Un joven de 23 años fue detenido este miércoles 13 de mayo por la mañana en Villa Nueva, provincia de Córdoba por el intento de homicidio a un hombre de 38 años. El hecho ocurrió el martes por la tarde y la víctima permanece internada con pronóstico reservado y riesgo para su vida en el Hospital Regional Pasteur.

El joven abordó a la víctima y lo atacó con un arma blanca, propinándole una puñalada en el pecho. El acusado permanece imputado por homicidio en grado de tentativa. La investigación intenta esclarecer las razones por las que el aprehendido realizó la agresión.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por Silvia Maldonado, dispuso las medidas urgentes que permitieron identificar al detenido, sobre quien pesan antecedentes delictivos. De acuerdo con ElDoce.tv, el operativo que culminó con la captura también incluyó dos allanamientos simultáneos realizados en los barrios Medalla Milagrosa y Florida.

Finalmente, agentes del Grupo ETER de la Policía de Córdoba arrestaron al sospechoso e incautaron tres armas blancas de distintas características, las cuales serán sometidas a peritaje en el marco de la causa. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para confirmar los detalles de lo sucedido en Villa Nueva.

Antecedentes y violencia en Córdoba

Durante el fin de semana anterior, otro episodio de violencia con armas blancas se produjo en el barrio Villa Rivadavia de la capital cordobesa. El viernes 8 de mayo por la noche, una discusión entre vecinos en la calle Coral al 7700 terminó con dos hombres hospitalizados. Uno de ellos, de 55 años, fue atacado con un machete y resultó con traumatismo de cráneo y una herida profunda en el cuero cabelludo.

Por la gravedad de las heridades, fue trasladado al Hospital Príncipe de Asturias y luego derivado al Hospital San Roque, donde permanece en terapia intensiva. Por otro lado, el segundo hombre involucrado, de 43 años, acudió por sus propios medios al Hospital de Urgencias con un traumatismo cerrado de tórax y quedó en observación.

Durante la intervención, la Policía secuestró un machete con mango de madera y un caño metálico, elementos que serán analizados en la causa judicial. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en la pelea y continúan tomando declaraciones a testigos del entorno barrial.

Un antecedente reciente ilustra cómo resuelven los tribunales argentinos casos de tentativa de homicidio con arma blanca. En mayo de 2026, un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva en San Salvador de Jujuy tras apuñalar a otro durante una pelea callejera. La agresión ocurrió en enero, cuando el condenado atacó a la víctima con un puñal en el abdomen en el barrio Punta Diamante. El tribunal consideró probado que el acusado buscó causar la muerte del otro hombre, aunque el desenlace no fue fatal gracias a la atención médica inmediata.

La víctima, identificada como R. L. V, caminaba junto a su pareja y su primo por la avenida Ricardo Alfonsín cuando fue interceptada por González y un grupo de familiares, quienes comenzaron a insultarlo. El intercambio verbal derivó en una pelea, momento en el cual González apuñaló a la víctima en la parte baja del abdomen. El primo de la víctima también resultó agredido por otras personas cuya identidad no pudo establecerse.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Jujuy, que valoró testimonios y peritajes para establecer la responsabilidad penal del acusado bajo la figura de homicidio simple en grado de tentativa. Esta condena ejemplifica el tipo de condena que podría enfrentar una persona acusada por hechos similares en la provincia de Córdoba. En general, las penas varían entre 5 y 15 años de prisión, dependiendo de si es simple o calificado.

Flor es cantante, influencer y creadora de contenido. Alcanzó la popularidad gracias a sus interpretaciones musicales en el subte y en las calles de Buenos Aires; sus videos se viralizaron en TikTok y en Instagram. Inició su carrera artística de forma independiente y creó una sólida comunidad digital con su estilo que fusiona cumbia, pop urbano y versiones de canciones populares. En los últimos años, lanzó composiciones propias como 4:20 y el EP Etapas, y colaboró con artistas como Rusherking y Fer Vázquez.

Su historia de superación personal y crecimiento desde los escenarios callejeros hasta plataformas digitales masivas la posicionaron como una de las nuevas figuras en la música urbana y tropical argentina.

Ante la pregunta sobre qué haría con un millón de dólares, Flor respondió sin dudar: crear una casa artística destinada exclusivamente a chicos que viven en hogares. Según explicó, el proyecto nace de su propia historia y de las carencias que atravesó durante su infancia.

Durante la entrevista, recordó el programa estatal Adolescencia, del que participó y que estaba orientado a jóvenes que vivían en hogares o no tenían recursos para acceder a actividades artísticas. También mencionó la casita C&C Arte, un espacio con talleres de baile y música, aunque aclaró que su sueño apunta a desarrollar “algo mucho más grande y enfocado únicamente en chicos que crecieron en instituciones”.

Si bien la propuesta del millón de dólares forma parte del juego del programa, la artista aseguró que busca convertir ese proyecto en realidad en los próximos años, impulsada por el crecimiento de su carrera musical.

Infancia, familia adoptiva y vivencias en hogares

Flor ingresó a un hogar junto a sus hermanos cuando tenía tres años. Desde entonces, la música fue refugio y motor para transitar la infancia. Gran parte de esa conexión surgió desde programas como Casi Ángeles, donde imaginaban que el arte podía ser una vía de escape y una forma de construir identidad.

“Vivía en un hogar con mis hermanos y en ese momento veíamos el programa. Asociábamos mucho estar en un hogar con hacer música, porque éramos muy chicos y no diferenciábamos una actuación de algo real. Para nosotros era muy real ese hogar mágico y si ellos podían tener una banda, nosotros también. Siempre tuve esa cercanía con la música”, relató.

En medio del dolor que atravesaban, la ficción representaba una esperanza. “Creo que ayudó a mucha gente a olvidarse de las cosas malas. A nosotros nos dio la ilusión de que podíamos hacer algo con la música o con el arte y perseguir los sueños”, agregó.

La convivencia con su familia adoptiva estuvo marcada por situaciones de violencia física, manipulación y maltrato psicológico. El vínculo con su madre adoptiva era especialmente conflictivo, mientras que su padre adoptivo mantenía una actitud pasiva. “Si uno hacía las cosas mal era un mal hijo y ella nos decía que se arrepentía de adoptarnos. No tuve un mal vínculo con mi papá. El problema era que él avalaba esas cosas y no hacía nada al respecto. Pero no era una persona violenta”, afirmó la artista.

Con el tiempo, advirtió que lo que vivía no era normal. “Me empecé a dar cuenta de que las cosas no eran así cuando fui a la casa de mis amigos y sus mamás no eran así. Sentía que estaba en deuda con ellos porque había sido adoptada. Yo no lo entendía porque tenía 10 u 11 años. Después, con el tiempo, me di cuenta y decidí irme”, recordó.

Sobre el vínculo actual con su familia adoptiva, Flor señaló que mantiene cierto contacto con su padre, aunque distante. “Aprendí a perdonar. Sé que él nunca hizo las cosas con mala intención. Siempre sentí que fue irresponsable en algunas cosas. Pero sé que no fue con maldad, que él nos amó de verdad”. Con su madre adoptiva, el lazo se rompió durante la adolescencia. “Cuando yo tenía 15 años nos sentamos las dos, tranquilas, y nos dijimos: ‘Yo no quiero ser tu mamá, yo no quiero ser tu hija’. Me levanté y no la vi nunca más”, sentenció.

Con los años, Flor y sus hermanos terminaron separados. Una de sus hermanas fue internada, otra se fue a vivir con una amiga y su hermano menor permaneció con la madre adoptiva. La distancia y los conflictos familiares la impulsaron a irse de su casa siendo todavía muy joven. En ese contexto, la figura materna más importante en su vida fue su hermana mayor, quien también pasó por situaciones de calle y siempre asumió un rol de cuidado. “Ella fue la persona que me enseñó a atarme los cordones, a leer, a escribir. Era la hermana mayor y siempre nos cuidó y nos defendió”, expresó.

Experiencia en la calle, abusos y resiliencia

—¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de tu vida?

—¡Uf! Yo creo que la calle. En mi adolescencia, cuando me tocó transitar la calle, el tener que sobrevivir sola, el tener que utilizar mi cuerpo para algunas ocasiones o los abusos sexuales, también. Esos creo que han sido los más duros. Me habré alejado de mi familia adoptiva a los 13 o 14 años y a los 18 más o menos volví a pararme. Pero estuve todos esos años deambulando de acá para allá, estando en la casa de alguien, en la casa de personas y haciendo cosas que capaz no tenía ganas de hacer para que me ofrezcan un baño donde bañarme, porque a veces no había dónde bañarse.

—¿Hay algo de tu historia que todavía te cuesta contar?

—Yo creo que el tema de los abusos siempre lo cuento por arriba porque es fuerte recordarlo. Yo sufrí tres abusos sexuales en mi vida y dos han sido medio inconsciente con efectos de alcohol o droga y la última vez no, y esa creo que fue la peor, la más triste y dolorosa que viví.

—¿Fue siempre la misma persona?

—No. Fueron todas personas que yo no conocía. Gente en la calle o en una villa. Me agarraron entre cuatro y la última fue un colectivero. Eso sí no lo charlo porque siento que hago una nota toda llorando y es horrible... Es duro y hasta a veces me pasa hoy día, que ya pasó un montón de tiempo de eso y siento culpa por eso. Y sé que está mal. Todo el mundo me dice que está mal, que no fue mi culpa. Hice terapia con más de siete psicólogos. Hoy día estoy en terapia y la psicóloga me hace entender siempre que no fue mi culpa. Yo a veces, le tengo, no sé, odio a mi cuerpo porque todo el mundo lo maltrató. Pero a veces siento culpa. A veces siento que si yo no hubiese estado en ese lugar a tal hora, tal día, eso no hubiese sucedido. Pero uno aprende de los errores. ¿Fue mi error por haber estado en ese lugar? Yo creo que sí, porque en realidad no tendría por qué haberme escapado de donde estaba. Yo estaba en un hogar y me escapé. Está bien, la estaba pasando mal. Pero era de noche y no correspondía que ande de noche porque es peligrosa la calle.

—Pero eras muy chica. No te dabas cuenta de eso todavía y la estabas pasando mal.

—Es verdad. Pero yo busco culparme y sé que está mal eso. Nunca pude hacer una denuncia. Nunca me sentí fuerte para hacer el reconocimiento de las personas, volver a verlos. Yo no sé quiénes eran, pero recuerdo sus caras. Creo que lleva tiempo ese proceso. Es una herida que aún no sanó, porque cada vez que la toco me moviliza algo.

Música y proyectos personales

La música fue siempre un refugio y también una herramienta para vincularse con los demás. Durante los años que vivió en hogares, Flor aprendió a tocar el ukelele y solía reunir a las chicas en el patio para cantar, ayudándolas a atravesar los momentos más difíciles.

“Sentía que podía conectar con ellas a través de la música; cuando las notaba inquietas, tomaba el ukelele y les proponía ir al patio para cantar algunas canciones. Se sumaban todas y era hermoso poder hacer algo por ellas, para que también pudieran estar tranquilas. Muchas habían vivido abusos y ya no querían continuar”, narró.

Consultada sobre si siente orgullo por lo que logró frente a las situaciones complejas que enfrentó, Flor subrayó su perseverancia y su capacidad de no rendirse ante la adversidad como rasgos fundamentales.

“A veces me pasa que algo me angustia y tengo ganas de dejarlo todo. Pero cada vez que estoy cerca de hacerlo, recuerdo las muchas cosas tristes que viví y siento que no merezco abandonar, porque me costó mucho llegar hasta donde estoy”, analizó.

Relaciones personales y vínculos afectivos

—¿Cómo sentís que te impactaron estas cosas que viviste en tu forma de ser y de vincularte con los demás?

—Me ayudaron a descubrir cómo es la gente, a través de su manera de hablar o de expresarse. Yo siento que le saco la ficha a todo el mundo en un segundo. Creo que aprendí a leer mucho a la gente, a no dejarme manipular y a estar despierta. La calle te enseña muchísimas cosas, pero sobre todo a estar despierto en todo lo que está pasando a tu alrededor.

—¿Te cuesta abrirte, ser vulnerable o dejarte amar?

—Soy la mejor en eso. Lloro, soy maricona, amo con intensidad y con locura a los míos. Yo doy la vida por la gente que estuvo conmigo. Tengo amigos que me han dado un túper de comida cuando no lo tuve y eso lo tengo en mi corazón todos los días y cada vez que me necesiten, yo corro por ellos. Siento en parte que mi familia al haberse destruido, yo construí con ellos una familia que me acompañó en todo ese tiempo duro.

—¿Y en el amor? ¿Cómo sos?

—Me ha pasado con todo esto de las redes y de haberme hecho conocida, de estar con gente y que a los dos meses me pidieran que les compre un auto. Yo no soy un banco. Soy una persona. Entonces claro, ahí yo me daba cuenta y digo: “No, este quiere plata, no quiere estar conmigo”. Entonces chau, listo. Yo tuve todas relaciones que me duraban dos, tres meses, porque a la primera de cambio que no me gustaba algo, ya está, nos separamos. Yo no voy a poner la cara para que me sigan pegando.

—¿Estás en pareja actualmente?

—Hoy día estoy en relación, cumplimos un año, convivimos desde octubre y nos comprometimos, todo…

—¿Cómo lo conociste?

—Lo conocí porque estoy trabajando con mi productora hace tres años. El año pasado me había mostrado a un chico y me dijo que él estaba preguntando por mí. Yo le dije: “No, quiero enfocarme en la música”. Pero lo vi en una videollamada y dije: “¡Qué guapo! Le voy a mandar un mensaje”. Le pedí el Instagram, le mandé mensaje, terminamos hablando por WhatsApp y nos vimos esa noche. Después de ese día nos empezamos a ver todos los días y no nos separamos más. Se llama Johnny, Jonathan. Su familia es lo más, también.

Mirada sobre la adopción y sueños

A futuro, uno de sus mayores deseos es formar una familia propia y convertirse en una madre presente. “Me gustaría tener cinco hijos. Adoptar a tres y parir a dos. Yo los llevaría a todas las actividades que les guste hacer. Voy a ser la mamá que está con un cartel ahí apoyando en lo que sea”, expresó.

Además, aseguró que le gustaría transmitirles herramientas para desenvolverse en la vida sin dejar de acompañarlos. “También me gustaría enseñarles de la calle, porque tienen que aprender, creo yo, para estar despiertos. Obviamente, poner límites y todo lo que quieran aprender, que lo aprendan conmigo. Así que yo creo que sería una mamá piola”, concluyó.

La violencia volvió a sacudir a la capital de Michoacán luego de que un grupo armado privó de la libertad a una pareja en el norte de Morelia y, horas después, la asesinó a balazos a orillas de la presa de Cointzio, al sur de la ciudad.

De acuerdo con información de la Policía de Morelia, el ataque ocurrió la tarde del martes en la colonia Santiaguito, una zona ubicada a aproximadamente cinco kilómetros del Centro Histórico de la capital michoacana. Testigos reportaron alrededor de las 4:00 de la tarde que sujetos armados interceptaron a las víctimas en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra Náhuatl.

Los agresores viajaban en un vehículo Volvo blanco, con el que bloquearon el paso de la camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaba la pareja. Tras detenerlos, los hombres armados obligaron al hombre y a la mujer a subir por la fuerza al automóvil de los delincuentes, mientras la camioneta de las víctimas quedó abandonada en el lugar.

Traslado y ejecución en la presa de Cointzio

Según los primeros reportes, la pareja fue trasladada más de 25 kilómetros hasta las inmediaciones de la presa de Cointzio, considerada la principal reserva de agua potable de Morelia. Fue en ese sitio donde los agresores presuntamente ejecutaron a las víctimas con disparos de arma de fuego.

Los cuerpos fueron localizados alrededor de las 6:00 de la tarde a un costado de la presa, lo que movilizó a corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargados de acordonar el área e iniciar las primeras diligencias periciales.

La FGE no ha revelado la identidad de las víctimas ni posibles líneas de investigación relacionadas con el doble homicidio. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se esperaba que fueran reclamados por familiares.

El caso generó alarma entre habitantes de Morelia debido a que el secuestro ocurrió en plena zona urbana y a escasa distancia del centro de la ciudad, evidenciando nuevamente la capacidad de operación de grupos armados en distintos puntos de la capital michoacana.

Presencia criminal y disputa entre grupos armados

Autoridades federales y estatales han reconocido en distintas ocasiones la presencia de células del crimen organizado en Morelia y municipios cercanos. Entre los grupos identificados se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, así como organizaciones delictivas conocidas como “Los Viagras” y “Los Blancos de Troya”.

En los últimos años, Michoacán ha enfrentado una escalada de violencia derivada de disputas territoriales entre grupos criminales, principalmente por el control de rutas de trasiego, extorsión y actividades ilícitas en distintas regiones del estado.

Aunque hasta ahora no se ha establecido un móvil oficial sobre el secuestro y asesinato de la pareja, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el crimen estaría relacionado con la operación de organizaciones delictivas en la zona.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, condenó el homicidio de la coordinadora municipal del partido en Valle de Allende, Lucía Guadalupe Mora Ávalos, y acusó un estado abandonado en medio de un entorno de violencia.

A través de su cuenta de X, Montiel calificó el crimen como un acto cobarde y sostuvo que no se trata de un hecho aislado. Señaló además, fallas en los mecanismos de coordinación institucional en materia de seguridad.

La dirigente también cuestionó la gestión de la gobernadora Maru Campos, al señalar que la entidad enfrenta niveles altos de violencia mientras, afirmó, existen prioridades políticas alejadas de las tareas de seguridad pública.

En su mensaje, también expresó condolencias a familiares, amistades y colaboradores de la coordinadora municipal asesinada.

“Mientras Chihuahua se convierte en la entidad más violenta del país, la gobernadora Maru Campos parece más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo”, escribió en X.

El caso Lucía Guadalupe Mora Ávalos

Lucía Guadalupe Mora Ávalos, coordinadora municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada la noche de este martes afuera de una farmacia en la colonia Nicolás Fernández, luego de arribar a su domicilio en un vehículo Honda color azul acompañada de su esposo, según reportes de medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados los interceptaron y abrieron fuego cuando descendían de la unidad, por lo que la dirigente intentó ponerse a salvo, pero fue alcanzada por múltiples impactos de arma de fuego y quedó sin vida dentro del automóvil.

De acuerdo con el diario Norte Digital, su esposo sería Manuel Antonio Bailón Cereceres, titular de cartera de Desarrollo Social y Protección Civil, quien resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital de la región, donde permanece bajo custodia policial.

Vecinos de la zona alertaron al sistema de emergencias tras escuchar las detonaciones, lo que permitió la llegada de paramédicos y elementos de seguridad, quienes confirmaron el deceso de la dirigente en el lugar.

El hecho ocurre en la región sur del estado, en un corredor donde se concentran disputas territoriales entre grupos criminales y donde autoridades locales han reconocido limitaciones operativas.

Radiografía del control criminal en el sur de Chihuahua

El sur de Chihuahua opera como un corredor estratégico que conecta la sierra con rutas hacia Durango y Sinaloa, con zonas de difícil acceso que han sido utilizadas históricamente para actividades de producción y traslado de drogas.

En este territorio se ha documentado la presencia de células vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente Los Salgueiro, así como estructuras asociadas al Cártel de Juárez, entre ellas La Línea. Ambas organizaciones mantienen presencia en municipios como Parral, Jiménez, Guadalupe y Calvo, Coronado y Guachochi.

La dinámica en la región está marcada por disputas por el control de rutas, comunidades rurales y cabeceras municipales, lo que ha derivado en episodios de violencia recurrente, desplazamientos forzados y presión directa sobre autoridades locales.

En varios municipios serranos, las corporaciones municipales operan con capacidades limitadas y dependen de despliegues estatales o federales, lo que ha generado espacios de control territorial en los que los grupos criminales ejercen influencia sobre actividades económicas, movilidad y seguridad.

Alcaldías bajo presión y control de facto en zonas serranas

En distintos municipios del sur del estado, alcaldes en funciones y exalcaldes han enfrentado amenazas, agresiones y restricciones operativas derivadas de disputas entre organizaciones criminales.

En algunos casos, estos episodios han derivado en desplazamientos temporales, reducción de actos públicos o suspensión de actividades oficiales, ante riesgos directos para funcionarios y equipos de trabajo.

Casos documentados de violencia contra actores políticos

El homicidio de Lucía Guadalupe Mora Ávalos se suma a una serie de ataques contra figuras vinculadas a la vida pública en el estado.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cuando el exalcalde de Ignacio Zaragoza, Lauro Orozco Gómez, fue asesinado a balazos en la cabecera municipal, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado.

En la última década, el estado ha registrado agresiones y asesinatos de funcionarios municipales y exautoridades en contextos vinculados a disputas criminales, particularmente en zonas serranas y regiones de tránsito estratégico, lo que autoridades locales han señalado como un patrón sostenido de riesgo para actores políticos en municipios con cierta debilidad institucional.

La manósfera constituye un espacio virtual donde predominan comunidades masculinas que comparten inconformidades, resentimientos y mensajes de violencia dirigidos principalmente hacia las mujeres.

Este fenómeno se expresa en foros, redes sociales y blogs, donde el intercambio de discursos discriminatorios se convierte en la base de la interacción diaria.

Los miembros suelen denominarse “incels”, lo cual está relacionado con hombres que se consideran excluidos de las relaciones afectivas y sexuales por factores externos a ellos mismos.

A lo largo de los años, se han documentado casos donde estas ideologías trascienden el ámbito digital y se traducen en acciones agresivas.

Ejemplos recientes incluyen ataques realizados por jóvenes que frecuentaron estos espacios en línea y compartieron contenidos misóginos antes de llevar a cabo estos actos.

Especialistas advierten sobre la influencia de la manósfera en las conductas y pensamientos que promueven la masculinidad tóxica entendida como superioridad y la descalificación sistemática de las mujeres.

La doctora Rosaurra Martínez Ruiz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, remarca la necesidad de desmantelar las creencias que sostienen estas prácticas, señalando que “hay que deconstruir la creencia de que la masculinidad implica el derecho a conquistar y ser merecedor del afecto femenino”.

¿De dónde provienen los “inceles”?

La expansión de estos pensamientos responde a varios factores sociales y personales. Por un lado, la frustración acumulada es una constante, ya que muchos integrantes experimentan dificultades para establecer relaciones afectivas, justificando de esta forma la hostilidad hacia las mujeres y otros grupos.

Al mismo tiempo, la crianza tradicional que fomenta la idea de que los hombres deben conquistar y “ganar” el aprecio femenino como un derecho inherente.

Un elemento clave es el rechazo al feminismo y a los avances en igualdad de género.

Diccionario básico de la manósfera

Para comprender el funcionamiento interno de estos grupos, es necesario familiarizarse con los términos que emplean para definir su visión del mundo y a sus miembros. A continuación, se presentan los conceptos esenciales:

• Incels: Individuos que se autodenominan “célibes involuntarios”, responsabilizan a las mujeres y a la sociedad de su falta de relaciones sentimentales y sexuales.
• Chad: Representa el modelo de “hombre exitoso”, con atractivo físico y fortuna en el ámbito amoroso; es visto como el opuesto del incel.
• Manósfera: Entorno digital formado por foros y redes donde se promueve el desprecio hacia las mujeres, el antifeminismo y la supremacía masculina.
• Foids: Palabra que designa de manera peyorativa a las mujeres, despersonalizándolas y viéndolas como responsables de los males de los incels.
• Antifeminismo: Doctrina que combate abiertamente el feminismo, identificándolo como una amenaza directa a los valores tradicionales masculinos.
• Broncels: Término que hace referencia a los hombres que forman parte activa de la comunidad incel, consolidando una identidad colectiva basada en el resentimiento hacia las mujeres.

El desafío para la sociedad se encuentra en identificar estos discursos y trabajar en la construcción de alternativas basadas en el respeto y la igualdad.

Figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada o Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, han concentrado la atención en el mundo criminal debido a una popularidad característica que formaron a través de los años al tener presencia mediática o por mantener un bajo perfil.

Aunque resuenan en su mayoría nombres de figuras masculinas, en el narcotráfico también han participado mujeres como cabecillas de organizaciones que han trabajado codo a codo con líderes; sin embargo, sus historias no han sido contadas debido a que muchas manejaron un bajo perfil que las llevó a perderse en archivos o acusaciones en los Estados Unidos.

Deborah Bonello, editora general de la agencia InSight Crime, explicó en entrevista con Infobae México que fue la falta de conocimientos sobre mujeres en el narco lo que la llevó a escribir su libro Narcas: El ascenso al poder de las jefas secretas del crimen organizado, con el objetivo de contar las historias de quienes colaboraron en el ascenso del Cártel de Sinaloa.

Durante su estadía en México en 2006 y mientras cubría temas de crimen organizado, Bonello identificó que la cobertura de las mujeres dentro de los cárteles se daba a través de su vida romántica y no en función de sus actividades delictivas, lo que la llevó a investigar sus roles con una mirada distinta.

“Sentí que había demasiado enfoque en lo que son las novias y la figura de la buchona y toda esa cultura, pero toda la cobertura se enfocaba en con quién estaba casada, con quién se estaba acostando (o estaba) enamorada, con toda esa narrativa del romance y el sexo”, señaló.

Aprovechan los estereotipos, aunque también funciona como manto para ocultarse

Bonello explicó que fueron alrededor de dos años los que pasó documentando las historias de mujeres que participaron activamente en el narco en Honduras, Guatemala y México, y quienes contaban con alianzas con el Cártel de Sinaloa.

Durante su investigación, pudo recopilar testimonios y casos que evidencian el liderazgo de diversas mujeres en el crimen organizado, quienes participaban en funciones clave como el tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones logísticas.

Bonello detalló que los estereotipos son un punto clave en el estudio de los roles de las mujeres en el crimen, ya que han provocado que permanezcan en las sombras al subestimarse sus capacidades, además de que puede ser aprovechado por ellas para mantener un bajo perfil.

Los liderazgos actuales de Enedina Arellano Félix (Cártel de Tijuana) y de Rosalinda González Valencia (Cártel Jalisco Nueva Generación) son una muestra del bajo perfil que suelen mantener las mujeres, ya que, a pesar de su poderío e influencia, poco se conoce de su entorno.

“Yo he hecho mucha fuerza para que documentáramos más a la Rosalinda. Pero realmente, cuando ves su fama y la cantidad de tiempo que ella tiene en el narcotráfico, comparado con su marido, es noche y día. Ella hasta que tiene muchos más años en el narcotráfico, más poder por parte de su familia (…) Yo siento (que esa invisibilidad es porque) en general, la gente que está documentando y escribiendo sobre el crimen organizado, históricamente fueron los hombres. Y los hombres en general no esperan que las mujeres tengan un poder, nos sobreestiman, lo cual sirve para las mujeres“, aseguró.

Las buchonas, ¿tienen un nuevo rol o siempre lo llevaron a cabo?

La autora refirió que los roles de las mujeres dentro de los cárteles van más allá de su apariencia física, esto luego de que algunos expertos en seguridad pública han afirmado que aquellas identificadas como “buchonas” comienzan a tener papeles activos en las organizaciones.

“Puedo decir que las apariencias mienten y que ellas aparecen en muchas formas, sea buchona o abuela, todo es posible”, señaló.

En su libro, Deborah Bonello señala que las historias de mujeres han sido poco estudiadas debido a que su nivel de violencia ha sido usado como el prisma para medir el liderazgo y poder que tendrían dentro de los grupos criminales; sin embargo, la mayoría de ellas ha mantenido un bajo perfil desde los años cuarenta.

A través de mujeres como Digna Valle ( Honduras); María Dolores Estévez Zuleta, “La Chata”, (México); Ignacia Jasso, “La Nacha”, (México); Emma Coronel (México); Luz Irene Fajardo Campos, entre otras, la autora abre una puerta para mostrar que su poderío iba más allá de los hombres que las rodeaban o de la violencia que ejercían.

“El punto del libro es tratar de quitarnos un poquito estos lentes (de los estereotipos) para ver con un poquito más de claridad lo que está pasando, porque también las mujeres usan estereotipos para esconderse”, señaló.

Narcas cuenta la historia de un grupo de mujeres que lideraron sus propias organizaciones criminales. Todas tienen contextos y orígenes distintos, pero comparten sus nexos con el Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia México.

El caso, documentado en video y difundido por el comité Orgullo Mexicali, desató denuncias por privación de la libertad, tortura y aplicación de terapias de conversión, prácticas prohibidas por el código penal de Baja California.

La privación de la libertad de mujer trans y su humillación pública quedan registradas en video

En los videos, se observa cómo integrantes de la Patrulla Espiritual, encabezados por Jesús Ignacio Osuna, localizan a la mujer en situación de calle.

Con la ayuda de empleados de una gasera, la persiguen y la obligan a subir a una camioneta. Durante el trayecto, Karime pide: “Déjenme ir, por favor”. Los agresores la critican por su forma de vestir.

Ya en el centro Jireh, le cortan el cabello y la visten “de hombre”. La víctima aparece desorientada y suplicando que la dejen ir. Las imágenes muestran cómo los responsables graban y difunden los hechos en redes sociales.

Denuncian tentativa de conversión y acoso sexual simbólico

El comité Orgullo Mexicali denunció que la llamada “labor social” de la Patrulla Espiritual constituye una tentativa sistemática de conversión.

Señalaron: “La imposición de la vestimenta masculina y el discurso de corrección contra su identidad sexual son una falta contra la dignidad humana, de acuerdo al código penal de Baja California”.

Los activistas acusaron insultos sexuales continuos y burlas que, dijeron, fomentan la violencia psicológica. “La Patrulla Espiritual opera sin regulación, realiza levantamientos de personas vulnerables y promueve la violencia digital al exhibir a la persona solo por entretenimiento”, sostuvieron.

El colectivo exigió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicie una investigación por tortura y delitos de odio, y que la Fiscalía sancione a los responsables y clausure el centro de rehabilitación Jireh. También pidieron que bajen los videos de redes sociales por “vulnerar los derechos de la víctima”.

Autoridades confirman que la Patrulla Espiritual no tiene permisos

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, dijo en entrevista con Canal 66 El Canal de las Noticias: “La patrulla espiritual no cuenta con permisos municipales para operar. El día de mañana habrá una reunión con diversas instancias para determinar si pueden o no estar funcionando en la ciudad”.

Agregó: “Desde el punto de vista técnico, que reúne lo que tiene que reunir, la parte de los derechos humanos... porque las personas que van a esos centros tienen que ser con plena voluntad. Y estamos en pleno estudio el centro Adelante Patrulla Espiritual y tanto la Dirección de Administración Urbana que está viendo la parte técnica, derechos humanos”.

Además, comentó:

Vamos a tener una junta en estos días con Derechos Humanos del Estado para que todo camine bien. Tenemos un problema de drogas en general y sí lo tenemos. Pues todas las personas que quieran unirse a eso, pues bienvenidas. Compañero, por eso mi reunión es con Derechos Humanos del Estado, para que sean ellos, también con la nuestra, para que sean ellos los que emitan sus recomendaciones. Incluso también vamos a incluir en esa reunión a COFEPRIS, que tiene que ver con sistemas de salud”.

Reclaman trato digno y diálogo ante prácticas prohibidas

La directora de la Casita Unión Trans, Susana Barrales, pidió establecer diálogo con la Patrulla Espiritual para lograr un trato digno a las personas trans: “Aunque no compartan afinidad con la comunidad LGBT, la intervención hacia ella no debió violar sus derechos de identidad de género”.

Barrales subrayó que “la terapia de conversión es tortura y violencia conforme al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos” y difundió su número telefónico, 664 859 4534, para facilitar la comunicación con la Patrulla Espiritual y evitar la discriminación por diversidad sexual.

Diputados y comunidad LGBTIQ+ condenan la violencia

El diputado Jaime Cantón y representantes de la comunidad LGBTIQ+ condenaron ante Canal 66 El Canal de las Noticias: “Todo lo que está mal con ese video se trata de que mucho se ha luchado para que las personas que se identifican como mujer puedan ser reconocidas como mujer ante la ley. Por eso creemos que la patrulla espiritual debe respetar la diversidad de las personas y no debe meter para nada el tema ideológico en el tema de la rehabilitación”.

Así mismo, el defensor de la comunidad LGBT junto al Comité del Orgullo LGBT+ agregó:

“Si quieren rehabilitar a personas de la comunidad de la diversidad, tienen que respetar los derechos de las personas de la diversidad. De rehabilitar una persona. No estamos en contra de eso. Estamos en la forma denigrante. Recalcar que las mujeres trans son mujeres y las identidades de las personas se deben de respetar y vamos a seguir trabajando en este tema en conjunto”.

Qué es la Patrulla Espiritual de Tijuana, el grupo religioso denunciado por retener y agredir a una mujer trans

La Patrulla Espiritual de Tijuana es un grupo de corte religioso y centro de rehabilitación cristiano, asociado a la clínica “Jireh”, que se ha vuelto viral en redes sociales (TikTok, Facebook) por su particular método de “rescatar” a personas en situación de calle y con adicciones, llamándolos cariñosamente “tazos dorados”.

Un joven de Michigan fue condenado a entre 30 y 45 años de prisión por matar a su mejor amigo durante la noche de su boda, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional solo después de cumplir 30 años, tras un enfrentamiento marcado por el consumo de alcohol.

La sentencia, dictada el 11 de mayo de 2026 en Flint, determina que James Shirah atropelló intencionalmente a Terry Lewis Taylor Jr. pocas horas después de casarse, convirtiendo un día festivo en una tragedia dolorosa para las familias involucradas y la comunidad local, según informó AP News.

Durante la audiencia, el juez Khary Hanible lo expresó de manera directa: “No creo que usted sea un criminal, pero sí creo que es un asesino”. La sentencia contradijo los argumentos de la defensa, que argumentó que se trató de un accidente tras una discusión etílica después de la boda.

Hanible fundamentó su decisión en el registro de un video de vigilancia que mostró el momento del crimen, en el cual Shirah dejó la escena de la discusión y regresó un minuto después conduciendo un SUV. El vehículo fue dirigido directamente hacia Taylor, aceleró y lo impactó, detalló el juez ante la cadena especializada en juicios Court TV.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2024. Tras la ceremonia civil con Savanah Collier, Shirah y su círculo cercano, entre quienes Taylor era el padrino de la boda, se reunieron en una casa para continuar la celebración.

Una discusión entre ambos amigos provocó que el conductor abandonara el lugar y, poco después, regresara para arrollar a Taylor, según la acusación formal citada por Court TV.

El impacto no resultó inmediatamente fatal: Taylor fue trasladado con vida al Hurley Medical Center, donde falleció más tarde a causa de las heridas recibidas.

La fiscalía señaló que Shirah, en vez de asistir a la víctima, huyó de la escena y se negó a cooperar con la policía hasta el día siguiente. Tras el hecho, la policía detuvo a los recién casados, James Shirah y Savanah Collier.

Durante el juicio, el abogado defensor Harrell Milhouse insistió repetidas veces en que la muerte fue accidental: “Se produjo una pelea, una discusión, con alcohol de por medio. Son amigos de toda la vida y las cosas se salieron de control”, afirmó ante el tribunal, de acuerdo con Court TV.

Finalmente, Shirah optó por no impugnar los cargos de homicidio en segundo grado, conducir sin licencia válida y huir tras un accidente mortal, decisión que derivó en la severa condena.

La sentencia contra Shirah, de 30 a 45 años por homicidio y otras penas menores que se cumplirán de manera simultánea, establece que será elegible para libertad condicional únicamente cuando cumpla los primeros 30 años de prisión, informó AP News.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, expresó en su momento: “Nunca he visto nada parecido. He visto personas atropellando a otras, pero no tan pronto después de una boda”.

La prometida de Taylor, Nikki Robinson, estaba embarazada al momento de la tragedia y la familia organizó una campaña solidaria en GoFundMe que logró recaudar más de USD 1.200. Taylor tenía dos hijos y esperaba un tercero.

El testimonio de la familia de la víctima marcó la jornada. Eren Taylor, primo del fallecido, describió entre lágrimas la escena: “Todo lo que pude ver era sangre. Su pecho estaba abierto, donde están mi nombre y el de mis dos hijos”, narró ante la jueza, según la agencia de noticias.

Las palabras finales, el juicio de la sociedad y el futuro de los involucrados

Antes de la lectura de la sentencia en el tribunal del condado de Genesee, Shirah, con lágrimas, ofreció una disculpa pública: “Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi remordimiento. Estaré arrepentido por siempre. No fue intencional… sé lo que verdaderamente ocurrió esa noche y sé que no fue intencional. Era mi mejor amigo”, afirmó Shirah, citado por Court TV.

El juez Hanible contrarrestó esa versión, enfatizando: “El hecho de que alguien ya no esté aquí significa que usted es un asesino. Usted mató a alguien”, según la cobertura de la cadena especializada en juicios Court TV.

Por su parte, Collier, esposa de Shirah, se declaró culpable de encubrir los hechos tras el homicidio y enfrentará su propia sentencia el 26 de mayo de 2026, conforme a la información difundida por AP News.

La incautación de armas blancas, artefactos entre otros artículos prohibidos en centros educativos del sur de República Dominicana revela la amplitud de la problemática de seguridad escolar y la respuesta activa de las autoridades, que implementaron una serie de operativos en cerca de 60 escuelas pertenecientes a la Regional 03 de Azua durante una semana.

Esta intervención se inscribe en un contexto nacional de creciente alerta por la violencia en el entorno escolar, con la participación de equipos especializados y medidas preventivas cuya dimensión refuerza la preocupación de las autoridades educativas.

La cifra de escuelas inspeccionadas ilustra la escala de la operación: los procedimientos no se limitaron al municipio de Baní, sino que incluyeron planteles distribuidos en cinco distritos educativos que abarcan las provincias de Azua, Peravia y San José de Ocoa.

De acuerdo con el teniente coronel Pérez Zapata, encargado de la Policía Escolar para la demarcación, “esos objetos no solo se incautaron en Baní ni son de un solo centro escolar, sino que corresponden a diferentes centros escolares pertenecientes a dicha regional”, en declaraciones al Listín Diario.

El operativo, realizado por el Cuerpo Especializado de la Policía Escolar, la Unidad Operativa de Acción Rápida y con el apoyo de la Policía Preventiva, se tradujo en la confiscación de una variedad de objetos que recientemente habían circulado en imágenes difundidas en redes sociales.

Entre los artículos decomisados figuran puñales, machetes y dispositivos electrónicos, relacionados con incidentes de disciplina y riesgos para la integridad física de alumnos y personal educativo.

Estas acciones forman parte de una labor regular ejecutada semana a semana y que puede abarcar hasta diez escuelas por jornada en cada distrito educativo, como detalló José Alberto Herrera, director del Distrito Educativo 03-04-Baní.

Herrera subrayó que la práctica consiste en sumar los objetos hallados durante la semana para entonces elaborar un informe general sobre la seguridad en los planteles.

Ante la pregunta sobre qué sucedió en los planteles del sur, la respuesta oficial señala que durante una semana de requisas en aproximadamente 60 escuelas de Azua, Peravia y San José de Ocoa, equipos de la Policía Escolar y de la Policía Preventiva incautaron armas blancas entre los objetos prohibidos como puñales, machetes y dispositivos electrónicos en el marco de operativos rutinarios destinados a prevenir la violencia.

Estas acciones confirman el diagnóstico de un aumento sostenido en comportamientos violentos.

Los reportes de la Policía Escolar aclaran que los artículos incautados no pertenecen a un solo plantel, sino que reflejan una problemática de mayor escala regional.

Durante los últimos años, la presencia de la violencia en los colegios dominicanos ha generado inquietud creciente entre autoridades, familias y organismos sociales, como lo demuestran mediciones recientes que reportan un “alto porcentaje de preocupación por el incremento de la violencia en las escuelas”.

A modo de refuerzo preventivo, además de la labor policial, los equipos intervinientes han iniciado conversatorios en los planteles, con la participación de oficiales y técnicos de las Unidades de Antipandillas. El objetivo, según explicó Pérez Zapata, es orientar tanto a los estudiantes como al personal docente, miembros de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela y personal auxiliar, “para prevenir que puedan caer en el flagelo de las pandillas y otros problemas que ponen en conflicto mantener una escuela sana y en armonía familiar y social”.

La gravedad del fenómeno motivó al Ministerio de Educación (Minerd) a anunciar la creación de un centro de apoyo psicoemocional como respuesta institucional. De forma paralela, el ministerio proyecta la intervención piloto en diez centros educativos seleccionados, con el fin de abordar de manera integral la cuestión de la violencia y promover la armonía en los entornos escolares.

En un gesto de agradecimiento por las acciones de seguridad que realizan de manera diaria elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de las Fuerzas Armadas en Sinaloa, los integrantes de Grupo Resguardo le dedicaron un corrido a un grupo de militares que patrullaban Culiacán.

Un hecho fuera de lo común ocurrió de manera reciente en la capital sinaloense, cuando los miembros de la banda fueron abordados por un grupo de militares que trataba de verificar que se encontraban bien.

Y es que, desde septiembre de 2024, la entidad ha sido el centro de hechos violentos a causa de la disputa que mantienen las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa tras el secuestro y posterior entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder.

Pese a tener que adaptarse a la militarización de su ciudad desde entonces, Christian, el acordeonista de la banda, detalló en entrevista con Infobae México que dedicaron su corrido como una forma de reconocer el trabajo que realizan para mantener la seguridad.

De acuerdo con el músico, el objetivo fue transmitir un mensaje positivo tanto para los militares como para la comunidad, pues insistió en que su intención fue simplemente aportar algo bueno en medio de la adversidad.

“Yo respeto mucho a los señores militares y es como una parte de mí, como de darles las gracias. Yo sé que los militares andan haciendo su trabajo, les toca de repente andar en el calorón, andar sufriendo hambre, sed. Y fue como una manera de tratar de demostrarle a la gente que aquí en Culiacán pues hay gente buena y pues quisimos darle un momento de relajo a los militares”, comentó.

Banda dedicó su corrido “El Burro Soplón”: esto es lo que dice

Los integrantes de Grupo Resguardo interpretaron el corrido de su autoría llamado “El burro soplón”, el cual narra la historia de unos militares que, en su búsqueda de personas dedicadas a actividades ilícitas en la sierra, solo encuentran un laboratorio y un burro amarrado.

Tras varios días, un militar de alto rango decide soltar al burro para que busque comida y agua, pero antes de dejarlo ir, le ordena a la tropa seguirlo, pensando que podría guiarlos hacia los responsables. Así, siguiendo la astucia del animal, logran dar con una persona involucrada en actividades ilegales.

Al respecto, Christian dijo que aunque algunas personas creen que el protagonista es el burro, la intención del corrido es mostrar que, en esa ocasión “el ejército ganó”.

“Mucha gente decía que no era corrido para los militares, que era para un animal que es el protagonista de la historia. Pero no, pues yo pienso que es para una manera de demostrar que el ejército ahora ganó. O sea, la astucia de la persona de alto rango para decirle: ‘Ey, síguelo’”, explicó el músico.

Militares solo permanecieron unos minutos y se retiraron

Christian también dijo que los militares solo se acercaron para verificar que estaban bien, pero fue él quien les preguntó si podían cantarles una canción como agradecimiento.

El músico explicó que los elementos de la Defensa permanecieron un par de minutos y se retiraron, además de que se negaron a comer de la carne asada que tenían preparando y que se observa en el video.

“Le cantamos esa canción y ya se estaban retirando y ya le dijimos: “Oiga, disculpe, ¿le podemos cantar otro pedacito?”. Y ya le cantamos otro pedacito, de hecho no fue ni la canción completa, fue media canción cuando ya los señores se despidieron y se fueron", detalló.

Pese a la violencia y al despliegue de más de 13 mil elementos de la Defensa, Christian subrayó que la presencia militar se ha vuelto parte del paisaje cotidiano y que también le provoca seguridad debido al contexto en el que se encuentra el estado.

Y es que la disputa del Cártel de Sinaloa ha provocado constantes ataques armados, desapariciones, secuestros, más de 3 mil homicidios y hallazgos de cuerpos sin vida en distintos municipios.

Christian reconoció que los hechos violentos en Sinaloa impactan a todos los sectores, pero destacó que, pese a las dificultades, la mayoría de las personas en Culiacán buscan salir adelante y mantener la esperanza.

En los primeros meses de 2026, República Dominicana ha registrado 32 muertes violentas de mujeres por razones de género, lo que revela la magnitud persistente del problema a pesar de los esfuerzos institucionales para reducir los casos en comparación con años anteriores.

La mayoría de estas muertes corresponden a crímenes perpetrados por parejas o exparejas, con un impacto que no solo alarma a la sociedad, sino que produce graves consecuencias para las víctimas y sus familias, particularmente los niños y adolescentes que quedan huérfanos tras estos hechos, según datos oficiales difundidos por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dirección Nacional contra la Violencia de Género reportó 22 feminicidios, una cifra que aumentó a más de 27 casos hasta mayo, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, y que el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial consolidó en 32 casos al cierre de los informes más recientes, información también recogida por el medio Diario Listín en su cobertura especializada del tema.

En términos comparativos, el año anterior concluyó con 59 feminicidios ocurridos en los primeros meses, lo que representó una reducción aproximada del 17 % respecto de 2024, año en que se reportaron 71 víctimas en el mismo período.

Según datos históricos presentados por la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, entre 2005 y 2019 el promedio anual del país fue de cerca de 97 casos de feminicidio, incluyendo años que superaron los 130 fallecimientos.

Desde 2020, el promedio anual se redujo aproximadamente a 63 feminicidios, tendencia que, aunque a la baja, mantiene a la violencia de género como uno de los problemas públicos más graves de República Dominicana.

El perfil de las víctimas en 2026 corresponde mayoritariamente a mujeres jóvenes entre 18 y 35 años durante los primeros meses.

La mayoría de los casos ocurrieron en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, sumando entre ambas un 41 % de los casos contabilizados en el trimestre inicial del año. Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo son las principales afectadas por la violencia.

Respecto a la relación entre víctimas y agresores, en doce casos, el perpetrador era la pareja actual; en ocho, la expareja.

El resto de los hechos fueron cometidos por personas allegadas o con vínculos previos a las víctimas. Según datos oficiales recabados por la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, el 54.55 % de los agresores permanece bajo arresto, mientras que el resto se encuentra prófugo o bajo investigación judicial.

Además, un dato central para la comprensión de la problemática: el 86 % de las mujeres asesinadas en 2026 no había presentado denuncias anteriores contra sus agresores, lo que limita la capacidad de intervención temprana y contribuye a la persistencia de la impunidad.

El arma utilizada en estos crímenes varió entre armas blancas y de fuego, con mayor frecuencia de los hechos registrados en horarios diurnos, especialmente entre las 6:00 de la mañana en algunos casos ocurrió al filo de la medianoche, las autoridades han observado una concentración notable de casos los días domingo.

La violencia de género y los feminicidios han impactado de forma directa a los núcleos familiares: en cada uno de estos episodios, numerosos menores han quedado huérfanos, según la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que informó que en 2024 los feminicidios dejaron “decenas de hijos sin sus madres, generando profundas secuelas emocionales en la vida de cada uno".

Durante el mismo periodo en 2026, las autoridades registraron más de 17,000 denuncias por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales en todo el país. La provincia de Santo Domingo encabeza las estadísticas de denuncias con 5,766 casos reportados.

El 52.49 % de todas las denuncias se correspondió con situaciones de violencia intrafamiliar, mientras que el 89.43 % involucró casos de violencia de género y familiar; los delitos sexuales constituyeron el 10.57 % restante. Estos datos, extraídos de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género y de la Dirección de Inteligencia de Datos e Indicadores de Gestión.

Un bloque fundamental de la problemática se origina en la ausencia de denuncias previas por parte de las víctimas: la elevada proporción de mujeres que nunca accedieron a la vía institucional para exponer su situación propicia escenarios de violencia recurrente y dificulta la acción precoz de los organismos de protección.

La reacción institucional incluyó el anuncio de nuevas estrategias de prevención y campañas de sensibilización, acompañadas por el fortalecimiento de los programas integrales de atención para víctimas, coordinados desde el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía. Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó en noviembre de 2025 que las autoridades observan una tendencia a la baja tanto en las muertes como en las denuncias, aunque subrayó que el problema permanece como prioridad nacional.

La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo de un hombre sobre la carretera Culiacán-Eldorado. El hallazgo ocurrió en un contexto de hechos violentos registrados durante el fin de semana en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el acotamiento de la vialidad, tras lo cual elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre envuelto en bolsas de plástico negras y con huellas de violencia visibles. La zona fue asegurada para el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la víctima no ha sido identificada. Vestía una playera azul marino y un short negro con franjas verdes a los costados, de acuerdo con la información preliminar difundida por medios locales. El hallazgo se registró en un tramo cercano a un entronque vial que conecta con áreas industriales y comunidades de la zona sur de Culiacán.

De manera preliminar, se indicó que el cuerpo pudo haber sido abandonado durante la madrugada en ese sector, donde convergen instalaciones agroindustriales y rutas de tránsito vehicular. Personal de la Fiscalía estatal ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa de muerte e intentar establecer la identidad de la víctima.

Sinaloa reporta homicidios y hallazgos de cuerpos durante el fin de semana

De acuerdo con reportes de medios locales basados en información de la Fiscalía General del Estado, durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo se registraron múltiples hechos violentos en Sinaloa, incluidos homicidios dolosos en distintos puntos de Culiacán, además de hallazgos de cuerpos en la vía pública.

Las autoridades estatales han informado sobre la apertura de carpetas de investigación por asesinatos ocurridos en colonias y comunidades de la capital sinaloense, así como operativos de seguridad desplegados en la región ante la incidencia de ataques armados y localización de restos humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en Honduras expresó su profunda preocupación por el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en el país, luego de contabilizar nueve asesinatos en lo que va del 2026, situación que calificó como un reflejo de la violencia sistemática y la discriminación estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

A través de un comunicado la titular del organismo, la abogada Blanca S. Izaguirre, condenó los recientes crímenes ocurridos en Juticalpa, Olancho, y Nacaome, Valle, donde fueron asesinadas Marcus Noah y Dayana Pavón, respectivamente.

El ente defensor de derechos humanos urgió al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección para frenar la violencia motivada por prejuicio y estigma contra las personas de la diversidad sexual.

“El CONADEH manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en Honduras”, señala el documento oficial.

Según el organismo, los asesinatos registrados este año no son hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia sistemática que coloca a las personas LGBTIQ+, especialmente a las mujeres trans, en una condición de extrema vulnerabilidad.

El comunicado hace énfasis en que Honduras continúa enfrentando serios problemas de discriminación estructural que limitan el acceso a derechos fundamentales para las personas diversas.

“Existe una negación fáctica de derechos y garantías constitucionales para las personas LGBTIQ+ en Honduras”, advirtió el CONADEH, señalando además que persisten patrones de impunidad que invisibilizan a las víctimas y vulneran su derecho a la identidad y a la justicia.

La institución recordó que el Estado hondureño ya ha sido condenado internacionalmente por violaciones a derechos humanos contra personas transgénero.

En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso de Vicky Hernández, mujer trans asesinada durante el contexto de la crisis política de 2009 en Honduras.

Posteriormente, en enero de 2026, también condenó al Estado en el caso de Leonela Zelaya y otra versus Honduras.

Ambas resoluciones establecen la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal sin discriminación por identidad de género, así como investigar con debida diligencia las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra personas LGBTIQ+.

El CONADEH subrayó que las investigaciones relacionadas con este tipo de crímenes deben realizarse con perspectiva de género y evitando cualquier lenguaje discriminatorio o estigmatizante que afecte la dignidad de las víctimas.

“Las autoridades deben abstenerse del uso indiscriminado de lenguaje estigmatizante y cualquier sesgo que desmejore la integralidad de las víctimas a causa de prejuicios sociales y personales”, puntualizó la institución.

Marcus Noah fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. Mientras tanto, Dayana Pavón perdió la vida en Nacaome, Valle, en otro hecho violento que ha causado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual.

Diversas organizaciones sociales han denunciado en reiteradas ocasiones que la mayoría de asesinatos contra personas trans en Honduras quedan en la impunidad, mientras las víctimas son revictimizadas por prejuicios sociales y falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante este panorama, el CONADEH exhortó al Estado hondureño a garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El organismo defensor concluyó que mientras no existan políticas efectivas de protección, acceso real a la justicia y combate frontal a la discriminación, las personas trans seguirán enfrentando graves riesgos para su vida e integridad en Honduras.

La situación ha generado preocupación entre sectores defensores de derechos humanos, quienes consideran urgente la implementación de acciones concretas para detener la violencia y reducir los niveles de impunidad que históricamente han afectado a la población diversa en el país.

Un Tribunal de Sentencia de Roatán programó para dentro de dos semanas la audiencia de lectura de fallo contra Gilbert Reyes, ciudadano estadounidense señalado como responsable de la muerte de tres mujeres en la isla caribeña.

La resolución marcará el desenlace del juicio en el que el imputado enfrenta cargos por femicidio agravado y asesinato, en uno de los procesos judiciales más seguidos en la zona insular en los últimos años.

Durante la fase final del juicio, el Ministerio Público de Honduras solicitó una pena de 80 años de prisión, al considerar que las pruebas presentadas acreditan la responsabilidad penal del acusado. En contraste, la defensa pidió su absolución, argumentando insuficiencia probatoria.

Caso que conmocionó a Roatán

El caso se remonta a la desaparición de tres jóvenes que habían salido a compartir en compañía del acusado: Dioni Solórzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy.

Horas después de su desaparición, las autoridades reportaron el hallazgo de sus cuerpos sin vida dentro de un vehículo vinculado al imputado, por lo que se activó un operativo de búsqueda y captura.

La investigación determinó que Reyes abandonó la isla de Roatán poco después de los hechos, lo que se consideró un indicio relevante dentro del proceso.

Semanas después, el acusado fue localizado en República Dominicana, donde fue capturado y extraditado a Honduras para enfrentar la justicia.

El proceso judicial ha estado marcado por retrasos. En los últimos días, las audiencias se vieron afectadas por interrupciones en el servicio eléctrico en la isla y por incidentes procesales de la defensa, lo que obligó a reprogramar diligencias.

A pesar de estos contratiempos, el juicio avanzó hasta la etapa de conclusiones y el tribunal cuenta con los elementos necesarios para emitir un fallo.

Violencia contra mujeres

El caso generó especial atención no solo por la gravedad de los hechos, sino también por su relación con la violencia contra las mujeres en Honduras. Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos han advertido que el país sigue enfrentando altos niveles de violencia de género.

Datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH indican que cada año se registran decenas de muertes violentas de mujeres, muchas bajo circunstancias que reflejan patrones de violencia estructural.

El delito de femicidio agravado, incluido en este proceso, está tipificado en la legislación hondureña como una de las formas más graves de violencia y contempla penas severas cuando concurren circunstancias específicas como relaciones de pareja o antecedentes de violencia.

Impacto social y expectativas

El triple crimen provocó un fuerte impacto en la comunidad de Roatán, una zona caracterizada por su actividad turística y dinámica multicultural. Entre las víctimas se encontraba una guía turística, una ama de casa y una madre de familia, lo que profundizó la conmoción social.

El caso también ha sido seguido muy de cerca por organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, que han insistido en la importancia de que el proceso judicial garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Con la lectura de fallo programada, el proceso entra en su etapa final. La decisión del tribunal definirá la situación legal del acusado y será observada como un referente en la respuesta del sistema judicial frente a delitos de alto impacto y violencia de género.

El 19 de mayo, el tribunal determinará si las pruebas presentadas resultan suficientes para establecer la culpabilidad de Reyes o si corresponde su absolución, en un caso que ha marcado la agenda judicial y social en Honduras.

Representantes de organizaciones civiles y expertos en salud pública piden a los tres niveles de gobierno imponer restricciones estrictas en la venta y el consumo de alcohol durante el Mundial 2026.

Esto, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición en los FIFA Fan Fest y la promoción de cerveza gratis por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El objetivo es evitar siniestros viales y actos de violencia asociados a la permisividad en consumo de bebidas alcohólicas en eventos masivos.

En un comunicado, Judith Senyacen Méndez Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, reportó que el 73.7% de la población de 12 a 65 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

Señaló que el consumo de alcohol provoca cerca de 115 muertes diarias y representa más del 2.1% del PIB.

Méndez señala que los impuestos actuales en México resultan insuficientes porque el esquema grava solo el precio, no el contenido de alcohol, y advierte que el país tiene uno de los impuestos más bajos del mundo, lo que facilita la iniciación en la población adolescente.

Erick Antonio Ochoa, director general de Salud Justa, comentó que casi el 60% de la población ha presenciado consumo de bebidas alcohólicas en la calle, lo que representa una infracción administrativa local que se encuentra normalizada y sin respuesta de las autoridades.

“Ningún gobierno, del partido que sea, debe alentar el consumo de cerveza, sea durante los Fan Fest o cualquier otro evento público donde se proyecten partidos en plazas u otros sitios de concurrencia colectiva”, afirmó.

Añadió que la OPS/OMS ha manifestado preocupación por las bebidas sin alcohol o con bajo contenido que funcionan como extensiones de marca, pues promueven el consumo entre niñas, niños y adolescentes y ponen en riesgo a personas en abstinencia.

“Mientras a nivel federal se habla de restringir el alcohol en los FIFA Fan Fest, desde lo local se promueve su consumo incluso de manera gratuita. Esta contradicción no solo es irresponsable, es peligrosa”, dijo Alonso Robledo, de la Red de Acción Sobre Alcohol.

Advirtió que las bebidas “sin alcohol” preocupan por su débil regulación y los mensajes engañosos hacia menores y poblaciones vulnerables.

Robledo exigió medidas estrictas, coherentes y sin concesiones para el control de puntos de venta y promoción de alcohol durante el Mundial.

Consumo de alcohol y violencia de género

Yahaira Ochoa, de la Red de Mujeres por la Salud, solicitó medidas estrictas de regulación y prohibición de la venta de alcohol en los Fan Fest y zonas aledañas durante los eventos futbolísticos, debido a la evidencia científica que vincula el consumo de alcohol y la euforia deportiva con un incremento alarmante de la violencia de género.

“Estudios en diversas regiones del mundo y México confirman que eventos como los mundiales y partidos locales actúan como amplificadores de agresiones físicas y violencia doméstica, dejando a las mujeres y niños en una situación de vulnerabilidad extrema ante la permisividad cultural y el marketing masivo de la industria etílica”, afirmó Ochoa.

Fernando Peregrina Martínez, de FUNSAMEX, destacó que la evidencia científica relaciona el consumo de alcohol, incluso en niveles bajos, con el desarrollo de cáncer.

Los colectivos resaltaron que México registra más de 200 mil nuevos casos cada año, muchos asociados a factores prevenibles, lo que representa una oportunidad para fortalecer la prevención y la salud pública.

La Policía Nacional logró la captura de Joshua Andrés Ruiz Batista, alias “Flapy”, uno de los más buscados por tentativa de homicidio, durante un operativo en el sector de Puente del Rey, en el corregimiento de Parque Lefevre.

El sujeto fue interceptado mientras se desplazaba en una camioneta blindada, un elemento que llamó la atención de las autoridades y que forma parte de los indicios levantados en el caso.

De acuerdo con el informe policial, la aprehensión se produjo en un punto de control, donde unidades detectaron un vehículo sospechoso y procedieron a verificar a sus ocupantes.

Durante la inspección, el individuo presentó un documento que no le pertenecía, lo que permitió confirmar posteriormente su identidad como uno de los requeridos por la justicia por delitos contra la vida y la integridad personal.

Las autoridades también ubicaron dentro del vehículo varios indicios relevantes, entre ellos un radio satelital, un router, un proveedor de arma de fuego con municiones y un pasaporte, elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fortalecer la investigación en curso.

El detenido es requerido por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, donde dos personas resultaron víctimas de un intento de homicidio.

Este caso se suma a una serie de operativos recientes ejecutados por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que han derivado en la captura de varios sospechosos vinculados a delitos violentos en distintos puntos del país.

En el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, por ejemplo, fue aprehendido un hombre requerido por tentativa de homicidio, tras ser identificado como presunto responsable de un ataque a tiros ocurrido el 12 de abril de 2026, en el que la víctima resultó gravemente herida.

De igual forma, en San Miguelito, dos personas fueron capturadas por su presunta vinculación con un ataque armado contra una unidad policial, registrado el 25 de abril en el sector de Valle de Urracá. Entre los detenidos figura alias “Estrellita”, de 27 años, así como otro implicado identificado como “Josefa”, ambos puestos a órdenes de la Fiscalía de Homicidio para su procesamiento.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación logró la detención provisional de un hombre por tentativa de homicidio y tentativa de femicidio en Panamá Oeste, en un caso ocurrido el 1 de mayo en el sector La Alameda, en Arraiján. Según la investigación, el imputado ingresó a una residencia e intentó causar la muerte a dos personas, quienes resultaron con heridas de gravedad.

Estos casos se producen en un contexto en el que las cifras oficiales reflejan la persistencia de la violencia. Según el informe del Ministerio Público, entre enero y marzo de 2026 se registraron 131 víctimas de homicidio a nivel nacional, con marzo como el mes más violento con 53 casos, seguido de enero con 42 y febrero con 36.

El análisis por región muestra que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas con 53 homicidios, seguida por San Miguelito con 26 y Panamá Oeste con 17, lo que evidencia la presión que enfrentan estas zonas en materia de seguridad.

Además, el informe indica que el 94% de las víctimas fueron hombres, mientras que el uso de armas de fuego predomina en el 84% de los casos, consolidándose como el principal instrumento en estos delitos.

Las autoridades han intensificado los operativos y puntos de control en distintas áreas del país como parte de la estrategia de Intervención Control Territorial Focalizado, con el objetivo de ubicar a personas requeridas por delitos graves y reducir los índices de violencia. La captura de alias “Flapy” se enmarca en estas acciones, que buscan desarticular estructuras vinculadas a hechos criminales.

"Lo que me sale es agradecer porque, si yo gané, si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca o de lejos, me sostuvo", expresó Fardin a través de redes sociales.

La actriz acompañó su mensaje con un video que sintetiza su lucha por conseguir justicia en un proceso que calificó como "eterno" y que abrió las puertas para que otras mujeres se animaran a denunciar casos de abuso.

Fuentes judiciales confirmaron este martes a EFE que la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3) de Brasil rechazó dos recursos presentados por la defensa del actor, de nacionalidad brasileña pero que hizo su carrera en Argentina.

Con esa decisión, el tribunal confirmó el fallo dictado en junio de 2024 por otro juzgado que condenó a Darthés a seis años de prisión en régimen semiabierto, por el abuso sexual de la actriz argentina en 2009, cuando ésta tenía dieciséis años y ambos estaban de gira en Nicaragua.

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión del tribunal al afirmar -en un comunicado- que "la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual" y que "reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género".

"Después de años de lucha, esta resolución es un paso firme en la construcción de una justicia que escucha, que reconoce la violencia de género y que manda una señal potente para las niñas y mujeres de América Latina", destacó AI, que respaldó a la actriz argentina durante todo el litigio.

En 2018, con el acompañamiento del colectivo Actrices Argentinas, Fardin denunció a Darthés por haber abusado de ella en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía dieciséis años y él 45, mientras promocionaban la serie infantil 'Patito feo'.

En 2019, Nicaragua ordenó la captura internacional de Darthés, pero el actor ya se había mudado a Brasil, que no extradita a sus nacionales pero que sí permite abrir procesos judiciales contra ellos en su propio país.

Darthés fue absuelto en primera instancia en 2023 en el juicio que celebró la Justicia brasileña desde noviembre de 2021.

Aquella decisión fue apelada por Fardin, quien en junio de 2024 logró un fallo condenatorio del actor.

Hombre apuñalado en San Vicente de Moravia, Costa Rica, permanece bajo atención médica especializada tras un ataque con arma blanca que lo dejó en estado crítico. El hecho ocurrió en las primeras horas de este martes, movilizando a los equipos de emergencia de la zona.

La Cruz Roja Costarricense recibió una alerta poco después de las 4:30 a.m., según informó el comité local. La llamada reportaba a una persona apuñalada en la comunidad, lo que activó el protocolo de atención inmediata. Una ambulancia fue enviada rápidamente al lugar.

Los paramédicos encontraron a la víctima con múltiples heridas producidas por arma blanca. El hombre recibió los primeros auxilios en el sitio y fue trasladado de urgencia al Hospital Calderón Guardia, donde ingresó en estado delicado. Su identidad y evolución clínica no han sido divulgadas por las autoridades.

El ataque generó inquietud en los habitantes de Moravia, quienes pidieron a las autoridades reforzar la presencia policial durante la madrugada. La falta de información sobre las circunstancias del hecho aumentó la preocupación en el vecindario.

Hasta ahora, las autoridades no han aclarado si este violento episodio ocurrió durante un asalto, una riña o en otro contexto. Los cuerpos policiales mantienen activa la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

La víctima continúa internada, mientras los investigadores recaban datos y testimonios para esclarecer este episodio y llevar tranquilidad a la comunidad.

Otros hechos violentos en el distrito de San Vicente de Moravia

San Vicente de Moravia distrito de la provincia de San José registró cuatro hechos violentos que incluyen un asesinato a balazos, una balacera cerca de un colegio, la captura de un presunto sicario y la muerte de un hombre tras un ataque de perro entre febrero y abril de 2026.

El fallecimiento de un hombre de alrededor de 60 años se produjo el 17 de abril de 2026 en San Jerónimo, Calle Tornillal, luego de que fuera agredido por un perro de raza American Staffordshire Terrier que, según autoridades, pertenecía al propio fallecido, informó telediario.cr.

La captura de Carvajal Fernández, principal sospechoso del homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrió el 10 de febrero de 2026, tras un operativo nocturno en San Isidro de Heredia, donde fue localizado portando un arma, de acuerdo con amprensa.com. El exmilitar Samcam fue víctima de un homicidio en junio de 2025 en su residencia en Moravia.

En San Jerónimo de Moravia, el 1 de febrero de 2026, se registró el asesinato de un joven Vargas, de 22 años, quien fue hallado sin vida en la vía pública tras recibir disparos en el rostro. De acuerdo con nacion.com, vecinos alertaron sobre detonaciones y la Fuerza Pública atendió el reporte en el lugar.

Una balacera ocurrida el 18 de marzo de 2026 fuera del Colegio Saint Francis, en Moravia, durante el horario escolar y cerca de las 9 a. m., activó los protocolos de seguridad del centro educativo. Aunque el incidente sucedió en las inmediaciones y no tuvo relación directa con la institución, generó alarma entre padres y docentes, según detalló nacion.com.

La presencia militar en Sinaloa continúa desplegándose por toda la región, luego del aumento de violencia provocado desde 2024 por disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa y que mantiene a la población en estado de alerta.

En conferencia de prensa, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que el operativo abarca seis sectores clave: Cosalá, Mocorito, Culiacán, Badiraguato y Escuinapa, aunque no se revela la identidad del sexto municipio bajo resguardo militar.

Según los reportes oficiales, las fuerzas especiales disponen de mil 409 efectivos, 325 vehículos y 28 aeronaves desplegados en las zonas mencionadas, lo que ha permitido una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidente.

En el marco de estas operaciones, las autoridades lograron la detención de 14 personas relacionadas con organizaciones criminales. Entre los detenidos se encuentran: Juan Carlos “N”, identificado como yerno de “El Mayo Zambada”; así como a Mauro “N”, alias “Jando”, quien fu encargado de supervisar el círculo interno de seguridad de Iván Archivaldo.

El despliegue militar también alcanzó a Jorge Ángel “N”, alias “Güerito Canovio”, señalado como jefe operativo de la facción “Los Menores”. Además de Jorge “N”, alias “Perris”, considerado el principal generador de violencia en el estado y quien falleció durante la persecución de su arresto.

Bajo la misma línea, el Secretario de la Defensa Nacional informó que los operativos lograron el aseguramiento de más de 26 toneladas de droga. Las acciones resultan en mil 506 personas detenidas por diversos delitos.

Las autoridades federales aseguraron que la misión de reconocimiento en Sinaloa contempla patrullajes y operativos diarios, a través de unidades de fuerzas especiales en toda la región.

Ejes principales de seguridad en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, subrayó que el Gobierno de México mantiene presencia permanente en Sinaloa. “Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo: el Gobierno no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses”, afirma.

Durante una reunión en Culiacán, García Harfuch destacó la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales, como parte de las acciones conjuntas para proteger a la población y reducir la violencia en toda la región.

De acuerdo con la estrategia oficial de seguridad, se tienen contemplados tres ejes primordiales.

• Reducir la incidencia delictiva, especialmente el homicidio doloso y los delitos de alto impacto
• Detener a los generadores de violencia, a quienes encabezan, financian y operan las redes criminales en el estado.
• Fortalecer a las instituciones que protegen a la población mediante mejoras, capacidades de investigación, inteligencia, prevención y apoyo a la consolidación de la policía estatal.

Bajo este esquema, las autoridades insisten en que el trabajo coordinado y el fortalecimiento institucional son claves para recuperar la tranquilidad en el estado.

“Sinaloa tendrá principal atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz”, concluyó.

Un hombre armado fue herido por agentes del Servicio Secreto tras abrir fuego cerca del Monumento a Washington en la tarde del lunes. El incidente, que también dejó un adolescente de 15 años resultó herido por un disparo, provocó una breve evacuación del área perimetral de la Casa Blanca.

La acción de los agentes se produjo en medio de fuertes medidas de seguridad en la capital de Estados Unidos, reforzadas tras recientes ataques vinculados a eventos oficiales, según informó Reuters.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 15:30, cuando oficiales que patrullaban el exterior del complejo presidencial observaron a un individuo sospechoso que parecía portar un arma de fuego, según afirmó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, durante una rueda de prensa citada por CNN.

Al ser abordado, el sospechoso huyó a pie y disparó contra los oficiales, quienes respondieron de inmediato, hiriéndolo y deteniéndolo en las inmediaciones de la intersección entre la calle 15 y la avenida Independence, precisa la agencia estadounidense AP News.

Durante el intercambio, un adolescente de 15 años resultó herido por una bala atribuida al sospechoso, de acuerdo con la evaluación inicial de los investigadores recogida por The New York Times.

Tanto el menor como el agresor fueron trasladados a hospitales locales: el joven fue diagnosticado con una herida leve y su estado es en condición estable, detalló un portavoz de la policía de Washington a CNN, mientras que el presunto agresor, identificado preliminarmente como un hombre blanco de 45 años con residencias previas en Maryland y Texas, permanece bajo custodia hospitalaria en condición estable, según fuentes policiales citadas por CNN.

Gracias a la rápida intervención de los agentes, el incidente no se extendió al recinto de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump se encontraba en un acto institucional en el Salón Este durante el tiroteo. Quinn indicó a CNN que el presidente Trump no estuvo en peligro y no existe, por ahora, indicio alguno de conexión entre el ataque y la Casa Blanca.

Momentos antes del tiroteo, la caravana del vicepresidente JD Vance transitó la zona del suceso, una arteria frecuentada por oficiales y turistas próximos al Monumento a Washington.

Reuters recogió las declaraciones de Quinn asegurando que tampoco hay evidencia de que el presunto atacante intentara acercarse al dispositivo de Vance, aunque su equipo de seguridad alteró la ruta original por precaución.

Impacto en la Casa Blanca y refuerzo del operativo policial en Washington

El episodio obligó a declarar un confinamiento preventivo en la Casa Blanca. Miembros del equipo de comunicación presidencial y periodistas que cubrían los eventos oficiales desde el Jardín Norte fueron evacuados hacia la sala de prensa durante cinco minutos, hasta que se restableció el perímetro, indica The New York Times.

Las fuerzas policiales, incluidos equipos forenses y una unidad significativa de la Guardia Nacional, bloquearon la circulación en varias calles del centro de Washington mientras agentes del Departamento de Policía Metropolitana y el Servicio Secreto investigaban y recolectaban pruebas, como confirmó AP News.

Antecedentes recientes y dudas sobre el móvil del ataque

La secuencia reconstruida no es un hecho aislado: este tiroteo se registra menos de dos semanas después de que un hombre armado intentara irrumpir en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

En aquella oportunidad, un agente del Servicio Secreto resultó herido y el sospechoso, Cole Tomas Allen, enfrenta cargos por intento de asesinato contra funcionarios del gobierno, según The New York Times.

Las autoridades aún no determinaron el motivo detrás del suceso del lunes ni si el presunto agresor intentó acceder a algún punto de entrada de la Casa Blanca más temprano ese día. “No sabemos aún si el ataque estaba dirigido al presidente, pero lo averiguaremos”, subrayó Quinn en su comparecencia recogida por ABC News.

Resultados inmediatos tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca

El operativo desplegado tras el tiroteo reflejó la coordinación entre distintas agencias de seguridad en Washington, respaldada por la presencia permanente de la Guardia Nacional en la ciudad.

Esta medida, impulsada por la administración Trump, responde a una estrategia preventiva ante el aumento de incidentes violentos en eventos oficiales recientes, según reportó The New York Times.

El cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego fue localizado la mañana de este domingo en la comunidad de Caimanero, perteneciente al municipio de Mocorito, Sinaloa, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue identificada como Conrado “N”, de 50 años de edad, habitante de la misma localidad. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la plazuela del poblado, a un costado de las canchas deportivas, donde el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija.

Fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo durante las primeras horas de la mañana, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Mocorito, quienes confirmaron el hecho y procedieron a acordonar la zona.

En el sitio, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía estatal realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y dar inicio a la carpeta de investigación. De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba heridas en el cuerpo y el cráneo provocadas por proyectil de arma de fuego.

Versiones recabadas en el lugar señalan que la agresión pudo haber ocurrido durante la madrugada o la noche previa, antes de que el cuerpo fuera abandonado en el punto donde fue localizado.

Este hecho se suma a otros eventos violentos registrados durante la misma jornada en la zona centro de Sinaloa, donde se han reportado —al menos— cinco personas privadas de la vida en este domingo.

Dos cuerpos calcinados fueron localizados la noche del sábado 2 de mayo en el interior de un vehículo destruido por el fuego en la zona de La Poza de los Abuelos, en Paso Canoas, cantón de Corredores, provincia de Puntarenas. El hallazgo, reportado poco después de las 9:00 de la noche, marcó el inicio de una nueva investigación por doble homicidio, de acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras la violencia vinculada al crimen organizado ha generado un clima de preocupación en la región.

Al recibir la alerta en horas de la noche, oficiales de la Fuerza Pública acudieron al lugar donde el automóvil aún ardía en una calle del sector. En la inspección inicial, los agentes encontraron los cuerpos calcinados de las víctimas ubicados en los asientos traseros del vehículo. Según precisó el OIJ, los restos fueron trasladados posteriormente a la morgue judicial, donde se realizarán análisis forenses para establecer tanto la identidad como el sexo de ambas personas.

La investigación quedó a cargo de agentes del OIJ de Ciudad Neily, quienes llevaron a cabo una inspección detallada en la escena. Además, dispusieron el traslado del automóvil calcinado hasta sus instalaciones con el objetivo de obtener nuevos elementos probatorios y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. El caso sigue bajo investigación y hasta el momento no se ha logrado identificar a las víctimas, ni establecer el paradero de los sospechosos.

Los hechos de Paso Canoas corresponden a una creciente ola de violencia en la provincia de Puntarenas, donde el accionar del crimen organizado ha incidido en otros casos recientes.

El hallazgo en San Mateo: un triple homicidio con nexos criminales

El pasado 30 de marzo, las autoridades registraron un triple homicidio en San Mateo, implicó la desaparición de un empresario del sector turístico. De acuerdo con medios locales, se trata de Iván Horacio Jackson Núñez, quien había sido visto por última vez en Puntarenas dos días antes del hallazgo de su cadáver. En el sitio donde la policía localizó los cuerpos, un operativo permitió encontrar, junto a una Toyota Hilux gris volcada, a tres víctimas atadas, con bolsas plásticas en la cabeza y evidentes señales de agresión, según lo reportado por el OIJ.

Los indicios recolectados en San Mateo apuntan a un presunto ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas. La investigación condujo a los agentes del OIJ a realizar registros en diversas propiedades de la región, donde fueron decomisadas armas largas y cantidades significativas de droga. Este operativo contribuyó a reforzar la hipótesis sobre la posible relación entre el triple homicidio y el narcotráfico, dado que el entorno de las víctimas ya figuraba bajo la lupa de investigaciones anteriores, según confirmaron fuentes policiales.

La identidad de las otras dos personas fallecidas junto a Jackson Núñez aún está siendo analizada por los servicios forenses, que buscan determinar tanto su identificación formal como el entorno en el cual se produjo el crimen. Este suceso ha motivado un aumento del despliegue policial en Puntarenas y localidades cercanas, con miras a contener la escalada de violencia que se viene registrando.

Investigación forense y despliegue de agentes judiciales

Las autoridades han recalcado la dificultad en la identificación de las víctimas en ambos casos. En el doble homicidio de Paso Canoas, la condición de los cuerpos tras el incendio exige análisis forenses minuciosos para avanzar en la investigación. El OIJ trabaja con la hipótesis preliminar de que las muertes se relacionan con la dinámica reciente de criminalidad, pero no ha descartado ninguna línea de trabajo.

En el caso de San Mateo, el hallazgo de armas y droga durante los allanamientos permitió a los agentes reconstruir parte de los movimientos previos de las víctimas y sumó elementos que refuerzan la tesis del ajuste de cuentas.

La activista y titular de una notaría pública, Norma Romero Cortés, denunció ser víctima de una persecución sistemática, hostigamiento y actos de violencia que, afirma, buscan detener su labor contra la corrupción dentro de instituciones públicas en Puebla. Su caso, asegura, evidencia fallas graves en el sistema de justicia y los riesgos que enfrentan quienes denuncian abusos de poder.

Romero Cortés relató que, tras más de cuatro años de litigio, obtuvo un amparo identificado como 1497/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sin embargo, calificó el fallo como insuficiente. “Es un triunfo pírrico. Se ganó el amparo, pero en realidad solo sirve para reiniciar todo desde cero. Después de tanto tiempo, lo que recibimos son migajas de justicia”, expresó.

El caso involucra a un servidor público y derivó en señalamientos contra funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a quienes acusa de omisiones para proteger al presunto agresor. Según la activista, enfrentarse al sistema ha significado un proceso desgastante. “Actuar conforme a la ley me ha costado un verdadero viacrucis”, afirmó.

Allanan sus oficinas

Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 25 de abril, cuando la notaria ingresó a su oficina y encontró a un hombre dentro del área de servidores. En un inicio pensó que se trataba de personal de mantenimiento, pero segundos después descubrió que la caja fuerte estaba destruida.

“Cuando lo confronté, me dijo que ‘el jefe’ lo había enviado a buscar dinero. En ese momento entendí que mi vida podía estar en riesgo”, narró.

El individuo huyó, pero posteriormente fue detenido por policías estatales en una panadería cercana, donde habría confesado tanto el robo en ese establecimiento como el allanamiento en la notaría. “No fue un robo común, fue un mensaje para intimidarme”, denunció.

La situación se agrava por antecedentes recientes. Días antes del allanamiento, Romero Cortés recibió una llamada de un presunto intermediario que le propuso llegar a un acuerdo con la defensa de una exfuncionaria denunciada por ella. Tras rechazar la propuesta, afirma haber recibido advertencias sobre posibles represalias.

Violencia institucional

Además, la activista denunció enfrentar violencia institucional en distintos frentes. Entre ellos, el congelamiento de sus cuentas bancarias desde hace más de un año y medio, lo que considera una forma de presión económica. “Es una estrategia para asfixiarme y obligarme a desistir”, acusó.

También señaló la falta de avances en una carpeta de investigación iniciada en 2021 por violencia contra las mujeres.

Otro hecho que calificó como irregular fue la realización de una audiencia de imputación el pasado 22 de abril sin su presencia. “No respetaron mi derecho a diferirla. La actitud fue hostil y el caso terminó archivado”, denunció.

Pese a este contexto, Romero Cortés ha continuado impulsando iniciativas en favor de las mujeres, como el “Protocolo Violeta”, enfocado en la protección patrimonial y la visibilización de agresores y deudores alimentarios.

“No quiero ser una más. Estoy alzando la voz antes de que sea demasiado tarde”, advirtió.

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Vinculan a proceso a Juan “N”, hombre detenido con más de 400 kilos de drogas en Tabasco

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Juan “N” por delitos contra la salud, luego de que autoridades estatales lo detuvieron el 25 de abril de 2026 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, con más de 400 kilos de drogas.

Durante una revisión en el Punto de Verificación e Inspección Federal “Tonalá”, agentes estatales localizaron drogas en la caja de una camioneta cerrada.

En el operativo, la Secretaría de Seguridad de Tabasco aseguró 357 kilos de marihuana y 114 kilos de metanfetamina.

Juan “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

El juez de Control calificó como legal la detención y resolvió la vinculación a proceso del imputado. La acusación incluye el transporte de marihuana y metanfetamina, conductas sancionadas por el Código Penal Federal.

La FGR informó que Juan “N” continuará su proceso bajo las medidas dictadas por la autoridad judicial, mientras el caso permanece bajo investigación.

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Una menor de 3 años de edad perdió la vida al ser alcanzada por las balas durante un ataque armado que se registró la noche del pasado jueves en el municipio de Irapuato, en Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Huertas, Cuarta Sección, y en el hecho el padre de la menor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Hiedra y Girasol, lugar en el que vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Los policías y paramédicos, al llegar al lugar de los hechos, confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad estatal dio a conocer que las autoridades atendieron el reporte por disparos de arma de fuego en la zona de la colonia Las Huertas, Cuarta Sección, y corroboraron la muerte de la menor.

Testimonios recabados en el lugar por policías señalaron que el presunto responsable disparó desde una motocicleta cuando la niña y su padre se encontraban en la calle. Una vez que realizó el ataque, escapó en el mismo vehículo.

El agresor fue identificado, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad, sin embargo, aún no hay detenidos.

Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias para integrar la carpeta de investigación abierta que permitirá esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.

En otro hecho, un joven de 19 años de edad fue asesinado luego de recibir varios impactos de bala tras una persecución en la colonia Jardines de Celaya.

En una riña, en la colonia San Martín, en el municipio de San Miguel de Allende, un sujeto que era conocido como El Pingüi, murió sin que se reportaran personas detenidas.

Dos corregimientos ubicados en el distrito de San Miguelito, calificados por las autoridades como zonas rojas, fueron puestos bajo toque de queda a partir de este viernes 1 de mayo hasta el domingo 11, en horario de 10 de la noche a 4 de la mañana.

La Policía Nacional ha remitido informes técnicos y solicitudes institucionales en las que identifican a los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, puestos bajo toque de queda, como áreas con alta incidencia delictiva y condiciones que afectan la convivencia ciudadana, particularmente en horas nocturnas

“Frente a la inseguridad que está enfrentando el país y nuestro distrito de San Miguelito hemos publicado ya en Gaceta Oficial un decreto alcaldicio con algunas medidas importantes a considerar frente a la alta tasa de criminalidad en algunos corregimientos”, indicó la alcaldesa de ese distrito, Irma Hernández.

Reiteró que la restricción de la movilidad será en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, lo cual dijo le permitirá a los miembros de la Policía Nacional verificar o aprehender a quienes sin ningún motivo deambulen por las calles en el horario establecido por el toque de queda.

Aclaró que por supuesto se van a exceptuar de la medida las personas que por motivos laborales o de cualquier otra índole tengan la necesidad de estar circulando a las horas antes descritas.

La medida, reiteró la primera autoridad del distrito de San Miguelito, tiene como objetivo que “nos mantengamos en casa y evitar que los índices de homicidios y porte ilegal de armas en esos dos corregimientos sigan en aumento”.

Quienes incumplan el toque de queda serán sancionados con multas de $50 hasta $500, sin prejuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en la normativa nacional, en los acuerdos municipales y en los decretos alcaldicios.

En San Miguelito, la Policía Nacional informó que mantiene un programa de Vecinos Vigilantes, que esta semana dio su rendición de cuentas y en la que se presentaron los avances logrados y se establecieron nuevas metas para continuar con las acciones a favor de la comunidad.

Esta actividad contó con la participación de diversos líderes comunitarios del programa, quienes destacaron el compromiso de los vecinos con la seguridad local, alega una nota de prensa de esta entidad de seguridad pública.

Aunque señalan que el programa Vecinos Vigilantes continúa siendo un ejemplo de participación activa y cooperación entre la comunidad y la Policía Nacional, reafirmando el compromiso conjunto para mantener un ambiente seguro y ordenado en los barrios de San Miguelito, la realidad al parecer en Arnulfo Arias y Belisario Frías es diferente.

En otro tema, la Policía Nacional también informó que en el marco del Plan Firmeza aprehendió en las últimas 24 horas a 215 personas. De ellas, 156 fueron por oficio, 45 por faltas administrativas, ocho en flagrancia, cinco por microtráfico y uno por narcotráfico.

Se realizaron 85 diligencias de allanamiento, se decomisaron 10 armas de fuego, 994 municiones, 21 proveedores, 12 paquetes de drogas, $10.25 en efectivo y se recuperaron tres vehículos.

En materia de tránsito, la nota de prensa de la entidad de seguridad manifiesta que se colocaron 971 boletas, de las cuales destacan 325 por exceso de velocidad, 57 por luces no adecuadas, 57 por licencias vencidas, tres por embriaguez comprobada y 13 por uso de celular mientras se conducía.

Además, se remolcaron 42 vehículos mediante grúas por diversas causas. En tanto se registraron 114 accidentes de tránsito dejando como saldo 31 lesionados.

El desplazamiento interno por violencia continúa marcando la realidad de miles de familias en Honduras. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM 2024) y presentados en Tegucigalpa por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al menos 423,845 personas, equivalentes al 4.5% de la población, han tenido que abandonar sus hogares en algún momento de sus vidas debido a situaciones de violencia.

El estudio, elaborado con el respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y ACNUR, incorpora por primera vez indicadores oficiales sobre este fenómeno en la estadística nacional.

La investigación, basada en una muestra representativa de 6,487 hogares y más de 24 mil personas, se desarrolló entre junio y agosto de 2024 en el Distrito Central, San Pedro Sula y diversas zonas urbanas y rurales del país. Los hallazgos dimensionan la magnitud del problema y permiten identificar patrones clave para orientar políticas públicas.

Mujeres las más desplazadas

Uno de los datos destacados es la afectación diferenciada por género: el 55% de las personas desplazadas son mujeres, lo que evidencia una mayor exposición a contextos de violencia y vulnerabilidad. Asimismo, el 38% de la población desplazada corresponde a jóvenes entre 15 y 34 años.

La niñez también enfrenta esta problemática. El informe señala que el 11% de las personas desplazadas son niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, quienes corren riesgos como el reclutamiento forzado por grupos criminales o el desplazamiento a causa de amenazas contra sus familias.

El estudio resalta que una fracción importante de la población afectada ha experimentado una doble condición de vulnerabilidad, al ser desplazada tanto por la violencia como por desastres naturales, lo que agrava su situación socioeconómica y limita sus oportunidades de recuperación.

En el plano geográfico, el fenómeno se concentra en áreas urbanas, especialmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, donde los niveles de violencia e inseguridad son más elevados. Durante la presentación, el director ejecutivo del INE, Rony Pacheco, enfatizó que la incorporación de estos indicadores representa “un acto de justicia social”, ya que visibiliza una realidad que durante años permaneció subestimada.

¿Respuesta gubernamental?

La Secretaría de Derechos Humanos subrayó que los resultados servirán como base para fortalecer la respuesta institucional, alineándose con la implementación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. La institución reiteró su compromiso de coordinar acciones con otros entes del Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil.

Desde ACNUR, su representante en Honduras, Kathryn Lo, destacó que detrás de cada cifra hay historias de vida marcadas por la pérdida y el desarraigo, y reconoció los avances del país ante este desafío.

El informe también propone recomendaciones clave: consolidar el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Interno, avanzar en una política nacional de prevención, ampliar los mecanismos de protección comunitaria y generar espacios seguros, especialmente para la niñez y la juventud.

Resalta, además, la necesidad de garantizar derechos fundamentales como el acceso a vivienda, tierra y propiedad, elementos esenciales para que las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas en condiciones de seguridad, estabilidad y dignidad.

“Violencia escolar enciende alarmas y moviliza a las autoridades”, “Cuatro estudiantes son apuñalados dentro del salón de clases”, estos son solo algunos de los titulares de la prensa local que a través de los años reflejan el aumento de la violencia estudiantil en Panamá.

Tan solo hace unos días un estudiante de una escuela secundaria en la provincia de Veraguas fue herido con un cuchillo en un brazo por otro alumno, mientras que dos estudiantes de un colegio en Penonomé, provincia de Coclé, se enfrascaron en una riña. Una profesora que intentaba mediar en la gresca fue lanzada al piso.

En el primer caso la situación fue atendida de manera inmediata por los profesores de disciplina, garantizando la seguridad de ambos estudiantes, aseguró Ada Cornejo de Osses, directora del plantel educativo. En el segundo caso nada se ha informado hasta el momento.

En apego a los principios de confidencialidad y protección integral de la niñez y adolescencia, no se divulgan las identidades de las personas involucradas.

La Unión Nacional de Padres de Familia ha advertido reiteradamente del aumento de la violencia, de la venta de drogas y de la ausencia de protocolos efectivos de las autoridades educativas para atender estos casos en los centros escolares de todo el país.

Ante estos señalamientos, desde el Ministerio de Educación (Meduca) se defienden indicando que existen los llamados gabinetes psicopedagógicos, estructuras de apoyo técnico dentro del sistema educativo, que están formados por equipos multidisciplinarios que brindan asesoramiento y orientación a estudiantes, docentes y familias.

En el periodo escolar 2024 el Meduca informó que contaba con el servicio de 159 gabinetes psicopedagógicos, y proyectaban que al culminar este quinquenio la cobertura llegue a 459 centros educativos, con psicólogos y trabajadoras sociales disponibles no solo para las escuelas, sino también para ofrecer apoyo a colegios cercanos de cualquier sector.

Las autoridades del referido ministerio manifestaron que durante el 2025 los gabinetes psicopedagógicos detectaron en los centros educativos del país unos 300 casos relacionados con hechos de violencia, abuso sexual y embarazos adolescentes.

Estas situaciones trascendieron lo académico y reflejan problemáticas sociales profundas que impactan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dijo a medios locales Verushka Ordás, psicóloga y directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca.

Pero, para el dirigente de la Unión de Padres de Familia, Ariel Hughes, las medidas de estos gabinetes psicopedagógicos por lo general son reactivas y no preventivas.

Al inicio del año escolar la Defensoría del Pueblo instó a las comunidades educativas del país a reforzar las acciones necesarias para garantizar entornos escolares libres de discriminación, violencia y exclusión.

El 2 de marzo un total de 876,605 estudiantes, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al sector particular, iniciaron el periodo lectivo 2026, que culmina en diciembre.

La Defensoría del Pueblo destacó en un comunicado que en las escuelas debe prevalecer el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la convivencia pacífica entre estudiantes.

El derecho a la educación, agregó que no se limita al acceso al sistema escolar, pues comprende su ejercicio en condiciones de equidad y no discriminación. La Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente establecen la obligación del Estado de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y de prevenir cualquier práctica que vulnere su dignidad por razones de origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias.

La entidad reiteró su disposición de acompañar técnica y pedagógicamente estos esfuerzos, señalando que el derecho a la educación debe consolidarse como un espacio de inclusión, reconocimiento y desarrollo pleno.

La violencia en comunidades de la sierra de Concordia, Sinaloa, ha provocado el desplazamiento de familias completas hacia Mazatlán, donde menores de edad enfrentan afectaciones emocionales, rezago escolar y dificultades de adaptación tras abandonar sus hogares de forma forzada.

De acuerdo con personal de acompañamiento que brinda apoyo a familias desplazadas, una de las zonas con mayor registro de movilidad forzada en meses recientes es la comunidad de Pánuco, en el municipio de Concordia, de donde han salido decenas de familias por condiciones de inseguridad.

El medio local Noroeste documentó el caso de “Mario”, un menor de edad que tuvo que abandonar su vivienda junto con su familia tras el incremento de hechos violentos en la región serrana. Según el testimonio de personas cercanas al menor, la familia salió de la comunidad con lo indispensable y dejó atrás pertenencias, animales domésticos y objetos personales.

Organizaciones civiles y acompañantes de familias desplazadas señalaron que muchos menores presentan consecuencias derivadas del cambio abrupto de entorno, incluida ansiedad, miedo persistente, tristeza y problemas para integrarse a sus nuevos espacios escolares.

En el caso de “Mario”, Noroeste relata que el menor ha tenido dificultades para adaptarse a su nueva escuela en Mazatlán, donde enfrenta complicaciones académicas y sociales luego de haber ingresado a un grupo ya consolidado. También reporta que el niño recibe atención psicológica como parte de su proceso de acompañamiento.

Especialistas y personas dedicadas a la atención de personas desplazadas señalaron que este tipo de casos se ha vuelto recurrente entre niños y adolescentes provenientes de comunidades serranas de Concordia, quienes además de perder su lugar de residencia deben enfrentar la interrupción de su educación y la ruptura de su entorno familiar y comunitario.

Mazatlán, uno de los destinos principales

Mazatlán se ha convertido en uno de los principales destinos de recepción para familias desplazadas de la sierra de Concordia, al concentrar redes de apoyo, opciones de refugio temporal y acceso a servicios educativos.

Hasta ahora, autoridades estatales y municipales no han informado una cifra actualizada sobre el número total de menores desplazados por violencia provenientes de Concordia, aunque organizaciones locales advierten que el fenómeno mantiene una tendencia creciente conforme persisten hechos violentos en la región serrana.

El número de denuncias por violencia doméstica en Panamá registró un aumento significativo en el primer trimestre de 2026, al alcanzar 4,517 casos entre enero y marzo, lo que representa un incremento de 14.1% frente al mismo período de 2025.

Este dato forma parte de un total más amplio de 6,148 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que incluye maltrato a menores, delitos contra la familia y maltrato al adulto mayor, reflejando un crecimiento de 17.6% en el conjunto de estos delitos.

El comportamiento reciente se suma a la tendencia observada en 2025, cuando las denuncias totales alcanzaron 22,214 casos a nivel nacional, lo que representó un aumento de 4.4% frente a 2024.

En ese año, la violencia doméstica acumuló 16,444 denuncias, consolidándose como el delito más frecuente dentro de los casos contra el orden jurídico familiar, lo que evidencia una persistencia del fenómeno en el tiempo.

A nivel territorial, el informe indica que las denuncias se concentran en áreas de alta densidad poblacional. El Primer Distrito Judicial acumuló 3,929 casos en el primer trimestre de 2026, seguido por el Tercer Distrito Judicial con 1,082 denuncias y el Segundo Distrito Judicial con 803, lo que confirma que la mayor carga de estos delitos se mantiene en las regiones con mayor población y actividad urbana.

En términos mensuales, la incidencia se mantuvo constante durante el trimestre. En enero se registraron 1,601 denuncias por violencia doméstica, en febrero 1,394 casos y en marzo 1,522, cifras que muestran una continuidad en la ocurrencia del delito sin variaciones abruptas entre los meses analizados.

Dentro del total de delitos reportados, la violencia doméstica representa el componente principal. De las 6,148 denuncias registradas en el primer trimestre, 4,517 corresponden a este delito, lo que equivale a más del 70% del total, confirmando su predominio frente a otras conductas como el maltrato a menores, los delitos contra la familia y el maltrato al adulto mayor.

El informe también muestra un aumento en otros delitos asociados dentro del entorno familiar. El maltrato a niños, niñas y adolescentes alcanzó 1,029 casos, mientras que el maltrato al adulto mayor sumó 345 denuncias, lo que refleja incrementos de 17% y 63% respectivamente frente al mismo período de 2025, ampliando el alcance del problema más allá de la violencia de pareja.

Los datos por provincia evidencian incrementos relevantes en algunas regiones. Panamá Oeste registró 1,503 denuncias en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 48% frente al mismo período del año anterior, seguido por San Miguelito con un aumento de 40% y Veraguas con 32%, mostrando una expansión territorial del fenómeno. io

En paralelo a estas cifras, los casos recientes judicializados por el Ministerio Público reflejan la gravedad de las agresiones. En el distrito de Arraiján, una mujer de 34 años fue detenida por violencia doméstica, luego de que se acreditara su responsabilidad en un hecho ocurrido el 22 de abril de 2026, cuando agredió a su pareja de 51 años, causándole lesiones que lo incapacitaron por 10 días.

Otro caso se registró en Chitré, donde un hombre de 29 años fue enviado a detención provisional tras una audiencia de apelación. De acuerdo con las investigaciones, el imputado irrumpió en la residencia de su ex pareja y madre de su hijo, donde procedió a agredirla físicamente, causarle daños patrimoniales y amenazarla de muerte, lo que llevó al tribunal a revocar la medida inicial de depósito domiciliario.

En la provincia de Chiriquí, un tercer caso derivó en la aplicación de detención provisional a un hombre imputado por agredir física y psicológicamente a su pareja, utilizando los puños y un objeto contundente. El hecho ocurrió el 1 de abril de 2026 en el distrito de David, donde además la víctima fue amenazada en reiteradas ocasiones, lo que permitió sustentar la medida cautelar durante el proceso de investigación.

Estos casos, sumados a las cifras oficiales, reflejan la magnitud de los delitos contra el orden jurídico familiar en Panamá durante el inicio de 2026. La combinación de datos estadísticos y procesos judiciales recientes evidencia que la violencia doméstica y otros delitos asociados mantienen una alta incidencia en el país, con presencia sostenida en distintas regiones y grupos poblacionales.

El asesinato de cuatro integrantes de una familia en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, registró actualizaciones este miércoles, 24 horas después de que el crimen fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Pablo Vásquez Camacho, titular de la dependencia, confirmó la detención de tres hombres y una mujer en Atizapán, Estado de México, por su probable participación en el multihomicidio.

“Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 Edomex, se ubicaron dos camionetas robadas del predio y, tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesus “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, detalló el funcionario en la red social X.

Los imputados son investigados por la muerte de una pareja de 47 años y sus hijas de 16 y 12 años. De acuerdo con versiones periodísticas, las autoridades establecieron como línea principal de investigación una represalia por el incumplimiento de cuotas a una organización criminal.

Carlos Jiménez, periodista especializado en temas de seguridad y violencia, informó en X que en el lugar de los hechos se halló un mensaje en el que se atribuía el crimen al grupo delictivo La Unión Tepito: “Por no pagarle a La Unión”, afirmó.

Robo, conexión con Los Julios y una investigación en curso

Tras la detención, Jiménez reportó información preliminar sobre las primeras declaraciones de los imputados. De acuerdo con el periodista, Emiliano “N”, presunto autor material, indicó que recibirían un pago de parte de la organización criminal Los Julios"

“DICEN q LES PROMETIERON $40 MIL por el CRIMEN; CREEN q MIENTEN Emiliano Villaseñor dijo q Los Julios de Atizapán les prometieron $ por matar a la familia Cejudo. Emiliano era novio de Valentina Cejudo en el @TecdeMonterrey, pero el papá de ella no permitía la relación. @PoliciaAtizapan y @SSC_CDMX los detuvieron”, escribió en X.

Sus reportes involucran a dos organizaciones criminales catalogadas por autoridades capitalinas y federales como cárteles generadores de violencia en la capital y el Estado de México.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha informado sobre avances y las líneas de investigación que siguen. Al dar a conocer el arresto, Pablo Vásquez Camacho destacó que al momento de su detención, las cuatro personas indagadas tenían posesión de camionetas sustraídas del lugar del crimen, dos armas de fuego aseguradas y otros objetos posiblemente robados del domicilio.

¿Quiénes son Los Julios?

Los Julios es una organización criminal activa principalmente en el Estado de México, reconocida por operar bajo la fachada de un sindicato para llevar a cabo actividades delictivas como extorsión, despojo de inmuebles y narcotráfico.

Operaciones y modus operandi

• Despojo de viviendas: Esta banda se especializa en invadir casas habitación, incluso en zonas residenciales de alto nivel como el condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza.
• Extorsión: Amedrentan a constructores, comerciantes y particulares, exigiendo grandes sumas de dinero (se han reportado casos de exigencias millonarias para devolver propiedades).
• Fachada sindical: Utilizan conexiones sindicales (vinculados con la CATEM) y políticas para operar con impunidad.
• Infiltración: Se ha señalado que cuentan con personas infiltradas en altos mandos policiacos para facilitar sus operaciones. 

Zona de influencia

Actúan principalmente en los municipios mexiquenses de:

• Atizapán de Zaragoza.
• Naucalpan.
• Tlalnepantla.

Liderazgo y detenciones

• Alejandro Maya, alias “El Bebé”: Identificado como presunto líder de esta organización, fue capturado en septiembre de 2023 en Atizapán de Zaragoza por la Fiscalía de Asuntos Especiales de la FGJEM.
• Se ha reportado que “El Bebé” tiene antecedentes como expolicía.

Investigaciones relacionadas

• La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha investigado a este grupo no solo por despojos, sino también por amenazas y narcotráfico.
• Su rastro delictivo ha sido vinculado con el asedio a constructores, incluyendo obras como el Tren Interurbano México-Toluca.

Por su parte, La Unión de Tepito se consolidó como organización criminal entre 2009 y 2010 en la Ciudad de México, bajo la influencia de Edgar Valdez Villarreal (“La Barbie”).

Opera principalmente como un cártel en la alcaldía Cuauhtémoc, dedicándose al narcomenudeo, extorsión, secuestro y despojo de inmuebles.

Caso centra la atención en la violencia en CDMX y Edomex

A pesar de la detención de María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, la brutalidad del homicidio múltiple derivó en presión social sobre autoridades capitalinas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) dio a conocer que elementos de esa corporación detuvieron, este miércoles, a Edgar N, subdirector de la policía municipal de Xalatlaco, quien es investigado por haber agredido a una mujer, quien presuntamente es su esposa, hechos que fueron videograbados y difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Además, se indaga su probable participación en la comisión de diversos hechos delictivos.

La detención de Edgar N se llevó a cabo en el municipio de Almoloya del Río, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Cabe destacar que el subdirector de la policía municipal golpeó a su esposa el pasado mes de marzo, y fue apenas el pasado martes 28 de abril que el alcalde del municipio de Xalatlaco, el morenista Abel Flores Guzmán reaccionó al hecho y lo cesó de su cargo.

La decisión llegó luego de días de silencio institucional, y tras la viralización del video en el que se ve a Edgar N propinando una golpiza a su esposa, en el patio de su casa.

Cesan a Edgar N de su cargo

La noche del martes, Abel Flores, por medio de sus redes sociales, hizo pública su postura en un video, intentando justificar los tiempos de demora. En su mensaje, de aproximadamente 1:30 minutos, dio a conocer que destituyó al servidor público, el segundo al mando de la corporación municipal, luego de que salieran a la luz las imágenes de la brutal golpiza contra su esposa.

Flores Guzmán dijo que, luego de que el video se hiciera público el pasado 20 de abril, el Ayuntamiento, a través de la Comisión de Honor y Justicia, un día después, el 21 de abril, determinó separar de su cargo al elemento.

“Con el único objetivo de no entorpecer y se respetuosos de las autoridades competentes, para que hagan sus investigaciones correspondientes y determinen la situación jurídica de esta persona”, señaló.

También dijo que se entregó un informe en el que se detalló cuál ha sido el actuar del Ayuntamiento al respecto. “Este Ayuntamiento reprueba rotundamente cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres”, concluyó.

En el video de la agresión, se observa a la esposa del mando policial salir corriendo de su casa al patio de la misma y dirigirse a la puerta de salida para escapar, sin embargo, Edgar N sale detrás de ella, la jala del cabello y la tira al suelo, impidiendo que salga a la calle.

Una vez en el suelo, el agresor patea a la mujer en el cuerpo y la cara en diversas ocasiones. La mujer intenta levantarse, pero el hombre la toma del cabello y la vuelve a tirar, para después vover a sujetar su pelo y arrastrarla por el suelo.

Le da varios golpes más, e incluso, toma un palo y la golpea con él. La mujer pide ayuda a gritos, pero nadie acude a su rescate.

El saldo fue de 63 muertos, más de 3.000 heridos, entre 7.000 y 12.000 detenidos, 3.100 negocios destrozados o saqueados, más de 7.000 incendios declarados, el barrio coreano destruido casi en su totalidad y pérdidas económicas que superaron los 1.000 millones de dólares. Todo empezó una hora y cinco minutos después de que un jurado leyera cuatro veces la misma palabra: inocente.

Eran las 15:20 del 29 de abril de 1992. El sargento Stacey Koon y los agentes Theodore Briseño, Laurence Powell y Timothy Wind quedaban libres. Los cuatro policías que habían golpeado a Rodney King mientras estaba en el suelo fueron absueltos de la mayoría de los cargos. Había un video que lo mostraba todo. No sirvió de nada.

La historia comienza catorce meses antes. Rodney King tenía 25 años, había bebido y fumado marihuana, y conducía su Hyundai blanco por la autopista de Los Ángeles a más de 170 kilómetros por hora. Tres meses antes había salido de la cárcel tras cumplir condena por robar un mercado armado con una barra de hierro. Estaba en libertad condicional. No quería volver a una celda.

En el auto iban también sus amigos Bryant Allen y Freddie Helms. Los tres cantaban a los gritos con las ventanillas bajas. King pisaba el acelerador cada vez más a fondo y llegó a rozar los 190 kilómetros por hora.

Un matrimonio de policías que esperaba al costado de la autopista los vio pasar e inició una persecución. Se sumaron más patrulleros. Un helicóptero lo siguió desde el aire. King tomó una salida y la fuga continuó por barrios residenciales con una flota de autos policiales detrás.

Finalmente, un patrullero le cerró el paso en Lake View Terrace, en el Valle de San Fernando. Allen y Helms bajaron con las manos en alto y se tiraron al suelo sin mayores problemas. King tardó más. Cuando por fin abrió la puerta, levantó los brazos para saludar burlonamente al helicóptero, se rió a carcajadas y se agarró las nalgas con las dos manos.

Cuatro policías se abalanzaron sobre él. Lo tiraron al suelo y descargaron sobre su cuerpo toda la furia acumulada en la persecución.

George Holliday no podía dormir esa noche. Escuchó las sirenas, el ruido del helicóptero y los gritos que venían de la calle. Tomó su cámara de video Sony Handycam, se asomó a la ventana y tardó unos segundos en hacer foco. Lo que vio fueron cuatro policías blancos rodeando a un hombre negro ya tirado en el suelo: lo pateaban, lo golpeaban con sus porras y le aplicaban descargas eléctricas con sus Taser. El hombre ya no se defendía.

En el video se cuentan 56 golpes. Y hubo más antes de que la cámara se encendiera.

A las 48 horas, Holliday llamó a la policía para preguntar por lo que había presenciado. La respuesta fue que no brindaban ese tipo de información. Su esposa le sugirió llevar el cassette a KTLA, el canal local. Cuando regresó a su casa, el contestador estaba lleno de mensajes. Esa misma noche, el noticiero de KTLA abrió su emisión con el video. La CNN replicó las imágenes de inmediato y en pocas horas casi todo el mundo las había visto.

El nombre de Rodney King —su primer nombre, el que no usaba, porque sus cercanos lo llamaban Glen— se convirtió desde esa noche en símbolo de la violencia policial y del racismo. El abogado de King, Milton Grimes, lo resumió ante CNN en el documental Race and Rage: “Finalmente, habíamos atrapado al Monstruo del Lago Ness con una videocámara”.

Los informes médicos posteriores registraron nueve heridas en la cabeza, fractura de tobillo, costillas rotas, magulladuras en todo el cuerpo, hemorragias internas, daño en la cavidad ocular derecha y posibles lesiones cerebrales. Le tuvieron que colocar una placa metálica para reconstruir el hueso. Una enfermera del hospital testificó después que los policías se burlaban de King en la guardia mientras lo atendían.

Los agentes alegaron que creyeron que King estaba bajo los efectos del PCP, una droga que supuestamente aumenta la fuerza física e insensibiliza al dolor. Los análisis toxicológicos demostraron que no había consumido esa sustancia.

El entonces presidente de Estados Unidos George H.W. Bush calificó el comportamiento de los policías como “indignante”. La indignación se extendió por todo el país. La comunidad negra de Los Ángeles llevaba años denunciando la brutalidad policial sin que nadie grabara nada. Esta vez había imágenes.

El sargento Koon y los agentes Briseño, Powell y Wind fueron acusados de asalto con arma letal y uso excesivo de la fuerza. La acusación tenía el video de Holliday como prueba central. Aun así, el juicio se trasladó a Simi Valley, una ciudad del condado de Ventura, lejos del centro de Los Ángeles.

El jurado que deliberó no tenía ningún integrante negro. Tardó siete días. El 29 de abril de 1992, hace 34 años, a las 15:20, los cuatro policías quedaban absueltos de la mayoría de los cargos. En la puerta del tribunal se habían reunido 300 personas para escuchar la decisión. El alcalde de Los Ángeles anunció una conferencia de prensa para unas horas después, en la que condenaría el fallo.

Los disturbios de Los Ángeles de 1992 estallaron ese mismo día, un rato después de conocerse la absolución de los cuatro policías que habían golpeado a Rodney King. El veredicto fue la chispa que encendió décadas de tensión acumulada entre la comunidad negra y la policía de la ciudad. La pobreza, el racismo y la marginación componían un polvorín en los suburbios de población negra, y la decisión del tribunal se entendió como un nuevo desprecio. Solo en el primer día murieron doce personas. Los disturbios de 1992 fueron los peores en Los Ángeles desde los de Watts en 1965.

En los días siguientes murieron entre 53 y 63 personas según la fuente, y las pérdidas superaron los USD 1.000 millones. Fueron los mayores disturbios urbanos del siglo XX en una ciudad de Estados Unidos. El polvorín se encendió cuando cinco jóvenes negros entraron a un supermercado coreano, tomaron botellas de vodka y salieron sin pagar. El dueño los paró. Uno le partió la botella en la cabeza. Los otros lanzaron el alcohol contra la vidriera, que estalló sobre la vereda. “Esto es por Rodney King”, gritó alguien.

En la esquina de Florence Boulevard y Normandie Avenue, otros jóvenes afroamericanos comenzaron a atacar los autos que circulaban por las avenidas con piedras y ladrillos. En minutos, los conductores eran bajados a la fuerza de sus vehículos y golpeados en la calle.

Ese cruce estaba ubicado en una de las zonas con mayor concentración de pobreza, desempleo y violencia de pandillas de toda la ciudad. El historiador de Los Ángeles Mike Davis publicó el 1 de junio de 1992 en The Nation un ensayo titulado In L.A., Burning All Illusions, en el que recogió el testimonio de un joven de la pandilla denominada Inglewood Bloods que lo puso en términos directos:" ¿Rodney King? Nada que ver. Mis amigos son golpeados como perros por la policía todos los días. Este disturbio es por todos los vecinos asesinados por la policía, por la hermanita que mataron los coreanos, por veintisiete años de opresión. Rodney King fue solo el detonante".

Los incendios, los saqueos y los asaltos se extendieron por toda la ciudad durante cinco días. Las autoridades declararon el estado de emergencia y las fuerzas militares tomaron la ciudad.

El 1 de mayo, dos días después del inicio de las revueltas, Rodney King apareció ante las cámaras de televisión conmocionado y pidió que parara la violencia: “Sólo quiero decir, ¿nos podemos llevar todos bien?”.

La intersección de Florence y Normandie, años después de los disturbios, seguía siendo una de las zonas con mayor reincidencia delictiva de Los Ángeles, según datos de la propia policía. La ciudad- para 2012- había reducido los delitos violentos en un 70% y los homicidios en un 73% desde 1992. Pero no en esa esquina.

Un vecino llamado describió con precisión lo que fue sucediendo: “La comunidad va cada vez mejor, todo está cambiando poco a poco, no va a cambiar de un año para otro, esto toma tiempo”. En tanto un policía añadió, sobre los cambios que el cuerpo se había comprometido a realizar: “Hace 20 años eran únicamente palabras, hoy tienen verdadero significado y aplicación”.

En 1993 se celebró un segundo proceso. Esta vez dos de los cuatro agentes fueron condenados: Stacey Koon y Laurence Powell. Los otros dos quedaron libres nuevamente.

En un proceso civil separado, la ciudad de Los Ángeles pagó a Rodney King una indemnización de 3,8 millones millones de dólares.

King siguió teniendo problemas con el alcohol. Fue detenido en varias ocasiones y en 1996 pasó un tiempo breve en prisión. El 17 de junio de 2012 murió en su casa de Rialto, California, ahogado en una piscina tras consumir drogas y alcohol. Tenía 47 años.

En 2012, antes de morir, King había publicado su libro The Riot Within y reflexionaba sobre las cámaras de video. “Estoy muy contento de que hubiera una cámara ese día”, dijo. “Mi gente en aquella época estaba recibiendo palizas de los policías”.

Una mujer fue brutalmente atacada por un hombre que quiso robarle sus pertenencias cuando regresaba a su casa del trabajo en la zona de Confluencia Rural, Neuquén. El episodio incluyó amenazas, tironeos y golpes en la cabeza.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 22:20, a una cuadra del establecimiento educativo para adultos CPEM 103, ubicado en Chocón y Obrero Argentino. La víctima, que vive cerca del lugar, se había retirado antes del establecimiento educativo dado que no se sentía bien.

En el trayecto hacia el domicilio, el delincuente la abordó para robarle el celular pero ante la resistencia de la mujer y no lograr su propósito, la atacó físicamente, arrastrándola por el piso y golpeándola repetidas veces en la cabeza con una piedra. Debido a la violencia del ataqu,e la trabajadora sufrió graves heridas en el rostro y múltiples raspones en el cuerpo.

Según el testimonio de la directora de la escuela, recogido por LM Neuquén, la mujer también recibió amenazas de muerte. Los gritos de la víctima alertaron a vecinos, quienes salieron de sus viviendas y acudieron rápidamente al llamado. Esto hizo que el agresor se fugara por lo que no pudo ser identificado. Tenía el rostro cubierto con un cuello polar.

Finalmente, la auxiliar fue trasladada al Policlínico Neuquén y permaneció internada bajo observación médica durante la noche. Este martes recibió el alta y regresó a su domicilio. Al respecto, la autoridad educativa confirmó que se encuentra estable y que ambas realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 19. La investigación continúa para identificar al responsable del ataque.

Lo mataron por el celular

Un joven de 21 años fue asesinado en Temperley durante un asalto ocurrido en la madrugada del viernes, cuando regresaba a su domicilio tras cursar en la facultad. El hecho tuvo lugar en la esquina de Dinamarca y Ericson, donde la víctima, identificada como Agustín Rivero, fue interceptada por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un Volkswagen Voyage negro.

De acuerdo con la información de las autoridades, el automóvil se detuvo de manera abrupta y uno de los ocupantes descendió armado, amenazando al joven para sustraerle sus pertenencias. Rivero arrojó su mochila al suelo en un intento de entregar lo que llevaba consigo, pero el asaltante exigió el teléfono celular. Tras un breve forcejeo, el agresor disparó y el proyectil impactó en el abdomen de la víctima.

El atacante huyó rápidamente junto a otros tres cómplices, quienes lo aguardaban en el vehículo. Rivero logró cruzar la calle para pedir ayuda y un vecino lo trasladó de urgencia al hospital local, donde murió poco después a causa de la herida. “Lo primero que hice fue llamar a la mamá. Por allá vi al papá y lo cargaron en un auto y se lo llevaron. Hasta ahí nada más es lo que sé”, señaló la dueña de la casa.

La Policía Bonaerense inició la investigación y determinó que el vehículo utilizado en el asalto había sido robado horas antes en Lanús. Además, cámaras de seguridad privadas y municipales captaron el momento del ataque, lo que permitió reconstruir la secuencia y el recorrido de los sospechosos. El análisis de las imágenes también vinculó al mismo grupo con el robo de una Renault Kangoo gris minutos antes en el barrio San José, empleando violencia y armas de fuego.

El operativo policial, con intervención de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios, permitió la detención de dos de los presuntos autores, en tanto que otros dos permanecen prófugos. Se trata de Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes por robo en las zonas de Temperley y San José, según comunicaron fuentes policiales a Infobae.

Familiares, amigos y vecinos manifestaron su pesar por la pérdida y exigieron respuestas ante la escalada de hechos violentos. Las autoridades avanzan en el análisis de los registros fílmicos y testimonios para identificar y detener a los responsables del asesinato.

La acusación federal contra Cole Tomas Allen, exalumno de Caltech y residente de Torrance, por intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, renovó el debate sobre la circulación y el control de armas en el sur de California.

De acuerdo con Los Angeles Times, Allen fue presentado el lunes ante un tribunal federal en Washington, D.C., donde enfrenta cargos federales por intento de asesinato, transporte interestatal de armas con fines criminales y uso de armas en un crimen violento.

El juez ordenó su detención sin derecho a fianza tras la presentación de pruebas que incluyen la portación de una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática calibre .38 y varios cuchillos, además de un manifiesto que señalaba como objetivos a altos funcionarios del gobierno.

Según Los Angeles Times, Allen adquirió legalmente las armas utilizadas en el ataque en dos comercios de South Bay: una escopeta en Turner’s Outdoorsman, en Torrance, y una pistola semiautomática en CAP Tactical Firearms, en la vecina Lawndale.

La fiscalía argumentó que Allen planificó el ataque y viajó armado desde California a Washington, D.C., con la intención explícita de atentar contra el mandatario. La acusación formal, presentada el lunes 27 de abril, marca el inicio de un proceso penal federal que podría derivar en una condena a cadena perpetua.

Torrance: densidad de armerías y armas en delitos

El contexto del caso revela una realidad poco visible para buena parte del público: la notable densidad de armerías en el sur de California y su vínculo con la circulación de armas involucradas en delitos en el área metropolitana de Los Ángeles.

Los Angeles Times reportó que, hasta noviembre de 2023, Torrance contaba con 18 armerías, equivalente a un comercio cada 8.150 habitantes en una población cercana a 147.000 personas. En contraste, la ciudad de Los Ángeles —capital del condado— tenía 38 armerías para más de 4 millones de habitantes, lo que representa una tienda cada 100.000 residentes.

Las cifras oficiales muestran que Torrance figura como un nodo crítico en la venta y posterior uso de armas en crímenes. Entre 2017 y 2021, los comercios de armas de la ciudad vendieron el tercer mayor volumen nacional de armas recuperadas en delitos en Los Ángeles, solo por detrás de Las Vegas y Phoenix, según un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) citado por Los Angeles Times. Durante ese periodo, más de 700 armas incautadas en Los Ángeles habían sido previamente adquiridas en comercios de Torrance.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de California, la sucursal de Turner’s Outdoorsman en Torrance vendió 1.652 armas vinculadas a delitos entre 2010 y 2022. CAP Tactical Firearms, también mencionada en la acusación contra Allen, vendió en el mismo periodo 150 armas relacionadas con investigaciones judiciales.

Reacciones, regulación local y perfil del acusado

El impacto del caso llevó a declaraciones públicas de autoridades locales. George K. Chen, alcalde de Torrance, expresó en la red social X: “Torrance es una comunidad construida sobre el respeto, la diversidad, el trabajo duro y la seguridad pública. Nuestra comunidad se une al país para condenar el incidente violento que ocurrió en Washington, D.C.”, según recogió Los Angeles Times.

La regulación sobre el comercio de armas varía según el municipio dentro del condado de Los Ángeles. Tras el tiroteo de Uvalde en 2022, la ciudad de Burbank estableció una moratoria temporal para nuevas armerías y, en 2024, implementó zonas de amortiguamiento alrededor de escuelas e iglesias.

En 2023, Torrance prohibió la apertura de nuevos comercios de armas en el centro histórico, aunque estos negocios siguen presentes en otras zonas comerciales de la ciudad.

Propietarios y empleados del sector manifestaron sus posturas ante las restricciones. Jack Brandhorst, dueño de Red Rifle Ltd., sostuvo tras el rechazo del permiso para trasladar su tienda: “Estos concejales solo complacieron a los sectores más ruidosos. No existe ninguna ley o norma que limite las armerías en esa zona”, declaró a Los Angeles Times.

Por su parte, Turner’s Outdoorsman reiteró su política de no comentar con la prensa sobre investigaciones policiales, mientras que CAP Tactical Firearms no emitió declaraciones.

El perfil de Cole Tomas Allen despertó sorpresa en la comunidad local y entre quienes lo conocían en el ámbito académico. Los Angeles Times recogió testimonios de vecinos que lo describen como discreto, inteligente y con destacada habilidad en matemáticas y ciencias.

También se documentó su participación como coordinador general de grupo en la Caltech Christian Fellowship, según una publicación de 2016 de la organización.

El manifiesto atribuido a Allen, que forma parte de la investigación federal, contiene referencias explícitas a la fe cristiana y menciona: “Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es una conducta cristiana; es complicidad con el crimen del opresor”, texto citado por Los Angeles Times.

En una entrevista posterior, Donald Trump afirmó a Fox News que Allen “odia a los cristianos” y lo calificó como “enfermo”.

Actualmente, Allen permanece bajo custodia federal y la próxima audiencia está programada para el jueves. La acusación formal y la investigación en curso mantienen el foco en la intersección entre la regulación de armas, la seguridad pública y la violencia política en Estados Unidos.

En medio del incremento de hechos violentos en Panamá, los tribunales de justicia han confirmado y dictado condenas en distintos casos de homicidio y delitos sexuales, con penas que alcanzan hasta 48 años de prisión, reflejando la respuesta del sistema judicial ante crímenes de alto impacto registrados en los últimos años en diferentes provincias del país.

Uno de los fallos más severos fue la confirmación de la condena de 48 años de prisión contra un hombre conocido como alias “Zaza”, sancionado por los delitos de homicidio y robo en un caso ocurrido en el corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

El Ministerio Público logró que se rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa, luego de sustentar que el Tribunal de Juicio valoró correctamente las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas adecuadas y conforme a derecho.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 11 de agosto de 2023 en una residencia en Cerro Viento, cuando el sentenciado agredió a la víctima con un arma blanca, provocándole más de 50 heridas que causaron su muerte.

El caso fue llevado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró sostener la validez del proceso y la condena impuesta en primera instancia.

En otro proceso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste obtuvo una condena de 30 años de prisión contra un hombre de 65 años, hallado culpable por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer de 89 años, en un hecho registrado en el distrito de La Chorrera.

Durante la lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio también impuso la pena accesoria de inhabilitación para portar armas de fuego por 30 años, una vez cumplida la condena principal.

Este caso fue sustentado durante un juicio oral realizado entre el 6 y el 10 de abril de 2026, en el que el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, que permitieron a un jurado de conciencia emitir un veredicto de culpabilidad.

El crimen se remonta al 11 de noviembre de 2023, cuando dos hombres ingresaron a la residencia de la víctima en el sector de Las Lajas, en el corregimiento de Obaldía, donde la agredieron físicamente y la hirieron con arma blanca en el cuello.

Por este mismo caso, las autoridades también lograron otras condenas vinculadas al hecho, incluyendo una pena de 20 años de prisión para otro implicado por homicidio doloso agravado, así como una sentencia de 12 años de prisión mediante acuerdo de pena para un tercer ciudadano, lo que refleja la responsabilidad compartida en el crimen investigado.

En la provincia de Darién, la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional logró una condena de 6 años de prisión contra un hombre de 70 años, declarado culpable por el delito de actos libidinosos en perjuicio de un menor de 10 años de edad.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Fe durante el mes de febrero de 2023, cuando el imputado, quien era vecino de la víctima, perpetró el delito.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, lo que permitió que el Ministerio Público iniciara las investigaciones y posteriormente sustentara el caso ante el tribunal.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, que fueron consideradas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, derivando en la condena impuesta.

Estos fallos se producen en un contexto en el que las autoridades judiciales han reiterado la importancia de fortalecer los procesos investigativos y garantizar el cumplimiento de las penas, especialmente en casos que involucran delitos graves contra la vida y la integridad personal, en medio de la preocupación por el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país.

Hasta marzo, en Panamá se habían reportado al menos 130 homicidios, una cifra que refleja la persistencia de la violencia en distintos puntos del país, pero que en los últimos días ha estado acompañada por una serie de ataques que han quedado registrados en video, evidenciando la gravedad y exposición pública de estos hechos.

En varias de estas grabaciones se observan agresiones armadas en espacios abiertos y zonas residenciales, que han dejado múltiples víctimas, lo que ha generado mayor preocupación por la seguridad y el nivel de violencia, así como por la capacidad de respuesta de las autoridades ante este tipo de incidentes.

“La sacaron a la fuerza de su casa”, relataron versiones conocidas sobre el caso de Karol Daniela Cuartas, la joven de 20 años hallada sin vida en zona rural de Valdivia, Antioquia, después de permanecer secuestrada desde el 11 de abril.

El cuerpo fue encontrado en una vía terciaria del sector Doradas Bajas, en el corregimiento de Raudal Viejo, donde autoridades confirmaron el hallazgo que puso fin a más de dos semanas de búsqueda. Según información citada por Revista Semana, durante ese tiempo se adelantaron operativos para dar con su paradero, pero este lunes se confirmó el desenlace fatal.

La víctima era habitante de la zona y, de acuerdo con reportes preliminares conocidos por las autoridades, había sido sacada por hombres armados de su vivienda y retenida por la guerrilla del ELN, según se indicó en la información divulgada sobre el caso.

Las primeras hipótesis que indagan las autoridades apuntan a que el crimen estaría relacionado con señalamientos sobre presuntos vínculos con un integrante del Clan del Golfo, una versión que, según se precisó, no ha sido confirmada oficialmente y sigue bajo investigación.

El hallazgo de la joven ocurre en medio de un contexto de tensión por el deterioro del orden público en varias zonas de Antioquia, especialmente en municipios donde persisten confrontaciones armadas entre grupos ilegales.

Desde Raudal Viejo, tropas del Batallón de Infantería No. 31 Rifles reiteraron presencia militar en la zona para acompañar a la población civil y fortalecer condiciones de seguridad, según un pronunciamiento difundido en redes de la Séptima División del Ejército y citado por Revista Semana.

La muerte de Karol Daniela Cuartas se conoce en medio de otros episodios recientes de violencia en el norte del departamento. En Briceño, por ejemplo, trascendió el caso de un menor de 13 años herido en hechos atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc.

En ese mismo municipio se han reportado desplazamientos de familias por confrontaciones armadas, amenazas contra autoridades locales y nuevas alertas por la situación de seguridad, en un panorama que sigue elevando preocupación regional.

El caso también revive la atención sobre la situación humanitaria en Valdivia, una zona donde se han denunciado afectaciones por presencia de grupos armados y riesgos para la población civil. El asesinato de la joven profundiza ese escenario.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer responsabilidades, las autoridades trabajan en establecer las circunstancias en que fue asesinada y cómo ocurrieron los hechos posteriores a su secuestro.

El caso se conoció además en una jornada marcada por otras acciones militares en Antioquia. La Séptima División reportó recientemente el hallazgo de un depósito ilegal en zona rural de Anorí con más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero, proveedores, un dron y equipos de comunicación.

Ese hallazgo, atribuido al ELN y al frente 36 de las disidencias de las Farc, volvió a poner foco sobre la actividad armada en el departamento. Para las autoridades, ambos hechos reflejan la complejidad del momento de seguridad que atraviesa la región.

Dentro del material encontrado en Anorí también fueron reportados elementos de intendencia y documentación doctrinal relacionada con actividades criminales, según la información divulgada.

En el caso de Karol Daniela Cuartas, la investigación sigue abierta mientras las autoridades buscan esclarecer si hubo participación de actores armados y cuál fue el móvil detrás del crimen.

La noticia generó conmoción en Valdivia, donde la desaparición de la joven había mantenido expectativa por su búsqueda desde el pasado 11 de abril. El hallazgo de su cuerpo confirmó el peor escenario.

La situación también ha vuelto a poner atención sobre los riesgos que enfrentan comunidades rurales en zonas donde convergen estructuras armadas ilegales. Organismos de seguridad mantienen presencia en la región mientras avanzan verificaciones sobre el caso.

El asesinato de Karol Daniela Cuartas ocurre en un momento de agravamiento del conflicto en el norte de Antioquia, donde episodios de desplazamiento, amenazas y hallazgos de material de guerra han encendido nuevas alertas.

La investigación judicial deberá determinar responsabilidades y circunstancias del crimen, mientras en Valdivia persiste la conmoción por la muerte de la joven secuestrada semanas atrás.

El hallazgo del cuerpo en Doradas Bajas cerró la búsqueda, pero abrió nuevas preguntas sobre un caso que vuelve a poner en evidencia la presión armada que golpea a varias comunidades del departamento.

Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo sacudió el campus de Arkansas State University en Jonesboro, dejando cuatro personas heridas, de las cuales tres son estudiantes de la institución. El incidente se produjo durante una fiesta en Unity Park, un espacio tradicionalmente utilizado para reuniones estudiantiles.

Según los reportes de Arkansas Democrat-Gazette, la situación se desencadenó poco después de la medianoche, cuando una llamada al 911 advirtió sobre la presencia de disparos en medio de la multitud.

La Policía Estatal de Arkansas y la policía universitaria respondieron rápidamente a la emergencia. De acuerdo con la vocera Cindy Murphy, una de las víctimas, estudiante de la universidad, fue atendida en el lugar, mientras que los otros tres heridos —incluidos dos estudiantes y una persona más— fueron trasladados a hospitales cercanos, todos en condición estable.

Entre las lesiones reportadas, una mujer sufrió una herida de bala en la pierna; los demás presentaron raspones y contusiones, resultado del pánico y la estampida generada cuando la multitud intentó escapar precipitadamente del sitio de los hechos.

Unity Park: fiesta registrada y testimonios del caos

Unity Park es reconocido como un espacio central para eventos masivos y celebraciones organizadas por estudiantes. Según declaraciones oficiales y reportes de KARK-TV, la reunión figuraba como un evento registrado ante la universidad, lo cual indica que contaba con autorización institucional.

Este matiz fue destacado por Jonesboro Right Now, que confirmó que la fiesta había sido registrada previamente por la administración universitaria, aunque la institución continuará revisando la naturaleza formal del evento.

Los testimonios de los estudiantes presentes en el lugar reflejan el desconcierto reinante. Christian Royal, alumno de primer año, relató que al principio pensó que se trataba de una pelea, algo que suele ocurrir en este tipo de reuniones, pero al percatarse de los disparos, su principal preocupación fue localizar a sus amigos: “Yo estaba allí con cinco amigos, así que necesitaba asegurarme de que estaban bien”, contó Royal a KARK-TV.

Otro estudiante, Douglas Foote, afirmó que recibió la notificación oficial en su teléfono y de inmediato comenzó a comunicarse con sus compañeros para confirmar que no estuvieran en peligro.

Las grabaciones de radio policial difundidas por KARK-TV revelan la confusión de los primeros instantes. Un despachador describió cómo la multitud se dispersó en múltiples direcciones, y señaló: “Tengo a otra joven herida, le rozaron la pierna”. Estas escenas muestran la rapidez con la que los equipos de emergencia debieron actuar para asistir a los afectados y asegurar la zona.

Las autoridades universitarias, encabezadas por Todd Clark, responsable de comunicaciones, enviaron correos electrónicos y comunicados a la comunidad para informar que no existía una amenaza activa tras el incidente y recomendaron mantener la calma.

Asimismo, el Centro de Consejería Universitaria fue puesto a disposición de los estudiantes para brindar asistencia psicológica a quienes lo requirieran.

Investigación en curso y medidas de seguridad

La Policía Estatal de Arkansas asumió la investigación, considerando su competencia sobre incidentes graves con armas de fuego en instituciones públicas. Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni avances en la identificación de los responsables, y la investigación permanece abierta.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información relevante que se comunique con la policía estatal al número 870-935-7303, como reiteraron KAIT-TV y KARK-TV.

La universidad expresó su agradecimiento porque no hubo víctimas fatales y reiteró la importancia de la colaboración y el apoyo entre los miembros de la comunidad. Los directivos programaron una reunión para revisar los protocolos de seguridad y analizar los procedimientos en la organización de eventos estudiantiles tras lo ocurrido.

Jonesboro Right Now confirma que hasta este momento no se produjeron arrestos ni se esclareció el motivo del tiroteo. El campus sigue atento a nuevas actualizaciones, mientras la situación de los heridos evoluciona de manera favorable.

Según un informe oficial, entre 2024 y 2025 se han registrado un promedio de 9,523 denuncias por violencia sexual en Honduras. De este total, el 38% corresponde a casos en los que las víctimas son niñas, niños y adolescentes (NNA), una cifra que revela la urgencia de respuestas más efectivas por parte del Estado.

La información publicada por el Comité Asesor Técnico Interorganizacional contra el Abuso Sexual motivó una reunión estratégica impulsada por la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional.

Al encuentro asistieron los representantes de Casa Alianza y Plan Internacional quienes forman parte junto a otras 9 organizaciones nacionales e internacionales de dicho comité. Estas entidades, días antes, ya se habían reunido con el Fiscal General de la República con el fin de articular acciones que fortalezcan el sistema de atención y protección para las víctimas. En Honduras, se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos.

Durante la jornada, se reiteró la frecuencia de las acusaciones: en Honduras, se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos. Este dato evidencia la necesidad de mecanismos más ágiles y especializados para atender estos casos.

Evitar revictimización

Uno de los temas destacados fue la urgencia de ampliar y fortalecer el uso de las Cámaras Gesell en el país. Estas salas permiten que niñas, niños y adolescentes brinden su testimonio en un entorno seguro y adaptado, lo que evita la repetición de su relato ante diferentes operadores de justicia y disminuye la revictimización.

Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza Honduras, resaltó la relevancia de humanizar la atención a las víctimas dentro del sistema judicial: “Las Cámaras Gesell son clave para garantizar una atención digna y centrada en la protección de sus derechos”.

Por su parte, Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la red de instituciones Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), instó a asignar mayores recursos para asegurar la protección integral de la niñez. “Es fundamental que el Estado priorice el presupuesto para asegurar mecanismos eficaces como las Cámaras Gesell y procesos de justicia que realmente protejan a las víctimas”, afirmó.

Las organizaciones representadas en la reunión consideraron que la articulación interinstitucional constituye un paso relevante para enfrentar el abuso sexual infantil, pero recordaron que se requieren esfuerzos continuos, voluntad política y recursos adecuados para producir cambios estructurales. La articulación interinstitucional constituye un paso relevante para enfrentar el abuso sexual infantil.

Frenar Abusos

Las cifras oficiales del Ministerio Público muestran la magnitud del problema: en 2024, se reportaron 2.137 denuncias por abuso sexual infantil. En 2025, la tendencia al alza continúa, con cientos de nuevos casos ingresados al sistema de justicia, lo que refleja un patrón persistente de violencia contra la niñez y adolescencia. Cada cinco horas se denuncia un caso de abuso sexual infantil en Honduras, según el Comité Asesor Técnico Interinstitucional; este dato revela la sobrecarga del sistema de atención y justicia.

En este contexto, especialistas y organizaciones coinciden en que fortalecer las Cámaras Gesell, incrementar el presupuesto y mejorar la coordinación institucional es indispensable para evitar la revictimización y garantizar una respuesta efectiva del Estado ante la violencia contra la niñez hondureña.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), al menos cuatro sujetos armados irrumpieron en el inmueble y desataron una balacera que generó pánico entre los asistentes. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Los disparos, que habrían superado las veinte detonaciones, alcanzaron a varias personas que se encontraban en el lugar, dejando escenas de desesperación y heridos tendidos en el suelo mientras los atacantes escapaban.

Ataque en Florencia de Mora quedó registrado en video y apunta a ajuste de cuentas

El violento episodio fue captado por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes ya se encuentran en manos de las autoridades. En el registro se escucha claramente la ráfaga de disparos y se observa el ingreso de los atacantes al inmueble. Además, se evidencia que un quinto implicado permanecía al volante de un automóvil negro, esperando a los sicarios para facilitar la huida.

Tras perpetrar el ataque, los sujetos salieron rápidamente del lugar y abordaron el vehículo. Testigos indicaron que incluso realizaron disparos al aire antes de retirarse, incrementando el temor en la zona. Los seis heridos fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos, donde algunos permanecen con pronóstico reservado.

Las primeras diligencias de la PNP incluyen el análisis de las grabaciones, la recolección de casquillos y la toma de declaraciones a testigos. De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

En paralelo, versiones extraoficiales señalan que el ataque podría estar vinculado a disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Incluso, en redes sociales, presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Pulpos” se habrían atribuido el atentado, lo que viene siendo verificado por los investigadores.

El atentado ocurre en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana en Trujillo, donde los enfrentamientos entre bandas y los ataques armados en espacios públicos y privados se han vuelto cada vez más frecuentes. La escena del crimen fue acordonada por peritos de criminalística, quienes continúan recogiendo evidencias clave para identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre.

PNP reestructura mando en La Libertad en medio de crisis por extorsión y violencia criminal

En medio del avance del crimen organizado en La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso un cambio clave en su estructura de mando en la región. El general Franco Moreno Panta dejó la jefatura de la Macrorregión Policial y fue reasignado al Estado Mayor General, considerado el segundo nivel en la línea de comando institucional. En su reemplazo, asumió el general Ricardo Espinoza, quien hasta entonces se desempeñaba como jefe policial del Callao. La decisión fue anunciada por el comandante general Óscar Arriola durante una ceremonia oficial realizada en Trujillo.

El relevo se produce en un contexto marcado por el incremento de extorsiones, homicidios y actividades ilegales que afectan a la región. Durante el acto, también se informó sobre el despliegue de 500 nuevos efectivos policiales en zonas consideradas críticas, con el objetivo de reforzar la seguridad y contener los delitos de mayor impacto. A nivel nacional, la institución reportó 810 homicidios en lo que va del año, cifra que representa una reducción de 178 casos respecto al mismo periodo anterior, aunque este descenso no refleja la situación específica que atraviesa La Libertad.

Antes de su salida, Moreno Panta participó en un operativo en Trujillo que permitió identificar parte de la logística utilizada por redes criminales. La intervención, realizada en el sector Pesquera, derivó en la incautación de 1.700 cartuchos de dinamita y 15.000 detonadores, materiales presuntamente destinados a actividades de extorsión. Según las investigaciones preliminares, estos recursos estarían vinculados a organizaciones como Los Pulpos, en una región donde también persiste la presión de la minería ilegal, especialmente en zonas como Pataz, que continúa bajo estado de emergencia.

Brenda Fabiola Ruíz Aguilar, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó el 23 de abril una propuesta de reforma para que la Ley de Educación de la capital incluya el derecho del personal docente a la protección de su integridad física, psicológica y laboral.

La iniciativa establece la obligación de crear protocolos claros de prevención, actuación y atención ante situaciones de violencia contra maestros, que deberán ser difundidos y accesibles para todos los integrantes de la comunidad educativa.

De acuerdo con la propuesta de Brenda Ruíz Aguilar, la adición a la ley también estipula que el personal docente contará con medidas específicas para salvaguardar su seguridad, salud mental y condiciones laborales, fundamentadas en el respeto a la dignidad y la convivencia dentro y fuera del entorno escolar.

La reforma abarca tanto a quienes ejercen funciones docentes como al personal que labora en los planteles educativos de la capital. Además, instruye a las instituciones educativas de la Ciudad de México a contar con protocolos formales para responder ante casos de violencia contra docentes, los cuales deberán estar disponibles de manera integral a la comunidad.

Ruíz Aguilar formalizó la propuesta de adición a los artículos 9 y 117 de la legislación vigente, señalando la necesidad de fortalecer la protección institucional frente a situaciones de maltrato, agresión, abuso, trata o explotación que puedan presentarse en el ámbito escolar contra los docentes. Esta ley aún no se ha discutido en el senado y no ha sido aprobada, así que no hay entrado en vigor.

UNAM explica el ciberbullying que reciben los maestros

Los maestros mexicanos enfrentan otra forma de violencia digital: el ciberbullying perpetrado por alumnos y padres de familia, que deteriora su salud mental y su autoridad en el aula, mientras las instituciones educativas se mantienen sin protocolos de apoyo y los casos quedan sin atender, advierte un estudio de la UNAM presentado en el Quinto Foro Universitario contra la Violencia Digital.

El fenómeno va más allá de casos aislados. Según los datos expuestos por Claudia Jean Cortés, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, 14.6% de los docentes encuestados declaró haber sido víctima de violencia digital por parte de sus propios alumnos.

Además, 16.7% reportó la difusión de rumores en su perjuicio. El 6.7% señaló que circularon imágenes sin su consentimiento y 3.3% fue objeto de ciberacoso mediante memes o contenido degradante.

El estudio detalla que los maestros sufren ataques que incluyen comentarios ofensivos, difamación y sabotaje en plataformas digitales, así como falta de respeto sistemática en chats de grupo, redes sociales y clases virtuales.

Para quienes los padecen, las consecuencias van más allá del ámbito profesional. Jean Cortés detalla que el ciberbullying provoca estrés crónico, miedo, depresión y ansiedad, acompañados de daño emocional y violaciones a derechos fundamentales como la privacidad y la dignidad.

El alcance de la agresión no se limita al entorno digital, pues cuando un maestro es agredido digitalmente, el contenido se recircula, consigue una mayor audiencia y escala hacia otros tipos de violencia dentro y fuera del aula, según expuso la académica en el foro.

En la mañana del 24 de abril de 2026, un vehículo cargado con explosivos detonó cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali. Los delincuentes utilizaron un bus desde el que intentaron lanzar dos cilindros bomba hacia la Tercera Brigada del Ejército; uno de ellos explotó en el vehículo y el otro cayó dentro del batallón sin detonar.

En este hecho no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, fue el comienzo de una oleada de violencia que en 24 horas ha dejado 11 ataques contra la fuerza pública y la población civil que han sido atribuidos al Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Entre los ataques a bases militares, en vías principales y otros hechos que provocaron el traslado del Ministerio de Defensa y la cúpula militar al suroccidente de la nación se destaca la explosión de un carro-bomba frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca.

El vehículo estalló a un costado de la vía junto a la estructura militar, causando únicamente daños materiales, sin reportes de fallecidos ni heridos. Autoridades acordonaron la zona para evitar el paso de civiles y comenzaron las investigaciones.

Por este hecho se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se definió la estrategia para recuperar el poder territorial en la región; además, se anunció el incrementó de la recompensa por alias Marlon, cabecilla de las disidencias en la zona por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

La promesa del ministro de Defensa sobre la neutralización de “Marlon” no evitó que el país siguiera siendo víctima de más ataques, puesto que en la mañana del 25 de abril se registró un nuevo atentado contra la ciudadanía, más especificamente en Cajibío, Cauca.

En la vía Panamericana se registró la explosión de una pipeta que fue lanzada a un bus repleto de personas, provocando la muerte de doce de ellas. Los videos difundidos en redes sociales de los vehículos incinerados y las víctimas en la vía han hecho que Colombia vuelva a ser noticia mundial por los atentados que hacen que se recuerden los años más violentos de esta nación.

La oleada de violencia ha puesto en vilo a las autoridades en todos los sentidos, ya que las disidencias han llegado al punto de intentar atacar con explosivos el radar de navegación aérea de Santana, en El Tambo, Cauca, que es clave para las comunicaciones con los aviones que pasan por la región.

La Aeronáutica Civil calificó el hecho como terrorista y reportó afectaciones en las antenas del sistema, aunque la fuerza pública logró neutralizar tres drones acondicionados con explosivos, personal está alerta ante una posible arremetida.

El pronunciamiento de Indepaz tras el atentado terrorista en Cajibío fue tomado como una alerta de que en Colombia hay una crisis de inseguridad, puesto que esta es la cuadragésima séptima masacre en lo que va del 2026.

En vísperas de la primera vuelta electoral, en la que los colombianos escogerán al próximo presidente del país, candidatos y figuras políticas han pedido que el Ministerio de Defensa demuestre que puede dar garantías para que se lleven a cabo los comicios.

De la misma forma, han responsabilizado al presidente Gustavo Petro de darle libertad a los criminales que tienen en vilo la seguridad de la nación. Al respecto, el mandatario realizó una publicación en su cuenta de X en la que lamentó lo registrado en las últimas 24 horas.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito“, escribió el presidente.

Un reto viral internacional encendió alertas entre las autoridades mexicanas en medio de una creciente preocupación por los recientes tiroteos en el país, como el que ocurrió en una preparatoria de Michoacán, en marzo pasado, y el de esta semana en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas fallecidas, entre ellas el agresor.

Fiscalía de Puebla alerta sobre reto viral

En Puebla, la Fiscalía General del Estado informó que inició investigaciones tras la difusión del reto viral denominado “tiroteo mañana”.

En un comunicado, la dependencia indicó que ya aplicó protocolos especializados en la protección de niñas, niños y adolescentes, y mantuvo coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar acciones preventivas.

Sin embargo, la Fiscalía exhortó a madres, padres, docentes y estudiantes a no difundir información no verificada y a reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

Asimismo, reiteró que cualquier conducta que genere alarma o implique la comisión de un delito será investigada y sancionada conforme a la ley.

Reportan 17 denuncias de amenzas de tiroteo en Nuevo León

En Nuevo León, las autoridades locales atendieron 17 reportes de amenazas de tiroteo en escuelas de distintos municipios del estado durante la última semana, tras el reciente atentado en Teotihuacán.

Detallaron que los municipios donde se reportaron estos incidentes incluyen Monterrey, Juárez, San Nicolás de los Garza, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares.

Advirtieron que las amenazas, realizadas mediante mensajes escritos en paredes de planteles educativos, han generado preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes.

En respuesta, la Agencia Estatal de Investigaciones, junto con Unidades de Despliegue Estratégico y binomios caninos, desplegó operativos de seguridad y realizó inspecciones en las escuelas señaladas.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado artefactos peligrosos ni han detectado la presencia de personas sospechosas o con objetos ilícitos en los planteles afectados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y atender con seriedad cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad escolar, recordando sucesos recientes como el ataque en Michoacán y la tragedia del Colegio Americano del Noreste en Monterrey en 2017.

Por ello, las autoridades estatales aseguraron que mantienen la coordinación con las escuelas y refuerzan los protocolos preventivos para salvaguardar la integridad de estudiantes y personal.

Alertan a maestros en CDMX

En la Ciudad de México, directivos de una escuela que se mantendrá anónima, por cuestiones de seguridad, se difundió esta semana un comunicado para advertir sobre amenazas similares detectadas en sanitarios de algunas escuelas, donde alumnos pintaron fechas y horarios de supuestos tiroteos.

Las autoridades escolares recomendaron activar protocolos inmediatos, solicitar apoyo policial y realizar revisiones de útiles escolares en coordinación con padres de familia.

El martes pasado, tras el tiroteo en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y se reforzará la seguridad para turistas.

En su conferencia mañanera, la mandataria señaló que el análisis oficial también incluirá la posible influencia de incidentes ocurridos en Estados Unidos sobre la sociedad mexicana y la seguridad local.

Experto advierte sobre impacto negativo de redes sociales en jóvenes tras tiroteo en Teotihuacán

Expertos advirtieron que los recientes ataques armados en la zona arqueológica de Teotihuacán y en escuelas de México evidencian el impacto negativo de las redes sociales en jóvenes.

Señalan que la difusión de retos virales y la exposición a contenidos violentos pueden influir en conductas de imitación.

Especialistas de la Universidad Iberoamericana subrayaron que la búsqueda de notoriedad y pertenencia, sumada a la falta de regulación y supervisión en plataformas digitales, incrementa la vulnerabilidad de adolescentes.

Recomendaron fortalecer la prevención, la educación digital y el acompañamiento familiar para reducir riesgos asociados a la violencia en línea y su posible réplica en la vida real.

Cerca de tres de cada cuatro menores de entre dos y cuatro años sufren habitualmente agresiones físicas o violencia emocional por parte de sus responsables directos aumentando las cifras de maltrato infantil, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, se señala que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres aseguran haber vivido situaciones de abuso sexual antes de alcanzar la mayoría de edad. Estas cifras reflejan el grado de exposición al maltrato que enfrentan las infancias y juventudes.

Elisa Ortega Velázquez, encargada de la línea de investigación sobre derechos de la infancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas a través de un articulo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que los adultos suelen asumir que pueden disponer de las niñas y niños como si fueran pertenencias, lo que incrementa la vulnerabilidad de este grupo.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, la especialista dio a conocer que este fenómeno abarca cualquier tipo de abuso, descuido o explotación que afecte a quienes no han cumplido los 18 años, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

El maltrato puede manifestarse a través de golpes, agresiones verbales, negligencia, abuso sexual o explotación comercial, y pone en juego tanto la salud como la dignidad y el desarrollo de las víctimas.

Adultocentrismo: la principal causa del maltrato infantil

El fenómeno tiene raíces profundas, y una de ellas es el adultocentrismo, entendido como la creencia social y cultural de que las personas mayores tienen derechos y privilegios exclusivos por el simple hecho de serlo.

Este pensamiento normaliza la idea de que la niñez es inferior, incapaz de tomar decisiones propias, y que sus debilidades forman parte de un orden natural e inalterable. Se trata de una perspectiva aprendida y reforzada por instituciones como la familia, la escuela y el Estado, consolidando así una estructura social donde el poder reside en los adultos.

Ver a niños, niñas y adolescentes solo como objetos de protección contribuye a que queden excluidos de la vida pública y sus derechos sean ignorados, facilitando situaciones de violencia.

Desde hace décadas la dinámica de poder entre generaciones es desigual y siempre favorece a las personas con mayor edad. Además, factores como el género y la identidad pueden incrementar la vulnerabilidad de ciertas juventudes, en especial las niñas y quienes forman parte de minorías sexuales.

Las consecuencias del maltrato infantil pueden ser inmediatas o prolongarse por años, abarcando desde lesiones físicas graves hasta trastornos emocionales como ansiedad, depresión o problemas de adicción.

Realidad y la ley

En México existe un marco normativo que busca proteger a la infancia y adolescencia, destacando la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014 y alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta legislación reconoce a los menores como titulares de derechos y rompe con la tradición que los consideraba solo objeto de resguardo.

Esta ley contempla medidas especiales para quienes enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad, ya sea por movilidad, discapacidad o pertenencia a pueblos originarios. Sin embargo, la académica indicó que la aplicación práctica de estas normas se ve limitada por la falta de recursos y la baja prioridad que tienen las infancias en la agenda pública.

La niñez y la adolescencia nunca son culpables de los abusos sufridos, la verdadera protección requiere acciones y recursos que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos en la ley.

El primer trimestre de 2026 cerró con 130 víctimas de homicidio en Panamá, una cifra que representa una disminución de 9% frente a igual periodo de 2025, cuando se registraron 143 casos.

Sin embargo, el dato agregado oculta una dinámica relevante: marzo se convirtió en el mes más violento del trimestre, con 53 homicidios, superando ampliamente a enero con 42 y febrero con 35, lo que evidencia una tendencia al alza en la violencia letal hacia el cierre del periodo.

El desglose mensual confirma esta evolución. Enero concentró el 32% de los homicidios, mientras que febrero representó el 27%, pero marzo acumuló el 41% del total de casos, consolidándose como el punto más crítico del trimestre.

Este comportamiento plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en el corto plazo, ya que, aunque el acumulado muestra una baja interanual, la intensidad de los hechos en marzo rompe la tendencia inicial del año.

A nivel geográfico, la violencia homicida se mantiene concentrada en áreas específicas. Panamá registró 52 casos (40%), seguido de San Miguelito con 26 (20%) y Panamá Oeste con 17 (13%), mientras que Colón reportó 22 homicidios (16.9%). Estas cuatro zonas agrupan la mayoría de los hechos, confirmando la persistencia de focos territoriales de alta incidencia delictiva, mientras que provincias como Bocas del Toro, Veraguas y comarcas indígenas no registraron casos en este periodo.

El perfil de las víctimas también refleja patrones claros. El 94% de los homicidios corresponde a hombres (122 casos), frente a un 6% de mujeres (8 casos), lo que confirma que la violencia letal sigue afectando principalmente a la población masculina.

No obstante, dentro de este total se incluyen los casos de femicidio, que requieren un análisis diferenciado por su naturaleza y contexto.

En cuanto a la edad, el grupo más afectado es el de jóvenes adultos. Las personas entre 18 y 24 años concentran 40 víctimas (30.8%), seguido por el rango de 25 a 29 años con 26 casos (20%), lo que implica que más de la mitad de los homicidios se concentra en población joven.

Esta distribución evidencia una alta exposición de jóvenes a dinámicas de violencia, vinculadas en muchos casos a entornos urbanos y actividades delictivas.

El tipo de arma utilizada refuerza el patrón de criminalidad violenta. El 83.8% de los homicidios se cometió con armas de fuego (109 casos), muy por encima de las armas blancas con 12 casos (9.2%). Otros mecanismos como asfixia mecánica (2 casos) e incendiarismo (1 caso) tienen una incidencia marginal, mientras que un 4.6% permanece sin determinar, lo que sugiere investigaciones en curso o limitaciones forenses en algunos casos.

El análisis comparativo por región entre 2025 y 2026 muestra comportamientos mixtos. Colón registra una reducción de 33%, mientras que Panamá baja 13% y San Miguelito 7%, pero otras áreas presentan incrementos, como Panamá Oeste con un alza de 21%, y provincias como Chiriquí y Coclé con aumentos de 67%.

Este contraste refleja que la disminución nacional no es homogénea, sino resultado de variaciones territoriales con realidades distintas.

En paralelo, el informe de femicidios aporta una dimensión adicional a la violencia registrada. Durante el primer trimestre se contabilizan 7 femicidios, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujer, siendo marzo nuevamente el mes más crítico con 4 femicidios, frente a 1 en enero y 2 en febrero. Esto evidencia que, al igual que en los homicidios generales, existe una concentración de los hechos en el último mes del periodo analizado.

El desglose de femicidios también muestra concentración territorial. San Miguelito lidera con 3 casos, seguido de Panamá Oeste con 2, mientras que otras provincias registran incidencias menores. En cuanto a los métodos, predominan las armas de fuego con 4 casos, aunque también se reportan situaciones con arma blanca, asfixia mecánica y casos sin determinar, lo que refleja la diversidad de escenarios en los que ocurre la violencia de género.

A nivel global, la violencia entre jóvenes se ha consolidado como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 193,000 jóvenes de entre 15 y 29 años mueren cada año por homicidio, lo que representa cerca del 40% del total de homicidios en el mundo, una proporción que evidencia el peso desproporcionado de este fenómeno en la población joven.

Este patrón es especialmente marcado en regiones como América Latina, donde los homicidios figuran entre las principales causas de muerte en hombres jóvenes, reflejando una combinación de factores como desigualdad, exclusión social y acceso a entornos violentos.

Organismos como UNICEF advierten que la violencia letal es solo una parte de un problema más amplio, ya que alrededor de 130,000 niños y adolescentes menores de 20 años mueren cada año por causas violentas, y la mayoría son varones en etapas avanzadas de la adolescencia.

Además, el impacto va más allá de las víctimas directas: millones de jóvenes crecen expuestos a entornos violentos, lo que incrementa el riesgo de reproducción de estos patrones en el tiempo. Este escenario confirma que la violencia juvenil no solo es un tema de seguridad, sino un problema estructural con consecuencias sociales, económicas y generacionales que sigue desafiando a los sistemas de prevención a nivel global.

En marzo de 2026, 61.5% de la población mexicana de 18 años o más que reside en 91 áreas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

De acuerdo con el reporte, la percepción de inseguridad es más alta entre las mujeres, pues el 67.2% señala que su ciudad es insegura, frente a 54.6% de los hombres.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

Las áreas urbanas que registran el mayor incremento en la percepción de inseguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 son Puerto Vallarta, que pasa de 32.0% a 59.9%; Tepic, de 37.9% a 53.9%, y Zapopan, de 54.7% a 70.8%.

En contraste, San Pedro Garza García baja de 8.7% a 4.4%; Saltillo, de 28.1% a 16.7%, y Torreón, de 29.5% a 20.3%.

Percepción de inseguridad se intensifica en espacios públicos

El 70.6 % de la población declara sentirse insegura en cajeros automáticos en la vía pública, 65.3% en las calles, 64.1% en el transporte público y 60.1% en las carreteras.

Sobre las expectativas para los próximos 12 meses, 30.1% de la población considera que la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá igual de mal, y 27.1% opina que empeorará. Solo 24.7% cree que mejorará.

En el primer trimestre de 2026, las conductas delictivas o antisociales que más presencia tienen en los alrededores de las viviendas son el consumo de alcohol en la vía pública (57.7%), robos o asaltos (45.5%), venta o consumo de drogas (39.3%), vandalismo (38.4 %) y disparos frecuentes con armas (36.5%).

El 38.2% de los adultos reporta haber tenido algún conflicto o enfrentamiento directo con personas de su entorno, con los mayores porcentajes en las alcaldías Coyoacán (61.0%), Cuauhtémoc (58.1%) y Cuajimalpa de Morelos (56.7%), y los menores en Fresnillo (10.5%), Piedras Negras (12.9%) y Ciudad Obregón (13.5%).

El temor al delito también modifica las rutinas: 43.7% evita llevar objetos de valor; 39.2% restringe la salida de menores sin compañía; 39.1% cambia hábitos respecto a caminar de noche y 25.8% limita visitas a familiares o amistades.

Respecto al desempeño de las autoridades, la Marina es percibida como la más efectiva (87.3%), seguida del Ejército (85.5%), la Fuerza Aérea Mexicana (84.9%), la Guardia Nacional (77.0%), la policía estatal (56.1%) y la policía preventiva municipal (50.8%).

Entre los problemas más graves en las ciudades, la población identifica los baches en calles y avenidas (82.7%), fallas en el suministro de agua potable (59.2%) y el alumbrado público insuficiente (56.3%).

Solo 32.3 % de los adultos considera que el gobierno de su ciudad es efectivo para resolver sus principales problemas.

Las áreas con mejor percepción de efectividad son Piedras Negras (67.3%), Apodaca (62.6%) y Saltillo (60.0 %); las más bajas son Cuautitlán Izcalli (14.8 %), Ciudad Obregón (15.4 %) y Los Cabos (16.3 %).

El incidente derivó en una denuncia penal, mientras se investiga si el agresor cumple funciones como cuidacoches.

Todo comenzó durante la tarde del miércoles, cuando la inspectora se encontraba labrando el acta de infracción y gestionando la remoción de un vehículo, a la altura de avenida Francia al 700. Pero la tensión escaló cuando fue interceptada por un hombre que la insultó y la amenazó con una jeringa.

Según el video aportado a la denuncia, el individuo manifestó que “nadie se iba a llevar el auto de ahí”. Acto seguido, se autoinfundió la aguja y luego trató de atacar de la misma forma a la inspectora.

La trabajadora municipal dio aviso inmediato al 911. A la llegada de la policía, el hombre intentó nuevamente clavar la aguja, esta vez a uno de los efectivos, por lo que fue reducido y detenido.

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, contó a El Tres que el agresor quedó alojado en la comisaría 2ª y que, además de la denuncia policial, se inició una instancia penal para restringir su presencia en la zona afectada. Y mencionó que el individuo “no estaba en sus cabales” y que aparentemente presenta “problemas de consumo”.

“Se clavó una jeringa en su brazo y la amenazó con hacerle lo mismo”, relató el funcionario. “Las inspectoras e inspectores cumplen una función clave para el orden y la convivencia en la ciudad, y no vamos a tolerar este tipo de agresiones. Vamos a acompañar a la trabajadora y avanzar con las acciones correspondientes”, destacó.

Si bien el hecho ocurrió el miércoles por la tarde, las imágenes del episodio salieron a la luz ayer, y fueron incorporadas al expediente judicial. Hasta el momento, no se precisó si el agresor era un “trapito” que cuidaba la zona.

La noticia que sacudió a Rosario y todo el fútbol argentino en las últimas horas llevó a la dirigencia de Central a tomar medidas precautorias: se registró una denuncia anómina en una categoría de las divisiones inferiores en la que se habló de violencia física y presunto abuso sexual. Ahora la cúpula directiva canalla informó cómo será el proceder de la institución en los próximos días.

A través de un comunincado oficial, la entidad rosarina informó sobre tres cuestiones: 1) suspendió todo tipo de actividades de la división 2013 hasta que se esclarezcan los hechos denunciados; 2) ayer se reunieron unos 60 padres de los chicos de la categoría junto a entrenadores, coordinadores y psicólogos de la institución; y 3) el club citará a los jugadores de la categoría mencionada para charlar con ellos durante el fin de semana en busca de recopilar información sobre los hechos denunciados. En tanto, adelantaron que este lunes Rosario Central estaría en condiciones de informar sobre nuevas medidas que lleven a la normalización del funcionamiento de la divisional.

El abordaje institucional ante denuncias de violencia infantil y presunto abuso sexual en las divisiones inferiores marcó el foco de la intervención de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, durante la reciente Asamblea General Ordinaria. Belloso, al referirse al caso que puso en estado de alerta a toda la estructura del club, informó sobre la suspensión inmediata de las actividades de la categoría implicada y convocó a la reunión con los padres de los futbolistas involucrados. El directivo aseguró la plena colaboración de la institución con la Justicia y anticipó que continuará el proceso de escucha activa a las partes afectadas, colocando a los menores y sus familias en el centro de toda decisión.

En el escrito presentado el 21 de abril, la denuncia llegó por correo electrónico a Rosario Central y detalló una situación grave: tres menores de una categoría inferior habrían desnudado a la fuerza a un compañero, lo golpearon en los testículos y le tomaron fotografías. Además, el reporte afirma que los implicados también habrían tocado partes íntimas de otros compañeros y amenazado con difundir imágenes obtenidas sin consentimiento en el vestuario. El documento enfatiza que los profesores a cargo del grupo “sabían y no hicieron nada”. Los señalados habrían continuado sus actividades deportivas normales hasta que una pelea entre padres, con intervención de la policía el martes 21, determinó finalmente su separación del plantel.

Belloso fue taxativo sobre la política del club: “Hoy escuchamos a los padres y vamos a tomarnos todo el fin de semana para escuchar a los chicos. Lo más importante para nosotros son ellos”, precisó ante la Asamblea, reiterando la disposición institucional para colaborar con la investigación y remarcar la prioridad dada a la contención y resguardo de los menores. El dirigente indicó que las sanciones, si correspondieran, alcanzarán tanto a jugadores como a personal técnico que hubieran incurrido en omisión o complicidad, sin descartar ninguna medida. “Si hay algunos chicos que están haciendo cosas que no corresponden con la institución en la que están, serán sancionados o no. Trataremos de rescatarlos, de darles una nueva oportunidad, pero no vamos a tener ningún miedo en tomar decisiones que haya que tomar, sean las que sean”, sostuvo.

El presidente cerró su exposición con un mensaje dirigido a la comunidad canalla: “Somos un club muy respetado en la formación y en el manejo de inferiores. Esto es de los chicos y de las familias que nos brindan la confianza de dejarnos a sus hijos. Esto para nosotros es súper incómodo y vamos a hacer lo posible para resolverlo. Como dije antes, en familia, porque Central es familia”.

El comunicado completo de Rosario Central:

A partir de la denuncia recibida en el Club de parte de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentesde la provincia de Santa Fe, que involucra a chicos de categoría 2013, Rosario Central decidió tomar una serie de medidas. La primera de ellas, de ejecución inmediata, fue la de suspender todo tipo de actividades de la división hasta que se esclarezcan los hechos denunciados. Luego, el Club generó una reunión con unos 60 padres de chicos de la categoría mencionada. La misma se desarrolló este último jueves, 23 de abril, por la tarde en instalaciones de la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Además de los padres de los jugadores, tomaron parte del cónclave coordinadores y entrenadores del Club, más un cuerpo de profesionales designados para la ocasión, que contempla la participación de sicólogos de nuestra entidad.

Ahora, el Club citará a los jugadores de la categoría 2013 para charlar con ellos durante el fin de semana en la búsqueda de recopilar información que permita generar herramientas para tomar decisiones al respecto de lo sucedido. Por lo que, en principio, el próximo lunes el Club estaría en condiciones de dar a conocer distintas medidas que apunten a la normalización del funcionamiento de esta división,

En tanto, el Club se mantiene a disposición de cualquier requerimiento de parte de las entidades gubernamentales que trabajan en el tema. En este sentido, ya se avanza en tareas en forma mancomunada con responsables de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó su visita de cuatro días a México tras reunirse con autoridades de los tres poderes, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, haciendo un llamado a no politizar la crisis de desapariciones forzadas ni la violencia contra periodistas y defensores.

Türk reconoció que el país cuenta con una sociedad civil activa y diversa, pero advirtió que persiste la violencia contra quienes defienden derechos humanos, en especial mujeres, periodistas y personas indígenas.

El funcionario destacó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue considerado un modelo regional relevante por su esquema de gobernanza e inclusión de la sociedad civil.

Señaló que en diálogo con Ernestina Godoy, fiscal general de la República (FGR), coincidió en la urgencia de incrementar la capacidad de investigación ante ataques a periodistas y defensores.

Asimismo, Türk enfatizó la necesidad de adoptar el protocolo de investigación para crímenes contra personas defensoras, en cuya elaboración participó su Oficina.

• Violencia y crimen organizado afectan derechos fundamentales

Türk explicó que la seguridad pública sigue siendo uno de los problemas más complejos del país.

Señaló el impacto del crimen organizado, incluido el tráfico de drogas y el flujo constante de armas, que afecta el ejercicio de derechos humanos.

Reconoció los programas oficiales para recolectar armas, pero consideró insuficiente la respuesta frente al ingreso de armamento.

El alto comisionado resaltó la importancia de fortalecer instituciones civiles y profesionales sujetas a mecanismos de rendición de cuentas.

La impunidad fue un reclamo recurrente en sus encuentros con víctimas y organizaciones.

“Que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”, subrayó.

En diálogo con la Suprema Corte de Justicia, Türk detalló que escuchó sobre esfuerzos para acercar la justicia a la ciudadanía y ampliar el acceso, así como avances en el reconocimiento de la diversidad jurídica.

Mostró preocupación por la prisión preventiva oficiosa y alentó a privilegiar medidas alternativas para no vulnerar la presunción de inocencia.

• Desapariciones forzadas marcan la crisis de derechos humanos

El alto comisionado calificó las desapariciones como uno de los problemas más graves y dolorosos. Destacó el sufrimiento prolongado de las familias, el impacto en confianza institucional y el riesgo diferenciado para mujeres, migrantes, personas LGBTI+ y niñas y niños.

Türk reconoció el valor de los colectivos de familias y la necesidad de garantizar su seguridad y participación en los procesos de búsqueda.

La Ley General en materia de Desaparición Forzada y la adopción del protocolo nacional de búsqueda fueron vistas como avances.

Türk insistió en que el Estado debe reforzar mecanismos de búsqueda, identificación forense y capacidades de investigación.

En esete ssentido, llamó a que este esfuerzo no se politice y a que las víctimas estén en el centro de las acciones.

• Avances y retos en derechos de pueblos indígenas y mujeres

Türk mencionó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y los esfuerzos por desarrollar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Valoró la preservación y promoción de lenguas indígenas y la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la política de paridad de género en los poderes del Estado.

Mostró desaliento ante la persistencia de la violencia de género y los feminicidios, con siete mujeres asesinadas diariamente.

Consideró que la próxima ley general de feminicidio, que obligará a homologar procesos en todo el país, será un avance.

• Reducción de pobreza y papel internacional de México

Türk reconoció la reducción de la pobreza y el aumento del acceso a derechos sociales mediante políticas de protección social, salario mínimo y pensión universal para adultos mayores.

Destacó el papel de México en el sistema internacional de derechos humanos y reiteró la disposición de su Oficina para brindar asistencia técnica y acompañar los procesos pendientes.

¿Quién es el Alto Comisionado de Derechos Humanos y cuáles son sus funciones?

El actual Alto Comisionado es Volker Türk, quien asumió el cargo el 17 de octubre de 2022. Türk ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos universales, con especial énfasis en la protección internacional de personas refugiadas y apátridas.

Antes de ocupar este puesto, fue Secretario General Adjunto de Política en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU y coordinador del “Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos”.

También fue Alto Comisionado Auxiliar para la Protección en ACNUR, donde tuvo un papel clave en el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos directivos en ACNUR y ha trabajado en países como Malasia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, la República Democrática del Congo y Kuwait.

Volker Türk es doctor en derecho internacional por la Universidad de Viena y maestro en derecho por la Universidad de Linz, Austria.

Además, ha publicado investigaciones sobre derecho internacional y habla inglés, francés y tiene conocimientos de español.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el funcionario principal en materia de derechos humanos dentro del sistema de la ONU.

Este cargo responde ante el Secretario General y se encarga de todas las actividades y la administración de la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH).

Entre sus funciones destacan: ejecutar los mandatos asignados por la Asamblea General según la resolución 48/141 y otras posteriores; asesorar al Secretario General sobre políticas de derechos humanos; garantizar que los apoyos lleguen a los proyectos, actividades y organismos del programa de derechos humanos; y representar al Secretario General en reuniones y foros internacionales sobre la materia.

Además, puede realizar tareas especiales que le encomiende el Secretario General.

El nombramiento del Alto Comisionado lo realiza el Secretario General, con aprobación de la Asamblea General y tomando en cuenta la rotación geográfica, por un periodo de cuatro años renovable una sola vez.

La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, advierte que persisten las agresiones graves contra quienes defienden los derechos humanos en México.

Lawlor señala que, aunque el gobierno ha implementado medidas para atender este problema, los ataques continúan y los desafíos estructurales permanecen.

La funcionaria pone como ejemplo el sur del país, especialmente en Chiapas, donde los riesgos y represalias alcanzan niveles elevados.

“El Estado de Chiapas exhibe la variedad de riesgos y represalias a los que se enfrentan las personas defensoras en el país, y los grupos de personas defensoras que se hacen frente a riesgos especialmente elevados,” sostiene Lawlor.

Explica que en esa entidad se cruzan intereses del crimen organizado, autoridades públicas y empresas, lo que genera inseguridad para quienes defienden los derechos humanos.

Entre los casos mencionados por la Relatora Especial destacan los asesinatos del sacerdote indígena tzotzil Padre Marcelo Pérez Pérez y el defensor maya tsotsil Simón Pedro Pérez López en 2024 y 2021, la detención presuntamente arbitraria de Versaín Velasco García, los repetidos allanamientos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y la inseguridad que enfrentan madres buscadoras.

“Durante los seis años de mi mandato, he recibido innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México. Lamentablemente, persisten preocupaciones sobre la continuidad de los ataques”, subrayó.

Añadió que “los tres niveles del gobierno deben reafirmar su compromiso de trabajar con las personas defensoras y hacer frente a las causas fundamentales de la injusticia y desigualdad en la sociedad mexicana”.

La Relatora Especial llama a las autoridades a revisar las detenciones arbitrarias de personas defensoras, a proteger y reconocer a quienes buscan a sus familiares desaparecidos como defensoras de derechos humanos y a respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, en línea con el Convenio 169 de la OIT.

Lawlor mantiene comunicación con el gobierno mexicano sobre estos casos y preocupaciones.

Esta semana, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió en México con colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, tras la reciente publicación de un informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

En la reunión, los colectivos denunciaron omisiones de las autoridades y comparteron su experiencia ante la crisis de desapariciones.

Al término de la reunión, Türk expresó en redes sociales:

“Es difícil encontrar las palabras para describir los intercambios que tuve hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento”.

Añadió un llamado para que “la búsqueda de verdad y justicia de las familias de personas desaparecidas sea atendida”.

“Su valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida”, resaltó.

Una nueva fuerza multinacional para combatir a las pandillas en Haití se desplegará por etapas a lo largo de los próximos meses. Así lo anunció el representante especial de Naciones Unidas, Jack Christofides.

El funcionario comunicó ante el Consejo de Seguridad que la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) comenzará el relevo de la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana (MMAS), con el objetivo de restaurar el control estatal en un país asolado por la violencia y el desplazamiento masivo.

La decisión de conformar y desplegar la FRG responde a la crítica situación de seguridad que atraviesa Haití, donde las bandas armadas controlan amplias zonas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

El plan aprobado por el Consejo de Seguridad contempla el envío de hasta 5.500 efectivos militares y policiales de diferentes países, con una primera fase que ya incluyó la llegada de 400 soldados de Chad.

Este contingente forma parte de un total de 1.500 militares prometidos por el gobierno chadiano, el mayor aporte individual hasta la fecha. El despliegue del resto de los efectivos se realizará de manera progresiva, mientras la MMAS retira a sus agentes para evitar dejar un vacío de seguridad.

La FRG sustituirá gradualmente a la MMAS, que llegó a tener unos mil efectivos pero enfrentó limitaciones por la falta de equipamiento y financiamiento.

La transición, aprobada en septiembre pasado a instancias de Estados Unidos, busca dotar a la misión internacional de mayores capacidades y recursos para enfrentar la expansión de las bandas criminales. La FRG cuenta con un mandato más amplio, que incluye operaciones en áreas marítimas y fronterizas, y aspira a intervenir en los puntos más conflictivos del país, donde la presencia estatal es prácticamente nula.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor de 1,5 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Haití, muchas debido a los enfrentamientos entre bandas rivales y a la ausencia de fuerzas policiales en amplias zonas urbanas y rurales.

Los últimos combates entre los grupos Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban, por un lado, y las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, por otro, dejaron un número indeterminado de muertos y heridos en la zona de Plaine du Cul de Sac, al norte de la capital, lo que provocó la huida de centenares de personas que abandonaron sus hogares.

Las empresas de la zona cerraron sus puertas y el aeropuerto internacional Toussaint Louverture mantiene suspendidas las operaciones internacionales por razones de seguridad.

El informe más reciente del Secretario General de la ONU sobre Haití detalla que, entre diciembre y febrero pasados, las operaciones policiales contra las pandillas se intensificaron, con un saldo de 1.343 presuntos integrantes de bandas muertos y 140 armas incautadas.

Sin embargo, estas acciones también provocaron víctimas civiles: 158 personas ajenas a las bandas murieron y 108 resultaron heridas.

Los representantes de Naciones Unidas han subrayado la importancia de que todas las operaciones de la nueva fuerza respeten los estándares internacionales de derechos humanos, en especial ante denuncias recientes de abusos cometidos por efectivos de la misión saliente.

En 2025, la ONU recibió cuatro denuncias de explotación y abuso sexual por parte de miembros de la MMAS, todas confirmadas por investigaciones internas.

Por otro lado, la violencia golpea especialmente a la población infantil. Unicef reportó que más de 680.000 niños y niñas fueron desplazados y 3,3 millones necesitaron asistencia humanitaria en 2025, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a una cuarta parte de los menores.

El impacto de la violencia también se refleja en la interrupción de servicios básicos como educación, transporte y atención médica, según la CIDH.

El hacinamiento en las cárceles haitianas también representa otro problema grave: la población penitenciaria supera en más de tres veces la capacidad instalada y más de 6.200 personas se encuentran en prisión preventiva, incluyendo a 261 menores.

La presión internacional para mejorar las condiciones de detención y proteger los derechos humanos se mantiene.

Bajo este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió ayer en Washington con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para expresar el respaldo de su país a las elecciones generales previstas en Haití para agosto, en un contexto de aumento de la violencia y crisis institucional.

Rubio destacó la necesidad de que el Congreso estadounidense apruebe facilidades arancelarias para la industria textil haitiana y abordó, junto a Fils-Aimé, temas como la seguridad nacional, el despliegue de fuerzas internacionales y el fortalecimiento de las instituciones haitianas.

(Con información de AFP)

Un grupo de estudiantes ingresó con violencia y ocupó el edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) este miércoles, en respuesta a la decisión del Gobierno de mantener sin aumento el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027 y tras la ruptura de las negociaciones oficiales. El episodio representa una escalada en el conflicto universitario y anticipa que, de mantenerse la propuesta oficialista, será la nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa la que decida el destino presupuestario de la educación universitaria pública.

La cifra central del desacuerdo se ubica en los ¢593,484 millones (USD 1,3 mil millones) para 2027 . Esta cantidad congelaría los recursos del FEES respecto a años anteriores, ignorando la petición de los rectores de un incremento del 2,94% (más de ¢17.000 millones, es decir, USD 37,2 millones).

Durante la protesta del miércoles, los manifestantes comenzaron la acción a la 1 p.m. y, tras intercambiar palabras con autoridades, entraron al edificio rompiendo los vidrios de acceso. El rector Carlos Araya salió por una vía de emergencia.

La raíz inmediata de la protesta fue el fracaso de la tercera sesión de negociación del FEES, ocurrida el martes 21 de abril, cuando el Ejecutivo confirmó su propuesta de un aumento del 0% al presupuesto universitario. Ante la falta de acuerdo, la decisión pasó a la Asamblea Legislativa, donde el equilibrio de poder cambiará en las próximas semanas. El debate ahora se traslada a la Comisión de Hacendarios, con proyecciones desfavorables para quienes defienden el aumento de recursos.

El conflicto por el FEES y las respuestas de las partes

Antes de la toma, universitarios ya se habían manifestado el martes 21 en puntos clave de San José y Heredia, y hubo un incidente en San Pedro, donde un vehículo embistió a varios estudiantes que mantenían un bloqueo. Las quejas de los manifestantes apuntan a un respaldo institucional considerado insuficiente.

El descontento tiene precedentes recientes. En abril de 2025, estudiantes ocuparon el edificio de la Federación de Estudiantes (FEUCR), acción que terminó con la renuncia de la entonces presidenta, Artemisa Villalta.

Las autoridades universitarias sostienen que intentaron el diálogo. La Rectoría de la UCR indicó en un comunicado que el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya; la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; y la vicerrectora de Acción Social, Annette Calvo Shadid, asistieron al lugar para escuchar a los estudiantes y abrir un espacio de negociación. Desde la versión institucional se señala que la propuesta de designar representantes estudiantiles para dialogar fue rechazada. Ante la demanda de los estudiantes de que el rector saliera del edificio, Araya accedió, pero según la Rectoría, las condiciones no permitieron un intercambio efectivo y la conversación terminó abruptamente.

El funcionario Pedro Navarro, director de la Oficina de Servicios Generales, aseguró que la seguridad de la universidad prioriza la protección de los estudiantes sobre una intervención represiva: “Nosotros no somos una seguridad represiva para los estudiantes. Buscamos la protección de ellos; la mayor preocupación es que no se cortaran”, dijo a La Nación.

La Constitución costarricense ordena destinar un 8% del PIB a la educación, aunque esta meta no se cumple en la práctica.

Toma y consecuencias inmediatas para la UCR

La ocupación de la Rectoría se suma a una secuencia de protestas debido al congelamiento del fondo universitario y a la sensación de debilidad institucional en la defensa del FEES. Grupos estudiantiles plantearon convocar una asamblea interna para definir acciones futuras.

En su comunicado público, la UCR reiteró su “defensa firme del Fondo Especial para la Educación Superior frente a cualquier recorte presupuestario” y manifestó el compromiso de seguir negociando. Las autoridades reportaron que la universidad da seguimiento a los daños y monitorea la evolución del conflicto.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló que el Estado hondureño pone en marcha un plan integral orientado a atacar directamente las economías del crimen organizado.

“No solamente se está capturando gente, les estamos quitando su logística, su dinero y sus bienes”, afirma el funcionario.

La estrategia, prevista para el período 2026-2030, se sustenta en tres pilares: control territorial en zonas de alta incidencia, ataques a las economías criminales y fortalecimiento de la investigación e inteligencia.

Velásquez explica que el control territorial se basa en pruebas y análisis de datos, mientras que el componente financiero busca desarticular la logística de las estructuras delictivas mediante el decomiso de bienes y activos.

Reducir homicidios

El anuncio ocurre en medio de un aumento de la violencia. La ASJ reporta al menos 624 homicidios hasta el 10 de abril de 2026, un incremento del 5 % frente al año anterior. Honduras permanece entre los países más violentos de la región. La extorsión, el narcotráfico y el control territorial de pandillas permanecen como factores clave en la dinámica criminal.

Especialistas en seguridad consideran que atacar las finanzas del crimen organizado es una estrategia necesaria, pero advierten que no puede funcionar de manera aislada.

Las acciones represivas requieren apoyo en inteligencia, investigación y fortalecimiento institucional, ya que las estructuras criminales suelen reorganizarse de manera rápida si no se golpean por completo sus redes.

El analista Fernando Gonzáles sostiene que muchas estrategias actuales en la región responden a modelos de “mano dura”, similares a los implementados en otros países, aunque enfatiza la necesidad de adaptación al contexto local.

Otros expertos agregan que la falta de políticas integrales y sostenidas limita los resultados, destacando que el combate al crimen organizado exige no solo operativos policiales, sino también medidas sociales y económicas de prevención.

A nivel regional, especialistas consultados aseguran que el crimen organizado evoluciona hacia estructuras más complejas y diversificadas, por lo que las respuestas estatales deben ser igualmente integrales, combinando control territorial, inteligencia financiera y cooperación internacional.

Desafío y seguridad

Entre los principales retos para el plan de seguridad figuran la sostenibilidad en el tiempo, la coordinación entre instituciones estatales, la lucha contra la corrupción e impunidad y el respeto a los derechos humanos en los operativos.

Pruebas recientes muestran que medidas como los estados de excepción generan resultados mixtos, pues logran reducciones parciales de la violencia y provocan cuestionamientos sobre su efectividad e impacto. Esta herramienta sigue siendo cuestionada por organismos de derechos humanos, que sostienen que “el estado de excepción sin resultados precisos limita los derechos ciudadanos”, según las observaciones de la organización Cristosal.

El Gobierno afirma que la estrategia busca reducir los índices delictivos, recuperar la paz y la confianza ciudadana. Analistas coinciden en que el éxito depende de la implementación efectiva, la transparencia institucional y la capacidad estatal de desarticular integralmente las redes criminales que operan en el país.

El contexto en el que surge esta estrategia refleja una problemática estructural. Datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH señalan que Honduras continúa enfrentando altos niveles de criminalidad, pese a reducciones registradas en años recientes.

La lesión irreversible sufrida por el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Axel Medina Castellanos, durante los enfrentamientos del lunes pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional, ha reavivado el debate nacional sobre la legitimidad de la protesta, el uso de la fuerza policial y la posible manipulación política del movimiento estudiantil.

El caso, que dejó como saldo la pérdida total del ojo izquierdo de Medina, ha generado indignación en la sociedad hondureña y un llamado urgente a esclarecer las responsabilidades institucionales.

El episodio que terminó con Medina herido ocurrió en una protesta estudiantil frente al Congreso Nacional, donde estudiantes universitarios exigían el mantenimiento del presupuesto asignado a la UNAH.

El rector de la universidad, Odir Fernández, condenó de manera categórica la violencia, al declarar: “¡Nada justifica la violencia!”, y solicitó públicamente una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la agresión.

Este pronunciamiento se produjo mientras la comunidad universitaria y organizaciones de derechos humanos advertían sobre la gravedad de los hechos y la urgencia de proteger la integridad de los manifestantes.

El caso Axel Medina ha puesto en tensión la relación entre protesta social y operación policial en Honduras. La protesta se desarrollaba en los bajos del Congreso Nacional cuando, alrededor de las 16 horas del lunes 20 de abril, se registró el enfrentamiento con la Policía Nacional.

Según precisó el secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, el tema presupuestario objeto de la protesta ya había sido resuelto cerca de las 13 horas de ese mismo día. Cabrera denunció que “posteriormente, aproximadamente a las cuatro de la tarde, algunos diputados habrían incentivado a los estudiantes a continuar con las manifestaciones”, lo que derivó en los disturbios que provocaron la lesión irreversible del estudiante de Trabajo Social.

El parlamentario instó al Ministerio Público de Honduras a investigar si existió incitación deliberada de actores políticos para mantener la movilización, pese a que, según la versión oficial, el conflicto presupuestario ya había sido resuelto.

La UNAH, a través de Fernández, enfatizó la importancia de rechazar cualquier intento de instrumentalizar políticamente al estudiantado, haciendo un llamado directo al sector político para que “no instrumentalicen a los estudiantes y deslegitimen sus genuinos reclamos”.

El rector reiteró que la institución dará acompañamiento pleno a Axel Medina, incluyendo seguimiento médico y académico. “Vamos a dar todo el acompañamiento como universidad a nuestro alumno, tal como lo hemos venido haciendo desde el día de ayer”, sostuvo Fernández.

Diversos defensores de derechos humanos insisten en que es imprescindible garantizar el derecho de manifestación pacífica y evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, además de exigir que la protesta social transcurra sin violencia y sin injerencias externas que desvirtúen las demandas estudiantiles.

La posible incitación de diputados al mantenimiento de la movilización, aún después de haberse presuntamente resuelto la cuestión presupuestaria, introduce un elemento de gravedad institucional y ética.

Francis Cabrera sostuvo que: “Cuando el problema ya estaba resuelto, varios diputados fueron a incentivar a estos jóvenes a manifestarse”, reforzando la dimensión política en la investigación judicial en curso.

Este caso responde directamente a la pregunta central sobre la responsabilidad en los hechos: el estudiante de la UNAH Axel Medina Castellanos perdió su ojo izquierdo tras un enfrentamiento con la Policía Nacional durante una protesta frente al Congreso Nacional.

La comunidad universitaria ha reiterado su solidaridad con Axel Medina. Fernández reiteró que la universidad continuará “apoyando a Axel Medina en su proceso de recuperación, tanto en el ámbito médico como en el académico”.

Ante la gravedad del caso y el debate reabierto sobre la protesta social en Honduras, organizaciones de derechos humanos remarcaron la necesidad de revisar los protocolos estatales de actuación y fortalecer los espacios institucionales de diálogo

Valentín Alcida (22), el joven que de acuerdo a una investigación provincial mató de una puñalada a su novia Sophia Civarelli (22) y luego se suicidó en el departamento de una amiga que vive a trece cuadras, tenía una intensa actividad en X, donde compartía mensajes violentos. Para la fiscal Carla Ranciari, el femicidio lo cometió el jueves por la tarde, estuvo varias horas junto al cuerpo, adulteró la escena y recién en la madrugada del viernes fue al otro domicilio, donde se quitó la vida.

Mientras avanza la investigación, cuya hipótesis principal es la de femicidio seguido de suicidio, las amigas de Sophia adelantaron a los medios de comunicación que llevarán a cabo una movilización el próximo viernes a las 17 en la plaza 25 de Mayo de Rosario. También compartieron vía redes sociales una captura de los retuits y los posteos que hacía Valentín en su cuenta de X, apuntados contra el feminismo, personas de países vecinos y la homosexualidad.

Uno de los retuits de Alcida fue a un usuario que había posteado una bandera LGBTIQ+ prendida fuego, otro en el que se decía “Las putas de mierda se piensan que pueden vender contenido porno y encima tener una vida normal”.

“Los putos no deberían opinar”, tuiteó Alcida el 29 de junio del año pasado. El 11 de julio de 2025 también publicó: “Son abanderadas del empoderamiento para generar conflicto, pero cuando todo se complica, buscan al hombre protector, al que no dudaron de ensuciar, para que resuelva sus problemas, sobre todo los económicos. Así operan las que proclaman feminismo y odio al ‘macho’”.

Según los últimos datos de la investigación, el joven mató a Sophia de un puntazo en el cuello el jueves, entre las 18 y las 20, en función de la estimación hecha en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde se hizo la autopsia de la víctima bajo protocolo de femicidio. El cuerpo de la chica fue encontrado el viernes a las 6 en el departamento en el que convivía la pareja, en 3 de Febrero al 2400.

La fiscal Ranciari, al cabo de varias medidas, estableció que el agresor modificó la escena antes de escribir una carta en la que dejó dicho que ella se había quitado y él “no había podido salvarla”. Recién a las 2 del viernes fue al departamento de una amiga en 3 de Febrero al 1100, desde donde llamó al 911 –pasadas las 4 de la madrugada– para decir que su novia se había suicidado y posteriormente se tiró desde altura.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la autopsia y la pericia a los celulares de la pareja fueron clave para sostener que Alcida apuñaló a Sophia.

Un acto de violencia a bordo de un catamarán turístico en Hawái dejó en estado de conmoción a pasajeros y tripulación, marcando un hecho sin precedentes para la industria local.

De acuerdo con Fox News, Avery Nissen, un joven de 21 años oriundo de Kansas, fue arrestado tras atacar por sorpresa a Stanley Lurbiecki, capitán de 62 años, cuando la embarcación regresaba al puerto de Honokōhau en Kailua-Kona.

El episodio se produjo durante una excursión de tres horas organizada por Hawaii Nautical, con un reducido grupo a bordo: el capitán, un tripulante, el agresor y dos familiares de este, su madre y su hermano.

Reacción inmediata y gravedad del ataque

La policía de Hawái detalló que Nissen tomó un cuchillo filetero de casi 26 centímetros (10 pulgadas) de la cocina del barco y apuñaló a Lurbiecki por la espalda sin mediar palabra, justo cuando faltaban unos 30 minutos para llegar a puerto.

Según Big Island Now, el capitán sufrió heridas en la cabeza, manos y abdomen, y perdió casi la mitad de su sangre. Pese a la gravedad, Lurbiecki logró mantener el control de la embarcación y guiarla hasta tierra firme, donde fue trasladado al Kona Community Hospital.

Tras el ataque, el agresor se sentó en calma junto a su madre y permaneció así hasta la llegada de la policía, sin oponer resistencia.

La intervención rápida del tripulante y los pasajeros fue crucial para salvar la vida del capitán. Según relató la propia víctima a Big Island Now, en más de 35 años de trayectoria profesional nunca había enfrentado una situación similar. Lurbiecki permanece hospitalizado y su recuperación ha requerido varias transfusiones sanguíneas.

Investigación policial y proceso judicial

Avery Nissen fue imputado por intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado y agresión en segundo grado, con una fianza impuesta de USD 1,57 millones. Según la policía local y Fox News, la audiencia judicial inicial de Nissen se fijó para el lunes en la Corte de Distrito de Kona.

Las autoridades, hasta el momento, no pudieron identificar ningún motivo aparente o provocación que haya desencadenado el ataque, el cual se produjo en completo silencio y sin discusión previa.

La policía de Hawái difundió un pedido de colaboración a cualquier persona con información sobre el caso, poniendo a disposición los datos de contacto del detective Bradley Llanes.

Hasta ahora, no se informó si Nissen cuenta con representación legal ni se conocieron declaraciones de sus familiares. Tampoco se divulgaron antecedentes psiquiátricos o policiales del atacante.

Impacto en el sector turístico y debate sobre la seguridad

El incidente, ocurrido en una embarcación de Hawaii Nautical, empresa dedicada a excursiones por el principal archipiélago hawaiano, generó un fuerte impacto en el sector turístico por la violencia insólita del hecho.

Mark Towill, presidente de la compañía, destacó a Fox News la profesionalidad y el temple de su equipo, así como la importancia de la rápida intervención de los presentes para evitar una tragedia de mayores proporciones: “Estoy increíblemente agradecido de que nuestro equipo esté a salvo y de que la situación haya tenido este desenlace”.

Tanto autoridades como operadores turísticos manifestaron su preocupación por la falta de antecedentes similares en la región y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en los tours náuticos. El caso reabrió el debate sobre cómo proteger a trabajadores y a turistas en actividades recreativas en alta mar. Las autoridades insisten en la importancia de que cualquier testigo aporte información para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación.

El incidente dejó huellas en la calzada y evidenció tanto la capacidad de organización de estas convocatorias clandestinas como el nivel de alarma generado en el vecindario, que enfrenta estos episodios con creciente frecuencia.

La policía identificó a ocho sospechosos y fijó la búsqueda de al menos cuatro vehículos, entre los que destacan un BMW X3 plateado, un automóvil azul y un BMW blanco. Este último fue visto con múltiples ocupantes según imágenes obtenidas durante el suceso, de acuerdo a Fox 5 NY.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa cómo los conductores ejecutan giros de 360 grados mientras decenas de asistentes graban la acción con sus teléfonos. En un momento, el asfalto ardió en llamas, generando especial preocupación entre los empleados de dos estaciones de servicio adyacentes al lugar.

El legado de los “street takeovers”: un peligro recurrente en Queens

La magnitud de la convocatoria, registrada poco antes de las 2:00 del sábado, quedó evidenciada por la llegada de múltiples llamadas al 911.

Oficiales arribaron y lograron dispersar rápidamente a gran parte del grupo, aunque la situación se deterioró al recibir ataques directos a vehículos policiales: tres individuos saltaron sobre el capó de una patrulla marcada y quebraron el parabrisas antes de huir, precisó el NYPD a CBS News.

Según Telemundo 47, varias ventanas de autos policiales resultaron destrozadas, aunque no hubo personas heridas ni detenciones en el acto.

Moustafa Dawod, empleado de una gasolinera BP cercana, advirtió sobre el riesgo extremo: “Es una locura encender un círculo de fuego entre dos gasolineras. También parecía que intentaban arrojar botellas con algún líquido, lo que es peligroso”.

Testimonios recogidos por CBS News incluyen al de Simeon Draguca: “Escuché una explosión muy fuerte… Estoy sorprendido de que nadie haya muerto, porque los chicos corrían entre los autos”. Otros residentes, como Donna Livecchi y Darlene Gerasoulis, mencionaron la sensación de miedo y la dificultad de las fuerzas policiales para controlar la multitud.

En respuesta directa al evento, la policía incrementó la vigilancia en la intersección, sumando patrullas, drones y helicópteros que continuaron recorriendo la zona durante la noche y los días posteriores, según CBS News.

A pesar del despliegue, la única sanción impuesta fue una infracción de tránsito por estacionar en un paso de peatones, sin detenciones hasta la fecha y con la investigación en curso, según confirmaron tanto CBS News como abc7 NY.

Preocupación política y demandas de acción tras los incidentes en Maspeth

El concejal de la ciudad de Nueva York Phil Wong condenó el hecho en un comunicado a Fox 5 NY: “Este tipo de comportamiento imprudente es un ataque contra nuestra calidad de vida y no puede ser tolerado”. Wong anunció reuniones con la comisionada Jessica Tisch del NYPD para exigir responsabilidades y discutir medidas preventivas, entre ellas el refuerzo de la presencia policial en la zona.

En diálogo con abc7 NY, Wong insistió: “Nunca tuvimos suficientes agentes. Cuando me reúna con la comisionada mañana, haré esa petición. Necesitamos más patrullas y más policías”.

Residentes y representantes políticos reclamaron controles reforzados sobre las redes sociales, desde donde, según testimonios recabados por Fox 5 NY, suelen organizarse estos eventos. Algunos exdetectives consultados por el medio destacaron la necesidad de que el NYPD despliegue unidades especializadas para enfrentar eficazmente este tipo de manifestaciones.

Antecedentes recientes y vías de denuncia para la ciudadanía

El fenómeno de los “street takeovers” se repitió en Queens, con incidentes graves como el registrado en noviembre de 2025 en el sector de Malba, donde un guardia de seguridad resultó herido, una pareja fue atacada y un auto fue incendiado tras maniobras similares, según consignó Fox 5 NY.

La reiteración de este tipo de actos preocupa por la escalada de violencia y el potencial riesgo para quienes viven o trabajan cerca de estos escenarios.

El NYPD publicó fotografías de los sospechosos y solicita la colaboración de la comunidad para identificarlos a través de Crime Stoppers, disponible en los teléfonos 1-800-577-TIPS y 1-888-57-PISTA para español, según reiteró Telemundo 47.

La violencia volvió a sacudir la Zona Arqueológica de Teotihuacán. La mañana del 20 de abril, un tiroteo en pleno complejo turístico dejó dos personas muertas y al menos cuatro heridas, entre ellas una turista canadiense.

El ataque, que generó pánico entre visitantes nacionales y extranjeros, reavivó la preocupación por la seguridad en uno de los destinos más emblemáticos del país.

Así ocurrió el tiroteo en Teotihuacán

De acuerdo con reportes oficiales, el agresor disparó desde la Pirámide de la Luna. Testigos aseguraron haber escuchado cerca de 20 detonaciones alrededor del mediodía. Elementos de la Guardia Nacional y autoridades estatales desplegaron un operativo para evacuar a los turistas y atender a los lesionados.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que las víctimas heridas son mujeres extranjeras: dos colombianas, una rusa y una canadiense. También se reportó que dos personas resultaron lesionadas tras caer al intentar huir. El agresor, cuya identidad no se ha confirmado, se quitó la vida tras el ataque.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido y expresó en redes sociales: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”. Además, aseguró: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”.

Un historial reciente de incidentes

El tiroteo no es un hecho aislado. En los últimos años, el municipio y sus alrededores han acumulado episodios que evidencian riesgos tanto en materia de seguridad como en actividades turísticas.

Entre febrero y abril de 2026, prestadores de servicios denunciaron la presencia de grupos armados que extorsionan y ofrecen tours falsos para asaltar a visitantes en los accesos. En marzo, un globo aerostático rozó cables eléctricos y dejó a dos turistas británicos con quemaduras.

Los accidentes con globos han sido constantes. El 31 de enero de 2026, tres aeronaves sufrieron percances por mal clima; una cayó en una vivienda y otras dos realizaron aterrizajes forzosos. Meses antes, en mayo de 2025, un globo se desgarró cerca de la Pirámide de la Luna y dejó 12 lesionados. En abril de 2023, un incendio en una canastilla provocó la muerte de dos personas.

A estos hechos se suman episodios de violencia en comunidades cercanas. En agosto de 2025, dos hombres fueron asesinados en un autolavado en Santiago Atlatongo. En enero de 2026, sujetos armados atacaron una vivienda en San Juan. Incluso eventos festivos han terminado en tragedia, como la explosión de pirotecnia en septiembre de 2025 que dejó 28 heridos.

Seguridad bajo la lupa

El ataque armado en Teotihuacán ocurre en un contexto de creciente presión para reforzar la vigilancia en la zona. Aunque autoridades federales y estatales mantienen presencia, los incidentes recientes han puesto en entredicho las condiciones de seguridad para visitantes y trabajadores.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el tiroteo, el caso abre un nuevo capítulo en la lista de eventos que han impactado la imagen de este sitio histórico, considerado patrimonio cultural y uno de los principales motores turísticos del país.

La tarde del viernes, un hecho violento alteró la rutina en el corazón de Long Beach. Según reportó Los Angeles Times, un hombre identificado como Arturo Fernandez apuñaló varias veces a un oficial de la policía de Long Beach durante una intervención en el centro de la ciudad.

El incidente ocurrió en el bloque 200 de West Broadway, alrededor de las 14:42 hs, cuando la policía respondió a un llamado que alertaba sobre la posible presencia de una persona armada.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía de Long Beach, los agentes intentaron calmar la situación al llegar al lugar. En ese momento, el sospechoso, Arturo Fernandez, de 44 años y residente de Torrance, sacó un cuchillo y atacó a uno de los oficiales.

El agente herido recibió atención médica inmediata y fue dado de alta horas después, según confirmaron fuentes policiales a Los Angeles Times.

Detalles de la pelea y la detención del sospechoso

Investigaciones posteriores establecieron que, antes de la llegada de la policía, se produjo una pelea en la que Fernandez ya portaba un cuchillo. La intervención de los agentes federales fue clave para controlar la situación. Cuatro federal air marshals del Departamento de Seguridad Nacional se encontraban en las inmediaciones realizando tareas de seguridad y presenciaron el ataque.

Ante la gravedad de los hechos, intercedieron y colaboraron activamente con la policía local para someter al agresor y asegurar el arma utilizada, tal y como relató el Los Angeles Times.

“El ataque sirvió como un recordatorio de los riesgos que enfrentan diariamente nuestros oficiales”, declaró el jefe de la policía de Long Beach, Wally Hebeish, en un comunicado recogido por el medio estadounidense. El jefe policial también agradeció públicamente la rápida respuesta y el apoyo brindado por los agentes federales, subrayando el valor de la colaboración entre agencias.

Procedimiento judicial y avance de la causa

Tras ser reducido, Arturo Fernandez fue sometido a una evaluación médica en un hospital local y, una vez descartadas lesiones graves, trasladado a la cárcel municipal de Long Beach.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso fue acusado de intento de homicidio y se fijó una fianza de USD 1.000.000. La Policía de Long Beach confirmó que el cuchillo usado fue recuperado en la escena, como detalló Los Angeles Times.

La causa quedó en manos de los detectives de la división de homicidios, quienes deberán reunir pruebas y completar el expediente antes de su presentación ante la fiscalía del condado de Los Ángeles. Según informaron fuentes policiales al medio estadounidense, la investigación será elevada a la fiscalía en el transcurso de la próxima semana.

Contexto de seguridad y declaraciones oficiales

El ataque a un agente policial en el centro de Long Beach reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en zonas urbanas. En su comunicado, Hebeish enfatizó: “Estoy agradecido por la valentía de los oficiales y de los agentes federales que ayudaron a evitar un desenlace aún peor”, cita recogida por Los Angeles Times.

La colaboración entre las distintas agencias de seguridad fue reconocida tanto por autoridades locales como federales. El papel de los federal air marshals fue considerado decisivo por las autoridades, quienes destacaron la importancia de la cooperación en situaciones de emergencia.

La investigación se mantiene abierta y la Policía de Long Beach solicitó la colaboración de cualquier testigo que pueda aportar información adicional sobre los hechos.

El episodio puso en primer plano la vulnerabilidad de los agentes durante intervenciones en entornos urbanos y la necesidad de respuestas coordinadas frente a amenazas armadas, según el análisis de Los Angeles Times.

Una joven fue víctima de un robo que derivó en un violento asalto contra sus padres en la localidad bonaerense de Berisso, donde delincuentes utilizaron la llave y los datos personales obtenidos de la cartera hurtada. Ingresaron al domicilio familiar, golpearon a los propietarios y huyeron con el auto y pertenencias de valor. El hecho ocurrió el viernes a las 21 y desencadenó una investigación policial en búsqueda de los responsables.

La secuencia se inició cuando una mujer, a quien se identificó como Julieta, acompañada por una amiga, estacionó su vehículo en la calle 50 entre 10 y 11 para comprar comida. Al regresar, advirtió el robo de todos sus objetos personales del interior del auto que estaba cerrado con cierre centralizado. Entre los elementos robados figuraban la documentación y llaves de su vivienda, lo que permitió a los agresores localizar la dirección familiar y dar el siguiente paso.

Un elemento diferencial de este hecho, es que los cuatro asaltantes no solo ingresaron a la vivienda de Berisso sino que desplegaron una modalidad de intimidación extrema: simularon un secuestro comunicando datos específicos sobre Julieta y su amiga. Según su relato, los sujetos informaron a los padres que tenían retenidas a ambas jóvenes, a quienes nombraron y aseguraron saber que se encontraban jugando al paddle, lo que acrecentó el miedo.

Los autores del asalto fueron cuatro personas, uno de ellos, según 0221, tomó por el cuello a la madre de Julieta en la cocina, mientras los otros tres golpeaban al padre que intentó defenderse. La agresión física se vio acompañada de amenazas directas y la puesta en escena del falso secuestro, demostrando un alto grado de preparación y conocimiento de los movimientos de la familia.

Tras completar el ataque, los asaltantes escaparon a bordo del Citroën C4 Cactus color gris oscuro con techo y espejos blancos perteneciente a la familia, llevándose también dinero en efectivo, teléfonos, una computadora y otros objetos de valor. El vehículo fue objeto de pedido de captura inmediato y al momento del reporte sigue siendo intensamente buscado por la Policía y la DDI.

Julieta relató que, al regresar a su domicilio en Berisso, se encontró con la vivienda abierta, la presencia de un patrullero y sus padres golpeados y destacó que su madre se hallaba en estado de shock. Ambos adultos debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención por las lesiones sufridas durante el asalto.

Motochorros intentaron robarle a un chofer en La Plata

En otro hecho, un intento de asalto en La Plata terminó en un brutal tiroteo cuando un oficial de la Policía que viajaba como pasajero en un vehículo de aplicación se enfrentó a tres adolescentes armados. El hecho ocurrió la noche del 19 de abril, cuando dos de los sospechosos, de 12 y 14 años, fueron arrestados tras una persecución.

El hecho tuvo lugar sobre calle 71 entre 26 y 27, cuando los asaltantes bloquearon a un hombre de 56 años que acababa de detenerse para dejar a su pasajero. Los menores descendieron de la moto e intentaron robarle bajo amenaza, pero el pasajero se identificó como efectivo policial, desenfundó su arma reglamentaria y realizó varios disparos, lo que precipitó la fuga.

La huida concluyó en la intersección de calle 72 y 30, donde los adolescentes perdieron el control de una motocicleta Bajaj Rouser 160 y cayeron al pavimento. Uno de los detenidos presentaba una herida de arma de fuego en el pie izquierdo y fue derivado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia al Hospital de Niños Sor María Ludovica, mientras el tercer sospechoso logró escapar.

Durante el operativo, la policía incautó tanto la motocicleta utilizada como el arma reglamentaria del agente, la cual será sometida a peritajes. La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó bajo intervención de la fiscalía y el fuero penal juvenil, pendientes de esclarecer las condiciones del enfrentamiento armado.

El diputado Alan Sahir Márquez Becerra ha impulsado una reforma para modificar la Ley de Migración y otorgar de inmediato condición de estancia por razones humanitarias a personas migrantes víctimas de secuestro en México.

La iniciativa busca responder a los vacíos legales actuales que dificultan la protección y el acceso a la justicia para este grupo, uno de los más vulnerables a los delitos graves en el país.

La propuesta modifica el inciso a) del artículo 52 de la Ley de Migración, al adicionar dos párrafos que establecen la entrega automática de dicha autorización, sin exigir que la persona acredite previamente su situación migratoria.

En el documento expuesto en la Cámara de Diputados se señala que el permiso otorgaría a la víctima la posibilidad de transitar o permanecer en el país el tiempo necesario para su recuperación integral, su protección y su participación en las investigaciones y procesos judiciales derivados del secuestro.

Se documentaron 262 migrantes víctimas de secuestro

El legislador citó cifras de la organización Alto al Secuestro, las cuales, en marzo de 2024, registraron 521 víctimas de secuestro en México, de las cuales 262 son migrantes.

Los datos corresponden a 84 casos reportados. Márquez Becerra subrayó que las bandas delictivas aprovechan la vulnerabilidad de quienes se desplazan por el territorio nacional sin recursos y sin redes de apoyo.

En estas situaciones, los migrantes son privados de la libertad muchas veces en condiciones degradantes, a la espera de que un familiar pague un rescate en dólares o pesos mexicanos. Si esto no ocurre, las víctimas enfrentan amenazas de mutilación o incluso de muerte.

El diputado sostiene que la legislación actual omite garantías para que las víctimas de secuestro obtengan acceso inmediato a la regularización migratoria y no establece mecanismos efectivos de protección, atención integral o acceso a la justicia. Esta carencia coloca a las personas migrantes en una situación de indefensión superior a la que enfrentan otros sectores.

Acceso urgente a protección integral

La iniciativa ordena a las autoridades federales y locales asegurar el acceso inmediato a medidas de protección específicas para las víctimas:

• Atención médica y psicológica especializada
• Asistencia jurídica gratuita
• Disponibilidad de intérpretes o traductores cuando sea necesario

El objetivo es que los derechos de la persona migrante sean ejercidos en tiempo real y no queden sujetos a trámites burocráticos o a la discrecionalidad de los funcionarios.

Márquez Becerra argumenta que las personas migrantes no experimentan el daño ni las consecuencias de la misma forma que otras víctimas y que, por lo tanto, los mecanismos de protección y reparación del Estado mexicano deben responder a características específicas de este grupo.

El legislador insiste en que, si se aprueba la propuesta, el Estado mexicano cumpliría sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales en derechos humanos. La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis.

La Cámara de Diputados discute la iniciativa “Ley Alina”, impulsada por la diputada Alma Laura Ruiz López, de Morena, que plantea modificar el Código Penal Federal para establecer la presunción de legítima defensa en casos de violencia de género y evitar la criminalización de mujeres que protegen su vida.

Esta propuesta retoma experiencias documentadas por diputadas y víctimas, y surge ante un panorama en el que más del 70% de las mujeres en México ha sufrido violencia y en promedio 10 mujeres son asesinadas cada día.

La diputada Alma Laura Ruiz López argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “proteger a las mujeres que han sido violentadas al punto de poner en riesgo su vida y que después son castigadas por sobrevivir”.

La propuesta busca reformar los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal para que en contextos de violencia de género se reconozca automáticamente la legítima defensa y se precise que “no hay exceso cuando una mujer actúa bajo miedo o error para salvar su vida”.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Burgos Hernández, también de Morena, subrayó la urgencia de que el Legislativo asuma un papel activo en el avance de estas reformas, advirtiendo que “los temas de las mujeres no son exclusivos de nosotras, que necesitamos su participación activa”.

Burgos Hernández llama a que el sistema judicial y parlamentario asuma la perspectiva de género en todos los ámbitos y que la agenda de igualdad avance sin dilaciones.

Sentencias injustas y la desconfianza en la justicia

La diputada Gabriela Jiménez Godoy sostiene que “defender la propia vida no puede volver a parecer un delito, que ninguna mujer debe llegar al extremo de elegir entre morir o ser juzgada”. Enfatizó que existe una deuda histórica con las mujeres revictimizadas por el Estado mexicano cuando acuden a instancias judiciales tras vivir diferentes tipos de violencia.

La “Ley Alina” obligaría a juzgar episodios de violencia con perspectiva de género, puntualizando que “no se trata de darle privilegios ni licencias a nadie, se trata de garantizar justicia”.

La diputada Maricela Zúñiga Serón alertó sobre la revictimización que enfrentan las mujeres en el sistema de justicia y el entorno social.

Durante el foro se llamó a fortalecer las políticas públicas y judiciales para erradicar la violencia de género, incorporando obligatoriamente la perspectiva de género para evitar sentencias desproporcionadas o criminalización de la defensa propia.

El caso de Alina Mariel Narciso: origen de la iniciativa

En la presentación, Alina Mariel Narciso, quien inspira la “Ley Alina”, narró su experiencia como víctima de violencia feminicida.

Alina relató que, pese a haber actuado en defensa propia para salvar su vida, fue sentenciada por la justicia mexicana.

Señaló que su proceso estuvo marcado por irregularidades e injusticias, y afirma: “En esta relación yo fui víctima de diferentes violencias hasta escalar a la violencia feminicida; es decir, intentar arrebatarme la vida”.

Agregó que “hubo cosas que no se pueden permitir que sigan ocurriendo”, y sostiene que la iniciativa tiene como objetivo evitar que otras mujeres enfrenten condiciones similares.

De acuerdo con las cifras y testimonios presentados, la “Ley Alina” busca impulsar una transformación estructural en la forma en que autoridades investigan y juzgan casos de defensa propia en contextos de violencia de género, obligando a incorporar la perspectiva de género en cada acto de justicia.

La diputada Xóchitl Zagal Ramírez acompañó a atletas de alto rendimiento, paratletas y familiares que exigieron modificar el Código Penal Federal ante la impunidad y normalización de abusos en el ámbito deportivo, evidenciando la urgencia de tipificar la violencia en el deporte mexicano.

Durante el conversatorio “Violencia en el deporte mexicano”, participantes alertaron que la falta de respuesta institucional y la ausencia de espacios seguros para atletas, niñas y niños mantienen la continuidad de un problema estructural.

Para frenar la violencia en el deporte mexicano, se ha propuesto crear una figura delictiva específica que sancione la violencia física, psicológica y sexual en entornos deportivos, así como garantizar protección efectiva a atletas y establecer mecanismos de vigilancia, sobre todo para menores, además de mejorar los protocolos existentes, considerados inoperantes o insuficientes.

Urgen reformas legales contra la violencia deportiva

La diputada Xóchitl Zagal Ramírez advirtió que los abusos no son hechos aislados en el deporte mexicano, sino prácticas sistemáticas, normalizadas e impunes que afectan tanto a mujeres, niñas como a niños. Apuntó que entrenadores y fisioterapeutas encabezan la lista de principales agresores y recalcó que, a pesar de existir protocolos para la protección de deportistas, éstos rara vez se aplican.

Zagal Ramírez planteó que el Congreso de la Unión estudie la incorporación de la violencia en el deporte al Código Penal Federal, para cerrar lagunas legales y garantizar sanciones a los responsables. Además, hizo énfasis en escuchar a las víctimas y construir una agenda legislativa que asegure espacios libres de abusos.

Entre las propuestas de la legisladora y colectivos de atletas están la creación de un catálogo de delitos referentes a la violencia deportiva, el diálogo con las instituciones y el perfeccionamiento de mecanismos de respuesta frente a denuncias.

Durante el conversatorio,atletas nacionales ofrecieron su testimonio como prueba de la necesidad de reformar ante esta problemática:

• Teresita Alonso García, seleccionada nacional de natación artística e integrante del movimiento “Ni Un Atleta Más”, afirmó que al menos 56 por ciento de atletas en México ha sufrido violencia en el entorno deportivo, principalmente de tipo psicológico y sexual, sin acceso a mecanismos efectivos de protección. “Muchos se quedan en el camino... por la violencia que se vive dentro del deporte, por la corrupción que se vive dentro del deporte”.

Este colectivo ha presentado denuncias ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y ante la Secretaría de las Mujeres, sin resultados concretos por parte de las autoridades.

• Daniel Alonso Villalón Rodríguez, exatleta de levantamiento de pesas de la UNAM, reconoció que sólo tras una hospitalización por daño físico identificó la violencia sistemática dentro de la selección nacional.

Padres y madres han señalado abusos en escuelas deportivas privadas. Una madre relató el caso de sus tres hijas, integrantes de la Academia Victory All Star (Cheerleading), quienes fueron sometidas a abusos físicos, psicológicos y alimentarios, incluyendo amenazas y prácticas derivadas en trastornos alimenticios. Pese a interponer denuncias, no se aplicaron sanciones.

Persistencia de la problemática y omisión institucional

Este fenómeno trasciende casos individuales: Antya Estrada Muñoz, bailarina paralímpica e integrante del movimiento “Ni Un Atleta Más”, afirmó que la violencia en el deporte mexicano representa “una problemática estructural que ha persistido por décadas”. La también integrante de la UANL mencionó antecedentes de abusos físicos y psicológicos, dopaje forzado y control excesivo sobre los atletas. Señaló que las instituciones deportivas priorizan su protección, relegando la atención a las víctimas y perpetuando la impunidad.

Frente a este panorama, víctimas y colectivos recalcaron la urgencia de establecer mecanismos legales claros para sancionar y erradicar estas conductas. Insistieron que sólo una reforma legal de fondo podrá romper el ciclo de impunidad que afecta al deporte mexicano.

Entre las propuestas discutidas se incluyen:

• Incluir la violencia en el deporte como delito específico en el Código Penal Federal.
• Mejorar y vigilar los protocolos institucionales existentes.
• Abrir canales seguros y eficaces de denuncia para personas deportistas.
• Reforzar la regulación y supervisión de espacios deportivos, especialmente donde participan menores de edad.

Los asistentes coincidieron en que la falta de sanciones y respuesta institucional mantiene la violencia como parte frecuente del ámbito deportivo.

Quienes participaron en el encuentro subrayaron que la violencia en el deporte mexicano no solo causa consecuencias físicas y psicológicas en las víctimas: también genera un entorno de miedo, corrupción e impunidad que desalienta la denuncia y limita el desarrollo de talento nacional.

La reciente captura de Oscar Adonis en Honduras marcó un punto de inflexión en la investigación por el asesinato de la joven Katherine Mejía, conocida como “Kathy Mazorca” en redes, debido al nuevo testimonio del detenido que sugiere una compleja cadena de represalias como trasfondo del crimen.

La hipótesis de que el homicidio sería una venganza vinculada a hechos violentos previos, y no solo un acto aislado, ha llevado a las autoridades a replantear el enfoque de sus indagaciones, según el relato recogido.

De acuerdo con su versión, el propio Adonis fue utilizado como “anzuelo”; argumentó ante los investigadores que actuó tras ser secuestrado y coaccionado por un grupo armado, quienes le dieron dos opciones: facilitar el encuentro con Mejía o morir.

“Era una de dos: plata o plomo”, explicó el detenido, señalando el nivel de coacción que habría enfrentado esa noche.

El día de los hechos, Adonis y Mejía planeaban un paseo en motocicleta en el sector del barrio La Salomón Martínez, frente a la Escuela Rotario Número 1.

Adonis sostiene que fue interceptado antes de ver a la víctima y obligado, bajo amenaza directa, a trasladarla al lugar convenido por los secuestradores. La agresión final ocurrió entre las 20:30 y las 21:00, cerca del Hospital San Isidro en el sector Las Palmeras.

A diferencia de la versión oficial inicial, Adonis relató en su declaración que estuvo presente durante el crimen bajo amenaza de muerte y secuestrado previamente por quienes luego perpetraron el asesinato.

El informe señala que las autoridades mantienen la verificación de cada dato como prioridad y que existen otros dos detenidos en torno al caso. Un elemento singular que diferencia este episodio de otros de su tipo es el hallazgo accidental del cuerpo, realizado por niños que buscaban leña en una plantación de palma africana en las afueras de Tocoa, departamento de Colón.

El testigo que acompañó a los menores declaró: “Fuimos a ver y estaba degollada”, confirmando la brutalidad con la que fue ultimada Mejía y corroborando la modalidad apuntada en el relato de Adonis.

La narración de Oscar Adonis, presentada ante las autoridades, introduce la posibilidad de que el crimen sea la consecuencia de una serie de venganzas.

En su testimonio, Adonis nombró a los presuntos autores materiales: Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa, quienes al parecer llevaron adelante el ataque directo contra Mejía.

Esta información se presenta como relevante para la identificación de la estructura interna del grupo y sus motivaciones, sometidas ahora a análisis por parte de investigadores forenses y judiciales.

Hasta el momento, continúan abiertas diversas líneas de investigación, y las fuentes reafirman que no se descartan futuras capturas relacionadas con la causa.

El asesinato de Katherine Mejía ha provocado conmoción pública tanto por la brutalidad del crimen como por la notoriedad de la víctima en plataformas digitales.

La aparición de posibles antecedentes de violencia y relaciones interpersonales conflictivas profundizó la atención social, y el caso se mantiene como uno de los episodios recientes más seguidos de la región, aguardando definiciones judiciales sobre la secuencia y motivación de los hechos.

La investigación permanece abierta, enfocada en establecer las responsabilidades de los implicados. El entorno de Mejía y los datos proporcionados por los testigos continúan bajo análisis, mientras la expectativa social persiste en torno al esclarecimiento definitivo del caso.

Durante más de una década, el caso permaneció en silencio. No hubo capturas, ni avances visibles, ni respuestas para una agresión que casi termina en tragedia. Pero el expediente nunca se cerró del todo, y esta semana volvió a moverse.

En un operativo reciente, la Policía de Urabá capturó a un hombre señalado de haber atacado brutalmente a su pareja en 2010, cuando ella aún era menor de edad. La detención reabre un hecho que, aunque ocurrió hace 16 años, sigue teniendo consecuencias judiciales. El procedimiento se llevó a cabo tras una orden emitida por un juez, que mantenía vigente el proceso por un ataque ocurrido en el municipio de Turbo. Según las autoridades, el hombre habría permanecido todo este tiempo evadiendo la acción de la justicia.

Los hechos se remontan al 17 de enero de 2010. Ese día, de acuerdo con la investigación, el hoy capturado agredió con un arma blanca a la joven, quien entonces tenía 16 años y era su pareja sentimental. La gravedad de las heridas obligó a su traslado a un centro asistencial, donde permaneció en estado crítico.

Durante años, el caso quedó en pausa. Sin embargo, las autoridades continuaron con las indagaciones hasta lograr ubicar al presunto responsable. Su captura marca un punto de inflexión en un proceso que parecía estancado. Ahora, el hombre deberá responder por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, una acusación que refleja la gravedad de lo ocurrido. Además, no es la única conducta que figura en su historial judicial.

De acuerdo con la Policía, el detenido presenta otras anotaciones por violencia intrafamiliar, lesiones personales e inasistencia alimentaria. Este antecedente refuerza el contexto de violencia en el que se habría dado el ataque. El caso ocurre en un departamento donde las cifras de violencia de género siguen siendo preocupantes. Según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en 2025 Antioquia registró una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres.

Ese panorama llevó a las autoridades locales a reforzar las estrategias de atención y prevención. A comienzos de marzo, la Secretaría de las Mujeres del departamento puso en marcha un plan para fortalecer las comisarías de familia, que suelen ser la primera puerta de entrada para las víctimas.

La iniciativa incluye jornadas de formación en las nueve subregiones de Antioquia. El objetivo es que los funcionarios puedan identificar de manera más precisa los riesgos de feminicidio y activen con rapidez las rutas de atención. Entre esas herramientas están la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, espacios diseñados para brindar refugio y acompañamiento a mujeres en riesgo. La idea es evitar que los casos escalen a niveles de violencia más graves.

El plan también contempla el refuerzo del personal. En total, se prevé la contratación de 60 personas, entre profesionales y personal técnico, para apoyar a las comisarías en distintos municipios del departamento.

Más allá de las cifras y las estrategias institucionales, la captura reciente vuelve a poner sobre la mesa una realidad persistente: la violencia contra las mujeres puede dejar huellas que tardan años en resolverse judicialmente. También evidencia que, aunque el tiempo pase, algunos procesos siguen su curso. En este caso, una agresión que ocurrió hace más de una década vuelve a tener consecuencias para quien es señalado como responsable.

Mientras avanza el proceso, el capturado deberá enfrentar a la justicia por un hecho que, durante años, pareció quedar en el olvido. Ahora, será un juez quien determine su responsabilidad en un caso que vuelve a poner en evidencia la urgencia de atender la violencia intrafamiliar de manera oportuna y efectiva.

Cinco hombres fueron asesinados en la vereda El Fical del municipio de Villanueva, departamento de Casanare, en la noche del 15 de abril de 2026, cuando dos atacantes que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego en un establecimiento comercial.

Según informó el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, a Semana, las autoridades investigan el ataque, calificado como posible ajuste de cuentas.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que conduzca a la captura de los responsables. Equipos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional lideran las indagaciones y han intensificado los controles en distintos puntos del departamento para evitar nuevos hechos de violencia.

Los residentes del municipio han exigido mayores medidas por parte de las autoridades, luego de que, en lo que va del año, ya se han registrado 26 homicidios en Villanueva, una cifra que pone en alerta la convivencia y la seguridad ciudadana.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la gravedad de la situación en el municipio de Villanueva, destacando que la presencia de grupos armados ha impuesto un clima de inseguridad constante. La entidad alertó sobre el riesgo de que “la imposición de normas y otras formas de gobierno ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violaciones de los derechos de la población”.

En el territorio, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), convergen intereses de varias organizaciones armadas: el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante el Frente José David Suárez y disidentes de las Farc, específicamente los Frentes 28 y 10 del EMC.

El Indepaz precisó que la zona se ha convertido en escenario de una disputa territorial entre estos grupos. El instituto detalló: “Estos grupos han incursionado en zonas empobrecidas para demostrar su poder, reclutando a jóvenes vulnerables”.

Según la información, la población que se encuentra en mayor riesgo está compuesta por campesinos, ganaderos, comerciantes y maestros. Los habitantes enfrentan amenazas que van desde el desplazamiento forzado y los homicidios hasta la violencia sexual y el reclutamiento de menores, de acuerdo con el balance del instituto.

El Indepaz puntualizó que este hecho corresponde a la masacre número 38 registrada en 2026. La cifra refleja la persistencia de la violencia armada en el país y la capacidad de los grupos ilegales para continuar perpetrando acciones letales pese a los esfuerzos estatales de control.

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán

El asesinato de seis personas en la vereda La Meseta, en la zona rural de Popayán, provocó un fuerte impacto tanto en el departamento del Cauca como en el escenario nacional colombiano. El ataque, que ocurrió el 9 de abril, involucró a varias figuras con trayectorias en la vida pública, lo que acentuó la conmoción social y política en la región.

Las autoridades informaron que un grupo de hombres armados irrumpió en una finca donde se encontraban las víctimas y perpetró el crimen. Entre los fallecidos se encuentran Cristian Fernando Preciado Ibáñez, Jesús Rafael Guzmán Villalba y Wilmer Leandro Torres Peña, todos con antecedentes en actividades políticas o periodísticas en distintos departamentos de Colombia.

El hecho dejó como víctimas a seis personas: Cristian Fernando Preciado Ibáñez, Jesús Rafael Guzmán Villalba, Óscar Adolfo Giraldo Muñoz, Jhony Fernando Arbeláez Muñoz, Brayan Ortega Murillo y Wilmer Leandro Torres Peña.

Tres de las víctimas mantenían vínculos con la política. Preciado Ibáñez fue excandidato al Concejo de Rovira, en Tolima, por el partido Centro Democrático. Guzmán Villalba, reconocido empresario y ganadero, se postuló al Concejo de El Guamo, Bolívar, representando al Partido Liberal.

En tanto, Torres Peña era un periodista con afiliación al Colegio Nacional de Periodistas, había aspirado a la Alcaldía de El Colegio, Cundinamarca, y trabajaba para la Agencia de Comercialización de Cundinamarca.

Además de las figuras políticas y periodísticas, la masacre cobró la vida de Brayan Ortega, de 32 años; Óscar Giraldo, de 39; y Jhony Arbeláez. Según los primeros reportes, estos tres hombres se dedicaban a actividades comerciales y no tenían antecedentes en la esfera política.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha urgido a las autoridades de Honduras a definir una hoja de ruta clara, técnica y aplicable para enfrentar la criminalidad, advirtiendo que el país arriesga retrocesos tras el fin de medidas como el Estado de Excepción.

El último informe de la ASJ revela señales mixtas en los indicadores de violencia y expone que, a pesar de ciertos avances, persisten obstáculos estructurales que limitan la operatividad del sistema de seguridad y justicia hondureño.

Entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026, el país registró 624 homicidios, dato que refleja un incremento del 5.05 % sobre el mismo lapso de 2025.

Este aumento se da pese a que la tendencia acumulada desde 2022 muestra una reducción del 42.3 % en los asesinatos, precisó la Dirección de Seguridad y Justicia de la ASJ.

El crecimiento interanual de homicidios representa la primera “fotografía” del comportamiento de la violencia en un escenario sin restricciones extraordinarias, y enciende alertas sobre un eventual estancamiento o reversión de los avances recientes si no se toman decisiones estratégicas de inmediato.

De acuerdo con la organización, la criminalidad se concentra en tan solo 16 municipios, lo que revela la eficacia limitada de las políticas de seguridad generalizadas. La ASJ ha planteado que la aplicación indiscriminada de medidas resulta ineficiente y costosa, por lo que impulsa una estrategia de focalización territorial inteligente. Esto implica intervenir específicamente en los puntos críticos con un despliegue estratégico de fuerzas y acciones preventivas, sociales y de investigación criminal, según el informe de la asociación.

El informe subraya la importancia de comprender las dinámicas locales, incluyendo la actuación de estructuras criminales, la influencia de factores socioeconómicos y las debilidades institucionales, para combatir de modo efectivo delitos como el homicidio y la extorsión.

Otro aspecto central del reporte de la ASJ es la validez y confiabilidad de las cifras. Las estadísticas sobre violencia de 2026 han sido verificadas técnicamente, a diferencia de las reportadas en 2025, que carecieron del respaldo del Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Esta verificación permite una interpretación fiable del fenómeno y fortalece las bases para elaborar políticas públicas sustentadas en evidencia.

Las muertes violentas de mujeres en Honduras registran un descenso acumulado del 31.5 % en los últimos años, según el informe de la ASJ. No obstante, el retroceso estadístico se estabiliza y la organización advierte que la mejoría no se traduce todavía en una mayor protección.

La persistencia de altos niveles de impunidad, la falta de una estrategia integral y la escasez de recursos mantienen la vulnerabilidad femenina frente a la violencia doméstica y las redes criminales.

El documento recomienda que cualquier reducción cuantitativa debe acompañarse de políticas de prevención, atención a víctimas y judicialización efectiva de agresores. De lo contrario, la protección a las mujeres seguirá siendo insuficiente a pesar de las cifras favorables recientes.

El informe presentado por la ASJ destaca la falta de planificación previa y la desorganización en la transición de mando en la Secretaría de Seguridad.

Las nuevas autoridades, que cuentan con apenas dos meses en el cargo, se enfrentan a un escenario complejo sin una hoja de ruta basada en evidencia, lo que restringe su margen de maniobra ante la criminalidad.

A esto se suma el problema del flujo financiero, aunque el presupuesto fue aprobado, los recursos aún no han llegado a las instituciones responsables, lo que imposibilita la implementación efectiva de las estrategias.

El informe advierte que estos retrasos convierten los planes en “papel mojado” por la incapacidad de ejecutarlos de inmediato.

A pesar de este contexto adverso, la ASJ ha reconocido avances en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la incautación de piedras de crack y gramos de cocaína.

Sin embargo, la organización aclara que estos logros no se reflejan en una reducción de la violencia homicida ni mejoran la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

La diferencia entre resultados operativos y la percepción pública subraya la necesidad de un enfoque integral, donde la represión del delito se combine con la prevención, la investigación y el fortalecimiento institucional.

Para la ASJ, la seguridad debe medirse por la capacidad estatal de garantizar condiciones de vida seguras, no solo por el volumen de droga incautada o personas detenidas.

El Congreso del Estado de México revisará una propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reforzar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

La iniciativa plantea reformas a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, con el fin de establecer un sistema de apoyo más amplio y adaptado a las necesidades actuales de estos sectores.

El documento fue leído en sesión deliberante de la LXII Legislatura por el diputado Esteban Juárez Hernández, quien subrayó la importancia de garantizar condiciones de seguridad, dignidad y bienestar para quienes ejercen estas actividades.

Entre las modificaciones propuestas, destaca el acceso a apoyos para gastos funerarios en los casos en que periodistas o defensores pierdan la vida a consecuencia de riesgos asociados a su labor.

Esta medida busca proporcionar respaldo inmediato y digno a las familias, evitando que se enfrenten a cargas económicas adicionales en momentos críticos.

Además, la iniciativa plantea el fortalecimiento de programas de capacitación y formación continua, con énfasis en seguridad, autoprotección y desarrollo profesional, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar el ejercicio de estas profesiones.

El proyecto incluye el acceso sin discriminación a programas sociales ya existentes, al reconocer que la estabilidad económica y social es un factor clave para disminuir la vulnerabilidad.

También contempla el acceso efectivo a servicios de salud, tanto a través del IMSS-Bienestar como del esquema de aseguramiento para periodistas independientes del IMSS. De este modo, se pretende cubrir una de las principales demandas del gremio, especialmente para quienes carecen de una relación laboral formal.

La iniciativa contempla la incorporación de prendas u otros instrumentos de identificación voluntaria para periodistas y personas defensoras, siempre bajo un enfoque preventivo y respetando la privacidad de los beneficiarios.

El uso de estos instrumentos sería libre y voluntario, en concordancia con estándares internacionales. Además, el proyecto establece un enfoque diferenciado para quienes pertenecen a comunidades indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, personas migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, de modo que las medidas de protección y atención se adapten a sus contextos culturales y sociales.

Consejo Consultivo y representación regional

El fortalecimiento operativo del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México es otro de los puntos relevantes de la iniciativa.

Se propone reducir el número de integrantes, ya que la obligación de contar con suplentes por cada miembro dificultaba su funcionamiento. Asimismo, se plantean criterios transparentes y públicos para el nombramiento de los miembros, así como la incorporación de una participación regional equilibrada.

El objetivo es asegurar la representación de las distintas zonas estatales y que las decisiones del consejo se enriquezcan con la experiencia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Durante la discusión, el diputado Israel Espíndola López resaltó que la propuesta busca fortalecer la protección para sectores históricamente vulnerados y expresó que la iniciativa refleja la sensibilidad de la gobernadora y la disposición del Congreso local para avanzar hacia un estado más justo.

El incidente, capturado por un testigo y publicado en redes sociales, se produjo durante una operación encubierta el martes en BK Wine Depot, ubicado en el barrio de Boerum Hill.

Aunque los oficiales involucrados pensaban inicialmente que el hombre era sospechoso de participar en la venta de drogas, más tarde admitieron que no tenía relación con el delito que se investigaba, según informó la cadena estadounidense NBC News.

La operación encubierta y la confusión de identidad

La investigación resultó en la colocación de los agentes implicados en “servicio modificado”, una medida que incluye la retirada de sus armas y placas mientras avanzan las pesquisas, tal como confirmó la comisionada de policía Jessica Tisch a los medios el miércoles. La determinación oficial de que el hombre arrestado no formaba parte del intercambio de drogas surgió tras analizar la evidencia del caso, detalló la policía a NBC News.

El video, que suma cerca de ocho minutos, documenta el momento en que dos hombres —uno con un chaleco identificatorio de la policía de Nueva York y otro vestido de civil— sujetan a un individuo con camisa blanca y pantalones cortos dentro de la tienda.

Detectives de la operación encubierta habían seguido a un hombre que coincidía con la descripción de un asociado al vendedor de drogas: afroamericano, camisa blanca y pantalones cortos celestes, según la versión policial difundida por NBC News. Al ingresar al local, los oficiales se identificaron y procedieron a intentar la detención.

Tras un forcejeo inicial, el hombre es golpeado en el rostro por el agente uniformado, mientras el detective de civil lo agrede repetidamente, incluso propinándole una rodilla en el pecho. La víctima, quien en el transcurso de la grabación informa a los agentes que posee una “licencia de seguridad” en su bolsillo y niega relación con el caso diciendo “no soy yo”, termina en el suelo, sangrando visiblemente y aquejado de una lesión en la pierna.

En el fondo se escuchan voces de testigos cuestionando la agresividad policial y asegurando que el arrestado “no estaba resistiéndose”, punto que refutan los agentes en medio de la intervención, con uno de los oficiales insistiendo en voz alta: “No puede resistirse al arresto”.

Luego de ser esposado, según relata NBC News, el oficial con chaleco policial pisa el cuerpo del hombre, gesto que también quedó registrado. Un tercer hombre, no uniformado, irrumpe en la tienda y pide levantar al arrestado.

A continuación, el hombre fue atendido por una ambulancia solicitada por la policía para tratar la herida sufrida durante la detención, mientras un grupo mayor de efectivos escolta al hombre esposado fuera del local, bajo la mirada de una multitud congregada.

Reacciones públicas y medidas disciplinarias

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani difundió el video el miércoles, calificando la actuación policial de “extremadamente perturbadora e inaceptable” y demandando una investigación exhaustiva, según sus declaraciones en la red social X recopiladas por NBC News.

Por su parte, la comisionada Jessica Tisch afirmó que el material es “profundamente preocupante” y que la Oficina de Asuntos Internos de la policía examina el episodio, destacando el interés y las consecuencias para la comunidad ante las imágenes.

Sobre el desenlace legal, la policía precisó a NBC News que el hombre agredido fue acusado únicamente de resistencia a la autoridad y obstrucción de la administración gubernamental. No enfrentó cargos vinculados con drogas, ya que las investigaciones confirmaron que no participó en la venta ilícita que motivó el operativo.

El vendedor identificado de crack, quien sí entregó la sustancia al agente encubierto, fue arrestado y enfrenta cargos por venta criminal de sustancias controladas.

La intervención quedó documentada por Doha Madani, periodista de sucesos en NBC News, y la periodista Marlene Lenthang, también del mismo medio.

La violencia policial en Nueva York, de nuevo bajo la lupa tras nueva evidencia audiovisual

La divulgación de videos grabados por testigos y la rápida circulación en redes sociales volvieron a poner la respuesta y el uso de la fuerza de la policía de Nueva York en el centro del debate público.

El involucramiento directo de altos cargos municipales y la implementación inmediata de medidas disciplinarias reflejan las consecuencias para la comunidad e impacto del episodio para la opinión pública.

En respuesta directa al incidente, el Departamento de Policía de Nueva York apartó del servicio habitual a los oficiales en cuestión y abrió un expediente formal que supervise la Oficina de Asuntos Internos.

Según la comisionada Tisch, “los oficiales han sido modificados; se les retiraron sus armas y placas” como paso inicial, mientras se determina su posible responsabilidad en el empleo desproporcionado de la fuerza.

NBC News asegura que el arresto documentado en Brooklyn subraya el desafío constante de identificar, corregir y prevenir episodios de violencia policial en Nueva York, en especial cuando afectan a ciudadanos cuya implicación en delitos no se confirma posteriormente.

Este caso desencadenó denuncias de abuso policial y una demanda de esclarecimiento que, como señaló Mamdani, “debe ser exhaustiva”.

Un agente de Tránsito Municipal fue asesinado a balazos en Culiacán tras ser atacado por hombres armados en calles del sector Urbivillas del Cedro, al norte de la ciudad, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPYTM).

La víctima fue identificada como Jesús Felipe Beltrán, de 43 años de edad, con aproximadamente 20 años de servicio dentro de la corporación y grado de Policía Primero.

El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 15 de abril, cuando el elemento se encontraba fuera de servicio. Fue interceptado por civiles armados en el cruce de las calles Cornocchia y Calicanto, donde recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras el reporte de detonaciones, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue asegurada por autoridades mientras personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de la organización Causa en Común, en Sinaloa se registraron 13 agentes de seguridad asesinados entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, como parte de un periodo en el que se documentaron homicidios de policías en distintas entidades del país. El mismo informe detalla que en ese lapso fueron asesinados 101 agentes de seguridad a nivel nacional.

Es importante señalar que el asesinato que se relata en la apertura de esta nota informativa fue el miércoles 15 de abril, por lo que suman 14 casos documentados contra policías en la entidad. Es decir, Causa en Común aún no actualiza datos sobre otros asesinatos registrados entre el 6 y el 14 de abril.

En la distribución por estados, Sinaloa se ubica como la segunda entidad con más casos en 2026, sólo por debajo de Jalisco, que acumula 29 asesinatos (hasta el 6 de abril). La lista de policías asesinados en Sinaloa en lo que va del año es la siguiente:

1. Francisco Javier Zazueta
2. Jesús Alberto “N”
3. César Eduardo “N”
4. Nestor Silvino
5. Pedro “N”
6. Raúl Ernesto
7. Carlos Manuel de Jesús
8. Esteban Gutierrez Mazariego (director operativo de la DSPyTM de Escuinapa)
9. Jesús Felipe Beltrán

Causa en Común no incluye los nombres del resto de los elementos asesinados.

Casetas inhabilitadas y reducción de presencia policial

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en Culiacán operaban, hasta diciembre de 2025, sólo siete puestos policiales, mientras que al menos 41 permanecen inhabilitados. Algunas instalaciones han dejado de funcionar por abandono, cambio de uso o hechos violentos, como la caseta de Los Huizaches, atacada en abril de 2025, donde un agente murió y otro resultó herido tras una agresión con armas de fuego.

En ese mismo inmueble, posteriormente rehabilitado, actualmente se mantiene presencia de personal militar. A ello se suman casetas que operan en comodato, como bodegas o espacios comunitarios, así como instalaciones que llevan años fuera de servicio en distintas colonias de la capital.

Reintegración de policías en Escuinapa

En contraste, en el municipio de Escuinapa, 22 elementos de la Policía y Tránsito Municipal se reincorporaron a sus labores operativas tras haber solicitado previamente su retiro y baja voluntaria.

La reincorporación ocurrió a las 06:00 horas de este martes 14 de abril, cuando los agentes retomaron patrullajes en distintos sectores del municipio, luego de una reunión entre autoridades municipales y los elementos de la corporación.

De acuerdo con el ayuntamiento, el acuerdo incluyó mejoras en condiciones laborales y la posibilidad de ascensos dentro de la institución, con el objetivo de fortalecer la permanencia del personal y la operatividad de la corporación.

El caso se enmarca en un contexto más amplio de violencia contra corporaciones municipales en Sinaloa, donde en distintas regiones se han registrado ataques contra policías y ajustes en las condiciones de operación de las fuerzas de seguridad.

La Justicia de La Plata dispuso el cierre del Centro Cerrado Eva Perón II tras identificar graves deficiencias edilicias y denuncias por vulneración de derechos hacia los jóvenes alojados. La resolución judicial, dictada en el marco de un habeas corpus colectivo, impone un plazo de 48 horas para la clausura total.

A partir de la medida establecida, también se exigió la reubicación de los internos en espacios que aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad y respeto de garantías fundamentales, una medida motivada por la persistencia de riesgos para la integridad de los adolescentes, informó el sitio El Día.

La jueza de garantías Lorena Vuotto sostuvo que, a pesar de reiteradas intimaciones, el establecimiento mantuvo un agravamiento de las condiciones de detención, lo que llevó a la intervención judicial. El fallo ordena que los jóvenes sean trasladados a dispositivos donde queden resguardados sus derechos básicos, en función de lo observado por la Comisión Provincial por la Memoria, que desde 2023 viene señalando el deterioro progresivo del sitio.

La decisión se apoyó en un peritaje arquitectónico categórico: el informe indica que el edificio no cumple con ningún estándar mínimo de habitabilidad, salubridad ni seguridad que permita su funcionamiento. Según consigna El Día, los expertos constataron el deterioro estructural de los cerramientos, colapso sanitario, riesgo eléctrico inminente y falta absoluta de aislamiento térmico, condiciones que se agravan ante la llegada del invierno. El documento técnico concluye de forma taxativa que las instalaciones configuran “un entorno directamente inhabitable”.

Deficiencias estructurales y vulneración de derechos llevaron a la clausura

El requerimiento judicial tuvo su origen en la acción impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que desde el año pasado ha documentado no solo problemáticas edilicias sino también numerosos episodios de violencia institucional. Entre las denuncias se incluyen requisas vejatorias, deficiente atención médica, escasa alimentación y restricciones severas al acceso a educación y actividades recreativas.

En octubre del año pasado, un episodio de extrema violencia tuvo lugar en un centro cerrado destinado a jóvenes, tras una protesta originada por el maltrato y hostigamiento verbal ejercido por los operadores del establecimiento. Aunque los propios adolescentes lograron desacelerar la situación, al comenzar a salir de las celdas fueron reducidos en el piso, golpeados con palos y obligados a desnudarse y hacer sentadillas. Por estos hechos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal que actualmente se encuentra en etapa de instrucción, informó el sitio El expediente cero.

Pese a la advertencia realizada, se indicó que a fines de febrero, la CPM llevó a cabo una nueva inspección en el centro cerrado. Durante la visita, el organismo entrevistó de manera confidencial a los jóvenes, quienes relataron que las vulneraciones de derechos persistían. Se reportaron hostigamiento verbal, actos de violencia, aislamiento extremo en celdas como medida disciplinaria y requisas vejatorias, además de las ya conocidas condiciones materiales deterioradas.

La CPM denunció que estos hechos configuran un patrón de violencia y vulneración de derechos humanos que afecta a los jóvenes bajo la responsabilidad del Estado. Según el organismo, los relatos obtenidos durante la inspección confirmaron que las prácticas denunciadas en octubre continuaban vigentes, sin que se hubieran adoptado medidas estructurales para proteger a los adolescentes.

Las preocupaciones de la CPM fueron reiteradamente comunicadas a las autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, aunque sin resultados concretos. La jueza Vuotto subrayó en su resolución que el Estado provincial no solo omitió adoptar un plan de acción efectivo, sino que además incumplió su deber de garantizar condiciones dignas y seguras en el encierro juvenil.

Al resolver el caso, la magistrada enfatizó: “El Estado debe abstenerse de vulnerar derechos y tiene la obligación activa de garantizar estándares adecuados de alojamiento”, reflejando una postura que pone nuevamente en el centro del debate la situación del sistema de encierro juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La tarde del martes 14 de abril de 2026, activistas y defensores del territorio de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, denunciaron haber sido víctimas de un ataque violento mientras se trasladaban en vehículo sobre el Camino Real a San Pedro Actopan.

Entre las personas agredidas se encontraba Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco, quien señaló que el ataque ocurrió después de que la comunidad impulsara un amparo para frenar una obra hídrica en la zona.

“Fuimos perseguidos y agredidos por la señora Yadira Flores y el señor Mario Camacho, a quienes logramos identificar, originarios de Atlapulco”, denunció la activista en un video divulgado en redes sociales. De acuerdo con la Asamblea, ambos son considerados operadores políticos relacionados con autoridades capitalinas.

Según su testimonio, mientras circulaban sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec, los agresores los alcanzaron a bordo de una motocicleta. “En un primer impacto nos dieron con una piedra y, al agacharnos momentos después, se oyó una explosión”, relató.

Tras el ataque, los activistas mostraron en video la ventana trasera del vehículo completamente destruida. “Más adelante quisimos detenernos, pero no pudimos porque nos seguían persiguiendo”, agregó Telésforo Jiménez.

La agresión no se limitó a este incidente. Otros integrantes de la comunidad que viajaban en un segundo vehículo fueron interceptados en el pueblo por un grupo distinto. Para la Asamblea, estos hechos evidencian un patrón de hostigamiento sistemático contra quienes defienden el territorio.

Amparo contra obra hídrica y exigencia de consulta

El ataque ocurre en un contexto de tensión por la defensa del agua y el territorio en San Gregorio Atlapulco. La comunidad obtuvo recientemente un amparo judicial que obliga a las autoridades a realizar una consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre las obras relacionadas con el drenaje y la gestión del agua.

El objetivo, explicaron, es garantizar el respeto a los usos y costumbres del pueblo, ante un problema que lleva décadas: la contaminación por aguas residuales.

De acuerdo con Telésforo Jiménez, las autoridades han omitido realizar consultas adecuadas a la comunidad. “Las decisiones se han impuesto”, denunció, al señalar que no se han incorporado todos los elementos necesarios para un proceso participativo real.

Actualmente, advirtió, el agua contaminada se vierte en resumidero, lo que podría afectar los pozos que abastecen tanto a San Gregorio Atlapulco como a otras zonas de la Ciudad de México.

Conflicto ambiental y antecedentes de represión

La problemática del drenaje en la zona se remonta a más de 30 años, cuando se instaló infraestructura para una comunidad cercana. Posteriormente, sin consulta, se conectaron sistemas de otros pueblos, lo que incrementó la descarga de aguas negras.

Esta situación ha derivado en afectaciones ambientales graves, incluyendo daños en la zona chinampera, reconocida por su valor agrícola y cultural.

El conflicto también tiene antecedentes recientes. Hace menos de un mes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 01/2026, en la que responsabiliza a autoridades capitalinas por la represión de una protesta y detenciones arbitrarias ocurridas en 2024.

Dicha manifestación estuvo vinculada al cese de criminalización contra Hortensia Telésforo, quien defendió espacios comunitarios (y fue acusada por el delito de despojo) , y al rechazo de proyectos sin consulta, como la intervención en el inmueble conocido como la antigua Biblioteca Adolfo López Mateos.

Ante los hechos, los integrantes de la Asamblea General Permanente responsabilizaron públicamente a los presuntos agresores y exigieron una investigación inmediata, así como garantías de seguridad para quienes defienden el territorio.

Un intruso condenado por el asesinato de una inquilina en Manhattan recibió este martes una sentencia de 20 años a cadena perpetua, después de que la víctima fuera encontrada en el armario de su propio apartamento encerrada en un bolso de viaje, un hecho que conmocionó a la comunidad. La información fue confirmada por New York Daily News.

La víctima, Nadia Vitels, tenía 52 años y se había mudado recientemente al barrio de Kips Bay tras la muerte de su madre, dejando el inmueble temporalmente desocupado. Según el diario estadounidense, tanto Halley Tejada, el condenado, como Kensly Alston, aprovecharon que el lugar estaba vacío para ingresar sin permiso y residir allí hasta que Vitels regresó; fue entonces cuando la sorprendieron y la asesinaron.

Las cámaras de vigilancia captaron a Tejada y Alston mientras salían robando el automóvil Lexus de Vitels, estacionado frente al edificio. El vehículo posteriormente estuvo involucrado en un accidente en Pensilvania, según la Fiscalía de distrito de Manhattan.

Las circunstancias del crimen en Manhattan

El hallazgo del cuerpo de Vitels ocurrió en marzo de 2024 gracias a la insistencia de su hijo, Misha Vitels, quien, tras no recibir noticias de su madre durante varios días, insistió en ingresar al departamento acompañado de familiares y un encargado del edificio.

“Mi mamá siempre respondía inmediatamente, sobre todo a sus amigos. Supe en ese instante que algo iba mal”, relató Vitels ante la corte según recogió New York Daily News.

Dentro de la vivienda, observó ropa tirada en el suelo cerca del armario del recibidor, señales de violencia como “una grieta importante y un agujero en la pared junto a la entrada de la habitación” y el perro de su madre solo, con el piso cubierto de orina seca, pero sin rastro de equipaje ni computadora.

Finalmente, el cuerpo fue hallado escondido bajo ropa en el armario, dentro de un bolso de viaje. Misha tenía 23 años al momento del hallazgo y declaró ante el tribunal: “La espera, la búsqueda, el momento en que comprendí la verdad, me rompió y sé que nunca sanaré por completo… No fue solo perderla, fue la forma en que la arrebataron, esas horas y la imagen de que entró a su casa y nunca volvió a salir, solamente para terminar metida en una bolsa”.

La motivación de Tejada y Alston estuvo vinculada tanto al robo como a la ocupación ilegal de la propiedad, ya que se instalaron en el lugar aprovechando que estaba vacío, y al retornar la propietaria, la atacaron y posteriormente sustrajeron el vehículo.

Testimonios de la familia Vitels

El impacto de la muerte de Vitels fue profundo para su familia. En palabras del hijo ante la corte: “¿Cómo asimila un hijo de 23 años estar días sin oír de su madre, apresurarse preocupado a buscarla, encontrar su cuerpo amarrado dentro de una bolsa, y saber que quien hizo esto algún día podría volver a las calles, mientras ella nunca tendrá otro día?”.

La sentencia y la reacción judicial

El fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg expresó al diario estadounidense New York Daily News: “Nadia Vitels estaba a punto de iniciar una nueva etapa en su vida cuando Halley Tejada la asesinó en el mismo apartamento al que se acababa de mudar”.

Sobre la sanción, añadió: “Tejada ha sido sentenciado de 20 años a cadena perpetua en prisión estatal por su conducta aberrante y fatal. Mis pensamientos están con los seres queridos de la señora Vitels, que siguen lamentando su dolorosa pérdida. Sé que esta sentencia no la devolverá, pero espero que sirva como consuelo”.

La resolución judicial establece que Halley Tejada podrá solicitar la libertad condicional una vez transcurridos los 20 años, mientras la familia Vitels permanece afectada por la pérdida.

Una mujer de 31 años, identificada como Noemi Guzman, fue abatida el martes por la Policía de Omaha tras herir gravemente a un niño de tres años en el estacionamiento de un Walmart ubicado en la intersección de las calles 72nd y Pine, en Nebraska.

Según reportes policiales y el testimonio de familiares, la víctima, Cyler Hillman, resultó con una profunda herida en el rostro y otra en la mano y debió ser sometido a cirugía de urgencia. El menor se encuentra fuera de peligro.

Secuencia del ataque y la intervención policial

La situación se desató poco después de las 9:20 de la mañana, cuando empleados y clientes comenzaron a notar movimientos extraños dentro de la tienda.

De acuerdo con la Policía de Omaha, Guzman ingresó al local, robó un cuchillo de cocina y se dirigió hacia el pasillo donde se encontraban Cyler y su cuidadora.

Sin mediar palabra, amenazó a la mujer con el arma blanca, obligándola a caminar delante del carrito con el niño en su interior. Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron cómo Guzman obligó a ambos a salir hacia el estacionamiento, manteniendo el control del carro en todo momento.

La cuidadora logró pedir ayuda a una mujer en el estacionamiento, quien, al notar la desesperación de la víctima, llamó al 911. Según KETV Omaha, los primeros agentes arribaron al lugar pocos minutos después y encontraron a Guzman en la entrada sur del estacionamiento, sosteniendo el cuchillo y haciendo amenazas directas.

Los oficiales ordenaron en repetidas ocasiones que soltara el arma, pero la sospechosa se negó. De acuerdo con el parte oficial, Guzman cortó el rostro del niño en presencia de los agentes, quienes respondieron abriendo fuego y la abatieron en el acto.

La policía y un transeúnte asistieron de inmediato al menor, quien fue trasladado en ambulancia al Children’s Hospital. Su madre confirmó por la tarde que Cyler salió de cirugía y se encuentra fuera de riesgo vital.

Antecedentes de la agresora y reacción de las autoridades

Las autoridades informaron que Noemi Guzman no tenía vínculo previo con la víctima ni con su cuidadora. Según la policía, el ataque fue completamente aleatorio. Además, Guzman había tenido contacto con agentes policiales esa misma mañana, aunque no se especificó el motivo ni el lugar de ese encuentro previo.

Investigaciones posteriores revelaron que Guzman contaba con antecedentes por violencia. En 2024, la mujer fue acusada de atacar a su padre con un cuchillo y de irrumpir en la rectoría de una iglesia local, donde causó destrozos y amenazó a un sacerdote. Según el expediente judicial, fue declarada no responsable penalmente por razones de salud mental y el caso sigue abierto.

En declaraciones recogidas por KETV Omaha, el jefe de la Policía de Omaha, Todd Schmaderer, destacó el “profesionalismo y la acción rápida” de los oficiales, asegurando que “la comunidad puede confiar en que sus policías están preparados para actuar con decisión en situaciones de extrema gravedad para proteger a la ciudadanía”. El alcalde de la ciudad, John Ewing Jr., expresó su agradecimiento por la transparencia y la intervención de los agentes.

Investigación y repercusiones en la comunidad

El incidente quedó registrado tanto por las cámaras de vigilancia del local como por las cámaras corporales de los policías involucrados.

Ambos agentes fueron puestos en licencia administrativa, medida de rigor en estos casos, mientras avanza la investigación, que cuenta con la colaboración de la Policía Estatal y las oficinas del sheriff de los condados de Douglas y Sarpy.

La empresa Walmart emitió un comunicado oficial en el que calificó lo sucedido como “inaceptable” y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades. El área del estacionamiento fue acordonada durante varias horas para el trabajo de los peritos.

KETV Omaha asegura que, testigos y compradores relataron escenas de confusión y angustia en el interior del supermercado tras el ataque. Algunos empleados ayudaron a evacuar a clientes por puertas laterales, mientras que otros intentaban comprender la magnitud de la emergencia.

La policía reiteró que el ataque fue un hecho aislado y que no existe una amenaza para la comunidad. Pidió además a cualquier persona que haya presenciado o grabado algún detalle del incidente que se comunique con la dependencia para aportar información relevante a la causa.

Con este episodio, según KETV Omaha, la ciudad de Omaha vuelve a quedar bajo la lupa en materia de seguridad y atención a las problemáticas de salud mental, a la espera de los resultados de la investigación y de nuevas medidas preventivas por parte de las autoridades locales.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó con 109 votos la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general de feminicidio para homologar la tipificación y sanción del delito en todo el país.

Actualmente, cada entidad federativa cuenta con su propia definición y sanción para el feminicidio, lo que genera vacíos legales y diferencias en la impartición de justicia.

El artículo aprobado establece bases homogéneas para la identificación, persecución y sanción del delito en los 32 estados y la Ciudad de México, y busca que ninguna muerte violenta de mujer quede impune o interpretada por prejuicio.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, subrayó que la modificación al artículo 73 no es solo un cambio normativo, sino una decisión de Estado. Sostuvo: “Esta reforma establece una legislación general que unifica criterios, homologa tipos penales y punibilidades, y define estándares de investigación con perspectiva de género”.

La senadora por Morena Martha Lucía Micher Camarena advirtió que la violencia feminicida debe atenderse sin demoras, ya que representa una grave violación a los derechos humanos. Insistió en que el feminicidio exige una respuesta articulada e integral del Estado.

¿Qué se busca con la nueva reforma?

Esta reforma planea erradicar la impunidad y garantizar justicia y reparación del daño para las víctimas, bajo un marco homogéneo que refuerce la coordinación entre los órdenes de gobierno y extienda protección integral a niñas, niños y adolescentes afectados.

El dictamen aprobado este martes surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e instruye la elaboración de una ley que defina el tipo penal de feminicidio, establezca sanciones, agravantes y protocolos de investigación con perspectiva de género. El documento destaca que esta modificación constitucional no implica impacto presupuestario adicional, ni para este ejercicio fiscal ni para los futuros.

En resumen, la nueva ley permitirá:

• Definir el delito de manera legal y precisa
• Obtener justicia para las víctimas
• Evitar la impunidad a toda costa y fijar sanciones correctamente
• Eliminar vacíos legales de los diferentes códigos penales, estableciendo una legislación general para todo el país

Proponen atención integral y reparación para víctimas indirectas

El dictamen enviado a la Cámara de Diputados contempla protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de un feminicidio. Según el documento, esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen sus derechos, por lo que el Estado mexicano deberá garantizar atención médica, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación del daño.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo en tribuna: “No hablamos sólo de leyes; hablamos de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar”. Se reconoce que muchas familias viven con la “silla vacía”, expresión del vacío y dolor que deja una víctima de feminicidio.

El dictamen señala que el 90 % de los feminicidios en México se consuman por parte de la pareja, expareja, familiares o amigos de la víctima. Cantón Zetina consideró que existe una deuda de Estado con las mujeres, “llena de omisiones, de impunidad y de silencios”.

La senadora del PAN Verónica Rodríguez Hernández argumentó que la aprobación busca una protección efectiva a las mujeres mexicanas, dado que el feminicidio representa “una de las expresiones más crueles, dolorosas e indignantes de la violencia”.

La senadora del PVEM Virginia Magaña Fonseca manifestó que el voto a favor responde a la memoria de las niñas y mujeres que han sido víctimas y a las exigencias de los movimientos feministas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el día de hoy una reducción preliminar del 45 % en el promedio diario de homicidios dolosos al comparar los datos de 2024 y el primer trimestre de 2026.

El gobierno federal destaca que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 91.7 en 2024 a 50.8 en los primeros tres meses de 2026.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla que en septiembre de 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios, mientras que en marzo de 2026 la cifra bajó a 51.4.

Este nivel representa el promedio mensual más bajo desde 2016 y significa 35 homicidios diarios menos en comparación con el inicio del periodo medido.

Esta tendencia a la baja se atribuye a la Estrategia Nacional de Seguridad, acompañada por la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública. El objetivo de esta escuela es mejorar la formación de altos cargos policiales.

Figueroa indica que siete estados concentran el 50.2 % de los homicidios en marzo de 2026:

• Guanajuato reúne 9.2 %
• Chihuahua 8.3 %
• Baja California 8 %
• Morelos 6.4 %
• Guerrero 6.3 %
• Estado de México 6 %
• Oaxaca 5.9 %

Al mismo tiempo, otras entidades registran reducciones en su promedio diario de este delito.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada de julio de 2025 a marzo de 2026, derivó en la detención de 1.106 presuntos extorsionadores en 24 estados. En ese mismo lapso, el número 089 recibió 180 mil llamadas relacionadas con extorsión; el 88.6 % de estos intentos no se concretó, y el 11.4 % se consumó. En consecuencia, las fiscalías abrieron 6.821 carpetas de investigación.

Delitos violentos van a la baja en 2026

Las cifras divulgadas muestran una reducción importante en los delitos de alto impacto. El balance de 2026 refleja un descenso del 52 % frente a 2018: el promedio diario bajó de 969.4 en ese año a 461.3 en 2026.

El robo de vehículo con violencia destaca por su disminución de 56.4 %, pasando de 209.9 a 91.6 casos diarios.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades detuvieron a 49.530 personas relacionadas con delitos graves.

Durante ese periodo, se aseguraron 25.700 armas de fuego, cerca de 500 toneladas de droga y se desmantelaron 2.330 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Atención a las causas y acciones preventivas

La estrategia del gobierno de abrir el programa Jóvenes Transformando México ha tomado fuerza y avanzado con la habilitación de mil 358 gimnasios en el programa Boxeando por la Paz, en el que 53 mil jóvenes reciben entrenamiento por parte de 3 mil boxeadores. Iniciaron además los proyectos “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” y la Jornada Nacional de Fútbol, con 159 mil jóvenes participantes en actividades deportivas.

Por otra parte, la Escuela para Mandos fue creada para formar secretarios y subsecretarios de Seguridad Pública bajo criterios de honestidad, profesionalismo, visión humanista y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con Sheinbaum. Esta institución tiene el propósito de fortalecer la coordinación entre instancias de seguridad, entidades y fiscalías, dentro de la estrategia federal para consolidar estos resultados recientes en materia de seguridad y continuar la reducción de la violencia.

La Cámara Federal porteña sobreseyó a un acusado por supuesta incitación a la violencia colectiva a raíz de un posteo en un grupo de Facebook llamando a “prender fuego” a una sucursal del Correo Argentino. Si bien fue una expresión “repudiable” no constituyó delito, concluyó el Tribunal de Apelaciones al revocar el procesamiento. Además, y en lo relativo a la trascendencia del mensaje y las proyecciones de su impacto, la repercusión fue “prácticamente nula” porque, entre otros aspectos, de más de 4000 integrantes del grupo, sólo seis dieron “like”.

El posteo

“Hay que prender fuego Brandsen, con el traidor de C.B. adentro!!”, posteó el hasta ahora acusado en el grupo de esa red social llamado “Yo trabajo...en el correo argentino” en abril de 2024. La empresa lo denunció días después por supuesta incitación a la violencia colectiva. Terminó procesado y con una causa penal abierta en Comodoro Py 2002.

Cuando esa decisión llegó a revisión del Tribunal de Apelaciones, el procesamiento fue revocado y se dispuso el sobreseimiento. “No se advierte que la solitaria expresión publicada adquiera esas especiales notas que requiere la figura, sino que evidencia, en términos desafortunados, una disconformidad con cierta política empresaria con la que habría existido una relación laboral”, advirtieron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

De hecho, “como destaca la defensa, en lo que concierne a la trascendencia del mensaje y las proyecciones de su impacto, es un dato importante la prácticamente nula repercusión de sus términos en la medida en que, de entre los más de 4000 miembros, solo seis reaccionaron” dándole “me gusta” al posteo.

Una expresión sin entidad

El Tribunal de Apelaciones evaluó que la expresión difundida en Facebook, si bien fue “desacertada y hasta repudiable”, no tuvo la entidad suficiente para configurar delito.

Según se explicó en la causa, la referencia a “Brandsen” aludía a una sucursal ubicada en el barrio porteño de Barracas, donde trabajan cerca de 680 empleados.

A partir de distintas medidas de prueba, se logró vincular la cuenta desde la cual se realizó la publicación con el imputado, quien fue procesado en primera instancia por incitación a la violencia colectiva.

Sin embargo, la defensa apeló la decisión y sostuvo que no se trató de una convocatoria real a cometer actos violentos, sino de “un mero insulto abstracto proferido impulsivamente por enojo”. Además, remarcó que la publicación careció de impacto, ya que dentro de un grupo de más de 4.300 integrantes apenas obtuvo seis “me gusta”.

Los camaristas coincidieron con ese planteo y explicaron que el tipo penal exige una conducta “objetivamente idónea para estimular, movilizar o provocar” a otras personas a cometer hechos violentos, algo que no se verificó en este caso.

En ese sentido, destacaron que no hubo evidencia de que el mensaje haya generado acciones concretas, como movilizaciones o medidas de seguridad por parte de la empresa. Incluso, remarcaron que el contenido fue advertido por las autoridades varios días después de su publicación, lo que también relativiza su gravedad.

“El delito exige incitar públicamente, estimular, alentar o impulsar para que se haga algo violento o agresivo en contra de otros. Frente a esas exigencias, no se advierte que la solitaria expresión publicada adquiera esas especiales notas”, sostuvieron los jueces.

También hicieron hincapié en la falta de dolo directo, es decir, la intención concreta de provocar violencia colectiva, elemento indispensable para la configuración del delito.

En esa línea, recordaron que la propia fiscal del caso había considerado que los hechos no encuadraban en figuras penales como amenazas, criterio que -según el tribunal- resulta trasladable al análisis de la imputación por incitación a la violencia.

En la causa penal no hubo pruebas que permitieran “comprobar si se desplegaron acciones como consecuencia de la publicación, ya sea desde los particulares -movilizaciones, réplicas, marchas- que hayan sido conmovidos por los dichos del imputado, ni por parte de la empresa en aras de preservar la vida de los trabajadores o sus propios bienes”.

No se llamó a los bomberos ni se implementaron medidas de mayor seguridad en el edificio o “controles destinados a afrontar una situación de catástrofe o de atentado que avalen la denuncia”, concluyó la resolución judicial que desvinculó del caso al autor del mensaje.

Un grupo de 75 organizaciones de derechos civiles ha solicitado a Meta que interrumpa la introducción de tecnologías de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley, argumentando que esta funcionalidad, conocida internamente como ‘Name Tag’, representa una amenaza para los derechos fundamentales y la privacidad, sobre todo de colectivos vulnerables.

De acuerdo con la carta conjunta enviada a la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, la integración de este sistema en productos de uso cotidiano podría facilitar la identificación de personas sin su consentimiento y sin su conocimiento, lo que, según las organizaciones, marcaría un punto de inflexión negativo para la sociedad.

Qué preocupaciones hay alrededor del reconocimiento facial en gafas

En 2024, un estudio de la Universidad de Harvard demostró la magnitud del riesgo: alumnos lograron, usando gafas inteligentes con reconocimiento facial, extraer en tiempo real desde la vía pública datos como el nombre, la dirección, perfiles en redes sociales y los vínculos familiares de individuos reconocidos.

La información obtenida se transmitía instantáneamente al teléfono del usuario, confirmando la preocupante capacidad de estos dispositivos para vulnerar la privacidad. Además, según la carta dirigida a Meta, la objeción central no se limita al temor abstracto a la vigilancia.

El escrito detalla cómo la disponibilidad de gafas discretas equipadas con inteligencia artificial expone a potenciales víctimas de violencia o discriminación, como quienes han sufrido acoso, las minorías religiosas o los colectivos marginados históricamente, a un riesgo mayor, pues la identificación puede ocurrir sin notificación ni consentimiento en espacios públicos.

Por qué las medidas tomadas por Meta no son suficientemente seguras

El documento subraya que las modificaciones de diseño propuestas por Meta para la función ‘Name Tag’, como limitar el reconocimiento facial a personas conectadas en plataformas de la empresa, como Instagram o Facebook, o a cuentas públicas, resultan insuficientes.

Una de las preocupaciones clave expuestas es que “los planes de introducir tecnología de reconocimiento facial en productos de consumo ampliamente disponibles constituyen una línea roja que la sociedad no debe cruzar” para evitar poner en peligro una “sociedad libre”.

Los firmantes advierten sobre las posibles consecuencias: “Las personas deberían poder llevar su vida cotidiana sin temor a que acosadores, estafadores, maltratadores, agentes federales y activistas de todo el espectro político estén verificando, de forma silenciosa e invisible, sus identidades”.

Las organizaciones afirman expresamente que las preocupaciones de seguridad de esta tecnología “no pueden resolverse mediante cambios en el diseño del producto, mecanismos de exclusión voluntaria o medidas de seguridad incrementales”, porque los afectados no disponen de ningún mecanismo para prestar o denegar su consentimiento antes de ser identificados.

A qué otros productos de Meta se pide que Meta no aplique reconocimiento facial

La petición remitida a Meta no se limita a las gafas Ray-Ban y Oakley: solicita la retirada total de cualquier función de reconocimiento facial en todos los dispositivos ‘wearables’ de la empresa, presente o futura.

Asimismo, las organizaciones exigen que Meta haga público cualquier caso del uso de sus dispositivos de realidad aumentada en situaciones de acoso, hostigamiento o violencia doméstica y sexual, detallando las medidas adoptadas tras esos episodios.

El requerimiento insta a la empresa a revelar cualquier intercambio, colaboración o consulta con organismos de seguridad y aplicación de la ley de Estados Unidos, incluido el ICE, respecto al uso de dispositivos wearables para tareas de vigilancia o identificación por agentes estatales, según la carta.

De acuerdo con la posición de las organizaciones, la integración de funciones biométricas de reconocimiento facial no debe evaluarse en función de medidas de seguridad accesorias, sino que requiere, en todo caso, un compromiso previo de la empresa para consultar con la sociedad civil, comunidades afectadas y expertos independientes en privacidad,

La carta cierra con una advertencia: “Un enfoque tecnológico que privatiza los beneficios y socializa los perjuicios conlleva consecuencias irreversibles para la seguridad, la libertad y los derechos civiles de las personas”.

La más reciente ola de enfrentamientos violentos en las inmediaciones del Estadio Nacional José de la Paz Herrera en Tegucigalpa, la capital de Honduras, ha reavivado el debate sobre los persistentes problemas de seguridad en los espectáculos deportivos y la incapacidad del Estado para contener los riesgos asociados.

El presidente del Congreso Nacional en Honduras, Tomás Zambrano, quien propuso retomar la aplicación efectiva de la Ley de Prevención de la Violencia en los Estadios, vigente desde 2015, busca evitar que la crisis de violencia que afectó el clásico entre Motagua y Olimpia se repita y termine por erosionar uno de los eventos más emblemáticos del país.

Zambrano, sostuvo en el programa Frente a Frente que la situación actual manifiesta una falla profunda en las políticas de prevención de violencia en el fútbol local.

El funcionario condenó los ataques y fue claro respecto a la necesidad de actuar de inmediato: “No podemos seguir viendo actos de violencia en los eventos deportivos del país”. Su enfoque apunta a la implementación de la Ley de Prevención de la Violencia en los Estadios, aprobada en 2015 y nunca ejecutada en su totalidad desde su entrada en vigencia, como reconoció a TVC.

La ley establece sanciones y procedimientos concretos: exige el fortalecimiento de la seguridad mediante tecnología de videovigilancia, la creación de un censo de miembros de barras organizadas y la imposición de restricciones de ingreso a estadios para quienes participen en actos violentos.

Zambrano señaló la importancia de que las instituciones responsables reglamenten los procedimientos, responsabilidades y sanciones para garantizar la eficacia de la normativa, tarea que, explicó, sigue pendiente y limita la protección de los aficionados.

Parte fundamental de la ley es el trabajo directo con las barras deportivas, promoviendo espacios de diálogo y prevención que trascienden el castigo e intentan abordar las raíces estructurales del problema.

Zambrano subrayó la urgencia de esta perspectiva integral e insistió en que no basta con sancionar, sino que es necesario “abordar las causas del problema mediante estrategias integrales”.

¿Qué paso en el Estadio Nacional en Honduras?

En las horas previas al encuentro de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026, los alrededores del estadio, conocido también como “Chelato Uclés”, fueron el escenario de una batalla campal: grupos de aficionados, armados con piedras y objetos contundentes, protagonizaron disturbios que dejaron un saldo de varios heridos entre asistentes y fuerzas policiales.

Si bien hasta la fecha no se conoce el número exacto de lesionados, a través de las redes sociales, se difundieron imágenes de miembros de seguridad recibiendo atención médica en plena vía pública, lo que ilustra la violencia y el descontrol que dominaron la antesala del partido.

Estos hechos derivaron en traslados de emergencia de aficionados a centros asistenciales y en la lesión de agentes policiales encargados de la contención, multiplicando los cuestionamientos hacia la eficacia de los dispositivos de seguridad ordinarios.

Durante su intervención, Zambrano apuntó que la crisis no está marcada por la ausencia de legislaciones, sino por la falta de voluntad política y recursos para implementarlas. Además, responsabilizó a administraciones anteriores por el deterioro del sistema de seguridad en los estadios: “Nosotros estamos reconstruyendo el desastre del gobierno anterior”.

El congresista adelantó que se evaluará el estado de los reglamentos que deben actualizar y ejecutar los organismos competentes, aspecto indispensable para el cumplimiento de la ley.

También destacó la potestad del Congreso Nacional de convocar a todos los actores clave —autoridades policiales, dirigentes de clubes y representantes de barras organizadas— con el fin de conformar un espacio de diálogo orientado a una reforma real y operativa del sistema de seguridad para eventos deportivos.

Las autoridades reportaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de una presunta pareja de jóvenes que había sido reportada como desaparecida desde marzo en el departamento de Arauca. El caso es objeto de investigación y una de las hipótesis principales apunta a un presunto secuestro ocurrido semanas antes del hallazgo.

El descubrimiento se produjo hacia las 12:30 del mediodía del viernes 10 de abril de 2026, en la vía que conecta los municipios de Tame y Fortul, a pocos kilómetros del casco urbano de Tame. Este corredor es una ruta frecuentada por habitantes de la región y ha sido escenario de otros hechos de orden público en el pasado.

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De acuerdo con la información preliminar brindada por Blu Radio, los cuerpos fueron localizados en sectores diferentes de la misma carretera, lo que hace parte de los elementos que están siendo analizados por los investigadores.

Uno de los cadáveres fue encontrado en el sector conocido como Chontaduro, en la intersección que conduce hacia Puerto Rondón. El segundo fue ubicado varios kilómetros más adelante, en inmediaciones del sector de Crispulandia.

Equipos de policía judicial realizaron la inspección técnica en ambos puntos, recolectando evidencias que serán clave para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las autoridades también adelantaron labores de verificación en la zona para establecer posibles rutas de desplazamiento y ubicar testigos.

Víctimas habrían sido retenidas el 11 de marzo

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de las víctimas, versiones preliminares expuestas por el medio ya mencionado, indican que se trataría de Yulissa Andrea Rojas Navarro, de 28 años, quien trabajaba como manicurista, y su pareja Jonathan José Rosales Briceño.

Según la información conocida, ambos habrían sido retenidos el pasado 11 de marzo, cuando se movilizaban en motocicleta desde la ciudad de Arauca hacia la región del Sarare, un trayecto que realizaban con frecuencia.

Desde esa fecha, no se volvió a tener información sobre su paradero, lo que llevó a familiares y allegados a reportar su desaparición y solicitar apoyo de las autoridades para su búsqueda.

Hipótesis en evaluación por parte de las autoridades

Las autoridades han señalado que una de las principales líneas de investigación contempla la posible participación de grupos armados ilegales con presencia en el piedemonte araucano, aunque por ahora no hay atribuciones oficiales.

Contexto reciente de secuestros en el país

En medio de este panorama, se han registrado otros casos recientes relacionados con secuestro en distintas regiones. En el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, dos hombres que habían sido retenidos ilegalmente recuperaron su libertad en las últimas horas.

Se trata de Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado Real, de 34, quienes habían sido secuestrados el pasado 29 de marzo en zona rural del sector conocido como Barrio Largo.

La liberación se llevó a cabo mediante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, entidades que acompañaron el proceso para garantizar condiciones de seguridad en el retorno.

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo indicó que “las personas civiles deben permanecer por fuera del conflicto, en respeto al derecho internacional humanitario. La libertad siempre debe prevalecer”, reiterando su llamado a los actores armados a respetar la integridad de la población.

Hechos recientes de orden público en Norte de Santander

De manera paralela, el departamento de Norte de Santander ha registrado recientes hechos de violencia contra la fuerza pública, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades.

Uno de los casos ocurrió en Cúcuta, donde un atentado con explosivos dejó un policía herido y obligó a la convocatoria de un consejo de seguridad para evaluar la situación.

Horas después, se registró un segundo ataque en el municipio de Ragonvalia, en el que una patrulla de la Policía fue blanco de una acción armada. En total, estos hechos dejaron al menos cuatro uniformados lesionados.

Entre enero de 2020 y marzo de 2026, se documentaron 3 mil 036 masacres en México, definidas como el asesinato de tres o más personas en un solo evento, lo que equivale a un caso por día en promedio, de acuerdo con el colectivo Causa en Común.

En un comunicado, el colectivo detalló que del total, 2 mil 976 masacres ocurrieron entre el 2020 y 2025, mientras que los 60 restantes se registraron en los primeros tres meses del presente año.

Explicó que dichos casos fueron documentados a través de reportajes periodísticos de medios nacionales y locales, pero advirtió que la intimidación de criminales y autoridades hacia los reporteros y comunicadores limita cada vez más la labor informativa.

Señaló que esto último, podría generar alguna imprecisión en las cifras reales e incluso, aparentar una disminución en los casos.

“La intimidación por parte de criminales, y por parte también de autoridades, distorsiona cada vez más los flujos informativos locales y nacionales, y de hecho ha transformado diversas entidades o regiones en “zonas de silencio”, en las que la violencia no se reporta o se reporta parcialmente.

“Tomando esto en cuenta, los eventos de violencia extrema, como es el caso de las masacres, seguramente están subrepresentados en los reportes periodísticos; por la misma razón, reducciones en dichos registros no necesariamente indican una reducción real en la violencia, sino posibles vacíos de información”, puntualizó.

Casos se concentran en cinco estados

Destacó que en el caso de Sinaloa, la cifra pasó de un promedio de cinco masacres anuales entre 2020 y 2023, a 38 y 40 casos en 2024 y 2025, respectivamente.

No obstante, en el mismo documento, destacó que “durante estos años”, Guanajuato se ha mantenido como la entidad con más registros de masacres, con 535 casos entre 2020 y 2025.

Agregó que le sigue Guerrero, con 237 casos, Michoacán con 223 y Zacatecas con 217.

Causa en Común subrayó que estos patrones muestran territorios donde convergen disputas criminales, economías ilegales, y omisiones y debilidades institucionales, configurando entornos donde la violencia extrema se reproduce con facilidad.

Por ello, el colectivo sostiene que documentar y difundir estas violencias es indispensable para enfrentarlas y reconocer la magnitud del problema.

Sin embargo, aseberó que también se requiere proteger a periodistas en riesgo y revertir la omisión institucional, ya que hasta hoy no existe ningún programa ni presupuesto relevante para fortalecer a las policías y a las fiscalías del país”.

“Desde Causa en Común insistimos en que documentar y visibilizar estas violencias es un paso indispensable para enfrentarlas.

“Se requiere reconocer la magnitud del problema, sí, pero no es suficiente; también se requiere proteger a periodistas en riesgo, y se requiere revertir la grave omisión con nuestras instituciones pues hasta hoy no existe ningún programa ni presupuesto relevante para fortalecer a las policías y a las fiscalías del país”, concluyó.

El jefe de policía de Osceola, Robert Ephlin, presentó su renuncia apenas 13 días después de asumir el cargo, tras la difusión de un video viral en el que se lo observa abofeteando y aplicando una llave de sujeción a Danarius Williams, un hombre parapléjico en silla de ruedas, durante un operativo realizado en el complejo de apartamentos Hyatt, en Osceola, Arkansas.

El episodio, registrado por testigos y ampliamente compartido en redes sociales, generó una respuesta inmediata tanto de la comunidad local como de autoridades estatales, según informaron los canales locales WREG y Fox 13 Memphis.

Un portavoz del Departamento de Policía de Osceola precisó que la intervención se originó tras un reporte al 911 por una presunta amenaza con arma de fuego en el área, aunque no se hallaron pruebas que vincularan a Williams con el individuo denunciado.

La difusión del video generó una oleada de reacciones en la ciudad de Osceola, que tiene un historial de tensiones raciales y debates sobre el uso de la fuerza policial.

En declaraciones a la prensa, Williams informó que sufrió lesiones leves y debió recibir atención médica en un hospital. Sin embargo, resaltó que el impacto emocional del altercado fue considerablemente mayor para él y su familia. “Soy parapléjico, no siento nada desde el ombligo hacia abajo.

Pensé que podía haberme asfixiado”, relató Williams a Fox 13 Memphis, al describir los momentos en que Ephlin lo restringía físicamente.

El incidente ocurrió cuando oficiales acudieron al complejo tras recibir una llamada por amenazas contra la esposa e hijo de Williams, presuntamente realizadas por un individuo armado.

El registro audiovisual muestra a Ephlin emitiendo advertencias verbales a Williams, seguidas de un golpe y un forcejeo que desataron gritos de protesta entre los presentes. Williams reconoció que, durante la confrontación, dijo al entonces jefe de policía: “Quítame las manos de encima, saca tu dedo de mi cara”.

En una conferencia de prensa, el alcalde Joe Harris Jr. oficializó la dimisión de Ephlin el miércoles, reconociendo el profundo malestar social que provocaron las imágenes. “Me molestó mucho. Todos saben que estuvo mal, pero conozco a Bobby Ephlin y eso no es propio de él”, expresó Harris Jr. a los medios locales WREG y WMC.

El alcalde subrayó que Ephlin había realizado aportes durante su breve gestión, pero sostuvo que la ciudad debe enfocarse en mantener la confianza ciudadana y evitar que este incidente eclipse los avances recientes: “Somos una de las ciudades con mayor desarrollo económico del río Misisipi en este momento y seguiremos adelante, sin dar una mala apariencia”.

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) se pronunció a través de un comunicado, reclamando una investigación independiente sobre el proceder policial y solicitando garantías para la protección de los derechos civiles de las personas con discapacidad en Arkansas.

“No puede haber tolerancia para el uso excesivo de la fuerza, especialmente contra quienes ya enfrentan vulnerabilidad física”, señaló el organismo.

El Departamento de Justicia de Arkansas anunció que recopilará testimonios y analizará el material audiovisual para determinar si corresponde iniciar una causa penal por abuso de autoridad. Según la oficina del Fiscal General del estado, en el último año se han registrado al menos 17 casos de denuncias contra fuerzas policiales locales por uso indebido de la fuerza, aunque solo en dos oportunidades se avanzó con imputaciones formales.

El contexto del operativo y los antecedentes en Osceola

El operativo policial que derivó en la renuncia de Ephlin se produjo en Osceola, una ciudad de poco más de 6.700 habitantes situada en la ribera del río Misisipi, donde las tensiones entre fuerzas de seguridad y la comunidad afroamericana han sido motivo de controversia en años recientes.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, más del 60% de la población local pertenece a minorías étnicas, y organizaciones civiles han denunciado un patrón de detenciones y procedimientos policiales desproporcionados.

El incidente se suma a una serie de episodios que han puesto bajo escrutinio la actuación policial en el estado de Arkansas. Según el portal de análisis jurídico Police Scorecard, Arkansas figura entre los diez estados con mayor cantidad de denuncias por uso excesivo de la fuerza per cápita en 2023.

Voceros de la organización de derechos civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el estado han exigido reformas estructurales y mayor transparencia en la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

Repercusiones y próximos pasos

La rápida renuncia de Robert Ephlin fue vista como un intento de contener el impacto institucional y evitar que el caso se convierta en un nuevo foco de protestas locales. El presidente del Concejo Municipal de Osceola, Michael Turner, manifestó que el municipio colaborará con las investigaciones estatales y federales que continúan en curso. “La confianza en la policía es fundamental para la convivencia. Nuestra prioridad es restablecer el diálogo con la comunidad”, sostuvo Turner en rueda de prensa.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad han solicitado que se revisen los protocolos de actuación policial en situaciones que involucren a ciudadanos con movilidad reducida.

La Comisión de Derechos Humanos de Arkansas informó que desde 2021 ha recibido más de 30 denuncias vinculadas a intervenciones policiales con personas con discapacidad, lo que motivó la elaboración de nuevas directrices para la formación de agentes.

Mientras la administración local evalúa la designación de un nuevo jefe de policía interino, la ciudad de Osceola permanece bajo atención nacional, a la espera de los resultados de las investigaciones y de posibles medidas disciplinarias adicionales.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso proporcional de la fuerza por parte de la policía y la necesidad de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos civiles, especialmente entre los sectores más vulnerables.

Una jubilada de 85 años fue víctima de un asalto violento en su vivienda en San Francisco, durante la tarde del lunes. El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó al domicilio con engaños y agredió a la mujer para robarle una suma estimada en 200.000 pesos. El agresor permanece prófugo y es buscado por personal policial, incluido el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (Eter) y el Comando de Acción Preventiva.

La Policía de Córdoba logró identificar al presunto atacante, quien posee antecedentes por robos y hurtos en la zona, según detalló ElDoce.TV. Para dar con el fugitivo, se organizaron dos allanamientos simultáneos en barrio Hospital durante el jueves, aunque resultaron sin éxito.

Según el testimonio de la víctima a las autoridades, el hecho se produjo porque el delincuente utilizó engaños para ingresar a la vivienda y atacar a la jubilada. Al principio, la mujer escuchó ruidos en la entrada de su casa y, al acercarse, fue sorprendida por un hombre que entró por la fuerza.

El asaltante la atacó, empujadandola hacia el interior y arrojandola al piso violentamente. Luego, revisó sus pertenencias hasta encontrar una suma de 200.000 pesos, entre otros elementos que robó. Aunque lograron identificarlo, todavía no lo capturaron y por eso se montó operativos que incluyó a varios grupos. Tanto el grupo Eter, personal de Investigaciones y el Comando de Acción Preventiva siguen tratando de localizarlo.

Crimen contra un jubilado en Córdoba

Un jubilado de 80 fue hallado muerto en la noche del jueves 9 de abril en una vivienda de barrio Villa El Libertador, en la provincia de Córdoba. La victima, en el barrio conocido como “Don Zárate”, se encontraba con graves lesiones en el cráneo y las autoridades policiales detuvieron a un sospechoso por el crimen del hombre.

Personal del servicio de emergencias acudió a la casa ubicada en calle Forestieri al 5000, donde los médicos comprobaron el deceso y describieron un severo traumatismo de cráneo en la víctima. Efectivos policiales arrestaron a un hombre, que permanece a disposición de la Fiscalía de Córdoba, de acuerdo con la información difundida. Además, una motocicleta fue secuestrada durante el operativo porque era utilizada por el principal sospechoso y quedó registrada como parte de la investigación.

La causa busca establecer las circunstancias y los motivos del hecho, mientras se mantienen reservadas las identidades tanto del fallecido como del detenido. Mientras todo un barrio es sacudido por un violento episodio, trascendió que el detenido pertenecería el circulo familiar del jubilado.

Otro violento ataque

Hace pocas semanas, una jubilada de 76 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Modesto Moreno al 1300, cuando al menos tres delincuentes armados y encapuchados forzaron una reja para ingresar al domicilio.

Los asaltantes sorprendieron a la mujer mientras dormía. Bajo amenazas con un arma de fuego, lograron reducirla y maniatarla. Durante el ataque, le exigieron una suma importante de dinero, aunque no lograron obtenerla. Tras no encontrar nada dentro de la casa, los delincuentes escaparon del lugar llevándose un automóvil Peugeot 2008 y documentación personal de la jubilada.

La intervención policial se produjo poco después del asalto. La víctima pudo dar aviso una vez que los ladrones se retiraron y fue asistida por personal de seguridad. La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2, ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación del caso, entre ellas el análisis de cámaras y controles en la zona para intentar dar con los responsables. Este episodio generó preocupación entre los vecinos de Villa María, quienes manifestaron inquietud ante la reiteración de robos violentos en viviendas de adultos mayores.

El incidente y la evidencia visual

De acuerdo con los reportes de New York Daily News, Linda Scott, residente de President Street, confrontó a dos mujeres cuyos perros andaban sueltos y defecaron en un terreno baldío contiguo a su casa.

El ataque ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima exigió que las dueñas limpiaran los residuos de los animales. Un video obtenido por el propio medio muestra la secuencia: una de las mujeres, identificada por vestir una sudadera roja, se acercó a Scott y la agredió con una serie de golpes contundentes.

La grabación exhibe cómo la agresora la derribó al césped, la pateó y le pisoteó el rostro sin que la víctima ofreciera resistencia.

Michael Scott, hijo de la víctima, relató a New York Daily News que la intervención de una vecina fue determinante para evitar un desenlace fatal.

“Si mi vecina no intervenía, estaríamos hablando de un asesinato ahora mismo”, afirmó Scott en declaraciones recogidas por el medio neoyorquino.

El hijo también explicó que la madre fue trasladada de inmediato al Interfaith Medical Center, donde los médicos advirtieron que la paciente estuvo cerca de sufrir un infarto debido a la violencia física recibida. La salud de Linda Scott es especialmente delicada por antecedentes de dos cirugías cardíacas previas.

Contexto del conflicto y antecedentes del terreno

La situación que desencadenó la agresión tiene antecedentes. Según la reconstrucción de New York Daily News, el terreno baldío donde los perros hicieron sus necesidades permanece abandonado desde un incendio ocurrido en 2011.

El espacio, según describió Michael Scott, se ha convertido en un foco de problemas para la comunidad: en el sitio hay autos abandonados, campamentos de personas sin hogar y se han encontrado agujas desechadas, lo que incrementa la inseguridad y los riesgos sanitarios.

Antes del ataque, las agresoras acusaron a Linda Scott de lanzar ammonia –un compuesto químico de olor fuerte usado en limpieza y para repeler animales, que puede causar irritación en piel y vías respiratorias– sobre los perros, una versión que fue desmentida por su hijo.

Michael sostuvo que su madre utiliza el producto únicamente para ahuyentar roedores y mapaches que suelen ingresar al lote. “Ella no les arrojó nada, es para los animales salvajes”, aseguró el hijo en diálogo con New York Daily News.

Investigación y reacciones

Tras el suceso, no se han reportado arrestos ni avances sustanciales en la investigación policial, según detallaron tanto New York Daily News como la emisora 1010 WINS. La familia Scott demandó públicamente la captura de las responsables.

“A mi madre la patearon, la golpearon, la tiraron al piso. Quiero que detengan a los responsables, no me importa nada más”, enfatizó Michael Scott.

El caso ha llamado la atención de otros medios como CBS News, que refuerzan el relato central y la existencia de la grabación que documenta la agresión. La cobertura coincide en el perfil de la víctima, el entorno conflictivo del lote y la ausencia de medidas inmediatas por parte de las autoridades.

La comunidad de Crown Heights permanece en alerta, mientras se difunden imágenes del ataque y se solicita información que permita identificar a las agresoras.

Una iniciativa legislativa en Illinois busca exigir a los fabricantes de pistolas que rediseñen sus modelos para impedir que sean fácilmente convertidos en armas automáticas, un paso que, según sus impulsores, pretende cerrar una de las vías más utilizadas por el crimen organizado para obtener armamento de alto poder pese a las restricciones vigentes.

El debate surge en un contexto en que diversas jurisdicciones de Estados Unidos detectaron un aumento en la utilización de dispositivos de conversión —conocidos como “switches” o “auto-sears”— que, integrados a pistolas semiautomáticas, permiten efectuar múltiples disparos con una sola presión del gatillo, una modificación prohibida tanto por la legislación estatal como federal, según precisa el diario estadounidense Chicago Tribune.

Entre enero y noviembre de 2025, la policía de Chicago recuperó casi 2.900 armas fabricadas por Glock, lo que representa más de un tercio del total de armas incautadas en ese período, de acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Policía y analizados por Chicago Tribune.

Esta información constituye la base de una demanda presentada contra Glock en 2024 por el Ayuntamiento de Chicago, que acusó a la matriz austríaca de la compañía de haber desatendido deliberadamente un defecto de diseño que facilita la conversión simple de sus pistolas a disparo automático.

La proliferación de conversores ilegales —que pueden adquirirse en el extranjero o producirse en impresoras 3D gracias a diseños disponibles en internet— llevó a las autoridades locales a incrementar la presión sobre los fabricantes de armas.

En septiembre de 2025, un juez de Cook County, Allen Walker, determinó que un “jurado razonable podría concluir que el diseño y la manufactura de una pistola Glock, y su posterior venta, contribuyen materialmente a una situación que pone en peligro la seguridad y la salud pública en la ciudad de Chicago”, según consta en una orden judicial a la que tuvo acceso Chicago Tribune. La próxima audiencia en ese proceso está fijada para el jueves próximo.

Esta respuesta directa resume el núcleo de la propuesta: Illinois planea forzar a los fabricantes de pistolas a modificar el diseño de modelos que actualmente pueden ser adaptados con dispositivos ilegales, en particular las Glock y aquellas con “cruciform trigger bar” como las Palmetto State Armory Dagger y Ruger RXM, para evitar que sean utilizadas como armas automáticas.

Si la medida se aprueba, no afectará a quienes ya poseen estas pistolas en Illinois, pero sí obligará a la industria a adaptar nuevas unidades antes de su comercialización.

La presión se extiende a nivel nacional: antecedentes y modificaciones

La iniciativa en Illinois replica una ley aprobada en California en 2023 y es observada por legisladores de Nueva York, Connecticut y Maryland, quienes discuten proyectos similares, indicó Alison Shih, asesora principal de la organización estadounidense Everytown for Gun Safety, en diálogo con Chicago Tribune.

Según Shih, modificar las pistolas para dificultar su conversión ilegal sería una adaptación técnica “menor”, comparable a exigir cinturones de seguridad en los automóviles antes de que salgan a la venta. Shih señaló: “Sabemos que esto puede salvar vidas y a veces la industria necesita un pequeño empujón”.

El proyecto se focaliza sobre todo en modelos tipo Glock, cuya estructura, a diferencia de otras marcas como Smith & Wesson o Taurus, resulta especialmente susceptible de ser alterada con herramientas comunes en menos de 20 minutos.

La norma también contempla la posibilidad de vender los inventarios existentes fuera del estado o a personal exento, como agentes de la fuerza pública, personal de seguridad en centrales nucleares o miembros de la Guardia Nacional.

En 2023, tras el tiroteo de Highland Park que dejó 7 muertos y casi 50 heridos, Illinois ya había adoptado una de las prohibiciones sobre armas de asalto y cargadores de alta capacidad más graves de Estados Unidos. Esa ley, que también incluyó los auto-sears y más de 100 tipos de rifles, pistolas y escopetas semiautomáticas, enfrenta litigios abiertos, pero la Corte Suprema federal, en 2024, rehusó intervenir mientras prosiguen los recursos. El juez Clarence Thomas expresó, no obstante, dudas ante lo que calificó como una restricción “altamente sospechosa”.

Opiniones divididas: fabricantes, comerciantes y organismos civiles

Las reacciones en el sector armamentista no se hicieron esperar. Justin Davis, portavoz de la National Rifle Association, argumentó ante Chicago Tribune que “obligar a Glock o a cualquier compañía del sector a alterar sus diseños es un despropósito”, y enfatizó: “Los criminales siempre encontrarán una alternativa; siempre buscarán la manera de delinquir”.

El propietario de la tienda Freddie Bear Sports de Tinley Park, Fred Lutger, consideró la medida como un intento legislativo adicional de restringir derechos y advirtió que el verdadero foco debería estar en el combate al “elemento criminal”, no en los fabricantes.

Por el contrario, dirigentes de ONG dedicadas a la prevención de la violencia armada, como Kathleen Sances, responsable del comité de acción política Gun Violence Prevention PAC, sostienen que la industria armamentista debe asumir responsabilidades y ser legalmente responsable por los daños asociados a sus productos. Sances declaró: “Debería recaer en ellos esa responsabilidad. Todos los fabricantes de productos de consumo responden por los perjuicios que ocasionan, salvo los de armas”.

En respuesta a la presión regulatoria, Glock actualizó el diseño de sus pistolas en 2025, sustituyendo el saliente plástico en la parte trasera por una guía de acero en sus modelos más recientes —generación V— con la intención de dificultar la conversión.

Sin embargo, Chicago Tribune verificó que rápidamente circularon videos de armas modificadas —incluidas esas nuevas versiones— disparando en modo automático, lo que evidencia las limitaciones de la respuesta técnica del fabricante.

Nuevas rutas en la agenda legislativa de Illinois

El proyecto, respaldado por los demócratas que dominan tanto el Ejecutivo como la Asamblea General de Illinois, según detalló Justin Slaughter, su principal impulsor, se inserta en una agenda más amplia que busca frenar el acceso ilegal a armas automáticas. Además de la medida sobre rediseño de pistolas, se evalúan proyectos complementarios: uno que exigiría la serialización y registro policial de toda la munición vendida, y otro que instauraría permisos de fabricación con tasas destinadas a financiar la atención médica y los servicios a las víctimas de violencia armada.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los poseedores de armas, encabezadas por la Illinois State Rifle Association, advirtieron por medio de su director ejecutivo, Richard Pearson, que la estrategia podría desencadenar una “costosa carrera de obstáculos” para los fabricantes, forzándolos a ajustes permanentes frente a posibles innovaciones delictivas.

Pearson afirmó que “prácticamente cualquier arma de fuego podría convertirse para disparar en modo automático” y que transferir la responsabilidad de los actos ilegales a los fabricantes constituye, a su juicio, un error de enfoque.

La discusión en Illinois se refleja en demandas similares planteadas contra Glock en otras jurisdicciones, incluidas Minnesota, Maryland, Baltimore, Seattle y Nueva Jersey. Las próximas decisiones legislativas y judiciales establecerán precedentes sobre cómo los estados pueden intervenir en el diseño de armas de fuego para frenar sus potenciales adaptaciones ilícitas.

La identidad de las víctimas fue confirmada por la Policía Nacional, se trata de Isaí Emmanuel Alvarado Flores, quien habría cumplido 18 años y su hermano Jorge Isaías Alvarado Flores, de 25 años. Testigos relataron que caminaban por una calle del caserío cuando sujetos armados los interceptaron y efectuaron múltiples disparos a corta distancia, provocando su fallecimiento inmediato.

Habitantes de la zona declararon su preocupación por la reiteración de sucesos similares, señalando una tendencia en la región a la impunidad y al recrudecimiento de las acciones violentas, atribuido a la presencia de grupos armados y la baja cobertura policial.

La rápida acción de los familiares, quienes retiraron los cuerpos de la escena antes de la llegada de las autoridades y los trasladaron a la vivienda familiar, reflejó la desconfianza hacia las instituciones de seguridad, complicando la recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos.

La mañana siguiente al doble homicidio, vecinos constataron la quema de varias propiedades y vehículos, así como el sacrificio de animales domésticos, incluidos cerdos, a manos de personas aún no identificadas.

Los residentes de Amaranguiles sospechan que los responsables serían los mismos individuos que ejecutaron el asesinato de los hermanos Alvarado Flores, aunque hasta la fecha las autoridades no han emitido confirmaciones oficiales.

Estos incidentes han generado un nivel de alarma sin precedentes y motivaron a los pobladores a exigir la intervención del Estado para evitar más ataques y dotar a la comunidad de garantías mínimas de seguridad.

La reacción del Ministerio Público no se hizo esperar. Personal de la institución se desplazó desde la ciudad de Catacamas con el objetivo de practicar el levantamiento legal de los cuerpos, recabar pruebas forenses y persuadir a los familiares para trasladar los restos a la capital.

La cooperación de los allegados fue limitada, obstaculizando el proceso de investigación y dificultando la identificación de los responsables. La ausencia de declaraciones oficiales y la demora en la toma de medidas concretas avivaron la percepción entre los vecinos de que están desprotegidos frente a la escalada de violencia.

La región de Olancho enfrenta una problemática persistente de criminalidad, reforzada por la escasa presencia policial y la acción de grupos armados. Según señalaron los habitantes de Amaranguiles, la impunidad y la falta de acciones preventivas incrementan la sensación de vulnerabilidad, especialmente entre los jóvenes, quienes con frecuencia resultan víctimas colaterales de disputas ajenas a su voluntad.

La doble ejecución de Isaí y Jorge Alvarado Flores no se limita a la pérdida irreparable para una familia: constituye la manifestación de un patrón en el que el asesinato es acompañado de represalias materiales, como la quema de bienes y la matanza de animales.

Este modus operandi busca intimidar a familiares y testigos, instalar el miedo y perpetuar el silencio en el entorno.

La proximidad de rutas por las que circulan armas y la dispersión geográfica aumentan la dificultad de intervención y resguardo estatal, según expertos.

La intervención tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público es considerada fundamental para la reconstrucción de los hechos, la obtención de testimonios y la identificación de los agresores. No obstante, la tardanza en la llegada de los agentes, sumada a la colaboración reticente de las familias directamente afectadas, revela una fractura en la relación entre las comunidades rurales y las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia.

El miedo a represalias y la urgencia familiar de proteger a sus seres queridos primaron sobre la preservación de la escena del crimen, afectando la calidad de la investigación.

La falta de respuestas institucionales inmediatas ha motivado a vecinos y familiares a exigir un refuerzo de la seguridad y la acción directa de las autoridades nacionales, con la expectativa de acabar con la impunidad y evitar nuevas tragedias.

El ataque violento, al parecer, ocurrió durante el 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección, cuando en el parque había presencia de feligreses que esperaban una procesión.

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La grabación captó cómo uno de los gestores de convivencia, con un bastón de mando en mano, se acercó a un hombre con camiseta azul, le ordenó tirarse al suelo y, tras la negativa, inició un forcejeo que culminó en agresiones físicas.

La Personería Distrital de Medellín anunció la apertura de una indagación previa para determinar si existió una falta disciplinaria por parte de los funcionarios implicados.

“Con la indagación previa se logrará determinar si existió la comisión de una presunta falta disciplinaria, así como la individualización de los servidores públicos que pudieran ser objeto de la ley disciplinaria”, dijo Yenny Teresita Serna, personera delegada en Asuntos Disciplinarios, citada por El Espectador.

El grupo de gestores de convivencia fue creado durante la administración de Federico Gutiérrez, con el objetivo de mediar en conflictos en el espacio público y acompañar aglomeraciones en la ciudad.

La agresión de los gestores de convivencia despertó polémica

Las imágenes, que llegaron a las manos del presidente Gustavo Petro, despertaron una controversia sobre las facultades otorgadas a los servidores urbanos de Medellín.

En su cuenta de X, el primer dignatario calificó el hecho como una “arremetida de bandas fascistas a sueldo público” y ordenó a la Policía Nacional no permitir este tipo de acciones, que definió como “parapolicial o paramilitar”.

Incluso, Petro recordó que la función principal de la Policía es la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Mientras tanto, la respuesta desde Medellín, en contraposición al presidente, fue defender la labor de los gestores de convivencia y afirmar que la polémica se debe a la “desinformación”.

El secretario de Seguridad Villa Mejía, incluso, destacó que los extranjeros involucrados ya tenían antecedentes. A través de un video, el funcionario dijo que el hecho se produjo en el contexto de una intervención dirigida a un grupo de ciudadanos extranjeros señalados de alterar el orden en la zona.

Relató que los extranjeros estarían “orinando y consumiendo droga al frente de la Catedral Metropolitana, en presencia de niños y feligreses, además de insultar y agredir previamente a los gestores por solicitarles que no lo hicieran”.

De hecho, de acuerdo con el reporte oficial, la persona que apareció en el video fue trasladada al Centro de Traslado por Protección (CTP) y recibió un comparendo por las conductas mencionadas. De la misma manera, Villa Mejía escribió en su perfil de X:

“En Medellín la autoridad no se negocia, ni se desdibuja con desinformación. Aquí los hechos son claros: hubo comportamientos que alteraron el orden público, agresiones a gestores de convivencia y una acción institucional dentro de la ley por parte de nuestra Fuerza Pública”.

Y a Petro le dijo: “El que trabaja, negocia y pacta con bandidos es su gobierno. Aquí no existen bandas fascistas ni parapolicías, como usted lo dice. Aquí hay gestores de convivencia y una institucionalidad, incluyendo la Policía Nacional, actuando dentro de la ley (sic)”.

Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez escribió en su perfil de X: “Autoridad y orden”.

No es la primera vez que este grupo de ciudadanos enfrenta cuestionamientos: en octubre de 2025, videos de agresiones contra manifestantes durante una marcha propalestina también generaron críticas y llevaron a la apertura de investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo.

Ana Febe Rojas es descrita por su hermana, Axa Liliana, como una joven creativa interesada en el bienestar de las personas, lo que la llevó a estudiar la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, para después dedicarse a enseñar a niños con discapacidad.

Entre lagrimas, su hermana recuerda que ambas soñaban con salir del país y tener hijos, pero a sus 28 años y después de cinco meses de haberse casado con Christian Felipe “N”, de 37 años, Ana Febe fue localizada sin vida y con signos de violencia en el baño de su casa de la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México.

En entrevista con Infobae México, Axa Liliana contó que su hermana pudo informar a su familia tan solo doce días antes de su muerte la violencia que su esposo ejercía en su contra desde el primer día que se casaron; sin embargo, diversos indicios de esta situación también fueron percibidos al notar un cambio de comportamiento en Ana Febe.

El caso de Ana Febe es denunciado por sus familiares debido a las irregularidades constantes que percibieron desde el momento en el que fueron notificados de su fallecimiento, las cuales continúan debido a que la carpeta de investigación está dirigiendo la causa de muerte a una posible intoxicación y no fue enviada a la fiscalía de feminicidios.

Tanto sus padres, Fidel Rojas y Ma. Isabel Vega, así como Axa Liliana, relataron a esta casa editorial la angustia y falta de atención que han recibido por parte de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) al solicitar las circunstancias del asesinato de Ana Febe, quien a pesar de presentar indicios de violencia, en la carpeta de investigación no se mencionan.

De la falta de resguardo del inmueble hasta la participación de los pastores de su congregación

El asesinato de Ana Febe no se puede entender sin la congregación cristiana “El Remanente”, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa. En este sitio la joven se casó con Christian Felipe “N” debido a que él pertenecía a ella y era cercano a los pastores, identificados como Jorge “N” y Verónica “N”.

El 24 de marzo, el día en que Ana Febe murió, sus padres recibieron una llamada por parte de los pastores decirles que su hija había tenido un percance en el baño alrededor de las 21:00 horas, y que se encontraba muy grave.

De acuerdo con sus declaraciones, Ana Febe se estaba pintando el cabello cuando sufrió una caída, la cual le provocó vomito y que le fuera realizada la técnica de RCP.

Cuerpo de Ana Febe presentaba huellas de violencia que no fueron integrados a la carpeta

La hermana de Ana Febe relató que mientras esperaban a los peritos, un policía se encontraba restringiendo la zona, pero sin un protocolo adecuado debido a que en ningún momento acordonó el lugar y él declaró que sí lo hizo.

La situación de irregularidades no solo ocurrió con la presencia tanto de familiares de Christian Felipe “N” y de los pastores de la congregación, sino que Axa Liliana pudo observar al arribo de los peritos el cuerpo con huellas de violencia de su hermana.

Axa comentó que al rendir su declaración pudo comentar la violencia que su hermana vivía por parte de Christian Felipe “N”, pero aún así el caso no se trasladó a la Fiscalía de Feminicidios y se inició la carpeta por el delito de homicidio doloso, la cual permanece igual hasta el momento de la publicación de esta nota.

Al tener que identificar el cuerpo de su hermana en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), Axa pudo observar aún más signos de violencia.

“Soy yo quien la reconoce, y vuelvo a ver estas lesiones, también como en el cráneo, sangre en ojos, en nariz, orejas, boca. Después de que se hizo la necropsia me dan los resultados preliminares, pero sacan un resultado de la causa de muerte en donde no se menciona violencia, donde no mencionan estas marcas, estos hallazgos que tanto mis padres como yo vimos al momento de ver el cuerpo”, comentó.

Sobre los resultados faltantes de laboratorio, las autoridades le informaron que le serían entregadas dentro de un mes; sin embargo, Axa y sus padres ya cuentan con el acta de defunción de Ana Febe, la cual establece como causa de muerte una congestión visceral generalizada.

Ana Febe alertó a sus padres de la violencia que sufría doce días antes

El padre de Ana Febe comentó que su hija los llamó el 12 de marzo para que la recogieran de su casa porque Christian Felipe “N” la había “corrido a empujones”, por lo que la llevaron a su hogar.

Durante una semana, la joven pudo informar a sus padres la violencia que su esposo ejercía en su contra, donde utilizaba almohadas para evitar dejarle marcas en el cuerpo.

“Ella nos dijo ‘vengan por mí, porque me corrió a empujones (su esposo). Estuvo aquí hasta el 18 de marzo, platicamos con ella. Nos informó que le ponía una almohada para golpearla y que no se notaran los golpes (…) Yo le dije: ‘Ani, ¿qué quieres tú, hija? Ten cuidado con esto, con lo otro’. Y ella de cierta forma, con cierto enojo, realmente, tengo que decirlo, así contra mí, como que yo estaba exagerando, dijo: ‘No, no va a pasar nada, no me va a lastimar, no va a ser capaz de más’”, comentó su padre.

Al respecto, su madre también señaló que Ana Febe le dijo que derivado de un golpe le habría lastimado el tabique de la nariz: “Si le examinan su nariz y por alguna razón tuvieran que tener que volver a hacerlo, su nariz se le veía chueca, su tabique. Hasta me dijo: ‘Mamá, creo que me lastimó el tabique’”.

Los familiares detallaron que Ana Febe regresó con Christian Felipe “N” dos días antes de ser localizada sin vida en su propia casa. Durante esa semana que permaneció con ellos, también descubrieron -por personas de la congregación- que el sujeto había tenido un matrimonio previo, donde su exesposa también sufrió violencia.

Ante los hechos, la familia de Ana Febe exige a las autoridades que se realice un peritaje adecuado, que les den claridad en los resultados de la necropsia y que la carpeta de investigación sea trasferida a la Fiscalía de Feminicidios para que la muerte de la joven tenga justicia.

Durante la Semana Santa de 2026, las autoridades dominicanas informaron de una importante reducción en los principales indicadores de criminalidad, lo que marca una mejora atribuida a las nuevas estrategias de intervención policial. Estos resultados, presentados en un informe elaborado por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva y difundidos por las autoridades, señalan que la implementación de operativos focalizados así como acciones preventivas fue determinante para modificar la violencia habitual durante el asueto, especialmente en las zonas identificadas con mayor riesgo.

Estos datos suponen el mejor comportamiento en la serie reciente, según señalaron fuentes policiales al presentar el balance correspondiente al período comprendido entre el Domingo de Ramos y el Sábado Santo. Uno de los descensos más notables fue el de los robos, con 766 casos reportados, una cifra que representa una caída del 57% respecto al promedio histórico de 1,800 incidentes registrados en años anteriores durante la misma semana, según cifras oficiales difundidas por las autoridades dominicanas.

La Semana Santa de 2026 estuvo marcada también por un descenso en los homicidios registrados, con 15 muertes violentas informadas en el territorio nacional. Este número contrasta con las 32 muertes que, de acuerdo con los registros, se producían para este periodo durante los años comprendidos entre 2023 y 2025. Este descenso significa una reducción del 53% en materia de homicidios en comparación con el promedio de los años previos, según el análisis del documento estadístico.

En el caso de los lesionados en hechos de violencia, los datos del informe señalan que 52 personas resultaron heridas durante el asueto. El promedio registrado en años recientes para esta etapa era de 75 heridos, lo que implica una reducción de alrededor del 31%. Esta tendencia a la baja no solo se observa en los homicidios y robos, sino también en la cantidad de emergencias atendidas por las fuerzas de seguridad y asistencia médica, lo que refuerza la percepción de mayor seguridad en el período evaluado, según el balance oficial.

La mayor parte de las emergencias y delitos continuaron concentrándose en el área del Gran Santo Domingo, particularizando en sectores como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste. Estas demarcaciones mantienen la condición de puntos críticos, motivo por el cual las autoridades han intensificado allí las intervenciones focalizadas para contener la actividad criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, el énfasis en el refuerzo de acciones preventivas y la asignación estratégica de recursos permitió identificar y cubrir más eficazmente los horarios y zonas históricamente más vulnerables, lo que impactó en la reducción global de los delitos registrados en estas fechas.

El informe presentado subraya que estas cifras representan el desempeño más favorable en la serie histórica recogida para este período vacacional. No obstante, las autoridades, representadas por la Policía Nacional, advierten que estos datos todavía tienen carácter preliminar y que continúan los procesos internos de verificación y consolidación de la información antes de emitir el informe final detallado.

Conforme a la información recabada por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva, el consolidado de emergencias atendidas muestra una mejora estadística significativa para la Semana Santa 2026, posicionando a este período como un punto de inflexión respecto a años recientes en materia de seguridad pública y respuesta operativa de las fuerzas del orden en República Dominicana.

La violencia sigue dejando su marca en Honduras. La noche del domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el sector Las Selvas, comunidad de El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso.

Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales, cuyos nombres ahora se suman a la larga lista de homicidios registrados en el país durante los primeros meses de este año.

Según información preliminar proporcionada por autoridades policiales, cuatro sujetos armados llegaron al lugar en dos motocicletas y, sin mediar palabra, ingresaron a la vivienda de Canales, abriendo fuego contra los presentes.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron de la escena, dejando a la comunidad consternada por la violencia de este hecho.

El comisionado Wilber Reyes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales.

Carlos David Canales contaba con antecedentes por delitos relacionados con tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, mientras que Edilio García Cruz había sido capturado en noviembre de 2022 por el delito de lesiones.

La presencia de antecedentes criminales en dos de las víctimas ha llevado a las autoridades a considerar como principal hipótesis del ataque una disputa por el control de territorios vinculados al narcotráfico.+

Por su parte, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, no se reportan capturas, y se continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables.

La escena fue acordonada por los agentes que iniciaron la recopilación de pruebas, mientras los vecinos del sector permanecen consternados por la violencia que irrumpió en su comunidad en plena noche.

La masacre de Danlí se suma a un preocupante patrón de violencia en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se han registrado seis masacres en distintas localidades del país.

Cada una de estas tragedias ha cobrado la vida de varias personas, evidenciando la persistencia de la violencia letal y la vulnerabilidad de las comunidades hondureñas. Entre estas masacres se incluyen:

• Olanchito, Yoro, el 10 de enero, con 3 muertos.
• La Masica, Atlántida, el 17 de febrero, con 5 muertos.
• San Andrés, Lempira, el 9 de marzo, con 3 muertos.
• El Progreso, Yoro, el 12 de marzo, con 4 muertos.
• Sulaco, Yoro, el 13 de marzo, con 5 muertos.
• Danlí, El Paraíso, el 5 de abril, con 3 muertos.

Estos hechos reflejan un promedio de seis homicidios diarios en el país, según datos del OV-UNAH, y muestran cómo la criminalidad organizada y las disputas por control territorial continúan afectando la vida cotidiana de los hondureños.

Vecinos del sector Las Selvas describieron la noche del domingo como un momento de pánico y desesperación. “Fue un momento muy fuerte, nunca habíamos visto algo así en nuestra comunidad. Escuchamos los disparos y todo quedó en silencio después de que huyeron los atacantes”, relató un habitante del sector, quien prefirió mantener su nombre en reserva. La violencia irrumpió en la tranquilidad de la comunidad, dejando un impacto profundo tanto emocional como social.

Las autoridades han llamado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para dar con estos criminales y llevarlos ante la justicia. No descartamos ninguna hipótesis y seguimos recolectando evidencia en la escena del crimen”, indicó Wilber Reyes, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana.

El clima de violencia continúa afectando las mujeres en Honduras, evidenciando poca relación entre los mecanismos de protección y justicia.

En los primeros meses del año, las autoridades han contabilizado 59 feminicidios en diversas regiones del país, lo que revela la urgencia de reforzar las acciones estatales para frenar esta escalada de agresiones.

La muerte de Valeria Jolette, fue uno de los casos que más ha llamado la atención en lo que va del año, según las autoridades se trató de un crimen premeditado y con saña, en contra de la joven que soñaba con ser médico.

El patrón que emerge de los casos de 2026 revela que un segmento significativo de las víctimas había presentado denuncias de amenazas o agresiones antes de ser asesinadas.

Honoria Rodríguez, defensora de los derechos de las mujeres hondureñas, señaló, en diálogo con medios locales, una grave falencia institucional: “Algunas mujeres que terminaron asesinadas habían denunciado agresiones de sus parejas u otras personas, pero nunca se hizo ninguna investigación ni se les brindó protección”.

Rodríguez explicó que la ruptura del proceso de protección involucra tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público y el sistema judicial, destacando esta falta de coordinación ha beneficiado a los agresores durante años.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han planteado la urgencia de reformular y coordinar la respuesta de los entes públicos responsables. Rodríguez demandó una actuación conjunta: “Se requiere que las autoridades trabajen de manera coordinada para garantizar seguimiento y protección real a las mujeres que denuncian violencia”.

Expertos destacan que la mayoría de estos crímenes permanecen impunes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha informado que “más del 95% de los casos se quedan impunes”, ubicando a Honduras entre los países centroamericanos con mayor riesgo para las mujeres. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el ensañamiento y las modalidades de violencia observadas en estos asesinatos.

Desde el año 2005 hasta 2024, el Observatorio Nacional de la Violencia Muerte Violenta de Mujeres y Feminicidios documenta un total de 7,746 asesinatos de mujeres y feminicidios en el país. Según el mismo estudio, la tendencia ascendente alcanzó un pico en 2013 con una tasa de “14.6 por cada 100.000 habitantes mujeres”. Si bien entre 2014 y 2022 se registró una disminución gradual, 2023 marcó nuevamente un aumento de casos respecto del año anterior.

Con base en los datos sistematizados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la frecuencia de muertes de mujeres es “una víctima cada 36 horas”. En términos mensuales, esta estadística representa entre 29 y 30 mujeres asesinadas cada mes en el país centroamericano. La directora del Observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió a medios locales que esta realidad configura una emergencia social: “Lo estamos viendo como una emergencia, porque día con día se pierde la vida de muchas mujeres y niñas”.

Nicole Ham, oficial de la Defensoría de la Mujer del CONADEH, especificó que cada muerte violenta “constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales”.

Ayestas resaltó que ni si quiera los feriados religiosos han significado una tregua, pues los asesinatos se produjeron también durante Semana Santa. Ham subrayó que el Estado tiene la obligación de realizar investigaciones exhaustivas y combatir la impunidad de estos delitos.

Tres adultos mayores fueron asesinados dentro de un establecimiento público en el municipio de Guachené, departamento del Cauca, por hombres armados que ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones, según información confirmada por las autoridades y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). El hecho se registró el domingo 5 de abril y ha generado una respuesta institucional que insiste en la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en la zona.

Según información conocida por Blu Radio, los hechos ocurrieron cuando tres adultos mayores se encontraban en un establecimiento de la vereda Obando, en Guachené, Cauca, y fueron atacados por sujetos armados que abrieron fuego dentro del local. Las víctimas fallecieron en el sitio. La Policía de Cauca y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles y determinar la identidad de los responsables.

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT), dirigida por Giovani Yule, condenó el crimen e hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar en la identificación y captura de los responsables.

“La URT condena enfáticamente los hechos de violencia reportados, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y demás acciones que atentan contra la vida, la integridad y permanencia en el territorio de estas familias”, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

Accionar de grupos armados ilegales y contexto humanitario

La URT alertó sobre la continuidad de la violencia perpetrada por grupos armados ilegales en el sur del Cauca. En el comunicado oficial, la entidad advirtió que estas acciones han elevado el temor entre los habitantes y agravado el panorama humanitario en la región. Además, el organismo remarcó la condición de vulnerabilidad de los adultos mayores y habitantes sujetos de especial protección constitucional.

En el pronunciamiento, la Unidad de Restitución de Tierras informó que se están articulando acciones institucionales con entidades del Gobierno para atender las denuncias, acompañar a la comunidad y activar rutas de protección y atención integral para las víctimas.

Reacciones y demandas de la comunidad

De acuerdo con información obtenida por Blu Radio, la población de Guachené ha manifestado preocupación por la seguridad y ha solicitado la intervención urgente de las autoridades estatales frente al aumento de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas en la zona. Líderes sociales y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la persistencia de hechos violentos y la necesidad de medidas inmediatas que permitan restablecer la seguridad.

En el comunicado institucional, la URT reiteró la necesidad de que “las autoridades adopten medidas inmediatas y efectivas, que permitan garantizar los derechos de la población civil y restablecer las condiciones de seguridad en la zona”. El organismo también anunció el acompañamiento permanente a las familias afectadas y la coordinación de respuestas integrales ante la situación.

Investigación en curso y antecedentes recientes

La Policía de Cauca y la Fiscalía informaron que se mantienen en curso las investigaciones para determinar los móviles de este homicidio múltiple y la posible relación con la disputa territorial entre actores armados ilegales. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso.

Según registros de la Unidad de Restitución de Tierras, la región ha enfrentado reiteradas denuncias por vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados y amenazas. El organismo estatal subrayó que la presencia de actores armados ilegales ha generado un impacto significativo en la vida y seguridad de los habitantes de Guachené y otras zonas rurales del Cauca.

Acciones institucionales y compromiso estatal

La URT señaló que, en articulación con entidades del Gobierno, se están ejecutando acciones para la atención de las denuncias y el acompañamiento a la comunidad de Guachené. Entre las medidas adoptadas figuran la activación de rutas de protección y la atención integral a las víctimas en el marco de las competencias de la entidad.

“La Unidad reitera su compromiso con la defensa de los derechos territoriales y la dignidad de las comunidades, y continuará atenta a la evolución de esta situación, brindando el acompañamiento que corresponda”, puntualizó la entidad en el comunicado conocido por Infobae.

Todo comenzó con una pelea aparentemente menor por el uso del lavarropas. Según los relatos dentro de la casa, Paganini habría retirado la ropa de Pincoya del electrodoméstico, generando la furia de la chilena. El conflicto escaló rápido: Pincoya le lanzó un escupitajo a la argentina y Tamara respondió tirándole encima una taza de agua caliente. Esta escena, presenciada por varios compañeros, desató el caos y dejó a toda la casa en vilo.

La situación se tornó más grave cuando Pincoya, visiblemente alterada y dolorida, comenzó a pedir ayuda médica a los gritos por toda la casa. “Estaba tomando café caliente...”, se quejaba mientras buscaba atención. Andrea del Boca, también participante, intervino preocupada. “¿Te lo tiró todo?”, preguntó, a lo que Pincoya asintió. “No me voy a poner agua, que me salgan ampollas”, agregó la chilena, refiriéndose a las ampollas que temía le salieran por la quemadura.

En medio de la conmoción, otros participantes intentaron entender lo ocurrido y calmar los ánimos. Brian Sarmiento, recordando el clima tenso de la noche anterior, comentó: “Ya ayer me callaron. Después de la pelea que tuvimos anoche...”. El intercambio de versiones y los nervios aumentaron, mientras Pincoya insistía en que necesitaba atención médica urgente. “Jefe, ábrame la puerta porque la taza estaba caliente. Necesito un médico. Gran Hermano, lo necesito porque me quemaron con agua caliente”, expresó, a los gritos, ante la puerta del confesionario.

Daniela de Lucía fue una de las que se acercó para socorrer a Pincoya y tratar de entender el origen del conflicto. “¿Qué pasó?”, preguntó al ver el estado de su compañera. “Me tiró la taza de agua hirviendo”, respondió Pincoya sin dudar. “¿Quién?”, repreguntó Daniela. “La Tamara, porque yo le mandé un pollo, le escupí...”, reconoció la chilena, admitiendo que su reacción había sido en respuesta a una provocación previa. La situación, lejos de calmarse, continuó escalando. “Sí, pero yo no me voy a hacer primeros auxilios, que venga el personal”, exigió Pincoya, negándose a cualquier intervención de sus compañeros y esperando la llegada del médico.

La secuencia siguió sumando testigos y preguntas. “¿Por qué no te tirás agua fría?”, sugirió Daniela, buscando un alivio rápido. Pero Pincoya se negó: “No, no me voy a tirar agua, que salgan ampollas. Que venga el médico y que me atienda, porque me tiró agua caliente mientras estaba tomando café”, insistió mientras tosía y seguía pidiendo atención.

Solange Abraham también se acercó alarmada: “¿Qué pasó?”. “Me tiró agua caliente, así que... Eso”, repitió Pincoya, visiblemente afectada. “Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó la pelea?“, quiso saber Solange. La chilena explicó: “No, porque ella me va a sacar el lavarropas. Todas las veces me va a tirar. Yo estoy secando ropa y me la tira del lavarropa. Y yo la fui a pescar y le fui a decir que pare su weá. Y ella después me saca la lengua para darme un beso y yo le escupí”.

Así, la convivencia en Gran Hermano vuelve a demostrar que, más allá del formato y las generaciones, las pasiones, los roces y los estallidos están siempre a la orden del día, y que cualquier pequeño desencadenante puede convertirse en el centro de la escena y cambiar el rumbo de la competencia.

La reciente detención de un hombre guatemalteco en la ciudad de Ogden, Utah por parte de la policía local ha reavivado el debate sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos y el seguimiento de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias. El individuo fue aprehendido tras ser acusado de secuestroagravado y agresión sexual a una adolescente, caso que podría derivar en una larga condena antes de una eventual deportación.

Según documentos judiciales citados por la policía de Ogden, el arrestado fue identificado como Israel Itzep Ixcoy, de 41 años, frente a cargos que incluyen secuestro agravado, violación y otros delitos conexos. De acuerdo con el capitán Timothy Scott, la policía detuvo el vehículo donde viajaba la víctima, una joven de 15 años que conducía en compañía de Ixcoy como copiloto. Las inconsistencias en sus declaraciones y la edad de la conductora motivaron una investigación inmediata, informó la policía a los medios locales.

La menor relató que Itzep Ixcoy, aprovechanado que eran vecinos con cierta relación familiar, la persuadió para salir de su casa con la promesa de comprarle golosinas. Posteriormente la llevó a su habitación, cerró la puerta y la agredió sexualmente, según consta en el expediente citado por la policía de Ogden. Las autoridades resaltaron que este incidente refleja patrones donde los agresores buscan ganarse la confianza de menores empleando regalos, dinero o atención especial. Expertos en psicología infantil consultados por la policía insisten en la importancia de que los padres supervisen la vida social de sus hijos y mantengan canales de comunicación abiertos para prevenir escenarios de “grooming”.

Las consecuencias para Itzep Ixcoy se agravan por su estatus migratorio. Según informaron las autoridades migratorias tras la detención, existe una orden de detención activa contra el acusado. Documentos del caso revelan que fue deportado previamente en 2014, lo que implica que, en caso de condena, podría pasar varios años en prisión antes de ser devuelto a Guatemala.

Seis trabajadores guatemaltecos detenidos tras denuncia de su empleadora en Maryland

El 24 de marzo de este año, seis trabajadores guatemaltecos fueron detenidos en Cambridge, Maryland, luego de ser denunciados por la propietaria de la vivienda donde laboraban. El arresto fue llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un caso que llamó la atención de los medios a nivel internacional.

Bryan, uno de los migrantes, relató que la dueña de la casa, tras facilitarles una escalera para que descendieran de la azotea, esperó a que culminaran sus tareas y posteriormente alertó a las autoridades migratorias, con el objetivo de evitar el pago de al menos $10,000 por el trabajo realizado. Tras la intervención de ICE, los trabajadores ubicaron su camioneta, utilizada para desplazarse hasta el trabajo desde Glen Burnie, abandonada con las puertas abiertas en las inmediaciones.

El incidente tuvo amplia visibilidad debido a que el arresto fue transmitido en vivo durante unos 30 minutos por uno de los compañeros, Bryan Polanco, quien no fue detenido debido a que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos.

Mientras miles de ciudadanos participaban en procesiones, actividades religiosas o disfrutaban del turismo, distintos hechos sangrientos se registraron en varias regiones del país, dejando al descubierto una realidad persistente: la inseguridad continúa afectando a la población sin importar la fecha.

1. Mujer hallada calcinada en Choloma

2. Asesinan a mujer y luego hallan muerto al agresor

3. Exagente policial asesinado

4. Matan a conductor de transporte en San Pedro Sula

5. Encuentran cadáver envuelto en plástico en Choloma

6. Joven secuestrado y asesinado en la capital

7.Hallan cadáver de un joven en colonia Luisiana

8. Mujer asesinada con piedras en Tegucigalpa

9. Hombre degollado por un “amigo” en Copán

10. Ataque con machete en Lempira

11. Hallan cuerpo sin vida en una cuneta

Cada caso, desde asesinatos selectivos hasta ataques armados y hallazgos de cuerpos, refleja la urgente necesidad de fortalecer la seguridad, mejorar la acción de la justicia y proteger a los sectores más vulnerables.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la ciudadanía enfrenta un clima de temor e incertidumbre que pone de relieve los retos estructurales en materia de seguridad pública y prevención del crimen en el país.

Una mujer de 40 años fue detenida en la aldea Villa Vieja, en las afueras de Tegucigalpa, acusada de intento de asfixia, maltrato familiar y tráfico de drogas, tras un ataque contra su madre registrado en la madrugada del 2 de abril. La intervención inmediata de la Dirección Policial de Investigaciones permitió evitar consecuencias más graves en un hecho que, según informes, no habría sido un episodio aislado sino parte de un patrón previo de violencia al interior del hogar, mientras el país debate la magnitud de la violencia intrafamiliar.

A raíz de este hallazgo, se extendieron los cargos contra la mujer, quien también presentó una lesión en los dedos de la mano derecha y debió ser asistida en el Hospital Escuela antes de su traslado a una posta policial, conforme confirmó la Dirección Policial de Investigaciones.

El incidente, reportado por la víctima, ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera que conecta con Danlí. El informe preliminar, expuesto por la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia, detalla que la hija llegó al domicilio familiar en estado alterado, lo que generó una discusión que rápidamente derivó en agresión física.

La madre denunció que fue arrojada sobre la cama y que su hija intentó asfixiarla presionando una almohada contra su rostro. Durante la agresión, también le arrojó agua, lo que intensificó la sensación de peligro para la víctima.

La madre de la agresora afirmó que los episodios de maltrato eran constantes, y que en diversas ocasiones había sufrido violencia de parte de su hija, según narró la propia denunciante a la autoridad policial. Esta reiteración de ataques construye el contexto de abuso prolongado que acompaña el caso y que, de acuerdo con el reporte policial, motivó la rápida reacción de la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia.

La información proporcionada por la DPI especifica que, tras retirar a la presunta agresora del lugar, los oficiales inspeccionaron sus pertenencias y hallaron en su poder la presunta droga. Este hecho ha influido en la clasificación de los delitos imputados a la detenida: maltrato familiar y tráfico de drogas, en perjuicio directo de su madre.

Durante la revisión médica efectuada en el Hospital Escuela, personal de salud evaluó la gravedad de la lesión en la mano derecha, con el objetivo de garantizar el estado físico de la apresada antes de seguir con su tránsito judicial.

Tras recibir atención médica, la mujer pasó a disposición del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes bajo la legislación vigente sobre violencia doméstica y delitos de estupefacientes.

El caso de Villa Vieja se enmarca en un problema estructural que golpea a miles de hogares en Honduras, donde la violencia intrafamiliar aparece, según especialistas es asociada a factores como el consumo de drogas, el estrés acumulado y la falta de recursos para resolver los conflictos domésticos.

Diferentes organismos estatales desarrollan estrategias de atención y prevención, que incluyen asesoría legal, apoyo psicológico y refugio temporal, aunque reconocen los desafíos persistentes en comunidades donde los patrones culturales favorecen el silencio o la ocultación de los hechos.

Las autoridades instan de forma reiterada a la población a denunciar cualquier forma de maltrato familiar y a recurrir a los mecanismos institucionales de apoyo. Subrayan que la intervención oportuna puede resultar decisiva para salvar vidas y revertir entornos de violencia.

El mes de abril comenzó con un saldo de 47 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que evidencia que la violencia se mantiene como uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública.

El informe detalla que Guanajuato y Guerrero encabezan la lista con cinco asesinatos cada uno, seguidos por Veracruz con cuatro víctimas. En tanto, Ciudad de México, Colima, Jalisco y Nuevo León registraron tres homicidios respectivamente, mientras que Estado de México, Morelos, Sonora, Tabasco y Tamaulipas reportaron dos casos cada uno.

Estados concentran la mayor incidencia de homicidios

La distribución de los asesinatos confirma la persistencia de focos rojos en distintas regiones del país, particularmente en entidades donde la presencia del crimen organizado ha generado altos niveles de violencia en los últimos años.

Uno de los hechos más impactantes de la jornada ocurrió en Guerrero, donde autoridades reportaron el hallazgo de siete cuerpos desmembrados abandonados sobre la carretera Tlapa-Olinalá, en la región de La Montaña. Sin embargo, pese a la magnitud del crimen, en el conteo diario oficial solo se registraron cinco víctimas en dicha entidad.

El caso pone en evidencia las limitaciones de los reportes preliminares, los cuales pueden no reflejar de inmediato la totalidad de los hechos violentos ocurridos en una misma jornada, especialmente en zonas de difícil acceso o con alta presencia delictiva.

Violencia contra activistas y profesionistas

En Guanajuato, la violencia alcanzó nuevamente a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Fue asesinada Cecilia García Ramblas, integrante del grupo “Salamanca Unido, Buscando Desaparecidos”. De acuerdo con los primeros reportes, la activista fue privada de la libertad por hombres armados y posteriormente localizada sin vida.

Este crimen ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que han denunciado en múltiples ocasiones los riesgos que enfrentan las madres buscadoras en su labor, particularmente en estados con alta incidencia delictiva.

Por otro lado, en Veracruz se reportó el asesinato de José Antolín Montero Alpírez, médico y exdirector del Hospital Regional de Poza Rica, un caso que ha causado consternación en el sector salud y entre la población local.

Repunte alarmante en Guerrero

La violencia en Guerrero no solo se refleja en los hechos recientes, sino también en las estadísticas mensuales. De acuerdo con el informe preliminar de la SSPC, la entidad registró en marzo un incremento del 105 por ciento en homicidios, al pasar de 42 víctimas en febrero a 82 en marzo.

Este aumento coincide con un contexto de disputas entre grupos delictivos y una creciente presión sobre las autoridades estatales para contener la escalada de violencia.

La entidad es gobernada por Evelyn Salgado Pineda, mientras que su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, se perfila como un actor político relevante en la región, lo que añade un componente político al análisis de la seguridad en el estado.

Un estudiante de séptimo grado ingresó con una pistola de aire comprimido y amenazó a sus compañeros durante una clase de Educación Física. El hecho ocurrió el pasado jueves 26 de marzo en la la Escuela Primaria Nº 40 de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz.

El menor, que tiene entre 11 y 12 años, habría exhibido el arma al llegar al establecimiento y en el acceso a la clase, apuntando a otros estudiantes. La comunidad educativa demandó explicaciones claras a directivos y autoridades provinciales. Algunos padres pidieron la expulsión inmediata del alumno, otros reclamaron una revisión exhaustiva de los protocolos de prevención y seguridad, y todos enfatizaron la necesidad de respuestas eficaces.

Las familias consideran que el episodio trasciende la categoría de travesura ya que no es solo el peligro del arma, sino el contexto de vulnerabilidad de los alumnos dentro de la escuela. Uno de los padres, describió el arma involucrada como “una pistola de aire potente que puede lastimar muy feo; un balín de esos puede incluso hacer perder la vista. No se puede decir que es una simple travesura”. Este testimonio aporta una dimensión concreta al temor que atraviesa a la comunidad escolar tras el incidente.

De acuerdo con especialistas, las pistolas de CO2 pueden disparar proyectiles a gran velocidad. En caso de impacto en zonas sensibles como ojos o rostro, pueden provocar lesiones severas, desde daños oculares irreversibles hasta traumatismos en la cabeza.

Hasta el momento de la publicación, no existe aún un comunicado oficial de las autoridades provinciales ni de la conducción escolar respecto al episodio del menor en Pico Truncado. La comunidad educativa permanece a la espera de definiciones sobre posibles sanciones y las acciones que se adoptarán para proteger la integridad de los estudiantes en adelante.

El incidente de Pico Truncado adquirió relevancia adicional por ocurrir poco después de la tragedia en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó armado. Ese caso provocó una conmoción nacional y puso en primer plano la cuestión de la seguridad en entornos educativos. Aunque la violencia letal en escuelas argentinas es infrecuente, la sucesión de estos episodios reactivó la preocupación y el debate sobre las medidas de prevención.

La tragedia de Santa Fe y la violencia escolar

Este episodio ocurre en medio de un momento de máxima sensibilidad por la reciente tragedia en Santa Fe, donde un alumno identificado como G.D, un adolescente de 15 años ingresó armado al colegio y mató a un compañero. En este marco, se intensificó el debate público sobre el alcance de la violencia escolar y la urgencia de medidas preventivas.

La Fiscalía de Menores, encabezada por Carina Gerbaldo y el fiscal Mauricio Spinosa, coordina la investigación con organismos de Salud, Educación, Justicia y Seguridad provinciales. Las autoridades aún no han realizado allanamientos en el domicilio del alumno, quien fue reducido dentro del establecimiento por un trabajador del colegio.

La única víctima fatal es Ian Cabrera, de 13 años. Otras ocho personas resultaron heridas, entre ellas seis estudiantes que fueron trasladados al hospital local. Dos heridos debieron ser derivados al Hospital Regional de Rafaela, incluyendo a un adolescente de 13 años ingresado en código rojo, quien permanecía lúcido y estable en el último parte conocido.

Padres y miembros de la comunidad educativa de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, aportaron testimonios relevantes para el caso. El padre de una alumna de quinto año aseguró que G.D. era víctima de episodios de bullying frecuentes. El hombre relató que, según uno de los compañeros de su hija, el adolescente habría dicho “la semana pasada que iban a morir todos” durante una clase. Esta supuesta amenaza no habría sido denunciada ni motivó actuación por parte de la institución.

El Gobierno de Santa Fe informó una baja abrupta en la cantidad de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026, con un total de 35 casos registrados en toda la provincia. Este descenso, según el informe oficial, representa una caída de más del 70 % respecto a los períodos de mayor violencia de los últimos años, como 2020 y 2023, cuando se contabilizaron 124 y 121 homicidios respectivamente. El dato fue presentado como un punto de inflexión en la política de seguridad local.

El recorte corresponde al primer trimestre de 2026 y destaca que hubo una baja notable en relación a los años 2020 y 2023, considerados entre los más violentos. En comparación con 2025, año que hasta ahora había tenido el mejor desempeño en materia de seguridad, la reducción es también sustancial. Según el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, en los primeros tres meses del año pasado se habían reportado 61 homicidios, lo que implica que la baja actual supera el 40%.

Las estadísticas oficiales muestran que el departamento Rosario sigue siendo el área con mayor concentración de hechos, aunque la tendencia descendente es clara: se registraron 23 homicidios en este primer trimestre, frente a 81 en el mismo período de 2023 y 38 en 2025. En La Capital, los casos fueron 7, mientras que el resto de la provincia sumó 5 homicidios dolosos.

El fenómeno de la reducción de homicidios fue calificado por las autoridades como “sin precedentes”. Santantino señaló que, si se compara con 2014, año en que se alcanzó el registro más alto de homicidios en un primer trimestre (135 casos), la diferencia es de 100 crímenes menos en solo tres meses.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, el análisis histórico subraya la magnitud del descenso. En 2022, la provincia había superado los 400 homicidios anuales, lo que da cuenta de la magnitud del desafío que enfrentaban las autoridades para revertir la tendencia. La caída actual fue atribuida a la continuidad y profundización de un plan de seguridad integral, que incluye diversas medidas y reformas implementadas desde el inicio de la gestión.

En la provincia de Santa Fe, la reducción de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 fue del 70 %, alcanzando así el valor más bajo en los registros históricos. Las autoridades atribuyen este resultado al refuerzo del plan de seguridad, el endurecimiento de controles en las cárceles, y la inversión en tecnología y equipamiento policial. El descenso fue particularmente notorio en los departamentos Rosario y La Capital, donde los indicadores de violencia han mostrado una tendencia sostenida a la baja.

El gobierno provincial destacó el impacto de las acciones orientadas al control de los denominados “presos de alto perfil” en las cárceles, decisión que, según fuentes oficiales, resultó clave para frenar la metodología de ordenar crímenes desde los establecimientos penitenciarios. Uno de los ejes centrales del operativo fue el avance en la construcción de infraestructura carcelaria, con el objetivo de sumar 1.152 plazas nuevas para presos de alta peligrosidad en la unidad penitenciaria “El Infierno”, ubicada en Piñero, junto a la Unidad Penitenciaria 11.

En relación a los medios empleados en los homicidios, el informe oficial señala que las armas de fuego continúan siendo el principal recurso utilizado, con una incidencia del 77,1 % a nivel provincial y del 82,6 % en el departamento Rosario. En La Capital, todos los homicidios dolosos registrados en el trimestre fueron cometidos con este tipo de armas.

El plan de seguridad puesto en marcha desde el inicio de la actual gestión incluyó la incorporación de patrulleros, camionetas, motos y equipamiento nuevo tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario. Además, se implementó un régimen de detención especial para internos de alto perfil y se avanzó en la tecnologización del sistema de vigilancia, que ahora cuenta con la plataforma de inteligencia artificial “Lince” para el monitoreo de cámaras de seguridad.

El Ministerio de Justicia y Seguridad también resaltó la importancia del trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y federal, y la aplicación de reformas como la desfederalización del narcomenudeo, la modificación del Código Procesal Penal y la creación de un área específica de Inteligencia provincial. Se sumó la implementación de un sistema de recompensas para quienes colaboren con información relevante sobre los delincuentes más buscados.

Desde el gobierno de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ratificaron las instrucciones para mantener y profundizar todas las medidas adoptadas hasta el momento. El objetivo, según el Ejecutivo, es sostener la tendencia a la baja y replicar las políticas exitosas en otras áreas sensibles de la provincia.

Según publicó el medio Informer TV, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, afirmó que menos de 4.000 personas participaron en las más recientes protestas en el país, restando importancia al alcance de estas movilizaciones. El mandatario respondió así a las críticas surgidas tras la muerte de una estudiante en la Universidad de Belgrado, la cual desencadenó una serie de concentraciones y manifestaciones que el gobierno califica como actos promovidos por una minoría radical y violenta. En ese mismo contexto, Vucic evitó ofrecer detalles precisos sobre una posible fecha para adelantar las elecciones, un tema que mantiene en expectativa a la opinión pública desde que él mismo lo mencionó como probable para antes de finales de año.

De acuerdo con Informer TV, el mandatario serbio declaró: "Nunca se sabe. Ellos las han pedido; ya veremos cuándo serán esas elecciones, no es ciencia espacial", mostrando así ambigüedad respecto al calendario electoral. Vucic recordó que a finales de 2025 había anunciado que los comicios se celebrarían en 2026, pero hasta el momento no se ha concretado el día en que podrían adelantarse. Esta falta de definición mantiene en incertidumbre a diversos sectores políticos y sociales que, tras los recientes acontecimientos en Belgrado, han solicitado más claridad sobre el proceso electoral.

La controversia principal gira en torno a la movilización estudiantil convocada tras la muerte de una joven de 25 años, quien falleció al caer desde la ventana de un quinto piso en una de las facultades de la Universidad de Belgrado. La información difundida por Informer TV relata que estos hechos motivaron una serie de protestas nocturnas que, según el presidente, estuvieron enfocadas por intereses políticos e incluyeron enfrentamientos con la policía. Vucic manifestó: "Hemos sido testigos de una violencia pura y sin adulterar en la que se ha atacado a agentes de policía. Esto demuestra que todo está llegando a su fin. Solo queda un pequeño grupo de personas", refiriéndose a los participantes en las protestas.

El presidente también calificó a los manifestantes como "radicalizados y extremistas", argumentando que la dimensión de las marchas ya no representa un movimiento masivo sino la acción de sectores minoritarios que buscan utilizar el episodio para objetivos políticos particulares. El informe de Informer TV recoge que Vucic insiste en la narrativa de que estas protestas resultan impulsadas por intereses ajenos al verdadero sentir de la sociedad serbia, y enfatiza que los actos violentos como los ataques a la policía demuestran el agotamiento de la movilización.

En términos del calendario electoral, la expectativa sobre el posible adelanto de los comicios permanece sin resolución. Aunque sectores opositores y algunos participantes en las protestas reclaman que se celebren elecciones anticipadas, Vucic reiteró que la decisión aún no está tomada y que cualquier anuncio dependerá de análisis y coyunturas futuras. Según consignó Informer TV, las palabras del presidente han generado debate respecto a la transparencia y la apertura del gobierno para dialogar sobre cuestiones cruciales del sistema democrático serbio.

El episodio registrado en la Universidad de Belgrado continúa generando atención tanto por la dimensión humana de la tragedia como por su efecto en la tensión social y política del país. Informer TV reportó que la muerte de la estudiante desencadenó respuestas variadas, desde el reclamo por seguridad en los recintos universitarios hasta la crítica hacia la gestión del gobierno en cuanto a las demandas ciudadanas. El contexto de las protestas, sumado a la ausencia de una fecha concreta para los comicios, compone el panorama actual que enfrenta Serbia en este final de año, según la información difundida por el medio.