Presidencia de Costa Rica en mayo de 2026.

Rene B. Lopez tenía 31 años y una condena de 29 por cumplir cuando fue asesinado por cinco compañeros de prisión en un ataque planificado.

El crimen ocurrió el jueves 18 de septiembre en Pelican Bay, en el norte de California, y reaviva el debate sobre la violencia interna en las cárceles del estado en un año donde los homicidios carcelarios ya duplican el ritmo de reducción que las autoridades esperaban consolidar.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) informó que los guardias hallaron a Lopez herido en su unidad habitacional alrededor de las 6 de la tarde.

Fue trasladado a la clínica del penal, donde murió una hora después. Cumplía condena por agresión con arma de fuego en el condado de Los Ángeles.

Dos asesinos convictos ejecutaron el ataque con armas improvisadas

Las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento en que Joseph W. Morales y Richard Garcia agredieron a Lopez con elementos fabricados dentro del penal. Ambos tienen condenas previas por homicidio.

Garcia, de 52 años, cumple cadena perpetua desde 1997 por los delitos de asesinato y agresión en el condado de San Luis Obispo.

Morales, de 40, fue condenado en 2019 por matar a un hombre en Woodcrest, una comunidad no incorporada al sur de Riverside.

El historial de Morales dentro del sistema penitenciario es extenso. Mientras aguardaba juicio en una cárcel del condado de Riverside, atacó con un cuchillo a otro interno con tanta fuerza que la punta del arma quedó incrustada en el cuerpo de la víctima, de acuerdo con un fallo del tribunal de apelaciones del estado. Ese hombre sobrevivió.

Tres reclusos más participaron del crimen, incluido uno que desechó las armas

El mismo registro dejó en evidencia que, tras el ataque, Morales y Garcia entregaron las armas a un tercer recluso: Estevan Saucedo, quien las arrojó a un cesto de basura.

Saucedo, de 30 años, purga cadena perpetua por el asesinato a tiros de un hombre en el barrio de Florence-Firestone, cerca de Huntington Park, en 2016, afirmó el CDCR.

Otros dos presos también fueron señalados como partícipes del crimen: Jose D. Rodriguez, de 28 años, y Freddie G. Sanchez, de 35. Las autoridades no precisaron cuál fue la función de cada uno en el hecho.

Rodriguez fue sentenciado el año pasado por un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles a 31 años de prisión por homicidio culposo e intento de asesinato.

Sanchez, en tanto, cumple cadena perpetua por agresión con arma de fuego, robo con allanamiento y disparos contra un vehículo ocupado.

El historial de Sanchez también incluye un ataque a otro recluso durante su encarcelamiento, lo que le sumó ocho años adicionales a su condena, según consta en registros del departamento.

El homicidio es el decimoséptimo en las cárceles de California en lo que va del año

La muerte de Lopez es el homicidio número 17 registrado en el sistema carcelario del estado en lo que va de 2026, según el registro oficial del CDCR. La cifra contrasta con los 30 homicidios registrados en el mismo período del año anterior.

El pico de violencia del año pasado llevó a las autoridades a tomar medidas de fuerza en la mayoría de las instalaciones del estado: se recortaron privilegios, se restringió la circulación de los internos y se intensificaron los operativos de requisa de armas y contrabando, de acuerdo con lo que informó el organismo.

El penal alberga a algunos de los reclusos considerados más peligrosos de California.

Un operativo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, terminó el domingo con un delincuente muerto y varias personas heridas, según la información difundida por las autoridades. La Policía Nacional continúa investigando el caso en medio de las medidas aplicadas para reducir los índices de violencia en las calles.

La persona fallecida fue identificada como Rolando Torres, conocido como “el Coco”. De acuerdo con los datos oficiales, recibió heridas de bala durante el incidente y fue trasladado al Hospital Municipal de Salcedo en la parte trasera de una patrulla policial. Los médicos confirmaron su muerte en el centro de salud.

Otras personas que resultaron lesionadas en el mismo hecho fueron llevadas al hospital junto con Torres. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre sus identidades, cuántas fueron ni cuál era su condición médica tras recibir atención o si estas estaban relacionadas con el delincuente.

La Policía realiza diligencias para reconstruir lo ocurrido

Tras el tiroteo, miembros de la Policía Nacional permanecieron en el sitio para efectuar el levantamiento de la escena y recopilar los elementos que podrían aportar datos sobre la secuencia del caso.

La versión difundida por las autoridades describe lo ocurrido como un presunto enfrentamiento. Sin embargo, no se conocieron informes sobre armas ocupadas, vehículos retenidos u otros elementos recogidos durante el operativo.

Las autoridades deberán determinar cómo comenzó el intercambio de disparos, quiénes participaron y en qué circunstancias resultaron heridas las personas que fueron trasladadas al Hospital Municipal de Salcedo.

El caso se produjo durante un fin de semana con otros operativos policiales en provincias del Cibao. El sábado, en Santiago, murió Cristofer Almonte Díaz, de 19 años, alias “Niño”, en otro presunto enfrentamiento con integrantes de la Dicrim.

Según la información oficial, Almonte Díaz era buscado por su presunta vinculación con el homicidio de Amaury Saviñón, conocido como “Maurito”, ocurrido el 14 de agosto en el sector Baracoa. Las autoridades también mantienen bajo investigación las circunstancias de ese hecho.

Los registros oficiales muestran una baja de homicidios en 2026

Las autoridades policiales han endurecido los controles en las calles para frenar el avance de la violencia que golpea el país caribeño. Los hechos ocurren mientras los datos oficiales reflejan una reducción de la tasa de homicidios en República Dominicana. La Fuerza de Tarea Conjunta informó que el indicador acumulado se ubicó en 7.39 homicidios por cada 100 mil habitantes al 4 de septiembre de 2026.

El dato está por debajo de los registros informados para el mismo período de los últimos cuatro años. La tasa acumulada fue de 8,74 en 2025, de 9,65 en 2024, de 11,49 en 2023 y de 13,20 en 2022.

La institución señaló que 28 territorios, equivalentes al 80% de las demarcaciones evaluadas, registraban tasas de homicidios inferiores a 10 por cada 100 mil habitantes. En la semana incluida en el informe se contabilizaron cinco homicidios, 34 personas heridas, 563 robos y 171 accidentes de tránsito.

Los registros son de carácter operativo y pueden modificarse cuando concluyan las investigaciones y los procesos de validación. La Policía Nacional no había divulgado nuevos detalles sobre la muerte de Torres ni sobre las demás personas heridas en Salcedo.

Los moretones, las quemaduras y los cortes sin una explicación clara pueden ser señales de violencia contra personas menores de edad, según advirtió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El investigador Roberto Pérez, de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, indicó a El Observador que los dolores recurrentes de cabeza o estómago sin una causa médica identificable también requieren atención.

Las personas adultas responsables deben observar lesiones inexplicables, malestares físicos frecuentes y transformaciones súbitas en la conducta de niños, niñas y adolescentes. Estos elementos pueden alertar sobre una posible situación de violencia o abuso sexual, aunque no permiten establecer por sí solos la existencia de un delito.

El aislamiento, la caída del rendimiento escolar y las alteraciones del sueño figuran entre los comportamientos que pueden acompañar estas situaciones. Pérez, quien acumula más de 25 años de experiencia en investigaciones de esta clase, también pidió prestar atención a conductas regresivas como volver a orinarse en la cama o chuparse el dedo, además de un miedo intenso a permanecer a solas.

“También pueden presentarse pesadillas frecuentes”, dijo Pérez a El Observador. El funcionario agregó que los cambios bruscos en la alimentación, la irritabilidad, la tristeza constante o el llanto sin una razón aparente pueden sumarse a los indicadores que deben motivar una consulta o una denuncia.

Algunos expedientes llegan a conocimiento de las autoridades tras las atenciones médicas realizadas en hospitales del país. Los servicios de salud pueden detectar lesiones o recibir revelaciones de las víctimas durante las consultas, por lo que las señales deben ser tomadas con seriedad por las familias, el personal educativo y otros adultos cercanos.

La CCSS atendió 1,485 casos de abuso sexual infantil en 2025

Los servicios de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendieron 1,485 casos de abuso sexual infantil durante 2025, un 11% más que las 1,337 atenciones registradas en 2024. Entre enero y el 2 de septiembre de 2026, la institución sumó otras 852 atenciones de personas menores de edad, de acuerdo con los datos entregados al Semanario Universidad.

Las cifras muestran que los centros médicos son una de las vías por las que posibles situaciones de abuso pueden ser identificadas y comunicadas a las autoridades. El registro de estas atenciones se conoció mientras el OIJ reforzó sus advertencias sobre los indicios físicos, emocionales y conductuales que pueden requerir intervención.

La recomendación de las instituciones incluye mantener espacios de diálogo con niños, niñas y adolescentes, prestar atención a sus cambios de comportamiento y acudir a los canales de orientación o denuncia cuando aparezcan señales de alarma. Pérez también pidió escuchar los relatos de posibles víctimas sin descalificarlos de inmediato.

El primer contacto con agresores puede ocurrir en videojuegos y redes sociales

Las investigaciones del OIJ detectaron casos en los que el primer acercamiento entre agresores y víctimas ocurrió a través de plataformas digitales y videojuegos en línea. En esos espacios puede producirse grooming, una práctica mediante la cual una persona adulta intenta ganarse la confianza de una persona menor de edad con fines sexuales.

El mecanismo puede incluir solicitudes de fotografías íntimas. Los agresores pueden utilizar luego ese material para extorsionar a las víctimas, exigir nuevos envíos o divulgar los archivos de forma ilícita, según explicó el investigador.

Pérez sostuvo ante el diario que la supervisión de la actividad digital de hijos e hijas debe ser permanente. La recomendación incluye conocer los sitios que visitan, los contenidos que consumen y los mensajes que reciben, con el objetivo de detectar contactos que puedan representar un riesgo.

“El acompañamiento parental y este control parental debe ser una máxima”, afirmó el investigador. Pérez advirtió que dejar sola a una persona menor de edad ante un contacto de esta naturaleza puede conducir a una situación más grave, como convertirse en víctima de un delito sexual.

A finales de 2025, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) publicó ¿Qué hacer ante el grooming?, una orientación sobre los riesgos de esta modalidad. Rodolfo Meneses López, abogado del PANI e integrante de la Comisión Interinstitucional contra el Grooming, señaló que la práctica puede derivar en abuso sexual, violación, corrupción y difusión, producción o tenencia de material de abuso sexual infantil.

“Es determinante que padres y madres conozcan los riesgos”, sostuvo Meneses López. El abogado pidió que los hogares mantengan acompañamiento digital y que las personas adolescentes consulten y denuncien en las líneas especializadas cuando enfrenten una situación sospechosa.

Cuatro personas fueron detenidas por material de abuso sexual infantil

Las autoridades detuvieron a cuatro personas a finales de agosto durante allanamientos vinculados con la tenencia, fabricación y difusión de material de abuso sexual infantil. Los operativos se realizaron en Guararí, Santo Domingo y San Pablo de Heredia, además de Pavón de Golfito.

Frente a la detección de un contacto sospechoso en Internet, Pérez recomendó denunciarlo ante el OIJ y bloquear a la persona, incluso si todavía no se produjo otro delito. El investigador insistió en que la comunicación frecuente entre las personas adultas y los menores de edad puede facilitar la detección temprana de situaciones de riesgo.

El PANI brinda orientación mediante la línea 1147 y el WhatsApp 8989-1147. El Ministerio de Educación Pública dispone de la línea Aquí Estoy en los números 2459-1598 y 2459-1599.

Las denuncias ante el OIJ pueden realizarse a través de la línea confidencial 800-800-645, el Sistema de Emergencias 9-1-1, el WhatsApp 8800-0645 o el teléfono 2295-3000 del Poder Judicial.

Dos ataques armados ocurridos en canchas de futbol de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 12 días de diferencia dejaron tres personas asesinadas y cinco heridas. Los hechos ocurrieron en las colonias Las Granjas y 27 de Febrero, donde entre las víctimas hay menores y adolescentes.

El caso más reciente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en Las Granjas. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas dispararon contra varias personas que se encontraban en el sitio; tres murieron y tres resultaron heridas, entre ellas un menor, de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por La Jornada. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó posteriormente sobre la detención de presuntos responsables.

La agresión ocurrió en un espacio utilizado para actividades deportivas y, según reportes periodísticos, el menor lesionado se encontraba participando en un torneo infantil. Se identificó al niño como un jugador de 11 años que se desempeñaba como portero y recibió un impacto de bala en la cabeza.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó inicialmente la detención de seis personas identificadas como Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”. De acuerdo con la dependencia, durante su captura habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que el número de detenidos relacionados con el caso había aumentado a 13.

Las autoridades no han establecido públicamente el móvil de la agresión. Tampoco han informado que la cancha, el torneo o los jugadores fueran el objetivo del ataque. Testimonios citados por La Jornada ofrecieron versiones distintas sobre la ubicación de las personas contra las que se realizaron los disparos, por lo que la investigación deberá determinar las circunstancias y el objetivo de la agresión.

Doce días antes, dos adolescentes fueron baleados

El primer episodio ocurrió el 6 de septiembre en una cancha de la colonia 27 de Febrero. Dos adolescentes, de 14 y 19 años, fueron atacados a tiros mientras se encontraban en el lugar.

El joven de 14 años recibió cuatro impactos de bala y fue localizado en un área de pastizal; su estado fue reportado como crítico. El de 19 años recibió un disparo en el abdomen. Testigos señalaron que los agresores llegaron a bordo de una motocicleta, dispararon y escaparon del lugar. Las familias de ambos jóvenes dijeron desconocer el motivo de la agresión.

En ese caso tampoco se estableció públicamente que el ataque estuviera relacionado con la actividad deportiva. La coincidencia con el episodio de Las Granjas está en que ambos ocurrieron en espacios utilizados para jugar futbol y que en los reportes sobre los dos hechos aparecen motocicletas, pero no existe información que permita atribuirlos a los mismos responsables.

La violencia armada alcanza espacios deportivos

Los dos hechos permiten documentar la presencia de violencia armada en espacios deportivos de la capital chiapaneca. Hasta el cierre de esta nota informativa, en Las Granjas todavía no se ha informado de manera oficial cuál fue el móvil ni quiénes eran exactamente los objetivos de los disparos.

La presencia de menores entre las víctimas sí muestra el riesgo que representa una agresión armada en espacios donde se concentran niños, adolescentes y familias. En el caso del 18 de septiembre, además, existe una versión periodística que ubica al menor lesionado como participante de un torneo infantil.

Hasta ahora tampoco existe una relación acreditada entre los dos episodios. La similitud en el uso de motocicletas constituye un elemento coincidente de las narraciones sobre ambos hechos, pero no permite determinar que hayan sido ejecutados por la misma célula o dentro de una misma disputa criminal.

Las Granjas arrastra antecedentes de violencia

El ataque del 18 de septiembre ocurrió en Las Granjas, una colonia de Tuxtla Gutiérrez que ha registrado otros episodios violentos durante los últimos años.

Aristegui Noticias ha documentado que Las Granjas y Patria Nueva han concentrado distintos hechos relacionados con violencia criminal y recordó episodios anteriores en los que también hubo menores entre las víctimas. La zona ha aparecido además en reportes sobre disputas entre grupos delictivos que operan en Chiapas.

En abril de 2026, por ejemplo, un enfrentamiento registrado en la colonia Xamaipac involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y presuntos integrantes de un grupo criminal. Un vehículo utilizado durante la huida fue localizado posteriormente en Las Granjas.

Ese antecedente sirve para ubicar el contexto de seguridad de la colonia, pero no permite vincularlo de manera directa con el ataque ocurrido en la cancha ni establecer que las dos agresiones de septiembre formen parte de una misma disputa.

CJNG y Cártel de Chiapas y Guatemala tienen presencia documentada en Tuxtla

El contexto criminal de Tuxtla Gutiérrez incluye la presencia documentada de al menos dos organizaciones. En agosto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que dos personas detenidas en la colonia Las Granjas por delitos contra la salud manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia aseguró 47 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Un mes antes, la misma corporación reportó la detención de Rudy “N” en el barrio San Francisco, a quien identificó como presunto integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala. En su poder fueron aseguradas dosis de presunta metanfetamina y marihuana.

El Cártel de Sinaloa también tiene actividad documentada en la entidad. En junio, la Secretaría de Marina detuvo a Rigoberto “N”, señalado como líder de esa organización en Chiapas, durante un operativo realizado en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. El hecho acredita actividad del grupo en el estado y en el corredor carretero, pero no permite afirmar que mantenga el mismo nivel de presencia dentro de la capital.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha identificado a esas tres organizaciones —Cártel de Sinaloa, Cártel de Chiapas y Guatemala y CJNG— como grupos que han participado en disputas territoriales en Chiapas. Sus declaraciones se refieren al contexto estatal, particularmente a regiones de la frontera y la Sierra, por lo que no permiten atribuir a alguno de ellos los ataques registrados en las canchas de Tuxtla.

Chiapas reporta una reducción de homicidios

Los ataques ocurrieron pocos días después de que el Gobierno federal informara una reducción de 64 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas.

El 11 de septiembre, el Gobierno federal señaló que el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026. La cifra corresponde al comportamiento estatal y fue presentada como el promedio más bajo registrado en la entidad desde 2015.

Ese indicador corresponde al conjunto de Chiapas y no permite medir por sí mismo la incidencia de episodios específicos en Tuxtla Gutiérrez. Los dos casos registrados en septiembre muestran, en cambio, que persisten agresiones armadas localizadas capaces de alcanzar espacios de convivencia deportiva.

Las investigaciones de ambos hechos deberán determinar si existe alguna relación entre ellos, quiénes fueron los objetivos de las agresiones y cuáles fueron sus motivos.

Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado muerto este viernes 18 de septiembre luego de pasar 14 días en calidad de desaparecido en Xalapa.

La familia del joven, de 21 años de edad, reportó su desaparición el pasado 5 de septiembre y, dos semanas después, fue localizado sin vida. La confirmación del hecho fue realizado por la institución educativa mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del alumno.

Hernández Cayetano era alumno del programa de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Facultad de Estadística e Informática, y además tomaba clases de inglés y chino básico en el Centro de Idiomas Xalapa.

El joven salió de su casa sin celular y abordó un vehículo

Familiares y amigos del joven difundieron en redes sociales su ficha de búsqueda y detallaron que Hernández Cayetano salió de su domicilio, ubicado en la zona de Marina Nacional, la mañana del 5 de septiembre en un estado “alterado”.

Además de señalar que se encontraba bajo medicación, explicaron que al salir dejó su celular en casa y abordó una camioneta Nissan X-Trail color negro, con placas YJJ-5400 del estado de Veracruz.

Luego de 14 días de labores para localizarlo, la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz desactivó la ficha de Josué Hernández y agradeció a la ciudadanía su colaboración para dar con el paradero del joven.

Tras confirmarse su muerte, la Facultad de Estadística e Informática lamentó los hechos, y el Centro de Idiomas Xalpa dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que extendió sus condolencias a familiares y amigos.

“Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amistades y seres queridos, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor. Descanse en paz”, se lee en el mensaje.

Este caso se suma a otro episodio reciente de desaparición estudiantil en la misma casa de estudios. El 12 de septiembre, apenas una semana antes de conocerse la muerte de Hernández Cayetano, la Universidad Veracruzana exigió la localización de Daniela Sánchez Delgado, alumna de la Licenciatura en Administración Turística que desapareció el jueves 10 de septiembre en el campus de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En aquel comunicado, la universidad instó a las autoridades estatales a activar los protocolos correspondientes para dar con el paradero de la joven.

La institución sostuvo además que las y los jóvenes “merecen vivir en entornos seguros” y se comprometió a fortalecer la cultura de paz y la no violencia dentro de sus espacios.

Tras solicitar apoyo para la localización de la joven, en redes sociales circuló un video en el que la alumna aseguró que no estaba desaparecida y que se encontraba en buen estado de salud.

La joven aseguró que su ausencia fue una decisión propia y que se encontraba en compañía de su pareja, además de que mantenía contacto con su madre desde que dejó su casa.

En el material, también relató que desde el momento en que se fue mantuvo comunicación con su madre a través de Instagram para transmitirle tranquilidad.

“Yo cuando me fui de mi casa, siempre estuve en contacto con mi mamá por Instagram, yo le estuve comentando pues prácticamente que estuviera tranquila, que viera que estoy bien, y que no estoy con cualquier persona, yo no me fui con cualquiera, yo me fui con mi pareja, con quien ya tenemos mucho tiempo juntos”, afirmó en el video.

Además, Sánchez afirmó que comenzó a recibir amenazas tras darse a conocer sus datos personales. Al mismo tiempo negó que fuera manipulada para tomar la decisión de irse de su casa.

“Yo estoy muy feliz aquí, es lo que yo quería, desde hace un año ya quería irme”, aseguró.

Las situaciones de violencia contra las mujeres pueden agravarse en cuestión de horas, incluso cuando las oficinas encargadas de brindarles apoyo están cerradas. Una agresión, una amenaza o el quebrantamiento de una medida de protección puede exigir orientación inmediata. Para atender esos casos, el Ministerio de la Mujer creó un equipo de profesionales localizables durante las noches, los fines de semana y los feriados.

El Equipo de Respuesta Inmediata del Ministerio de la Mujer (ERIM) ofrecerá atención psicológica, social y jurídica inicial a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia. Cuando las circunstancias lo requieran, la atención también abarcará a sus hijos e hijas.

El ministerio explica que el riesgo para una víctima no termina al concluir la jornada de trabajo. Por esa razón, el nuevo mecanismo busca mantener disponibles los servicios especializados todos los días del año, durante los períodos en que las oficinas estén cerradas al público. Su intervención estará dirigida especialmente a situaciones de peligro inminente para la vida o integridad de una mujer.

El equipo comenzará a operar con personal de San Miguelito, Panamá Este y la sede central del Ministerio de la Mujer. La resolución dispone que su implementación será gradual y que después se extenderá a otras provincias. Para decidir el orden de expansión se considerará la incidencia de violencia contra las mujeres, junto con los recursos humanos y operativos disponibles.

La ampliación territorial se apoyará en un primer informe de seguimiento previsto durante el semestre inicial de ejecución. Cada nueva provincia deberá incorporarse mediante una decisión administrativa fundamentada del despacho superior. Mientras avanza ese proceso, los profesionales de los Centros de Atención Integral del interior podrán actuar conjuntamente ante emergencias que ocurran en su jurisdicción.

Durante cada período de disponibilidad, el ERIM contará al menos con un profesional de trabajo social, psicología o derecho y un conductor institucional. Ese personal no tendrá que permanecer físicamente en una oficina, pero sí deberá estar localizable para responder. La disponibilidad se organizará fuera del horario regular de atención de las dependencias del ministerio.

El equipo será activado por solicitud del Ministerio Público o por petición expresa de la autoridad del Ministerio de la Mujer. El requerimiento pasará por la Coordinación Nacional de los Centros de Atención Integral, según el lugar donde ocurra el caso. La decisión de intervenir tendrá en cuenta la valoración del riesgo que enfrenta la mujer.

La respuesta dependerá de las necesidades identificadas. Un profesional de psicología podrá brindar contención emocional y primeros auxilios psicológicos, así como una valoración inicial. Trabajo social ofrecerá acompañamiento, evaluará las necesidades de la mujer y sus dependientes, e identificará opciones inmediatas de protección, asistencia y apoyo institucional.

La abogada o el abogado orientará a la víctima sobre sus derechos, la presentación de denuncias y las medidas de protección que puede solicitar. También podrá verificar las medidas cautelares vigentes y coordinar gestiones urgentes con las autoridades judiciales. La resolución precisa que esta asesoría inicial no constituye representación legal.

Si la mujer necesita servicios que excedan las funciones del ministerio, el personal coordinará su remisión a otras entidades para facilitar el acceso a atención médica, justicia, protección o asistencia social. El ERIM complementará la labor de la unidad de protección de víctimas del Ministerio Público, sin asumir las funciones procesales que corresponden a esa institución.

Antes de integrarse al mecanismo, los profesionales deberán recibir formación en atención a víctimas de violencia de género y primeros auxilios psicológicos. La capacitación incluirá la ruta de atención entre instituciones, la protección de datos y el autocuidado. El ministerio también deberá garantizar la actualización anual del personal asignado a estos períodos.

La información obtenida durante una intervención será reservada. Los funcionarios no podrán divulgar datos que permitan identificar a las mujeres atendidas ni a sus hijos. Cada caso deberá registrarse dentro de las 48 horas siguientes a la atención, mientras que la coordinación de los centros enviará informes mensuales sobre activaciones, tiempos de respuesta y remisiones.

La resolución ordena elaborar un protocolo de funcionamiento en un máximo de 30 días hábiles desde su entrada en vigor. Allí se definirán las formas de activación, los tiempos de respuesta por región y las medidas de seguridad para el personal. Quienes sean convocados para atender un caso recibirán tiempo compensatorio por las horas trabajadas.

El nuevo mecanismo surge en un contexto de alta incidencia de violencia. El Ministerio Público registró 16 femicidios y 18 tentativas entre enero y agosto de 2026. En sus estadísticas de violencia doméstica contabilizó 16,775 denuncias en ese período; esta última cifra incluye víctimas de distintos grupos y no corresponde exclusivamente a mujeres.

La diferencia representa 10 víctimas más que las registradas en los 12 meses del año previo, cuando aún faltaban más de tres meses para terminar 2026. Especialistas vinculados al sistema anticiparon que la cifra podría aumentar antes del cierre anual si se mantiene el ritmo observado hasta septiembre.

Los datos exponen una situación que afecta a adolescentes expuestos a entornos de violencia, desprotección familiar y presencia de organizaciones criminales. Detrás de cada registro hay una muerte violenta que interrumpe trayectorias escolares, familiares y sociales, además de extender las consecuencias del crimen hacia el entorno de las víctimas.

Los asesinatos de adolescentes superaron el total de 2024 antes de terminar septiembre

El SINADEF registró los 72 homicidios de adolescentes hasta el 12 de septiembre de 2026. La comparación con los 62 casos del año anterior muestra un aumento que obliga a revisar los factores que colocan a menores de edad en escenarios de riesgo.

La proyección de los especialistas es que la cifra continúe en ascenso hasta diciembre. El registro no solo permite establecer la cantidad de muertes violentas, sino que también ofrece una señal sobre la necesidad de reforzar las acciones de prevención en hogares, colegios y espacios comunitarios.

El psiquiatra Carlos Bronley sostuvo que muchos adolescentes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por la ausencia de acompañamiento de sus padres o adultos responsables. Según explicó, esa falta de contención puede agravarse cuando existen conflictos al interior de la familia, consumo de alcohol o drogas por parte de los adultos y antecedentes de violencia en el hogar.

La exposición cotidiana a esas situaciones puede debilitar los vínculos familiares y limitar la capacidad de los adolescentes para identificar riesgos o pedir ayuda. Bronley planteó que la prevención requiere una participación activa de los padres, con atención sobre las relaciones personales, los cambios de conducta y los problemas que atraviesan sus hijos.

La falta de acompañamiento familiar facilita la captación por bandas criminales

Para el especialista, las bandas criminales identifican a adolescentes que atraviesan conflictos familiares, falta de supervisión o necesidades económicas. En esos casos, los grupos delictivos pueden acercarse a los menores mediante promesas de dinero, pertenencia o protección, hasta incorporarlos a actividades ilegales.

Bronley advirtió que esa captación puede derivar en una formación delictiva temprana. Los adolescentes reclutados pueden recibir encargos vinculados con robos, asaltos, extorsiones y asesinatos, delitos que los exponen tanto a una persecución penal como a retaliaciones de otras organizaciones o de las propias redes a las que ingresan.

El especialista remarcó que la participación de menores en estas estructuras no debe analizarse solo desde la respuesta policial o judicial. También requiere observar las condiciones previas que favorecen el reclutamiento, como hogares sin presencia adulta estable, violencia intrafamiliar, abandono escolar y falta de acceso a atención psicológica.

La información registrada hasta septiembre incluye además 88 homicidios cometidos con arma de fuego en 2026. El uso de armas incrementa el riesgo de muerte en ataques vinculados con disputas territoriales, robos, amenazas y extorsiones, además de reducir las posibilidades de que las víctimas sobrevivan a una agresión.

La presencia de armas en hechos que involucran a adolescentes plantea un desafío para las familias y las instituciones educativas. Detectar señales de alerta, como ausencias reiteradas, cambios bruscos en las rutinas, ingresos de dinero sin explicación o vínculos con personas involucradas en delitos, puede permitir una intervención antes de que la situación se agrave.

La salud mental y la supervisión del entorno aparecen como medidas de prevención

Bronley recomendó que los padres conozcan con quiénes se relacionan sus hijos, qué actividades realizan fuera del hogar y qué conflictos enfrentan en su vida cotidiana. La supervisión, señaló, no debe limitarse al control de horarios, sino que debe incluir espacios de diálogo que permitan identificar problemas de violencia, amenazas o presiones externas.

El psiquiatra también propuso incorporar la atención de salud mental como parte de la vida familiar y escolar. La detección temprana de cuadros de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, conductas agresivas o aislamiento puede facilitar el acceso a apoyo profesional y reducir la exposición de los adolescentes a contextos violentos.

Los colegios pueden cumplir una función de alerta mediante equipos de orientación, docentes capacitados y canales de comunicación con las familias. La permanencia en el sistema educativo, el acompañamiento psicológico y el fortalecimiento de redes comunitarias forman parte de las herramientas disponibles para alejar a los menores de organizaciones criminales.

El aumento de homicidios registrado hasta el 12 de septiembre de 2026 deja abierta la posibilidad de que el año cierre con una cifra superior a la de 2024. El seguimiento de los casos y la aplicación de medidas preventivas en los hogares, las escuelas y las comunidades serán elementos centrales frente a una violencia que ya alcanzó a decenas de adolescentes.

Los homicidios dejan consecuencias que se extienden mucho más allá del día en que ocurren. Las investigaciones pueden tomar años antes de llegar a juicio, mientras las familias esperan una respuesta judicial. Esta semana, tres procesos por crímenes cometidos en distintas provincias de Panamá registraron avances, aunque no todos han concluido.

En ese contexto, el Ministerio Público informó esta semana una condena de 40 años de prisión en Colón y tres sentencias de 35 años por un crimen cometido en Herrera. En un tercer caso, ocurrido en la capital, un hombre fue declarado culpable, pero aún espera la lectura de su sentencia.

La pena más alta corresponde a un ataque armado ocurrido el 9 de junio de 2024 en María Chiquita, provincia de Colón. Según la investigación, un hombre disparó contra varias personas que estaban en la cancha deportiva de la comunidad. Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante el hecho por el que fue llevado a juicio.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales ante el Tribunal de Juicio. Tras valorar lo expuesto durante el proceso, el tribunal condenó al acusado a 40 años de prisión por homicidio doloso agravado y dos tentativas de ese delito.

La sentencia también establece que, una vez cumplida la pena de cárcel, el condenado tendrá prohibido portar armas de fuego durante 20 años. Se trata de una pena accesoria que comenzará después de la principal. El comunicado de la Fiscalía no identifica al sentenciado ni ofrece detalles sobre el motivo del ataque en la cancha.

Otro de los casos ocurrió en Los Higos de Parita, provincia de Herrera, donde una mujer de 62 años fue encontrada sin vida dentro de un minisúper el 1 de septiembre de 2025. De acuerdo con el Ministerio Público, seis personas ingresaron al establecimiento y sustrajeron $2,700, además de dos alcancías y el teléfono celular de la víctima.

La Fiscalía Regional de Herrera informó que tres de los seis implicados aceptaron su culpabilidad y recibieron condenas individuales de 35 años de prisión. Las sentencias comprenden los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Cada pena equivale a 420 meses de cárcel.

El proceso continúa para las otras tres personas imputadas, cuya audiencia está prevista para el 29 de octubre de 2026. Por tanto, las condenas anunciadas alcanzan únicamente a quienes aceptaron su responsabilidad y ya fueron sentenciados. El Ministerio Público no detalló qué participación atribuye a cada uno de los acusados restantes.

En la ciudad de Panamá, un tercer expediente está relacionado con un homicidio ocurrido en El Chorrillo el 3 de junio de 2020, alrededor de las 8:00 de la noche. La Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana informó que un hombre fue declarado culpable de homicidio doloso agravado tras un juicio oral.

En ese caso, la Fiscalía solicitó una pena de 30 años de prisión, pero todavía no se ha comunicado una condena de esa duración. La lectura de sentencia quedó programada para el 25 de septiembre de 2026, a las 3:00 de la tarde. Será entonces cuando se conozca la pena que imponga el tribunal.

Estos procesos judiciales se producen en un país que acumuló 402 homicidios hasta agosto de 2026, 17 más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en agosto se registraron 50 muertes. La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales y Colón sumó 68, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

El informe también muestra un aumento de los homicidios vinculados con pandillas, que pasaron de 30 a 63 frente a los primeros ocho meses de 2025. Otras 24 personas murieron como víctimas de daño colateral. Esas cifras describen el contexto de violencia del país, sin atribuir esas causas a los tres expedientes judiciales.

El cuerpo de un hombre con al menos dos meses de descomposición fue localizado la mañana del viernes al interior de una construcción en obra negra en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Los encargados del predio lo descubrieron durante una inspección de rutina al inmueble, cuya edificación estaba pausada por falta de recursos económicos, y alertaron a los servicios de emergencia.

El hallazgo se produjo en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Luis Pérez Verdía. La víctima presentaba signos aparentes de haber vivido en situación de calle y un estado avanzado de descomposición que dificultó su identificación inmediata.

Inspección de rutina en obra pausada derivó en el hallazgo

Los encargados de la edificación acudieron al predio para verificar su estado. Al revisar la estructura, detectaron al hombre inmóvil sobre una de las vigas del área del sótano destinada al estacionamiento.

La construcción se encontraba detenida de forma temporal por insuficiencia de recursos. El tiempo transcurrido entre el ingreso de la víctima al inmueble y su descubrimiento no fue posible determinarlo de forma inmediata.

La llamada a las líneas de emergencia activó la respuesta de la Comisaría de la Policía Municipal de Guadalajara y de paramédicos de los Servicios Médicos Municipales. Ambas corporaciones se presentaron en el lugar para la valoración inicial del caso.

Los rescatistas confirmaron el deceso del masculino tras la evaluación preliminar. El área fue acordonada de inmediato para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió carpeta de investigación

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, adscrito al área de Puesto de Socorros, tomó el control del procedimiento. Los agentes ministeriales abrieron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La ubicación del cuerpo sobre una viga elevada dentro del sótano representó un obstáculo para su extracción directa. Por esa razón, las autoridades solicitaron la intervención de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Los elementos de Bomberos emplearon equipo especializado para el rescate y la extracción del cadáver desde la estructura. El procedimiento requirió maniobras técnicas específicas dada la altura y las condiciones del inmueble.

Una vez concluida la extracción, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se hizo cargo de los restos. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro metropolitano para la práctica de la necropsia de ley.

La necropsia tiene como objetivo determinar las causas precisas de la muerte. El procedimiento también permitirá avanzar en la identificación formal de la víctima.

Hasta el momento del cierre de este reporte, las autoridades no habían confirmado si el deceso correspondía a un hecho delictivo o a causas naturales. La investigación permanece abierta bajo la conducción de la Fiscalía del Estado.

Jalisco registró una caída del 41% en homicidios durante el primer semestre de 2026

El hallazgo del cadáver se produce en un contexto en el que el estado de Jalisco atraviesa una reducción sostenida de la violencia homicida. De acuerdo con Infobae, los homicidios dolosos en la entidad cayeron 41% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, al pasar de 693 a 409 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El municipio de Guadalajara reflejó esa tendencia en sus propios registros. El Ayuntamiento tapatío informó que entre enero y abril de 2026 los homicidios dolosos en la ciudad bajaron 16%, de 58 a 49 casos, mientras que los delitos de alto impacto en su conjunto retrocedieron 18% frente al mismo periodo de 2025, según consignó Infobae.

En el plano estatal, el mes de junio de 2026 fue el de menor incidencia homicida del año, con 51 casos. Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco, precisó ante el medio que febrero fue el segundo mes con menor registro, con 57 homicidios dolosos.

La publicación también documentó que en diciembre de 2024 se contabilizaron 136 homicidios dolosos en Jalisco, cifra que descendió a 69 al cierre de agosto de 2026. Eso representó una caída del 49% entre el inicio y el final de ese periodo.

El promedio diario de homicidios en el estado pasó de 4.27 en diciembre de 2024 a 2.22 en agosto de 2026, según el mismo reporte. En contraste, en 2021 el promedio rondaba los siete casos diarios, lo que sitúa la reducción acumulada en 55% respecto de ese año.

Los datos señalaron que la tendencia a la baja se observa principalmente en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, donde reside la mayoría de la población jalisciense. Las autoridades estatales atribuyeron la disminución al patrullaje activo, labores de inteligencia y la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

A pesar de la reducción, el hallazgo en la colonia Ladrón de Guevara recuerda que la violencia y la muerte en condiciones de vulnerabilidad siguen presentes en la capital jalisciense. La investigación de la Fiscalía del Estado determinará si el caso se suma o no a las estadísticas de homicidio doloso en el municipio.

En medio de una crisis de inseguridad caracterizada por asaltos violentos, homicidios impunes y el acecho constante de bandas delictivas, la población cubana ha comenzado a exigir medidas draconianas para frenar el caos de sus calles.

Según reveló el creador de contenido e investigador independiente Neober Licea, conocido popularmente en redes sociales como Neo reporta un crimen, durante una reveladora entrevista concedida a Univisión Miami, lo que más pide el pueblo cubano en la actualidad es la irrupción de un liderazgo contundente al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La exigencia de “un Bukele” refleja el nivel de desesperación de una ciudadanía agobiada por la impunidad, el abandono institucional y la incapacidad de la policía gubernamental para proteger la vida de sus habitantes.

Esta demanda de mano dura no surge de la nada; es la respuesta directa a la ruptura del orden social y a la proliferación de pandillas juveniles violentas en las principales ciudades y zonas rurales de la Isla. Ante el éxodo masivo de familias completas, miles de adolescentes han quedado desprovistos de redes primarias de cuidado y control, integrándose rápidamente a dinámicas de asaltos a mano armada y crímenes violentos.

La sociedad percibe que las leyes vigentes y las estructuras del régimen no ofrecen garantías, por lo que la idea de una política de tolerancia cero contra la delincuencia se ha convertido en el principal anhelo de quienes sufren la violencia cotidiana.

Redes sociales y denuncia ciudadana ante el hermetismo gubernamental

El testimonio de Neo en Univisión Miami pone de relieve la desconfianza total de los ciudadanos hacia las instituciones oficiales. La población prefiere enviar sus denuncias, videos y pruebas de crímenes a plataformas independientes en busca de anonimato y efectividad, en lugar de acudir a las comisiones policiales que no resuelven los casos.

Dado que el régimen totalitario no publica cifras ni estadísticas reales sobre feminicidios o violencia urbana, las organizaciones de derechos humanos como Cubalex se apoyan directamente en las investigaciones y reportes que documenta Licea.

Este canal alternativo ha permitido elaborar informes mensuales para reflejar la verdadera magnitud de la violencia. Solo en el mes de agosto se registraron 52 homicidios en el país, mientras que el acumulado de enero a la fecha supera los 260 asesinatos confirmados, una cifra escandalosa para una nación que durante años vendió una imagen de tranquilidad social.

Casos horripilantes: Múltiples asesinatos, desmembramientos y barbarie rural

Dentro del catálogo de atrocidades reportadas por la ciudadanía y detalladas por el comunicador, destacan sucesos que han estremecido la fibra moral de la sociedad cubana. Uno de los hechos más desgarradores ocurrió en la provincia de Matanzas en el año 2023, donde una familia entera compuesta por una madre, un hombre y su pequeño hijo fue brutalmente masacrada en su propia vivienda por un vecino.

Los delitos más recurrentes que sufren a diario los cubanos son los crímenes dirigidos contra la mujer y los robos ejecutados con extrema violencia. A diario se reciben reportes de asaltos en la vía pública con armas blancas o de fuego para arrebatar teléfonos, motocicletas o divisas.

Por dar visibilidad a estos espeluznantes episodios, Neober Licea ha manifestado recibir constantes amenazas de muerte contra su persona y su familia. Sin embargo, la labor de documentación continúa siendo la única ventana disponible para que el mundo conozca la descomposición social que atraviesa Cuba, un país sumido en la miseria económica, la delincuencia desenfrenada y el clamor angustioso de una población que pide a gritos un cambio radical de seguridad.

El hecho, ocurrido el pasado 11 de septiembre en el interior de un establecimiento a la vera de la Ruta 23, quedó resuelto apenas una semana después mediante un procedimiento de juicio abreviado. La pena quedó fijada en tres años de prisión condicional por el delito de coacción agravada por el uso de arma.

La audiencia en la que se formalizó la condena fue conducida por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien presentó la acusación y los términos del acuerdo. Tanto la defensora de Díaz, Laura Plaza, como la abogada querellante que representó a la víctima, Lorena Miani, avalaron los términos expuestos por el representante del MPF. Finalmente, el acuerdo fue homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

Además de la pena en suspenso, el acuerdo contempla un conjunto de pautas de conducta con una vigencia de tres años que, de ser incumplidas, convertirán la condena en prisión efectiva. Díaz tiene prohibido ejercer cualquier acto de perturbación contra la víctima, Andrés Avelino Infante, o su grupo familiar, y no podrá mantener ningún tipo de contacto con ellos, ni de forma directa ni a través de terceros. A eso se suma la obligación de fijar un domicilio y concurrir periódicamente a los controles de la Dirección de Población Judicializada.

El juez Bagnat fue explícito sobre la razón de las restricciones: “Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia”, señaló, y advirtió que, dado el tamaño reducido de Pilo Lil, existe la posibilidad real de que ambos hombres se crucen en la localidad. “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”, le indicó a Díaz durante la audiencia, según un comunicado oficial del MPF de Neuquén.

El episodio tuvo lugar en el interior de El Parador, un establecimiento ubicado a la vera de la Ruta 23 y el río Aluminé, al ingreso de la localidad de Pilo Lil, en el sur de la provincia de Neuquén. Se trata de una pequeña comunidad de apenas algo más de 200 habitantes, en la que Díaz había gobernado durante 12 años como presidente de la Comisión de Fomento.

Todo comenzó cuando Infante, actual titular de la Comisión, le solicitó a Díaz la rendición de cuentas del combustible utilizado por el camión comunal, que el propio ex funcionario había pedido para mover fardos de pasto. Las Comisiones de Fomento de la provincia operan con aportes para el combustible que deben ser rendidos: esa exigencia habría desencadenado la reacción de Díaz, quien además reclamó el uso del vehículo comunal. La respuesta de Infante fue que el pedido debía formalizarse mediante nota escrita.

Sin aceptar la condición, Díaz comenzó a amedrentar al funcionario con frases como “no te voy a hacer una mierda y voy a hacer cagar a esta mierda” y “a este lo voy a hacer cagar, para eso vine”, según reconstruyó el fiscal Ávila. La discusión se extendió por casi 20 minutos dentro del recinto, con gritos, insultos y empujones. Según el relato que Infante brindó a LM Neuquén, la reacción de Díaz tampoco dio margen para el diálogo desde el inicio: “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”.

La situación escaló cuando ambos forcejearon y Díaz sacó un cuchillo de su cintura, con una hoja de entre 20 y 25 centímetros y cabo de madera. “Te voy a matar”, le dijo al funcionario, según indicó el fiscal. En ese momento, la esposa de Infante, Raquel Fantini, se interpuso entre los dos hombres. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató el propio Infante.

El funcionario fue categórico al describir la proximidad del peligro: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

Una de las pruebas centrales que sostuvo la acusación fue un video grabado en el momento de mayor tensión por Eliana Rivera, coordinadora regional que se encontraba presente en el lugar. Alertada por Rivera, la Policía activó el protocolo de intervención: concurrió personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes, donde finalmente quedó demorado Díaz tras ser interceptado cuando intentaba dirigirse a esa localidad por su cuenta. La denuncia fue radicada en el propio parador, donde se tomó declaración a las dos mujeres presentes.

El episodio tampoco cerró con la detención de Díaz. Tres horas después del incidente, el hijo mayor de edad del condenado se presentó en el despacho de Infante. “Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar”, denunció el funcionario, quien radicó una segunda denuncia por esa visita.

Mientras tanto, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, desmintió la existencia del arma blanca en declaraciones a LM Neuquén: “Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo. En su versión, fue Infante quien inició la agresión física, y su marido actuó en defensa propia. Alfonso también describió al presidente de la Comisión como “un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber”.

El propio Díaz no realizó declaraciones públicas. La condena dictada esta semana pone fin formalmente al proceso judicial, aunque las prohibiciones de contacto y las pautas de conducta impuestas permanecerán vigentes durante los próximos tres años.

El Gobierno panameño decidió detener durante un año la entrada de rifles semiautomáticos de uso particular. La medida comenzará el 22 de septiembre de 2026 y responde, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial, a la necesidad de evaluar su circulación y reforzar los controles sobre unas armas que las autoridades consideran de posible riesgo para la seguridad pública.

El Decreto Ejecutivo No. 19 establece una suspensión temporal de las importaciones, vigente hasta el 21 de septiembre de 2027. Su alcance es preciso: comprende rifles de uso particular con mecanismo de disparo semiautomático.

No prohíbe de forma general su tenencia o porte ni cambia la clasificación legal de las armas prevista en la Ley 57 de 2011.

Un rifle semiautomático dispara una vez por cada presión del gatillo y prepara automáticamente el siguiente cartucho para efectuar otro disparo. Esa característica lo distingue de un arma automática, capaz de realizar varios disparos mientras se mantiene presionado el gatillo. El decreto se refiere al mecanismo semiautomático, pero incorpora excepciones según el calibre.

Quedan fuera de la suspensión los rifles semiautomáticos de calibres .22 Short, .22 Long, .22 Long Rifle, .22 Magnum y .22 Hornet. Esa excepción no significa que puedan ingresar libremente al país: cada importación deberá cumplir las autorizaciones, los requisitos y los controles establecidos por la legislación sobre armas y sus reglamentos.

La decisión se fundamenta en la preocupación oficial por el aumento de armas con capacidades tácticas y elevado poder de fuego en circulación e inventario. El Ejecutivo considera necesario examinar periódicamente su trazabilidad y destino final, además del flujo de importaciones hacia el mercado panameño y los posibles desvíos al comercio ilícito.

El decreto plantea, por ello, una evaluación técnica integral durante el período de suspensión. El objetivo declarado es fortalecer la fiscalización estatal y reducir riesgos para el orden público.

La aplicación estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP). Esta dependencia deberá coordinar la fiscalización con la Autoridad Nacional de Aduanas y otras entidades competentes. Mientras dure la medida, no expedirá nuevas resoluciones que autoricen importar los rifles comprendidos en la suspensión.

Si se presentan solicitudes durante ese año, la DIASP deberá resolverlas mediante una decisión motivada, respetando los plazos y garantías del procedimiento administrativo general. El decreto no indica que las peticiones queden aprobadas por el solo hecho de presentarse. También deja claro que las excepciones por calibre requieren autorización previa conforme a la Ley 57.

Para las armas que ya ingresaron legalmente a Panamá, la suspensión no cancela por sí sola los certificados de tenencia ni las licencias de porte. Sus propietarios continúan sujetos a las obligaciones y controles vigentes. La restricción opera sobre nuevas importaciones del tipo señalado, sin modificar los permisos existentes únicamente por la entrada en vigor del decreto.

Entre enero y junio de 2026, las autoridades panameñas recuperaron 1.278 armas de fuego. Los rifles fueron la categoría más numerosa, con 551 unidades, equivalentes al 43 % del total, según el informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

En ese mismo período se recuperaron 389 pistolas, 119 revólveres y 71 escopetas. El registro incluye además 15 fusiles y 133 armas clasificadas como «otros». El informe contabiliza los rifles como una sola categoría, sin separarlos por mecanismo de disparo o calibre.

La cifra de rifles recuperados no corresponde exclusivamente a modelos semiautomáticos: el reporte tampoco permite establecer cuántos pertenecen a los calibres exceptuados por el decreto. Así, las 551 unidades representan el total de rifles registrados en el primer semestre, no la cantidad alcanzada por la suspensión de importaciones.

La nueva disposición entrará en vigor el 22 de septiembre, cuatro días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Durante los doce meses siguientes, el Gobierno mantendrá cerrada la importación de los rifles comprendidos en el decreto mientras evalúa los controles sobre su circulación, trazabilidad y destino en el mercado nacional.

Elizabeth Mokolo Moselakgomo, de 38 años, salió a correr por la tarde el 9 de septiembre. Nunca regresó a casa.

Su cuerpo fue hallado tres días después, semidesnudo y con hematomas, lo que provocó indignación en Sudáfrica, un país que lidia con una de las tasas más altas registradas de violencia contra las mujeres, según el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica.

El cuerpo de Moselakgomo fue el quinto en ser descubierto en una aparente serie de asesinatos: en los últimos dos meses se han encontrado los cuerpos de otras ocho mujeres en la provincia de Gauteng, al este de Johannesburgo, lo que ha despertado el temor de que un asesino en serie pueda ser el responsable.

El noveno cuerpo fue hallado ayer en la localidad de Dawn Park, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de Kempton Park, donde se descubrieron otros cinco cuerpos, incluido el de Moselakgomo.

Las mujeres tenían entre 20 y 38 años. Otros cuerpos fueron hallados en las zonas de Olifantsfontein y Kwa-Thema, ambas situadas a unos 32 kilómetros del lugar donde se encontraron los cuerpos de Moselakgomo y los otros cuatro.

La policía informó que la mayoría de los cuerpos presentaban hematomas, estaban parcial o totalmente desvestidos y ocho mostraban signos de agresión sexual.

Al menos una de las mujeres había sido degollada, declaró el jueves a la prensa el comisionado interino de la policía de Gauteng, Fred Kekana.

La policía detuvo a un sospechoso en relación con el hallazgo del cuerpo de la primera mujer, ocurrido el 15 de julio en Kempton Park. La mujer, de 37 años, fue encontrada semidesnuda, con hematomas y atada con cables. La policía no ha divulgado más información sobre el sospechoso, ni siquiera si podría estar vinculado a las otras muertes; solo indicó que se trata de un ciudadano extranjero.

El jueves, manifestantes —en su mayoría mujeres— marcharon por las calles del distrito de Ekurhuleni, donde se hallaron los cuerpos, vestidas de negro. Algunas portaban pancartas exigiendo el fin de los femicidios.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó en un comunicado que las fuerzas del orden estaban investigando las muertes y que se agotaría cualquier vía de investigación para esclarecer los hechos.

Si bien los asesinatos en serie son poco frecuentes, esta aparente ola de crímenes ha suscitado un debate más amplio sobre la violencia contra las mujeres en Sudáfrica.

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, Ramaphosa calificó los asesinatos de mujeres y niños a manos de hombres como “otra pandemia que azota a nuestro país”. Una investigación publicada el año pasado por la unidad de investigación parlamentaria de Sudáfrica reveló que al menos el 33 por ciento de las mujeres mayores de 18 años habían sufrido violencia física. El informe cita estadísticas de la policía sudafricana que indican que, de los 39.304 incidentes de delitos sexuales denunciados entre abril y diciembre de 2024, 31.303 fueron casos de violación.

Sudáfrica registra una de las tasas de femicidios más altas del mundo. Las mujeres en Sudáfrica son asesinadas a un ritmo cinco veces superior al promedio mundial, según ONU Mujeres. En noviembre de 2025, Sudáfrica declaró la violencia de género y el femicidios como un desastre nacional.

“Sudáfrica ha convivido con niveles persistentemente altos de femicidios durante muchos años. El hallazgo de estos cuerpos ha hecho que esa emergencia continua se vuelva brutalmente visible”, afirmó Mpiwa Mangwiro, gerente de desarrollo de políticas y defensa de derechos de Sonke Gender Justice, una organización de derechos con sede en Sudáfrica.

“Las respuestas del gobierno siguen siendo también muy reactivas”, señaló. “Movilizamos equipos especiales, reforzamos la presencia policial y emitimos declaraciones públicas una vez que se han encontrado los cuerpos de las mujeres. La prevención exige que respondamos a las señales de alerta antes de que una mujer sea asesinada”.

Aunque se desconoce la nacionalidad del único sospechoso, la información policial de que se trataba de un ciudadano extranjero generó temor en las redes sociales de que el caso pudiera desencadenar una reacción hostil contra los inmigrantes.

Las marchas contra los inmigrantes y los grupos de justicieros han impulsado una ola de agitación social en Sudáfrica este año, culpando a menudo a los migrantes extranjeros de la elevada tasa de criminalidad del país.

(c) 2026, The Washington Post

La agenda de seguridad en Zacatecas tuvo este jueves dos mensajes provenientes de encuentros con representantes de Estados Unidos. Por un lado, el gobernador David Monreal Ávila aseguró que su administración ha obtenido avances bajo una estrategia de pacificación; por otro, el embajador estadounidense Ronald Johnson volvió a referirse al ataque con un vehículo cargado de explosivos ocurrido en el municipio de Ojocaliente.

Monreal informó que recibió en Zacatecas a legisladoras y legisladores que participan en la II Asamblea de Legisladores de California, encuentro que, de acuerdo con el mandatario, busca fortalecer los vínculos de colaboración entre el estado mexicano y California.

A través de sus redes sociales, el gobernador señaló que durante la reunión se abordaron temas como migración, economía, cultura, educación y turismo.

Sin embargo, entre los asuntos tratados destacó también la seguridad. Monreal afirmó que compartió con los representantes estadounidenses los avances alcanzados en esta materia y los atribuyó a la estrategia de pacificación implementada por su administración.

El mandatario sostuvo que esta estrategia ha permitido consolidar resultados y avanzar hacia un Zacatecas más seguro. El gobierno estatal ha señalado recientemente reducciones en distintos delitos y ha destacado la participación de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad en estas acciones.

Ronald Johnson recuerda el coche bomba de Ojocaliente

Mientras el gobernador hablaba de los avances de seguridad ante representantes de California, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, publicó un mensaje en el que puso nuevamente el foco sobre uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en Zacatecas.

El diplomático recordó el ataque con un coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ocurrido entre el 30 y 31 de agosto, y expresó solidaridad con las personas heridas y sus familias.

Johnson calificó el hecho, desde la posición del gobierno estadounidense, como un “crudo recordatorio” de la violencia que las organizaciones terroristas están dispuestas a infligir en las comunidades. También afirmó que Estados Unidos continuará trabajando con México para enfrentar a esas organizaciones y a quienes resulten responsables.

La utilización del término “organizaciones terroristas” corresponde al mensaje del embajador estadounidense. En México, las investigaciones sobre el ataque continúan y las autoridades han señalado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable.

El ataque dejó heridos y daños materiales

El coche bomba explotó frente a las instalaciones policiales de Ojocaliente y provocó afectaciones tanto en la comandancia como en viviendas y vehículos de la zona.

De acuerdo con información presentada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el vehículo habría sido cargado con al menos 200 kilogramos de explosivos. El funcionario informó que el ataque dejó 11 personas heridas, además de daños en 63 viviendas y 15 vehículos.

La investigación también derivó en la detención de tres presuntos responsables. Una de las primeras capturas fue la de un hombre identificado como Juan Pedro “N”, a quien las autoridades relacionaron con la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Posteriormente fueron detenidos otros dos hombres señalados por presuntamente realizar labores de vigilancia para facilitar el ataque.

El gobierno estatal había informado previamente que existían indicios de la posible participación del CJNG. La investigación federal, según lo expuesto por García Harfuch, ubicó el atentado dentro de una disputa entre células del CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control de rutas de narcotráfico.

El contraste entre ambos mensajes se produce en un momento en que Zacatecas busca proyectar ante autoridades estadounidenses los avances de su estrategia de seguridad, mientras que desde Washington se mantiene la atención sobre los episodios de violencia registrados en la entidad.

La reunión de Monreal con los legisladores de California tuvo como uno de sus ejes la cooperación bilateral, incluida la seguridad, mientras que el pronunciamiento de Johnson volvió a colocar en la conversación binacional el atentado con explosivos que sacudió a Ojocaliente apenas unas semanas antes.

Las fuerzas estatales de seguridad de Oaxaca detuvieron al hombre identificado como G.H.T. tras un ataque con sustancia corrosiva contra su pareja e hija de 16 años en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en la madrugada del 16 de septiembre. El imputado llegó alcoholizado a su domicilio, agredió físicamente a ambas mujeres y arrojó ácido contra ellas luego de una discusión por el pago de manutención de sus tres hijas.

Los vecinos alertaron al número de emergencias 911 ante el escándalo generado por la agresión. La llamada permitió el arribo de los elementos de seguridad, que sometieron y arrestaron al imputado en el lugar de los hechos.

G.H.T. llegó alcoholizado y atacó a su pareja con un arma de fuego antes del ataque con ácido

De acuerdo con los primeros reportes, el imputado llegó a su domicilio en estado de ebriedad y, al ser reprendido por su pareja, la golpeó y la amenazó con un arma de fuego. La discusión escaló hasta que su hija de 16 años intentó intervenir para separar a los involucrados.

La adolescente también recibió golpes y fue amenazada por el agresor. Al tener a las dos mujeres acorraladas, G.H.T. intentó arrojar una sustancia corrosiva contra ellas, y ambas resultaron lesionadas.

La Fiscalía señaló que el imputado y su pareja mantuvieron una relación durante la cual procrearon tres hijas. A lo largo de ese vínculo se registraron episodios reiterados de violencia física, psicológica y amenazas.

Entre 2021 y 2024, la Fiscalía documentó un patrón de agresiones vinculadas al pago de manutención

La investigación ministerial señaló que, entre 2021 y 2024 las agresiones escalaron de forma sostenida. Cada vez que la pareja le exigía dinero para la manutención de las niñas, el imputado respondía con insultos, golpes y amenazas con armas de fuego y arma blanca.

El episodio con la sustancia corrosiva representó el punto más grave de ese ciclo de violencia. La investigación sitúa el ataque con ácido el martes 15 de septiembre, aunque el reporte policial también consigna la madrugada del 16 de septiembre como fecha del operativo de detención.

La Fiscalía de Oaxaca encuadró el caso dentro de la categoría de violencia de género. El patrón documentado abarca al menos cinco años de agresiones contra la pareja y sus hijas.

El juez ordenó prisión preventiva en el penal de Tanivet tras la detención en flagrancia

Una vez detenido, G.H.T. quedó a disposición de un juez que analizó su situación jurídica. La autoridad judicial dictó medida cautelar de prisión preventiva y ordenó su traslado al penal de Tanivet, en Oaxaca.

El imputado permanece recluido en ese centro penitenciario a la espera del proceso legal correspondiente. La carpeta de investigación ministerial reúne los elementos sobre el historial de agresiones documentado desde 2021.

Las víctimas —la pareja y la hija de 16 años— resultaron con lesiones por contacto con la sustancia corrosiva. El estado de salud de ambas no fue detallado en el reporte oficial publicado por Milenio.

La detención se produjo en flagrancia, lo que facilitó la inmediata puesta a disposición del imputado ante la autoridad judicial. Los elementos de seguridad estatal ejecutaron el arresto sin necesidad de una orden de aprehensión previa.

El caso se suma a una serie de detenciones por violencia familiar registradas en Oaxaca durante septiembre de 2026. En ese mismo periodo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó otras órdenes de aprehensión por delitos similares en distintos municipios de la entidad.

La FGEO no emitió un comunicado independiente sobre este caso al cierre de la edición. La información disponible proviene del reporte publicado por Milenio con base en fuentes de la investigación ministerial.

Las autoridades oaxaqueñas no informaron sobre medidas de protección adicionales para las víctimas ni sobre la atención médica que recibieron. El proceso judicial contra G.H.T. continúa su curso en los tribunales del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato durante los casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración estatal de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pese a dirigir desde partidos opuestos.

“Vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos, tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”, afirmó la mandataria al inicio de su conferencia matutina en Irapuato, como parte de su gira por el Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con las estadísticas, la mandataria atribuyó los resultados al trabajo articulado en dos frentes: la atención a las causas de la violencia y las detenciones realizadas por la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR). Dicho esquema de doble intervención —social y judicial— es el que el gobierno federal ha replicado en otras entidades con altos índices de violencia.

La mandataria federal reconoció que la alianza con García Muñoz Ledo trasciende la militancia partidista —Morena y Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente— como un dato que, lejos de obstaculizar la relación, quedó superado por los resultados.

“Realmente, ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo”, señaló la presidenta antes de ceder la palabra a la gobernadora.

La cooperación, precisó Sheinbaum, no se limitó a la seguridad pública. El trabajo conjunto abarcó educación, infraestructura y el proyecto de agua para Guanajuato, según informó el medio.

“Yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado”, dijo ante los medios presentes en la XII Región Militar.

Finalmente, Sheinbaum atribuyó la baja en la violencia a dos ejes: la atención a las causas estructurales de la inseguridad y las detenciones ejecutadas por la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum ‘le apuesta’ a la política de atención de las causas para evitar balaceras en Guanajuato

Desde la conferencia matutina surgió el planteamiento de si el gobierno federal recomendaría a los municipios desplegar personal de seguridad en los espacios públicos más vulnerables, en particular los que han sufrido ataques armados. La pregunta se formuló en el contexto de una serie de balaceras registradas en canchas deportivas y zonas céntricas de varios municipios del estado en las semanas previas a la visita presidencial.

Sheinbaum respondió que la Guardia Nacional (GN) cuenta con 120 mil elementos y que ese número no alcanza para cubrir la totalidad de los espacios públicos del país. La mandataria planteó que la solución pasa por el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, que son las instancias con responsabilidad directa sobre la prevención en esos territorios.

La presidenta delimitó las funciones de cada cuerpo de seguridad: la GN vigila carreteras y espacios públicos, y trabaja de forma conjunta con las secretarías de seguridad federal y estatales, así como con la FGR y las fiscalías locales en tareas de investigación. Las policías municipales y estatales, en cambio, tienen a su cargo la prevención en los espacios de convivencia cotidiana.

“Tenemos que trabajar conjuntamente, mejorar las policías municipales y estatales para que lo que tenga que ver con la prevención, en particular en los espacios públicos, pues se atiendan por las policías municipales y estatales muy bien”, sostuvo Sheinbaum. La mandataria reiteró que el gobierno federal está dispuesto a apoyar en todo lo que se requiera dentro de ese esquema de responsabilidades compartidas.

El planteamiento de Sheinbaum reafirma la apuesta de su administración por la atención a las causas de la violencia como eje central de la estrategia de seguridad, complementada con la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Esa lógica es la misma que, según presentó Figueroa Franco, explica la caída sostenida en el promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato desde febrero de 2025.

Marcela Figueroa presenta los datos: de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a 4 en 2026

Marcela Figueroa Franco, funcionaria del gabinete de seguridad federal, expuso ante los presentes la incidencia delictiva en Guanajuato con corte al 31 de agosto de 2026. Sus datos precisaron que febrero de 2025 fue el mes más violento de toda la administración Sheinbaum, con un promedio de 12.7 homicidios dolosos al día.

Ante ese escenario, el gabinete de seguridad del Gobierno de México fortaleció la estrategia en la entidad en coordinación con el gobierno estatal. Las detenciones de generadores de violencia que operaban en Guanajuato marcaron el punto de inflexión a partir del cual comenzó la tendencia a la baja.

Figueroa Franco presentó una gráfica histórica que abarcó desde 2015 hasta el dato preliminar de 2026. La serie mostró que la entidad mantuvo un alto índice de homicidios durante varios años, con un pico de 12.3 homicidios diarios en promedio durante 2020.

El promedio bajó a 7 homicidios diarios durante 2025 y el dato preliminar de 2026 se ubica en 4 por día. Figueroa Franco señaló que, si esa tendencia se sostiene, 2026 será el año con menos homicidios dolosos en Guanajuato en los últimos ocho años.

La funcionaria precisó que la reducción acumulada desde el pico de febrero de 2025 hasta el corte de agosto de 2026 es de 75% en el promedio diario de homicidios en la entidad. Ese porcentaje es el que el gobierno federal toma como referencia oficial para la presentación de resultados en la región.

La diferencia entre el 73% que mencionó Sheinbaum y el 75% que registró Figueroa Franco responde al corte de medición utilizado en cada caso. Ambas cifras reflejan la misma tendencia a la baja en la incidencia delictiva del estado.

Los datos de Figueroa Franco también indicaron que entre octubre de 2024 y el 15 de febrero de 2026 se detuvieron 4.400 personas por delitos de alto impacto en Guanajuato. En ese mismo periodo se aseguraron 6.400 armas de fuego en la entidad, según cifras del gobierno federal.

Colón acumula seis homicidios en lo que va de septiembre, registro mensual que se sumó a los 10 asesinatos reportados durante agosto en la provincia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de generales desconocidas en un herbazal ubicado en el sector conocido como la bajada de Altos de Los Portales, en San Judas, provincia de Colón. Tenía varios balazos.

Según informes preliminares, el hallazgo se produjo bajo una constante lluvia en la zona. Al parecer se trata de un taxista a quien le despojaron el auto con que se ganaba la vida.

El Ministerio Público inició las investigaciones para determinar la identidad de la víctima, su lugar de residencia y las causas de la muerte, sobre las cuales aún no hay un reporte oficial.

Horas antes, un lava auto se transformó, en un abrir y cerrar de ojos, en un escenario de horror y muerte. Un hombre fue ejecutado a balazos mientras se encontraba en el mencionado local, ubicado en el corregimiento de Cristóbal.

Según los primeros informes, sicarios fuertemente armados irrumpieron en el establecimiento y sin contemplaciones descargaron ráfagas de disparos contra la víctima, dejándola tendida sin vida ante la mirada atónita de los presentes. El estruendo de las detonaciones interrumpió la rutina del lugar y desató el caos entre los residentes.

Además, las autoridades indagan la muerte de una persona encontrada cerca de Merca Panamá, cuya identidad tampoco había sido confirmada.

La sucesión de casos en un lapso reducido elevó la preocupación entre los residentes de la provincia, donde varios corregimientos concentran una parte de los homicidios registrados durante los últimos meses.

Los sectores de Cristóbal, Cativá y Barrio Norte aparecen señalados en los informes sobre violencia letal como puntos con una alta incidencia de ataques armados.

La violencia homicida en Colón mantuvo niveles elevados en 2025 y lo que va de 2026, según las cifras oficiales.

El Ministerio Público informó que Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, 10 más que los contabilizados en 2024. El aumento anual representó una variación de 1,72%.

En ese período, Colón registró 121 víctimas y quedó como la segunda provincia con más asesinatos del país, por detrás de Panamá.

Los informes del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) ubicaron la tasa de homicidios de Colón entre 39 y 42 casos por cada 100 mil habitantes durante ese año.

El organismo clasificó ese nivel como una tasa alta, vinculada a una situación de violencia alarmante. La tasa nacional fue de 14,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, considerada moderada dentro de la escala utilizada por el sistema.

Entre enero y abril de 2026, Panamá registró 193 homicidios y 32 de esos casos ocurrieron en Colón. Esa proporción representó 16,6% del total nacional durante los primeros cuatro meses del año.

Los datos del primer semestre señalaron que la provincia acumulaba 52 homicidios dentro de un total nacional de 300.

Esta semana la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Rigor, dirigida contra integrantes de la pandilla autodenominada Los RG4L o G4, que mantiene presencia en el corregimiento de Cativá.

Tras labores de inteligencia el operativo se concentró en los sectores de San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos, donde se logró la aprehensión de siete personas, quienes estarían presuntamente vinculadas a esta estructura delictiva. Además de otra persona que mantenía oficio por distinto delito.

De acuerdo con las investigaciones, esta pandilla se le relaciona con la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, drogas, posesión ilícita de armas de fuego y otro

Las cámaras de seguridad registraron el ataque y allí se pudo observar que tres golpes en la cabeza la dejaron en el suelo. Estos videos se convirtieron en la pieza central de una demanda civil de USD 5 millones presentada esta semana y generaron una controversia que cuestiona los protocolos de seguridad del hospital.

Este episodio ocurrió mientras Eguileor, una enfermera de trauma con años de trayectoria en el hospital público, cumplía su turno regular.

Según las imágenes difundidas recientemente, Rubin, de 44 años, persiguió primero a otra trabajadora, golpeó a Tisa Wolf, una empleada del área de Finanzas, y luego se dirigió hacia la estación de enfermería. Cuando Eguileor intervino, el paciente se dio vuelta y la golpeó varias veces. Otros miembros del personal lograron reducirlo.

“Fueron tres golpes en la cabeza, y me tiró al piso. Me cubrí la cara con las manos”, declaró Eguileor en WSVN. El personal del hospital la trasladó a una habitación como paciente y le realizaron tomografías de cerebro, cuello y columna.

Su abogado, Michael Pizzi, informó que sufrió lesiones en la cabeza, el cuello, la espalda y la columna vertebral, además de secuelas psicológicas.

El hospital tardó en entregar el video y un juez tuvo que ordenarlo

Pizzi presentó dos demandas separadas: la demanda civil principal por negligencia en la supervisión y la seguridad, y una segunda acción legal para obtener las imágenes de las cámaras.

Un juez del circuito de Miami-Dade emitió una orden para que el Jackson Health System (JHS) entregara el material. “Si Jackson hubiera tenido éxito a su manera, nadie en el público habría visto jamás ese video”, afirmó el abogado en conferencia de prensa el miércoles 16 de septiembre, según informó Local 10.

La demanda civil también nombra a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) como co acusada. Eguileor reclama que ni el hospital ni el cuerpo policial tomaron las medidas necesarias para proteger al personal.

Por su parte, Pizzi sostuvo que el video muestra a los agentes de seguridad llegando al lugar después de que el propio personal ya había reducido a Rubin. “La policía nunca apareció, y la seguridad llegó cuando todo había terminado y el daño estaba hecho”, indicó el abogado, también en WSVN.

Jackson Memorial dijo que tenía cuatro agentes en la sala

El JHS respondió con un comunicado que “cuenta con cuatro especialistas de seguridad pública asignados a la sala de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que ese esquema estaba activo el día del incidente”. El texto también mencionó que dos agentes fuera de servicio de la MDSO permanecen en el campus en todo momento.

“Segundos después del incidente, el primer oficial de seguridad pública de Jackson llegó al lugar, seguido de otros agentes poco después”, señaló la declaración del hospital, difundido por medios locales.

El JHS también detalló que todo el personal de urgencias debe completar capacitación obligatoria en prevención de violencia laboral y técnicas de desescalada.

Rubin tenía antecedentes penales abiertos y fue declarado incompetente

Wenyou Rubin acumulaba dos casos por delitos graves pendientes en el condado de Miami-Dade al momento del ataque. El primero fue presentado en octubre de 2024 y lo acusaba de agresión contra un agente del orden.

El segundo, derivado del ataque en el hospital, incluye dos cargos de agresión contra un proveedor de atención médica de emergencia y un cargo adicional de agresión misdemeanor (asalto simple). El juez del circuito Alberto Milián preside ambas causas.

Los registros judiciales indican que Rubin fue declarado incompetente en los dos procesos. La Fiscalía del Estado de Miami-Dade llegó a retirar los cargos del caso de 2024 por no poder contactar a las víctimas del hospital de inmediato, aunque los restituyó tras la cobertura mediática del caso. Rubin permanece detenido a la espera de ser trasladado a un centro psiquiátrico.

El hospital abrió un expediente disciplinario contra la enfermera tras el ataque

Semanas después de que Eguileor hablara públicamente sobre el incidente, el JHS la transfirió fuera de la unidad de trauma, la llamó a recursos humanos en múltiples ocasiones y, según su abogado, la eliminó del sistema informático del hospital. Pizzi presentó una demanda adicional bajo la legislación de protección a denunciantes para blindarla contra posibles represalias.

En respuesta, el JHS emitió un comunicado en el que afirma que, tras el incidente de mayo, descubrió “el acceso y la adquisición no autorizados de información de salud protegida de pacientes por parte de la señorita Eguileor, una violación intencional con fines personales”.

El hospital también indicó que la enfermera habría incurrido en otras infracciones de políticas internas y que se le garantizan “todos los procesos de debida protección aplicables”, con representación del sindicato laboral.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade señaló que no hace comentarios sobre litigios en curso.

La noche del miércoles 16 de septiembre, una niña de un año murió tras ser alcanzada por una bala perdida dentro de su casa en el sector Cristinita, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, República Dominicana.

La menor, identificada como Naome Fleurante, quedó en medio de un tiroteo registrado cerca de su vivienda.

Testigos señalaron que en horas de la noche se produjo una balacera entre los ocupantes de un vehículo y personas que se movilizaban en una motocicleta. Uno de los proyectiles ingresó a la casa donde estaba la niña y la impactó en el hemitórax izquierdo.

El hermano de Naome, un adolescente de 17 años identificado con las iniciales P. F., la trasladó en brazos al Hospital de Verón-Punta Cana cerca de las 21:45. Sin embargo, el personal médico confirmó que la menor había fallecido a causa de la herida provocada por el proyectil.

La muerte de la niña coloca de nuevo la atención sobre la exposición de familias y menores de edad a hechos armados en zonas residenciales. De forma inmediata las autoridades no han confirmado capturas relacionadas al tiroteo en La Altagracia.

En República Dominicana, los hechos de violencia armada y de violencia contra las mujeres forman parte de una preocupación que ha llevado diferentes organizaciones a insistir en la prevención y en una respuesta institucional más efectiva. El caso de Naome no ha sido vinculado a un hecho de violencia de género, pero ocurre en un contexto de asesinatos y agresiones que afectan a distintos sectores de la población.

República Dominicana registra 62 feminicidios en lo que va del año

Una ola de violencia contra las mujeres está sacudiendo el país caribeño. Datos actualizados por la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, informó que el país contabilizó 62 feminicidios durante los primeros meses de 2026. La funcionaria sostuvo que la incorporación del feminicidio como delito en la legislación es necesaria, aunque advirtió que las normas penales no bastan sin medidas de prevención, protección y acompañamiento para las víctimas.

Datos de la Procuraduría General indican que el 89% de las mujeres asesinadas no había presentado denuncias previas por violencia. Reynoso relacionó esa cifra con obstáculos que pueden impedir que las víctimas busquen ayuda, entre ellos el aislamiento, la presión psicológica y la falta de confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.

La procuradora también señaló que el 25% de los agresores se suicida después de cometer el crimen. Durante 2025, el Ministerio Público recibió más de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, una cifra que expone la dimensión de los casos que llegan al sistema judicial.

Uno de los episodios que reactivó el debate sobre las medidas de protección fue el de Nayely Altagracia Capellán, de 25 años. El 28 de agosto, su expareja la atacó con un arma blanca en su vivienda de Las Cabuyas, La Vega, frente a sus tres hijas.

Capellán sobrevivió a 26 heridas luego de que su hija mayor solicitó auxilio a los vecinos. La víctima tenía una orden de alejamiento vigente desde 2023. El acusado recibió 12 meses de prisión preventiva por tentativa de feminicidio.

Luego de ver Pepita la Pistolera, la nueva película de Lucía Puenzo. Me quedé pensando en la sucesión de vulneraciones que puede atravesar una vida hasta llevarla a situaciones extremas. En cómo alguien que fue víctima puede convertirse también en victimario y volver a ser víctima, en un movimiento en el que la violencia se ejerce, retorna y vuelve a circular, a veces sin fin.

La película recorre solo un fragmento de su vida, así que me puse a investigar su infancia y con ello recordé algunas escenas clínicas.

Recordé a un paciente pequeño que vivía malos tratos, no de los típicos, es decir no le pegaban pero lo despreciaban, lo apartaban y le mostraban lo molesto que era. Él llegaba al consultorio, a demanda de los padres que decían que no podía aprender, y se dedicaba a torturar a los peluches. Ahorcaba a un mono con cintas y estiraba sus extremidades como Tupac Amaru, despanzurraba a los osos, les sacaba los ojos a las muñecas con un lápiz.

El dolor y la furia eran arrolladores. Como los que transpira en todo el film Luciana Lopillato.

Margarita Di Tullio, Pepita, tuvo un padre, Antonio, que esperaba un hijo varón. Según las reconstrucciones periodísticas de su vida, la obligaba a pelear por dinero, vestida como un varón, contra chicos mayores que ella. A los siete años la mandaba a robar. También la golpeaba.

Durante la adolescencia se fue de su casa después de una golpiza que la lastimó seriamente. En la película se muestra su situación de prostitución, aunque no precisan a qué edad comenzó. Me imagino que muy joven, quizá siendo adolescente.

La película muestra a esa niña, ya adulta, convertida en una mujer que mata y regentea prostíbulos donde también se explota sexualmente.

Recordé a Cayetano Santos Godino, el Petiso Orejudo, y el ensañamiento con el que atacaba a otros niños. Los libros y ensayos describen a un padre alcohólico y violento que golpeaba tanto a su esposa como a Cayetano. Su hermano mayor también lo golpeaba. Desde muy pequeño pasaba buena parte de sus días en la calle y fue expulsado de varias escuelas. Antes de cumplir ocho años ya había cometido una agresión grave contra un niño de dos años. Hubo intervenciones policiales y encierros en reformatorios mientras todavía era pequeño.

En su historia se encuentran la violencia que padecía y la que ejercía contra otros niños, víctimas de ataques cada vez más graves y crueles. Ganaba su confianza y los llevaba a lugares apartados. A Jesualdo Giordano, de tres años, le compró caramelos y lo llevó hasta una quinta, donde lo inmovilizó e intentó estrangularlo con un piolín. Después buscó un clavo y, usando una piedra como martillo, se lo hundió en la sien.

Hace poco vi una puesta teatral acerca de su encierro en el sur del mundo, quizá de lo que menos se conoce de su final. Murió a los 48 años en el penal de Ushuaia, según la versión oficial, por una hemorragia interna, en circunstancias que no terminaron de esclarecerse. Brutal también.

Recordé a otro paciente, adulto, que relataba los encierros en el cuarto para que no moleste, el rechazo y el asco que decían sentir por él sus padres, porque era gordo. Este hombre no lastimaba a nadie. Sus fantasías sádicas lo resarcían en un goce impiadoso, donde a veces era víctima y otras victimario: esta última faceta era irreproducible fuera del contexto clínico.

Ningún niño nace para ser ladrón, asesino o torturador. Ninguna niña nace para puta, como explican Sonia Sánchez y María Galindo en su libro “Ninguna mujer nace para puta”, acerca de las mujeres, como Pepita, que se encuentran expulsadas del mundo.

Existen muchas investigaciones que relacionan maltratos padecidos en la infancia y la violencia y el crimen ejercido en la adultez.

Una de ellas es de la Universidad Católica Argentina, publicada en 2018, que recogió las historias de diez hombres privados de su libertad, procesados por delitos violentos en Paraná. En todos los casos aparecieron indicadores de maltrato infantil: golpes, maltrato psicológico, negligencia o haber presenciado violencia. Es una muestra pequeña, pero abrumadora.

Conozco otras investigaciones y metaanálisis que reunieron las experiencias de miles de personas para preguntarse por la relación entre el maltrato recibido y la violencia ejercida. Todas demuestran más o menos lo mismo.

Una de ellas, realizada por investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad Normal del Oeste de China y publicada en 2023, analizó cincuenta y un estudios: las conductas agresivas eran más frecuentes entre quienes habían sufrido maltrato infantil.

El ambiente, la crianza, las circunstancias de la vida y las soledades, los desamparos, los miedos y las atrocidades que viven algunos niños y niñas les pueden helar el alma y comprometer su capacidad de empatía. A veces, hacer activo lo vivido pasivamente puede ser un intento de metabolizar la violencia que ha dejado marcas, aunque repetirla no signifique elaborarla.

No todas las personas que padecieron malos tratos se convierten en victimarios, pero una gran proporción de victimarios padeció distintas formas de violencia durante la infancia o adolescencia.

Comprender los mecanismos de la violencia temprana no absuelve de ninguna manera a los perpetradores. Nos obliga a reconocer las consecuencias sociales del maltrato infantil y la responsabilidad de intervenir mientras ese sufrimiento está ocurriendo.

*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

Dos hombres fueron demorados luego de que una pelea en la vía pública derivara en una persecución por viviendas de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas, que acudieron tras recibir un aviso sobre disturbios en el sector.

La intervención policial comenzó en la calle Soldado Luna, donde se había informado la presencia de personas involucradas en una pelea. Según los datos proporcionados, al advertir el arribo de los uniformados, los involucrados abandonaron el lugar inicial e ingresaron a una vivienda con el objetivo de evitar ser identificados.

La secuencia continuó por los fondos de propiedades cercanas. Según informó el portal Jujuy al Momento, el episodio generó preocupación entre residentes del área, de acuerdo con las denuncias y testimonios recibidos posteriormente en sede policial. Los vecinos expresaron malestar por hechos de alteración del orden y por situaciones que, según manifestaron, afectan la tranquilidad de la zona.

El desplazamiento por propiedades privadas obligó a los agentes a realizar un seguimiento dentro de los terrenos afectados. La actuación se llevó adelante con autorización de los propietarios.

Con ese consentimiento, los policías ingresaron a los inmuebles y rodearon a los hombres que intentaban escapar. Finalmente, concretaron la demora de ambos y dieron por finalizada la persecución en el sector.

Tras la aprehensión, los dos hombres fueron trasladados a la Seccional Nº 33. Allí, quedaron alojados a disposición de la Justicia, que deberá definir los pasos procesales que correspondan a partir de las actuaciones policiales y las presentaciones recibidas.

En la dependencia se tomaron denuncias y declaraciones de vecinos del barrio. Esos testimonios formarán parte de los elementos que se incorporen al expediente vinculado con el episodio registrado en la calle Soldado Luna.

A fines del mes pasado, un episodio de violencia alteró la madrugada en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Una discusión escaló en gravedad hasta terminar con un hombre de 36 años apuñalado y tres detenidos.

El hecho tuvo lugar en calle Juan Islas al 1500, en la zona oeste de la ciudad, donde las autoridades aún intentan esclarecer el origen y desarrollo de la confrontación.

Vecinos del sector alertaron sobre disturbios en la vía pública cerca de la 1 de la mañana, cuando la calma habitual del barrio se vio interrumpida por gritos y movimientos inusuales. Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir el aviso y encontraron a un hombre herido con lesiones provocadas por un arma blanca, lo que motivó su inmediato traslado al Hospital San Antonio de Padua.

El personal médico del hospital confirmó que la víctima ingresó con heridas compatibles con un ataque a cuchillazos. Los profesionales de guardia brindaron las primeras atenciones y lograron estabilizar su estado, aunque permanece internado bajo observación.

De acuerdo con la información, la agresión se produjo en el marco de una discusión cuya causa es motivo de investigación. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona tras asistir al herido y, en el marco del procedimiento, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Según indicaron fuentes policiales, los detenidos permanecen bajo custodia mientras se determina el grado de participación de cada uno en el episodio. La Fiscalía interviniente trabaja en la recolección de testimonios y análisis de pruebas para esclarecer cómo se originó la pelea y en qué circunstancias exactas se produjo la agresión.

Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento se habría iniciado por una discusión verbal que escaló hasta derivar en una pelea física. No obstante, los investigadores no descartan otras hipótesis y aguardan los resultados de las entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de seguridad del sector.

Los efectivos policiales procedieron al secuestro de elementos que podrían tener vinculación con el ataque, entre ellos un cuchillo que será peritado en las próximas horas. Los tres aprehendidos fueron trasladados a sede policial y se les notificó de su situación procesal, en tanto el caso fue caratulado inicialmente como lesiones graves.

El Ministerio Público Fiscal dispuso medidas para preservar la escena y evitar la alteración de pruebas. Se espera que este miércoles los detenidos sean indagados para avanzar en la determinación de sus roles en el incidente. La calificación legal del hecho podría modificarse, según la evolución del estado de salud de la víctima y el avance de la investigación.

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Policías detienen a mujer junto con un menor por el robo de un auto de lujo en hotel de la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 18 años y a un menor de edad por su posible participación en el robo de un BMW de alta gama, hecho ocurrido en un hotel de la alcaldía Gustavo A. Madero. El automóvil fue localizado gracias al sistema de geolocalización GPS instalado en la unidad.

El reporte llegó a los uniformados a través de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, que alertaron sobre el robo de un vehículo de la marca BMW estacionado en un hotel ubicado en la esquina de las calles Noé y Otilia, en la colonia Guadalupe Tepeyac. Con esa información, los policías acudieron de inmediato al sitio señalado.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, de 26 años, quien relató que horas antes había asistido a una reunión con varias personas en ese establecimiento de hospedaje. Después de la convivencia, se retiró a descansar y, al despertar, notó que su BMW color negro ya no estaba en el estacionamiento.

El propietario del vehículo activó el sistema de geolocalización GPS y logró ubicar la unidad en la colonia Nueva Atzacoalco, dentro de la misma demarcación. Con ese dato, los policías se trasladaron al punto exacto y localizaron a los dos sospechosos a bordo del automóvil sustraído.

Al ser cuestionados, la mujer y el menor no acreditaron la legal propiedad de la unidad, por lo que fueron detenidos en el sitio. El propietario reconoció su vehículo y solicitó proceder legalmente contra ambos, quienes fueron trasladados junto con el BMW recuperado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien determinará su situación jurídica.

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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se conmemora este miércoles 16 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación bilateral, aunque dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad, el narcotráfico y el combate contra los grupos criminales.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que México y Estados Unidos atraviesan “un nuevo capítulo” en su relación, durante la administración del presidente Donald Trump, basado —según el funcionario— en un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las economías de mercado.

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Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

/mexico/2026/09/16/se-vistieron-de-repartidores-de-didi-mataron-a-dos-rivales-en-iztacalco-y-cobraron-30-mil-pesos/

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló este miércoles 16 de septiembre, en el contexto del 216 aniversario de la Independencia de México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada este miércoles.

/mexico/2026/09/16/donald-trump-reconoce-labor-de-sheibaum-contra-el-narco-pero-pide-detener-a-funcionarios-corruptos/

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

/mexico/2026/09/16/entre-fuegos-artificiales-y-fosas-clandestinas-guanajuato-nombro-a-las-madres-buscadoras-en-el-grito-de-independencia/

Tres años después de su extradición a Estados Unidos, Ovidio Guzmán permanece bajo custodia federal, pero ya no aparece en los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Su ubicación exacta tampoco ha sido revelada y, hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar donde se encuentra.

La situación de Guzmán López cambió después de que se declaró culpable, en julio de 2025, de cargos federales relacionados con narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia confirmó entonces que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán había permanecido detenido sin derecho a fianza desde su extradición en 2023.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo este miércoles una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, identificado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla, Morelos, con un arma blanca en lo que se investiga como un intento de robo.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida ante medios de comunicación en Cuernavaca y anunció que en las próximas horas se publicará la ficha de búsqueda del sospechoso.

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La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las víctimas tenían entre 25 y 30 años aproximadamente y se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área dispitada por la Unión Tepito y la Anti Unión.

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Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

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Panamá registró 16 víctimas de femicidio entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa un aumento de 78% frente a los nueve casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Solo en agosto, tres mujeres fueron asesinadas en hechos clasificados preliminarmente como femicidios por el Ministerio Público.

El balance oficial también contabilizó 18 víctimas de tentativa de femicidio y 13 muertes violentas de mujeres durante los primeros ocho meses del año. Las tentativas aumentaron 38% frente a las 13 registradas en 2025, mientras que los fallecimientos no clasificados como femicidios crecieron 18%, al pasar de 11 a 13.

Septiembre sumó otro caso bajo investigación después del hallazgo del cuerpo de Melany Cadavid Romás, una ciudadana colombiana de 27 años, en un herbazal del sector de La Sosa, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. La mujer fue encontrada semidesnuda y con evidencias de lesiones físicas durante la mañana del sábado 12 de septiembre.

Las autoridades investigan su muerte como un posible femicidio, por lo que el total de víctimas podría elevarse a 17 durante 2026. La clasificación es preliminar y dependerá de los elementos recabados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, además de los resultados forenses y las circunstancias establecidas durante la investigación.

Los registros muestran que marzo fue el mes con la mayor cantidad de femicidios, al contabilizar cuatro víctimas. Le siguieron junio y agosto, con tres casos cada uno; febrero y mayo registraron dos, mientras que enero y abril sumaron uno. En julio no se reportaron víctimas bajo esta clasificación.

Por ubicación geográfica, Coclé, Panamá y San Miguelito acumularon tres femicidios cada uno hasta el cierre de agosto. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos en cada jurisdicción, mientras que Colón, Los Santos y Veraguas reportaron uno. Con el caso de Burunga, Panamá Oeste agregaría una nueva víctima durante septiembre.

La mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 18 y 44 años. Los grupos de 18 a 24 y de 35 a 39 años concentraron tres víctimas cada uno, mientras que dos mujeres tenían entre 25 y 29 años y otras dos estaban en el rango de 40 a 44. También figuran dos adolescentes y una adulta mayor de 80 años.

Las armas de fuego fueron empleadas en ocho de los 16 femicidios registrados hasta agosto, equivalentes a la mitad de los casos. Tres mujeres fueron asesinadas con arma blanca y otras tres mediante asfixia mecánica. El Ministerio Público atribuyó otro caso al incendiarismo, mientras el mecanismo utilizado en una de las muertes seguía sin determinarse.

Qué constituye una tentativa de femicidio

La tentativa se configura cuando una persona inicia actos dirigidos a causar la muerte de una mujer, dentro de alguna de las circunstancias que permiten calificar el hecho como femicidio, pero el resultado mortal no se produce por causas ajenas a su voluntad. No toda agresión, amenaza o caso de violencia doméstica constituye automáticamente una tentativa.

Durante septiembre, un hombre de 46 años quedó detenido provisionalmente después de ser imputado expresamente por tentativa de femicidio en La Chorrera. Según el Ministerio Público, el sospechoso ingresó el 6 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., a la residencia de su expareja en Puerto Caimito. El juez consideró que existía peligro para la víctima y la comunidad.

Otros episodios recientes evidencian una escalada de violencia, aunque jurídicamente permanecen investigados bajo otras modalidades delictivas. En Aguadulce, un hombre de 26 años fue detenido provisionalmente por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja, tras hechos ocurridos el 29 de agosto en la barriada Hollywood, corregimiento de Pocrí.

En Chiriquí, otro hombre quedó bajo detención provisional por agresión física, quebrantamiento de una medida de protección y hostigamiento. La investigación sostiene que golpeó a su pareja el 26 de julio en David y, pese a la orden judicial que le impedía acercarse, regresó a su residencia y posteriormente la amenazó de muerte.

Las cifras del Ministerio Público son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La institución diferencia el femicidio de otras muertes violentas de mujeres mediante la valoración de las circunstancias previstas en la Ley 82 de 2013, entre ellas las relaciones de pareja, los antecedentes de violencia, la discriminación y las conductas vinculadas con el control o dominio sobre la víctima.

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia en el mercado de La Merced durante el operativo “Cero Pirotecnia”, implementado con motivo de los festejos patrios. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) participaron en el dispositivo, realizado en las naves mayor y menor del mercado, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El decomiso se dio en el marco de las actividades por el 216° Aniversario del Grito de Independencia. El operativo buscó contribuir a la seguridad y el bienestar de las y los capitalinos durante los festejos patrios, según informó un comunicado conjunto de ambas dependencias.

Personal de la Unidad de Policía Metropolitana (UPM) Fuerza de Tarea, adscrita a la SSC, coordinó las acciones con la SGIRPC. Los oficiales realizaron recorridos de supervisión tanto al interior como al exterior de los comercios del mercado, con el objetivo de detectar y retirar los artefactos pirotécnicos que representaban un riesgo.

Según datos compartidos la tarde de este 15 de septiembre, durante los recorridos, el personal de ambas instituciones estableció pláticas con la ciudadanía para concientizar sobre los riesgos relacionados con el uso y la comercialización de pirotecnia. Las autoridades explicaron que estos artefactos pueden generar distintos tipos de accidentes entre la población.

La zona de La Merced concentra uno de los mercados más grandes de la capital, con una tradición histórica de comercio de productos diversos, entre ellos pirotecnia, pese a las restricciones vigentes.

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Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Elías “N” por el homicidio del vidente V.M.S.V., conocido en redes sociales como Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla, luego de encontrar pruebas contundentes en su contra.

A raíz de los hechos, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la vinculación este 15 de septiembre.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que reconozca a las personas afectadas por desplazamiento interno, les brinde atención y cree condiciones para que regresen a sus comunidades con seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado, Frayba sostiene que ha documentado 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; afirma que los casos forman parte de investigaciones sobre violencia armada y criminal en distintos territorios chiapanecos.

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El Cártel Arellano Félix —también conocido como el Cártel de Tijuana o CAF— opera desde hace décadas en la franja fronteriza de Baja California, con Tijuana como su plaza histórica y estratégica para el tráfico de drogas hacia el sur de California.

La organización, fundada por los hermanos Arellano Félix a finales de los años ochenta tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara, consolidó su poder mediante el control de rutas de cocaína, marihuana y heroína, y en su etapa de mayor expansión tejió alianzas en Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca.

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Culiacán volverá a celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre con un festejo público en la explanada de Palacio de Gobierno, después de dos años en los que la ceremonia masiva fue suspendida por la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El programa en la capital sinaloense comenzará por la tarde con actividades musicales y culturales, mientras que la ceremonia protocolaria está prevista para las 23:00 horas y será encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. El gobierno estatal también habilitó transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias.

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Un juez federal vinculó a proceso a 15 presuntos integrantes de Los Ardillos, organización criminal señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, luego de un operativo en Acapulco en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad de los detenidos en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Alrededor de 134 mil policías en México ganan menos que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cruzados con una nómina criminal del grupo delictivo que salió a la luz tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

La brecha salarial, documentada en los censos nacionales de seguridad pública publicados este año, revela que 3 de cada 10 agentes estatales y municipales perciben menos de 16 mil pesos mensuales, el monto que el CJNG pagaba a sus pistoleros, libre de impuestos.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

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El asesinato de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, ocurrió días antes del tradicional Grito de Independencia durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato. La agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

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La Secretaría de Marina (Semar) incrementó un 47.2% los aseguramientos de cocaína en sus operaciones marítimas durante 2026, asestando más golpes en contra de las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

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Miembros del equipo de trabajo de Rosi Wong, alcaldesa del municipio de Tecámac, resultaron heridos luego de que fueran atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

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La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

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México autorizó el ingreso temporal de 139 militares del Ejército de Estados Unidos que participarán, junto con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un ejercicio especializado de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los elementos pertenecen a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, con sede en Fort Campbell, Kentucky. El contingente tiene previsto llegar el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecer en territorio nacional hasta el día 30.

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El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

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Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada a balazos la mañana del 14 de septiembre de 2026 frente a su domicilio en la colonia Centro de Escuinapa, Sinaloa, cuando presuntamente volvía tras dejar a su hija en la escuela. Su muerte elevó a 16 el número de mujeres asesinadas en el municipio desde junio y a seis los casos registrados durante septiembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 horas en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional. Personas que transitaban por el sitio alertaron a la Policía Municipal tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

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Los 19 estudiantes extranjeros del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) decidieron permanecer en México tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, el sábado 13 de septiembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio, luego de que la joven sufriera un ataque con arma punzocortante durante lo que las autoridades describen como un presunto asalto violento.

Claudia cursaba una licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM y había llegado a Morelos el 17 de agosto, apenas tres semanas antes de su muerte, como parte de un programa de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba el grado de Educación Infantil en sus últimos años de carrera.

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Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

El enfrentamiento se registró la tarde del lunes 14 de septiembre y derivó en la activación del Operativo Muralla, la estrategia de seguridad en la que participan la policía estatal, la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad.

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La violencia que golpea al Catatumbo volvió a dejar una víctima menor de edad en una zona rural de Tibú. Víctor Manuel Corzo, de 17 años, murió después de activar una mina antipersonal cuando regresaba a su lugar de residencia tras cumplir labores agrícolas.

El hecho ocurrió hacia las 5:00 p. m. del lunes 14 de septiembre de 2026, en el sector de la vereda Unión Vetas, a la altura del kilómetro 28 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, Norte de Santander. La zona es señalada por las comunidades por la presencia de artefactos explosivos.

De acuerdo con Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y líder social en Norte de Santander, el adolescente se encontraba trabajando en el campo y activó el explosivo cuando se disponía a regresar a su vivienda.

La detonación le causó múltiples laceraciones en las piernas, los brazos y el rostro. El joven murió como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión. Después del ataque, su cuerpo fue trasladado hasta Cúcuta. Allí se adelantan los procedimientos correspondientes antes de que sus familiares puedan recibirlo.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan las comunidades rurales del Catatumbo, particularmente quienes desarrollan actividades agrícolas y deben transitar por sectores donde existen advertencias sobre la instalación de minas antipersonal.

La situación se suma a otros hechos violentos registrados en el área rural de Tibú durante los últimos meses. El pasado 22 de julio, un trabajador de la firma contratista Disico, al servicio de CENS Grupo EPM, resultó gravemente herido después de caer en un campo minado mientras realizaba labores de mantenimiento en la vía hacia La Gabarra. El incidente ocurrió en la vereda Kilómetro 28.

Luego de la explosión, sus compañeros y organismos de socorro lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al hospital del casco urbano de Tibú, donde recibió atención médica especializada por la gravedad de sus lesiones.

Ese episodio fue señalado como el segundo caso del año en el que técnicos de la empresa de energía resultaron afectados por minas antipersona en el Catatumbo. Además, la misma zona había sido escenario del asesinato del presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC).

Los ataques con explosivos no se limitan a los campos minados. En la región también se registraron agresiones con drones cargados con explosivos, una modalidad que se convirtió en otra amenaza dentro de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc, activa en el Catatumbo desde enero de 2025. Un consolidado de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) indica que entre el primero de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026 fueron verificadas 124 víctimas relacionadas con ataques de este tipo.

De acuerdo con ese informe, siete de las víctimas eran civiles que murieron y otras 44 correspondieron a civiles heridos. Entre los integrantes de la Fuerza Pública se contabilizaron 18 muertos y 55 heridos durante el periodo analizado.

La presencia de minas y otros artefactos explosivos representa un riesgo particular para campesinos y menores de edad, debido a que sus actividades cotidianas pueden llevarlos a zonas afectadas por la confrontación. El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y monitores humanitarios advierten sobre un repunte continuo de incidentes que involucran a menores en el Catatumbo.

La disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc favoreció la instalación de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), según el texto de referencia. En este escenario, las comunidades rurales permanecen expuestas mientras desarrollan labores de campo o se desplazan por caminos habituales. El riesgo se extiende a trabajadores y habitantes que recorren corredores para cumplir sus actividades diarias cotidianas.

Una reunión de trabajo en el Parador Turístico de Pilo Lil, una localidad de apenas 200 habitantes ubicada a 55 kilómetros de Junín de los Andes, al sur de Neuquén, terminó el viernes pasado con gritos, insultos, un cuchillo desenfundado y una denuncia penal. El episodio ocurrió entre las 12 y las 12:30 e involucró al actual presidente de la Comisión de Fomento del paraje y a su antecesor en el cargo. Ahora, se conocieron las capturas del video grabado en el momento del violento enfrentamiento.

Andrés Avelino Infante es el actual presidente de la Comisión de Fomento del paraje. Eliseo Díaz, su antecesor, ocupó ese mismo cargo durante 12 años. La mesa de trabajo también contaba con la presencia de la funcionaria Eliana Rivera, coordinadora de la Región Sur del gobierno provincial, y de Raquel Fantini, compañera de Infante y referente de Educación.

El detonante fue, en apariencia, un trámite de rutina. Infante le habría pedido a Díaz una nota de rendición de cuentas por el combustible que consumió la camioneta de la comuna, que el ex funcionario había solicitado para trasladar fardos de pasto. Las comisiones de fomento de la provincia operan con aportes de combustible que deben ser rendidos obligatoriamente. Esa exigencia, según la denuncia, fue suficiente para que la situación se saliera de control.

Lo que siguió duró casi 20 minutos. Gritos, insultos y empujones dentro del recinto. Según el relato de Infante a LM Neuquén, la reacción de Díaz fue inmediata y violenta. “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, declaró el actual presidente de la Comisión.

Cuando intentó sacar a Díaz del salón, el forcejeo escaló hasta un punto que Infante describió con precisión: “Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros con cabo de madera. Y sigue gritando que me iba a matar”. La distancia entre ambos, aseguró, no llegaba al metro: “Si estiraba el brazo, me apuñalaba”.

Fue entonces cuando Fantini tomó una decisión. Se colocó físicamente entre los dos hombres y se convirtió en una barrera humana. Las capturas del video muestran exactamente eso: ella de espaldas, Infante resguardado detrás. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató Infante. Y añadió: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

Quien registró todo fue Rivera. Al ver que la situación se descontrolaba, la coordinadora provincial comenzó a filmar. Ese video de varios minutos es hoy la prueba central de la causa. Fue entregado a la Fiscalía, al secretario del Interior Gustavo Coatz y al Ministerio de Seguridad provincial.

“Gracias a Dios se filmó. Todo está registrado y está puesto como prueba. No lo queremos hacer público porque tiene que actuar la Justicia”, afirmó Infante. Las cámaras de seguridad ubicadas frente al Destacamento de Pilo Lil también habrían captado a Díaz lanzando amenazas una vez fuera del parador. En las últimas horas, LM Neuquén consiguió imágenes del video que registró la violenta pelea, en la que se ve a Díaz con un cuchillo y a Infante detrás de su esposa, tal como relató.

Alertada por Rivera, la Policía intervino. Personal del destacamento local y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes se presentó en el parador, donde se tomaron declaraciones a las dos mujeres presentes. Díaz, que había intentado llegar al destacamento para radicar su propia denuncia, fue interceptado en el camino y trasladado a la comisaría de Junín.

Quedó imputado por agresión con una restricción de acercamiento de cuatro meses. Fuentes policiales y judiciales consultadas por el medio neuquino fueron directas: “Fue totalmente una locura la actitud de Díaz de exhibir un cuchillo durante una discusión y en tono amenazante, y más habiendo dos mujeres”.

El incidente no cerró ahí. Tres horas después, ya en su despacho, Infante recibió la visita del hijo mayor de edad de Díaz. “Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables a ellos”, aseguró el funcionario.

Díaz no hizo declaraciones públicas. Habló su esposa, Belén Griselda Alfonso, quien desmintió de plano la versión del arma. “Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo en diálogo con LM Neuquén. Según su relato, fue Infante quien inició la agresión al tomar a su marido del pecho, y Díaz actuó en defensa propia. También calificó al actual presidente de la Comisión como “un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber”.

Sin embargo, el propio Díaz reconoció ante la Justicia haber blandido lo que llamó un “verijero” de entre 10 y 12 centímetros, con el argumento de que lo iban a atacar entre tres personas y que le tendieron “una cama” en el parador. Las imágenes que ahora se conocen muestran una escena diferente.

La causa tramita en la Fiscalía de Junín de los Andes de la IV Circunscripción Judicial, que deberá analizar el video de Rivera, las imágenes de las cámaras del destacamento y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para determinar las responsabilidades penales. El video íntegro permanece fuera del dominio público para preservar la investigación.

Morena designó a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, un nombramiento que la coloca como virtual candidata a la gubernatura en las elecciones de 2027 y que llega tras el proceso interno más disputado de todo el país. El Partido Verde mostró su apoyo a la senadora.

El anuncio, en el WTC de la CDMX

El nombramiento se dio a conocer este lunes 14 de septiembre, durante un evento en el World Trade Center de la Ciudad de México, encabezado por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Guerrero se presentó junto con Michoacán, la otra entidad que registró mayor número de aspirantes.

Con esta definición, Morena suma 5 coordinadores estatales de los 17 estados donde habrá elecciones en 2027, tras las designaciones previas en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa.

La disputa interna más grande del proceso

Guerrero registró a más de 16 aspirantes, el número más alto de todo el país. Entre los perfiles con mayor peso destacaban Beatriz Mojica, senadora que lideraba las encuestas internas con 24.1% de preferencia; Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco y respaldada por el “team Ebrard”; Esthela Damián, exconsejera jurídica; Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde; y Alberto López Rosas, exprocurador de Justicia estatal.

El nombre que más ruido generó fue el del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado, cuya eventual candidatura abría la lectura de una posible continuidad familiar al frente del estado.

Un estado bajo presión por la violencia

La designación llega en un momento de fuerte tensión por seguridad. Apenas este mes se conoció el asesinato de Eduardo Bustos, elemento de la Guardia Nacional que antes de morir había denunciado una presunta red de corrupción entre mandos, funcionarios de Morena y el grupo criminal “Los Tlacos”. El caso llevó al líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a exigir la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado, señalando complicidad con el crimen organizado.

El gobierno estatal ha respondido destacando una reducción del 33% en los índices delictivos respecto al año anterior y sosteniendo mesas de coordinación con Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad federal. El 8 de septiembre, además, Salgado arrancó el Programa de Blindaje Electoral 2026-2027, con el compromiso de garantizar “piso parejo” a todas las fuerzas políticas rumbo a la sucesión.

Sin candidato definido en la oposición

Ni el PAN ni el PRI han revelado todavía un perfil propio para Guerrero. A nivel nacional, la dirigencia panista de Jorge Romero ha adelantado que competirá con candidatos propios en los 17 estados en juego, sin descartar coaliciones puntuales con el PRI, pero sin definiciones concretas para la entidad.

¿Quién es Beatriz Mojica Morga?

Beatriz Mojica Morga es senadora con licencia de la República por Guerrero desde septiembre de 2024, cuando llegó al Senado como integrante de la primera fórmula de Morena. Es considerada la primera senadora afromexicana del Congreso mexicano por acción afirmativa y preside la Comisión de Cultura.

La legisladora también integra las comisiones de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de Derechos de la Niñez. Además, preside la asociación civil Mi Corazón es Guerrero, dedicada a promover diálogos por la paz y el desarrollo, y es consejera nacional de Morena.

Mojica Morga militó durante casi 30 años en el PRD, partido que dejó en 2019 después de ocupar la Secretaría General nacional, encabezar brevemente la dirigencia interina en 2016 y ser diputada federal entre 2003 y 2006. En 2015 fue candidata del PRD-PT a la gubernatura de Guerrero; después se incorporó a Morena y ocupó una diputación local por Acapulco de 2021 a 2024.

La actual coordinadora de Morena nació el 25 de febrero de 1973 en Azoyú, Guerrero, en una familia de campesinos y comerciantes. Se identifica como afromexicana y guerrerense, y cuenta con una licenciatura en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, una maestría en Políticas Públicas por el ITAM y otra en Gestión de Políticas Económicas para el Desarrollo por la Universidad de Auvergne, en Francia.

Ramírez Bedolla prevé que las encuestas definan al perfil de Morena rumbo a 2027

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anticipó que el Comité Nacional de Morena anunciará este lunes 14 de septiembre a la persona que coordinará la defensa de la Cuarta Transformación en el estado, una designación que perfila a quien resulte seleccionado como virtual candidato a la gubernatura para las elecciones del 2027.

Ramírez Bedolla informó que Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, le notificó que la definición se daría a conocer ese mismo día, tras meses de asambleas y trabajos internos del partido.

La decisión corresponde al Comité Nacional de Morena y, de acuerdo con Bedolla, se sustentará en los resultados de las encuestas realizadas durante el proceso. El gobernador sostuvo que la espera por el anuncio está por terminar y que tanto la población como la militancia michoacana se mantendrán atentas a la comunicación oficial.

La Conferencia del Episcopado Mexicano pide a quienes gobiernan en el país que la libertad sea una garantía, que la seguridad y la justicia dejen de ser promesas y que las víctimas sean escuchadas. El llamado aparece en un mensaje difundido este 14 de septiembre, durante la conmemoración por la Independencia de México.

El documento, titulado Llamados a la libertad, sostiene que México llega a 2026 con avances en materia de derechos, participación de las mujeres, fortalecimiento institucional y solidaridad frente a desastres. A la vez, advierte que persisten la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado de comunidades.

Los obispos plantean que la celebración patria no puede apartarse de esas heridas. En su pronunciamiento, llaman a recordar el origen del país para mantener el ánimo de construir y colocan la dignidad humana como eje de las libertades que demandan proteger.

El Episcopado pide que la seguridad y la justicia dejen de ser promesas

La Conferencia del Episcopado Mexicano dirige su exigencia a las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Solicita que la libertad no sea tratada como una concesión, sino como un derecho garantizado para la población.

El mensaje también reclama que la seguridad y la justicia tengan resultados. “Que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa; y que se escuche a las víctimas”, expone el texto firmado por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, presidente del organismo, y el obispo auxiliar de México, Héctor M. Pérez Villarreal, secretario general.

En vísperas de proceso electoral para los comicios de 2027, los representantes católicos piden que la discusión pública esté a la altura de la ciudadanía que sostiene al país. La petición se suma a un llamado dirigido a la población para participar, cumplir sus responsabilidades y cuidar a quienes tienen menos.

El Episcopado vincula la libertad con la dignidad de cada persona. Al recordar los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, señala que la Independencia evocaba la prohibición de la esclavitud, la reducción de la indigencia y la aplicación igualitaria de la ley.

Desde esa visión, el documento incluye la defensa de los derechos humanos y de la igualdad ante la ley. También solicita proteger la libertad de expresión mediante medios plurales, periodistas protegidos y un debate público que no descalifique a quienes piensan de forma distinta.

Los obispos añaden que la libertad religiosa no se limita al culto dentro de los templos. La definen como el derecho a creer, educar conforme a las convicciones propias, asociarse, servir y participar públicamente en favor del bien común.

La Iglesia ofrece acompañamiento a víctimas y trabajo comunitario

El mensaje presenta a la Iglesia como parte del tejido social mexicano y enumera las tareas que, de acuerdo con los obispos, realiza en zonas donde persisten necesidades. Menciona a Cáritas, colegios, universidades, fundaciones educativas, casas del migrante, comedores, dispensarios, albergues para mujeres y niños, así como centros de defensa de derechos humanos.

También incluye el acompañamiento a víctimas y sus familias, la reconstrucción comunitaria y las acciones en favor de la paz. Según el Episcopado, esas labores son sostenidas por la aportación libre y, en muchos casos, anónima de millones de fieles.

El organismo afirma que con ese respaldo conserva abiertos miles de templos, a los que define como patrimonio de la Nación y espacios para toda la población, incluso para quienes no comparten la fe católica. “El tejido social, la libertad y la paz en México se sostienen también con el trabajo callado y efectivo de los creyentes”, plantea.

La declaración también recuerda el centenario del Conflicto Religioso de 1926 a 2026. Los obispos lo describen como una confrontación entre personas que compartían fe, cultura y origen, y sostienen que su lección es que las restricciones a la libertad de conciencia dañan a toda la nación.

En otro pasaje, el Episcopado coloca a la Virgen de Guadalupe como referente de unidad nacional. Señala que, rumbo al V Centenario del acontecimiento guadalupano en 2031, la Novena Intercontinental Guadalupana convoca a convertir el amor en encuentro, reconciliación y justicia.

Al menos 212 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro actualizado de la organización Causa en Común. El recuento, con corte al 10 de septiembre, incluye a policías municipales y estatales, así como integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal y la Marina.

Jalisco encabeza la lista nacional con 36 agentes asesinados, seguido por Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25, y Estado de México y Morelos, con 14 casos cada uno.

Los policías municipales concentran la mayor cantidad de víctimas dentro del registro, con 85 asesinatos. Les siguen los policías estatales, con 66; integrantes de la Guardia Nacional, con 44; elementos del Ejército, con 11; policías federales, con cuatro, y miembros de la Marina, con dos.

La actualización más reciente de Causa en Común incorporó además 10 asesinatos ocurridos entre el 4 y el 10 de septiembre en siete entidades. Guerrero concentró tres casos y Veracruz dos, mientras que Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco registraron una víctima cada uno.

El registro de la organización permite dimensionar la violencia contra quienes integran las corporaciones de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Hasta el corte del 10 de septiembre, policías municipales y estatales reunían 151 de las 212 víctimas documentadas durante 2026.

Jalisco encabeza los asesinatos de agentes de seguridad

Los 36 casos registrados en Jalisco colocan a la entidad en el primer lugar nacional por asesinatos de agentes de seguridad pública durante 2026.

Michoacán ocupa la segunda posición con 29 víctimas y Sinaloa la tercera con 25. Más abajo aparecen Estado de México y Morelos, ambos con 14 agentes asesinados.

En conjunto, estas cinco entidades concentran 118 de los 212 asesinatos documentados por Causa en Común, es decir, más de la mitad de los casos registrados en el país hasta el 10 de septiembre.

El listado también muestra un cambio respecto al año anterior. Durante todo 2025, Sinaloa encabezó el registro de policías asesinados con 48 víctimas, seguido por Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

Para 2026, en cambio, Jalisco ocupa el primer lugar del recuento, mientras Michoacán y Sinaloa permanecen entre las entidades con mayor número de víctimas.

La comparación permite observar cómo cambia la distribución territorial de los asesinatos de integrantes de corporaciones de seguridad de un año a otro. Sin embargo, el acumulado de 2026 todavía corresponde únicamente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, mientras que las cifras de 2025 abarcan el año completo.

Policías municipales, el grupo con más víctimas

Los policías municipales son el grupo más afectado dentro del registro actualizado, con 85 víctimas. La cifra representa el mayor número entre todas las corporaciones consideradas por Causa en Común.

La diferencia entre las corporaciones es relevante porque el registro no se limita a homicidios de policías municipales. Causa en Común incorporó en su actualización de 2026 a agentes de seguridad pública pertenecientes a los distintos niveles de gobierno y a corporaciones federales y militares.

Por esa razón, aunque el reporte se denomina “Registro de policías asesinados”, la actualización más reciente utiliza un universo más amplio de agentes de seguridad pública y especifica la corporación a la que pertenecía cada víctima.

El registro suma 654 agentes asesinados desde octubre de 2024

Causa en Común también presentó un acumulado correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026. Durante ese lapso, la organización documentó al menos 654 agentes de seguridad pública asesinados en México.

La cifra incorpora los casos registrados durante los últimos tres meses de 2024, los documentados a lo largo de 2025 y los ocurridos hasta el 10 de septiembre de 2026.

El dato permite colocar el acumulado de este año dentro de un periodo más amplio. Tan sólo durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en el país.

Esa cifra representó un aumento de 9% respecto al número de casos registrados por la organización durante el mismo periodo de 2024. Los estados con más víctimas durante 2025 fueron Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

El nuevo corte de 2026 muestra una modificación en las entidades que concentran los mayores registros, con Jalisco en el primer lugar y Michoacán y Sinaloa en las siguientes posiciones.

Los asesinatos de policías superaron los 300 casos en cada uno de los últimos años

El registro histórico de Causa en Común permite observar que los asesinatos de policías y otros integrantes de corporaciones de seguridad se han mantenido como una constante en el país.

Durante 2025, la organización documentó 348 policías asesinados. En 2024 registró al menos 320 casos y en 2023 contabilizó 412.

Guanajuato encabezó los registros de 2024 con 61 policías asesinados. Le siguieron Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17. Ese mismo año también aparecieron entre las entidades con mayor número de víctimas Nuevo León y Tamaulipas, con 16 casos cada uno, así como Sinaloa, con 16.

En 2023, Guanajuato también encabezó la lista con 60 policías asesinados, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

La presencia recurrente de entidades como Michoacán y Jalisco en los distintos recuentos contrasta con los cambios en otros estados que han encabezado las listas de un año a otro.

Causa en Común realiza un seguimiento hemerográfico desde 2018

Las cifras utilizadas para el recuento provienen del “Registro de policías asesinados” elaborado por Causa en Común junto con una red de periodistas especializados en temas de seguridad.

La organización mantiene este seguimiento desde 2018 y reúne los casos documentados públicamente para elaborar sus registros anuales y actualizaciones periódicas.

Por ello, el reporte debe entenderse como un registro elaborado a partir de un seguimiento hemerográfico de los asesinatos de agentes, con la clasificación de las víctimas según la corporación a la que pertenecían y la entidad donde ocurrió cada caso.

La organización actualiza de manera periódica sus cifras y mantiene disponibles los registros de los últimos años, desde 2018 hasta el corte más reciente de 2026.

La violencia de género golpeó nuevamente a la población de República Dominicana, tras confirmarse la muerte de una adolescente de 17 años en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este. Las autoridades mantienen abierta una investigación, pero las primeras investigaciones apuntan a un hombre de 40 años como presunto responsable.

La víctima fue identificada como Zaidy Fragoso Lizardo, conocida como “Michel”. Su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana en la calle A, detrás de un establecimiento comercial situado sobre la carretera Mella, en una zona transitada del municipio.

El informe preliminar del levantamiento estableció que la joven murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por la pérdida de sangre tras las heridas que presentaba. La Policía Nacional no ha divulgado el número ni la ubicación de las lesiones, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada.

Las cámaras de videovigilancia del sector se sumaron a las pruebas revisadas por los investigadores. En los registros aparece un Mazda Demio blanco durante la madrugada de los hechos. El vehículo ha sido vinculado con el detenido, de acuerdo con la información policial.

Un destornillador podría ser el arma homicida

Por el caso fue detenido Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, quien es señalado de forma preliminar como el presunto responsable de las lesiones que causaron la muerte de la adolescente. Las autoridades investigan si esas heridas fueron provocadas con un destornillador localizado dentro del vehículo que utilizaba el sospechoso.

El objeto fue incautado para someterlo a peritajes. Los análisis deberán establecer si tiene rastros que lo vinculen con la muerte de Fragoso Lizardo y si fue utilizado durante la agresión. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado de forma oficial que el destornillador haya sido el arma empleada.

Durante las diligencias, los agentes también encontraron prendas de vestir que, según las pesquisas, habrían sido usadas por Santiago Guzmán. La ropa tenía manchas de un fluido rojizo, presuntamente sangre, por lo que fue enviada a análisis científicos.

Las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el ataque

La investigación está a cargo de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas, conocida como Homicidios, con apoyo de técnicos de la Policía Científica y en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades deberán definir si la víctima y el sospechoso se conocían, cuál era su vínculo y qué circunstancias rodearon el ataque.

El Ministerio Público también tendrá que establecer la tipificación penal del caso. La muerte de la adolescente es investigada en un contexto marcado por los asesinatos de mujeres y las denuncias de agresiones de género en el país caribeño.

La Procuraduría General de la República informó a inicios de septiembre que 62 mujeres habían sido asesinadas en República Dominicana durante 2026 en hechos atribuidos a parejas o exparejas. La cifra expone la persistencia de una violencia que afecta a mujeres de distintas edades y que suele quedar fuera del alcance de las instituciones antes de que ocurra un hecho fatal.

Las autoridades dominicanas también registraron alrededor de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025. El dato refleja la presión que enfrentan los sistemas de protección, investigación y atención a víctimas en el territorio.

Mientras continúan los peritajes sobre el destornillador, las prendas incautadas y las grabaciones de seguridad, Santiago Guzmán será puesto a disposición del Ministerio Público para que enfrente el proceso judicial correspondiente.