De acuerdo con la información proporcionada por familiares y autoridades, los hechos ocurrieron la noche del domingo 28 de junio de 2026, minutos después de las 20:00 horas. Una cámara de videovigilancia vecinal captó el instante exacto en que un automóvil embistió a la joven en plena vía pública.

La difusión de las imágenes generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han exigido la pronta captura del conductor involucrado.

Familia de Brenda Michel acusa a expareja de la víctima

Familiares de Brenda Michel sostienen que el atropellamiento no habría sido un accidente, sino un acto motivado por conflictos personales ocurridos años atrás. Según su versión, el presunto responsable sería una persona conocida por la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar plenamente al conductor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

En entrevista con Nmás, Angélica Reyes, prima de Brenda Michel, aseguró que vecinos de la zona habrían identificado al presunto responsable.

“Ya muchos vecinos lo reconocieron, es vecino de las mismas calles donde sucedió el accidente y ya lo tienen ubicado. Tuvo alguna situación con él hace muchos años”, indicó.

Entre lágrimas, exigió a las autoridades investigar el caso como homicidio para que no haya impunidad: “Que se haga justicia porque mi prima tenía una vida por delante. No se metía con nadie; sus papás no tenían problemas con nadie. La gente que los conoce sabe qué tipo de personas eran y queremos justicia”.

Subrayó que han recibido informes de que el presunto responsable ha puesto a la venta el automóvil en Marketplace, plataforma de venta de Facebook.

La declaración ha incrementado la presión social para que las autoridades avancen en la investigación y emitan las órdenes correspondientes en caso de acreditarse responsabilidades.

Video del atropellamiento se convierte en pieza clave

El video captado por una cámara vecinal se ha convertido en uno de los principales elementos de prueba dentro de la investigación. En las imágenes se observa a Brenda Michel caminando acompañada de su novio cuando, de manera repentina, un vehículo la embiste.

El joven pide auxilio a personas que transitaban por la vía, mientras intenta hacer que su pareja, quien yace inconsciente en el asfalto, reaccione.

Tras el impacto, la joven fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica durante varios días. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció posteriormente.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y habitantes de Tecámac han intensificado las exigencias de justicia para Brenda Michel Trujano, al tiempo que solicitan la pronta localización y detención del presunto responsable.

En el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un episodio de violencia de género e intrafamiliar generó conmoción entre los vecinos durante la última semana. Un hombre de 46 años fue detenido por la policía tras protagonizar una agresión física y amenazas de muerte contra su pareja y su hija de 15 años, quien intervino para defender a su madre.

El hecho tuvo como detonante un reclamo económico. El incidente ocurrió en una vivienda del sector conocido como 18 Hectáreas, en Alto Comedero. El hombre ingresó a la casa y exigió a su pareja una suma de dinero. Ante la negativa, lanzó amenazas de muerte y la situación escaló rápidamente de una agresión verbal al ataque físico.

La hija adolescente se interpuso para proteger a su madre, acción que desató la furia del agresor, quien le pegó en el rostro a la menor. Según informó Jujuy al Momento, la intervención del hijo mayor de la familia resultó clave para frenar la situación.

La escalada de violencia se extendió con nuevas amenazas dirigidas a todos los integrantes del grupo familiar. En ese contexto, el hijo mayor, un joven de 20 años, intervino y logró reducir al agresor tras un forcejeo. Inmediatamente, el hijo efectuó un llamado telefónico a la policía, lo que permitió la llegada rápida de los efectivos de la Seccional Nº 63 al domicilio.

Los agentes constataron la gravedad del hecho y procedieron a detener al hombre, quien quedó alojado en la sede policial a disposición de la Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña. La madre de la familia fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia y solicitar medidas urgentes de protección para ella y sus hijos.

Por otro lado, Jujuy al Momento, comunicó que la hija menor debió recibir asistencia médica y contención psicológica por parte del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) debido a las heridas sufridas en el rostro y al estado de shock. El reporte puntualizó que la intervención profesional buscó resguardar tanto la integridad física como la emocional de la víctima tras el ataque.

En la provincia de Jujuy, los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar mantienen niveles de preocupación sostenidos, según distintos relevamientos recientes. De acuerdo con un informe de El Tribuno de Jujuy publicado el 28 de junio de 2026, solo en el último mes se registraron 11 episodios en los que hombres violaron medidas perimetrales impuestas por ejercer violencia de género.

En todos esos hechos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y, en la mayoría de los casos, la violencia se perpetró en el domicilio de la víctima, lo que refleja la persistente vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito doméstico. El mismo medio cita datos del observatorio nacional MuMaLá, que indican que Jujuy presenta la segunda tasa más alta de femicidios del país, con un promedio de 1,7 cada 100.000 mujeres y 63 víctimas en la última década. Además, el 72% de los crímenes ocurren en la vivienda de la víctima, lo que refuerza la gravedad de la problemática familiar.

Si sufris violencia de género, la Línea 144 se encuentra disponible en todo el país, brindando orientación especializada y confidencial durante las 24 horas. Ofrece una vía de ayuda fundamental para mujeres en situación de violencia de género y las autoridades y organizaciones insisten en la importancia de recurrir a estos recursos ante cualquier episodio de maltrato o amenaza, priorizando la seguridad y el resguardo de las víctimas.

Luego de que el pasado 29 de junio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, diera a conocer que su administración considera el retiro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, SJ (IDHIE) mostraron su preocupación y advirtieron falta de condiciones para llevar a cabo esta acción.

El mandatario estatal sustentó sus afirmaciones bajo la excusa de que informes oficiales indican que la entidad pasó del lugar número siete al doce en materia de feminicidios, sin embargo, ambas organizaciones destacaron que esto “no constituye, por sí misma, un indicador de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género”.

GIM sin sesionar y medidas no cumplidas evitan que se levante la Alerta de Violencia de Género

Destacaron la deuda del gobierno poblano con las mujeres, sobre todo, después de que en 2019 se levantara la AVGM, ya que de las “45 medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta en Puebla, únicamente 4 han sido cumplidas en su totalidad, mientras que 28 continúan en proceso de cumplimiento, 2 presentan cumplimiento parcial, 1 permanece pendiente, 1 fue pospuesta y 9 han sido incumplidas”.

Precisaron que para que el mecanismo se levante, debe haber “cumplimiento efectivo de las medidas establecidas, los avances institucionales y los resultados verificables en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Por lo anterior, la Alerta de Violencia de Género no debe levantarse solo tomando en cuenta datos estadísticos, ya que esto no muestra “evidencia que demuestre que las acciones implementadas han generado condiciones reales de seguridad para las mujeres y niñas”.

También resaltaron la falta de trabajos por parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el cual está enfocado en dar seguimiento a la medida implementada, mismo que “lleva más de un año sin sesionar, lo que ha impedido contar con nuevos dictámenes y realizar una evaluación integral sobre los avances y el cumplimiento de las acciones implementadas por el Estado”.

Gobierno solo reconoce 4 feminicidios de 38 muertes violentas de mujeres

Destacaron que aún está pendiente que la Secretaría de las Mujeres a nivel federal de a conocer el informe con las medidas de desaparición, el cual se concluyó en 2024. Cabe destacar que, la dependencia sigue sin titular, ya que la senadora Laura Itzel Castillo -quien fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum- asumirá funciones hasta septiembre de este año.

Señalaron que a las 38 muertes violentas de mujeres registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo de este año, “se suma la grave problemática de desaparición de mujeres y niña”.

“Este año, simplemente solo han acreditado cuatro feminicidios de 38 asesinatos de mujeres. Entonces, esto es importante porque los estados no están acreditando el delito", señaló la directora del OCNF, María de la Luz Estrada.

Armenta insta a evaluación técnica

El 8 de abril de 2019, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue decretada para 50 municipios de Puebla debido al aumento de agresiones hacia las mujeres. Armenta afirmó que apoyó la petición de dicha alerta durante su periodo como legislador.

No obstante, subrayó que las circunstancias han cambiado y planteó la necesidad de analizar si la entidad podría superar esta medida, siempre a partir de criterios técnicos y garantizando la protección de las mujeres.

Reiteró que los avances se deben a la coordinación de dependencias estatales con la Fiscalía local, además de la puesta en marcha de las Casas Carmen Serdány losCentros LIBRE.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinatos por violencia de género los crímenes de dos mujeres en Alicante y Málaga, lo que eleva a 27 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 y a 1.368 desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2003. Asimismo, el número de menores que han quedado huérfanos por esta violencia asciende a 14 en 2026 y a 524 desde 2013.

El primer caso corresponde a una mujer de 55 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 53 años, el pasado 2 de julio en Alicante. El segundo es el de una mujer de 35 años, asesinada presuntamente por su pareja, de 49 años, el pasado 31 de marzo en Málaga. Además, la víctima malagueña tenía una hija menor de edad. Cabe destacar que en ninguno de los dos casos constaban denuncias previas por violencia de género contra los presuntos agresores.

Dos mujeres asesinadas y una herida

Una mujer de 55 años y su hija de 20 fueron asesinadas presuntamente a cuchilladas por el marido y padre de ambas en una vivienda de la partida de El Fenollar, en el término municipal de Alicante. Otra hija de la familia, de 26 años, resultó herida de gravedad tras ser atacada también con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron el jueves 2 de julio, cuando la Guardia Civil fue alertada por el servicio de Emergencias 112. A su llegada, los agentes encontraron sin vida a la madre y a la hija, mientras que el presunto agresor y la otra joven herida fueron trasladados a un centro hospitalario. Según las autoridades, no constaban antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) entre el detenido y la mujer asesinada.

El presunto autor, de 53 años, permanece ingresado en el Hospital de Sant Joan d’Alacant bajo custodia policial. Aunque inicialmente la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó de que había recibido el alta médica y sería trasladado a dependencias de la Guardia Civil, finalmente los facultativos decidieron mantenerlo hospitalizado para realizarle nuevas pruebas médicas.

La confesión permitió localizar el cuerpo

El Ministerio también ha confirmado como crimen machista el asesinato de Cristina Catalá, una mujer española de 35 años cuya desaparición había sido denunciada el pasado mes de abril. Su cadáver fue localizado el miércoles 1 de julio en el interior de un pozo situado en una finca de Rincón de la Victoria (Málaga), tras la confesión de su expareja, de 49 años, que indicó a los investigadores el lugar donde había ocultado el cuerpo.

La autopsia preliminar, a la espera de los resultados definitivos, apunta a que la víctima presentaba signos de apuñalamiento y ahogamiento. Asimismo, la investigación llevó inicialmente a la detención de tres personas, entre ellas la actual pareja de la víctima.

Un juzgado de Málaga ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el presunto autor del crimen y para otro hombre acusado de haberle encubierto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El principal investigado está acusado inicialmente de un delito de homicidio, una calificación que podría modificarse conforme avance la instrucción.

La jueza Rosalmy Guerrero abrió juicio contra Oscar Eduardo F. A., acusado de arrojar ácido corrosivo a su expareja el 22 de junio de 2025 en Cristo Rey, en el Distrito Nacional de República Dominicana. Según la acusación, el ataque le causó quemaduras de primer, segundo y tercer grado en 24% del cuerpo y la mantuvo hospitalizada cerca de dos meses.

El Ministerio Público informó el 2 de julio que la decisión fue adoptada por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras acoger la acusación por actos de tortura y barbarie. La agresión ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la avenida Nicolás de Ovando esquina 41, cuando la víctima caminaba por la vía pública.

De acuerdo con el expediente, Oscar Eduardo interceptó a la mujer y le arrojó un líquido corrosivo conocido como plomerito o ácido del diablo en todo el cuerpo. Después, la víctima pidió ayuda a transeúntes, que llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La internación y la acusación formal

La mujer fue trasladada en ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora, donde permaneció ingresada alrededor de dos meses. El reporte médico incorporado al caso documentó las quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

La fiscal investigadora Johanna Taveras otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 303 y 303-4, numerales 7 y 10, del Código Penal Dominicano. También incluyó el artículo 75, párrafo I, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La fiscal litigante Rut Esther Hicks representó al Ministerio Público en la audiencia en la que se dictó el auto de apertura a juicio. Esa resolución implica que el proceso pasará a una fase de juicio de fondo, con la acusación ya admitida por el tribunal de instrucción.

Las pruebas y los antecedentes del caso

El expediente sostiene que, antes del ataque, el imputado había enviado mensajes de amenaza a la víctima desde su teléfono móvil. La investigación también estableció que realizó llamadas a la mujer horas antes de la agresión.

Según la acusación, el Ministerio Público reunió pruebas testimoniales, médicas y documentales. A ese conjunto se sumaron videos, fotografías y una memoria USB con grabaciones que muestran tanto el momento de la agresión como la huida del acusado.

El arresto y los heridos

Oscar Eduardo fue arrestado el 11 de julio de 2025 en cumplimiento de la Orden Judicial de Arresto núm. 2025-AJ0040387, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera tipo chilena, municiones de distintos calibres y un teléfono celular.

Durante el arresto, el imputado se resistió e hizo disparos contra los agentes. En ese enfrentamiento resultó herido de bala en la pierna derecha.

También resultó herido el sargento de la Policía Nacional Jhonatan Rafael Paula Montero. El diagnóstico médico del Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina estableció que sufrió una fractura cerrada de tibia y peroné derecho.

El Juzgado Correccional N° 3 de la provincia de Catamarca sentenció a un efectivo policial de la provincia, culpable de lesionar y amenazar de muerte a su expareja. El caso de violencia de género, derivó en una pena de diez meses de prisión en suspenso, junto con una serie de medidas restrictivas y obligatorias para el agente.

Durante el juicio oral, el efectivo policial -cuya identidad no fue difundida para resguardar a la víctima- reconoció su responsabilidad por los hechos ante el tribunal. Según Catamarca Actual, la condena estuvo a cargo del fiscal Víctor Figueroa y su defensa fue el letrado Efraín Morcos. La declaración del acusado fue un elemento central para la causa.

La condena dictada por el juez Javier Herrera, estableció que el policía es responsable por lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y amenazas simples. En ese marco, el condenado deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante tres años, además de la pena de prisión en suspenso.

Entre las medidas impuestas, se encuentra: la obligación de fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas, y evitar cualquier tipo de contacto con la víctima, salvo para cumplir con obligaciones parentales respecto de la hija que ambos tienen en común. Otra de las condiciones fijadas por la Justicia incluye el inicio de un tratamiento psicológico y la acreditación de una capacitación en violencia de género bajo el dispositivo interinstitucional “Ley Micaela – Masculinidades en clave de cuidado”.

Las medidas de restricción y capacitación se inscriben en el marco de la Ley Micaela, que exige a los funcionarios públicos formación permanente en temáticas de género. El caso pone de relieve los procedimientos que la Justicia de Catamarca implementa en situaciones de violencia de género y la articulación con organismos especializados en la materia.

Además, el juez dispuso que los antecedentes se remitan a la Secretaría de Familia y al Juzgado de Familia correspondiente, para que intervengan en el caso. La sentencia también fue notificada a la Jefatura de Policía de la Provincia y a la Dirección de Asuntos Internos, dado el carácter de funcionario público del condenado. Según Catamarca Actual, estas medidas buscan asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción y el seguimiento institucional del agente.

El origen de la causa se remonta al 25 de enero de 2026. En esa fecha, según la investigación, el policía agredió físicamente a su expareja durante una discusión en un domicilio de la ciudad de Catamarca, provocándole lesiones que fueron constatadas por un examen médico. Minutos después, el agresor la amenazó de muerte, lo que generó un temor fundado en la víctima y motivó la imputación por parte de la Fiscalía. La secuencia de los hechos fue ratificada en sede judicial, lo que permitió avanzar hacia la condena.

El caso marca un precedente en el abordaje institucional de la violencia ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad. El seguimiento judicial y administrativo impuesto por el fallo apunta a fortalecer la protección de las víctimas y el cumplimiento de los estándares legales en la materia.

La situación se inscribe en un escenario donde la Justicia provincial ha avanzado en la investigación y sanción de hechos de violencia de género cometidos por efectivos de la Policía de Catamarca, con medidas de protección y seguimiento para las víctimas. De forma paralela a este caso, otro miembro de la fuerza fue imputado por amenazas, violación de domicilio y desobediencia judicial en un expediente distinto, lo que evidencia la preocupación institucional frente a episodios de violencia de género en el ámbito policial.

La conductora Cynthia Urías denunció públicamente haber sido víctima de intimidación por parte de un participante del reality Guerreros Mundiales, situación que, aseguró, ocurrió durante un corte comercial y que la dejó profundamente afectada emocionalmente.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora compartió un mensaje en el que reveló que, tras un reciente conflicto al aire, recibió amenazas relacionadas con el impacto que tendría el episodio en redes sociales.

“Nunca había vivido algo parecido a esto ... Tengo mi corazón destrozado; soy una mujer que se la parte diario para trabajar y dar lo mejor de mí. Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió el hate que me iba a caer en redes, etc., etc. Diosito me cuidó y yo traía el micrófono en la mano y la gente lo pudo escuchar; si no, nadie me hubiera creído, como a muchas mujeres que sufren de violencia les sucede .... “NO a la violencia”, escribió la conductora.

Hasta el momento, Cynthia Urías no ha revelado públicamente la identidad del participante al que hace referencia en su denuncia. Tampoco se ha informado si la producción de Guerreros Mundiales iniciará alguna investigación interna sobre los hechos denunciados.

La declaración de la conductora ocurre apenas unos días después de protagonizar uno de los momentos más tensos de la actual temporada del reality, denominado Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales, durante una discusión con integrantes del equipo Cobras.

La polémica discusión entre Cynthia Urías y Brandon Castañeda en ‘Guerreros Mundiales’

La controversia comenzó durante una transmisión en vivo, cuando el participante Brandon Castañeda cuestionó una decisión relacionada con el desarrollo de la competencia y señaló que Cynthia Urías habría favorecido al equipo Leones.

Aunque parte del enfrentamiento ocurrió fuera de cámaras, al regresar del corte comercial, el conductor Lambda García intervino y pidió a Brandon Castañeda y a Lauro Morales ofrecer disculpas a la presentadora.

“Sepan que se hizo llorar a una mujer y es la conductora de este programa, entonces, por favor, no se le puede volver a faltar al respeto, no hay forma de que se le vuelva a faltar al respeto”, expresó Lambda durante la transmisión.

La situación escaló cuando Cynthia Urías defendió su papel dentro del programa. “Cuando yo vengo y les digo algo, es porque estoy defendiendo a mi equipo, nunca es personal”, afirmó la conductora.

Brandon Castañeda respondió que él actuaba bajo la misma lógica competitiva, a lo que Urías replicó que su función era distinta debido a su papel como conductora del formato.

Días después del incidente, Brandon Castañeda publicó un video ofreciendo disculpas públicas.

“Hago este video para pedir disculpas públicas a todo el público que ve Guerreros Mundiales, a mi familia, a mi equipo y a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por mi comportamiento el día de ayer, por mi forma de expresarme, por mi forma de querer defender a mi equipo”, señaló.

El participante agregó que la disculpa estaba dirigida especialmente a Cynthia Urías: “Sé que no fue la manera correcta, no fueron las palabras correctas y, obviamente, esta disculpa pública es en especial, principalmente para la conductora Cin Turías; lamento mucho mi forma de expresarme el día de ayer”.

De acuerdo con versiones difundidas por medios especializados en espectáculos, la conductora habría presentado una queja formal ante la producción del programa tras el altercado.

¿Quién es Cynthia Urias?

Cynthia Urías, originaria de Los Mochis, Sinaloa, y egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, cuenta con una de las trayectorias más consolidadas dentro del entretenimiento mexicano, con experiencia como actriz, conductora y presentadora de programas de televisión durante más de dos décadas.

La transformación social y política que vivió México en el siglo XX tuvo como uno de sus ejes principales la emergencia y evolución del movimiento feminista, una corriente que diversificó sus demandas y estrategias para impulsar cambios profundos a favor del desarrollo pleno de las mujeres y de otros sectores de la población. Este impulso se materializó en avances legales, reconocimiento de derechos y una presencia cada vez mayor de las voces femeninas en la vida pública y cultural.

De acuerdo con Hortensia Moreno, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, la influencia del feminismo comenzó a notarse cuando intervino en la legislación, las mentalidades y el tejido de la sociedad, promoviendo la superación de barreras que históricamente relegaron a la comunidad femenina de la dependencia y la limitación de su autonomía.

Derechos de las mujeres a través del feminismo

El feminismo mexicano se nutrió en sus inicios del sufragismo, movimiento global que a finales del siglo XIX y comienzos del XX impulsó la lucha por el voto femenino. En México, este derecho fue reconocido en 1953, permitiendo a las mujeres votar y ser candidatas en elecciones federales a partir de 1955. Este avance transformó su participación en diferentes esferas y abrió puertas a la educación, el trabajo y la independencia económica.

Durante décadas, la expectativa social las limitó en el ámbito doméstico y los roles tradicionales, generando una exclusión en la toma de decisiones, el acceso al empleo y la remuneración equitativa. La educación se volvió una herramienta esencial para cambiar estas condiciones.

“Cuando comencé a ser alumna en la UNAM aún existía esa idea de ‘voy a estudiar mientras me caso’, porque el destino de las mujeres era contraer matrimonio, criar hijos, atender a su marido y tener una aspiradora y una cocina bonitas, como las que aparecían en la publicidad de los años 60 y 70 del siglo pasado”, recordó la especialista.

La segunda mitad del siglo XX trajo consigo nuevas luchas, como el derecho a decidir sobre el cuerpo y la maternidad. La incorporación de la ciencia y los métodos anticonceptivos permitió separar sexualidad y reproducción, lo que impactó diversas dimensiones sociales y personales.

La realización en 1975 de la Primera Conferencia sobre la Mujer en la Ciudad de México marcó un punto de inflexión, reuniendo a feministas de distintas partes del mundo y generando debates sobre la representación y el liderazgo femenino. El movimiento se diversificó, integrando a universitarias, sindicalistas, militantes y vecinas, y expandió su alcance hacia nuevas formas de organización colectiva.

Expansión del movimiento feminista

Este movimiento experimentó un giro a partir de 2016, cuando las jóvenes se volcaron masivamente a las calles en manifestaciones como las del lema “Ni una más”, reclamando el fin de la violencia de género. El auge de las tecnologías digitales ofreció nuevos canales para la protesta, como el movimiento #MeToo, al que las mexicanas se sumaron en 2019.

En el plano legal, se han registrado avances en la atención y prevención de diversas formas de violencia, desde la psicológica hasta la feminicida, y en la promoción de una perspectiva de género en leyes y políticas públicas.

“Hay un avance político indudable en términos de las miradas con las que se tratan hoy los temas de las mujeres, los hombres y la diversidad sexual e identitaria. Ha habido una conciencia, sobre todo en quienes hacen las leyes, las aplican y juzgan, respecto a hacerlo con una perspectiva de género que realmente dé cuenta del peso cultural que tiene el mandato de la masculinidad y la feminidad”, señaló Marta Lamas, investigadora del CIEG.

El feminismo no es algo exclusivo de las mujeres, es un asunto humano que busca cambiar la sociedad en función de entender qué son las mujeres, los hombres y las personas con identidades distintas, con el objetivo de lograr relaciones más libres y una repartición del poder más equitativa.

Un juez de control de garantías condenó a 15 años y seis meses de prisión contra Saúl Duarte Naranjo, reconocido cantante de cumbias, por el delito feminicidio agravado en grado de tentativa.

Según comunicó la Fiscalía General de la Nación, el hombre había admitido que intentó asesinar en varias oportunidades a su expareja sentimental en hechos ocurridos en Bucaramanga y Floridablanca, en el departamento de Santander.

La condena se produjo después de que Duarte Naranjo suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptara su responsabilidad por ese delito.

Detalles de la investigación

La reconstrucción de la Fiscalía General de la Nación ubicó los hechos entre agosto de 2025 y enero de 2026. Según esa versión, Duarte Naranjo agredió a la víctima con un arma cortopunzante en distintos episodios.

Uno de los ataques ocurrió en el barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca (Santander). Según la investigación del ente acusatorio, el hombre revisó el teléfono celular de la mujer, identificada como Natalie Alexandra Pérez Navarro, y, en medio de una discusión por celos, la amenazó de muerte y la hirió en el pecho.

Otro episodio ocurrió en el barrio Campo Hermoso, en la ciudad de Bucaramanga. Allí, la víctima sufrió múltiples heridas y tuvieron que trasladarla a un centro asistencial. La atención médica que recibió la víctima después del último ataque permitió salvarle la vida.

La investigación sostuvo que la víctima mantuvo una relación de cuatro años con el ahora condenado. Además, la Fiscalía añadió que, durante ese periodo, sufrió agresiones físicas, psicológicas y económicas de forma constante. En ese sentido, la Fiscalía concluyó que esa violencia derivó en varios intentos de asesinato.

“El procesado aceptó su responsabilidad de manera libre, espontánea y con el acompañamiento de su abogado, lo que permitió concretar el preacuerdo con el ente acusador por el delito de tentativa de feminicidio agravado”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Incluso, en declaraciones a medios de comunicación, la víctima de tentativa de feminicidio recordó los momentos de angustia que sufrió cuando padeció los ataques por parte de Duarte Naranjo.

“Me cansé de los malos tratos y terminé la relación, pero él no lo aceptó. No ha querido entender que cuando una mujer dice no, es no. Ya no estamos en las épocas de las cavernas”, mencionó Natalie Pérez en diálogo con el medio local Vanguardia.

Frente al primer ataque registrado en Floridablanca, la mujer interpuso la denuncia y obtuvo una medida de alejamiento. A partir de entonces, su vida quedó marcada por el temor a nuevos episodios de violencia.

Pese a esa restricción, Duarte Naranjo siguió buscándola y la habría presionado con chantajes. El 6 de enero, tras mensajes insistentes en los que decía que estaba mal emocionalmente, ella aceptó verlo.

“Accedí a hablar porque me decía que estaba mal, que se iba a matar, que sufría de depresión, que quería mi perdón, que deseaba que las cosas fueran como antes, llorando”, indicó al medio citado.

Perfil de Saúl Duarte Naranjo

Duarte Naranjo, de 46 años, fue capturado a finales de enero de 2026 en cumplimiento de una orden judicial, en un operativo efectuado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia.

Tendría una investigación por feminicidio en 2025, antecedentes por violencia intrafamiliar en 2023 y un proceso por inasistencia alimentaria en 2010.

De acuerdo con Te lo informa Santander, Saúl Duarte Naranjo no solo se había dedicado a su etapa musical, sino que se había lanzado como candidato al Concejo de Bucaramanga en 2019 y 2023 por el partido ADA, sin obtener una curul en ninguna de las dos elecciones.

El medio también señaló que se desempeñaba como contratista de la Secretaría del Interior de Floridablanca, con funciones de gestor de convivencia. Esa condición amplificó el impacto del caso, porque ocupaba un rol ligado a la promoción de la convivencia ciudadana mientras enfrentaba graves señalamientos por violencia de género y registros judiciales previos.

Las autoridades insistieron en la necesidad de denunciar cualquier caso de violencia de género o intrafamiliar a través de los canales oficiales, entre ellos la línea 155 y el 123, para activar medidas de protección y atender de forma oportuna a mujeres en riesgo.

Durante el primer semestre de 2026, Fundación Vida Sin Violencia alerta que 47 mujeres fueron víctimas de feminicidio íntimo en la República Dominicana. Estas muertes han dejado en la orfandad a 68 niños, niñas y adolescentes. El conteo, presentado por la organización, revela un incremento del 74% respecto a los 20 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

“No estamos compitiendo con las cifras oficiales ni responsabilizando a ningún ministerio en particular, porque se trata de una problemática multicausal que exige acciones integrales”, afirmó Yanira Fondeur, directora de Fundación Vida Sin Violencia, durante la presentación de las estadísticas recogidas por la entidad.

El reporte señala que 38 mujeres fueron asesinadas en sus propias viviendas, lo que convierte al hogar en el espacio de mayor peligro para ellas. Además, 33 de las víctimas tenían 35 años o menos y 3 eran adolescentes de 15, 16 y 17 años. Entre los casos contabilizados, tres mujeres se encontraban embarazadas al momento de su asesinato y tres eran de nacionalidad haitiana.

Características de los agresores y distribución de los feminicidios

Las cifras de la organización también detallan el perfil de los agresores: dos pertenecían a la Policía Nacional y dos a las Fuerzas Armadas. El uso de armas resultó predominante en estos hechos, con 19 casos perpetrados con armas de fuego y 19 con armas blancas. Además, en 11 de los hechos los agresores se suicidaron tras cometer el crimen.

El análisis geográfico indica que la provincia de Santo Domingo lidera la estadística nacional con 13 feminicidios, uno más que los registrados en todo el año anterior. Le sigue el Distrito Nacional con 7 casos, superando en 3 la marca de 2025, y la provincia de La Altagracia con 5 víctimas, dos más que en los doce meses previos. Para la entidad, estos registros constituyen “indicadores fundamentales para que las autoridades diseñen e implementen respuestas que salven vidas”.

De acuerdo con la Fundación, el periodo 2020-2026 contabiliza 511 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, lo que representa un promedio anual de setenta y ocho mujeres asesinadas en el ámbito íntimo. En este lapso, la organización estima que 473 menores han quedado huérfanos tras estos crímenes.

Fondeur compartió un paquete de propuestas destinadas a las autoridades. Entre las sugerencias, la fundación plantea la adopción de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres que denuncian violencia, la actualización de la Ley 24-97 sobre violencia de género, la incorporación en el currículo escolar de asignaturas vinculadas a la igualdad y la resolución de conflictos, y el desarrollo de campañas de sensibilización para promover una masculinidad empática y respetuosa.

La organización también solicita la instalación nacional de centros de atención a sobrevivientes y centros de intervención conductual para hombres, así como la creación de un registro nacional de huérfanos por feminicidio que garantice protección psicológica, económica y legal. Finalmente, la fundación impulsa la formación de una mesa nacional de prevención con la participación del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial, medios de comunicación, sociedad civil e iglesias.

La directora de la fundación insistió en que “cada cuatro días una mujer es asesinada en la República Dominicana por su pareja o expareja”, una estadística que, según la organización, exige una respuesta coordinada y sostenida de los distintos actores.

La Comunidad de Madrid denegó en 2025 el 56,5% de las ayudas económicas solicitadas por víctimas de violencia de género. En los cinco primeros meses de 2026 el porcentaje bajó al 16%, pero solo porque la tramitación está siendo un poco más lenta. El 67% de las solicitudes de este año aún no ha sido abordadas por los servicios técnicos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Los fondos que nutren estas ayudas son estatales, aunque son las Comunidades Autónomas las que se encargan de recoger las peticiones, estudiarlas y abonarlas.

Los datos de 2025 revelan que 852 víctimas de violencia de género solicitaron esta ayuda. Solo se concedieron 288 y se denegaron 481. Otras 83 aún no se han resuelto. Lo que quiere decir que solo se aprobó el 33,8% (una de cada tres) y se rechazó el 56,5%. En cuanto a los datos de 2026 (de enero a mayo de este año), se han registrado 531 ayudas, se han concedido 86 (el 16,2%), se han denegado 85 (el 16%) y están pendientes unas 360 (el 67,8%). Son cifras que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha facilitado a la diputada socialista Lorena Morales.

“La Comunidad de Madrid solo tiene que tramitarlas, porque el dinero lo pone el Gobierno central. Pero el número de solicitudes rechazadas es muy significativo. Más de la mitad. ¿Por qué?“, se pregunta Morales. La parlamentaria cree que el informe que tiene que hacer el Servicio Público de Empleo de la Comunidad para valorar si la víctima de violencia de género tiene dificultades para encontrar trabajo y, por tanto, necesita esa ayuda, ”es muy arbitrario. Y si ese informe es negativo, no hay ayuda“. Estas ayudas económicas están reguladas en el artículo 27 de la ‘Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género’, destinadas a víctimas “que se sitúen en un determinado nivel de rentas” y que, debido a su edad, falta de preparación y otras circunstancias sociales, “tienen dificultades para obtener un empleo”.

Ese artículo 27 señala que “el importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo”. En Madrid, el importe medio de la ayuda concedida en 2025 fue de 7.924,97 euros. El importe medio de 2026 es de 7.822,75 euros. El máximo de esta ayuda, que se abona en un pago único, puede ser de 12.420 euros (en función de algunos condicionantes familiares) En noviembre de 2022, la Comunidad de Madrid aprobó la orden autonómica que actualmente sigue en vigor para regular la concesión de estas ayudas.

Requisitos

Los requisitos para poder solicitar esta ayuda son: acreditar la situación de violencia de género; ser residente en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid; carecer de rentas que, en el cómputo mensual, superen el 75% del salario mínimo interprofesional (máximo de 850,5 euros al mes); y tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través de un informe del Servicio Público de Empleo. La Comunidad de Madrid también ha establecido que en el caso de solicitantes extranjeras deben aportar “el número de Identidad de Extranjero (NIE) y, en su caso, del Permiso de residencia y/o de trabajo”. Para Lorena Morales, “este requisito no lo exige la ley estatal. Es muy sintomático el posicionamiento ideológico de la Comunidad con esta ayuda. Si pides el NIE dejas fuera a las mujeres sin residencia”.

La orden autonómica también destaca que es necesario establecer unos “mecanismos ágiles y urgentes, que permitan la rápida percepción de las ayudas por parte de las beneficiarias, removiendo cualquier obstáculo que pueda perjudicar la eficacia en la gestión”. Pero en enero de 2026, por ejemplo, hubo 111 solicitudes registradas, cero concedidas y 15 denegadas. Infobae ha preguntado a la Consejería los motivos de tantas denegaciones y si el alto porcentaje se debe a que las víctimas no presentan toda la documentación necesaria. Un portavoz de la Comunidad se limita a decir que “las ayudas se conceden según lo que marca la normativa nacional”. A pesar de tantas peticiones denegadas, las concesiones aumentaron en 2025. Las 288 solicitudes favorables superan a las 125 beneficiarias de 2024 y a las 88 de 2023.

En el caso de Bogotá, el panorama tampoco es alentador, ya que las autoridades registraron siete feminicidios entre enero y mayo de 2026, una reducción del 30% frente al mismo período de 2025, mientras tanto, la ciudad mantuvo activas sus estrategias de prevención y atención, debido a que persisten altos niveles de riesgo para las mujeres, según el más reciente boletín del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer.

La respuesta de la Administración distrital se apoyó en el Sistema Articulado de Alertas Tempranas, que hace seguimiento a las mujeres valoradas por riesgo de feminicidio. Ese mecanismo articula a las entidades de la Ruta Única de Atención para activar medidas de protección y reducir barreras de acceso a los servicios.

Entre las señales de alarma que se detectaron entre enero y mayo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio y 688 de ellas fueron clasificadas en riesgo extremo, un dato que demuestra que la disminución en los casos tipificados por la Fiscalía General de la Nación no elimina la presión sobre la red institucional de protección.

Del mismo modo, se informó que en el mismo lapso, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 172.311 atenciones a mujeres. El 64% de esos servicios estuvo relacionado con situaciones de violencia.

Localidades con mayor cantidad de actos de violencia contra la mujer

Los casos reportados en la capital se concentraron en tres localidades: Bosa registró tres situaciones, Ciudad Bolívar una y Usaquén una. Sin embargo, en dos expedientes no hay información disponible sobre el lugar de ocurrencia.

Además, se informó que la localidad con mayor demanda fue Kennedy, con 11.741 atenciones por violencia de género, lo que demuestra la necesidad de reforzar la presencia institucional en territorios donde se identifican mujeres en alto riesgo de feminicidio.

Ante las circunstancias, Ana María Buriticá, directora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, señaló que pese a que solo en mayo se registró un feminicidio, frente a los tres reportados el mismo mes del año anterior, las alarmas siguen encendidas.

Y es que, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el 44% de las mujeres evaluadas está en alto riesgo de feminicidio: “Por eso, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía de Bogotá continúa con las acciones de prevención de violencias contra las mujeres”.

La Secretaría de la Mujer desplegó acciones en conciertos, barrios y zonas de rumba

La estrategia de prevención también se extendió fuera de las sedes de atención, teniendo en cuenta que entre enero y mayo, 2.172 mujeres recibieron información sobre la Ruta Única de Atención en festivales y conciertos a través de los Puntos Seguros, que se activaron con el fin de llegar a una mayor cantidad de personas.

A esa red se sumaron 530 establecimientos y 39 conjuntos residenciales integrados en Redes Seguras para las Mujeres. La entidad también realizó 34 jornadas en sectores y zonas de rumba para promover el acceso a la oferta institucional.

El despliegue incluyó cinco Megatomas Mujer y Género orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre el acoso sexual callejero.

Cómo denunciar casos de violencia de género en Bogotá

La Secretaría indicó que las mujeres que necesiten orientación o acompañamiento pueden acudir a sus puntos de atención o comunicarse con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137.

En situaciones de emergencia, la instrucción oficial es llamar de inmediato a la línea 123 para que las autoridades puedan responder en el menor tiempo posible.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que, en casos de violencia vicaria, las autoridades deben reconocer y proteger las afectaciones que también sufren niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con un tuit del Máximo Tribunal publicado este 1 de julio.

Según la SCJN, el asunto surgió de un procedimiento familiar en el que se determinó primero la existencia de violencia psicológica y después violencia vicaria. El criterio se emitió en el Amparo Directo en Revisión 2798/2025.

El Pleno resolvió que estos casos no pueden revisarse solo por la violencia ejercida contra la mujer, sino que las autoridades deben identificar y valorar las afectaciones directas en las personas menores de edad involucradas, como titulares de derechos.

La Corte agregó que las autoridades deben garantizar la participación efectiva de los menores en los procedimientos que les afecten y respetar su derecho a ser escuchados conforme a su edad y grado de madurez. También ordenó que, si existe un conflicto de intereses con quien ejerce la representación legal, se designe una representación especial para proteger exclusivamente sus derechos.

Suprema Corte ordena que las víctimas de violencia de género en Chihuahua sean atendidas por un órgano exclusivo

La SCJN resolvió el pasado 10 de marzo que las mujeres de Chihuahua que sufren violencia por razones de género deben ser atendidas por una fiscalía especializada y exclusiva, criterio con el que invalidó la ampliación de competencias que permitía a ese órgano investigar también delitos familiares en general y mantuvo bajo su control la coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

El fallo también fijó una obligación para todas las entidades del país: garantizar la autonomía técnica de esos centros con recursos financieros, humanos y materiales suficientes para que las usuarias accedan a los servicios de manera fácil, oportuna, integral y efectiva, de acuerdo con el informe oficial de la Suprema Corte.

La decisión conservó en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua las facultades de coordinación, supervisión y vigilancia de los Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad, así como la presidencia de su Consejo Consultivo.

El Pleno de la SCJN, erechazó que ese ministerio público especializado extendiera su actuación a casos relacionados con la familia en términos generales. La resolución sostuvo que esa ampliación diluía el propósito de una instancia creada para atender de forma específica la violencia de género contra las mujeres.

SCJN valida las penas de 40 a 60 años de prisión por feminicidio en Oaxaca

La SCJN validó este 10 de junio las penas máximas por feminicidio en Oaxaca y resolvió que el castigo de 40 a 60 años de prisión, así como la multa y su aumento en ciertos supuestos, se ajusta a la Constitución, en un criterio que parte de considerar este delito como una forma de violencia de género y no como un ilícito común.

Según informó la Suprema Corte en una publicación en X, el Pleno concluyó que el rango de condena previsto en Oaxaca respeta los principios de proporcionalidad de las penas y de reinserción social. El asunto correspondió al Amparo Directo en Revisión 7013/2025.

La Corte señaló que el feminicidio no es un delito común, sino un fenómeno de violencia de género que afecta de manera grave la vida, la dignidad y la igualdad de las mujeres. Bajo ese razonamiento, consideró justificada una respuesta penal más severa.

El veredicto también descartó que la sanción sea inconstitucional por su extensión. De acuerdo con el tribunal, ni el rango de prisión ni la multa, ni su posible incremento en casos específicos, anulan la posibilidad de reinserción ni impiden la aplicación de beneficios penitenciarios previstos por la legislación.

Ese criterio respaldó no solo la pena base, sino el diseño completo de sanciones contemplado para ese delito en la entidad. La resolución, difundida por la Suprema Corte, rechazó así la idea de que castigos de esa magnitud sean desproporcionados por definición cuando se trata de feminicidio.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan el hallazgo del cadáver de una mujer de 35 años localizado este miércoles en un pozo situado en las inmediaciones de la autovía, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria. La investigación, de la que son responsables tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, se encuentra en fase inicial y, por el momento, hay tres personas detenidas por su presunta implicación en los hechos, entre ellas la actual pareja de la víctima.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, los investigadores tratan de determinar si este hallazgo guarda relación con la desaparición de una mujer denunciada hace varios meses. Esa hipótesis forma parte de las líneas de trabajo abiertas, aunque todavía no existe una confirmación oficial que vincule ambos sucesos.

Mientras avanzan las pesquisas, los agentes esperan los resultados de la autopsia, prueba clave para determinar la causa de la muerte y obtener información que permita reconstruir lo sucedido.

Presunto caso de violencia de género

La propia Subdelegación del Gobierno ha comunicado, a través de un mensaje difundido en la red social X, que se están recabando datos “en relación con el asesinato por presunta violencia de género de una mujer cuyo cuerpo ha sido hallado en la mañana de este miércoles en Rincón de la Victoria”.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha lamentado públicamente lo ocurrido y ha señalado que se trata del hallazgo del cadáver de una mujer de 35 años “asesinada por presunta violencia de género”. Asimismo, ha trasladado un mensaje de condena ante este tipo de delitos y ha afirmado que “no podemos permitir que la violencia machista siga destrozando vidas e infligiendo tanto dolor”.

1.366 mujeres asesinadas por violencia de género de 2003

En lo que va de año, 25 mujeres han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en España, una cifra que eleva a 1.366 el número de víctimas mortales desde que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales en 2003.

Andalucía es, hasta el momento, la comunidad autónoma con mayor número de asesinatos machistas registrados este año, con seis casos confirmados. A continuación se sitúa la Comunidad Valenciana, con cuatro víctimas. Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid y Navarra contabilizan dos casos cada una, mientras que Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia registran un asesinato en cada territorio.

Además, los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestran que la mayoría de los crímenes registrados este año se produjeron sin que existieran denuncias previas contra el presunto agresor. En concreto, 16 de los 25 casos confirmados, el 64% del total, no habían sido puestos en conocimiento de las autoridades antes del asesinato. Asimismo, en seis de esos homicidios el supuesto autor se quitó la vida después de cometer el crimen.

Las estadísticas reflejan también un repunte de la violencia machista respecto a los últimos años. Con 26 víctimas contabilizadas hasta la fecha de referencia utilizada por la Delegación del Gobierno, 2026 presenta el balance más elevado desde 2023.

*Noticia elaborada con información de agencias.

Los feminicidios en El Salvador subieron 18 % entre enero y mayo de 2026, alcanzando 13 casos según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), difundidos por EFE. Este incremento aparece tras un año en el que, según la misma organización, la cifra anual había descendido respecto a 2024.

El análisis del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que utiliza información publicada en medios locales, señala que cinco de los trece feminicidios ocurrieron en mayo. Además, el 54 % de los hechos fue atribuido a la pareja o expareja de la víctima, lo que evidencia la presencia de vínculos íntimos en la mayoría de los casos.

En el periodo analizado de 2026, la cantidad de feminicidios supera los once reportados en el mismo lapso del año anterior. Ormusa considera que, pese a la disminución interanual registrada en 2025, resulta relevante fortalecer las acciones para identificar y atender escenarios de riesgo, con el objetivo de prevenir nuevos casos.

Santa Ana concentró casi la mitad de los casos registrados

Al observar la distribución territorial, seis de los feminicidios se produjeron en Santa Ana. La capital, San Salvador, reportó tres casos, mientras que Usulután, Cabañas, La Libertad y La Paz registraron uno cada uno. Esta concentración en Santa Ana representa casi la mitad de los casos documentados durante los primeros meses de 2026.

En cuanto a los métodos empleados, la utilización de arma blanca aparece en 23.1 % de los expedientes, lo que la convierte en el instrumento más frecuente. Por otro lado, la asfixia se identificó en 15.4 % de los hechos. Sobre la edad de las víctimas, en cuatro registros se determinó que tenían entre 31 y 50 años; sin embargo, en cinco situaciones no se pudo precisar ese dato.

El informe aclara que las autoridades de Seguridad no clasifican los asesinatos de mujeres legalmente como feminicidios y que el acceso a información oficial sobre violencia de género es restringido. Parte de los datos permanece bajo reserva o no está disponible para consulta pública.

La baja anual de 2025 no frenó la advertencia de las organizaciones

Según el balance presentado por Ormusa, en 2025 se documentaron 26 feminicidios, una reducción del 33 % frente a los 38 casos registrados en 2024. El mes con mayor número de muertes fue agosto, con ocho hechos. La organización también destaca que, durante ese año, el 52 % de los feminicidios tuvo como responsable a la pareja o expareja de la víctima, mostrando la estabilidad de ese patrón en el tiempo.

El monitoreo de Ormusa se basa en datos difundidos por medios de comunicación, ya que aseguran, no se dispone de estadísticas oficiales detalladas. Estos registros ofrecen una aproximación a la evolución de la violencia letal contra las mujeres en el país.

De acuerdo con la postura de Ormusa, la persistencia de los casos vinculados a relaciones íntimas y el aumento registrado en 2026 refuerzan la importancia de mantener la atención sobre la violencia de género y de promover estrategias de prevención, especialmente en los entornos familiares y cercanos.

La entidad considera que el seguimiento regular y el análisis de los hechos reportados pueden contribuir a identificar factores de riesgo y apoyar la toma de decisiones orientadas a reducir los feminicidios en el país.

Patricia Garrido, directora del Programa Warmi Ñan, confirmó en diálogo con la prensa que la línea 100 ha recibido más de 72 mil llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género en lo que va del año.

“Estas son comunicaciones que ameritaron atención, orientación o articulación con otros servicios”, explicó la funcionaria. El total de llamadas recibidas supera las 190 mil, aunque solo una parte corresponde a reportes genuinos, mientras que el resto se compone de llamadas abandonadas o perturbadoras.

Perfiles y señales de riesgo

El MIMP identificó que la mayoría de los feminicidios afecta a mujeres adultas, aunque la violencia también impacta a niñas y adolescentes.

“Las situaciones de riesgo pueden presentarse en relaciones desde la adolescencia”, señaló Garrido, quien subrayó que el factor común suele ser el intento de control y dominación por parte del agresor.

Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran los intentos de controlar la vida de la pareja, el acceso a sus claves personales y la negativa a aceptar una separación o nueva relación.

Uno de los casos más recientes involucró a un agresor confeso, quien atacó mortalmente a una mujer tras enterarse de que ella conversaba con otro hombre. Estos hechos, según la directora del Programa Warmi Ñan, reflejan un patrón de violencia basado en la pérdida de control y la resistencia del agresor a la autonomía de la víctima.

Regiones más afectadas

Lima encabeza la lista de llamadas de auxilio, con más de 38 mil reportes en el primer semestre, seguida por Callao con más de 3.000, y regiones como Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad. El MIMP insta a que tanto víctimas como personas allegadas reporten casos de violencia a la línea 100, que opera como principal canal de orientación y derivación.

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la directora del Programa Warmi Ñan subrayó que “no existe ninguna justificación para el ejercicio de la violencia” y que la detección temprana de comportamientos controladores puede salvar vidas.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.
• El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.
• Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.

Hay muestras que necesitan de decenas de obras para plantear reflexiones sobre un tema particular: con recorridos historicistas, siempre parciales, con artistas que son invitados a dialogar, a veces de manera forzada, para construir un relato eficiente o, por lo menos, abarcativo.

En otras, la sencillez, lo puntual, logra el mismo cometido. Es el caso de una escueta y contundente presentación de la tucumana Eugenia Correa en el Museo Larreta, quien como parte de Intervenciones Mínimas V tiene el poder de la síntesis para construir un puente entre la pintura renacentista y/o barroca con temas de actualidad.

Las intervenciones mínimas forman parte de un programa del espacio de Belgrano, creado por su directora Delfina Helguera, en el que se exhiben obras de contemporáneos en relación con la colección permanente, en una propuesta que busca no interferir con el recorrido del público y, a su vez, que remitan a temas, técnicas y planteos visuales de siglos anteriores. Por allí ya pasaron Inés Raiteri, Jorge Miño, Pablo Lapadula, Jacques Bedel, María Silvia Corcuera y Andrea Alkala, entre otros.

En este caso, Correa se presenta junto a Paula Zaccaria quien presenta diseños inspirados en el plano del jardín patrimonial, que se exhiben en la Sala Escritorio, dentro de una vitrina con cúpula.

Por su parte, Correa introduce cinco pequeños cuadros que surgen a partir de Susana y los viejos, obra atribuida al taller del veneciano Giambattista Tiépolo del siglo XVIII, exhibida en la Sala Escritorio, y dos retratos de los Archiduques Ernesto y Rodolfo de Austria (1567), del taller de Alonso Sánchez Coello, ubicados en la Sala Comedor.

En su trabajo, Correa mira hacia el pasado y lo trae al presente corriendo el velo; en lo suyo, lo autobiográfico se presenta no como una “pintura del yo”, sino como espejo de los tiempos: la mujer en la sociedad, su representación, lo que se perpetúa, las violencias y los mandatos.

La artista comentó a Infobae Cultura que buscó revisar las imágenes del patrimonio desde adentro, no intentando ilustrar a partir del acervo, sino discutirlo, confrontar con la cultura visual que “nos conforma y moldea”, lo que una sociedad considera normal o aceptable.

Ya en La función de la utopía, una muestra coral tucumana en el Museo Marco en 2024, había presentado Santa Ágata, ¿qué pretende usted de mí?, en la que ironizaba con la frase de la Coca Sarli, a partir de la representación de una mujer mutilada en sus pechos por no haber querido casarse con un rey y dedicarse a Dios. Entonces, aparecía la cuestión del hombre siendo dueño del cuerpo de la mujer.

En otra muestra, Del plexo, a la raíz, en galería Biga, participó con su serie El mandato, en la que a través de retratos expuso dinámicas de las relaciones familiares, las herencias que se cargan sin desearlo, los hijos predilectos o, en el otro extremo, los invisibilizados, como las mímesis que se generan puertas adentro para no romper con lo que se espera.

En el Larreta, convirtió su intervención en una revisión de dos herencias que siguen operando en el presente: el linaje como mandato sobre los varones y ciertas imágenes de mujeres que naturalizan la violencia.

Sobre las obras de los archiduques, en las que vio una representación embellecida de los herederos, pensada para sostener “el apellido, la corona, la casta”, produjo el tríptico Simiente, con retratos de sus dos hijos varones, en el que el mayor aparece como el archiduque Ernesto, también primogénito y heredero, mientras el segundo encarna una actitud burlona ante la pose impuesta.

Cuando habló con ellos sobre la idea de “continuar el legado familiar, el linaje, el apellido”, la reacción fue de extrañeza y risa, comentó. Y esa incomodidad pasó a las obras: “Tenían esta cuestión de la postura forzada, el gesto de malestar que esa situación lo podría llegar a generar”.

La artista subrayó una paradoja que encontró en la historia de los retratados: “Estos archiduques no perpetuaron su apellido. Este árbol se secó ahí”. También extendió esa lectura más allá de una familia o una casa nobiliaria: “No importaban si había treinta mujeres antes, porque el apellido solo lo portan los varones, lo perpetúan los varones”.

Un detalle formal completa esa crítica. Correa colocó raíces que salen del marco y avanzan hacia el plano del espectador, raíces que “se desprenden de los genitales de los retratados”, como una forma de desbordar “ese modelo, ese formato, esa normativa”.

En la tercera pieza, una caja mortuoria con molduras doradas encierra una semilla hueca de pindó, una palmera de Tucumán, “aprisionada y asfixiada” por raíces de un árbol genealógico. La artista explicó que allí “lo que se busca atesorar termina no brotando”, ya que “no hay vida en esos lugares”.

Sobre Susana y los viejos-relato bíblico en la que dos jueces la observan mientras se baña, y la acosan para luego ser obligada a defender su palabra frente al poder masculino-, la artista resumió el núcleo del episodio con una frase que trasladó al presente: “No era que no le creyesen, era como que directamente su palabra no tenía fundamento, porque el poder de la verdad estaba con los jueces”.

A partir de esa lectura, vinculó el éxito histórico del tema en la pintura con una coartada moral: “La escena permitía exhibir cuerpos femeninos desnudos en colecciones privadas bajo la cobertura de un asunto bíblico, de modo que el deseo masculino podía circular dentro de lo aceptado”.

Tomó para su reinterpretación como referencia una versión del taller de Veronese para trabajar la figura de una “Susana coqueta”, presentada no como víctima sino como figura provocadora. Esa imagen, afirmó, persiste en relatos actuales donde “una denuncia de violencia debe atravesar dudas, sospechas y condena social sobre qué hizo la víctima o cómo estaba vestida”.

En una de las piezas, tomó la famosa campaña publicitaria de jabones Cadum, por el que Susana Giménez saltó a la fama. Para Correa, esa superposición muestra que, entre avances y retrocesos, “seguimos codiciando ver a esa Susana en el baño”. En ésta puede verse como inspiración la versión de Artemisia Gentileschi, considerada la primera pintora feminista, quien fue abusada sexualmente por un pintor amigo de su padre y que tuvo un juicio prejuicioso sobre su figura.

La artista explicó que esa persistencia no remite solo al pasado del arte, sino “al consumo actual de esas Susanas”, donde la figura femenina vuelve una y otra vez como imagen sexy, disponible y observada en su intimidad.

En la otra, Correa toma una postura aún más política, como si ya no la tuviera, para que no queden dudas del punto, con la obra de Paolo Veronese como eje, con la referencia explícita al ex gobernador tucumano José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.

En la obra, Correa toma su “contexto local” para hacer énfasis en la caso de “una mujer violada que atravesó un proceso con fuerte presión social y un agresor con capacidad de hacer desaparecer la causa” y que, aun cuando el expediente avanzó hasta el juicio y la detención domiciliaria del acusado, “toda la exposición que sufrió esta persona” y “la condena social” se prolongaron durante años.

“En Tucumán, el caso quedó caratulado como la causa de Alperovich, el juicio o la sentencia de Alperovich y no era eso”, ya que con esas construcciones de relatos, dijo, se busca “desplazar del centro a la denunciante”.

La artista sostuvo que, en esa representación, Susana “sigue siendo expuesta, sigue siendo un pedazo de carne, porque sigue estando congelada en el momento en donde se la somete”. Su respuesta plástica fue “desdibujarla” y correrla de ese lugar de exhibición.

Para intervenir esas imágenes, apeló a la idea de “mala restauración”. En la restauración tradicional se intenta que no se note la intervención y que todo vuelva a verse como al principio, pero ella propone lo contrario: “No hacer como si no pasó nada, sino justamente evidenciar que algo sucedió y que dejó huella”.

Así, trabajó con capas sucesivas: pintó una imagen completa, la terminó y luego volvió a cubrirla para dejar rastros de versiones anteriores. El resultado reúne cuerpos y gestos de distintas Susanas históricas. Aquí, se puede observar, además, la influencia de la pintora y restauradora contemporánea estadounidense Kathleen Gilje, quien modifica sutilmente obras maestras antiguas para añadir una perspectiva crítica y feminista.

Eugenia Correa es certera y no oculta la mano. Su trabajo tiene la capacidad de captar a un público más amplio, a partir de referencias a la cultura popular o las noticias, a través de un leguaje academicista, reconocible, utilizando así las armas de lo canónico para ir contra los mensajes intertextuales de éste. Y no lo hace desde el narcisimo, sino que presenta su cuerpo, su vida, en conflicto con aquello que denuncia. En cada obra desnuda un poco de su historia, que es también una historia del arte, una historia de todos los tiempos.

*Intervenciones Mínimas V, en el Museo Larreta, Av Juramento 2291. Todos los días de 11 a 19, excepto los martes que está cerrado. Sábados, domingos y feriados, de 11 a 20 hs. Entradas: Público General, $10.000; residentes argentinos y/o extranjeros (con DNI), $2.000. Gratis: Jubilados, pensionados, estudiantes universitarios presentando acreditación, menores de 12 años, personas con discapacidad (más un acompañante) y ex combatientes de Malvinas.

La condena se impuso por la agresión física y sexual, aunque la investigación logró establecer que el sujeto también realizó transferencias no consentidas desde el celular de la víctima y se robó objetos de valor del apartamento en el que la atacó.

Después de la presentación de pruebas en las audiencias, una juez de conocimiento lo declaró responsable de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado.

El reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación indicó que el hombre aceptó su responsabilidad en los hechos que causaron indignación en la capital del país, donde sus habitantes pidieron garantías de protección para la víctima.

La investigación estableció que Sarria Ruíz ingresó al conjunto residencial tras hacerse pasar por vigilante. Con esa maniobra persuadió a la víctima para que abriera la puerta de la vivienda. Apenas abrió, él le propinó un golpe en la cara que la hizo caer al suelo.

Después de dejarla en estado de vulnerabilidad la amenazó de muerte y la obligó a ir a una de las habitaciones del inmueble, donde le exigió quitarse la ropa y la agredió sexualmente. También la mantuvo amarrada de manos con un cable.

Según lo establecido en el proceso, el agresor aprovechó que la mujer estaba prácticamente inmóvil para inspeccionar la vivienda y así poder apoderarse de varios objetos de valor. Incluso, ingresó de forma irregular al celular de la víctima e hizo transferencias a su billetera virtual por un monto de $2 millones.

La Fiscalía General de la Nación estableció que la mujer sufrió un ciclo de violencia durante los 6 meses que duró la relación sentimental con Sarria Ruíz.

Cabe mencionar que la decisión judicial es de primera instancia, así que aún puede ser apelada por la defensa del acusado.

Antecedentes del caso

El hijo de la víctima reveló cómo el criminal logró ingresar al conjunto residencial y atacar a la víctima. En diálogo con La FM contó que la expareja de la mujer ingresó al edificio tras pagar $50.000 al vigilante del edificio.

En su relato indicó que la víctima sufrió ahorcamiento, múltiples golpes, heridas en extremidades y abdomen, y fue amarrada con un cable. Después del ataque, la mujer logró pedir auxilio mientras gritaba a los vecinos, que intervinieron y facilitaron la captura del hombre en el lugar de los hechos.

Pese a la gravedad de los hechos, el sujeto fue dejado en libertad, aunque el 16 de enero de 2026 se confirmó que fue recapturado y enviado a prisión mientras se adelantaba el proceso judicial en su contra.

En ese momento, el teniente coronel Óscar Chauta, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, informó que el detenido contaba con 12 anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto y estafa.

Finalmente, tras un proceso que duró varios meses y por el que la ciudadanía reclamaba garantías de protección para la víctima, se confirmó la condena para el agresor, por lo que sus allegados están a la espera de que no se le otorgue ningún tipo de beneficio por la conducta que pueda llegar a demostrar tras las rejas.

Por otro lado, las autoridades pidieron a las víctimas denunciar cualquier ataque o amenaza que pueda representar un riesgo para su vida, con el fin de que la justicia actúe a tiempo.

Las autoridades ahora intentan localizar a un taxista que habría sido contratado para transportar el cuerpo de la joven hasta un contenedor de basura desde su departamento familiar. Los restos aún no son hallados tras la confesión.

Según la investigación policial, Carvajal habría pagado S/300 al conductor para realizar el traslado. El presunto cómplice habría participado en la operación posterior al asesinato, colaborando en el movimiento y disposición de los restos en el distrito de Surquillo. La policía ha intensificado los esfuerzos para identificar y ubicar al taxista, considerado pieza clave para esclarecer el caso y determinar el grado de participación de terceros.

Además, las autoridades investigan si los familiares tienen relación con el crimen. Las cámaras de seguridad del distrito también ayudarán para la investigación.

Familiares piden justicia

La familia de Marializ Duende Malafaya exige que las autoridades actúen con firmeza para asegurar que todos los responsables reciban una sanción ejemplar. Sus allegados insisten en que el caso no quede impune y piden celeridad en las investigaciones para esclarecer cada detalle del crimen.

Los familiares han señalado que, durante los meses de búsqueda, no recibieron respuestas claras del entorno de Peter Carvajal Villacres y enfrentaron obstáculos en su intento por conocer la verdad. Reclaman que se investigue a fondo la posible complicidad de otras personas, como el taxista que habría colaborado en el traslado del cuerpo y cualquier otro individuo que haya participado en el ocultamiento de los hechos.

Además, la familia solicita apoyo psicológico y acompañamiento institucional para sobrellevar el duelo y el proceso judicial. Como se recuerda, la hermana denunció el caso en enero y le pidió apoyo a Peter, pero este mostró su rechazo.

“Le pedí que me ayudara, le supliqué, te di un montón de días para ayudarme a buscar a mi hermana”, denunció la hermana. A pesar de ello, las autoridades no podían detenerlo hasta contar con una orden de captura, lo que le permitió escapar.

Canales de ayuda

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Brinda orientación, asistencia legal y psicológica gratuita a personas afectadas por violencia familiar o de género. Cuenta con programas de protección y apoyo en todo el país.
• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Son espacios especializados que ofrecen atención integral, asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social a víctimas de violencia. Funcionan en distintas regiones y algunos atienden las 24 horas.
• Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial de atención nacional, disponible las 24 horas. Proporciona información, orientación y soporte emocional, y puede activar rutas de protección ante situaciones de violencia. El número es 100.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Recibe denuncias de violencia de género en todas las comisarías del país. La PNP está obligada a brindar protección inmediata y coordinar acciones con otras instituciones para salvaguardar la integridad de la víctima.

Con el correr de los días, el periodista fue separado de La Poderosa, la agrupación social de la que era referente, y, en las últimas horas, emitió un comunicado expresando su punto de vista. En este panorama, Cecilia decidió volver a expresarse de manera pública.

Fue a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde compartió un breve clip de su show realizado el viernes pasado, justo cuando el tema ganaba fuerza en la opinión pública y los testimonios contra Levy seguían multiplicándose. En esa publicación, Cecilia acompañó las imágenes con una frase contundente: “Que la vergüenza cambie de bando”. Además, sumó una reflexión que profundiza el sentido de su mensaje: “Tu vulnerabilidad siempre es el punto de partida de tu valentía”.

En el video de la presentación del viernes en Rosario, a Cecilia se la ve conmovida, antes de iniciar el espectáculo, Cecilia se dirigió a su público con sinceridad. “Quiero decir algo breve porque es muy difícil para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro, no pasa nada”, expresó. Luego, hizo referencia al momento personal que atraviesa: “Quizás muchos saben las cosas que me estuvieron pasando a nivel personal y pensaba: ‘¿Qué voy a decir?’. Y creo que hay mucho de esto de ‘¿Por qué? ¿Cómo puede ser?’”.

Lejos de mostrarse abatida, Ce compartió una reflexión que fue recibida con un fuerte aplauso por parte del público: “A mí no me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso. La podés pasar como el oj..., pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar”. Antes de cerrar, dejó un mensaje esperanzador para quienes atraviesan situaciones similares: “Quiero darles ese mensaje. Hay que dar amor, que no nos saquen eso y que no nos quiten la ternura”, dijo entre lágrimas.

Previamente, Levy también eligió las redes sociales para hacer su descargo. En un mensaje publicado con fondo negro y letras blancas, reconoció haber generado “relaciones tóxicas” y ser “protagonista de prácticas” que su propia organización venía revisando. “Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, escribió. Levy agregó: “No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”.

El dirigente social detalló que atraviesa “horas duras” y que decidió “profundizar desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días. Ahí estará mi compromiso de reparación personal, para que pueda, cuando sea, contribuir también a la reparación colectiva”. En su descargo, agregó: “A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas”. Y sumó: “Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”. Sobre su rol en el movimiento feminista, Levy sostuvo: “Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño”.

La publicación concluyó con el anticipo de cómo serán sus próximos pasos: “Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho”.

En medio de este escenario, La Poderosa, organización de la que Levy era referente, había emitido un comunicado colectivo en el que detalló los pasos adoptados. “Activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos”, señalaron. El texto también precisó la posición de la agrupación frente a situaciones de violencia de género: “No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo”.

La Cámara de Casación federal anuló el sobreseimiento de un sargento del Ejército investigado por el abuso sexual de una soldado voluntaria en Corrientes y ordenó que la causa siga adelante. El tribunal sostuvo que, por ahora, no puede considerarse vulnerada la garantía del plazo razonable de duración del proceso sin evaluar el contexto del caso y los derechos de la víctima.

La causa estuvo paralizada en el Juzgado Federal de Paso de los Libres desde el 24 de octubre de 2018 hasta el 5 de abril de 2024, cuando un secretario informó que el expediente se había traspapelado y lo puso a despacho urgente. Después de ese período sin actos procesales relevantes, el juzgado dispuso medidas y el 4 de diciembre de 2024 procesó al imputado por abuso sexual simple.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó así el sobreseimiento que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había dictado el 19 de febrero pasado a favor del suboficial, al aceptar el planteo de la defensa por presunta extinción de la acción penal por vencimiento del plazo razonable.

La denuncia y el trámite de la causa

La denuncia original se presentó el 14 de agosto de 2017. El padre de una soldado voluntaria de la Compañía Comando y Servicios del Regimiento de Infantería N°4 de Monte Caseros afirmó ante la fiscalía provincial que su hija había sido abusada sexualmente por un sargento primero el 5 de julio de ese año.

Según relató la voluntaria a su familia, estaba por salir de franco luego de su guardia de 24 horas, cuando un sargento le ordenó que regrese al comedor. En esa circunstancia, relató, luego de ordenarle que se pusiera a pelar papas, este suboficial se le acercó por detrás y comenzó a manosearla. Recién horas después se pudo retirar.

Como en el caso estaban involucrados funcionarios nacionales, el fiscal provincial se declaró incompetente. El 13 de septiembre de 2017, el expediente pasó al Juzgado Federal de Paso de los Libres, que delegó la investigación en la fiscalía federal, que advirtió al denunciante que, por tratarse de un delito dependiente de instancia privada, debía ser la propia víctima quien formulara la denuncia. Esa presentación se concretó el 19 de octubre de 2017.

A partir de allí, la fiscalía ordenó distintas diligencias que terminaron un año después con el pedido de indagatoria del sargento primero. Ante la falta de respuesta judicial, ese requerimiento fue reiterado en otras tres oportunidades y finalmente se fijó audiencia, tras varias reprogramaciones, para el 16 de septiembre de 2020.

El expediente permaneció delegado en la fiscalía hasta el 24 de octubre de 2018, fecha en la que fue remitido al juzgado con pedido de indagatoria y el magistrado reasumió la investigación. Desde entonces, la causa quedó detenida en sede judicial hasta que el extravío fue advertido en 2024.

El sobreseimiento y la apelación

El 29 de octubre de 2025, la entonces Fiscalía Federal de Paso de los Libres pidió la elevación a juicio. La defensa del imputado respondió con una excepción por falta de acción y solicitó el sobreseimiento al sostener que la acción penal estaba extinguida por vencimiento del plazo razonable.

El juez rechazó ese planteo, pero la defensa volvió a recurrir. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar al pedido y dictó el sobreseimiento.

Los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel cuestionaron esa resolución por entender que aplicó de manera automática la garantía del plazo razonable y omitió considerar las circunstancias concretas que influyeron en la duración del proceso. En la instancia ante Casación, el recurso fue sostenido por Mario Alberto Villar, titular de la Fiscalía N°1 ante ese tribunal.

Schaefer sostuvo que, desde una perspectiva normativa, la acción penal se mantuvo vigente durante toda la tramitación del expediente y que el mero paso del tiempo no extingue por sí solo la potestad punitiva del Estado ni configura automáticamente una afectación de la garantía invocada. También remarcó que el imputado era funcionario público y que el hecho investigado habría ocurrido dentro de instalaciones del Ejército Argentino, en un contexto de violencia de género.

El fallo de Casación

Los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar coincidieron con esa postura. Anularon la resolución impugnada y ordenaron devolver el expediente al tribunal de origen para que continúe la sustanciación del proceso “con la celeridad que el caso impone”.

En su voto, Yacobucci afirmó que no era “posible afirmar que se encuentre, por el momento, comprometida la garantía del plazo razonable”. Añadió: “Las garantías del imputado –inclusive aquella de ser juzgado en un plazo razonable–, deben ser conjugadas con aquellos derechos que asisten a la denunciante, especialmente luego del reconocimiento que el propio legislador ha hecho en la ley N°27.372”.

A la vez, destacó que la investigación se refiere a una denuncia por un delito contra la integridad sexual presuntamente cometido por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, dentro del regimiento y sobre una mujer de rango inferior.

Para Yacobucci, ese cuadro imponía incorporar perspectiva de género en la investigación, de acuerdo con las obligaciones asumidas por el Estado argentino. En ese marco, concluyó que la resolución anulada carecía de un análisis integral de las particularidades del hecho denunciado y no cumplía con los parámetros exigibles para considerarla un acto jurisdiccional válido.

Ledesma añadió, citada por la publicación oficial, que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes “soslayó toda perspectiva de género en la resolución del presente incidente”. La jueza sostuvo que el tribunal no solo omitió notificar a la víctima, sino que además realizó una valoración sesgada al limitar su análisis a la dimensión temporal del proceso y a determinados períodos de inactividad, sin ponderar en conjunto las características de la investigación.

La confesión del principal sospechoso

Las sospechas siempre estuvieron en Peter Carvajal Villacres, expareja de la víctima, tras mostrar una negativa para ayudar a la familia en la búsqueda. Luego de varios meses, confesó su responsabilidad en el crimen.

La reconstrucción policial permitió conocer que, tras una discusión relacionada con el fin de la relación, la joven perdió la vida en el departamento que ambos compartían en Surquillo. El sospechoso no mostró arrepentimiento ante los investigadores y narró con frialdad su proceder posterior al crimen.

Durante la investigación, Carvajal condujo a los agentes hasta la ferretería donde adquirió herramientas utilizadas tras el hecho. También explicó los métodos empleados para deshacerse del cuerpo y cómo trasladó los restos hasta un contenedor de basura. El jefe de la División de Homicidios, coronel Carlos Morales, señaló que el detenido se comportó de manera calculadora y mostró una actitud posesiva.

“[Narró] que él ha tenido una pelea, la lesionó causándole lesiones traumáticas hasta producirle su deceso”, confirmó el coronel a Latina Noticias.

La fuga del feminicida confeso

La relación entre Marializ y Carvajal se inició a través de redes sociales. Tras mudarse juntos al departamento del joven, la convivencia terminó en tragedia. Tras el crimen, la familia de Carvajal abandonó el lugar y se dirigió a Orellana, en la selva, donde intentaron ocultarse. Todos los involucrados permanecen bajo investigación.

La policía indicó que el responsable no actuó solo. Un taxista habría sido contratado para trasladar los restos, recibiendo un pago a cambio. Las autoridades continúan buscando a esta persona para esclarecer su grado de participación.

Durante meses, Peter Carvajal fingió colaborar con la policía y la familia. Mientras tanto, los allegados de Marializ persistieron en la búsqueda, exigiendo respuestas y justicia. La familia espera ahora recuperar los restos para poder despedirse de ella.

La joven, descrita por su entorno como una persona alegre y trabajadora, fue víctima de feminicidio cuando solo buscaba poner fin a una relación que se tornó peligrosa.

Este caso se incorpora a los 52 feminicidios reportados en Perú entre enero y mayo de 2026, según datos del Ministerio de la Mujer. Durante el mismo periodo, las autoridades recibieron 100 denuncias de intento de feminicidio a nivel nacional, lo que evidencia la magnitud y persistencia de la violencia de género en el país.

Canales de ayuda

• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Son espacios especializados que ofrecen atención integral, asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social a víctimas de violencia. Funcionan en distintas regiones y algunos atienden las 24 horas.
• Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial de atención nacional, disponible las 24 horas. Proporciona información, orientación y soporte emocional, y puede activar rutas de protección ante situaciones de violencia. El número es 100.

Días atrás, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, acusó de violencia psicológica, control y manipulación emocional a una de sus exparejas. Si bien la profesional lo hizo de manera anónima, el nombre de Nacho Levy se impuso casi de inmediato en las redes sociales. Hace unas horas, el dirigente se disculpó por las “dinámicas emocionalmente violentas” que reconoció haber generado en sus relaciones, en medio de un escándalo en el que se sumaron los testimonios de otras mujeres y que derivó que La Poderosa, organización social de la que Levy era referente, anunciara su desvinculación total mediante la activación de su protocolo de géneros.

En su descargo, Levy reconoció haber generado “relaciones tóxicas” y ser “protagonista de prácticas” que su propia organización venía revisando. “Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, escribió en un texto blanco sobre letras negras. Y agregó: “No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”.

En este sentido, aseguró que transita “horas duras” y que se propuso “profundizar desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días. Ahí estará mi compromiso de reparación personal, para que pueda, cuando sea, contribuir también a la reparación colectiva”.

“A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas”, prosiguió Levy en su descargo. Y añadió: “Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”. Sobre su participación en el movimiento feminista, escribió: “Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño”.

Finalmente, el dirigente anticipó cómo serán sus próximos días: “Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho”.

El comunicado de Levy llegó tras una semana en la que las voces en su contra se multiplicaron. La primera en hablar fue Cecilia Ce, quien, sin nombrarlo, describió en sus redes un patrón de conducta sistemático: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”. Y agregó: “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”. El nombre de Levy circuló de inmediato y las redes sociales se poblaron de testimonios.

Gloria Carrá, actriz y cantante que mantuvo una relación con Levy entre 2020 y 2023, también se pronunció, aunque sin detallar episodios propios. “Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”, escribió en sus historias de Instagram. Además, aclaró que desde el primer momento se había comunicado en privado con Ce y que elegía no hacerlo públicamente: “Es la manera que encuentro de cuidarme”.

Poco después, Sofía Monachelli, periodista de Crónica TV, tomó la palabra al aire de su propio programa y rememoró un hecho ocurrido a sus 18 años, cuando estudiaba en Deportea y Levy era su profesor. Lo que comenzó en ese vínculo derivó en un noviazgo de aproximadamente dos años y medio. “Yo sentí exactamente lo mismo”, dijo Monachelli respecto a lo denunciado por Ce. Con dos décadas de distancia, pudo nombrar lo que entonces no tenía nombre: “Yo entendí después que había sido una relación violenta, que había sido una relación que me había llenado de inseguridades, de miedos, de no contar”. Al terminar el vínculo, tuvo que cambiar su número de teléfono por el volumen de llamadas y mensajes que recibía.

Ante ese escenario, La Poderosa emitió un comunicado colectivo en el que explicó los pasos seguidos. “Activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", señalaron. El texto también precisó los límites de su herramienta política frente a la situación: “No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo".

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá protección institucional para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos abriera una carpeta de investigación por presuntos actos de violencia denunciados por su esposa.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria informó que la Secretaría de las Mujeres estableció comunicación con la víctima y reiteró que las autoridades competentes deben actuar conforme a la ley.

Sheinbaum sostuvo que el caso corresponde a la Fiscalía de Morelos debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en esa entidad. En ese sentido, enfatizó que las investigaciones deben desarrollarse sin distinciones derivadas de la trayectoria o vínculos del exfuncionario.

La presidenta afirmó que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y señaló que ninguna persona recibirá un trato diferenciado por haber ocupado un cargo público.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”, expresó.

La mandataria también aprovechó para aclarar la situación administrativa de Rodríguez Padilla dentro del gobierno federal. Explicó que el exdirector de Pemex estaba contemplado para asumir una nueva responsabilidad en el ámbito energético y que incluso ya había anunciado públicamente su próxima incorporación.

Sin embargo, precisó que el procedimiento de designación aún no se encontraba concluido porque faltaba la firma oficial del nombramiento.

“Yo no había firmado porque lleva un trámite la firma del nombramiento. Apenas iba a pasar el nombramiento”, explicó.

Por esa razón, indicó que no fue necesario revocar ninguna designación formal, ya que el proceso no se había concretado. Añadió que Alejandro Salcido continuará al frente de la posición que se tenía prevista para Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

“No ocupará otro cargo”

La presidenta fue más allá y afirmó que el exfuncionario no podrá ser considerado para otro cargo dentro de la administración federal mientras se desarrolla el caso.

“Ya no podrá ocupar otro cargo en la administración, ya no”, señaló ante la pregunta expresa de la prensa.

Las declaraciones ocurrieron después de que se difundiera un video en el que se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a una mujer. Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Sheinbaum insistió en que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación y reiteró que la aplicación de la ley debe ser igual para cualquier persona.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”, sostuvo la mandataria.

Un video contradice a Sheinbaum: pidió ayuda a Rodríguez Padilla para dirigir el INEEL

El 14 de mayo de 2026, la presidenta anunció públicamente en Palacio Nacional —con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presente— que Víctor Rodríguez Padilla asumiría la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

En ese mismo acto, Sheinbaum explicó que ambos se conocen desde su época en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que el acuerdo original era que Rodríguez Padilla permaneciera en Pemex solo un año y medio, compromisos que, según la Presidencia, se respetaron.

El nombramiento no quedó solo en palabras. El 1 de junio de 2026, el INEEL llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla. En esa ceremonia, el exdirector de Pemex declaró que asumía “con honor y responsabilidad” la dirección del instituto. Dos días después, el 3 de junio, el INEEL difundió un boletín que documentó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación investiga la muerte de una mujer de 88 años ocurrida el jueves 25 de junio de 2026 en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, tras detectarse lesiones en su zona genital durante la atención médica. Las autoridades buscan determinar si el deceso respondió a causas naturales o si existió un factor externo vinculado a una conducta delictiva.

La mujer fue hallada en estado de deterioro físico el martes 23 de junio en su vivienda del barrio Villa Flora, en la comuna siete de Robledo, donde residía junto a su hermano de 83 años. Personas cercanas la auxiliaron y la trasladaron de urgencia al hospital. Durante la valoración inicial, el personal de salud detectó comorbilidades de base, un cuadro clínico agudo y lesiones en la zona genital, hallazgo que motivó observación estricta e indagación interna.

El personal médico no logró establecer con certeza el origen de esas lesiones. De forma preliminar, los especialistas plantearon tres hipótesis: procesos infecciosos graves, patologías dermatológicas preexistentes o traumas asociados a un posible hecho de violencia. El dictamen clínico quedó bajo reserva.

El fallecimiento se confirmó el jueves 25 de junio, luego de varios intentos por estabilizar a la paciente. De manera preliminar, el cuadro se asoció a una falla cardíaca y a patologías crónicas que padecía. Los forenses serán los encargados de confirmar o descartar esa versión.

La investigación forense

Ante la incertidumbre sobre el origen de las lesiones, la Fiscalía General de la Nación coordinó la inspección técnica del cadáver. El caso quedó en manos del CTI y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyos expertos determinarán cómo transcurrieron los últimos días de la víctima y si la muerte obedeció solo a causas naturales o si existió un elemento externo relacionado con violencia.

El examen forense deberá precisar si las lesiones genitales corresponden a una patología crónica o a un posible abuso sexual, en atención al estado de vulnerabilidad e indefensión de la víctima. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán los análisis del caso.

El entorno y las condiciones de vida

La investigación también revisa el entorno familiar y las condiciones en que vivía la mujer, residente en ese sector de Robledo desde hacía dos décadas. Según los diarios locales Alerta Paisa y Q’hubo Medellín, la adulta mayor expresó que se sentía gravemente enferma antes de ser auxiliada por personas cercanas.

El hallazgo encendió las alarmas entre los habitantes de la ciudad, que exigen una investigación exhaustiva dado el estado de vulnerabilidad de la víctima y las circunstancias en que fue encontrada.

Presunto maltrato contra adultos mayores en hogar geriátrico de Bogotá

El caso de Medellín no es un hecho aislado. El 23 de junio de 2026, apenas dos días antes del fallecimiento de la mujer de 88 años, una ciudadana denunció ante el diario local Q’hubo Bogotá presuntos maltratos contra los residentes de un hogar geriátrico del barrio Normandía, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Entre las personas afectadas se encontraba su madre, una mujer de 64 años con discapacidad, ingresada al centro el 3 de enero de 2026 por recomendación médica.

Según el relato de la denunciante, los presuntos malos tratos incluían restricciones para ir al baño, alimentación deficiente, fallas de iluminación y falta de acompañamiento nocturno, pese a que todos los residentes padecían afecciones que requerían cuidado permanente. La mujer afirmó que su madre le describió lo ocurrido durante una visita: “No me dejaron ir al baño, me sentaron en el mueble y me pusieron las manos atrás”. Días después, recibió videos de un testigo que documentaban las condiciones dentro del centro, lo que la llevó a retirar a su familiar del establecimiento e iniciar acciones legales.

La denunciante también señaló deficiencias graves en la alimentación: “Les daban cueros de pescado, patas de menudencias y huesos de pechuga, pero sin nada de proteína”. A eso sumó problemas de saneamiento —algunos residentes debían hacer sus necesidades en baldes que a veces se desbordaban— y la ausencia de trabajadores durante la noche: “Ellos en la noche se quedan solos”. Hasta la publicación de ese reporte, el hogar geriátrico no había emitido respuesta alguna.

Citlalli Hernández afirmó este 28 de junio que el caso de Víctor Rodríguez Padilla muestra que en México hay condiciones para denunciar violencia contra las mujeres sin guardar silencio por miedo a la impunidad, luego de que se difundiera un video en el que el exdirector de Pemex presuntamente golpea a su esposa y de que el Gobierno federal ofreciera acompañamiento institucional a la víctima.

La grabación que detonó la respuesta pública dura cinco minutos con cuatro segundos y fue registrada el pasado 15 de marzo dentro de un domicilio familiar. En el material, sin audio, se observa un forcejeo por un portafolios verde, empujones y momentos en los que el exfuncionario presuntamente somete físicamente a María Felicia Jiménez Lavie; también aparece un menor de edad durante parte de la confrontación.

Hernández, exsecretaria de las Mujeres y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sostuvo en X que “en México nunca más una mujer” debe callar “por miedo a la impunidad, complicidad o ‘poder’ de su agresor”. En su mensaje, atribuyó la confianza de las denuncias públicas a que hoy hay una presidenta, Claudia Sheinbaum, y a la existencia de la Secretaría de las Mujeres.

Citlalli Hernández dice que la denuncia refleja confianza en la presidenta y en las autoridades

Durante el registro de aspirantes a la Coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional, la dirigente morenista dijo que destacaría tres puntos del caso. El primero, señaló, es “la valentía y la confianza de María Felicia Jiménez” por denunciar la violencia y pedir auxilio a la presidenta pese a que su presunto agresor fue un exfuncionario del Gobierno de México.

La segunda idea, agregó, es la reacción institucional. Según su declaración, la Secretaría de las Mujeres actuó de inmediato y, “hasta donde lo ha dicho la víctima”, Jiménez Lavie se reunirá el lunes con la subsecretaria Ingrid Gómez.

El tercer punto, de acuerdo con Hernández, es que el caso debe abrir una discusión social sobre cómo terminar con la violencia machista desde los discursos, las acciones y las políticas públicas. En su intervención pidió que el hecho no se reduzca a un “golpeteo” entre fuerzas políticas y llamó a empujar un cambio cultural para erradicar agresiones que, dijo, muchas mujeres viven dentro de sus hogares.

En el mismo sentido, escribió en redes sociales que existe una Secretaría de las Mujeres que acompaña de manera inmediata a las víctimas. También planteó que hay condiciones para que la sociedad siga discutiendo cómo construir conductas de igualdad y sin violencia.

Rodríguez Padilla dice que colaborará con las autoridades y que atenderá el proceso como ciudadano

La respuesta del exdirector de Pemex llegó a través de una cuenta de reciente creación en X. Rodríguez Padilla aseguró: “Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”.

En el mismo posicionamiento pidió discreción para no afectar a sus hijos menores de edad. Después añadió: “Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

La denunciante difundió el video en YouTube y acompañó la publicación con un señalamiento político. “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”, escribió.

Jiménez Lavie también expuso el costo personal que, según su versión, implicaba hacer pública la agresión. “Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”, afirmó.

El 14 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció públicamente en Palacio Nacional —con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presente— que Víctor Rodríguez Padilla asumiría la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

En ese mismo acto, Sheinbaum explicó que ambos se conocen desde su época en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que el acuerdo original era que Rodríguez Padilla permaneciera en Pemex solo un año y medio, compromisos que, según la Presidencia, se respetaron.

El nombramiento no quedó solo en palabras. El 1 de junio de 2026, el INEEL llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla. En esa ceremonia, el exdirector de Pemex declaró que asumía “con honor y responsabilidad” la dirección del instituto. Dos días después, el 3 de junio, el INEEL difundió un boletín que documentó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González.

Su presencia en el cargo se extendió más allá de la ceremonia inicial. El 24 de junio, Rodríguez Padilla encabezó un evento con motivo del décimo aniversario de la responsabilidad asignada al instituto para desarrollar investigación orientada al impulso de las energías limpias en México. Todo quedó documentado con fotografías y publicaciones en los canales institucionales del gobierno federal.

El video que lo cambió todo

El 26 de junio, la doctora María Felicia Jiménez Lavie, esposa del funcionario, difundió en YouTube un video de más de cinco minutos. La grabación, registrada presuntamente el 15 de marzo de 2026 con una cámara de vigilancia, muestra al exfuncionario agrediendo físicamente a Jiménez en la estancia de lo que presuntamente es su domicilio. Los hechos habrían ocurrido cuando Rodríguez Padilla aún era director de Pemex.

Jiménez acompañó el material con un mensaje en el que denunció la violencia ejercida por su esposo: “En casa, un alto mando del Gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia”.

La denunciante también pidió ayuda directamente a Sheinbaum y advirtió: “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”.

La versión de la SENER que no cuadra

Horas después de la viralización del video, la Secretaría de Energía emitió una tarjeta informativa con una postura que generó cuestionamientos inmediatos: el INEEL precisó que, aunque existió la intención de incorporar al exdirector general de Pemex tras su salida de la empresa, ese nombramiento nunca llegó a formalizarse.

La dependencia añadió que, tras los recientes acontecimientos de conocimiento público, no se contempla concretar su incorporación al servicio público federal.

La contradicción es evidente: el propio portal del Gobierno de México aún mantenía publicado el boletín del 3 de junio en el que el INEEL anunciaba la llegada de Rodríguez Padilla a la Dirección General.

Las reacciones institucionales

Ante el escándalo, los posicionamientos llegaron desde varios frentes:

• Claudia Sheinbaum aseguró que la víctima recibirá “toda la ayuda” y señaló que, si Jiménez decide presentar una denuncia formal, contará con el respaldo institucional.
• La Secretaría de las Mujeres confirmó que estableció contacto con Jiménez para ofrecer acompañamiento y medidas de protección.
• La Fiscalía General de Morelos abrió una investigación, precisando que los hechos habrían ocurrido en el interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata.
• Víctor Rodríguez Padilla publicó un mensaje en X en el que informó que se separaba de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades.

Hasta el momento, ni la SENER ni el INEEL han explicado públicamente qué estatus jurídico tenía Rodríguez Padilla durante las semanas en que encabezó actos institucionales del organismo sin —según la versión oficial— haber sido formalmente nombrado.

Un joven de 18 años agredió y amenazó de muerte a su exnovia y a su exsuegra, de inmediato les robó una camioneta y escapó. Durante el trayecto de su huida, cuando se dirigía por la Ruta Costera N° 2 en la provincia de Misiones, chocó con gran violencia contra un camión que permanecía detenido por un desperfecto mecánico. El muchacho murió lo mismo que otros dos hombres que revisaban el vehículo de carga.

De acuerdo con la reconstrucción que logró hacer la Policía de Misiones, la secuencia de hechos arrancó cerca de las 5 de la madrugada de este sábado en la localidad de Campo Viera. Allí, el joven identificado como Jonas Cristian Chiluk presuntamente atacó con un arma blanca a su expareja, también de 18 años, y a la madre de la joven, con quienes mantuvo una discusión que derivó en amenazas de muerte.

Tras el episodio, Chiluk sustrajo una Toyota Hilux doble cabina de color bordó que estaba estacionada con la llave colocada y escapó por la Ruta Nacional 14.

Durante la huida, Chiluk publicó estados en WhatsApp en los que se lo veía al volante del vehículo y expresaba intenciones de quitarse la vida. Esas publicaciones fueron incorporadas a la investigación judicial que ya lo perseguía debido a las amenazas contra las dos mujeres.

Aproximadamente a las 6 de la mañana, la misma camioneta apareció en una estación de servicio de la localidad de Leandro N. Alem: el conductor cargó combustible y se retiró sin pagar. El análisis de las cámaras de seguridad del lugar permitió a la Policía de Misiones confirmar que el vehículo era el mismo denunciado como robado en Campo Viera, lo que, una vez más, activó las actuaciones correspondientes.

Dos horas y media después, alrededor de las 8:30, la Toyota Hilux embistió a toda velocidad a un camión Iveco con acoplado cargado con raleo de pino que permanecía detenido sobre la calzada de la Ruta Costera Nº 2, a la altura del kilómetro 18, en el distrito de Tres Capones. En ese momento, tres hombres realizaban tareas de reparación del rodado sobre la misma cinta asfáltica.

El choque fue devastador. Chiluk murió en el lugar, al igual que Alan Emanuel Moreira, de 18 años, uno de los hombres que trabajaba en la reparación del camión. Un tercer hombre, Referson Yovany Moreira, de 22 años, fue trasladado en estado grave al Hospital de Apóstoles, donde falleció horas más tarde a causa de las lesiones sufridas.

Un cuarto involucrado en el siniestro, identificado como A.B., de 29 años, permanece internado en el mismo hospital en el que estaba Moreira. Su estado es crítico.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, el médico policial y las dependencias jurisdiccionales correspondientes. La investigación judicial continúa abierta para determinar con precisión las circunstancias del siniestro vial y establecer la cadena de responsabilidades que conecta la causa de violencia de género iniciada en Campo Viera con el fatal desenlace sobre la Ruta Costera.

Una pareja de jubilados murió en un accidente en Misiones

La semana pasada, dos personas fallecieron tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1389, en jurisdicción de Loreto, provincia de Misiones.

El vehículo menor salió de su carril, cruzó hacia el lado contrario y colisionó de frente con un camión Mercedes Benz que avanzaba en dirección opuesta. Los dos ocupantes del auto murieron en el lugar.

Las víctimas fueron el médico Enzo Londero, de 86 años, y su esposa Olga María Rosch, de 76, residentes en Eldorado. El matrimonio se desplazaba a bordo de un Toyota Corolla con dirección Loreto–Posadas cuando, por causas que la Justicia aún debe determinar, el rodado se desvió e irrumpió en el carril de sentido contrario. El camión, de propiedad de una empresa comercial, venía desde San Ignacio con destino a Loreto al momento del impacto.

Los tripulantes del camión sufrieron heridas de carácter leve y recibieron atención en el Hospital de San Ignacio. Los controles de alcoholemia realizados a los conductores arrojaron resultado negativo —0,0 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos—, de acuerdo con lo publicado por Elonce. En la escena del accidente actuaron efectivos de la Policía de Misiones, agentes de la División Policía Científica y bomberos, que aseguraron el área y regularon la circulación vehicular.

El traslado a Bogotá de Matthew Ashley Foster Smith se concretará en las próximas horas bajo un fuerte operativo de seguridad, después de que se comprobara que intentó huir a Londres, Inglaterra.

El ciudadano británico, de 46 años, es señalado por el crimen de Natalia Villalba

Según El Tiempo, el británico ya está bajo control de las autoridades colombianas y llegará a Bogotá en la noche de este sábado 27 de junio en un vuelo de Avianca. La investigación lo señala por haber golpeado y asesinado a Villalba en la capital colombiana, y por haber salido hacia Ecuador tres días después de los hechos antes de intentar llegar a Londres.

El medio citado indicó que Matthew Ashley Foster Smith salió de Colombia por vía terrestre el 20 de junio. Cruzó el puente de Rumichaca y llegó a Quito, en Ecuador.

Las autoridades lo trasladarán a Bogotá para que enfrente el proceso judicial en Colombia.

El caso se centra en el señalamiento por feminicidio agravado y en los movimientos que hizo tras abandonar el país.

Qué se sabe del crimen y del proceso por feminicidio agravado

La investigación lo señala por haber golpeado y asesinado a Natalia Villalba en el apartamento 702 del edificio Morph, en el norte de Bogotá. También le atribuye haber ocultado el cuerpo de la víctima en una maleta.

Hay pruebas de que agredió físicamente a la colombiana hasta causarle la muerte. La investigación también sostiene que manipuló el cadáver para borrar rastros.

Será procesado por feminicidio agravado, delito que en Colombia contempla penas de entre 40 y 50 años de prisión.

Videos de cámaras de seguridad y la bitácora del edificio permitieron establecer que, entre el 3 y el 17 de junio, entraron al menos 15 personas al lugar. La modelo pagaba cerca de $8,4 millones mensuales por ese apartamento.

La ruta hacia Ecuador y el cambio de identidad

Fuentes cercanas al proceso dijeron a El Tiempo que el extranjero cambió su nombre después de pagar una condena de dos años y dos meses por acoso en el Reino Unido. Los documentos que le incautaron en Ecuador lo identificaban como Martinson Foster.

Esos mismos papeles señalaban otro lugar de origen. Allí afirmó haber nacido en Cambridge, Inglaterra.

Fuentes allegadas al caso dijeron, al medio mencionado, que ese documento sería falso. Según esas fuentes, esa maniobra buscaba ocultar su pasado criminal y despistar a las autoridades por información divulgada años atrás en Reino Unido.

Los antecedentes en Reino Unido

El británico cambió su identidad después de enfrentar dos condenas por acoso en Reino Unido. La primera fue en 2020 y la segunda, según el texto citado por El Tiempo, en 2025 por hechos contra sus exparejas.

A raíz de esos antecedentes, las autoridades de su país obtuvieron una orden de allanamiento y registro para entrar en su apartamento del barrio Chapel Chanel, en Poole. En esa ciudad costera tenía una empresa de inversiones.

En la inspección hallaron varios teléfonos, tarjetas SD y memorias USB. Los análisis forenses determinaron que guardaba contenido explícito de una de sus exparejas, material que habría usado para acosarla y amenazarla.

El tabloide británico The Sun, citado por El Tiempo, consignó que negó haber participado en el crimen y afirmó que estaba en un restaurante de Bogotá cuando ocurrieron los hechos.

Foster-Smith había sido condenado en 2023 por acoso y difusión de imágenes íntimas

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión por acechar a su exnovia, seguirla al gimnasio y publicar fotografías íntimas tras la ruptura. En ese mismo proceso se indicó que es médico y que tenía la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía por orden judicial.

El expediente también recoge mensajes enviados a sus parejas en los que insistía en su intención de conseguir un hacha y “destrozar a las mujeres”. En otra frase, afirmó: “Si voy a acabar golpeado, que valga la pena”.

El Tribunal de Magistrados de Poole impuso a Foster-Smith una orden de alejamiento indefinida por acoso, medida adoptada tras una solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset, reportó BBC.

Esa decisión le exigía mantener contacto regular con la Policía, informar su domicilio y los datos de su vehículo, además de prohibirle cualquier comunicación con la víctima y restringir el uso de dispositivos de comunicación electrónica.

Según la propia Policía de Dorset, su Unidad de Alto Riesgo fue creada en 2023 para vigilar a los 15 delincuentes con mayor riesgo de violencia contra mujeres y niñas en ese condado. Esa dependencia registró una reducción del 59% en los delitos cometidos por personas bajo supervisión en los últimos seis meses y del 40% en el último año.

La investigación por el feminicidio en Bogotá apunta a que Natalia Villalba Angarita pasó sus últimas dos horas con el principal sospechoso en un apartamento del edificio Morph, en El Chicó, antes de que él huyera y fuera detenido en Quito.

Según Semana, los investigadores ubicaron al británico Matthew Ashley Foster-Smith dentro del apartamento donde apareció muerta Villalba Angarita entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. del 18 de junio.

Con base en registros de seguridad divulgados por el noticiero Noticias Caracol, se señala que, en cambio, el sospechoso ingresó el 17 de junio y salió al día siguiente.

El cuerpo de Villalba Angarita de 36 años apareció el lunes 22 de junio en el apartamento 702 del edificio Morph, en el norte de Bogotá.

La captura del sospechoso se conoció el viernes 26 de junio, cuando las autoridades lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Quito, en Ecuador.

La ventana de dos horas que sigue la Fiscalía

Cámaras de seguridad y minutas del edificio registraron la entrada y la salida del británico con una diferencia de dos horas.

Ese registro llevó a los investigadores a concentrar la reconstrucción del caso en ese lapso dentro del apartamento. Según los informes forenses, el sospechoso estuvo con Villalba Angarita antes de su muerte.

Al citar registros de seguridad divulgados por Noticias Caracol, señaló que Foster-Smith ingresó el 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente, incluso con sábanas hacia la zona de lavandería.

Sobre la estancia en el inmueble, Semana sostuvo que Villalba Angarita alquiló el apartamento por una plataforma virtual entre el 13 y el 22 de junio.

A partir del testimonio de su madre, indicó que la víctima usaba ese espacio por razones laborales mientras buscaba una vivienda permanente. Claudia Villalba dijo, en el pódcast Conducta Delictiva, que su hija esperaba concretar un trabajo con extranjeros. “Ella sí me dijo hace días que tenía un contrato con unos ‘gringos’, que, de pronto, iba a hacer un contrato con unos ‘gringos’. Me decía: ‘¡Ay, ojalá le saliera ese proyecto!’”.

Las pruebas y hallazgos dentro del apartamento

La escena que dio inicio a la investigación apareció cuando personal de limpieza entró al inmueble para hacer sus labores.

Dentro de la ducha había una maleta gris y la regadera seguía abierta; al revisarla, las autoridades encontraron el cadáver con signos de violencia. El cuerpo permaneció dentro de una maleta bajo la ducha durante cinco días.

Esa publicación señaló que los investigadores creen que dejar el agua corriendo buscaba retrasar la descomposición y ganar tiempo para escapar. Entre los elementos que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recuperó en el apartamento figuran pruebas materiales que respaldaron la orden de captura.

El Tiempo añadió que en la escena aparecieron 2 pasaportes de la víctima y su computador personal. El teléfono celular de Villalba Angarita sigue sin aparecer.

Los investigadores consideran esa ausencia una pieza, mientras que, según el diario, el aparato permite reconstruir las últimas comunicaciones con el hoy detenido.

La fuga a Ecuador y la captura del sospechoso

La investigación avanzó después de que el CTI de la Fiscalía obtuviera una orden de captura y la compartiera con Interpol.

Esa gestión activó una circular roja y amplió la búsqueda fuera de Colombia. Semana señaló que Foster huyó del país por la frontera con Ecuador, la misma vía por la que había ingresado.

La detención en Quito se logró con apoyo de la Fiscalía, Interpol de la Policía de Ecuador y autoridades de Dorset, en el Reino Unido.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la captura. Ese diario también indicó que las autoridades detectaron posibles inconsistencias en la identificación del sospechoso, un punto que la madre de la víctima vinculó con la existencia de dos identidades. “Mi abogado le preguntó y le dijo ella que si era el británico, que él tenía dos identidades, que la original era la de la licencia de conducción”, afirmó Claudia Villalba en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Las autoridades británicas, citadas por Semana, habían pedido la información para localizarlo antes de este caso. “Solicitamos la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a localizarlo; tenemos un gran interés en encontrar a Matthew Foster-Smith y ponerlo a disposición judicial para que afronte el proceso legal correspondiente, así como para brindar tranquilidad a las víctimas de sus presuntas actividades de acoso”.

La Fiscalía busca que el detenido quede a disposición de la justicia colombiana por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, según Semana. El traslado desde Ecuador forma parte de la fase abierta tras su ubicación y captura.

La difusión de un video en el que presuntamente aparece ejerciendo violencia física contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, llevó a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a emitir su primer posicionamiento público. A través de una cuenta de reciente creación en la red social X, el funcionario aseguró que colaborará con las autoridades y que afrontará el proceso fuera de cualquier cargo público.

“Con relación a los recientes señalamientos, entiendo la sensibilidad de la situación. Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”, señaló Rodríguez Padilla en el comunicado.

El exdirector de Pemex también solicitó que se respete la privacidad de su familia, particularmente la de sus hijos menores de edad. “Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, escribió.

Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades encargadas de investigar los hechos.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, añadió.

La postura de Rodríguez Padilla surge después de que María Felicia Jiménez difundiera un video de cinco minutos con cuatro segundos de duración, grabado el pasado 15 de marzo de 2026, en el que se observa una presunta agresión física ocurrida al interior de un domicilio familiar.

En el material, sin audio, se aprecia un forcejeo por un portafolios verde, empujones y momentos en los que el exfuncionario presuntamente somete físicamente a la mujer. La grabación también muestra la presencia de un menor de edad durante parte de la confrontación.

En la publicación donde difundió el video, Jiménez Lavie afirmó: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”.

La denunciante también aseguró que hacer pública la agresión representaba un riesgo para ella y sus hijos. “Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”, escribió.

La controversia por su presunto nombramiento en el INEEL

La situación generó además una controversia institucional en torno al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). El pasado 26 de junio, la Secretaría de Energía difundió una tarjeta informativa en la que aclaró que Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo dentro del organismo.

Según el comunicado oficial, aunque inicialmente se había informado sobre su incorporación tras dejar la dirección de Pemex, “dicha incorporación nunca se formalizó”.

“En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y, tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, precisó el INEEL.

No obstante, la aclaración generó cuestionamientos debido a la existencia de un boletín institucional fechado el 3 de junio, en el que el propio INEEL informó que Rodríguez Padilla había asumido la Dirección General del instituto el 1 de junio durante un evento privado.

En aquella comunicación oficial, el exdirector de Pemex expresó: “Estoy convencido de que el INEEL tiene mucho que aportar a estos grandes objetivos nacionales. Por ello impulsaremos el trabajo colaborativo con universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y socios estratégicos, fortaleciendo los vínculos que permitan transformar el conocimiento en soluciones concretas para México”.

Tras la difusión del video, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal brindará apoyo institucional a María Felicia Jiménez en caso de que decida presentar una denuncia formal. De igual forma, la Secretaría de las Mujeres confirmó que ya estableció contacto con la víctima para ofrecer acompañamiento y medidas de protección.

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) aclaró este 26 de junio que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no ocupa actualmente ningún cargo dentro del organismo, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente aparece ejerciendo violencia física contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.

A través de una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Energía, el INEEL precisó que, aunque inicialmente se había informado sobre una eventual incorporación de Rodríguez Padilla tras su salida de Pemex, “dicha incorporación nunca se formalizó”.

“En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y, tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, señaló el comunicado oficial.

Sin embargo, de acuerdo con un boletín informativo fechado el 3 de junio, Víctor Rodríguez Padilla asumió la dirección del INEEL el 1 de junio durante un evento privado. “Estoy convencido de que el INEEL tiene mucho que aportar a estos grandes objetivos nacionales. Por ello impulsaremos el trabajo colaborativo con universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y socios estratégicos, fortaleciendo los vínculos que permitan transformar el conocimiento en soluciones concretas para México”, indicó el funcionario.

Víctor Rodríguez Padilla contradice al INEEL y sostiene que se separó del cargo

A través de cuenta en X, Rodríguez Padilla contradijo al INEEL y aseguró que tomó la decisión de separarse del cargo y coadyuvar en las investigaciones. “Con relación a los recientes señalamientos, entiendo la sensibilidad de la situación. Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, concluyó.

Denuncia de María Felicia Jiménez

La aclaración del INEEL ocurre después de que María Felicia Jiménez, esposa del directivo, difundiera un video de más de cinco minutos de duración en el que documenta una presunta agresión ocurrida el 15 de marzo de 2026 al interior de un domicilio familiar.

En el material, sin audio, se observa un forcejeo por un portafolios verde, empujones y momentos en los que Rodríguez Padilla presuntamente somete físicamente a la mujer, mientras un menor de edad presencia parte de los hechos.

En la descripción del video, Jiménez Lavie afirmó: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”.

La denunciante también aseguró que hacer pública la situación implicaba riesgos personales y familiares. “Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”, escribió.

Claudia Sheinbaum y la Secretaría de las Mujeres fijan postura

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno brindará apoyo institucional a María Felicia Jiménez en caso de que decida proceder legalmente. “Se le va a dar toda la ayuda”, declaró la mandataria al ser cuestionada sobre el caso durante una gira de trabajo en Chiapas.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres condenó públicamente la violencia denunciada y confirmó que ya estableció contacto con la víctima para ofrecer acompañamiento y medidas de protección.

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”, señaló la dependencia federal.

La Secretaría informó que brindará orientación institucional y respaldo a María Felicia Jiménez, quien responsabilizó públicamente a Víctor Rodríguez Padilla de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, escribió la denunciante al hacer públicos los videos.

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Pemex el pasado 14 de mayo de 2026, después de año y medio al frente de la empresa del Estado.

Aunque se había informado sobre su eventual llegada al INEEL, el organismo confirmó ahora que dicha designación nunca se concretó y que, tras la denuncia de violencia doméstica, no existe posibilidad de formalizar su incorporación al servicio público federal.

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a dos años de prisión condicional por violencia de género contra su expareja. Tras un constante incumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a la víctima, el Poder Judicial de la provincia dictó la sentencia contra J.F.U en un caso identificado como de riesgo de femicidio.

El fallo fue presentado por autoridades municipales como un precendente inusual porque llegó al fuero penal luego de que el hombre incumpla al menos 12 veces las medidas cautelares. De acuerdo con la fiscalía, J.F.U también apagó en reiteradas ocasiones el dispositivo de monitoreo dual para impedir el control de las autoridades y continuar con el hostigamiento a su expareja.

La resolución, que fue dictada este viernes por el juez Luis Sebastián Giorgetti, fue presentada por la Municipalidad de Neuquén como una ratificación de su política de acceso a la justicia y de protección para mujeres que atraviesan situaciones de violencia en la ciudad. La sentencia al hombre se dio tras un procedimiento abreviado. Antes de esa audiencia, el agresor había cumplido dos meses y 10 días de prisión preventiva por la peligrosidad de la conducta y el riesgo concreto para la mujer.

Alejandra Oehrens, titular de la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, explicó que el área acompañó a la víctima con patrocinio legal gratuito para presentar la denuncia por violencia de género código A con riesgo de femicidio. La funcionaria indicó que el proceso penal puso fin a un contexto de violencia física, psicológica y económica.

Además de la pena en suspenso, el fallo fijó reglas de conducta por cuatro años sin cometer delitos. Entre las medidas ordenadas figuran la prohibición de contacto absoluto con la víctima por cualquier medio, en forma directa o indirecta, incluso a través de otras personas o de redes sociales.

La resolución también prohibió el contacto con el hijo o hija hasta que una jueza de familia establezca en una sentencia definitiva un régimen de comunicación. El condenado deberá además depositar una compensación dineraria mensual en una cuenta de la víctima durante dos años, solicitar asistencia al DAV y presentarse ante la Justicia cada tres meses. La fiscal Carolina Mauri sostuvo la acusación.

Según detalló la fiscal del caso, el condenado realizó múltiples llamados y envió mensajes intimidatorios. La acusación también incluyó amenazas simples en tres oportunidades, siempre en un contexto de violencia de género.

La condena marca un precedente

Oehrens dijo que la Municipalidad quiso hacer público el resultado porque “es la primera vez en 8 años que llegamos de esta manera al fuero penal y conseguimos esta condena”. También recordó que, si el condenado no cumple lo dispuesto por el juez, la pena en suspenso podría volverse de cumplimiento efectivo y aumentar.

La funcionaria agregó: “Esperamos que esto llegue a buen puerto, que este varón violento pueda hacer y cumplir con todas las medidas que le ha impuesto el juez. Lo único que pedimos siempre para las mujeres que nos tienen como patrocinantes, acompañantes en el área psicológica, con todo lo que tiene la subsecretaría de las mujeres de la municipalidad de Neuquén, es que podamos siempre lograr justicia para ellas, que tengan una vida plena, una vida feliz, libre de violencia, y que puedan salir a la calle sin miedo”.

Desde enero, la mujer había recibido acompañamiento psicosocial y patrocinio legal gratuito del equipo territorial e interdisciplinario de la subsecretaría, según la publicación. Ese acompañamiento se activó por hechos de violencia física, psicológica y económica cometidos por J.F.U., de quien la víctima se había separado por esos mismos motivos, aunque la violencia continuó después de la ruptura.

En una emergencia, saber a qué número llamar puede marcar la diferencia entre recibir ayuda inmediata o perder minutos clave. En Perú existen distintas centrales de atención según el tipo de situación: seguridad ciudadana, incendios, accidentes, emergencias médicas o casos de violencia familiar y de género.

Los números más conocidos son el 105 de la Policía Nacional del Perú, el 116 de los Bomberos Voluntarios, el 106 del SAMU y la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A ellos se suma el 911, que ya comenzó a operar en fase de pruebas como número único de emergencias en Lima Metropolitana y el Callao.

Aunque todos están vinculados a situaciones de riesgo, no cumplen exactamente la misma función. Por eso, es importante identificar cuándo corresponde llamar a cada central y qué información entregar para facilitar una respuesta más rápida.

Central 105 de la Policía Nacional: cuándo llamar por seguridad ciudadana

La Central 105 de la Policía Nacional del Perú debe utilizarse ante situaciones vinculadas a seguridad ciudadana, delitos en curso o hechos que requieren intervención policial inmediata.

Se puede llamar al 105 en casos de robos, asaltos, violencia en la vía pública, amenazas, presencia de personas sospechosas, disturbios, accidentes de tránsito con necesidad de apoyo policial o cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de una persona o de la comunidad.

Al comunicarse con la central, es clave mantener la calma y brindar información precisa: ubicación exacta, referencia del lugar, qué ocurrió, cuántas personas están involucradas y si existen armas, heridos o riesgo inmediato.

También existe la línea 110 de la Policía de Carreteras, destinada a emergencias en vías nacionales o incidentes ocurridos durante desplazamientos por carretera.

Central 116 de los Bomberos Voluntarios: reporte de incendios, accidentes y rescates

El 116 es la central de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Este número debe usarse para reportar incendios, accidentes vehiculares, fugas de gas, rescates, emergencias con materiales peligrosos o situaciones que requieran la intervención de una unidad de bomberos.

También puede ser utilizado en casos de personas atrapadas, accidentes domésticos graves, emergencias en ascensores, derrumbes, cortocircuitos con riesgo de incendio o siniestros que comprometan viviendas, locales comerciales o espacios públicos.

Al llamar, se debe indicar con claridad la dirección, distrito, puntos de referencia y el tipo de emergencia. Si se trata de un incendio o fuga de gas, es importante precisar si hay personas dentro del inmueble, si existen adultos mayores, niños o personas con discapacidad, y si el riesgo continúa activo.

Línea 106 del SAMU: atención médica prehospitalaria urgente del Minsa

La Línea 106 corresponde al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud. Es una línea gratuita para solicitar orientación y atención prehospitalaria ante emergencias o urgencias médicas.

Este número puede utilizarse ante desmayos, dificultad respiratoria, dolor intenso en el pecho, convulsiones, accidentes con heridos, pérdida de conciencia, crisis graves de salud, emergencias obstétricas u otras situaciones en las que una persona requiera asistencia médica urgente antes de llegar a un establecimiento de salud.

Cuando una persona llama al 106, un profesional capacitado orienta al usuario, evalúa la situación y, de ser necesario, coordina el envío de una ambulancia o el traslado hacia un establecimiento de salud adecuado.

En el caso de asegurados de EsSalud, también existe el 117, vinculado al Servicio de Transporte Asistido de Emergencia, que atiende emergencias médicas de la población asegurada.

Línea 100 del MIMP: soporte especializado ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

Si la persona está en peligro inmediato, también corresponde llamar a la Policía Nacional a través del 105. En situaciones de violencia, lo más importante es no minimizar la amenaza y buscar ayuda lo antes posible.

Cómo usar el número único de emergencias 911 en Perú

El 911 ya comenzó a operar en Perú como número único de emergencias durante su fase de pruebas. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Central de Emergencias 911 atendió sus primeras llamadas reales en Lima Metropolitana y el Callao, como parte del Sistema de Atención y Gestión de Emergencias.

Este número está pensado para simplificar el acceso ciudadano ante una emergencia y evitar que una persona tenga que identificar por su cuenta qué institución debe intervenir primero. A través del 911, la emergencia puede ser derivada al servicio correspondiente según el tipo de caso: seguridad ciudadana, incendio, rescate, urgencia médica o situación de violencia.

La central articula la atención con entidades de primera respuesta como la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el SAMU y la Línea 100. El objetivo es reducir tiempos de respuesta y mejorar la coordinación entre instituciones ante situaciones críticas.

Aun así, los números especializados continúan siendo referencias importantes para la ciudadanía: 105 para Policía, 116 para Bomberos, 106 para SAMU, 100 para casos de violencia familiar o de género y 117 para emergencias médicas de asegurados de EsSalud.

Qué información debes dar al llamar a una central de emergencia

En cualquier llamada de emergencia, la información debe ser breve, clara y precisa. Lo primero es indicar qué ocurrió y dónde ocurrió. La dirección exacta, el distrito, una avenida cercana, una referencia visible o el nombre de un establecimiento pueden ayudar a que la unidad llegue más rápido.

También es importante decir cuántas personas están afectadas, si hay heridos, si existe fuego, armas, fuga de gas, agresores presentes o cualquier otro riesgo activo. Si la central pide mantenerse en línea, se debe seguir la indicación y no cortar la llamada hasta recibir instrucciones.

Hacer llamadas falsas o usar estos números para consultas que no son emergencias puede retrasar la atención de personas que sí necesitan ayuda inmediata. Por eso, estos canales deben utilizarse con responsabilidad.

Según el reporte oficial, la detención se concretó el 17 de junio de 2026 en el municipio de Suaita y se confirmó que el acusado era requerido por el juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Gámbita para responder por los hechos ocurridos en la vereda San Isidro, finca Alto de Camero, en jurisdicción de Aguada.

El comunicado oficial de las autoridades indica que el cuerpo de la víctima fue hallado en zona rural en condiciones que evidenciaban actos de violencia extrema.

Pese a que inicialmente se creyó que pudo tratarse de un accidente, la Policía Nacional reiteró que las indagaciones permitieron establecer la presunta participación del ahora capturado en la muerte de la mujer.

El criminal abusó sexualmente de la mujer, luego la mató y ocasionó un incendio para no dejar rastros

Después de una investigación, las autoridades atribuyeron al detenido la responsabilidad por la agresión sexual, el asesinato y la quema del cuerpo de la víctima para dificultar el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se indicó que la imputación formal mencionada por la Policía es por homicidio agravado, mientras que la Fiscalía deberá definir su situación jurídica dentro del proceso penal y la comunidad reclama que el hecho se considere un feminicidio.

La reconstrucción de los hechos fue realizada con el apoyo de las labores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en articulación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información oficial, el análisis técnico-científico, la recolección de Elementos Materiales Probatorios y de Evidencia Física, junto con los resultados de la necropsia, sustentaron la solicitud de captura y la posterior expedición de la orden judicial.

En el comunicado, la institución afirmó: “Allí un sujeto cometió hechos de violencia sexual y posteriormente asesinó a una mujer. Para ocultar el crimen, generó un incendio donde la víctima terminó incinerada”.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía Primera Seccional del Socorro

Tras la captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera Seccional del Socorro, despacho que continuará las actuaciones judiciales. Esa dependencia será la encargada de definir su situación jurídica dentro del expediente abierto por la muerte de la mujer.

La Policía presentó el procedimiento como parte de sus acciones investigativas para esclarecer delitos de alto impacto en Santander, por lo que en su mensaje final, la institución pidió a los ciudadanos denunciar cualquier hecho criminal a través de la línea 123.

Hombre quemó a su expareja con gasolina

Un juez condenó a 35 años de prisión al hombre que atacó con gasolina a Wendy Sepúlveda Narváez en Neiva (Huila) y le causó la muerte días después. Los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2026 en el barrio El Obrero, y ante la gravedad de las heridas, la joven fue trasladada primero a un centro asistencial de Neiva y luego a la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde murió el 1 de junio.

“La mujer de 24 años acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó”, indicó el reporte del caso.

Habrá juicio. Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia. En el día de ayer, el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso que la defensa del jugador había interpuesto contra la orden de procesamiento y confirmó que el lateral comparecerá ante el juez. Todo, a pocas horas de su segundo partido en el Mundial 2026 contra Escocia.

Si bien Marruecos ganó con comodidad y ya está clasificada para las rondas eliminatorias, su capitán se enteró de la noticia cuando en Boston eran pasadas las tres de la madrugada. Aunque el juicio todavía no tiene fecha, el futbolista quiso mandar un mensaje antes de que amaneciera a través de redes sociales: “Por fin podré hablar”, escribió.

Todo comenzó en febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años se presentó en la comisaría de Nogent para denunciar que Hakimi la había violado en su domicilio en París. Los hechos habrían ocurrido la noche del 25 de febrero, víspera del clásico entre el Olympique de Marsella y el PSG, partido para el que Hakimi no estaba disponible. Su entonces mujer y sus hijos se encontraban fuera de la ciudad.

Hakimi y la denunciante se habían conocido un mes antes a través de Instagram, después de que él respondiera a una historia suya. Según la investigación, el jugador le propuso en repetidas ocasiones quedar en compañía de otros amigos y en un lugar público, a lo que ella se negó. Finalmente, aceptó ir a su casa. El día anterior al presunto incidente, acordaron verse para “relajarse”.

La mujer llegó al domicilio del jugador a la 1:17 de la noche y se marchó pasadas las 2:20. Y, según ella, Hakimi supuestamente la obligó a sentarse a horcajadas sobre su regazo para luego penetrarla con los dedos. “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo”, declaró durante su audiencia.

La versión de Hakimi: besos consensuados y acusación de extorsión

El futbolista no se pronunció sobre el caso hasta enero de 2025. Negó los hechos y sostuvo que los besos fueron consensuales y que le acarició la espalda con el consentimiento de la joven. “Sé que esta acusación es falsa. Me siento tranquilo y estoy concentrado en lo que viene”, afirmó el 13 de abril al ser preguntado por su posible juicio.

La defensa sostiene que la denunciante buscaba extorsionarlo. Señala que la mujer se ha negado a entregar su teléfono a la policía, a someterse a exámenes ginecológicos y a asistir a las citas en la unidad médico-forense.

El 24 de febrero de 2026, la jueza emitió su dictamen y decidió procesar a Hakimi por violación, sin fijar fecha para el juicio. La defensa apeló de inmediato, y el jugador compareció ante la sala de instrucción el 22 de mayo para impugnar el procesamiento, semanas antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial.

El viernes 19 de junio, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles confirmó la remisión a juicio. Los abogados de Hakimi aún pueden recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, que tendría que pronunciarse en un plazo de tres meses. La abogada del jugador no ha precisado si lo harán.

Mbappé, testigo clave

El delantero del Real Madrid y excompañero de Hakimi en el PSG, Kylian Mbappé, podría ser llamado a declarar como testigo en el juicio y su declaración podría ser determinante para entender por qué el tribunal desestimó el recurso de apelación. Lo noche de los hechos, el 10 francés se escribió con su compañero para comprender el origen de las acusaciones.

En su declaración ante la policía, el 14 de abril de 2023, el jugador francés afirmó: “Achraf me dijo que se habían besado. Le pregunté si le había hecho algo malo. Me respondió que se habían acariciado mutuamente en partes íntimas, pero que en ningún momento sintió rechazo por parte de la joven”.

Tres años después, Mbappé volvió a testificar y matizó que cuando dijo “partes íntimas” no se refería a los genitales. La rectificación no convenció al tribunal, que la desestimó y mantuvo el procesamiento del jugador marroquí.

El mensaje de Hakimi

Hakimi reaccionó al conocerse la decisión. “La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”, escribió el futbolista en X.

Y continuó: “Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”.

Mientras tanto, el jugador se encuentra concentrado con Marruecos en el Mundial 2026, donde esperan llegar bastante lejos. El primer objetivo está cumplido: superar la fase de grupos. No obstante, habrá que esperar para ver hasta dónde son capaces de llegar y si el proceso afecta a su capitán.

Un hombre recibió seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal contra su pareja, tras admitir el delito ante la justicia de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La sentencia fue dictada luego de un juicio abreviado, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta.

De acuerdo con el reporte del organismo judicial, el hecho ocurrió el 2 de septiembre del año pasado en una vivienda de Salvador Mazza, cuando el condenado intentó mantener relaciones sexuales con su pareja. Ante la negativa de la mujer, el hombre la golpeó con el puño en el rostro y luego la obligó a tener relaciones. El hijo menor de edad de ambos se encontraba presente y presenció el ataque.

Frente a la contundencia de las pruebas reunidas, el imputado reconoció su responsabilidad y solicitó un juicio abreviado. La jueza Sandra Sánchez homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, dictando la sentencia de prisión efectiva, que el condenado comenzó a cumplir de inmediato. Tanto la fiscalía como el tribunal consideraron el impacto emocional sufrido por la víctima y el menor, quien presenció la agresión.

La investigación incluyó la recepción de testimonios y la obtención de pruebas genéticas, cuyos resultados resultaron determinantes para establecer con objetividad la autoría del hecho. El Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales informó que el cotejo de las muestras biológicas permitió confirmar la presencia de perfiles genéticos compatibles con los de la víctima y el acusado.

La pesquisa se inició inmediatamente después de la denuncia y las pruebas científicas fueron claves en la resolución del caso. La Fiscalía destacó la importancia de la obtención de muestras biológicas en delitos de índole sexual, dado que su cotejo puede aportar pruebas objetivas para la determinación de responsabilidades.

Diversos sectores judiciales y sociales destacaron que la sentencia representa un antecedente relevante para la región norte de Salta, en materia de lucha contra la violencia de género y el abuso sexual en el ámbito familiar. El condenado permanecerá privado de su libertad, cumpliendo la pena impuesta por el tribunal salteño.

10 años de prisión por abuso sexual a dos hombres en Entre Ríos

Un caso que guarda similitudes y evidencia la gravedad de la problemática en el país se registró recientemente en la provincia de Entre Ríos. El 5 de junio de 2026, la justicia provincial impuso diez años y seis meses de prisión a dos hombres condenados por delitos contra la integridad sexual. Ambos fueron hallados culpables por un jurado popular de “abuso sexual agravado por la intervención de dos o más personas” y “corrupción de menores”.

El tribunal dispuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme. Según el reporte oficial del Poder Judicial de Entre Ríos, el veredicto se conoció a finales de abril, y los hechos involucraron abuso sexual con acceso carnal y agravantes por la intervención de más de una persona, además de corrupción de menores. La causa, que conmocionó a la ciudad de Paraná, resalta el impacto de estos delitos y la importancia de una respuesta judicial efectiva para su sanción y prevención.

De acuerdo con organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la niñez, la reiteración de este tipo de episodios en diversas provincias argentinas subraya la necesidad de profundizar las políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para las víctimas.

En ese sentido, los equipos técnicos y judiciales remarcan la importancia de la recolección de pruebas científicas y el acompañamiento integral a las víctimas. El uso de análisis genéticos y la actuación rápida de las fiscalías especializadas han sido factores decisivos para la resolución de varios casos recientes.

Luego de que el empresario Federico Blumenthal fuera condenado a ocho años de prisión por la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba por una serie de nueve hechos de violencia de género, cometidos en contra de la madre de sus hijos, la víctima criticó la pena que le dieron. “Esperaba que fueran más años”, aseguró al apuntar que la Fiscalía había pedido un mínimo de 13 años.

Uno de los peores hechos fue cuando Blumenthal propinó una brutal golpiza a la mujer frente a sus hijos, que por ese entonces tenían 4 y 5 años, el tribunal también fijó un resarcimiento económico de 32 millones de pesos a su favor. Sin embargo, la víctima cuestionó: “Ocho años no son nada, pasan volando. Pero bueno, se hizo justicia. Pude hablar, pude pasar todo este proceso y me escucharon, que es lo importante”.

“Nos quedamos con sabor a poco, porque se esperaba entre trece y dieciséis años”, recriminó la víctima en un diálogo con el medio local Resumen de la Región sobre la pena que recibió su agresor tras ser hallado culpable de delitos como coacción, robo, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, abuso sexual, lesiones leves y amenazas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la fiscal de Cámara Laura Batistelli había solicitado una pena de trece años, mientras que la querella, representada por Daniela Ferrari, pidió 16. Asimismo, la defensa reclamó la absolución o, subsidiariamente, que solo se considerara el delito de lesiones leves.

Por su parte, el empresario condenado pidió disculpas y expresó que lamentaba el daño causado durante su última declaración ante el tribunal. A pesar de esto, la mujer no aceptó las disculpas y advirtió sobre el futuro riesgo que tanto ella como otras mujeres podrían correr cuando vuelva a quedar en libertad.

“Es un psicópata, así lo describió su propio psicólogo. Esta persona va a salir en ocho años y probablemente tenga la capacidad y la edad de buscar otra víctima o venir a buscarme a mí”, señaló la víctima.

De la misma manera que había pedido no compartir la sala que su agresor, la joven reconoció que tenía miedo tras asegurar que se trataba de “una persona que no tiene límites”. Y apuntó: “No es alguien que pida disculpas sinceras; en su voz no se notaba ni siquiera un poquito de remordimiento por todo lo que hizo”.

La sentencia llegó tras la denuncia pública realizada por la mujer en julio de 2024, cuando hizo visibles en redes sociales las secuelas de las agresiones y relató el calvario vivido durante años. Uno de los episodios más graves ocurrió el Día del Amigo de 2024, cuando Blumenthal la agredió brutalmente frente a sus hijos de cuatro y cinco años.

En esa ocasión, la víctima logró llamar a la Policía, que llegó en unos cinco minutos. “Si la Policía no llegaba la mataba”, afirmó Ferrari sobre la gravedad del episodio. Tras la detención, la Fiscalía dictó prisión preventiva, por lo que el acusado permaneció en la cárcel durante el proceso.

Sin embargo, no era la primera vez que Blumenthal enfrentaba denuncias por violencia de género. En 2020, ya había sido arrestado tras una primera acusación en su contra, pero recuperó la libertad poco después y continuó el hostigamiento hacia la mujer.

Debido a que logró encontrar una salida al exponer las situaciones de violencia que había vivido en redes sociales, la mujer instó a las demás quienes son víctimas de violencia de género e intrafamiliar a que denuncien a sus agresores.

“Que se animen a denunciar y no solo denunciar, sino seguir los pasos que te va diciendo Fiscalía, porque Fiscalía te va guiando, te va pidiendo ciertos pasos, presentar ciertas pruebas y llegas a una justicia”, aseguró la mujer, tras reconocer que el paso más difícil sería denunciar. Y concluyó: “Es muy duro, duele mucho, pero al final hay justicia”.

Tras más de seis meses prófugo, la Policía de Investigaciones detuvo este miércoles 24 de junio en Villa Constitución a Luis Jonathan Gómez, alias “Polaco”, de 31 años, buscado desde diciembre de 2025 por una causa de violencia de género, lesiones graves, amenazas calificadas y tentativa de robo.

El operativo se realizó en una vivienda precaria de Rosario, provincia de Santa Fe, luego de una serie de allanamientos que incluyeron también intervenciones en la vecina localidad bonaerense de San Nicolás. La investigación contra Gómez se inició tras un episodio ocurrido el 16 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía local, la noche del 16 de diciembre, el acusado incumplió una orden de restricción de acercamiento y atacó a su ex, provocándole graves heridas. La víctima debió recibir atención médica tras el violento ataque y además, el episodio derivó en un pedido de captura emitido por la Fiscalía de Villa Constitución, que desde entonces buscaba al hombre de 31 años.

El caso generó preocupación en la comunidad desde que se conocieron los hechos y la posterior fuga del sospechoso. A partir de esa fecha, la búsqueda de “Polaco” se mantuvo como una prioridad para las autoridades policiales y judiciales. El caso fue tratado como uno de alto riesgo por el nivel de violencia desplegado y el incumplimiento de las medidas judiciales de protección.

Durante los meses siguientes, la investigación incluyó múltiples allanamientos y seguimientos. Según reportó La Capital, la fiscalía difundió imágenes del acusado y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero. El pedido de ayuda fue replicado en redes sociales y medios locales, alertando a la ciudadanía sobre la peligrosidad del prófugo.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante siete operativos en distintos puntos de Villa Constitución y otros dos en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El despliegue de recursos incluyó la coordinación con fuerzas de distintas jurisdicciones y el monitoreo de movimientos sospechosos vinculados al entorno de Gómez.

La detención del “Polaco”

La PDI desplegó un nuevo operativo bajo la coordinación del fiscal Ramiro Martínez. Los primeros allanamientos resultaron infructuosos para dar con el paradero de “Polaco”. Sin embargo, durante uno de ellos, en el barrio Unión Sur, los agentes observaron una maniobra sospechosa de un habitante de la vivienda.

Tras una requisa, hallaron 17,6 gramos de cocaína y seis teléfonos celulares. Por ese hallazgo, Diego Armando G., familiar del prófugo, quedó detenido bajo cargos de tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización. Horas más tarde, los investigadores recibieron información sobre un posible escondite de Gómez.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Rosario3, el despliegue de los operativos y la colaboración de distintos testigos resultaron determinantes para concretar la detención. Con autorización judicial, ingresaron a una vivienda precaria donde finalmente lo localizaron y lo arrestaron. En ese lugar secuestraron también una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, mencionada en otra causa por tentativa de robo calificado, además de un teléfono celular.

Luego de su detención, Luis Jonathan Gómez fue trasladado al módulo de detención de la Unidad Regional VI. Permanece a disposición de la Justicia y en los próximos días será llevado a una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución. Allí la Fiscalía formalizará todos los cargos por: violencia de género, lesiones graves, amenazas y tentativa de robo.

La audiencia permitirá avanzar hacia el juicio oral y público, una instancia esperada tanto por la víctima como por los organismos de protección de derechos. La captura del “Polaco” representa un avance clave en una causa que mantuvo en alerta a las autoridades y provocó inquietud en la sociedad por la prolongada condición de fuga del principal sospechoso.

El temor por las constantes amenazas de muerte obligó a una familia a dejar su casa en el barrio París, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia), y trasladarse a Medellín, tras denunciar hostigamientos y agresiones atribuidos a la expareja de una mujer y no recibir una solución por parte de las autoridades.

La familia denunció que salió de Bello después de dos meses de hostigamientos y agresiones presuntamente cometidos por la expareja de una de sus integrantes. Según su testimonio, ya existían al menos dos denuncias formales y solicitudes de orden de alejamiento, pero el riesgo continuó, por lo que tomaron la determinación de irse para evitar un desenlace fatal.

De acuerdo con el reporte de Alerta Paisa, el grupo está integrado por una madre, sus tres hijos de 25, 24 y 17 años, uno de sus yernos y una niña de 7 años. Todos, según la denuncia, quedaron expuestos a una situación de riesgo que se prolonga desde hace dos meses: “Mantiene hostigándonos, amenazándonos, mantiene afilando un machete y diciendo que nos va a cortar la cabeza a todos”.

Los afectados le contaron al medio local que el hombre realizó amenazas reiteradas después del fin de la relación sentimental con la víctima. También aseguran que se presentó de forma constante en las inmediaciones de la vivienda, con el fin de conocer todos sus movimientos y horarios.

La familia aseguró que ya había presentado denuncias previas

Según el reporte del medio local, el señalado agresor llegó hasta el lugar de trabajo de la mujer. Allí, presuntamente la intimidó con un arma blanca y la agredió físicamente.

En ese momento, el hombre fue detenido en flagrancia mientras presuntamente amenazaba y agredía a su expareja en ese sitio. Sin embargo, recuperó la libertad tres días después, aunque, según su versión, habría incumplido una de las órdenes de alejamiento.

La familia afirma que esa decisión de las autoridades locales se sustentó en que el señalado agresor se comprometió a no reincidir en los hostigamientos. Pese a esto, la condición no se cumplió y los buscó en repetidas oportunidades para continuarlos amenazando.

Después de ese episodio, el hombre habría regresado a la vivienda donde residían para causar daños, además de llevarse una pipeta de gas y otras pertenencias.

Según los afectados, el presunto agresor actuó con otras personas que, de acuerdo con sus amenazas, pertenecerían a un grupo ilegal que opera en el sector, generando un ambiente de intimidación contra todo el núcleo.

Días antes de que la familia decidiera huir, se produjo una confrontación entre el implicado y uno de los familiares. Ese hecho dejó al pariente con heridas de consideración, entre ellas mordeduras en distintas partes del cuerpo, lamentablemente, el presunto agresor huyó antes de que llegaran las autoridades.

Los afectados aseguran que la situación terminó por afectar su salud mental por el miedo a que las amenazas se concreten.

Ante el oscuro panorama, la familia pidió a las autoridades competentes revisar el caso y adoptar medidas efectivas de protección. También reclamó que se cumplan las órdenes judiciales vigentes y está a la espera de pronunciamientos de la Administración municipal de Bello y de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia.

Violencia de género en Antioquia

El caso se difundió en medio de un preocupante panorama de violencia de género en el departamento, pues a corte del 22 de junio de 2026, el departamento registraba 61 ataques fatales en contra de las mujeres, lo que demuestra el riesgo que se vive a diario.

Varios de esos hechos son investigados como presuntos feminicidios, por lo que la alerta entre las autoridades y la comunidad continúa encendida. La denuncia de esta familia se suma a otros llamados de atención por riesgos, amenazas y fallas de protección para las mujeres.

El Inglaterra-Ghana fue el partido de las polémicas. Desde una posible expulsión a Jude Bellingham a un posible penalti no pitado, las acciones enrevesadas comenzaron antes del pitido final. Durante la ceremonia de los himnos, una vez pasan todos los jugadores a saludarse, hubo uno que decidió no devolver el saludo a otro. Djed Spence, lateral del Tottenham, introdujo las manos en los bolsillos mientras Thomas Partey pasaba frente a él.

El resto de los jugadores ingleses sí completaron el protocolo. La Federación inglesa había decidido no dar ninguna instrucción a sus jugadores al respecto. Sin consigna ni reunión previa, Spence actuó por voluntad propia. El partido no pasó del empate. Aunque ya antes de empezar estaba en boca de todos.

El excentrocampista del Arsenal y actual parte de la plantilla del Villarreal no jugó el primer partido del Mundial 2026 ante Canadá debido a que el gobierno local no le permitió la entrada. El futbolista ghanés está procesado en Inglaterra por siete delitos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con acusaciones de cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022. Se ha declarado no culpable en todos los cargos y su juicio está previsto para el próximo año. No obstante, en Estados Unidos sí pudo entrar.

Pitidos y bolsillos

Cuando el estadio pronunció su nombre por megafonía, buena parte del público inglés respondió con una sonora pitada. Y los abucheos se repitieron cada vez que tocó el balón a lo largo del partido. Spence no atendió a los periodistas en la zona mixta al terminar el encuentro. A Tuchel sí se le preguntó por el incidente en rueda de prensa, pero su jefe de prensa indicó que el equipo no podía hacer comentarios por motivos legales.

Por su parte, Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, fue más directo y quiso zanjar el asunto: “Miren, esto no sucedió. Nos negamos a ser parte de quienes intentan mezclar la política y la suciedad con el juego. Luchamos por mantener las cuatro líneas sagradas”.

Y Thomas Partey respondió lo siguiente sobre el gesto de Spence: “No sé realmente el motivo, y honestamente, eso es algo que solo él puede responder. No quiero darle demasiada atención porque el fútbol se trata de respeto y de concentrarse en el juego. Si hay algo detrás de eso, espero que él mismo reflexione al respecto. En cuanto a mí, estoy completamente bien. No tengo problemas con nadie y le deseo lo mejor”.

El vestuario de Ghana, con Partey

Antes del partido en Boston, el propio Partey intentó poner el foco donde considera que debe estar: “Hay cosas que ocurren fuera del campo que no puedes controlar, pero yo me encuentro bien y estoy preparado para jugar”. Su compañero Kwasi Sibo resumió el sentir del vestuario ghanés: “Cuando lo vimos comenzar el partido, todos nos alegramos. Todos lo apoyamos para que se mantenga concentrado y ayude al equipo, porque es nuestro jugador clave y siempre estaremos con él”.

Ghana, segunda en el grupo tras el empate, cierra la fase de grupos el domingo en Filadelfia contra Croacia. Y Partey estará disponible porque el partido se juega en territorio estadounidense.

Las principales automotrices del mundo tienen una semana para evitar la parálisis total de ventas en California: si la legislatura estatal no aprueba antes del 1 de julio una prórroga a la ley de rastreo vehicular de 2024, la comercialización de autos nuevos y usados quedará suspendida en el mayor mercado automotor de Estados Unidos.

La advertencia proviene de la Alliance for Automotive Innovation, el grupo que agrupa a la mayoría de los fabricantes con operaciones en el país. La organización fue directa en su comunicado: sin la firma del proyecto de ley, “existe un riesgo sustancial de que las ventas de autos en California queden suspendidas”.

Las marcas que están en el centro del conflicto

El grupo que lanzó la advertencia representa a los fabricantes con mayor peso en el mercado estadounidense:

• General Motors.
• Toyota.
• Volkswagen.
• Hyundai.

California concentra alrededor del 10% de todas las ventas de autos en Estados Unidos, lo que convierte cualquier suspensión en un golpe directo a la industria a nivel nacional.

Qué exige la ley y por qué las empresas dicen que no pueden cumplirla

La norma aprobada en 2024 obliga a los fabricantes a proteger a víctimas de violencia doméstica del rastreo por parte de sus agresores a través de la tecnología conectada de los vehículos. Sus dos exigencias centrales son:

Establecer un proceso en línea para que el conductor afectado presente una orden de alejamiento u otra documentación y solicite la cancelación del acceso remoto de otra persona en un plazo máximo de dos días hábiles.

Permitir que el conductor desactive el acceso a la ubicación del vehículo directamente desde el interior del auto.

La Alliance for Automotive Innovation reconoció que sus miembros ya implementaron el primer punto. El problema está en el segundo: adaptar la tecnología de desactivación dentro del habitáculo exige ingeniería, pruebas e integración entre distintas marcas, modelos, años de fabricación y sistemas de a bordo, un proceso que, según el sector, no es viable en el plazo actual.

El proyecto de ley que puede evitar el cierre

Un proyecto de ley en trámite ante la legislatura estatal extendería los plazos específicamente para las tecnologías de desactivación dentro del vehículo. Según el grupo automotor, la aprobación debe producirse antes del 1 de julio para evitar que las concesionarias deban detener operaciones.

La organización de defensa del consumidor Consumer Federation of California se opone a la prórroga. Según informó Davis Vanguard, el proyecto —identificado como SB 719 y presentado por el legislador Cabaldon— postergaría el cumplimiento de ese requisito hasta 2031, cinco años más de lo previsto.

Las organizaciones de defensa de víctimas de violencia doméstica también rechazaron la demora. Argumentan que cada mes sin la protección activa dentro del vehículo representa un riesgo real para mujeres que ya tienen órdenes de alejamiento vigentes.

El antecedente que impulsó la ley

El texto de la norma de 2024 no surgió en el vacío. Ese año, los analistas legislativos citaron reportajes de Reuters y The New York Times que documentaron casos de fabricantes que no actuaron ante denuncias de mujeres que decían ser rastreadas por sus parejas a través de la tecnología del auto.

Uno de esos casos involucró a Tesla: una mujer demandó a la empresa al alegar que la compañía no tomó medidas después de que ella reportara en reiteradas ocasiones que su marido la acosaba y vigilaba con la tecnología del fabricante, pese a que existía una orden de alejamiento. La demanda no prosperó.

La posición del gobernador

La oficina del gobernador Gavin Newsom no respondió a las consultas de Reuters sobre si firmará el proyecto de ley antes de la fecha límite. Su silencio mantiene abierta la incertidumbre sobre si California entrará al 1 de julio con sus concesionarias abiertas o cerradas.

Una joven de 26 años denunció haber sido agredida y amenazada por su expareja, un adolescente de 17 años, durante una reunión familiar en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, en la provincia de Santiago del Estero. El episodio, que ocurrió la noche del 21 de junio, derivó en la intervención de la Justicia y la posterior detención del sospechoso.

La víctima aseguró que las agresiones físicas y las amenazas ocurrieron en presencia de familiares y que requirió ayuda para resguardar su integridad. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía de Santiago del Estero, la joven relató que se encontraba en la vivienda del abuelo del adolescente cuando una discusión entre el acusado y uno de sus hermanos escaló hasta transformarse en una situación violenta.

La mujer explicó que su expareja la golpeó con los puños en el rostro y le propinó patadas en las piernas, provocando que cayera al suelo. Además, afirmó que, al intentar retirarse para descansar, el adolescente continuó con insultos y amenazas. En ese momento, el joven le impidió salir de la vivienda, por lo que familiares de la víctima debieron intervenir para permitirle abandonar el lugar con seguridad.

Según detalló Diario Panorama, la víctima también denunció que después del incidente recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp que, según su sospecha, habrían sido enviados por el padre del acusado. Estos elementos fueron incorporados a la investigación y forman parte de la causa que tramita en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo.

La joven señaló a la Policía que los hechos violentos no serían nuevos, ya que durante los aproximadamente seis meses que duró la relación habría sufrido episodios similares de violencia por parte del adolescente. La denuncia motivó la intervención de la fiscal de turno de Las Termas de Río Hondo, Daiana Pérez Vicens, quien dispuso la activación del Botón Antipánico a favor de la víctima y ordenó la aprehensión del sospechoso.

El procedimiento de detención fue concretado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 53, quienes localizaron al adolescente y lo pusieron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por supuestas lesiones y amenazas. Las actuaciones policiales fueron remitidas al Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo, desde donde se iniciaron gestiones para el traslado del acusado al Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente (CATRA).

Explicaron que la investigación continuará en los próximos días, con la recepción de nuevos testimonios y la incorporación de otras medidas probatorias a fin de establecer con precisión la mecánica de los hechos y las responsabilidades penales. La causa, caratulada como supuestas lesiones y amenazas, sigue su curso bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.

En el marco de la investigación, las autoridades judiciales confirmaron la vigencia de medidas de protección para la joven denunciante, incluyendo la restricción de acercamiento y la asistencia de dispositivos de alerta. La intervención del CATRA busca garantizar la contención y el abordaje integral del adolescente acusado, en línea con los protocolos que regulan la responsabilidad penal juvenil en la provincia de Santiago del Estero.

El caso de El Bobadal no constituye un hecho aislado en la provincia. El 12 de junio, una mujer de 29 años denunció a su pareja por violencia de género en la localidad de La Aurora en Santiago del Estero. Según consta en la causa, la mujer relató ante la Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia que el acusado, Carlos Iván Morales, de 28 años, la agredió físicamente tras una discusión. Además, intentó asfixiar a uno de sus hijos, de 4 años, con una almohada.

La víctima declaró que las agresiones y amenazas se venían repitiendo desde hacía aproximadamente un año. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Yagüe, ordenó la inmediata detención de Morales, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. Tanto en el caso de La Aurora como en el de El Bobadal, las víctimas señalaron que ya existía un patrón previo de violencia.

La sociedad dominicana se encuentra nuevamente consternada ante un trágico suceso que pone en evidencia la persistente crisis de violencia de género y el alza de feminicidios en la República Dominicana.

El caso más reciente involucra a Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, quien perdió la vida tras ser atacada a tiros presuntamente por su pareja sentimental, Tony Vallejo Méndez, un sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD).

El brutal incidente ocurrió durante la madrugada de lunes 22 de junio en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este. De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Nacional, la víctima fue atacada al llegar en un vehículo al referido centro de salud.

En el mismo hecho, resultó herida la señora Marilenmy Cuello, de 45 años, amiga de la fallecida, quien actualmente recibe asistencia médica bajo pronóstico reservado en el mismo hospital. Tras cometer el hecho, el agresor emprendió la huida y, de manera extraoficial, trascendió que habría ingerido una sustancia nociva en un intento de atentar contra su propia vida.

Horas más tarde, Vallejo Méndez fue localizado en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, donde recibió atenciones médicas bajo estricta custodia policial por parte de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Historial de acoso y conflictos de pareja

Este lamentable acontecimiento desnuda una realidad alarmante sobre los entornos de control y el perfil de los agresores. Familiares de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo relataron que la relación de la pareja, que dejó dos hijos en común, estaba fuertemente marcada por constantes conflictos y severos episodios de celos.

Según declaraciones de la hermana de la víctima, Nancy había tomado la determinación de salir de la vivienda familiar tras sostener una fuerte discusión previa al desenlace fatal.

La persecución constante y el hostigamiento eran parte del día a día de la víctima, quien según su madre, buscaba separarse de forma definitiva pero no encontraba la paz ni la oportunidad debido al acoso sistemático que ejercía el militar.

Por lo que, el dolor y la impotencia se apoderaron de los familiares a las afueras del centro médico. La madre de la joven asesinada expresó un desgarrador testimonio exigiendo que el caso no pase a formar parte de las frías estadísticas de la impunidad.

Manifestó su profundo temor de que la condición de militar del acusado interfiera con el accionar de la justicia, declarando que históricamente a los miembros de los cuerpos castrenses se les suele proteger dentro de las estructuras institucionales.

La familia clama por la aplicación de la pena máxima para el agresor, recordando a Nancy como una madre ejemplar que luchó por superarse profesionalmente, logrando terminar una carrera universitaria que lamentablemente nunca pudo ejercer debido a que su vida fue truncada de forma violenta.

Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público han informado que continúan desarrollando las pesquisas correspondientes para esclarecer detalladamente las circunstancias que rodearon este crimen.

El asesinato de Nancy Sánchez Gálvez reaviva con urgencia el debate nacional sobre la necesidad de implementar reformas profundas en las políticas públicas de prevención y sanción de la violencia contra la mujer en la República Dominicana.

La recurrencia de casos donde los agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado añade una capa extra de complejidad y urgencia al problema, evidenciando fallas críticas en los filtros psicológicos y el seguimiento conductual dentro de las instituciones militares y policiales.

La ciudadanía continúa demandando acciones contundentes e integrales que garanticen la protección efectiva de las víctimas que deciden romper el silencio y buscar su separación de entornos altamente peligrosos.

Urely Almario reapareció el 22 de junio de 2026 para pedir justicia después del ataque a machete que sufrió el 10 de junio en Acevedo (Huila), una agresión por la que perdió las dos manos, además de quedar con heridas en la cabeza y la espalda.

En el video difundido en redes sociales, la víctima apareció con vendas en sus brazos y acompañada por Bryan Stiven Rojas Castañeda, su esposo. Allí agradeció el apoyo recibido durante su recuperación: “Yo le agradezco a todas las personas de Acevedo. Si Dios quiere, apenas me recupere, yo vuelvo a Acevedo a darles las gracias personalmente”.

Del mismo modo, expresó que su principal alivio es haber sobrevivido: “Yo me siento muy feliz porque tengo la vida. Todos los días yo lloro, pero yo lloro de alegría, de saber que estoy viva”, dijo Urely Almario, que también agradeció a sus hijos, a su familia y a su pareja.

De acuerdo con los reportes del caso, el ataque ocurrió en el barrio San Francisco del municipio de Acevedo, en el sur del Huila, después de que la relación con el joven atravesara dificultades y la víctima decidiera terminarle.

Como consecuencia del ataque, Almario sufrió la amputación traumática de ambas manos y tuvo que ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos especializados.

Cabe mencionar que la mujer estaba sola en la vivienda cuando llegó Sebastián Ramírez Arrubla, de 29 años, con el que convivió pocos meses. Después de una discusión, el hombre la atacó con un machete.

Vecinos del sector acudieron a la vivienda para ayudar a la víctima después de escuchar los desgarradores gritos y la trasladaron a un hospital de Pitalito. Allí le salvaron la vida, aunque no fue posible evitar la pérdida de las manos por la gravedad de las heridas.

El presunto agresor fue capturado pocos minutos después y la propia mujer lo identificó ante las autoridades como el autor del ataque.

La Fiscalía le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso, además de imputarle el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador en audiencia, citado por el medio local La Nación, el hombre atacó a la víctima con “un arma cortocontundente tipo machete” y dirigió múltiples golpes a zonas vitales del cuerpo.

El ente judicial sostuvo además que las lesiones en la cabeza tuvieron compromiso óseo y que la agresión dejó a la mujer en estado crítico, con riesgo de muerte, señalando que la amputación de ambas manos se produjo a nivel de las muñecas y del codo, en un episodio que describió como de extrema violencia.

Por ahora, las autoridades no han informado oficialmente si el presunto agresor estaba bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas al momento de los hechos.

La víctima recibe atención médica y psicológica

Mientras avanza su recuperación, Urely Almario Gómez recibe atención por parte de especialistas y aprovechó su video en redes sociales para pedir que ninguna otra mujer atraviese una agresión similar y dijo que desea ser “la última mujer” a la que le ocurra algo así.

Por su parte, su esposo Bryan Stiven Rojas Castañeda agradeció las muestras de apoyo y reclamó que se haga justicia frente a quienes cometen este tipo de agresiones contra las mujeres.

Medios como La voz de la región indicaron que el abogado Carlos Alberto López Romero, defensor de la víctima, aseguró que ninguna circunstancia justifica la violencia dentro de los hogares, por lo que hizo un llamado a las personas que estén en riesgo a acudir a las redes de apoyo previstas para la protección frente a entornos violentos.

Un juez condenó a Fisher Steven Novoa Duarte 19 años y 4 meses de prisión por matar a su suegra y herir a su esposa en Girón, Santander, en la madrugada del 26 de enero de 2026 dentro de una vivienda rural y en presencia del hijo menor de la pareja.

La sentencia se apoyó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró una declaración de culpabilidad por violencia intrafamiliar, homicidio y feminicidio tentado, todas las conductas agravadas, debido a que la suegra del agresor murió después de recibir 12 puñaladas cuando intentó defender a su hija.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la vereda Río Frío, en Girón, donde las dos mujeres descansaban cuando comenzó la agresión. La primera víctima fue Luz Marina Serrano Serrano, de 50 años, que murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

La otra persona que resultó lesionada fue Yamile Tatiana Ruiz Serrano, de 30 años y pareja del condenado, con el que mantenía una relación de 11 años. Sufrió lesiones en el mentón y el pecho con la misma arma cortopunzante con la que el criminal mató a su madre, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde lograron salvarle la vida.

El ataque fue presenciado por un menor

Según el boletín oficial sobre el caso, el ahora condenado llegó a la vivienda con el propósito de agredir a sus familiares. El ataque ocurrió en la finca La Santillana, situada en la vereda Río Frío, y fue presenciado por el hijo menor de la pareja.

La reconstrucción del caso indica que Novoa Duarte atacó primero a su esposa. Cuando Luz Marina Serrano Serrano intervino para proteger a su hija, él la hirió repetidas veces hasta causarle la muerte.

La captura se confirmó el 28 de enero de 2026, dos días después del crimen. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre de 33 años fue detenido en vía pública, en la calle 33 No. 26-48 del casco antiguo de Girón.

El operativo fue realizado por unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Tras su detención, quedó bajo custodia en la Estación de Policía de Girón mientras se definía su traslado a un centro de reclusión.

El acusado se presentó primero ante las autoridades, pero quedó libre hasta que se expidió la orden de captura

Horas después del ataque, Novoa Duarte se presentó voluntariamente ante las autoridades. En ese momento quedó en libertad porque no existía una orden de captura y tampoco se configuraba una situación de flagrancia.

Después de la verificación del caso, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga, con sede en Girón, emitió la orden de captura. Después de varios meses fue judicializado, aceptó su responsabilidad y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cabe mencionar que la investigación avanzó también con la información entregada por Yamile Tatiana Ruiz Serrano desde el centro médico al que fue trasladada. Su relato permitió identificar al responsable y fortaleció el proceso que terminó en su captura definitiva y en la condena.

El caso fue ampliamente rechazado entre la comunidad que pidió respeto por las mujeres en la región y en todo el territorio nacional ante la cantidad de casos que se han presentado en el país en los que las parejas o allegados a las víctimas deciden acabar con su vida.

Ante la gravedad del panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier acto de violencia y amenaza en contra de las mujeres, con el fin de que se pueda actuar rápidamente y evitar más desenlaces fatales.

La presentación de un informe sobre violencia de género en Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) volvió a poner el foco sobre una crisis que, según Fondejusticia y Verdad, sigue marcada por feminicidios, agresiones previas no atendidas y fallas en prevención, protección y justicia.

El documento cita 886 casos reportados por el Observatorio de Feminicidios Colombia en 2025 y otros 129 contabilizados por la Defensoría del Pueblo a corte de marzo de 2026.

El informe presentado ante la OEA sostiene que en Colombia la violencia contra las mujeres sigue siendo estructural y adopta formas como feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia digital, violencia institucional y violencia política basada en género.

Según Fondejusticia y Verdad, organización que presentó el documento, los casos documentados de 2025 y 2026 muestran barreras persistentes en protección, acceso a la justicia e investigación de los hechos.

Fondejusticia y Verdad presentó en Ciudad de Panamá el informe Las Queremos Vivas, Ni Una Más, Ni Una Menos – Informe sobre Violencia de Género en Colombia y Panamá 2026, durante el 56° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebra del 22 al 24 de junio de 2026.

La organización indicó que puso el documento en conocimiento de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Según la organización, Hilda Lorena Leal, secretaria ejecutiva, y Carolina Guarín, directora de proyectos, documentaron durante el último año casos de feminicidio, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia digital, violencia política basada en género y violencia institucional.

Leal afirmó en declaraciones difundidas por Fondejusticia y Verdad: “Detrás de cada cifra existe una mujer, una familia y una historia que no puede ser reducida a un dato estadístico. Este informe es un llamado a los Estados para que escuchen a las víctimas, fortalezcan los mecanismos de protección y garanticen que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la violencia o la búsqueda de justicia”.

Los patrones de violencia que identifica el informe

El informe oficial de Fondejusticia y Verdad sostiene que la violencia basada en género en Colombia no responde a hechos aislados, sino a un fenómeno estructural que atraviesa la vida familiar, laboral, educativa, comunitaria, política y digital.

También señala mayores riesgos para mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, niñas, adolescentes, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos.

Entre los patrones de 2025 y 2026, el documento enumera violencia ejercida por parejas o exparejas, agresiones previas, amenazas reiteradas, escasa respuesta institucional y mecanismos de control psicológico y económico.

“Las investigaciones muestran que muchas víctimas habían sufrido previamente agresiones físicas, amenazas, control económico, vigilancia permanente y restricciones a su libertad”, se lee en el informé.

El feminicidio representa la expresión más extrema de esta violencia y suele ser la fase final de procesos prolongados que pudieron detectarse antes.

Con base en la investigación, que la mayoría de los casos reportados involucraba a la pareja o expareja de la víctima.

El documento también advierte sobre el crecimiento de la violencia digital contra mujeres y niñas en 2026, con denuncias por difusión no consentida de contenido íntimo, acoso digital, suplantación de identidad y uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes o videos sexuales falsos.

A eso suma la violencia institucional, que el informe vincula con demoras en investigaciones, revictimización, falta de seguimiento a denuncias e insuficiencia de medidas de protección.

Casos citados por el informe

Uno de los casos citados es el de Sandra Milena Castro Quiñónez, atacada en enero en un parque del noroccidente de Bogotá.

Según ese medio, su entonces compañero sentimental, César Camilo Aldana, la hirió con arma blanca en por lo menos 55 ocasiones.

Una conclusión de Fondejusticia y Verdad: “Este caso refleja la persistencia de la violencia extrema dentro de relaciones de pareja y demuestra cómo la violencia física suele estar precedida por formas previas de control, intimidación o agresión psicológica”.

El informe oficial menciona ese caso y atribuye su fuente original a Infobae. Otro episodio retomado por el informe oficial ocurrió en Yotoco, Valle del Cauca, donde una mujer fue asesinada y las autoridades señalaron como principal sospechoso a un familiar cercano.

El documento advierte: “La prevención de la violencia intrafamiliar requiere estrategias integrales de detección temprana y acompañamiento psicosocial”.

El informe oficial incorpora además otros casos de 2026 en Boyacá, Medellín, Santander, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Meta, Montería, Cartagena y la localidad de Kennedy en Bogotá.

La organización los presenta como ejemplos de patrones repetidos de violencia de pareja, control coercitivo, violencia intrafamiliar, afectaciones a niñas y adolescentes y cuestionamientos sobre la respuesta judicial.

Violencia política y reclutamiento de menores

El documento de Fondejusticia y Verdad dedica un capítulo a la violencia política basada en género contra la senadora María Fernanda Cabal Molina. Según la organización, el caso reúne amenazas, campañas de hostigamiento digital, estigmatización pública y más de 56 denuncias sin resultados efectivos conocidos.

El informe aclara que se trata de un análisis desde la perspectiva de derechos humanos y no de una conclusión judicial.

También sostiene que la falta de avances proporcionales en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsables plantea dudas sobre la protección efectiva para las mujeres que participan en la vida pública. Otro de los focos sobre Colombia es el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales, que el informe define como una emergencia humanitaria.

Según el documento, la Defensoría del Pueblo registró entre 463 y 578 casos conocidos en 2024, y 55 nuevos durante el primer semestre de 2025, de los cuales 35 correspondieron a menores indígenas.

El informe añade que United Nations Children’s Fund (Unicef) informó en 2026 un aumento del 300% en los últimos cinco años, al pasar de 116 casos verificados en 2020 a 453 en 2024.

También recoge que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados por las Farc entre 1971 y 2016. En junio de 2026, según el mismo informe, al menos 11 menores murieron en enfrentamientos entre estructuras armadas en Barranco Colorado, San José del Guaviare.

El documento presenta ese hecho como muestra de las consecuencias más graves del reclutamiento y de la fragilidad de la protección estatal en los territorios. Según El Tiempo, Fondejusticia y Verdad plantea la necesidad de reforzar la detección temprana del riesgo, la coordinación entre entidades, las rutas de atención y el acceso real a la justicia.

El hecho ocurrió pasadas las tres de la mañana, en las inmediaciones de un centro nocturno de la ciudad. De acuerdo con ATV Noticias, Caballero Pino mostró una actitud alterada y portaba un cuchillo con el que amenazó a las víctimas.

Luz María se encontraba acompañada de su hermano y de quien sería su nueva pareja, quienes intentaron protegerla cuando el agresor se acercó. Ante la amenaza, la pareja de la joven decidió alejarse para evitar ser herido, mientras el hermano de la joven buscó intervenir y ponerse entre su hermana y el atacante.

Durante el forcejeo, la víctima recibió una puñalada en la pierna derecha que comprometió una arteria vital, lo que la hizo desplomarse en la vereda. El hermano también resultó herido en el intento de defensa, aunque su estado actual es estable. Testigos presenciales intentaron intervenir, pero el agresor logró huir rápidamente tras el ataque.

Familiares de Luz María exigen justicia.

De acuerdo con las declaraciones de la familia, el autor del crimen contaba con antecedentes penales y había recuperado recientemente su libertad. “Lo que han hecho con mi sobrina no va a quedar así. Él tiene que pagar. Él es reincidente”, afirmó el tío.

El crimen ha dejado a un niño de ocho años sin su madre y a una familia que exige justicia. Las autoridades han desplegado operativos de búsqueda para dar con el paradero de Abelardo Caballero Pino.

Entre enero y mayo de 2026, se registraron 52 casos con características de feminicidio y 100 casos de tentativa de feminicidio en el Perú, según los últimos datos del MIMP. Estas cifras evidencian que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática preocupante, ya que decenas de mujeres perdieron la vida o estuvieron en riesgo de sufrir este tipo de delito en los primeros cinco meses del año.

En el mismo periodo, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 72.850 casos, mientras que la Línea 100 brindó orientación a través de 70.890 consultas telefónicas.

Canales de ayuda

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) están distribuidos en distintas regiones y funcionan como espacios de atención integral para quienes sufren violencia familiar o sexual. Estos centros proporcionan apoyo social, asesoría jurídica y contención emocional, facilitando el acceso a recursos y medidas de protección.

La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial que atiende las 24 horas del día. Permite recibir orientación e información sobre cómo actuar ante casos de violencia, así como derivaciones a servicios especializados. Cualquier persona puede comunicarse para solicitar ayuda o denunciar situaciones de riesgo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con unidades especializadas en la atención de casos de violencia de género. Las comisarías están habilitadas para recibir denuncias, brindar protección y coordinar con otras instituciones la intervención necesaria para salvaguardar la integridad de las víctimas.

El crimen de una mujer de 26 años en la ciudad de La Paz incrementó a 43 la cifra de feminicidios registrados en Bolivia en lo que va de 2026, según datos del Ministerio Público. El caso es investigado como feminicidio y el principal sospechoso es la pareja de la víctima, identificado como Adam K.C.L., de 26 años, fue detenido preventivamente por las autoridades.

La joven, Bianca G.R., también de 26 años; permaneció internada en el Hospital de Clínicas durante dos días tras sufrir una agresión en su domicilio que le provocó graves lesiones y el 21 de junio falleció debido a los daños. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una lesión del centro encefálico superior, acompañada de un hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y traumatismo craneoencefálico cerrado.

Inicialmente, la investigación se abrió por el delito de lesiones graves, pero tras conocerse los resultados forenses, la Fiscalía modificó la tipificación penal y pasó a procesar el caso como feminicidio. Las pesquisas continúan con la recopilación de pruebas, declaraciones y pericias para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

“Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del caso, inmediatamente inició las investigaciones y actualmente se realiza la colecta de elementos de convicción para garantizar que el presunto feminicida sea sometido a la justicia conforme establece la ley”, señaló el fiscal de La Paz, Luis Carlos Torrez.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de feminicidios del país, con 17 casos reportados este año. Le siguen las regiones de Santa Cruz con ocho, Cochabamba con seis y Oruro con cinco. En tanto, Potosí, Chuquisaca y Tarija registran dos casos cada uno, mientras que Beni reporta uno.

En Bolivia, el feminicidio está sancionado por la Ley 348, vigente desde 2013, que establece una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para quienes sean hallados culpables de este delito. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han señalado reiteradamente que persisten dificultades en la aplicación de la ley, especialmente en las etapas de prevención, investigación y acceso a la justicia.

Las cifras muestran que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema judicial boliviano: en 2025 se registraron 81 feminicidios en el país, mientras que ese mismo año se contabilizaron más de 46.000 delitos en la Ley 348. Entre ellos, la violencia familiar o doméstica concentró la mayor parte de los casos atendidos por el Ministerio Público.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 348, Bolivia ha acumulado más de 1.200 feminicidios, según reportes de instituciones y organizaciones que monitorean la violencia de género.

Ante la incidencia de este delito, en noviembre de 2025 se promulgó la Ley 1680 que establece un sistema de protección integral y reparación para los menores de edad que quedan huérfanos a consecuencia de feminicidios. La norma contempla apoyo económico, acceso prioritario a servicios de salud y educación, atención psicológica, acompañamiento social y mecanismos para resguardar los derechos patrimoniales de los beneficiarios.

—A veces me sorprendo cuando digo treinta años —dice—. Treinta años. Y sin embargo, para mí, yo te estoy hablando como si hubiera sido ayer.

En 1996 Edgardo Aló era un hombre de rutinas. Había formado una familia; tenía una esposa y dos hijos. Vivía en una casa amplia sobre una esquina de Tigre. Dirigía su propia inmobiliaria.

La noche helada del 27 de mayo de 1996, cuando su hija de 17 años fue asesinada por su novio de 20, lo puso en un punto de no retorno. Desde entonces, se dedicó a reclamar justicia. Cerró su inmobiliaria. Vendió sus autos, un departamento. Usó un Renault 12 de remís, “para que entrara un mango, cuando antes sobraba”.

Hace 30 años y ahora, es un padre dispuesto a lo que sea en el nombre de su hija.

—¿Yo qué más puedo perder? —pregunta y enseguida responde—. Perdí lo mejor que puede tener una persona, que es un hijo. De manera que no le tengo miedo a nada.

El reclamo es uno. Quiere que el asesino cumpla. Dice que cumplir encierra un castigo que la justicia debió darle y omitió: la prisión perpetua.

—Este tipo en la calle mata en cualquier momento. ¿Y qué van a decir? ¿Que le surgió otra vez esa psicopatía?

Un padre que juró ser la sombra de un asesino que camina libre

A fines de marzo, la Justicia bonaerense extendió por un año —hasta abril de 2027— la restricción perimetral de 300 kilómetros que le impide a Fabián Tablado acercarse a Edgardo Aló. La medida le prohíbe encontrarse con él o establecer cualquier tipo de contacto, ya sea en persona, por teléfono, correo electrónico o a través de terceros.

La disposición no tiene antecedentes por la distancia que fija. Trescientos kilómetros equivalen al trayecto entre Buenos Aires y Rosario. El radio de exclusión atraviesa varias provincias y alcanza incluso a Uruguay.

Tablado camina bajo vigilancia. Una tobillera electrónica registra su ubicación para asegurar que respete el límite. Así lo dicta la norma.

—De cualquier manera me han dicho que a Tablado lo vieron en abril en Tigre —dice—. Pregunté cómo lo habían visto y me explicaron que había tenido una discusión en la calle. A los gritos. Hubo disparos. Por lo que cuentan, resultó herido. Fue para Pascuas, entre Jueves y Viernes Santo. Mandé mensajes a la policía, a mi abogado, a todos lados. No había personal.

Aló cree saber cómo hace Tablado para moverse. Asegura que la propia madre del asesino les contó a otras personas el mecanismo. Lo describe como una especie de alquiler de pierna: alguien cobra por llevar la tobillera electrónica mientras Tablado viaja y permanece en Tigre. Aló no comprende por qué, ante estas versiones, nadie verifica si el dispositivo está donde debe estar. Dice que un control sin aviso, sin darle el tiempo a Tablado de regresar, alcanzaría para despejar cualquier duda.

El último domicilio conocido de Fabián Tablado es Posadas, Misiones.

La violencia antes del crimen

—Carolina tenía un carácter especial —dice Edgardo—. Una forma de ser que le caía bien a todos. Vivía contenta. Le gustaba cantar, les ponía sobrenombres a todos y coincidíamos mucho. Estaba pegada a mí. Si yo salía, me decía: “Papá, te acompaño”. Éramos compinches. Hasta que apareció el psicópata de Tablado.

Carolina Aló conoció a Fabián Tablado en el verano de 1993, durante una fiesta. Ella tenía 14 años. Él, 17. Pronto el vínculo entró en un ciclo de rupturas y regresos que se extendió por tres años.

El primer indicio no fue un golpe ni una amenaza. Fue una tristeza al revés.

Edgardo notó que su hija estaba apagada cuando volvía a reconciliarse con Tablado y animada cuando se peleaba con él. La lógica era incomprensible hasta que alguien se la explicó: Tablado la presionaba en cada discusión con amenazas contra su hermano menor. “Si me dejás, lo agarro a tu hermano y lo mato”. La pelea era un respiro. La reconciliación, volver a la jaula.

Fabián Tablado era tres años más grande que Carolina Aló pero los dos compartían el mismo curso en el colegio Marcos Sastre en Tigre. A Carolina no le interesaba demasiado la escuela. Había repetido primer año y en su casa insistían con que siguiera estudiando. Buscaron una alternativa y acordaron que terminara la secundaria de noche.

—Carolina entra al Marcos Sastre nocturno porque se veía grande para seguir en un turno de mañana o de tarde —recuerda Edgardo—. Y Tablado, que había abandonado el colegio, se metió ahí. Después me enteré de que lo habían echado de tres escuelas. Entró al Marcos Sastre no para estudiar, sino para controlar.

El recorrido de Tablado era distinto. Según declararían después distintos testigos, los problemas de conducta lo acompañaban desde chico. Había pasado por una etapa punk y otra skinhead. Carolina se enamoró y creyó que podía ayudarlo. Años más tarde, el propio Tablado diría que ella lo empujaba hacia la calma y lo alejaba del odio y las drogas.

—Vivía de los celos —dice Edgardo—. Celos que él mismo inventaba por su inseguridad.

La violencia terminó por ocupar todos los espacios. También, la escuela.

En 1995, un año antes del crimen, Tablado le quebró el tabique de un golpe. Carolina les dijo a sus padres que había tropezado con una mochila y se había caído en la escuela. Inventaba excusas para ocultar las agresiones pero en la casa ya no le creían. Edgardo Aló fue al colegio Marcos Sastre.

Todavía recuerda la conversación con la directora.

—Muy fresca, me dijo: “Sí, pero le pusimos amonestaciones”. Yo pregunté: “¿Amonestaciones?”. “Sí”, me respondió. “Y a ella también, porque no denunció”.

Aló radicó una denuncia contra la autoridad y la escuela. Pero nada frenó la escalada. Días antes del asesinato, Edgardo Aló vio cómo Fabián Tablado le pegaba a su hija.

Una tarde, volvía del trabajo y los vio sentados sobre una pared baja, en la esquina de la casa. Le llamó la atención encontrar a Tablado a esa hora. Él le había dicho que iba a trabajar en la carpintería de su padre. Edgardo entró. Su dormitorio daba a la otra calle y desde la ventana alcanzó a ver la escena. Dice que Tablado le dio dos golpes a Carolina. Uno en el estómago. Otro en la espalda.

Salió de inmediato. Cuando dobló la esquina, Carolina ya corría hacia él: “Dejalo, papá. Dejalo”.

Edgardo le pasó de largo. Quería llegar a Tablado.

—Le pregunté: “¿Qué hiciste?”. Y me respondió: “Nada, estábamos hablando”. Entonces le dije: “Bueno, hablá conmigo como estabas hablando con ella”.

Aló le pegó tres piñas. Tablado no devolvió los golpes. Otros tuvieron que separarlos. Hasta entonces, dice, había evitado intervenir en la relación. Escuchaba a quienes le pedían que no se opusiera, que hacerlo podía empeorar las cosas.

—Ahí dije le basta. Ahí se terminó.

Según Aló, Tablado no aceptó la ruptura.

“El lunes, lo hago”

Días antes del crimen, Fabián Tablado ya había anunciado lo que pensaba hacer. Se lo confió a Luis Vallejo, un amigo que también asistía al colegio nocturno. No se lo dijo una ni dos, sino tres veces.

La primera conversación ocurrió el domingo previo al asesinato. Según declaró después Vallejo, los dos se encontraron en una plaza de Tigre para charlar y tomar vino. En medio de la noche, Tablado empezó a hablar de las novias que los dos tenían. Dijo que los engañaban, que les mentían y que había que matarlas. Vallejo creyó que hablaba el alcohol. Pero Tablado insistió.

Al día siguiente volvió sobre el tema. Vallejo recordó que seguía decidido. Pensó que se trataba de una broma o de una provocación. Que Carolina no corría peligro.

La tercera vez fue la tarde del 27 de mayo de 1996. Los dos se encontraron en la puerta del colegio. Eran cerca de las siete. Según declaró más tarde, Tablado le dijo: “Hoy voy a matar a Carolina”.

Los amigos entraron a clase. Poco antes del final de la jornada, Luis Vallejo vio a Tablado irse con Carolina. Edgardo Aló reconstruye esa escena.

—Vallejo cuenta que la saca del colegio. La lleva agarrada del hombro y del cuello. Y cuando se alejan, Tablado lo mira y se pasa un dedo por la garganta [como seña de que iba a degollarla].

***

Sobre una repisa en el living de la casa de Edgardo Aló hay una foto de Carolina.

Lleva una musculosa blanca, el pelo suelto apenas por encima de los hombros y varias pulseras en la muñeca. Sonríe. Parece una foto capturada en verano. Está sin marco, apoyada junto a un escudo del club Tigre.

Edgardo dice que a lo largo de los años fue entregando fotos a periodistas que nunca las devolvieron. Las que guardaba en el celular se perdieron cuando el aparato dejó de funcionar. Esa es la única imagen que conserva.

—Ella siempre usaba el pelo suelto —dice.

Lo aclara porque, para muchos, Carolina quedó detenida en otra foto: la de las dos trenzas y la sonrisa. La imagen, que acompañó durante décadas las noticias sobre el crimen, terminó por fijarse en la memoria colectiva.

Hace tiempo que Edgardo Aló intenta que el nombre y la imagen de Carolina remitan a algo más que a aquella noche de 1996. En 2017, fundó la Fundación Carolina Aló con el objetivo de que lo que le pasó a ella no le pase a otras. Sostiene la institución junto a un equipo que trabaja ad honorem. Asisten a víctimas de violencia de género: las orientan sobre dónde denunciar y cómo moverse dentro de un sistema judicial que, como él sabe bien, puede ser lento, sordo y esquivo. También, trabajan en prevención.

Edgardo está convencido de que a la violencia hay que interceptarla antes, en las primeras relaciones afectivas, cuando los vínculos todavía se están formando y las señales son más fáciles de ignorar. Carolina tenía 14 años cuando conoció a Tablado.

La fundación impulsó además una petición ante la ONU: que el 27 de mayo, fecha del asesinato, sea declarado Día Internacional de la No Violencia en el Noviazgo.

El 27 de mayo de 1996

Era lunes. Los padres de Fabián Tablado y sus cuatro hermanos habían salido a cenar. En la casa de Albarellos al 300, en Tigre, no había nadie. Tablado lo sabía.

Lo que pasó después solo se conoce por el relato de Tablado y por lo que reconstruyeron los peritos. Carolina no pudo contarlo.

Tablado la llevó a su habitación. Mantuvieron relaciones sexuales. En un momento, intentó eyacular dentro de ella sin protección. Carolina lo frenó, lo empujó y lo apartó. Poco después, Tablado declaró que quería tener un hijo con ella. Carolina dijo que no.

La agresión comenzó en la cocina, siguió por el living y terminó en el garaje de la casa. Los forenses calcularon que el ataque duró entre cinco y diez minutos. Tablado utilizó tres cuchillos y un formón, una herramienta de su padre carpintero para tallar madera. Cuando una hoja se doblaba o se rompía, iba en busca de otra.

—Carolina se defendió como podía, con las manos —reconstruye Edgardo—. Tenía todas las palmas de las manos agujereadas por tratar de cubrirse. La atravesaban los cuchillos, hasta que llegó el corte de la vena cava, que prácticamente la degolló.

La autopsia registró 19 golpes y 113 puñaladas.

—Uno trata de no pensar, pero las imágenes se te vienen a la cabeza.

Edgardo evoca las paredes del fondo de la casa. Los muros conservaban trazos de sangre. Él miraba esas manchas y veía a su hija. La veía buscar la medianera. Aferrarse a la estructura. Escapar y volver a ser alcanzada por Tablado.

—La hizo sufrir y le hizo ver la venida de la muerte.

El cadáver de Carolina quedó en el garaje.

Tablado volvió a su habitación. Se sacó la ropa, que estaba cubierta de sangre. Se bañó y cambió. Antes de irse, dejó al lado del cuerpo una hoja con un dibujo: un caballo y una figura con un cuchillo en la mano. Debajo, la palabra “jajajaja”.

Después salió.

Esa misma noche, el teléfono sonó en la casa de los Aló. Edgardo atendió.

—¿Está Carolina? —preguntó una voz.

—No, está en el colegio. ¿Quién habla?

—Una compañera.

—Si sos compañera, sabés el horario que sale del colegio. ¿Para qué me lo preguntás?

Del otro lado de la línea, cortaron.

La llamada lo dejó inquieto. Caminó unas quince cuadras hasta la escuela Marcos Sastre. Se quedó frente a la puerta y esperó la salida de los alumnos. No vio aparecer ni a su hija ni a Tablado.

Desanduvo el trayecto. Buscó a su cuñado y le pidió que lo llevara en auto hasta la casa de Tablado. Los nervios lo desbordaban. Era incapaz de manejar.

—Cuando llegamos a la casa ya estaba la policía, estaba la ambulancia y lo peor cuando vi la morguera —recuerda—. En principio uno piensa: “bueno, le debe haber pasado algo a un pariente de la familia”. En esa época no había celulares. Carolina no podía avisarme.

Cruzó el pasillo largo que antecede a la vivienda y se encontró con la madre de Tablado.

—¿Qué pasó? —preguntó Edgardo.

—Nada, nada.

La mujer dio media vuelta y volvió a la casa. Un hombre que vestía sobretodo lo tomó del hombro. Empezó a empujarlo hacia la calle. Edgardo exigió saber qué ocurría. Preguntó una vez. Dos. Tres. Cuatro. El hombre repetía: “Pasó una tragedia”. Nunca dijo cuál. Edgardo supo después que era el comisario.

Minutos más tarde, un policía salió y le dijo a otro, sin reparar en quién estaba cerca: “Conté hasta 70, 80 y no pude contar más”.

—¿70, 80 qué? —quiso saber Edgardo.

El policía lo miró. Se dio cuenta de quién era y regresó a la casa sin responder.

Edgardo salió a la vereda. Caminó. En la vereda de enfrente, debajo de un naranjo, vio a Vallejo. Era casi la una de la mañana.

—Ahí está un amigo de él [por Tablado] —le avisó a uno de los policías.

El policía actuó de inmediato. Metió a Vallejo en un auto particular y salieron. El amigo habló: después de asesinar a Carolina, Tablado lo llamó y le contó lo que había hecho. Le pidió que lo ayudara en su plan de escape. “El Gordo”, como lo apodaban, no podía comprender lo que escuchaba pero se puso a buscar a Carolina. Primero llamó a la casa haciéndose pasar por una compañera y, al no encontrarla, fue hasta la casa de Tablado, donde lo demoró la policía y dijo dónde estaba Fabián.

Tablado estaba debajo del puente Tedín, en Tigre, esperando un remís. Había arreglado con Vallejo que el auto tocara tres bocinazos y él saldría.

Un auto sin identificaciones llegó al punto indicado. Tocó tres veces. Tablado salió de su escondite y se acercó. Del auto bajaron policías.

—¿Por qué le pegaste a tu novia? —le dijo uno.

—No le pegué —respondió Tablado—. La maté.

La puñalada 114

Jamás hubo dudas sobre quién había matado a Carolina. El escenario era brutal y explícito. Fabián Tablado había confesado el crimen al ser detenido y volvió a hacerlo en la etapa de investigación. Aun así, el juicio oral tardó en llegar. Recién empezó en diciembre de 1998.

Edgardo Aló asegura que, durante esa espera, recibió una explicación que no olvidó. Según relata, le dijeron que el caso de Carolina tendría que esperar porque el país seguía pendiente del juicio por el asesinato de María Soledad Morales. La razón, le explicaron, era que no convenía que coincidieran dos procesos de alta exposición. Había que administrar la atención pública: primero uno, después el otro. Aló interpretó aquella respuesta como una muestra de cómo se mezclaban la Justicia y la política. Era la primera de muchas desilusiones.

En los dos años y medios que demoró la elevación a juicio, Tablado construyó su defensa. Dijo ignorar sus propios actos. Habló de un escenario diabólico. De un impulso imposible de frenar. Se escudaba en la figura del inimputable. Esa estrategia definía su futuro. Si convencía al tribunal, terminaría en un psiquiátrico, sin condena.

Los peritos convocados por la defensa sostuvieron que, al momento del crimen, había sufrido un trastorno mental transitorio. Lo describieron como una persona borderline desde la infancia y plantearon la posibilidad de una crisis epiléptica que le hubiera impedido gobernar sus actos.

La fiscalía respondió con cuatro especialistas en neurología. Ninguno encontró evidencias que respaldaran esa hipótesis. Los estudios no mostraban alteraciones en su cerebro y los médicos señalaron otro dato: cada vez que un cuchillo se doblaba o se rompía, Tablado volvía a la cocina y buscaba otro. Para ellos, esa secuencia era incompatible con una pérdida de conciencia.

El tribunal lo consideró imputable. Es decir, podía ser juzgado y sancionado penalmente.

La discusión pasó entonces al máximo de la condena. La fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua. Para sostenerla, presentaron tres agravantes.

El primero fue la alevosía. Sostuvieron que Tablado había llevado a Carolina a su casa y que había mantenido relaciones sexuales con ella antes del ataque, lo que la colocó en una situación de indefensión.

El segundo, el ensañamiento. La acusación dijo que Carolina había sufrido un dolor que excedía el necesario para causarle la muerte.

El tercero, la premeditación. Vallejo declaró que Tablado había anunciado el crimen. La querella también se apoyó en el dibujo que los peritos encontraron en la escena: la figura de una mujer muerta en el piso. Según esa interpretación, el dibujo había sido realizado antes del asesinato.

Dos de los tres jueces no compartieron esos argumentos.

Fernando Mancini y Celia Vázquez entendieron que no había ensañamiento porque, según sostuvieron, la herida en el cuello había provocado la muerte en pocos segundos. Tampoco vieron alevosía. Carolina sabía adónde iba y conocía esa casa. Sobre la premeditación, concluyeron que no había existido un plan previo.

Fernando Barotto votó en disidencia. Quedó en minoría.

Por dos votos contra uno, el tribunal condenó a Fabián Tablado por homicidio simple. La pena máxima era de 25 años. Le impusieron 24. Aquel día Edgardo Aló salió de la sala y frente a las cámaras y micrófonos dijo: “Estos dos jueces acaban de pegar la puñalada número 114. Ciento trece le dio Tablado. La ciento catorce fue de ellos”.

Después aplicaron el beneficio del 2x1, una ley que contaba dobles los días en prisión previos a la condena firme. La pena quedó en 22 años.

En 1998, cuando Tablado fue condenado, la figura del femicidio no existía en el Código Penal argentino. Se incorporó 14 años después, en 2012. Tablado había matado a Carolina motivado por el odio de género. Pero la ley de entonces no tenía nombre para eso. O lo mal llamaba “crimen pasional”.

El casamiento en el penal

Dentro de la cárcel, Fabián Tablado se había convertido en un preso de buen comportamiento. Estudiaba. Predicaba la Biblia. Y recibía cartas. Muchas.

No solo de su familia. También de mujeres que no lo conocían y que le escribían desde afuera. El FBI tiene un nombre para ese fenómeno: hibristofilia. La atracción que sienten algunas personas por quien cometió un crimen que excede todos los límites. A Tablado le llegaban ofrecimientos para visitarlo, para conocerlo, para tener visitas íntimas.

Tuvo una novia dentro del penal. La relación terminó mal.

—Adentro de la cárcel, quiso clavarle la bombilla del mate porque tenía pantalones ajustados —asegura Edgardo.

La mujer no lo denunció. Nadie lo sancionó. Las visitas siguieron.

Así conoció a Roxana Villarejo. Era maestra y vivía a metros de la casa de la calle Albarellos donde Tablado había matado a Carolina. Le había empezado a escribir cuando él estaba en el penal de Sierra Chica y ella era menor de edad. Durante cuatro años intercambiaron cartas. Había un vínculo en común: la madre de Villarejo era pareja de un tío de Tablado.

En septiembre de 2007 se casaron en el penal de Magdalena. La fiesta incluyó 50 invitados. Él dijo que pronto tendría beneficios para salir y que se irían de luna de miel. De esa unión nacieron mellizas.

En 2008 Tablado obtuvo las primeras salidas transitorias. Edgardo Aló se quejó. La jueza Celia Vázquez y los jueces Raúl Borrino y Gustavo Deral le dijeron que era un derecho de Tablado. Aló siguió peleando. En 2010 la Cámara de Casación revocó las salidas y Tablado volvió a la cárcel. En 2011 recuperó el beneficio.

Habían pasado apenas unos meses cuando Roxana Villarejo se presentó ante la policía y denunció que Tablado las había amenazado de muerte a ella, a sus hijas y a su madre. Había grabado las llamadas.

En las llamadas se escuchaba a Tablado decirle:

—Yo por cien pesos acá consigo un fierro. Vos haceme una denuncia y lo único que vas a ganar es tiempo, porque me cagás ahora y después gano yo. No te voy a hacer nada a vos. No te preocupes. Te voy a tocar donde más te duele. Va a ser tanto el dolor que hasta el último día vas a estar agonizando, acordándote de mis palabras.

Villarejo le había dicho que quería divorciarse. Tablado respondió:

—No armés una vida con otro tipo, porque yo lo voy a abrir, le voy a sacar el corazón y me lo voy a comer delante tuyo.

En 2012, cuando había cumplido dos tercios de la condena, Tablado pidió la libertad condicional. La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro se la negó. Consideró que tenía un cuadro de inestabilidad emocional.

Un año después recibió una nueva condena. La Justicia lo encontró culpable de las amenazas contra su exesposa y le impuso una pena de dos años y medio. Esa sentencia se unificó con la que ya cumplía por el asesinato de Carolina.

Más adelante, obtuvo una reducción de seis meses por haber terminado la escuela secundaria y comenzar la carrera de Derecho en prisión.

El 28 de febrero de 2020, las cámaras de televisión se apostaron frente al penal de Campana. Fabián Tablado cruzó la última de las puertas. Era libre.

Su liberación generó repudio social y restricciones judiciales de distancia respecto a la familia Aló.

La misma casa

Al salir, Fabián Tablado volvió a instalarse en la casa de sus padres. Era la misma casa donde había asesinado a Carolina.

Edgardo Aló y su familia seguían en Tigre. La posibilidad de cruzarse con el hombre que había matado a Carolina ya no era una hipótesis lejana. Podía ocurrir en la calle, camino al trabajo, en cualquier esquina. Una jueza dispuso entonces una tobillera electrónica y le prohibió a Tablado acercarse a menos de trescientos metros de la casa y del lugar de trabajo de Aló. La restricción también alcanzaba a su exesposa y a las hijas mellizas.

Pero las restricciones duraron poco.

La tarde del 16 de octubre de 2020, las cámaras de seguridad de Tigre registraron a Fabián Tablado mientras cruzaba un puente de la mano de sus hijas. Eran tiempos de pandemia. Llevaba barbijo. En uno de los tobillos, la tobillera electrónica.

Las imágenes mostraban dos incumplimientos. Tablado tenía prohibido acercarse a sus hijas. También tenía vedado moverse a menos de trescientos metros de Edgardo Aló. El puente donde quedó filmado estaba dentro de ese radio. Las oficinas donde trabajaba el padre de Carolina quedaban a poca distancia.

Aló presentó una denuncia. Dos meses después, el 16 de diciembre de 2020, Tablado volvió a quedar detenido. La justicia condenó al asesino de Carolina a pasar un año más en la cárcel, ahora por el delito de desobediencia.

El 15 de diciembre de 2021 venció su pena. Había pasado en total 24 años preso y quedó otra vez libre. La restricción perimetral se elevó a 300 kilómetros.

Tablado fijó domicilio en Bell Ville, Córdoba, donde viviría con su novia. La estadía duró poco. Una medida de exclusión del hogar y denuncias de vecinos lo obligaron a mudarse. Intentó radicarse en San Clemente de Tuyú, en la costa bonaerense, en Cañada de Gómez, Santa Fe, y en Gobernador Virasoro, Corrientes. En cada uno de estos lugares los vecinos organizaron marchas en contra. Tuvo que irse.

El rechazo social lo obligó a peregrinar por distintos puntos del país. “En algún lugar tengo que vivir. Sino que entonces se ponga la pena de muerte para la gente como yo”, dijo en una entrevista televisiva.

Al recordarle esa frase, lo que menos se lee ahora en la cara de Edgardo Aló es compasión. No tiene por qué sentirla.

—“Yo tengo que tener un lugar para vivir, yo tengo derechos”. ¿Perdón? ¿Qué derecho tenía Carolina de morir? Entonces, cuando te hablan así, realmente te hacen hervir la sangre, porque no puede decir: “Yo tengo derechos, yo tengo derechos”. No tenés ningún derecho. El único derecho es que estás respirando.

Hace una pausa.

—Y lo que estoy haciendo en estos treinta años es hacer su vida lo más imposible que se pueda.

El último domicilio conocido de Fabián Tablado es Posadas, Misiones. Llegó hasta allí con ayuda. La agrupación cristiana Filipos lo cobijó. Una organización que, según Edgardo Aló, maneja el pastor Giménez.

Pero los kilómetros no son un escudo. En septiembre de 2024, la fragilidad del cerco quedó expuesta. La tobillera electrónica dejó de emitir señal. Edgardo Aló recibió entonces la llamada que no hubiera querido escuchar: Tablado estaba sin monitoreo.

La incertidumbre duró hasta que las autoridades lograron ubicarlo. Tablado explicó que había viajado al interior de Misiones para asistir a cursos en una escuela de oficios y que en esa zona no había señal telefónica. La Justicia le permitió continuar en libertad con la tobillera y le advirtió que la situación no debía repetirse.

Dos años después, frente a las versiones de que Tablado estuvo en Tigre durante el fin de semana de Pascuas de 2026, Aló mastica la sospecha. Se pregunta si el asesino de su hija volvió a caminar por su barrio. Si estuvo ahí, a metros de su puerta, como ya ocurrió.

“Hay muchas adentro del cajón”

Edgardo Aló es un hombre dañado que no llora.

—Salvo en el cementerio de San Fernando. Ahí te topás con la realidad. Te topás con un cajón que lleva el nombre de tu hija. Y ahí sí, te aflojás. Pero hay muchas. Hay muchas adentro del cajón.

En enero de 2020, cuando Tablado estaba a días de salir en libertad, Edgardo se sumó a una campaña que se llamó “Hombres contra el machismo”. La integraban otros padres que habían perdido a sus hijas en femicidios: Jorge Taddei, padre de Wanda, asesinada por el exbaterista de Callejeros Eduardo Vázquez; Miguel Pereyra, padre de Marisol, una de las víctimas del cuádruple crimen de La Plata; Hugo Capacio, padre de Dayana, asesinada por su novio en Rosario; Luis Basualdo, padre de Marcela, asesinada en Punta Lara junto a su pareja, y Gustavo Melmann, padre de Natalia, secuestrada, abusada y torturada por la Policía.

“Es hora de que trabajemos para concientizar al hombre”, escribió Aló en su adhesión. “Tenemos que hablarles a ellos, que son los victimarios. Si nos sentimos tocados como varones cuando se habla de violencia machista, entonces salgamos a decir y hacer algo para que esto cambie”.

Edgardo tiene una crítica al Estado que repite hace años.

—Está la ley que reconoce el femicidio, pero no se concentra en la prevención. Se aplica una vez que la mujer está muerta. Para evitar esa muerte no hay herramientas. Hay que actuar antes.

Edgardo Aló sigue enumerando las señales que, según él, merecen atención. Les habla a los padres y a las madres. Les pide que miren si sus hijas se alejan de sus amigos, si cambian de personalidad, si aparecen moretones o si empiezan a tener miedo.

Y a las mujeres les deja una advertencia.

—Es muy lindo escuchar “Yo te amo”, pero si eso cambia en una sola letra por “Yo tu amo”, “Vos me pertenecés”, tienen que reaccionar porque pueden perder hasta la vida.

Edgardo lamenta que su fundación no tenga un lugar físico desde donde funcionar ni un sitio web para difundir su trabajo. Pide ayuda: un espacio donde recibir a las víctimas de género y un subsidio para cubrir los gastos de traslado e imprenta de los abogados que asesoran en las causas judiciales y no cobran.

—A veces quedamos en el pozo de decir: “¿Qué hace la fundación?”. Hace lo que puede. [...] Esto es difícil y tenés que ponerle la cara, tenés que ponerle todo. A veces te dan ganas de decir: “Tiro todo al diablo”. Pero después encontrás a chicas que vienen y dicen: “¿Qué hago, Edgardo?”. Y otra vez a tirar del carro.

Los legisladores, dice, no ayudan.

—Yo los veo en Diputados y en el Senado debatir como si se estuvieran matando uno a otro y se olvidan de la gente. Nadie está trabajando para la gente.

La tarde cae sobre Tigre. Edgardo toma el celular por primera vez desde que empezó la charla, dos horas atrás. Hay mensajes sin responder.

Hace treinta años atiende llamados, recibe mensajes y sigue pistas. A veces son denuncias. A veces, mujeres que piden ayuda. A veces, un dato sobre Fabián Tablado.

Porque hay algo que no abandonó aquella noche helada de mayo de 1996.

Y porque, mientras siga respirando, quiere ser el primero en saber dónde está el hombre que mató a su hija.

Producción audiovisual, entrevistas y narración: María Belén Etchenique / Realizador: Gastón Taylor/ Edición: Florencia Montenegro

El futbol mexicano mantiene un entorno hostil para mujeres y personas de la comunidad LGBTI+, donde la violencia y la discriminación persisten a pesar del potencial integrador del deporte.

El informe “Tarjeta roja a la violencia de género”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), documentó que al corte de julio del 2025, la mayoría de mujeres y mujeres trans que participan en el fútbol han experimentado algún tipo de violencia de género, desde insultos y acoso hasta discriminación sistemática.

Más de la mitad de las participantes en la encuesta aplicada por el PNUD reporta haber buscado apoyo psicológico tras vivir episodios de violencia; 59% siente desmotivación y considera dejar el fútbol.

Solo 13% recibió apoyo institucional adecuado, mientras que el 36% no obtuvo respaldo alguno.

El informe destaca que 78% de las mujeres y 100% de las mujeres trans sufrieron violencia de género dentro del entorno futbolístico mexicano.

La violencia de género inicia desde etapas tempranas

Según la encuesta, el 72% de las mujeres sufrió violencia verbal, caracterizada por insultos, lenguaje sexista y ridiculización. Un 56% enfrentó imposición de roles tradicionales y desvalorización, y 54% experimentó exclusión y discriminación por género u orientación sexual.

El acoso y la violencia sexual afectan a 41%, con incidentes que incluyen comentarios y gestos inapropiados, hasta tocamientos y coacción.

Las agresiones ocurren en partidos, vestidores, clubes y redes sociales.

Las principales fuentes de violencia son la afición, con 78% de los casos de insultos y cánticos misóginos, directivos con 45% de los reportes de discriminación y distribución desigual de recursos, y jugadores varones y medios de comunicación, ambos con 47%.

Obstáculos estructurales y legales

La Ley General de Cultura Física y Deporte reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, pero carece de definiciones y acciones específicas frente a la violencia de género. No obliga a clubes ni federaciones a implementar protocolos efectivos de prevención y atención.

El informe señala que la ausencia de mecanismos claros, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades mantienen la impunidad y el silencio institucional.

El estudio del PNUD reunió testimonios de mujeres, hombres y mujeres trans de diferentes roles: jugadoras, entrenadoras, cuerpos técnicos, madres de jugadoras, consultoras y personal de ONG.

La muestra, aunque limitada, permite identificar patrones y problemas estructurales en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro.

El impacto de la violencia en la vida de las víctimas

El 58% reportó cambios emocionales, 44% ansiedad, 38% baja autoestima y 23% problemas de sueño.

La violencia de género afecta la permanencia y participación de mujeres y personas LGBTI+ en el fútbol, generando abandono, desmotivación y afectaciones a la salud mental.

El 70% de las personas encuestadas ha presenciado violencia de género en el fútbol, lo que evidencia la frecuencia y normalización del problema.

Medidas urgentes y recomendaciones

El informe del PNUD plantea la necesidad de políticas de tolerancia cero, promoción de liderazgos femeninos y campañas de sensibilización.

Recomienda reformas legales que incorporen perspectiva de género, protocolos obligatorios en federaciones y clubes, capacitación en derechos humanos y códigos de conducta vinculantes.

Subraya la importancia de la participación de medios de comunicación, la sociedad civil y la afición para erradicar la violencia y crear espacios seguros y respetuosos.

El fútbol en México, aunque es motor de unión nacional, mantiene barreras y prácticas que impiden la participación igualitaria.

El llamado del PNUD es claro: transformar las canchas para que sean espacios libres de violencia y discriminación para todas las personas.

25 años han pasado desde que Nevenka Fernández rompió su silencio, lo que supuso un antes y un después en la historia de la lucha contra la violencia sexual en este país. La joven, de entonces solo 26 años, denunció al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral. Era 2001 y un cuarto de siglo después la mujer ha regresado a la localidad que se vio obligada a abandonar.

En el marco de la jornada Justicia, voces y memoria, de la violencia sistémica a la reparación, organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), Fernández ha acudido al auditorio de La Térmica Cultural, donde ha sido recibida por cientos de personas con una larga ovación.

La exconcejala se ha mostrado visiblemente emocionada y ha reconocido “sentirse nerviosa, pero muy contenta” al regresar a su ciudad rodeada de sus amigos, en un contexto muy distinto al que ella se encontró cuando decidió denunciar el acoso sexual sufrido en su puesto de trabajo.

“Yo tardé en darme cuenta de que lo que me ocurrió era más grande que yo”, ha reconocido Fernández. “He visto un cambio gigantesco, pero eso no significa que no tengamos que seguir peleando”.

La exconcejala ha recordado lo complicado que fue romper su silencio, más aún en un momento sin precedentes anteriores, en los que las denuncias por violencia sexual no eran tan frecuentes. “Lo difícil es atreverse a hablar cuando toda la vida te han dicho que es mejor estar callado y no meterte en líos”.

“Han pasado 25 años y ha sido un camino como el de muchas personas, a veces más fácil, a veces un poco menos. Pero finalmente he conseguido vivir como quería. Y tengo muchas cosas buenas en mi vida, en mi familia. Es posible salir del infierno y es posible salir y reconstruir algo donde no gane la oscuridad, donde venza la luz”, ha recalcado.

El caso Nevenka: la primera condena por acoso sexual a un político en España

Con 25 años, Nevenka Fernández fue nombrada concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, tras lo que comenzó una relación con el entonces alcalde de la localidad que duró unos meses. Cuando el romance llegó a su fin, Ismael Álvarez no lo aceptó.

Así, se inició una dinámica de acoso sexual y laboral que llevó a Nevenka a pedir la baja por depresión en el Ayuntamiento y, meses después, en marzo de 2001, hizo una denuncia pública contra el político, que era muy querido en el pueblo.

Álvarez fue castigado con la pena mínima. Sin embargo, esto supuso la primera condena a un cargo político por acoso sexual en España: un antes y un después en la historia de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia sexual.

Nevenka se enfrentó entonces a un camino plagado de críticas. “Hay injusticias en la vida y una de las más grandes es la que le han hecho a este pobre hombre. No hemos tenido jamás un alcalde como este”, decía una vecina de Ponferrada cuando el pueblo salió a la calle a protestar por la condena a su alcalde.

Tuvieron que pasar muchos años para que Nevenka fuese vista por la sociedad como lo que había sido: la víctima de un caso de acoso sexual y no la artífice de la supuesta destrucción de un hombre con una denuncia infundada.

Un acto de “justicia, memoria y reparación”

“Tu voz ha abierto un camino espectacular a muchas mujeres, a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto”, ha señalado Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que ha catalogado como un acto de “justicia, memoria y reparación”.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con la intervención de Charo Velasco, que en su momento fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada y una de las pocas personas que apoyaron públicamente a Nevenka Fernández durante el proceso.

“Nevenka sufrió y lo pasó mal, pero nunca perdió su dignidad”, ha señalado. “Es muy importante que puedas venir aquí y decir: esta es mi ciudad, quiero estar aquí con mis amigos y con mi familia.

*Con información de EFE y Europa Press

La Justicia de Rosario condenó este viernes a prisión perpetua a Aníbal Cabaña, de 62 años, por el femicidio de su exesposa Natalia Ocampo y el homicidio de César Valenzuela, en una causa que además quedó marcada por haber sido el primer juicio por jurados de la historia de la ciudad. El crimen fue cometido el 6 de abril de 2025 en una pensión de calle Uruguay al 5300.

La pena fue impuesta después de que un jurado popular, conformado por doce ciudadanos seleccionados para integrar el tribunal, declarara culpable a Aníbal Cabaña de manera unánime el pasado 12 de junio. La decisión fue tomada tras más de dos horas de deliberación secreta, luego de escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, así como los testimonios de testigos y peritos, y tras más de dos horas de deliberación secreta a puerta cerrada. La jueza de primera instancia Eleonora Verón aplicó la sanción máxima prevista por la ley.

Cabaña fue hallado culpable de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Natalia Ocampo. También fue condenado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de César Valenzuela, además de portación ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento y daño, todo en concurso real y en calidad de autor.

La respuesta central del caso quedó sellada este viernes cuando se informó que Cabaña deberá cumplir prisión perpetua por un femicidio y un homicidio. El caso juzgó el crimen de Natalia Ocampo, de 47 años, y el asesinato de César Valenzuela, de 48 años. La pena se detalló en la audiencia de cesura realizada en el Centro de Justicia Penal, después del veredicto de culpabilidad que un jurado popular dio a conocer durante la tarde.

Durante esa instancia, la jueza Eleonora Verón fundamentó su decisión en la gravedad de los delitos y en la contundencia de las pruebas reunidas a lo largo del debate oral. Además, consideró los argumentos planteados por la Fiscalía Regional 2, que había solicitado la sanción más severa prevista por el Código Penal debido a la violencia ejercida y a los antecedentes de conflictividad en la relación entre víctima y victimario.

El femicidio de Natalia Ocampo

Durante el juicio, la Fiscalía afirmó que el femicidio de Ocampo ocurrió en un contexto de violencia de género sostenido durante años. La relación entre ambos se había extendido por aproximadamente 18 años y existían denuncias previas por violencia desde 2010. Pocos días antes del ataque, la víctima había obtenido una prohibición de acercamiento contra el acusado. También había denunciado amenazas de muerte.

Según la reconstrucción de los crímenes, se supo que Aníbal Cabaña ingresó al inmueble con llaves que, según la acusación, le había sustraído a su expareja. Una vez dentro, subió a la planta alta, donde estaba Valenzuela, y pateó una puerta divisoria para entrar al sector de living-cocina. Allí efectuó al menos al menos 8 disparos con una pistola Bersa calibre 9 mm.

Natalia Ocampo recibió dos disparos en la cabeza y uno en el cuerpo, lo que le causó la muerte en el lugar. Por otro lado, César Valenzuela de 48 años quien era el novio de Ocampo fue atacado tras intentar defenderse durante un forcejeo. Finalmente Anibal Cabaña gatilló cinco veces contra Valenzuela, también en el cráneo y en el torso.

Tras cometer el doble homicidio, Cabaña se presentó voluntariamente en una comisaría local y reveló la ubicación del arma homicida, que había escondido en el tanque de agua de la casa de una de sus hermanas.

Raquel Bollo ha revisitado en televisión uno de los episodios más graves de la violencia que sufrió junto a Chiquetete y ha situado en el centro a su hijo Manuel Cortés, que con seis años interrumpió una agresión en Algeciras y facilitó que pudiera llegar ayuda.

La colaboradora ha relatado estos hechos con motivo de la publicación de La vida después del ruido, el libro en el que repasa aquella etapa y el daño que le causó no sentirse creída incluso después de existir una sentencia condenatoria por violencia de género.

Bollo ha explicado en ¡De Viernes! que el episodio ocurrió un 31 de diciembre, cuando Antonio José Cortés Pantoja la estaba golpeando y el niño llamó a la puerta de la habitación; esa irrupción hizo que él se detuviera y permitió al menor salir corriendo a buscar ayuda de unos familiares.

El papel decisivo de su hijo

La propia Bollo ha resumido el peso de aquel instante con una frase que vinculó directamente con la supervivencia: “Yo pienso que al final los hijos vienen al mundo a darte la vida y mi Manuel me la dio a mí ese día cuando llamó a la puerta”.

Antes, había advertido de que los menores perciben mucho más de lo que los adultos creen: “Muchas veces te crees que ellos no se dan cuenta y, al final, los niños son esponjas y se dan cuenta de más de lo que tú te imaginas”.

También ha precisado que todo sucedió en Algeciras y que fueron familiares de su entorno quienes acudieron con rapidez y la llevaron al hospital. La colaboradora ha añadido que en aquel momento no quería denunciar, pero su círculo fue tajante: “O denuncias tú o denunciamos nosotros”.

El relato de Bollo no se ha limitado a la agresión concreta. En la entrevista ha insistido en el efecto duradero que tuvo el cuestionamiento público después de denunciar, pese a que Chiquetete fue condenado por violencia de género y a que, según su testimonio, existía una sentencia judicial.

“A mí ya esto no me hace daño. Quiero que eso vaya por delante”, ha dicho al revisar imágenes de aquel pasado. Aun así, ha señalado que lo que le viene a la cabeza cuando revive esa etapa son sus padres y la infancia que tuvo con ellos, una etapa a la que volvería “con otra vida diferente, la que a lo mejor me correspondía o la que mis padres hubiesen querido para mí por cómo me criaron”.

El estigma tras la denuncia

En ese mismo bloque, Bollo ha descrito el peso de la sospecha social tras la denuncia: “¿Qué más le hacía falta a la gente si él mismo lo dice?”. La colaboradora lamentó que “después vino todo el ruido” y que durante mucho tiempo le hizo daño tener que “empezar a demostrar” algo que, a su juicio, no tenía que demostrar.

La entrevistada ha situado el inicio de aquella relación en su juventud, cuando, según sus palabras, era una chica enamorada de un hombre mucho mayor y muy conocido. Ha sostenido además que él estaba entonces “en su peor momento”, que con ella formó una familia y que esa salida fue posible después de 10 años gracias, en buena parte, al apoyo de su familia.

Bollo ha explicado que en La vida después del ruido ha incluido otros episodios de aquellos años, aunque sin recrearse en la violencia más explícita. Entre ellos ha citado uno que, a su juicio, retrata la dinámica de miedo en la que vivía: “Por haber perdido la llave del coche, dormía en el coche”.

Su reflexión posterior ha apuntado al desplazamiento de la vergüenza hacia la víctima. “Yo ahora pienso, digo, que yo por perder una llave me tenga que quedar en un coche y que la vergüenza mía sea que no me vea nadie en ese coche, cuando realmente la vergüenza le tendría que dar a otra persona, no a mí”, ha afirmado. También ha asegurado que perdonó “hace mucho tiempo” y que incluso llegó a sentir “más pena de él” que de sí misma.

En su paso por ¡De Viernes!, la colaboradora ha abordado además otro frente personal: el distanciamiento con Isabel Pantoja. Ha negado que hubiera una discusión entre ambas y ha situado el enfriamiento de la relación tras el fallecimiento de la madre de la cantante, cuando los contactos por mensajes se hicieron más esporádicos y “empezó a no coger el teléfono”.

Bollo ha precisado que ahora mismo no tiene trato con Pantoja, aunque eso no significa que no la quiera. También ha recordado que la artista “ha sido parte de su familia” y una persona muy importante en su vida, hasta el punto de asegurar que acudirá a verla cantar en Sevilla porque la considera “una de las grandes artistas que nos quedan en nuestro país”.

Carlos Antonio Henríquez Cornejo pasará los próximos 50 años en un centro penitenciario de El Salvador, tras ser declarado culpable de feminicidio agravado por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

La sentencia responde al asesinato de su esposa, a quien quitó la vida al obstruirle las vías respiratorias de manera intencional en un hecho ocurrido en Santa Tecla.

Las investigaciones establecieron que la relación de pareja, que duró más de tres décadas, estuvo marcada por episodios reiterados de violencia psicológica, física y económica ejercida por Henríquez Cornejo contra la víctima.

El expediente judicial detalla que el agresor consumía bebidas alcohólicas en exceso y que, bajo los efectos del alcohol, agredía a su esposa. La noche del 25 de agosto, luego de asistir a un evento familiar y regresar a la vivienda que compartían, la pareja protagonizó una nueva agresión. Testigos señalaron que alrededor de las 10:00 p. m. se escuchó a la víctima llorar y suplicar a su agresor que cesara el ataque, mientras él le ordenaba callarse.

Al día siguiente, Henríquez Cornejo comunicó la muerte de su esposa. Al llegar a la escena, los agentes policiales hallaron el cuerpo cubierto con una sábana, sin ropa, sobre el suelo y con señales evidentes de violencia. El informe forense confirmó lesiones físicas y la causa de muerte fue la obstrucción de las vías respiratorias, lo que provocó un síndrome asfíctico.

El proceso judicial comprobó que la víctima había sido sometida a un ciclo constante de violencia, lo que derivó en el desarrollo del síndrome de la mujer maltratada, una condición que la llevó a justificar y excusar las agresiones, imposibilitada para abandonar la relación.

El tribunal también reconoció la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y la forma en que el agresor abusó de la confianza derivada de los años de convivencia. Esta confianza fue utilizada para violentarla en la intimidad de su hogar hasta culminar con el feminicidio. Por estos hechos, Henríquez Cornejo recibió la pena máxima prevista por la ley.

El contexto de los feminicidios recientes en El Salvador

El caso de Santa Tecla se suma a una preocupante tendencia en El Salvador, país donde la violencia contra las mujeres mantiene cifras alarmantes.

Según datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos, durante 2025 se reportaron más de 60 feminicidios en el país, lo que representa un incremento respecto a los años anteriores. El Observatorio de Violencia de Género ha advertido que la mayoría de las víctimas son asesinadas por parejas o exparejas, y que en muchos casos las agresiones previas no son denunciadas por temor, dependencia económica o por la normalización de la violencia en el entorno familiar.

A pesar de la creación de juzgados y fiscalías especializadas para atender estos delitos, los mecanismos de protección siguen resultando insuficientes para muchas víctimas. Organizaciones feministas insisten en la necesidad de fortalecer las redes de apoyo, mejorar la respuesta institucional y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en situación de riesgo.

El Salvador mantiene una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina. A lo largo del último año, hechos como el de Santa Tecla han encendido el debate público sobre la urgencia de reforzar las políticas de prevención y sanción. Los expertos coinciden en que la violencia feminicida es el resultado de patrones culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y la discriminación de género.

Mientras la sentencia contra Henríquez Cornejo representa un precedente importante en la lucha contra la impunidad, la realidad evidencia que aún queda mucho por hacer para erradicar la violencia de género en El Salvador. Las familias de las víctimas y las organizaciones sociales demandan acciones más contundentes para proteger la vida e integridad de las mujeres.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 17.30, luego de que el agresor -identificado como Daniel Moyano- se encontró con su ex pareja en la plaza Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con medios locales, ambos comenzaron a caminar por una de las veredas y, en un momento, el agresor le propinó una cachetada a la mujer.

En ese momento, el atacante dejó en el suelo un bolso donde llevaba una pistola calibre 9 milímetros. Ante la agresión, la mujer corrió y pidió auxilio, hasta refugiarse en un local de la zona.

Según el diario La Gaceta de Tucumán, el ex militar fue perseguido por dos bicipolicías y un cuidacoches, identificado como Carlos Humberto Quinteros, de 44 años. Al verse acorralado en la esquina de 9 de Julio y General Paz, cerca de un bar, el agresor primero disparó contra el “trapito” y lo hirió en un brazo. La víctima fue trasladada al Centro de Salud, donde recibió atención y se encuentra estable.

Numerosos testigos relataron escenas de gritos, corridas y pánico. Comerciantes y vecinos señalaron que la zona, de alta circulación y cercanía con cafeterías y escuelas, quedó paralizada por el episodio. “Escuché los gritos de la mujer, después un disparo y más gritos. Todo sucedió muy rápido”, describió un empleado de un kiosco de la zona al medio tucumano.

El desenlace se produjo cuando la policía, que ya había rodeado al agresor, intentó reducirlo. Existen dos versiones sobre el accionar de los agentes: una indica que se identificaron y desenfundaron sus armas; la otra, que intentaron persuadirlo sin exhibirlas. Lo cierto es que el hombre decidió quitarse la vida delante de los agentes.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó que los efectivos siguieron los protocolos: “Primero intentaron detenerlo, después asistieron a la víctima herida y, por último, procuraron reducir al agresor sin utilizar la fuerza. Estaban tratando de convencerlo, pero se disparó”, declaró al diario.

El fiscal Carlos Sale dio intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar la cantidad de disparos.

La fiscalía, por el momento, investiga los antecedentes de violencia del fallecido y si existían denuncias previas o medidas de restricción vigentes. La víctima, afectada por una crisis nerviosa, no pudo aportar detalles sobre si contaba con medidas de protección.

“¡Es una locura lo que pasó! El tipo andaba por la calle con un arma en la mano en un horario de mucha circulación y en un lugar donde hay cafeterías, negocios y una plaza. Podría haber sido mucho peor. A ese trapito, por suerte, sólo lo hirió en un brazo, pero podría haber alcanzado a más personas”, dijo una testigo.

“Escuché los gritos de la mujer. En ese momento no pude entender qué decía. Después oí un disparo y más gritos. Ahí el hombre salió corriendo hacia General Paz, en sentido contrario al tránsito, y escuché otro tiro”, dijo Martín, un empleado de un kiosco.

Un hombre fue condenado a 4 años de prisión efectiva por agredir en dos oportunidades a su ex pareja en la localidad de Rincón de los Sauces al noreste de la provincia de Neuquén. El acusado tenía un frondoso historial delictivo, entre los que figuraba un homicidio.

En esta última oportunidad, las partes acordaron los años que deberá cumplir en la cárcel, al tiempo que unificaron las penas dado que el acusado ya se encontraba cumpliendo una sentencia por robo. El juez Cristian Piana homologó la decisión y contempló la declaración de la segunda reincidencia del imputado. Además, se llevó a cabo la inscripción de la sentencia en el Registro Provincial de Violencia.

La audiencia de cesura se realizó este miércoles ante la fiscal Rocío Rivero, del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien presentó un acuerdo de pena que el magistrado aceptó en su totalidad. El condenado, identificado con las iniciales M.B.F., había sido declarado penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en dos hechos cometidos en 2025: uno el 31 de mayo y el otro, dos semanas después.

Al momento del juicio, el individuo ya contaba con una sentencia a 3 años de prisión efectiva por un robo agravado. En este sentido, la fiscal solicitó 1 año de prisión por los dos episodios de violencia de género y pidió unificar esa sanción, lo que derivó en un total de 4 años, de acuerdo con lo difundido por el MPF de la provincia.

Los antecedentes

Para fundamentar el monto solicitado, la representante del MPF tuvo en cuenta varios factores agravantes, entre ellos, la extensión del daño provocado a la víctima, el contexto de violencia de género y de control ejercido por el imputado durante la relación, acreditado mediante el testimonio de la mujer y de los profesionales que la asistieron tras las agresiones. También pesaron en la evaluación los reiterados incumplimientos de las medidas de protección dispuestas por el fuero de Familia, que M.B.F. desatendió sistemáticamente.

No obstante, sobre él pesaba un extenso listado criminal, los cuales resultaron determinantes para la declaración de segunda reincidencia. Contaba con una condena previa por homicidio en ocasión de robo en la provincia de San Luis y, posteriormente, otra por robo agravado en grado de tentativa, una sentencia por la que también había sido declarado reincidente por primera vez.

Estaba condenado por violencia de género y volvió a golpearla

A mediados de mayo, un tribunal de San Juan condenó a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir a su ex pareja el 9 de octubre de 2024, cuando la mujer esperaba el colectivo sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por efectivos policiales que intervinieron en el momento y concretaron su detención, según informó el medio local Tiempo de San Juan.

No era la primera vez que Lucero, de 42 años, respondía ante la Justicia por hechos de esta naturaleza contra la misma víctima. En 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionarla. En esta segunda causa enfrentó cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por tratarse de hechos cometidos en un contexto de violencia de género.

La condena se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado negociado entre la defensa de Lucero, a cargo de la abogada María Filomena Noriega; la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras; y el fiscal Alberto Martínez, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) CAVIG. El acuerdo fue avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado. Al reconocer su culpabilidad, Lucero accedió a una pena menor a la que podría haber recibido en un juicio oral.

La causa se había reactivado luego de que el imputado fuera capturado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia. Lucero estaba prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género. Permaneció prorrateado durante casi un año hasta que los investigadores dieron con su paradero.

Una mujer, identificada como Eliana Raquel Medrano Soto, de 31 años, murió el miércoles 17 de junio de 2026 tras ser atacada con un arma cortopunzante dentro de su vivienda en el suroccidente de Barranquilla, en un caso que las autoridades investigan como feminicidio y por el que su pareja, Deivin Aníbal Mercado Mendoza, quedó capturado.

La víctima era madre de cuatro hijos: un niño de diez años, otro de cuatro y unas gemelas que tenían un año y un mes, según versiones de allegados a la familia. Incluso, Néstor Julio Medrano Arrieta, padre de la mujer, dijo al diario local Zona Cero que uno de los menores presenció el ataque.

Según el reporte, el hecho ocurrió sobre las 4:00 p. m. en una vivienda ubicada en la calle 85B con carrera 14A, en el barrio Ciudad Modesto, situado al suroccidente de Barranquilla (Atlántico). Familiares que estaban en el lugar escucharon una discusión, seguida por gritos de auxilio, por lo que decidieron entrar a la habitación.

Al ingresar, encontraron a la víctima mientras era atacada. De inmediato, sus seres queridos la trasladaron de urgencia al Camino La Manga, aunque la gravedad de las lesiones en el tórax fueron determinantes.

La Policía capturó en flagrancia a la pareja de la víctima

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el presunto agresor fue identificado como Deivin Aníbal Mercado Mendoza, de 39 años, compañero sentimental de la víctima. El hombre habría llegado a la vivienda pocas horas antes de cometer el ataque, después de finalizar su jornada de trabajo y en medio de la discusión con su pareja utilizó un arma para lesionarla sin importar la presencia de sus demás familiares y de uno de sus hijos.

Así lo confirmó el padre de la víctima en diálogo con Zona Cero, portal en el que aseguró lo siguiente: “El niño de cuatro años presenció el brutal ataque que recibió su mamá. Quiero que la muerte de mi hija no quede impune y se haga justicia contra el asesino”.

Tras la alerta de los familiares, patrullas de la Policía acudieron al inmueble y lo dejaron bajo custodia policial. Las autoridades informaron que la captura se produjo en flagrancia y que el detenido fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla.

El caso será llevado ante un juez de la República en las próximas horas para que defina la situación judicial del señalado agresor. Las autoridades confirmaron que la investigación avanza por el delito de feminicidio.

Las autoridades buscan establecer si había antecedentes de violencia

Por ahora, no se conocen mayores detalles de las condiciones de la relación entre Medrano Soto y Mercado Mendoza, aunque allegados a la familia afirmaron a los medios locales que la pareja atravesaba dificultades desde hacía varias semanas, presuntamente relacionadas con la custodia de sus hijos.

Las autoridades continúan con las labores para establecer con precisión las circunstancias del crimen y determinar si existían antecedentes de violencia en la relación. También intentan reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido dentro de la vivienda.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial del cuerpo y recogieron elementos materiales probatorios en el lugar.

El caso, que en un primer momento fue abordado de manera preliminar como una posible agresión intrafamiliar, quedó después confirmado como feminicidio dentro del proceso penal, aunque se está esperando el avance de las audiencias para conocer la condena en contra del responsable, mientras que la comunidad pide apoyo psicológico para los familiares de la víctima mortal.

Mientras millones de aficionados colombianos y extranjeros tenían sus ojos puestos en la pantalla para ver jugar a la Selección Colombia, una mujer enfurecida interrumpió el partido a su pareja sentimental con una contundente cachetada.

El hecho quedó registrado en video por otro asistente a la transmisión del partido que, además de ver la pantalla, tuvo que presenciar toda la confrontación sentimental. La mujer, con hojas impresas en la mano —que tendrían capturas de pantalla de conversaciones— estaba reprendiendo con ira al hombre que, ante los reclamos, permaneció quieto hasta que la mujer le propinó el golpe en seco.

La situación, luego de ser publicada y difundida en redes, desató todo tipo de comentarios entre los usuarios que, además, puntualizaron que este tipo de actos despiertan risas y mensajes de humor, pero, en realidad, toca las fibras de un tema muy delicado: la violencia de género.

Incluso, algunas usuarias defendieron al hombre y aseguraron que si ese golpe hubiera venido de mano del hombre, el escándalo habría sido de otras dimensiones.

“Si eso lo hiciera un tipo, sea el motivo que sea, estarían exigiendo fusilamiento por así llamarlo, pero es una mujer, no pasa nada, no sucede nada, es risa, burla. Lo que cabe ahí perfectamente es un proceso penal por lesiones personales. Hay hombres idiotas que no se valoran (sic)”, escribió una usuaria.

También se leyó: “@FiscaliaCol y estos actos de violencia de género van a quedar en la impunidad? O solo porque es hombre a nadie le importa”; “Madre mía si esto sucediera al contrario, pobre hombre este tweet tuviera más de 100 mil comentarios hablando y pidiendo cárcel al man. La igualdad de género de la que tanto hablan algunos las mujeres se la pasan por la chucha por tener derecho al maltrato (sic)”.

Episodios de violencia entre colombianos en contexto de partido Colombia-Uzbekistán

La celebración por la victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán se vio opacada por algunos episodios de violencia por parte de ciudadanos colombianos.

Antes del inicio del partido, un grupo de aficionados colombianos protagonizó un enfrentamiento frente a la Alameda Central, en Ciudad de México. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran empujones y discusiones entre seguidores, aunque no se registraron reportes oficiales de heridos o detenidos.

Tras el encuentro deportivo, otro incidente de violencia se hizo viral. Un video mostró una riña dentro de un bar, presuntamente motivada por una discusión política.

En la grabación se observan golpes, empujones y el lanzamiento de objetos entre varios asistentes, mientras otros intentan separar a los involucrados. Según la versión difundida en redes sociales, el altercado habría involucrado a simpatizantes de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aunque no existe confirmación oficial sobre las causas.

Previo a la celebración futbolística en el municipio de Chía, Cundinamarca, se reportó otro caso de violencia relacionada con proselitismo político, en el que simpatizantes del candidato De la Espriella, que vestían la camiseta del equipo nacional, sufrieron un ataque con armas blancas durante una jornada proselitista.

Desde la campaña del candidato se denunció públicamente que tres personas, armadas con cuchillos y una cadena de metal, agredieron a seguidores y dejaron a una mujer mayor gravemente herida. Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña, solicitó la judicialización de los implicados, quienes fueron capturados tras el ataque.

Habitualmente, se habla de que la violencia en Colombia que se registra en zonas rurales y alejadas de las ciudades principales es únicamente la ejercida por los grupos armados; sin embargo, el Ministerio de Justicia recordó que otro fenómeno que se debe abordar es la violencia intrafamiliar.

El Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) presentaron el estudio “Análisis del fenómeno de la violencia intrafamiliar con ocasión del conflicto armado en Colombia: hacia la construcción de una política pública”, una investigación que evidencia cómo las dinámicas del conflicto armado han profundizado y transformado las violencias dentro de los hogares colombianos.

Una de las conclusiones de la investigación es que la violencia intrafamiliar en territorios afectados por el conflicto interno va ligada, en la mayoría de los casos, a lógicas de control territorial y violencia ejercida por actores armados.

De acuerdo con el informe, hay hogares en los que la violencia es una extensión de lo que pasa en los territorios y que en estas zonas se registran más casos en los que la violencia contra las mujeres opera como mecanismo de dominación y sometimiento.

Para entender este panorama, se mencionan factores como el uso de armas, el entrenamiento militar, la imposición de discursos y las “órdenes de género” bajo el mando de grupos armados, como aspectos que provocan miedo a represalias, y ante la ausencia del Estado, terminan con la normalización o aceptación de estos comportamientos.

“El Estado colombiano reconoce que existe un continuum de violencias en territorios afectados por el conflicto armado o con presencia de actores armados, y plantea que la violencia en el ámbito doméstico puede constituir un hecho victimizante dentro del conflicto".

Una de las acciones que se anunciaron tras la exposición del informe es que las Comisarías de Familia deberán implementar un enfoque de género e interseccional en el análisis de los casos de violencia intrafamiliar en territorios afectados por el conflicto armado, incorporando criterios de flexibilidad probatoria y garantizando la aplicación oportuna de medidas de protección en articulación con las entidades competentes.

Se recomienda que se fortalezcan los criterios técnicos para el reconocimiento de víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV), diseñar protocolos unificados de atención integral y avanzar en la consolidación de una política pública orientada a abordar las afectaciones del conflicto armado que impactan el funcionamiento y la atención brindada por las Comisarías de Familia.

La violencia intrafamiliar dentro de las dinámicas de guerra en Colombia

En el informe se hace referencia a la Sentencia T-434 de 2024 de la Corte Constitucional, que aborda el caso de “Carmenza”, una mujer campesina víctima de tentativa de feminicidio por parte de un actor armado y pareja sentimental, como un ejemplo de cómo el conflicto armado y la violencia intrafamiliar se conectan en algunas zonas.

Este hecho llevó al desplazamiento forzado de la familia de la víctima y mostró cómo la violencia del conflicto armado puede trasladarse al ámbito doméstico. El estudio que analiza este caso identificó patrones de “masculinidad guerrera”, donde el poder de las armas refuerza jerarquías de género y legitima la violencia como forma de control.

En estos casos, el desplazamiento y la ruptura familiar generan dependencia económica y pérdida de autonomía para las mujeres. El estudio también revela subregistro e invisibilidad institucional, lo que dificulta el acceso de las víctimas a reconocimiento y reparación. El 69% de los profesionales del Icbf encuestados no asocia la violencia intrafamiliar con el conflicto armado, a pesar de que en casos en el Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca se repiten los patrones mencionados en la mayoría de los casos.

La imputación incluye abuso sexual agravado, delito que prevé una pena de entre seis y quince años de prisión. “Necesito recuperar mi vida. Está en pausa”, dijo por las demoras del proceso judicial.

La causa llega a juicio oral tras un recorrido que Candia describió como extenuante. Fue ella quien, sin representación letrada propia, sostuvo el proceso desde el inicio. “Yo colaboro con la Fiscalía, no soy querellante, yo me hice cargo de mi propio proceso”, explicó.

La relación con Mazzini duró más de cuatro años. La violencia, según su relato, comenzó en 2020 y se extendió hasta el 14 de marzo de 2022, fecha en que marcó un quiebre definitivo.

Ese día, tras una discusión que volvió a escalar, Candia llamó al 911. El personal policial se presentó en su departamento y, según su testimonio, delante de los efectivos, Mazzini intentó disuadirla de avanzar con una denuncia. “Delante de la Policía me dijo que no haga la denuncia y que lo solucionábamos nosotros. Pero yo seguí”, relató.

Los policías separaron a la pareja: a él lo dejaron en el comedor, a ella la llevaron a la cocina, precisamente para evitar que la presionara. Al día siguiente, Candia se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y describió 19 episodios de violencia ocurridos durante la relación: amenazas, lesiones, hostigamiento, intimidaciones e instigación al suicidio. Un año después, el 8 de marzo de 2023, amplió la denuncia con cuatro hechos de abuso sexual ocurridos entre 2020 y 2022.

La carátula del expediente refleja la magnitud de los hechos denunciados: abuso sexual con acceso carnal, instigación al suicidio, amenazas, amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo.

La acusación fue respaldada por un volumen extenso de pruebas reunidas por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°18, a cargo del fiscal Adrián Grassi, que elevó el caso a juicio oral en mayo de 2025. El expediente incluye videos, audios, mensajes de WhatsApp, historias clínicas, informes psicológicos, registros de llamadas, documentación de la OVD y testimonios.

Pero antes de llegar a esta instancia, el camino estuvo sembrado de obstáculos. La fecha original del debate oral era el 20 de abril. Diez días antes, Mazzini presentó un escrito para solicitar la suspensión, alegando compromisos de su abogado defensor. “Mi juicio no debería estar acorde a la agenda del abogado de la defensa técnica. A mí no me lo suspende la Justicia, es un pedido de Mazzini 10 días antes porque el abogado tiene otros compromisos. Pero no es mi culpa”, expresó Candia con evidente frustración en diálogo con Infobae en Vivo.

Esa suspensión fue la que la llevó a hacer público su caso. “Cuando me suspenden el juicio, yo colapsé. Vengo luchando mucho por esto. Ahí es cuando yo hago público mi caso y pido, por favor, que no suspendan el juicio”, dijo. Las nuevas fechas quedaron fijadas para el 3, 6 y 8 de julio.

Al margen del calendario judicial, el testimonio de Candia recorre el interior de una relación marcada por el ciclo de la violencia. La conoció por internet. Al principio, según describió, era una persona completamente diferente. “Cuando comienza la violencia, teníamos semanas de estar muy bien y otras de estar muy mal. Y yo siempre tenía la esperanza de que termine la violencia”, recordó.

No convivían, pero la dinámica de control era permanente. Contó que después de cada episodio venía el pedido de perdón y lo que los psicólogos le explicaron como la “luna de miel”: ese período de calma relativa que alimentaba la esperanza de que la situación cambiara.

Lo que Candia describió con más detalle fue el mecanismo de manipulación psicológica que Mazzini ejercía sobre ella. Él se valía de su condición profesional como herramienta de dominación. “Yo soy un prestigioso cirujano del Hospital Italiano y si te digo que estás loca, estás loca, eso no pasó”, le decía, según relató. Cuando la golpeaba contra la pared, le preguntaba: “Lorena, ¿por qué te golpeás sola?”.

El maltrato siempre ocurrió en privado. Con el tiempo, Candia quedó aislada de amigos y vínculos. “Yo llegué a creerle, porque yo ya estaba aislada de mis amigos, de mis vínculos. Yo me quedé sola”, reveló.

Ese aislamiento fue el terreno sobre el que creció la duda. “Me costó mucho sacarme esta sensación de que la loca no era yo. Yo creí que estaba loca”, dijo. Y fue precisamente una confesión de Mazzini la que terminó de quebrar esa duda: “Cuando él dice ‘cómo te puedo resarcir por todo el mal que te hice’ y reconoció todo, en mí hubo algo que se despertó y llamé a la Policía”.

Aun así, el miedo no desapareció con la denuncia. El 14 y 15 de marzo, Mazzini la llamó en reiteradas ocasiones para que desistiera. “Nadie te va a creer”, le había dicho antes. “Realmente yo pensé que nadie me iba a creer”, admitió Candia.

Las consecuencias físicas y emocionales del proceso quedaron expuestas en su relato. Dejó de trabajar, desarrolló ataques de pánico, crisis de angustia, incontinencia y un aislamiento que la alejó de todo su entorno. “No volví a tener una pareja, le tengo miedo a los hombres, me es difícil vincularme con la gente”, contó. A sus 47 años, describió una vida en pausa: “Tengo 47 años. No puede ser que yo padezca de incontinencia cuando estoy muy mal, o que esté angustiada o que tenga dolor de pecho todo el tiempo”.

“Hace 4 años, tres meses y 4 días que estoy luchando para llegar al juicio oral. Yo no pido un privilegio, pido un derecho como denunciante”, cerró Candia ante Infobae en Vivo. Su pedido fue que el caso se visibilice y que haya una condena.

Veintidós años después, Jael tiene 26 y subió un video a su cuenta de Instagram que acumula 160.000 likes. No habla de un monstruo escondido en un callejón. Habla de padres, novios, amigos, conocidos. Habla de ella frente a los abusos que sufrió durante su corta vida.

La chica aparece en cámara sin maquillaje y con un tono de voz neutro. Empieza a relatar los hechos por los que pasó en un poco más de dos década de vida. Entonces narra el abuso que sufrió a los 4 años, mientras se suena los dedos. “Pude hacerlo porque ya no estoy atravesada por esas situaciones - le cuenta a Infobae en una videollamada-. Fueron casi diez años de terapia que me ayudaron a elaborarlo. Por eso pude ponerlo en palabras.”

El primer abuso

Queipo vuelve a sus 4 años y recuerda que “ya sentía en ese momento que algo no estaba bien. Veía que desde un lugar de poder, ese hombre me sometía.”

Jael resalta la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) brindada en los colegios. “Yo me hacía pis en la cama desde los 4 hasta los 10 años. Tenía miedo de ir sola a la escuela. Tampoco quería ir a dormir a la casa de mis amigas”, confiesa la joven.

La chica recuerda a su maestra de ese momento que detectó el problema y la animó a que su familia haga la denuncia. La docente le preguntó si tenía miedo y eso hizo que una Jael de 10 años rompiera en llanto. “Me sometí a cámara Gesell y todo. Pero la causa no avanzó y mi abusador nunca fue preso”, explica.

El Ni una menos de Jael

Jael eligió el 3 de junio para subir el video que se hizo viral casi al instante. No es un día más. Ese día se cumplieron 11 años de la primera marcha de Ni una menos. Cientos de miles de mujeres volvieron a copar la Plaza del Congreso. Las marchas también se replicaron en Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Mendoza, entre otras ciudades argentinas.

En Argentina, el movimiento Ni Una Menos y los observatorios especializados registran cifras alarmantes sobre la violencia de género. Entre 2015 y mediados de 2026, se contabilizaron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género, lo que representa un promedio de un femicidio cada 31 horas.

En el posteo se repiten los mensajes de aliento, pero también otros que la culpan por las situaciones vividas. “Me dicen desde mala suerte hasta dónde estaban tus papás. Esto de poner el foco en la víctima es muy común en el machismo”, sostiene Jael.

Siete episodios de violencia en veintiséis años

A los diez, el papá de una amiga llegó borracho una noche, se sentó en la cama donde ella dormía, le bajó los pantalones y la tocó. A los quince, un novio la encerraba con muebles en la puerta de su habitación y la violentaba física y psicológicamente para que no lo dejara. A los diecisiete, otro novio la corrió tres cuadras para agredirla porque ella no quiso tener relaciones sexuales con él.

Cada episodio tiene un agresor distinto. Cada agresor convivía con otras personas. Jael lo cuenta en forma despojada en el clip subido a su cuenta de Instagram.

“Son todas historias de hombres que quieren poseer a las mujeres. Es violencia física o psicológica de varones con rasgos de psicópata”, sostiene Jael.

A los diecisiete, Jael salió con el hijo de un policía en Neuquén, su pueblo natal en Neuquén. Hubo hostilidad y violencia. En ese momento, no tenía tantas herramientas para defenderme".

A los diecinueve, un hombre le agarró la cara y le metió la lengua en la boca mientras ella le gritaba que parara. A los veinte, un novio le pegó una trompada a la pared a cinco centímetros de su cara porque otro chico había querido estar con ella delante de él. A los 26, su último novio le dijo: “Ahora que conozco a tus papás, entiendo tus problemitas mentales. Sos irrelevante”.

Siete episodios. Siete agresores distintos en apenas 26 años de historia.

“La violencia no empieza con un femicidio”

Lo que Jael señala en su testimonio no es solo su propia trayectoria. Es un patrón.

“La violencia contra las mujeres no empieza con un femicidio”, dice en el video. “Empieza mucho antes. Empieza cuando una nena tiene miedo de hablar. Cuando una mujer dice que no y alguien decide ignorarlo. Cuando un adolescente cree que los celos son amor. Cuando una víctima cuenta lo que le pasa y la sociedad pregunta: ‘¿Qué hiciste para provocarlo?’”

Cada uno de esos “cuándo” tiene un nombre en su historia. El detalle que más pesa en su relato no es el más extremo, sino el más reciente. A los 26 años, la violencia ya no viene con un arma ni con una piña a la pared. Viene con una frase. “Sos irrelevante”. La violencia aprendió a volverse invisible.

La joven aclara que no es fácil confesar los abusos sexuales o los casos de violencia de género sufridos. “Llevarlos a la esfera de lo público tiene un riesgo. Por un lado sentís alivio, pero pueden volver agresiones. Por eso, hay que estar preparada para que ese machismo que te señala como culpable no te atraviese.”

Apenas publicado el video de Jael, su psicóloga la llamó para felicitarla. “Hubo un tiempo de maduración y necesitaba sacarlo porque tenía todos esos temas atragantados”, explica Queipo.

“Probablemente vieron señales y eligieron no hacer nada”

Jael no solo describe lo que le hicieron. Nombra a quienes miraron para otro lado.

“No estoy hablando de un monstruo escondido en un callejón -relata la chica-. “Estoy hablando de hombres que convivían con otras personas y que probablemente también vieron señales, pero eligieron no hacer nada”.

Esa frase reencuadra el problema. La violencia no ocurre en la oscuridad sino en espacios compartidos, con testigos que calcularon el costo de intervenir y decidieron no pagarlo.

Cómo sigue su vida tras relatar lo que sufrió? La joven está mucho más atenta a las red flags. A esos comentarios de los hombres en las primeras citas que le recuerdan la violencia vivida. “Tengo un ojo más fino para ese tipo de situaciones”, explica.

Hace menos de dos años, Jael se vino a vivir a Buenos Aires desde Neuquén. Vino detrás de un sueño. La joven trabaja como influencer desde sus redes sociales. “ME encanta comunicar desde un lugar de mujer común, no de modelo. Con los problemas comunes de toda las chicas”, sostiene.

Jael también cuenta que es budista y participa en reuniones en la agrupación Soka Gakkai en Buenos Aires. La chica dice que de esta religión la convoca la búsqueda de la felicidad colectiva. El budismo enseña que la felicidad verdadera es un estado interior. Sostiene que esta no depende de la riqueza o las posesiones externas. Esta felicidad nace al liberarse del sufrimiento. La joven recuerda a otra mujer que fue importante en su vida. “Una prima que era budista y que cuando yo era chica me ayudó.”

Su testimonio en las redes sociales cuenta con tres frases claves. “Ninguna mujer debería crecer aprendiendo a sobrevivir a la violencia. Ninguna niña debería cargar con secretos que no le pertenecen. Ninguna debería sentir miedo de existir por existir”.

Pudo contarlo porque alguien la escuchó

Jael cierra su relato con una precisión. “Hoy yo puedo contar todas estas historias porque hubieron personas que me escucharon, que me creyeron y que me ayudaron. No todas llegan a tiempo”, dice.

La frase funciona como bisagra entre su historia y la de las que no pudieron contarla. Entre los 160.000 likes que acumuló el video y las mujeres que todavía no encontraron a nadie que les crean.

Entre 2022 y 2025, Colombia se consolidó como el país con más casos documentados de asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) en una investigación de la Red Sin Violencia Lgbtiq+.

El informe, basado en datos recopilados en nueve países de América Latina, destaca que Colombia concentra el mayor número de asesinatos de mujeres LBT y que la mayoría de estos crímenes ocurre en espacios públicos.

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De acuerdo con la Red Sin Violencia Lgbtiq+, en el lapso mencionado se documentaron 137 asesinatos de mujeres LBQ en países como Colombia, Honduras, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Perú. De ese total, Colombia reportó al menos 68 casos, un número que supera ampliamente al de cualquier otro país de la región.

El registro se construyó a partir del trabajo de organizaciones sociales y comunitarias, así como del monitoreo de noticias locales, lo que evidencia tanto la gravedad del fenómeno como las limitaciones de los sistemas estatales para registrar y visibilizar estos crímenes.

Espacios públicos y mensajes de violencia

Los asesinatos de Luisa Fernanda Parra, Sara Millerey y Emy Britto ilustran el patrón recurrente. Las tres fueron asesinadas en lugares públicos y a la vista de otras personas.

El caso de Sara Millerey generó conmoción nacional e internacional. El 7 de abril de 2025, la joven trans de 32 años fue atacada con extrema brutalidad en Bello, Antioquia. Sus agresores la arrojaron herida a un río, y la escena fue grabada y viralizada en redes sociales. Nadie intervino para ayudarla.

El informe describe que la exposición de estos crímenes en el espacio público tiene como objetivo generar temor entre quienes decidan visibilizar su orientación sexual o identidad de género.

Violencia por prejuicio y brutalidad sistemática

Según la Red Sin Violencia Lgbtiq+, estos homicidios no solo comparten el espacio donde ocurren, también el ensañamiento y el uso de la violencia como herramienta disciplinadora.

La libertad de decidir con quién vincularse emocional y sexualmente aparece como un detonante de la violencia. El asesinato de Luisa Fernanda Parra, mujer trans y lesbiana de 19 años, ocurrió cuando caminaba de la mano con su novia por una calle de Bogotá.

El caso de Emy Britto, asesinada el 16 de junio de 2025 en un establecimiento comercial de Riohacha, también se asocia a su visibilidad como mujer lesbiana. Fue atacada a plena luz del día, en un lugar concurrido, por dos hombres en motocicleta. El hecho generó conmoción en la comunidad y profundizó la percepción de desprotección de las mujeres diversas.

Subregistro, impunidad y vacíos institucionales

El informe de la Red Sin Violencia Lgbtiq+ subraya que las cifras reales podrían ser mucho mayores, debido a la escasez de registros oficiales y la falta de mecanismos estatales adecuados para clasificar estos crímenes.

La impunidad es otro factor crítico. De los 137 asesinatos documentados, solo dos llegaron a una condena.

El desafío de la visibilidad

Según la Red Sin Violencia Lgbtiq+, la concentración de casos en Colombia no necesariamente implica que la violencia sea mayor que en otros países, sino que podría responder a un mayor seguimiento y documentación por parte de organizaciones sociales. En otras naciones, los asesinatos de mujeres LBT quedan en el silencio o no se registran debidamente.

El estudio concluye que los asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y queer deben ser reconocidos como una forma específica de violencia de género, caracterizada por su ocurrencia en espacios públicos y su intención disciplinadora.

El Senado de la República aprobó en último debate la Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que impone capacitaciones obligatorias sobre violencias basadas en género para funcionarios públicos con el objetivo de prevenir la revictimización de mujeres y niñas durante sus denuncias y trámites ante el Estado.

La votación en la plenaria, el martes 16 de junio de 2026, terminó con 52 votos a favor y uno en contra. La decisión responde también a una medida de reparación ordenada al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, sobreviviente de violencia sexual ocurrida en el 2000.

Durante la sesión, la comunicadora colombiana agradeció a los legisladores que respaldaron la iniciativa y lo consideró como un gran paso para salvar a miles de mujeres y niñas del país.

“Esta ley salva vidas. Seguiré luchando para que lo que Jineth Bedoya tuvo que enfrentar no lo tenga que enfrentar ninguna otra mujer en este país. Mi dolor y sacrificio han sido muy grandes, pero hoy, a cada uno de los hombres y mujeres que han dado su voto positivo, les digo que ha valido la pena y que no es hora de callar”, dijo Bedoya.

La norma llega en un escenario marcado por 121 feminicidios, 30 transfeminicidios, 15.785 casos de violencia intrafamiliar y 16.947 casos de violencia sexual reportados por la Fiscalía en el año 2025.

Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación indicó que el 92% de las quejas por acoso laboral con componente de género no llega a pliego de cargos. La misma fuente señaló que el 88% de los procesos por acoso termina archivado sin sanción.

Polémica en la sesión

Antes de su aprobación, se registró un momento que generó incomodidad en el Senado. La congresista Karina Espinosa (Partido Liberal) presentó ocho proposiciones para modificar el proyecto al considerar que estaba relacionado con la supuesta “ideología de género”.

“Para nadie es un secreto que ONU Mujeres y la Corte IDH nos quieren imponer la Agenda 2030 y la agenda de género”, indicó la senadora durante la sesión.

A esa postura se opusieron las congresistas Aída Avella, Martha Peralta, Isabel Cristina Zuleta, Aida Quilcué (Pacto Histórico) y Norma Hurtado (ponente del proyecto de ley), quienes argumentaron que Colombia ha ratificado compromisos internacionales para erradicar las violencias basadas en género, que esa supuesta ideología no existe y que bloquear la medida agregaba nuevas barreras para las víctimas.

De hecho, la misma periodista sostuvo que la postura de Espinosa se consideraría como una nueva revictimización en su contra. “Ella no se imagina lo que es pararse aquí, delante de ustedes, después de haber sufrido todo lo que yo he sufrido. Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada”, respondió Bedoya.

Ante esta situación, las proposiciones no fueron avaladas por las mayorías de la plenaria del Senado.

Detalles de la iniciativa

Uno de los puntos centrales de la normativa es que el Estado colombiano deberá capacitar a quienes reciben, tramitan, investigan o acompañan denuncias de violencias basadas en género para evitar que las víctimas vuelvan a ser agredidas por las instituciones.

También prevé mecanismos de seguimiento para verificar que esos conocimientos se reflejen en la actuación institucional.

“Esta ley orienta a que todo el Estado colombiano debe capacitarse buscando un solo y gran objetivo, el no revictimizar, el no hacer que la víctima repita una y mil veces la situación presentada, como le tocó a Jineth Bedoya que fueron 13 veces las que estuvo en diferentes instancias del Estado colombiano contando la misma historia, incluso frente a los victimarios. Evitar la revictimización de las mujeres es el gran objetivo de esta ley”, explicó la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), ponente de la normativa.

La iniciativa establece también revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de la formación, que cobijará a funcionarios de carrera administrativa, contratistas y particulares.

Tras superar sus cuatro debates en el legislativo, el proyecto quedó a la espera de la sanción del presidente Gustavo Petro para su entrada en vigor.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a Gabriel López Meléndez a 50 años de prisión por feminicidio agravado. El tribunal estableció que golpeó hasta matar a su pareja en la vivienda que compartían en el barrio El Tránsito, en Apopa, frente al hijo de ella, de cuatro años, según informó este lunes Centros Judiciales El Salvador.

La condena se apoyó en que el juzgado consideró probado que el crimen fue cometido en presencia de un familiar de la víctima, una circunstancia que agravó la responsabilidad penal. El tribunal también identificó una situación de vulnerabilidad vinculada al alcoholismo de la víctima y los síndromes adaptativos que desarrolló tras una exposición constante a distintos tipos de violencia ejercidos por el agresor, según el reporte judicial divulgado.

De acuerdo con Centros Judiciales El Salvador, la investigación concluyó que la pareja residía junto al hijo menor de edad de ella en Apopa y que, durante la relación, el hombre la sometía a episodios reiterados de violencia psicológica, emocional y física. Varios testigos dijeron haber visto a la víctima con golpes a lo largo de la convivencia, y ella justificaba el maltrato que recibía de su agresor.

También se informó que el día de los hechos ambos habían ingerido bebidas alcohólicas y que, ya en estado de ebriedad, comenzaron una discusión. Después, López Meléndez la atacó con varios golpes que le causaron raspones y moretones en el rostro, los brazos, el tórax y otras partes del cuerpo.

El 3 de agosto, el condenado acudió a un puesto cercano de socorristas para avisar que su pareja se había desmayado. Cuando los socorristas llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo rígido y sin pulso, por lo que dieron aviso a la Policía.

Un peritaje del Instituto de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo cerrado de abdomen de tipo contuso que provocó un desgarre del hígado y una hemorragia interna, según Centros Judiciales El Salvador.

La prueba que sostuvo la condena

Según Centros Judiciales El Salvador, el desfile probatorio incorporó evidencia científica digital que permitió demostrar que, al momento de los hechos, el agresor estaba con la víctima dentro de la casa que compartían.

Esa misma prueba sostuvo la conclusión de que la agresión ocurrió en presencia del niño de cuatro años. El fallo declaró a López Meléndez responsable directo del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, de acuerdo con Centros Judiciales El Salvador.

El Salvador registró 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de 2026, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), un colectivo de promoción de derechos de la mujeres en el territorio salvadoreño. La cifra, del observatorio divulgado este jueves, representó un aumento del 18% frente al mismo período de 2025, cuando se documentaron 11 casos.

Entre enero y mayo hubo dos casos en enero, uno en febrero, tres en marzo, dos en abril y cinco en mayo. Ese mes concentró el 38,5% del total, con un promedio mensual de 2,6 casos.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional está investigando el presunto feminicidio de una joven de 19 años, identificada como Thalía Ureña, después de que fuera hallada sin vida en la noche del 13 de junio de 2026 en una vivienda del barrio Meissen, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá.

Los allegados a la víctima señalan a su expareja como el presunto responsable y piden su captura porque aseguran que después de atacarla habría huido hacia el departamento de Tolima.

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado a las 10:15 p. m. en el segundo piso de una vivienda del popular sector. Hasta el momento no hay personas capturadas por el caso y la investigación sigue abierta para establecer responsabilidades en el ataque a la víctima, que era oriunda de Ortega (Tolima).

Familiares de la víctima afirman que fue un feminicidio

“La tenía encerrada, pero pues ella como no conocía acá la ciudad y tampoco sabía la dirección exacta. Solamente sabía que se llamaba el barrio Meissen. Ella me dijo que que fuera a recogerla. Él la seguía por todos lados, no la dejaba en paz, por todos lados llegaba, la buscaba, la agredía. Nosotros ya no teníamos que más hacer. A ella le tocó irse del pueblo, de Ortega, para La Vega. Allá buscó la forma de encontrarla. Después acá en Bogotá. Que nos ayuden a encontrar el tipo porque queremos justicia porque ella era una niña”, dijo Marcela Ureña, tía de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol.

Según ese testimonio, la familia hizo averiguaciones por su cuenta y teme también por su seguridad, pues aseguran que el presunto agresor escapó y que estaría buscando refugio en su lugar de origen.

La Policía de Bogotá confirmó el hallazgo y dejó el caso en manos de la Sijín

La coronel Natalia Borda, oficial de la Guarnición de la Policía de Bogotá, entregó detalles de las primeras investigaciones relacionadas con la muerte de la joven: “El pasado 13 de junio, en horas de la noche, en la localidad de Ciudad Bolívar, una de nuestras patrullas de vigilancia fue alertada por un motivo de policía. De manera inmediata los uniformados se trasladaron a una vivienda y al ingresar en una de las habitaciones encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 19 años”.

En las mismas declaraciones citadas por el noticiero nacional, la uniformada indicó que “La investigación fue asumida por la Sijín, quienes adelantan las labores de Policía Judicial para determinar las condiciones de tiempo modo y lugar y así poder esclarecer este lamentable hecho”.

Del mismo modo, se aclaró que, hasta el momento, las autoridades no reportan capturas mientras la Policía Judicial intenta establecer cómo ocurrió el crimen mientras revisan las cámaras de seguridad del sector y realizan entrevistas a los vecinos para saber si pueden aportar alguna información valiosa.

Los familiares denunciaron un posible feminicidio, por lo que los habitantes de la zona exigen respuestas para evitar que el señalado agresor pueda huir y el caso quede impune, por lo que las autoridades adelantan las indagaciones.

Además de reclamar justicia, los familiares de la joven dijeron que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las exequias de la joven. Por esa razón, según revelaron en diálogo con Noticias Caracol, empezaron una colecta abierta para aquellos que deseen colaborar.

La línea oficial de investigación sigue concentrada en esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hallazgo, de acuerdo con la Policía de Bogotá, por lo que se está a la espera de los resultados de las pesquisas, mientras que se pidió colaboración ciudadana para tener más detalles de lo ocurrido al interior de la vivienda.

El Congreso de la República de Colombia entra en su último tramo antes del 20 de junio, fecha límite establecida en la normatividad nacional, con una agenda todavía abierta en el Senado y la Cámara de Representantes.

Aún siguen sin resolverse proyectos que el Gobierno considera prioritarios y cuyo futuro depende de cinco días de debates, posibles conciliaciones y de la decisión oficial sobre citar o no sesiones extraordinarias.

La definición de estas iniciativas se da en medio de la cercanía de la segunda vuelta presidencial, la ausencia de mayorías claras y un calendario ajustado que complica su aprobación definitiva antes del 20 de junio.

Las posibilidades de convocar sesiones extraordinarias existen, aunque la agenda sería restringida y la polarización política reduce las opciones de rescatar estos proyectos.

Los principales proyectos en riesgo abarcan iniciativas sobre jurisdicción agraria, capacitación contra la violencia de género, reformas al crédito educativo estatal, ayuda para deportistas, derechos laborales y la seguridad social.

Si estos proyectos no son votados y aprobados antes del 20 de junio, sus efectos se traducirían en la postergación de reformas estructurales y la suspensión de avances prometidos en el país.

Jurisdicción agraria y conflicto sobre competencias

El trámite de la regulación de la Jurisdicción Agraria es uno de los procesos más rezagados y controvertidos. La ley ordinaria necesita superar dos debates adicionales, uno en la plenaria de la Cámara y otro en el Senado, ambos antes del 20 de junio.

El principal obstáculo radica en el artículo que fija las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que genera desacuerdos entre oficialismo y oposición respecto a las atribuciones administrativas y judiciales.

Representantes opositores han bloqueado la discusión al pedir la presencia del director de la ANT y revisar el alcance del organismo. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia alertó al Congreso sobre posibles vacíos jurídicos si la adjudicación de tierras queda fuera de los jueces agrarios, lo que llevó a quiebres de quórum en sesiones clave.

Pese a que se han aprobado algunos artículos, la definición de estas competencias detiene el avance, y persisten dudas sobre la constitucionalidad de la norma.

El Gobierno contempla la posibilidad de citar a sesiones extraordinarias, pero las perspectivas de acuerdo son limitadas en pleno ambiente de segunda vuelta, según el senador Carlos Julio González en declaraciones a El Tiempo.

En caso de que este proyecto fracase, los juzgados agrarios impulsados por el presidente Gustavo Petro quedarían sin el respaldo legal necesario, dificultando la resolución de conflictos de tierras.

Proyectos sociales en riesgo

En el área social, la Ley Jineth Bedoya busca capacitar en violencia de género a todos los funcionarios públicos y contratistas.

La iniciativa, que ya superó tres de sus cuatro debates correspondiente, responde a una condena internacional contra el Estado por el caso de la periodista Jineth Bedoya y contempla evaluaciones periódicas para asegurar la implementación efectiva de la formación.

De no votarse a tiempo, se archivaría, aun cuando la iniciativa documenta que el 35,4% de las víctimas de feminicidio en 2025 había sido atendida previamente por Medicina Legal.

De otro lado, se contempla la Ley Doctora Catalina, propuesta tras la muerte de la médica residente Catalina Gutiérrez Zuluaga, ya cuenta con informe favorable y solo le resta un debate en el Senado. Esta ley establecería límites a la jornada de médicos residentes, además de crear canales formales de denuncia y sanción en casos de acoso laboral.

De otro lado, se destaca el avance de la iniciativa para un fondo de ayuda a deportistas en condición de vulnerabilidad, que no solo aportaría recursos económicos sino que establece una red de seguridad social para quienes terminan su carrera y enfrentan problemas de salud o maternidad.

Educación y créditos estatales

La reforma al Icetex busca transformar el crédito educativo estatal mediante la eliminación de la llamada “deuda perpetua” y la implementación del pago contingente al ingreso.

Tras el avance en el tercer debate en el Senado, el proyecto requiere aún la aprobación en plenaria y la conciliación, con un margen estrecho para lograrlo antes del cierre legislativo.

La reforma contempla mecanismos para que los beneficiarios paguen únicamente cuando cuenten con empleo y ofrece alivios a quienes atraviesen dificultades económicas.

De manera paralela, el proyecto de bonos escolares, impulsado por la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, propone subsidios para que familias vulnerables puedan escoger entre instituciones públicas o privadas.

Tras más de seis sesiones en el Senado, la votación sigue pendiente por ruptura de quórum, principalmente por parte de la bancada oficialista. Esta iniciativa se enfrenta también al debate electoral, ya que el presidente Gustavo Petro la ha calificado de “privatización de la educación pública”.

Otras iniciativas

La Ley de Competencias, relevante para la asignación de funciones y recursos entre el Estado central, los departamentos y municipios, permanece en discusión en la Comisión Primera de la Cámara.

Radicada por el Gobierno a finales de 2025, esta ley busca establecer nuevas reglas en un plazo máximo de 12 meses tras la reforma al Sistema General de Participaciones, aunque su aprobación definitiva aún está pendiente.

En el plano laboral, se tramita un proyecto para establecer garantías mínimas para contratistas estatales bajo la figura de prestación de servicios, que frecuentemente quedan fuera de los beneficios laborales.

El objetivo de la propuesta es asegurar el pago oportuno de honorarios y limitar el uso inadecuado de contrataciones temporales. Sin embargo, la propuesta está trabada en su tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes debido a cuestionamientos sobre su constitucionalidad y posible impacto en la formalización laboral.

A esto se suma la discusión del proyecto de tránsito y seguridad vial, que contempla un nuevo seguro obligatorio adicional al Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), con cuotas anuales de hasta 786.000 pesos para conductores de automóviles y 367.000 pesos para motociclistas, cifras recogidas por El Tiempo.

No obstante, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, ha rechazado públicamente la propuesta: “No sabemos de dónde salió ese artículo; no es una propuesta del sector asegurador y no estamos de acuerdo”, afirmó al diario mencionado.

Entre otros temas, la Cámara y el Senado han aprobado disposiciones como la restitución de la mesada 14 para los maestros y el fortalecimiento de derechos laborales juveniles.

Mientras tanto, reformas relevantes como la salud, que estaba previsto a discutirse su reagendamiento a una comisión, no contó con el suficiente respaldo y quedaron sin aprobación.

Más de dos semanas después de que arrancase el juicio contra Rafa Mir, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al futbolista a 8 años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual. A esto se suman también delitos de lesiones a dos mujeres de Bétera. Los hechos se remontan al 31 de agosto de 2024, cuando una joven que entonces tenía 21 años salió corriendo de la piscina del jugador. “Me impidió salir del agua, no me soltaba, estaba pegado a mí; le dije que me quería ir, pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo y me metió los dedos en la vagina”, describió en el primer día del juicio.

Cuando la joven salió de la casa, se quedó fuera esperando a que su padre la recogiera. Al notar que no tenía su bolso, volvió a entrar en la vivienda del ahora jugador del Sevilla, quien intentó retenerla: “Me coge del brazo, me lleva hasta un baño al lado de la puerta, cierra el pestillo y me empieza a hacer lo mismo que en la piscina; me altero, me pongo a llorar, me cuesta respirar, le digo que pare, que me deje, tenía miedo, volvió a besarme y a meterme los dedos”, describió el pasado 28 de mayo.

Pese a que la Fiscalía pedía una pena de 10 años y medio de prisión, el juzgado ha dejado la condena en 8 años y seis meses. Por su parte, el futbolista, que en ese momento estaba en la plantilla del Valencia FC, siempre ha negado las acusaciones de la joven y ha afirmado que las relaciones fueron consentidas: “La noche fluyó así”. Recordemos también que su entonces compañero, Pablo Jara, figura en la causa judicial por realizar tocamientos no consentidos a otra joven de 25 años en la misma piscina. En su caso, ha sido condenado a dos años de cárcel frente a los tres que pedía la Fiscalía.

Una versión “sin fisuras” frente al bajo “razonamiento lógico” de los acusados

Tras conocer a las dos jóvenes en una discoteca de la ciudad de Valencia, los ahora condenados se desplazaron junto a ellas a la residencia del principal acusado, quien por aquel entonces militaba en el Valencia CF, con la intención de prolongar la fiesta. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha sentenciado así que Rafa Mir debe indemnizar a una de las víctimas con 64.000 euros por “las lesiones y los daños morales”, mientras que Jara deberá pagar a la otra denunciante con 6.280 euros.

Pero, la resolución judicial detalla además el desglose exacto de las penas y las medidas accesorias impuestas por la Audiencia Provincial. En el caso del primer condenado, los ocho años y medio de prisión se dividen en siete años por el delito de agresión sexual y un año y medio adicional por el delito de lesiones. A esto se suma la imposición de una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante 13 años, así como siete años de libertad vigilada que deberán cumplirse tras la pena de cárcel. El fallo también especifica que los 64.000 euros de su indemnización se desglosan en 14.000 euros por las lesiones causadas y 50.000 euros por los severos daños morales.

Por su parte, la pena de dos años y medio de prisión para Jara se fundamenta en un delito de agresión sexual (dos años) y un delito contra la integridad moral (seis meses). Según los hechos probados, tras agredir sexualmente a la segunda joven en la piscina, este la echó del chalé a empujones, dejándola semidesnuda en la calle. Sus medidas accesorias incluyen cinco años de libertad vigilada, siete años y medio de orden de alejamiento y prohibición de comunicación, y una multa por un delito leve de lesiones. Los 6.280 euros de su indemnización corresponden a 280 euros por lesiones y 6.000 por daño moral.

Para dictar este fallo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha concluido que las pruebas practicadas en el juicio acreditaron “sin fisuras” la versión de las acusaciones. Los magistrados otorgaron plena “prevalencia probatoria” a las declaraciones de las dos víctimas, calificando sus testimonios de “convincentes, consistentes y coherentes”. Y es que las jóvenes mantuvieron su relato de manera invariable a lo largo de toda la instrucción; algo que también fue corroborado por datos periféricos, como las declaraciones de otros testigos y los informes forenses psicológicos elaborados por peritos.

En contraste, el tribunal ha dictaminado que ninguna de las alegaciones presentadas por las defensas gozaba de un “sustrato fáctico” ni de un “razonamiento lógico” válido. De esta forma, el tribunal ha ordenado una medida adicional contundente: deducir testimonio contra tres policías locales de Bétera que declararon durante el juicio oral. Se abrirá una investigación para determinar si estos agentes incurrieron en un delito de falso testimonio, dada la “flagrante contradicción” entre su versión de lo ocurrido y la de las víctimas, cuya credibilidad ha quedado plenamente respaldada por la Justicia.

La violencia familiar continúa siendo uno de los problemas sociales más graves en el Perú. Mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros integrantes del grupo familiar pueden ser afectados por agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas que ocurren tanto dentro como fuera del hogar. Frente a estas situaciones, muchas víctimas desconocen que existen mecanismos de protección inmediatos y servicios gratuitos del Estado diseñados para brindar ayuda especializada.

La legislación peruana, a través de la Ley N.° 30364, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el programa Warmi Ñan, pone a disposición una red nacional de atención que incluye asesoría legal, apoyo psicológico, refugios temporales y canales de denuncia que funcionan las 24 horas del día.

¿Dónde denunciar un caso de violencia familiar y quiénes pueden hacerlo?

Una de las principales preocupaciones de las víctimas es saber cómo iniciar una denuncia. De acuerdo con la normativa vigente, no solo la persona afectada puede reportar una agresión. También pueden hacerlo familiares, vecinos, amigos o cualquier tercero que tenga conocimiento de los hechos, sin necesidad de contar con una autorización o poder de representación.

Asimismo, profesionales de la salud, docentes, directores de colegios, miembros de la PNP y otras autoridades que detecten posibles casos de violencia durante el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de informar sobre estas situaciones.

Las denuncias pueden presentarse de manera verbal o escrita ante una comisaría de la Policía Nacional del Perú o directamente ante un Juzgado de Familia. En casos que involucren a niñas, niños o adolescentes, también intervienen las Fiscalías de Familia. Si los hechos constituyen un presunto delito, la denuncia puede ser presentada ante el Ministerio Público.

Un aspecto importante es que no se requiere presentar pruebas para denunciar. La víctima no está obligada a mostrar lesiones visibles, certificados médicos ni evaluaciones psicológicas para que la denuncia sea recibida. Si existen documentos o evidencias, estos pueden ser incorporados posteriormente al proceso.

Tampoco es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las entidades encargadas de recibir las denuncias pueden verificar la identidad de las personas mediante los registros oficiales. Incluso las personas extranjeras o quienes no cuenten con documentos pueden acceder al sistema de protección.

La ley también reconoce la capacidad de denuncia de los menores de edad. Las niñas, niños y adolescentes pueden reportar actos de violencia sufridos por ellos mismos o por otras personas sin necesidad de estar acompañados por un adulto.

Entre las medidas de protección que pueden dictarse a favor de las víctimas figuran el retiro del agresor del domicilio, la prohibición de acercamiento, la restricción de comunicaciones por teléfono o redes sociales y la suspensión del porte de armas, entre otras disposiciones destinadas a salvaguardar la integridad física y emocional de las personas afectadas.

Línea 100, Centros Emergencia Mujer y otros servicios gratuitos para víctimas

El Estado peruano cuenta con diversos mecanismos de atención especializada para personas afectadas por violencia contra la mujer, violencia familiar o violencia sexual. Uno de los más conocidos es la Línea 100, un servicio telefónico gratuito que brinda orientación, consejería y soporte emocional las 24 horas del día durante todo el año.

A través de esta línea, las víctimas o personas que conozcan algún caso pueden recibir información sobre los pasos a seguir y, en situaciones de alto riesgo, activar intervenciones urgentes en coordinación con otras instituciones.

Otra herramienta disponible es el Chat 100, un servicio de atención por internet que ofrece orientación psicológica en tiempo real. Este canal es confidencial y está dirigido especialmente a personas que enfrentan situaciones de violencia en relaciones de pareja, enamoramiento o dentro del entorno familiar.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) constituyen uno de los principales pilares de atención. Estos espacios especializados ofrecen acompañamiento legal, asistencia psicológica y apoyo social de manera gratuita. Actualmente existen cientos de sedes distribuidas en todo el país, incluyendo centros ubicados dentro de comisarías que funcionan las 24 horas.

Cuando la situación representa un riesgo moderado o severo para la víctima, interviene el Servicio de Atención Urgente (SAU). Este mecanismo moviliza equipos especializados hasta el lugar donde se encuentra la persona afectada para brindar atención inmediata y coordinar acciones de protección con las entidades competentes.

En las zonas rurales y comunidades indígenas opera el Servicio de Atención Rural (SAR), diseñado para facilitar el acceso a la justicia con enfoque intercultural. Sus equipos trabajan en diversas regiones del país brindando orientación, prevención y acompañamiento a personas afectadas por hechos de violencia.

Además, existen los Hogares de Refugio Temporal (HRT), espacios seguros destinados a mujeres que enfrentan situaciones de alto riesgo, especialmente cuando existe peligro de feminicidio o amenazas graves contra su integridad física y mental. Estos refugios también brindan protección a sus hijos menores de edad y ofrecen alimentación, atención psicológica, asistencia social y acompañamiento permanente.

Otro servicio impulsado por el MIMP es la Asistencia Económica, dirigida a hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Este apoyo busca garantizar la continuidad de estudios y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido a sus madres a causa de este delito.

La Alcaldía de Clemencia (Bolívar), la Policía y los habitantes de este municipio del norte de Bolívar se pronunciaron tras el asesinato de Deyalith Castaño Orozco, una mujer de 28 años atacada con arma de fuego la noche del jueves 11 de junio en la urbanización San José de Franco, un caso que elevó la alarma por la violencia contra las mujeres en el departamento mientras las autoridades siguen buscando al presunto agresor.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, el ataque contra Deyalith Castaño ocurrió cerca de las 10:50 p. m. y en el hecho también resultó herido el hombre que hablaba con ella y que ahora permanece en recuperación.

La versión entregada por la Policía Metropolitana señaló que la mujer fue atacada dentro de su casa mientras estaba acompañada por otra persona: “Testigos del sector manifestaron que llegó un sujeto y le disparó a la hoy occisa sin mediar palabras. En este mismo hecho, otro sujeto, de 32 años, resultó herido en el hombro, quien se recupera en un centro médico”.

La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de la herida, según la información de la Policía que indicó que ya tiene precisadas la identidad y las características físicas del presunto agresor, y mantiene la búsqueda para capturarlo.

La principal hipótesis apunta a que el responsable es la expareja de la víctima

En Clemencia, las versiones preliminares señalan a la expareja de Deyalith Castaño Orozco como el presunto feminicida. Según las informaciones recogidas por el portal Entérate en Línea a través de un concejal del municipio, el hombre habría llegado a la vivienda bajo los efectos del alcohol.

El concejal de Clemencia Reynel Ayola, allegado de la familia, relató al medio Alerta Cartagena una secuencia similar. Ayola dijo: “Él llega al hogar y la compañera Deyalith como que estaba hablando con un amigo y eso como que lo enfureció a él y la sorprende con un ataque con arma de fuego impactándola en la cabeza. Me dicen que una vez que comete el asesinato, él huye”.

Sobre Deyalith Castaño Orozco, se sabe que era oriunda de Clemencia, tenía 28 años, era ama de casa y tenía dos hijos menores de edad, según el portal local Alerta Cartagena. Personas cercanas la describieron como una participante activa en iniciativas del municipio.

Ayola afirmó al mismo medio que “en cualquier actividad que se hacía ella participaba. Era una mujer proactiva y con vocación de liderazgo”.

La Alcaldía encabezó una caminata y velatón en su memoria

Tres días después del crimen, la Alcaldía de Clemencia difundió un mensaje público el 14 de junio de 2026 para informar sobre una caminata y velatón en homenaje a la víctima. La administración local escribió un sentido mensaje para pedir justicia: “Ayer, como comunidad, nos unimos en una caminata y velatón cargadas de reflexión, solidaridad y respeto, para honrar la memoria de una joven cuya partida ha llenado de dolor a nuestro municipio”.

En ese mismo pronunciamiento, la Alcaldía agregó: “Cada vela encendida representó una voz que clama por la vida, el respeto y la protección de las mujeres. Cada paso dado durante la caminata simbolizó nuestro compromiso de seguir construyendo una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo”.

La administración municipal también informó que durante la jornada su gestora social, Amalfi Coneo, elevó una oración por los familiares y pidió protección para las mujeres del municipio y del mundo.

El mensaje oficial cerró con un llamado a mantener el trabajo por una Clemencia: “Alzamos nuestra voz para rechazar cualquier forma de violencia y reafirmar nuestro compromiso con la promoción de la convivencia, el respeto, la igualdad y la dignidad humana. Por ella, memoria. Por su familia, fortaleza. Por todas las mujeres, respeto, protección y oportunidades”.

El Barrio Las Lomitas, en Jutiapa, fue escenario de un violento ataque armado que alarmó a los vecinos. Los residentes se alertaron al escuchar varias detonaciones en plena vía pública. Minutos después, se confirmó que una mujer de la zona había sido atacada dentro de una camioneta particular estacionada en la calle.

Al acercarse al vehículo, testigos encontraron a la joven con al menos seis heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Equipos de socorro acudieron rápidamente al lugar y constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que falleció de manera instantánea dentro del automóvil.

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo inmediato tras recibir la alerta. Durante la intervención, los agentes detuvieron a un hombre identificado como Diego “N”, de 34 años, quien presuntamente era la expareja sentimental de la víctima. En el lugar los agentes incautaron el arma de fuego utilizada para cometer el crimen. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que la investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles del caso.

Según la información preliminar proporcionada por la policía, la hipótesis principal apunta a un crimen pasional, ya que la relación entre la víctima y el detenido se encontraba bajo conflicto en los días previos al ataque. Los investigadores continúan recabando pruebas, testimonios y registros para determinar el contexto y el móvil exacto del asesinato.

La violencia de género golpea Guatemala

La violencia de género sigue siendo una preocupación grave en Guatemala, donde las cifras de denuncias de abuso sexual y agresiones contra mujeres mantienen una tendencia al alza. Durante los primeros meses de 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró 1,229 denuncias de violencia sexual a nivel nacional. Si el ritmo de reportes se mantiene, el país podría alcanzar un nuevo récord anual en este tipo de delitos.

El informe oficial indica que en 2025 se contabilizaron 4,820 denuncias, cifra superior a los 4,312 casos de 2024 y a los 4,010 reportados en 2023. Este crecimiento sostenido ha impulsado campañas de prevención y la capacitación especializada del personal sanitario que atiende a víctimas en los centros públicos.

La mayoría de las víctimas en 2026 son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. De las 1,229 denuncias presentadas en el año, 1,037 corresponden a mujeres y 192 a hombres, manteniéndose la misma proporción vista en años anteriores. El análisis por edad muestra que el grupo de 10 a 14 años concentra 389 casos, seguido por el rango de 15 a 19 años, con 332 denuncias. Entre los menores de 10 años, se han registrado 166 casos en el grupo de cinco a nueve años, y 66 en menores de cuatro años.

A partir de los 20 años, la cantidad de denuncias desciende progresivamente. Entre las edades de 20 a 24 años, se registraron 120 casos, y en el rango de 25 a 29 años, 62 denuncias. Entre los grupos de mayor edad, los registros no superan los 15 reportes por segmento etario, manteniéndose la tendencia decreciente conforme aumenta la edad de las víctimas.

Una joven de 20 años embarazada de siete meses tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Mario Larrain de Berisso luego de que denunciara haber sufrido una agresión física por parte de su ex pareja. El caso activó actuaciones judiciales y medidas de protección mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Hasta el momento, el acusado no fue detenido.

El episodio fue detectado cuando el hospital notificó a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Berisso sobre el ingreso de la paciente con lesiones compatibles con violencia de género. Según se informó, la víctima llegó por sus propios medios y fue internada debido a su avanzado estado de gestación, bajo monitoreo médico permanente.

A partir de esto, una agente policial acudió al centro de salud para tomar declaración a la víctima. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, la joven indicó que su ex pareja, un hombre de 21 años, se presentó en su domicilio, la agredió físicamente y causó destrozos en distintas áreas de la vivienda.

De acuerdo con los detalles a los que tuvo acceso el medio platense 0221, la denunciante sostuvo que el acusado se llevó su teléfono celular antes de retirarse del domicilio. Por este motivo, la víctima solicitó medidas de protección para resguardar su seguridad y evitar nuevos episodios de violencia, solicitud que fue elevada a las autoridades correspondientes.

Mientras que los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y en el análisis de las circunstancias para esclarecer cómo ocurrió el episodio, los profesionales de la salud decidieron mantener a la joven internada para vigilar tanto su evolución como la del bebé, en función del riesgo asociado a la agresión sufrida.

Una mujer denunció que su ex pareja abusó sexualmente de ella frente a su hija

Una mujer de Berisso denunció haber sido abusada sexualmente por su ex pareja en la madrugada del 29 de marzo. Según el relato presentado ante la Comisaría de la Mujer, el hombre, de 34 años, habría ingresado a la vivienda sin autorización y perpetrado el ataque mientras la hija de ambos, de tres años, se encontraba presente.

La denunciante explicó que no pudo formalizar la denuncia inmediatamente debido a su temor por posibles represalias contra ella o su hija. En su testimonio, sostuvo que el acusado la había amenazado reiteradas veces para impedirle acudir a la justicia o solicitar ayuda. Tras el hecho, la mujer buscó apoyo en su familia antes de presentarse ante las autoridades.

De acuerdo con el expediente judicial, existen antecedentes de violencia en la relación; el más reciente de ellos se trataría de un episodio ocurrido en diciembre de 2025. En esa oportunidad, la víctima fue amenazada e insultada delante de sus hijos.

De la misma manera, la denunciante logró aportar pruebas como capturas de mensajes y testimonios de allegados que presenciaron situaciones conflictivas de la pareja. A raíz de esto, la justicia pudo identificar un patrón de conductas intimidatorias y violentas por parte del acusado.

En la denuncia, la mujer también aseguró haber sufrido maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante la convivencia. A la vez que detalló que su hija fue testigo de varios episodios de violencia dentro del hogar, recurrió a consultas médicas por dolores y lesiones que relacionó con las agresiones sufridas.

En Argentina, los hechos de abuso sexual pueden encuadrarse bajo distintas figuras penales según su gravedad. El abuso sexual simple contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que en casos agravados la condena puede superar los 20 años. Para avanzar con el proceso judicial, suelen requerirse pruebas médicas, psicológicas y testimonios directos.

Del otro lado de la cámara, hecha un ovillo contra una pared, está Lorena Candia. Llora. Está asustada. Le pide a quien entonces era su pareja que llame a su padre. “Yo así no puedo quedarme. Llamá a mi papá. Mi cabeza...”, se queja, dolorida.

Los gritos siguen: “No te pegué con fuerza, pelotuda. ¿Sabés cómo estarías si yo te pegara de verdad? Ni una marca tenés (...) Me estoy conteniendo para no dejarte inconsciente de las piñas”.

El hombre que pronuncia esa frase y protagoniza las agresiones que se ven en las grabaciones es Federico Nicolás Mazzini. Médico cirujano y coordinador de Trauma y Emergencias del Hospital Italiano al momento de los hechos.

El 3 de julio próximo, Mazzini se sentará en el banquillo de los acusados ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°24 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Alejandra Doti. Está imputado por abuso sexual agravado, delito por el que podría caberle la pena de seis a quince años prisión.

La denuncia

Pasaron más de 1.500 días desde que Lorena se animó a denunciarlo.

El 14 de marzo de 2022 llamó al 911 tras una discusión que, según relató, volvió a escalar en violencia. Personal policial se presentó en su departamento y, de acuerdo con su testimonio, delante de los efectivos Federico Nicolás Mazzini intentó convencerla de que no avanzara con una denuncia.

—Lore, no lo hagas. No hagas la denuncia. Lo solucionamos nosotros.

Más tarde, el médico volvió a llamarla varias veces más por teléfono para insistir con el mismo mensaje.

Al día siguiente, Lorena se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y relató 19 episodios que, según sostuvo, ocurrieron durante la relación. Entre ellos describió amenazas, lesiones, hostigamiento, intimidaciones e instigación al suicidio.

La denuncia original fue ampliada un año después. El 8 de marzo de 2023 incorporó cuatro hechos de abuso sexual que ocurrieron entre 2020 y 2022.

La acusación terminó respaldada por una extensa batería de elementos probatorios reunidos por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, que elevó el caso a juicio en mayo de 2025. El expediente incluye videos, audios, mensajes de WhatsApp, historias clínicas, informes psicológicos, registros de llamadas, documentación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y testimonios.

Entre ese material figura otro video grabado por la propia Candia. En esas imágenes ambos conversan sobre el daño que ella asegura haber sufrido durante años. Mientras la mujer le reprocha haberla “lastimado, golpeado, denigrado y humillado”, Mazzini le pregunta cómo puede “resarcir” lo ocurrido y muy suelto de boca le dice:

—A ver, nena. Ya está, ya pasó.

Una relación asimétrica

“Cuando se habla de violencia de género, inmediatamente se piensa en golpes y hasta en su expresión más extrema: los femicidios. Pero hay formas más sutiles de maltrato que a veces pasan inadvertidas incluso para las propias víctimas. Algunos maltratadores llegan a negar que sean violentos con sus parejas con el argumento de que les pegan de vez en cuando y no todos los días”, escribe la periodista Mariana Carbajal en su libro Maltratadas.

Eso es, precisamente, lo que Lorena Candia asegura haber vivido durante años. Según relata, Mazzini minimizaba las agresiones, negaba los episodios de violencia y la convencía de que su percepción de los hechos estaba equivocada.

“Me decía que él no me había pegado, que yo me golpeaba sola. Y yo le creía”, recuerda hoy Lorena en diálogo con Infobae. Tiene 47 años y asegura que durante mucho tiempo llegó a desconfiar de sus propios recuerdos. “¿Sabés lo que me costó entender que la loca no era yo?”, dice.

La relación comenzó en 2017 después de que se conocieron por Internet. “Los dos primeros años la violencia era más psicológica, pero yo no me daba cuenta”, explica. Y sigue: “Mis amigos veían cosas que yo no veía. Me lo decían, pero yo no los escuchaba. Me fui alejando y me quedé sola. Y cuando pasaban estos episodios de violencia, la única persona con la que podía hablar era él”.

En la elevación a juicio, la fiscalía sostuvo que los hechos denunciados ocurrieron en el marco de “una relación marcada por una dinámica de dominación y una situación de desigualdad de poder entre ambos”. Según Lorena, Mazzini solía recordarle su condición de médico y le advertía que nadie iba a creerle si lo denunciaba.

Consultados por Infobae, desde el Hospital Italiano señalaron que los hechos investigados pertenecen al ámbito privado y no están relacionados con la actividad asistencial del profesional. También informaron que “mientras se aguardan las definiciones judiciales”, decidieron apartar de manera precautoria a Mazzini de su actividad asistencial.

A la espera del debate

El camino para llevar a Mazzini a juicio no fue sencillo. Lorena asegura que durante el proceso se quedó sin trabajo, no pudo conseguir patrocinio legal gratuito y terminó involucrándose personalmente en el seguimiento de la causa. “Sin la ayuda de los tres fiscales que pasaron por la fiscalía yo jamás hubiera podido avanzar en mi proceso penal. Aun sin ser querellante, me permitieron participar y colaborar con escritos, pruebas y consultas sobre la causa”, sostiene.

Además, la defensa de Mazzini, a cargo de Francisco Oneto —actual abogado de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona— presentó una serie de recursos que, si bien fueron rechazados por la Justicia, demoraron el proceso.

Sin ir más lejos, el debate oral estaba previsto originalmente para abril de este año, pero fue postergado luego de que la defensa informara que tenía superposición con otros juicios de alta complejidad. Finalmente, comenzará el próximo 3 de julio.

La nueva suspensión fue el punto de quiebre para Lorena. Después de años de mantener el caso en el ámbito judicial, decidió exponerse públicamente. Reactivó la cuenta de Instagram @somosmujeresfuertesyunidas que había creado para difundir información sobre violencia de género y comenzó a contar su historia.

“Estoy tratando de que se visibilice, que llegue a los medios. Necesito que se conozca para que no me vuelvan a suspender el juicio”, explica. Y cierra: “Mi vida está en pausa. Dejé de trabajar, dejé de tener amigos. Hace más de cuatro años que vivo detrás de este proceso penal. Lo único que quiero es llegar al juicio, que haya una condena y poder recuperar mi vida”.

*Si vos o alguien de tu entorno atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con la Línea 144, disponible las 24 horas, todos los días del año.

La Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Plata confirmó la baja inmediata de uno de sus funcionarios municipales, luego de que fuera detenido tras haber sido acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un marco de violencia de género”.

Después de que se concretara la detención del ex funcionario, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo de manera urgente. No obstante, aclararon que, al momento de haber sido incorporado en la función pública, no existían registros de antecedentes penales o policiales que impidieran su designación, en cumplimiento de la Ley Provincial 14.656.

En este sentido, remarcaron que, para poder confeccionar el legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En ambos documentos, su historial figuraba sin antecedentes.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, la investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

La causa fue iniciada a partir de denuncias presentadas por tres mujeres que trabajaban bajo la órbita del ex funcionario, quienes relataron haber sufrido situaciones de acoso laboral, violencia de género y abuso sexual. Asimismo, los casos quedaron bajo la defensa del abogado Axel Hurtado representa a las denunciantes y promueve medidas de protección.

Una de las denunciantes presentó un escrito solicitando específicamente que no se le concediera la libertad, e informó al juzgado sobre la existencia de numerosas denuncias penales y procesos judiciales previos relacionados con hechos de violencia, amenazas y conflictos con mujeres.

A partir de esto, la Justicia evaluó la gravedad de los hechos denunciados y decidió rechazar su pedido de excarcelación. De esta manera, en el expediente se incorporaron antecedentes que mencionan investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia familiar.

De la misma manera, indicaron que el imputado desempeñaba funciones directivas en el municipio y mantenía reserva de cargo en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Por este motivo, consideraron que estos cargos le conferían una posición de poder frente a las víctimas.

Detuvieron a un dirigente político de Santa Fe por violencia de género: le encontraron cocaína y un arma

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento este miércoles en un departamento del Puerto de Santa Fe, donde fue detenido Carlos C., exdirigente político local investigado por una causa de violencia de género. Durante el procedimiento, los agentes hallaron un revólver calibre 38, un trozo de cocaína de 60 gramos y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo se originó tras una denuncia presentada por una mujer mayor de edad, quien involucró al dirigente en hechos de violencia de género. Según explicó Alejandra Carrizo, coordinadora de la PDI, la detención se produjo en el marco de esa denuncia, aunque la investigación derivó en hallazgos vinculados con delitos de tenencia de armas y estupefacientes.

Durante la inspección en el departamento del Puerto, los investigadores incautaron una bolsa blanca con 60 gramos de cocaína y un revólver calibre 38. En simultáneo, se realizó otro allanamiento en una vivienda de Arroyo Leyes relacionada con el detenido.

Por otro lado, se conoció que el dirigente político ya había sido arrestado en 2017 por un hecho similar. En esa oportunidad, tras una pelea en un bar de la zona portuaria y la exhibición de un arma de fuego, la Prefectura Naval secuestró en su domicilio un arma calibre 380 y 82 gramos de cocaína distribuidos en seis envoltorios.

En aquella oportunidad, enfrentó dos causas judiciales: una en la Justicia provincial y otra en el fuero federal. Según fuentes judiciales citadas por Aire de Santa Fe, la causa federal fue cerrada mediante un acuerdo de probation en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez. La defensa argumentó que la droga era para consumo personal, lo que permitió evitar el juicio y obtener el sobreseimiento.

Néstor Ortigoza fue imputado este viernes por lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género, en el marco de la causa iniciada en 2024 a partir de una denuncia de su ex pareja Lucila Cassiau. La acusación fue realizada por la fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 de Ezeiza, quien aseguró haber encontrado “motivos bastantes para sospechar" que el dirigente de San Lorenzo “ha participado en la comisión de los hechos” relatados por la mujer.

En este contexto, fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el futbolista deberá presentarse a indagatoria el 5 de agosto a las 10:00, en la sede fiscal. La pena en expectativa por los delitos que le adjudican es de 6 meses a 5 años de prisión.

El expediente contra Ortigoza comenzó hace dos años y tuvo un sinfín de trabas que, por momentos, dejaron la causa en stand-by. Entre las pruebas, está la declaración de la víctima -que dijo haber sufrido violencia verbal y física del futbolista durante el tiempo que vivieron juntos- además de registros fílmicos de distintas agresiones, fotos y un informe psicológico que constataron la veracidad de la denuncia.

La conclusión del ese análisis fue citado por la fiscalía en su resolución: “Se detectan secuelas psíquicas y emocionales compatibles con situaciones de violencia de género sostenida en el tiempo”, asevera el escrito.

Tras evaluar todo el material, la fiscal finalmente determinó este viernes que los hechos habrían ocurrido en “un contexto de convivencia o contacto cercano” y decidió agravar la acusación contra Ortigoza, que al principio era solo por lesiones. Así, alegó que Cassiau no solo sufrió heridas físicas de menor gravedad, sino que consideró probada la existencia también de “un marco de violencia” en general.

Hasta ahora, Ortigoza tenía una orden de restricción perimetral y no podía acercarse a su expareja. Esta medida, sin embargo, la había violado en reiteradas oportunidades y llevó al abogado de la víctima, Roberto Herrera, a pedir la detención del dirigente. Nunca dieron lugar a la solicitud.

“Esto es un logro porque no había forma de que la fiscal lo cite a indagatoria. Se lo pedí cinco veces porque pruebas hay más que suficiente con los videos, está todo evidenciado, más los testimonios de las personas que trabajaban en el lugar”, aseguró el letrado Herrera.

La declaración de una ex empleada de Ortigoza

Además del relato de la propia denunciante, la causa también cuenta con las declaraciones de testigos que trabajaron en la casa de Cassiau y Ortigoza cuando vivían juntos. La mayoría aseguró haber presenciado episodios de violencia de él contra ella.

Uno de los testimonios clave para la causa fue el de una mujer que trabajó 10 años con ellos y relató ante la Justicia el día en que vio al futbolista golpear “como si fuera una pelota” a la madre de sus hijos.

“Me sorprendía que Néstor se brotaba por cuestiones domésticas o por cosas sencillas, como que la zapatilla no estaba bien limpia. Ya con eso el día le cambiaba totalmente, le hablaba mal a Luli y le decía que no servía para nada. Ella se pasaba todo el día cocinando cosas que le gustaran a él para agradarlo”, dijo en la declaración a la que accedió Infobae.

En su tetimonio, la mujer se detuvo puntualmente en una situación que ocurrió en el verano del año 2015. Según recordó, cuando ella llegó a la casa de Ortigoza y Cassiau para cuidar a su hijo más grande -que en ese momento no tenía más de 3 años-, ya se había desatado una fuerte discusión entre ellos.

Había gritos, por lo que decidió llevarse al menor a una de las habitaciones para resguardarlo. “La discusión no sé por qué tema era y estaba bastante exaltado Néstor”, afirmó sobre aquel día.

Tras unos minutos, se escuchó un fuerte golpe proveniente de la cocina y decidió acercarse para ver que había ocurrido. “Cuando entro, veo a Lucila tirada en el piso en posición fetal y Néstor pegándole patadas como si fuera una pelota. Lo único que me salió en ese momento fue agarrarlo de la parte del brazo y tirarlo para atrás. Le dije que por favor la deje, que la estaba matando”, relató la testigo.

Y agregó: “Él le decía a Lucila: ‘Hija de puta, te voy a matar’. Después la dejó, fue a buscar las llaves al living, le pegó una patada a la puerta y se fue de la casa. Esa fue la violencia que yo vi en la casa en ese momento”.

Noticia en desarrollo

En las últimas horas, Jorge Fernando Carrizo, el hombre de 27 años que era intensamente buscado por una causa de tentativa de femicidio, fue capturado en la provincia de Jujuy. El pasado 22 de mayo, en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, el acusado roció con un líquido inflamable a su pareja, la prendió fuego y escapó. Desde entonces, las autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Este jueves, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, confirmó la detención del sospechoso y la localización de la víctima, quien se encontraba ausente de su domicilio y fuera de la custodia dispuesta para su protección.

Fuentes del caso indicaron que el sospechoso y la mujer mantenían una relación de pareja con antecedentes de violencia y que, antes de la presunta tentativa de femicidio, Carrizo ya había sido imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.

En aquella causa, la fiscal Carreras solicitó la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, durante la audiencia realizada el 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó su inmediata libertad.

Poco más de un mes después, según la investigación, Carrizo volvió a atacar a la mujer. Tras el episodio, familiares de la víctima denunciaron que la joven había abandonado su domicilio y que ya no se encontraba bajo la custodia policial que había sido dispuesta para protegerla.

Ante esa situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el paradero de ambos, a través del Sistema de Emergencias 911.

La búsqueda demandó un trabajo conjunto entre personal de la Unidad UGAP Orán, del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Jujuy.

El pasado 8 de junio, la Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión que había dispuesto la libertad de Carrizo, ordenó su inmediata detención y lo declaró en rebeldía.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido en la provincia de Jujuy, donde quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, la medida se cumple bajo la modalidad de prisión preventiva.

Por su parte, la víctima fue ubicada recientemente y será sometida a una evaluación médica para constatar su estado de salud. Además, se prevé la intervención de organismos especializados para brindarle asistencia integral y facilitar el reencuentro con su familia.

La fiscal Filtrín Cuezzo destacó el trabajo coordinado entre los equipos de investigación y el apoyo brindado por las fuerzas de seguridad de Jujuy para concretar la detención del acusado.

El cantante Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996), conocido simplemente como Beret, ha sido detenido la mañana este jueves en Sevilla por una supuesta agresión sexual, como ha adelantado Cadena Ser.

El intérprete de Lo siento, Vuelve o Estupidez -junto a Aitana- ha sido puesto en libertad provisional esta tarde, después de que, como ha recogido el Tribunal Superior de Justicia, el juez de la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, que estaba de guardia, ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante tres meses.

En sede judicial, el cantante se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras la justicia le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. El primero sanciona los actos sexuales realizados sin consentimiento con uno a cuatro años de cárcel, mientras que el segundo se aplica cuando la agresión incluye penetración, supuesto que la ley califica como violación y que está penado con de cuatro a doce años.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que se le acusan. EFE ha asegurado que ha sido arrestado esta mañana por unos hechos que habrían tenido lugar el pasado mes de abril.

Ya en 2020, una mujer denunció a través de X (antes Twitter), que el cantante sevillano quiso aprovecharse de ella siendo menor, cuando tenía 17 años y asistió a un concierto del artista en Pamplona.

“Es una persona que se aprovecha de su fama para intentar aprovecharse de menores (...). Me quedé muy decepcionada porque era uno de los artistas que más me gustaban de España, me gustaba mucho su música, sus letras. Yo decía ‘buah, este chico tiene que ser super profundo, me gusta la gente profunda’. O sea, yo no quería nada con él, yo solo quería estar con él y hablar de la vida o lo que sea, o sea que imaginaros el chasco que me llevé. Era de mis artistas favorito", escribió en los tuits recogidos por VozPópuli y actualmente no disponibles. En la misma red social, la joven explicó que ella y el cantante, que para entonces tenía 20 años, comenzaron a hablarse a través de Instagram y quedaron para mantener un encuentro en un hotel tras el concierto.

La noticia llega dos días después de que Beret actuase ante el papa León XIV en el Estadi Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó Lo siento con un coro infantil.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de EFE y Europa Preess

Al comienzo de la charla Andrea Bajani habla de la intensidad argentina, de la intensidad política que ha visto en su visita. Y un poco se lamenta de no vivirla, también. Pero no es que Bajani no sepa de intensidad. El año pasado, el escritor publicó El aniversario, una novela que sacudió su país porque pega en el centro de una institución sagrada: la familia. ¡La familia italiana! El escritor se mete sin vueltas con la dominación de un padre que digita cada movimiento de la madre primero y de los hijos después, hasta la asfixia. Al punto que para no enojarlo, para no hacer ruido, para no despertarlo, en una escena ineludible, la mamá le lava los dientes al nene con agua del inodoro. Sí, así.

Tiene los sentidos alerta con el machismo Andrea Bajani. Al punto que enseguida contará algo que le pasó en su visita a Buenos Aires, a mediados de abril:

“En un restaurante, tenía al lado una pareja, un hombre y una mujer, creo que estadounidenses. La manera en la que el hombre hablaba a la mujer para mí era insoportable, doloroso, porque la trataba como a un animal. Y en un momento llegó el camarero y le preguntó a ella: ‘¿Quiere comer más carne?’ Ella dijo: ‘No, estoy llena’”. Y él dijo: ‘Sí, va a comer’. Y el camarero trajo la carne y ella... la comió. Él estaba ahí, ella aquí, comiendo lo que no quería comer. Y después él le dijo: ‘¿Ves que querías comerlo, no?’ Cuando me levanté y vi que ella tenía el pie de él, desnudo, en la mano. Sin zapatos, sin calcetines, una cosa horrible".

-Eso podía estar en tu libro perfectamente.

-Y todos habrían dicho: “Mamma mia, esto, ¿esto quién lo imagina?" Pero me bastó sentarme a las nueve y media de la noche en un restaurante elegante de Buenos Aires.

¿El aniversario es otra novela de hombres violentos y mujeres violentadas? Sí y no. Acá hay dos cosas que la distinguen. Por un lado, el que narra, y también es violentado, es un hijo varón, heterosexual, europeo, blanco, etc. Que termina siendo un hombre de treinta años que sufre espamos intestinales y se arranca los pelos de la barba en plena mesa familiar de la angustia con que vive. No es la víctima habitual, convengamos, y algo de lo que la novela señala -no es que lo diga directamente, pero se lee- es que en la realidad también los varones heterosexuales, blancos, etc son cacheteados por el machismo.

Pero, además, ese hijo acusa la impotencia de la madre. Que desaparece, se borra a sí misma como forma de soportar esa vida. Y, en el camino, deja deprotegidos a los chicos. Es duro de tragar eso: la madre es víctima, claro. Pero también es adulta y si no logra hacer nada, los chicos van a sufrir.

Entonces, finalmente, ya adulto, el hijo va a tomar una decisión drástica y extraña al modo de ser italiano. Eso le van a señalar. Eso, tal vez, hizo que esta novela, la número 11 que publica, haya llamado tanto la atención y le haya deparado el premio Strega, que el define como “el San Remo de la literatura”.

Bajani nació en Roma en 1975 y, como la familia del personaje, su familia se mudó a un lugar pequeño en su infancia. Y, como el personaje, ahora vive y da clases en los Estados Unidos.

-Te cansaste de decir que esta no es una obra autobiográfica, aunque por algunos elementos parezca. Entonces: ¿cómo aparece esta idea?

-Yo enseño en la Universidad en Estados Unidos. Y doy un curso de Escritura Creativa que se llama “Escribir las familias”. Los estudiantes son siempre muy intensos y quieren contar historias dolorosas de familia. Con la idea de que el dolor en la familia es un destino. También en Estados Unidos, que no es un país católico como Italia, parece que ese destino de dolor es algo que tienes que aceptar. Y todas las historias, todas, de mis estudiantes funcionan como si estuvieran encerrados dentro de un laberinto y ni siquiera quisieran salir. Entonces la historia comenzó así. Escribiendo algo para los estudiantes.

-¿Algo como qué?

-Como la idea de que si hay una puerta, la puerta puede ser abierta hacia el exterior.

-Parece más terapia que literatura.

-Mis cursos son muy apreciados por eso, porque las personas piensan: “Ah, hago un curso de escritura, pero es también una terapia”.

-Dos por uno.

-Y vi que lo que estaba escribiendo era la historia de millones de familias italianas. Enseguida sentí que en Italia la puerta de la familia siempre está cerrada porque existe la idea -existe la frase- de que los trapos sucios se lavan en casa. Y la violencia -que no es solo el dolor, es violencia- que existe en millones de familias, no es solo una violencia de las familias sino que es una violencia política. Y está unida con lo de las puertas cerradas. Un varón en Italia aún puede gritar dentro de una casa, pero puede gritar también en un lugar de trabajo. Gritar y amenazar. Y esto es considerado normal.

-¿Sí?

-Los vecinos de la casa no tienen derecho de golpear la puerta porque la familia sigue siendo la primera institución total que Italia tiene. En Italia la familia viene antes que el Estado, mucho antes. La ley de la familia viene mucho antes que la ley del Estado. Pero esta idea de esta familia es una idea política. Que ha sido elegida, reforzada en todas las familias.

-¿De qué modo?

-Recuerdo una vez, estaba en una casa de vacaciones y desde otro departamento se oían los gritos de un hombre, que arrojaba objetos, y una mujer que lloraba. A la mañana fui a la vecina y le dije: “¿Pero qué sucede?”. Y la vecina me dijo: “Mientras no veamos sangre debajo de la puerta, no debemos decir nada”.

-¿Por qué empezaste a dar un curso sobre las familias?

-Porque la familia es el tema más fértil. Desde la tragedia griega: yo enseño Medea, Hamlet, Tolstói, Annie Ernaux, Elena Ferrante, son cosas muy diferentes, de géneros muy diferentes. Lo que encuentro interesante de la familia es involucra el poder. En Italia aún más, pero en todas partes es una institución, una comunidad de personas en la que existe un pequeño gobierno en la cocina. Ahí se decide quién hace qué y hay uno que manda.Y los derechos son una negociación. Entonces es un organismo político y al mismo tiempo es el lugar donde se desencadena lo arcaico, lo primario.

-¿Es decir?

-Los sentimientos primarios del amor, de la protección, de los celos, del posesión, del deseo. Porque no es natural que dos, tres, cuatro personas pasen tanto tiempo en un espacio tan chico, en esa cocina. Y, por lo tanto, todos estos elementos para mí son lo máximo de la literatura, es decir, donde la emoción arcaica, la sociedad y lo político se encuentran.

-¿Fue un interés teórico lo que te llevó a esta novela tan desgarradora?

-No, práctico. Porque vivo en una cultura familista y todos vivimos en una cultura familista. Es un interés visceral. En Italia no podés contar nada que no sea una familia. La familia es el verdadero tema.

-Pensaba en que en El aniversario la familia se muda a un lugar chico. Y un libro de una violencia familiar tremenda, como Triste Tigre, de la francesa Niege Sinno, también cuenta que la familia se va a un pueblo pequeño. Lo mismo ocurre en la historia de Giséle Pelicot, a la que su marido dormía y hacía violar.

-De alguna manera la ciudad, políticamente, es un lugar de derecho, ¿no? Es peligrosa y protege al mismo tiempo. Si hay alguien que cae en la calle hay alguien más que anda caminando por ahí. Entonces, podés salir de noche a pedir ayuda. Es el lugar de la democracia, la metrópoli. El pueblo, en cambio, es el lugar de los secretos. Lo que también es paradójico porque estás más cerca de los otros. Pero nadie quiere poner en discusión los valores. E históricamente, en muchos países, es el lugar de la conservación de esos valores tradicionales que ahora el conservadurismo mundial ha transformado en solución de los problemas.

-¿Una solución en el pasado?

-Ahora la solución de los problemas, para el conservadurismo mundial, es volver a la familia tradicional, a la patria, a endurecer las fronteras. Y entonces el pueblo es el lugar de lo arcaico, el lugar de la conservación, el lugar del secreto y el lugar de la hipocresía.

-En ese sentido es un buen, es un buen lugar para que ocurran estas cosas.

-Para esconderse.

-Hay muchas novelas sobre la violencia machista pero esta pone el foco sobre el hijo varón, heterosexual, cis. ¿Cómo llegaste a esa decisión?

-Este es un libro que las mujeres, las feministas, han sostenido por este motivo, porque es la voz de un varón que rehuye al varón patriarcal. Que muestra la fragilidad del varón. El padre probablemtne también es frágil pero tiene como receta, como solución política, la violencia. Y la decisión para mí era política, era tener una voz de varón anti-varón. Pero no anti-varón porque fuera queer sino un varón que dice que el varón es también frágil. Y que la solución no es volverse macho. Yo no soy una persona controversial pero gané el premio Strega, que es como el San Remo de la literatura, y tuve que hablar.

-¿Y qué pasó?

-Dije que para mí la literatura es contradecir la versión oficial, en general. Y la versión oficial de la familia en Italia es la versión patriarcal, la familia patriarcal. Y que para mí si los hombres no iban contra eso,no servía para nada. Es el varón el que tiene que contradecir las voces masculinas. Y esto que dije a muchos varones no les gustó. Se sintieron atacados.

-¿Por qué?

-Porque también el hombre que habla contra el femicido después llega a casa y le grita a la mujer.

Es aquí cuando Bajani cuenta la escena del restaurante. Un lugar elegante, un barrio elegante en Buenos Aires. Una pareja joven, estadounidense. Y la opresión flagrante

-Esa escena me hace acordar a la novela La vegetariana de Han Kang. Pasa algo parecido.

-Y, de hecho, esa es otranovela que todos quieren leer. Porque esa violencia existe. Acá eran dos personas de Estados Unidos, ricos, de viaje, bien vestidos, con posibilidades de elegir y estaban en esa alianza enferma que también es política. Es como si, cuando uno nace varón, le dieran la licencia de hacer lo que quiera.

-Es notable en la novela el lugar de la mujer. Me acabás de hablar de una alianza, y en el libro la mujer es una víctima pero también hace daño a los más débiles. Incluso cuando la madre es solamente un recuerdo, el narrador dice que así “no hace daño, ni deja de hacerlo”.

-¿Qué ocurre en ese vínculo misterioso? El hijo ha crecido en la versión patriarcal, por lo tanto no sabe nada de su madre. Y se trata de aceptar que esta es la historia de una pareja. Es difícil de comprender para un hijo, pero es lo que pasa y esa alianza es el elemento político de la familia patriarcal. Son modelos a los que las personas llegan, se meten y se los apropian. Es una elección política de una familia que llamamos patriarcal.

-¿En qué tipo de varón se va a convertir después el hijo? ¿Será distinto?

-Esa es otra cuestión política. Para ser diferente, lo primero es trabajar con las mujeres, en una condición de paridad, y probar y equivocarse como principiantes.

-¿Vos sos un varón diferente?

-Oh, sí. Sí. Eso espero.

Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este miércoles un allanamiento en un departamento ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, donde fue detenido Carlos C., un antiguo dirigente político de la ciudad, que es investigado por una causa de violencia de género. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando hallaron un arma de fuego y una porción de cocaína en su poder.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un trozo de cocaína de 60 gramos dentro de una bolsa blanca, junto a un revólver calibre 38 y otros elementos vinculados a la investigación. A raíz de esto, se realizó otra inspección en una vivienda ubicada en Arroyo Leyes, que estaría relacionada con el detenido en la zona portuaria.

La detención del dirigente santafesino se originó a partir de una denuncia por violencia de género. “Fueron allanamientos debido a una denuncia interpuesta por una persona de sexo femenino mayor de edad en la que se encuentra involucrada esta persona que esta mañana resultó detenida”, explicó Alejandra Carrizo, la coordinadora de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, Carrizo dio a conocer que el detenido “tendría alguna vinculación con un partido político”. Sin embargo, el nombre del espacio al que podría encontrarse relacionado se mantuvo bajo reserva.

De la misma manera, se confirmó que el dirigente político ya había sido arrestado por un hecho similar en 2017. En aquella oportunidad, había protagonizado una pelea en un bar de la zona portuaria que culminó con agresiones físicas y la exhibición de un arma de fuego.

Ese episodio derivó en un allanamiento en su domicilio por parte de la Prefectura Naval, donde también se había incautado un arma calibre 380 y 82 gramos de cocaína distribuidos en seis envoltorios. Tras ese hallazgo, Carlos C. enfrentó dos causas: una en la Justicia provincial y otra en el fuero federal.

Sobre la causa federal, fuentes judiciales indicaron al medio local que había sido cerrada tras un acuerdo de probation llevado a cabo en el Juzgado Federal N.º 1, entonces a cargo de Reinaldo Rodríguez. En ese momento, la defensa argumentó que la droga era para consumo personal, lo que permitió al dirigente evitar el juicio y obtener el sobreseimiento.

Actualmente, el dirigente permanece detenido a la espera de que el fiscal de la causa, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, disponga los pasos a seguir en la investigación judicial.

Otro dirigente de Salta había sido denunciado por extorsión sexual, pero logró renovar su banca

Pese a haber sido expulsado tras ser denunciado por extorsión sexual y violencia de género, el ex concejal de La Libertad Avanza (LLA) Pablo Emanuel López recuperó su banca en diciembre del año pasado, tras haber sido el candidato más votado en las últimas elecciones locales. Según los datos oficiales, obtuvo un total de 86.632 votos (35,54%).

Durante el acto de asunción, la presencia de López había generado tensión en el recinto, sobre todo durante su juramento. Desde el palco se escucharon expresiones de desaprobación, entre ellas: “¡Qué vergüenza, cómo lo van a aplaudir! Por eso tenemos la Argentina que tenemos", según las declaraciones recopiladas por El Tribuno.

El concejal libertario había sido destituido por inhabilidad moral a raíz de una denuncia por extorsión sexual presentada por una ex pareja. En septiembre fue imputado por violencia física, psicológica y económica. No obstante, la carátula judicial también incluyó cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

El caso es investigado por el fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, quien dispuso pericias forenses y diversos análisis. Hasta el momento, no se volvió a informar sobre avances recientes en la causa.

El caso cobró notoriedad pública tras la difusión de un audio en el que se escuchaba a López exigirle a la denunciante sexo oral a cambio de 10 mil pesos. El acusado, según la grabación, habría usado su cargo para presuntamente amenazar a una empleada municipal con retener parte de su salario.

En ese mensaje, la víctima le reclama: “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. A esto, López respondió: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Tras la difusión de estas grabaciones, La Libertad Avanza decidió expulsarlo. No obstante, López se presentó nuevamente como candidato y resultó el concejal más votado de la elección. Además, el Tribunal Electoral de la Provincia ya había anticipado que no existía impedimento legal para la incorporación de López, por lo que conformó un monobloque denominado “Libertad y Progreso”, marcando su distanciamiento del resto de las agrupaciones.

Un hombre terminó detenido después de golpear, ahorcar y prender fuego a su pareja. La situación se conoció después de que una médica que atendió a la víctima realizara la denuncia por las contradicciones que señaló el imputado, quien había dicho que todo surgió por un accidente doméstico.

El caso quedó bajo la investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°27, a cargo de Julieta Viola Villanueva. Según pudo saber Infobae, todo comenzó cuando tanto la víctima como el agresor ingresaron al Hospital Álvarez. La mujer presentaba quemaduras en más del 30% de su cuerpo y ambos decían que todo se produjo a causa de un escape de gas en la cocina.

Sin embargo, la profesional de la salud dudó de esa versión y denunció el hecho ante las autoridades que comenzaron con la investigación en la fiscalía especializada en violencia de género.

Durante un mes, la mujer permaneció internada en estado crítico, bajo sedación y conectada a un respirador artificial. Una vez estabilizada, solicitó declarar ante la fiscal Villanueva.

De acuerdo al testimonio de la víctima, durante la noche del ataque, se encontraba en el taller junto a su pareja. La mujer relató que el hombre la agredió físicamente, la arrojó al suelo, la amenazó de muerte y la asfixió.

“Estaba en el suelo y él me dijo que me iba a matar, y me seguía ahorcando… Yo, entonces, le dije que si era tan así, me moría. Y me tiré alcohol. Me dijo: ‘Morite, entonces’. Prendió un fósforo y me lo tiró encima, y me dijo: ‘Morite, sos una loca’”, narró.

Primero, la víctima logró sofocar las llamas con un balde de agua. Posteriormente, ambos se dirigieron al hospital, aunque en el trayecto el agresor le dijo que atribuyera las lesiones a un escape de gas mientras cocinaba y no al hecho ocurrido en el taller.

En este contexto, la fiscal Villanueva solicitó la detención del acusado. A su vez, ordenó una serie de allanamientos en el domicilio y el lugar de trabajo del hombre. Durante los procedimientos, la División Criminalística, el Gabinete Médico y la Oficina de Coordinación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad desplegaron peritajes, incluida una planimetría 3D con cámara multiespectral, que aportaron pruebas relevantes para la causa.

Finalmente, el detenido fue imputado por el delito de femicidio en grado de tentativa. En las últimas horas, el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar a la solicitud de la fiscalía especializada en violencia de género y concedió la prisión preventiva para el agresor.

En paralelo, en la provincia de Salta, un hombre de 27 años permanece prófugo tras haber prendido fuego a su pareja en un intento de femicidio. La víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello, y se encuentra en estado crítico. El agresor, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había recuperado la libertad semanas antes, a pesar de sus antecedentes por violencia de género y de un pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía.

La investigación, a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, reveló que Carrizo ya había sido imputado por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. A pesar de ello, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó la prisión preventiva y ordenó su liberación el 16 de abril. Tras el ataque, Carrizo se dio a la fuga.

El registro de 56 lesbofeminicidios en América Latina ha puesto en tema de conversación una problemática de violencia específica dirigida contra mujeres lesbianas, según el primer mapeo realizado por la organización GeoFeministas.

Vanessa Quintana López, integrante del colectivo, detalló que esta cifra da a conocer la gravedad de los asesinatos relacionados por esta orientación sexual, exponiendo la necesidad de darle visibilización a cada una de las víctimas.

Durante el panel “Cuerpos, deporte y recreación en la ciudad”, Quintana López participó para presentar los resultados de la cartografía que documenta estos casos en la región. El encuentro, parte del ciclo “Iniciativas para crear ciudades violetas” organizado por el PUEC de la UNAM, ofreció un espacio para analizar la situación de la comunidad lésbica en contextos urbanos y deportivos.

¿Cuántos casos de lesbofeminicidios hay en México?

La especialista informó que México encabeza la lista de la región con 17 casos registrados por este tipo de crímenes, seguido de Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Costa Rica.

“Estamos resistiendo frente a países que también matan y asesinan a mujeres lesbianas”, expresó al exponer el alcance de la violencia.

La investigación, desarrollada por Quintana López junto a Jennifer López Sánchez y titulada “Lesbofeminicidios en Latinoamérica: entre la vitalidad y el riesgo de la existencia lesbiana”, constituye el primer intento de sistematizar la información sobre asesinatos de lesbianas en América Latina.

El mapeo de este fenómeno se realizó a partir de notas periodísticas, recopilando datos como el nombre de la víctima, el año y las circunstancias del hecho.

Asimismo, se muestra que la “diferencia sexual” figura entre los principales motivos de ataque, ya que según la investigadora “en sociedades patriarcales se piensa que la finalidad de ellas es la reproducción para la conformación de la familia”.

Los datos evidencian una tendencia a invisibilizar y marginar a esta parte de la comunidad, tanto en la vida cotidiana como en los registros oficiales de violencia de género.

La cartografía no solo documenta los casos, sino que denuncia la falta de reconocimiento institucional de estos crímenes y la ausencia de políticas específicas para su prevención y atención. Este trabajo pionero busca generar conciencia y promover la exigencia de justicia para las víctimas, además de abrir el debate sobre las agresiones en el continente.

Deporte, espacio público y justicia para mujeres lesbianas

En la discusión sobre deporte y diversidad, la especialista enfatizó que las disciplinas deportivas tradicionalmente han sido dominadas por hombres, y el futbol representa un caso paradigmático. Las geógrafas feministas han comenzado a incidir en la geografía del deporte, impulsando la presencia de mujeres tanto como practicantes como aficionadas.

“A las mujeres lesbianas, por ejemplo, se nos ha puesto en un margen, se nos ha invisibilizado, nos han prohibido el acceso a diversos sitios”, señaló durante el panel moderado por Mariana Sánchez Vieyra.

El futbol y otras prácticas deportivas permiten la creación de nuevas formas de comunidad y de apropiación del espacio público. Estas actividades no solo estimulan la colectividad, sino que también representan una manifestación de libertad corporal, transformando el entorno urbano y contribuyendo a la búsqueda de justicia espacial para esta comunidad.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones es en respuesta a la apelación que había presentado en su momento la defensa de Balbuena contra la prisión preventiva que había solicitado la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar y quien lleva adelante el caso en la etapa de instrucción.

De esta manera, Balbuena permanecerá en prisión hasta que la causa sea elevada a juicio.

Actualmente, el imputado se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria N° 53 de Malvinas Argentinas, ubicada en la localidad de Villa de Mayo.

La relación entre Balbuena y su ex comenzó en 2019. La pareja convivió durante tres años hasta separarse en noviembre de 2024. Tras la ruptura, siguieron trabajando juntos en la agencia de autos Car Center Adjudicados, en Luján, de la que el detenido es dueño y la mujer, socia.

Durante la investigación, la fiscalía reunió testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo, quienes declararon que Balbuena maltrataba y denigraba a la víctima en presencia de otros.

Durante los primeros días de mayo, y tras cambiar de abogado y de estrategia, Balbuena había solicitado una ampliación de su indagatoria y se presentó el viernes pasado ante la fiscal. Allí relató episodios de violencia y discusiones con la denunciante, y mostró arrepentimiento por lo ocurrido.

La acusación contra Balbuena surge a partir de dos episodios. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2024. Según la causa, aquel día la pareja mantuvo una discusión que derivó en violencia física.

Balbuena dio su versión: “Recuerdo que habíamos discutido porque me quería acompañar a hacer una verificación policial de un vehículo que había que vender. Ella se enojó porque no le permití acompañarme, pero yo lo que buscaba era respirar y no seguir discutiendo. Así que me fui hasta Capital a hacer la verificación policial”.

El hombre contó ante la fiscal Semería que, tras realizar el trámite, se comunicó por teléfono con la mujer, quien le dijo que estaba en el hospital a raíz de un fuerte dolor de cabeza. Frente a esa situación, se subió a su auto y la pasó a buscar por el centro de salud.

El segundo hecho sucedió el 13 de mayo del año pasado, cuando Balbuena fue a la casa de su ex a buscar teléfonos y una computadora relacionada con la empresa que compartían. En ese encuentro se desató otra discusión.

“Ella me empezó a reclamar lo que siempre me reclamaba: por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella. Yo respondí que nuestra relación era tóxica, que no nos hacía bien a ninguno de los dos y que por eso lo mas conveniente era seguir separados”, declaró el imputado.

En medio del entredicho, se desató el hecho de violencia. “Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío, pero siempre tuve la intención de que le vaya bien. Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedí disculpas por no poder amarla, peor le dije que era una buena chica, joven, y que ya se le iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida, que la vida no se acaba por una separación”.

A pesar de la violencia previa, Balbuena contó que la situación derivó en relaciones íntimas entre ambos, algo que, según el imputado, era habitual en la pareja: “En ese momento, ella me abrazó, me decía que no la dejara, y ahí hicimos el amor. Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”.

La fiscal Semería ordenó pericias psicológicas tanto al imputado como a la denunciante, que según pudo saber este medio, se realizarán durante el mes de agosto. Mientras tanto, la investigadora le tomó declaración a testigos propuestos por ambas partes.

En el expediente figura que Balbuena tiene antecedentes judiciales: al menos cuatro denuncias por estafa y otra denuncia previa por abuso sexual en una jurisdicción distinta. En enero pasado, durante un allanamiento en su domicilio, la policía secuestró dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre. La denunciante no refirió amenazas con armas de fuego.

Tras mediatizarse el caso, se conoció que otra joven que trabajó con él en una concesionaria también lo denunció por abuso sexual y amenazas.

Un hombre de 41 años fue detenido en Resistencia en la provincia de Chaco, tras una denuncia presentada por su ex pareja, quien lo acusó de violencia de género, amenazas y hostigamiento.

El caso generó conmoción en la comunidad local luego de que la víctima, una joven de 25 años, hiciera pública su situación a través de las redes sociales, mostrando imágenes de las lesiones sufridas durante la relación.

La joven radicó la denuncia ante la Comisaría Tercera de Fontana, donde relató que había padecido múltiples formas de agresión por parte de su ex pareja, identificado con las iniciales C. J. M. Según su testimonio, fue víctima de violencia física, verbal y psicológica. La afectada también aseguró que recibió amenazas de muerte, fue perseguida y sufrió invasiones a su privacidad, incluyendo el acceso no consentido a fotografías íntimas almacenadas en sus dispositivos personales.

La denunciante, al hacer público su testimonio, manifestó en sus redes sociales el sufrimiento experimentado durante la relación con el acusado. En la publicación, mostró una fotografía en la que se apreciaban lesiones en su rostro, atribuidas a episodios de violencia física. Además, la joven detalló que había presentado una denuncia ante el área de Ciberdelitos, ante la sospecha de que el acusado habría accedido sin permiso a sus cuentas personales y redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por la víctima, el denunciado sería empleado de la Municipalidad de Resistencia. Esta afirmación fue comunicada por la joven en sus redes, donde advirtió públicamente sobre el peligro que representaba el sospechoso y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

Según lo informado por el portal del Diario Chaco, la denuncia ante la Comisaría Tercera activó la intervención de la División Delitos Tecnológicos, que inició tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso. Tras las primeras diligencias, los efectivos lograron localizarlo en las inmediaciones de avenida Ávalos al 900, en la ciudad de Resistencia. El procedimiento concluyó con la detención del hombre, quien fue trasladado a Medicina Legal para realizar las diligencias de rigor, antes de ser alojado en una dependencia policial bajo la órbita del Equipo Fiscal N°4, a cargo de Gustavo Cáceres Olivera.

Durante el operativo, los agentes secuestraron un teléfono celular que fue considerado de interés para la investigación, ya que podría contener pruebas relevantes sobre las amenazas, el hostigamiento y la posible vulneración de la privacidad de la víctima.

La causa fue caratulada como “Supuestas amenazas en contexto de violencia de género y hurto”. Mientras tanto, continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad penal del imputado y el alcance de los hechos denunciados. La investigación también evalúa la posible utilización de recursos tecnológicos por parte del acusado para acceder a información personal de la víctima, lo que motivó el involucramiento del área de ciberdelitos.

Según se informó, el caso permanece bajo investigación y se aguardan peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. El avance de la causa está supervisado por la Fiscalía N°4, que analiza las pruebas reunidas y la declaración de la denunciante, quien mantiene resguardo policial por disposición judicial.

Violó la perimetral, agredió a su ex y recibió su tercer condena por violencia de género

Casi un mes atrás, la Justicia dictó por tercera vez una condena por violencia de género y familiar a un hombre de Villa María, Córdoba, en donde las víctimas eran su pareja y la madre de ella. Además, lo acusaron de otros cinco delitos.

E. A. C. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que fue declarado reincidente. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable de violación de domicilio, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas y hurto. El hombre había ingresado al domicilio de las damnificadas, sin autorización. Además, ejerció amenazas sostenidas en el tiempo y agresiones físicas.

Los hechos por los que fue juzgado en esta oportunidad se remontan a 2018, 2024 y 2025, por los cuales permanecía detenido desde hacía un año y dos meses. Al tratarse de una pena de cumplimiento efectivo sobre todo por la reiterancia de los hechos, E. A. C. deberá permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

El hombre tenía un amplio historial de condenas por hechos de iguales características que había cumplido en el pasado. En 2020 lo sentenciaron a dos años de prisión por un total de 15 hechos, que incluyeron encubrimiento, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas, violación de domicilio, coacción y lesiones leves calificadas. Tres años después, en 2023, volvió a recibir dos años de prisión efectiva por nuevos episodios de violencia familiar. En aquel proceso, el juez de la Cámara del Crimen, Félix Alejandro Martínez, le impuso la pena tras la confesión del acusado, en una causa que comprendía amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

Frente a esa reiteración de conductas, la Justicia había ordenado que Castellano realizara tratamiento psicológico dentro del penal para abordar su problemática vinculada a la violencia.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas) confirmó la captura de Joseph “N”, presunto responsable del feminicidio de Makala Marie Pendley, ciudadana de 30 años originaria de Indianápolis, Indiana, que fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en el paraje Elambó Bajo, a las afueras de la cabecera municipal de Zinacantán.

Las autoridades lo identificaron como pareja sentimental de la víctima de origen estadounidense y revelaron que cuenta con una ficha de búsqueda emitida por delitos en Alaska.

Tras un cateo simultáneo al barrio de Fátima, en San Cristóbal de las Casas, agentes mexicanos también rescataron a los siete hijos menores de Makala, quienes se encontraban en el interior de una vivienda.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, fue el encargado de brindar la actualización del caso. En su mensaje, afirmó que la Fiscalía tiene 48 horas para acreditar la responsabilidad penal de Joseph “N” y presentarlo ante un juez. Anticipó que solicitaría la pena máxima de 100 años de prisión contra el hombre, también originario de Estados Unidos.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias que trajeron a Makala y a sus hijos a territorio mexicano.

Golpes en el cráneo causaron la muerte de Pendley, según la necropsia

El fiscal Abarca reveló este 9 de junio que la necropsia de ley determinó que la causa de muerte de Makala fue un traumatismo craneoencefálico secundario a heridas por arma corto-contundente.

El cuerpo de Pendley presentaba escoriaciones en diversas partes, aunque fueron las lesiones en la región del cráneo las que le provocaron la muerte.

Fue hallada desnuda en el paraje Elambó Bajo, en la entrada de la cabecera municipal de Zinacantán.

Elementos de la Policía Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio, con un grupo especial de agentes desplegado desde el primer momento en San Cristóbal de las Casas.

La identificación de la víctima se realizó este 9 de junio con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Maurica Lambert, hermana de Pendley, declaró al medio IndyStar que la familia reconoció el cuerpo por los tatuajes que las autoridades mexicanas les describieron.

“Es el peor día de mi vida, siento que una parte de mí está muerta”, dijo Lambert al medio estadounidense, quienes compartieron la declaración en su cuenta oficial de Instagram.

Joseph “N” tiene una orden de arresto en Alaska y antecedentes por violación

Al cruzar información con la Embajada de Estados Unidos tras la detención, la Fiscalía de Chiapas confirmó que Joseph “N” cuenta con antecedentes penales en aquel país por:

• Asalto
• Robo
• Fraude
• Posesión ilegal de armas
• Intimidación para causar daño corporal
• Delitos relacionados con producción y distribución de drogas
• Resistencia al arresto
• Uso de identidad falsa
• Violación

Además, fue revelado que cuenta con una orden de arresto activa en el estado de Alaska.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC) publicó en febrero de ese año la ficha de búsqueda de los menores, de entre uno y 12 años de edad.

Los siete niños, rescatados en San Cristóbal de las Casas

Los menores fueron encontrados en el interior de una vivienda durante el cateo en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de las Casas. Sus identidades quedaron en reserva. Los siete se encontraron en buen estado y quedaron bajo resguardo de la Fiscalía de Justicia de la Zona Altos, con traslado inmediato a una casa hogar.

El fiscal de Chiapas informó que la institución mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos para que algún familiar pueda viajar a México y hacerse cargo de los menores.

Las autoridades ministeriales continúan la recopilación de pruebas para fortalecer la investigación y acreditar plenamente la responsabilidad del imputado.

Un hombre de 27 años prendió fuego a su pareja en un intento de femicidio el 22 de mayo en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. El atacante permanece prófugo, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para encontrarlo, mientras organizaciones y familiares alertaron por la situación crítica en la que quedó la joven.

Su pareja, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había sido liberado semanas antes por la Justicia, pese a los antecedentes de violencia de género y a un pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. Tras protagonizar el intento de femicidio, el hombre se fugo y actualmente continúan con la intensa búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con El Tribuno, el presunto agresor, había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves consecuencias luego del brutal epusodio donde su pareja la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

La situación de absoluta vulnerabilidad de la joven motivó un pedido a la comunidad para que aporte cualquier dato sobre su paradero o el del sospechoso, comunicándose con la dependencia policial más próxima o al Sistema de Emergencia 911.

El caso quedó bajo investigación de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien coordinó las medidas para esclarecer el hecho. Las tareas de campo están a cargo de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El 8 de junio la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión inicial y ordenó la detención inmediata de Carrizo, declarándolo en rebeldía.

Otro intento de femicidio en Salta

A fines de abril, la provincia de Salta también se vio conmocionada por un intento de femicidio cuando un hombre atacó a su pareja en presencia de sus hijos en una vivienda del barrio Ampliación Solís Pizarro. El hecho se produjo ocurrió el 21 de abril, cuando el agresor infligió tres puñaladas a la mujer tras una discusión.

Los gritos de auxilio de los hijos alertaron a los vecinos, quienes avisaron de inmediato a la Policía. Los menores lograron salir de la casa y pedir ayuda mientras la mujer quedaba gravemente herida. Los efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y hallaron a la víctima en estado crítico. Fue trasladada de urgencia primero a una salita barrial y luego al hospital San Bernardo.

La intervención médica resultó fundamental para estabilizar a la mujer ante la gravedad de las lesiones sufridas. En paralelo, el agresor huyó de la vivienda, pero fue localizado poco después en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del ataque. Al verse acorralado por la policía, el hombre intentó quitarse la vida causándose lesiones leves, por lo que también recibió atención médica y quedó detenido, a disposición de la Justicia.

La investigación determinó que la víctima ya había sido objeto de violencia previa, situación que un familiar denunció el año anterior ante las autoridades. Ambos casos reflejan un patrón de violencia reiterada y la insuficiencia de las medidas de protección judicial para mujeres en situación de riesgo, aun cuando existían antecedentes y denuncias formales.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S. A. (ADM) —principal productora de Canal Sur Televisión— y presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la empresa.

Según ha adelantando elDiario.es, estas diligencias se han abierto tras la denuncia interpuesta por la trabajadora contra su superior, al que acusa de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia fue presentada el pasado 26 de enero y la presunta víctima, que prefiere mantenerse en el anonimato, declaró por primera vez el 25 de marzo. Ese mismo día se ordenaron las primeras diligencias, citando a declarar como imputado a Fuentes y a dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que fue número dos del CEO, y una amiga a la que reveló la presunta agresión sexual. El juez también ha ordenado un reconocimiento médico forense para acreditar el estado de salud psíquica de la denunciante.

El accionista mayoritario de ADM es la Junta de Andalucía

ADM es, además de una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía —el Gobierno andaluz cuenta con una participación del 47,81 % a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel—. Su principal comprador institucional de contenido es la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y, de hecho, ADM es la productora responsable de Andalucía Directo (Canal Sur Televisión).

Junto a esto, Fuentes es desde 2023 presidente de LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. El CEO de ADM había sido llamado a declarar el 11 de mayo, semana previa a las elecciones andaluzas, pero quedó aplazada hasta el próximo 25 de junio al cambiar de abogado tres días antes. Según ha señalado elDiario.es, esa misma semana anunció a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, aunque sin aludir a este procedimiento judicial.

Los presuntos hechos por los que ha sido denunciado

Las presuntas agresiones sexuales denunciadas por la reportera ocurrieron en 2013, 2022 y 2023: la primera de ellas habría tenido lugar en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; la segunda, en 2022, en la calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); la tercera, dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), también durante la realización de un programa.

Con respecto al presunto delito de acoso sexual continuado, la víctima ha adjuntado a la denuncia 175 páginas de mensajes de Whatsapp enviados entre 2018 y la actualidad. Según ha podido comprobar elDiario.es, varios de ellos incluyen propuestas de encuentros privados y lenguaje con connotación sexual: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”, “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”, “Cariño, tengo ganas de ti”, “Tú me debes una noche loca” o “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

Según describe el abogado de la reportera en la denuncia, su respuesta es “cordial y evasiva”, lo que se correspondería con una “estrategia de supervivencia habitual en víctimas de acoso para evitar un conflicto directo con un superior”, dada la “situación de dependencia jerárquica y temiendo represalias laborales”.

Por último, la reportera también ha denunciado a Fuentes por un presunto delito de acoso laboral. En octubre de 2023, tras descubrir que había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, según se recoge en la denuncia, la actitud del CEO comenzó a mostrar una “voluntad deliberada de destruir profesional y personalmente” a la trabajadora. Para ello, habría empleado estrategias como “un vaciado de funciones” y “aislamiento”.

Fuentes niega los hechos

Fuentes, en declaraciones a elDiario.es, ha admitido su imputación, pero ha señalado que se trata de una “denuncia falsa”: “No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”.

La presunta víctima se encuentra actualmente geolocalizada las 24 horas del día por la Policía a través del dispositivo ATENPRO, órgano dependiente de la Consejería de Igualdad de Andalucía.

Una estudiante universitaria española de 20 años, que cursa un programa Erasmus en Milán (Italia), ha denunciado haber sufrido una violación grupal durante la noche del pasado 22 de mayo, según ha informado la agencia de noticias Ansa.

Los hechos habrían ocurrido después de que la joven asistiera a una discoteca ubicada a las afueras de la ciudad. Por el momento, la Fiscalía de Milán y la Brigada Móvil de la policía están llevando a cabo una investigación para identificar a los posibles responsables.

Según la denuncia de la estudiante universitaria, señala la agencia Ansa, dentro de la discoteca cuatro o cinco hombres se acercaron a la joven y, más tarde, ya fuera del lugar, la habrían llevado a una calle apartada y luego a un automóvil, donde fue víctima de una agresión sexual grupal.

Tras los hechos y, en estado de shock, la mujer, acompañada por una amiga, acudió a la clínica Mangiagalli de Milán, especializada en estos casos, donde la atendieron y confirmaron el abuso. Horas después, la joven presentó una denuncia ante la policía.

La joven ha regresado a España

Los agentes, según la información de Ansa, activaron de inmediato el protocolo de emergencia conocido como “código rojo” y se abrió una investigación bajo la supervisión del equipo especializado en delitos sexuales dirigido por la fiscal Letizia Mannella, si bien por el momento no hay detenidos. La joven prestó declaración para ayudar a reconstruir lo sucedido y aportó detalles relevantes sobre los agresores.

Tras los hechos, la estudiante ha regresado a España para reunirse con su familia, mientras las autoridades italianas continúan trabajando para identificar a los responsables.

La Policía Local de Blanes (Girona) rescató esta noche pasada a una mujer francesa que, según el cuerpo policial, había sido secuestrada y agredida por su expareja en una gasolinera cercana al centro de la ciudad. La intervención terminó con la detención del sospechoso tras intentar huir al ver a los agentes, de acuerdo con un comunicado que ha difundido este lunes Europa Press.

La alerta llegó pasadas las 22:30 horas por la presencia de un hombre que golpeaba un vehículo con una chica encerrada en el interior. Varias patrullas acudieron al lugar y el individuo fue interceptado después de una persecución, según la Policía Local de Blanes. Los agentes comprobaron que la joven figuraba como persona desaparecida en Francia y el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que estaba en paradero desconocido, según el comunicado. El detenido sostuvo que estaban de vacaciones, que ella era su pareja y que se alojaban en un hotel de Lloret de Mar, en la misma provincia catalana.

La mujer negó esa versión y dijo a los policías que se trataba de su expareja, que la había agredido y amenazado de muerte, y que le impedía comunicarse con terceros, hasta quitarle el móvil. Tras verificar con la Policía Local de Lloret que no constaba que ninguno estuviera alojado en el hotel mencionado, la Policía de Blanes arrestó al hombre como presunto autor de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños, y trasladó a la víctima a un lugar seguro.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Noticia en ampliación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables confirmó que los servicios especializados de atención y protección frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar seguirán operativos este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Perú.

Los 190 Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) que gestiona el Programa Nacional Warmi Ñan en las 25 regiones del país mantendrán atención las 24 horas. De ese total, 185 funcionan dentro de comisarías de la Policía Nacional del Perú, lo que permite articular de forma inmediata la respuesta institucional ante situaciones de riesgo.

Los equipos de estos centros brindan orientación, asesoría legal, gestión social y contención emocional a víctimas de violencia de género y violencia familiar. El Servicio de Atención Urgente (SAU), que se activa a través de los CEM y la Línea 100, también permanecerá en alerta. Este servicio moviliza equipos especializados al lugar donde se encuentre la víctima para garantizar su protección en situaciones de alto riesgo.

Canales de atención habilitados

La Línea 100, canal telefónico gratuito del MIMP, atenderá llamadas en castellano, quechua, aimara y awajún, con cobertura para poblaciones indígenas y rurales. Tanto víctimas como testigos de hechos de violencia pueden acceder a orientación y consejería a través de este servicio, disponible las 24 horas.

El Chat 100, plataforma digital de atención confidencial y en tiempo real, seguirá operativo en chat100.warminan.gob.pe. Este canal permite solicitar orientación sobre prevención de violencia en la pareja, relaciones saludables o situaciones de violencia activa, con la misma confidencialidad que la atención presencial.

Los Hogares de Refugio Temporal (HRT) también continuarán con sus puertas abiertas. Estos espacios acogen a mujeres víctimas de violencia junto a sus hijas e hijos, y ofrecen protección, alimentación y atención integral mientras reconstruyen sus proyectos de vida.

El despliegue durante la jornada electoral

La jornada de segunda vuelta implica el desplazamiento masivo de ciudadanos y la concentración de efectivos de seguridad en centros de votación, lo que puede reducir la disponibilidad inmediata de apoyo policial en zonas periféricas. Ante ello, la articulación entre los CEM, ubicados en su mayoría dentro de comisarías, y los planes de seguridad de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, que despliegan más de 53.000 y 44.000 efectivos respectivamente para la jornada, refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias.

Las cifras de atención de Warmi Ñan

El Programa Nacional Warmi Ñan registró durante 2025, a través de su Servicio de Atención Rural (SAR), 4.898 casos de violencia. El servicio cuenta con 67 equipos presentes en 72 distritos rurales de 49 provincias y 23 regiones.

Además, desarrolló 6.103 acciones de prevención con 161.560 participantes en comunidades de la costa, sierra y selva. En esos registros, el 85% de las víctimas atendidas fueron mujeres y el tipo de violencia más frecuente fue la psicológica (43%), seguida de la física (34%), la sexual (19%) y la económica (4%).

Toda la atención se enmarca en la Ley N.° 30364, norma que garantiza la respuesta oportuna y especializada del Estado frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. El MIMP instó a la ciudadanía a no postergar la solicitud de ayuda durante la jornada electoral y a comunicar cualquier situación de riesgo o agresión a través de los canales disponibles.

El exilio forzado de 347 mujeres entre 2018 y julio de 2025 expone en Nicaragua el alcance de la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre activistas, defensoras de derechos humanos y lideresas feministas, según un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), basado en registros de IM-Defensoras.

Del total de casos documentados, 95 corresponden a desplazamientos internos y 252 a exilios internacionales. Además, el registro incluye 84 situaciones de desplazamiento de familiares de activistas, motivadas por riesgos de detenciones inminente

El estudio de CETCAM, titulado “Cuidar la vida: Reconfiguración de los cuidados y experiencias de mujeres nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica (2020-2025), sostuvo que la represión no solo empujó a estas mujeres al desplazamiento, la vigilancia y la privación arbitraria de la nacionalidad, sino que desmontó de forma deliberada las redes comunitarias de protección.

Ese quiebre dejó a miles de mujeres sin apoyo frente a la violencia de género y los femicidios, tras la desaparición de los sistemas independientes de monitoreo que antes sostenían las organizaciones civiles.

El informe reconstruyó esa crisis a partir de testimonios de mujeres que intentaron reorganizar su vida en la clandestinidad interna o en el exilio en Costa Rica. El trabajo describió el costo físico y emocional de sostener cuidados familiares bajo el terror estatal o la precariedad migratoria.

La represión también desarmó las redes de cuidado

CETCAM afirmó que el impacto del régimen nicaragüense sobre las mujeres no se limitó a la expulsión de activistas. También alcanzó la estructura cotidiana que permitía responder a emergencias, acompañar casos de violencia y sostener la vida en comunidad.

La consecuencia inmediata fue doble: por un lado, el exilio de defensoras y feministas; por otro, el desamparo de quienes dependían de esas redes. El informe señaló que la ofensiva estatal borró mecanismos civiles de protección y vigilancia que funcionaban antes de la crisis.

Luz, una mujer indígena miskita exiliada en Costa Rica, relató en el informe cómo el desplazamiento agravó su marginación. Dijo que quedó aislada por el idioma, la falta de ingresos propios y la desaparición total de sus redes familiares de apoyo.

Su testimonio condensó esa lógica de postergación personal: “Yo estoy para mis hijos, todo el tiempo estoy para ellos, digamos así. Y no, para mí misma no tengo tiempo. Yo de día y noche estoy para mis hijos”.

El exilio trasladó la carga al espacio doméstico

Chilo, otra madre entrevistada por CETCAM, describió el desgaste subjetivo que produjo la combinación entre violencia política y sobrecarga de trabajo doméstico. Dijo que el autocuidado se volvió una meta difícil, aunque empezó a nombrarlo como una forma de resistencia.

“Creo que no tomo mucho tiempo para mí. Pero podría decirse que estoy comenzando, al menos apalabrarlo, reconocer que necesito tener tiempo para mí y recuperarme”, afirmó.

El informe también registró los vacíos institucionales que enfrentaron quienes huyeron del país. Violeta contó que la solidaridad comunitaria chocó con obstáculos burocráticos internacionales cuando intentó proteger a familias desplazadas en condición irregular.

Esta crisis se agudiza drásticamente cuando las mujeres intentan generar ingresos económicos en los países de destino, cayendo en dinámicas de abandono personal severo.

El informe detalla que el período de máxima sobrecarga para Nydia Elisa correspondió a un emprendimiento gastronómico que sostuvo tras su exilio.

​“Yo no me daba cuenta lo abandonadísima que estaba, porque funcionaba en automático. Era despertarme, bañarme, ir a cocinar, pasar ahí 10 horas, salir, ducharme, empijamarme, ver al niño, las cositas de la casa y repeat, volver a empezar. Yo ni me peinaba, porque yo decía, aparte, debo tener el pelo metido en esa gorra de cocina. El abandono fue total y yo no me daba cuenta en esos momentos… eso es impresionante”, expresó.

El viento cálido de mayo no trajo alivio a las comunidades de la República Dominicana; trajo, en cambio, el eco de los llantos fúnebres.

En un lapso de apenas treinta y un días, el territorio nacional se convirtió en el escenario de una descarnada secuencia de violencia de género que segó la vida de al menos ocho mujeres de manera oficial, dejando al descubierto la vulnerabilidad extrema que enfrentan las ciudadanas en sus propios entornos afectivos.

El repunte criminal, caracterizado por la saña de los ataques y la recurrencia del patrón de homicidio-suicidio, desbordó las estadísticas y obligó a las más altas instancias del Estado a declararse en una situación de alerta institucional ineludible.

El goteo de sangre comenzó temprano. El 3 de mayo, la juventud y las aspiraciones de Diana Elena Evangelista, de apenas 18 años, quedaron sepultadas bajo el peso de la violencia en el sector de Villa Duarte, en Santo Domingo Este. Su cuerpo fue hallado con múltiples heridas cortopunzantes.

Horas más tarde, la rápida intervención policial culminó con la captura del presunto responsable, Erick Daulin Urbáez Farcón, un joven cuya detención abrió formalmente la bitácora de un mes que pasaría a la historia contemporánea dominicana como uno de los más letales para la población femenina.

Apenas tres días después, el 6 de mayo, la tragedia golpeó por partida doble en el Gran Santo Domingo, desnudando un alarmante componente institucional: la implicación de miembros de los cuerpos de seguridad. En el sector Barrio Nuevo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, fue ejecutada a tiros por su propia pareja, Railin de la Rosa Moquete, sargento activo de la Policía Nacional.

De forma casi simultánea, en Los Frailes, Santo Domingo Este, la joven Nikaury Alicia Heredia Taveras, de 27 años, expiraba en una cama de hospital tras batallar durante jornadas agónicas contra las heridas de bala que le propinó su compañero sentimental, Adonis Pimentel, un raso de la misma institución policial.

La geografía del dolor se extendió rápidamente hacia el este profundo. El 7 de mayo, la comunidad de La Higuera, en la provincia de El Seibo, fue testigo de un crimen que las organizaciones feministas catalogaron inmediatamente como un acto de saña desmedida.

Providencia Marte falleció tras ser rociada con gasolina y prendida fuego por su pareja. Las llamas no solo extinguieron su vida de forma atroz, sino que encendieron la indignación colectiva. Aunque el sospechoso fue arrestado y puesto a disposición judicial, el ensañamiento del caso dejó una cicatriz imborrable en el imaginario social.

El patrón destructivo del homicidio-suicidio

A mediados de mes, los agresores comenzaron a replicar un patrón destructivo que anula cualquier posibilidad de rendición de cuentas inmediata: matar y luego quitarse la vida. El 11 de mayo, en la pacífica localidad de Ojo de Agua, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, Rómulo Rafael Almánzar interceptó a su pareja, Alfania Manuela Hernández, de 29 años, y la asesinó a tiros antes de volver el arma contra sí mismo y suicidarse en la escena del crimen.

Las autoridades que levantaron ambos cadáveres solo pudieron certificar el cierre expedito de un caso judicial por la muerte del victimario, pero la fractura familiar ya era permanente.

Dos días después, el 13 de mayo, la escena volvió a calcarse en Alma Rosa I, Santo Domingo Este. Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, fue perseguida en plena vía pública y atacada a balazos por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, quien posteriormente se suicidó.

Este caso en particular encendió la indignación de los allegados, pues se confirmó que Moronta había interpuesto denuncias previas por hostigamiento. Los papeles, las restricciones teóricas y las promesas de seguridad burocrática se disolvieron ante la determinación letal del agresor.

La penúltima víctima identificada de esta fatídica cronología fue Indhira Carolina Beltré, de 33 años, asesinada el 17 de mayo en el sector La Toronja, también en Santo Domingo Este. Su expareja, Camilo Rodríguez, de 52 años, utilizó un arma blanca para agredirla mortalmente dentro de su propia residencia.

Cuando el mes parecía expirar, la violencia machista asestó su golpe más cruento en el polo turístico de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia. La noche del 30 de mayo, Yuri Ernestina Zapata Pichardo, una mujer de 40 años, fue atacada salvajemente con un machete en un episodio de barbarie extrema.

El principal sospechoso, su expareja Leandro Almonte Lantigua, emprendió la huida inmediatamente después de cometer el hecho. La División de Investigación Criminal (DICRIM) desplegó operativos de rastreo y revisó minuciosamente las cámaras de seguridad locales, emitiendo una orden de captura internacional mientras la comunidad marchaba exigiendo justicia en las calles.

A estos siete nombres se suman otros casos que aún no se han dado a conocer públicamente en su totalidad o que permanecen bajo estricta investigación y proceso de reclasificación por parte de los patólogos forenses.

El Ministerio Público y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial señalaron que la cifra acumulada en los primeros dos trimestres del año ya supera la veintena de mujeres asesinadas por razones de género, proyectando un panorama desolador que sitúa el total oficial por encima de los 27 feminicidios hasta el cierre de mayo.

Una mujer de Berisso, en La Plata, denunció a su expareja por haberla abusado sexualmente en su casa mientras su hija de tres años estaba presente. El episodio ocurrió durante la madrugada del 29 de marzo, cuando el hombre, de 34 años, ingresó al domicilio sin permiso y agredió a la denunciante. La mujer explicó que no pudo hacer la denuncia de inmediato porque temía que el agresor pudiera tomar represalias contra ella o su hija, ya que, según su testimonio, el hombre la había amenazado en diferentes oportunidades si se atrevía a acudir a la justicia o a pedir ayuda.

Tras el ataque, la víctima buscó contención en su entorno familiar y luego se animó a formalizar la denuncia ante la Comisaría de la Mujer. Contó que la relación de pareja terminó hace aproximádamente ocho meses, pero los problemas no cesaron. Según su testimonio, el hombre continuó con amenazas, hostigamientos y otros episodios de violencia después de la separación.

El expediente judicial también incluye antecedentes de violencia previos, como un episodio de diciembre de 2025 en el que la víctima fue amenazada e insultada delante de sus hijos. La mujer aportó capturas de mensajes y testimonios de allegados que presenciaron situaciones conflictivas, lo que permitió a la justicia reconstruir un patrón de conductas intimidatorias y violentas por parte del acusado.

En la denuncia, también detalló que sufrió maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante años, y que su hija fue testigo de varias situaciones violentas dentro del hogar. Según 0221, la mujer consultó a médicos por dolores y lesiones que, según ella, estuvieron relacionados con los hechos violentos.

En Argentina, los hechos de abuso sexual pueden juzgarse bajo diferentes figuras penales, según la gravedad. El abuso sexual simple prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que en casos agravados la condena puede superar los 20 años. Los juicios suelen requerir pruebas médicas, psicológicas y testimonios directos.

Abusó sexualmente a su prima y la denuncia llegó a juicio en La Plata

Tras más de cinco años de trámite judicial, llegará a juicio oral en La Plata la denuncia por abuso sexual simple contra un odontólogo que habría atacado a su prima durante una reunión familiar en diciembre de 2020. La denunciante, una joven estudiante universitaria, aseguró que el acusado ingresó a la habitación donde ella dormía y la sometió a tocamientos y besos sin su consentimiento.

El expediente atravesó numerosas instancias, incluyendo pedidos de sobreseimiento y planteos de suspensión del juicio a prueba (probation). La denunciante se opuso desde el inicio a esa alternativa porque buscaba ser escuchada en un debate y obtener una resolución judicial sobre los hechos. A lo largo de la investigación, la denunciante se mantuvo bajo tratamiento psicológico debido al impacto del episodio en su vida personal y emocional.

La jueza Claudia Grecco, ordenó la apertura del debate oral. La acusación que será analizada en el Juzgado Correccional N° 4 de La Plata es la de abuso sexual simple. Durante todo el proceso se mantuvo una medida cautelar que impide al acusado acercarse a menos de 200 metros de la denunciante.

Durante la etapa preparatoria del juicio, los abogados de la víctima, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, solicitaron la detención del acusado luego de que se constatara que había salido del país sin autorización y se encontraba en Uruguay. El acusado negó los hechos y declaró que la acusación era falsa.

El juicio, programado para el 10 de junio cuenta con testimonios de asistentes a la reunión, informes psicológicos y psiquiátricos, y pericias sobre ambas partes. El Juzgado deberá determinar si existen pruebas suficientes para una condena.

El juicio oral contra Victor Manuel Figueroa por el doble homicidio de su pareja Rosana Coronel y su cuñado Oscar, dictó la sentencia. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó este viernes al acusado a prisión perpetua por los crímenes cometidos el 23 de diciembre de 2023 en una casa del barrio Las Heras. De acuerdo con el fallo, los jueces también lo hallaron culpable por amenazas agravadas contra una adolescente y por portación ilegal de arma de guerra.

El ataque ocurrió minutos antes de las 20:10 en una vivienda de Rosales Bis al 10000, cuando la víctima preparaba la cena de Navidad, informó La Capital. En el juicio se acreditó que Figueroa llegó al lugar junto a Oscar tras haber consumido alcohol y discutió con su pareja. El tribunal descartó el planteo de la defensa sobre un supuesto estado de emoción violenta y dio por acreditado que el homicidio de Rosana ocurrió en un contexto de violencia de género.

Según la acusación de la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, Figueroa llegó alcoholizado a la vivienda familiar, quiso poner música y discutió con Rosana Coronel cuando ella se negó. Uno de los testigos más relevantes para poder determinar la culpabilidad de Figeroa fue el de la hija de Rosana Coronel, quien declaró mediante cámara Gesell y reconstruyó los momentos previos a la tragedia.

Declararó que la negativa respondía a un duelo reciente en la familia y a que Rosana no quería música ni festejos: “Mi mamá le dijo que bajara la música y ahí empezaron las peleas. Él quiso pegarle y mi tío se metió para defenderla”. Además, el testimonio de la hija fue la clave para describir el contexto de violencia: “Cuando mi padrastro venía borracho siempre se ponía histérico”. En la sentencia se expresó: “Todos (los testigos y allegados a la pareja) afirmaron también que cuando Figueroa consumía alcohol se ponía violento”.

Según la reconstrucción del hecho, el hombre se alteró, lanzó amenazas y repitió frases como que no lo hicieran hacer “algo que no quería hacer”. Figueroa fue a la habitación que compartía con Rosana, tomó un revólver calibre .38 y regresó armado. Primero disparó contra Oscar y lo mató con un tiro en la cabeza. Luego atacó a Rosana y le efectuó un disparo en el cuello. Rosana y Marcelo Coronel tenían 46 y 48 años, respectivamente.

La joven también sostuvo que la acusación cuenta con elementos de prueba suficientes. “Está todo probado. Hay audios de mis hermanas llorando pidiendo ayuda, amenazas y además a él lo encontraron pocas horas después con el arma”, afirmó.

Después del ataque, de acuerdo con la acusación, Figueroa entró en la habitación de una de las hijas de la víctima, la amenazó con el arma y escapó en su auto. Minutos antes de la medianoche de ese mismo día, efectivos de la Comisaría 11ra lo detuvieron tras un llamado al 911, mientras circulaba en el vehículo usado para huir. Por otro lado, la mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, pero murió antes de llegar.

El escrito de la fiscalía puso el foco en los testimonios de hijas y nietas de Rosana Coronel, quienes declararon ante la Justicia que Figueroa había amenazado a la mujer antes del crimen. Esa línea es parte del sustento de la acusación presentada por Romina Díaz. La primera audiencia se desarrolló con familiares de las víctimas en la sala. “Estamos todos muy angustiados, recordando todo otra vez. Ya hace dos años y unos meses que no está mi mamá ni mi tío y es volver a vivir lo mismo”, dijo uno de ellos.

El arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, alertó este jueves, durante la celebración de Corpus Christi en República Dominicana, sobre el avance de los feminicidios, la violencia intrafamiliar y el deterioro de la salud mental. Ante miles de fieles, dijo que más de 30 mujeres murieron este año a manos de sus parejas o exparejas, según Hoy y De Último Minuto.

Rodríguez sostuvo que estos problemas afectan la convivencia social y requieren una respuesta colectiva que vaya más allá del castigo penal. También describió la violencia que atraviesa al país como un fenómeno “patológico”, de acuerdo con De Último Minuto.

Durante la eucaristía, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, dijo que la violencia intrafamiliar “desgarra a tantas familias” y que su manifestación más extrema está en los feminicidios. El religioso expresó: “La vergonzosa violencia intrafamiliar que desgarra a tantas familias, con su expresión más abominable en los feminicidios, la eucaristía invita a los creyentes a convertirse en signos visibles de esperanza y reconciliación”.

El planteo sobre violencia y salud mental

El mensaje del arzobispo fue que la violencia no se limita a los hechos cometidos con armas y que parte del problema está ligada al estado de la salud mental. “No quiero hablar solamente de la violencia que viene a través de un disparo o de un arma; estamos viendo una violencia que se está volviendo casi patológica, que tiene mucho que ver con el deterioro de la salud mental”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez sostuvo que muchos de los hechos violentos que se producen en hogares y comunidades requieren atención especializada y no únicamente respuestas judiciales, según De Último Minuto. En sus palabras: “No es una violencia que necesariamente se soluciona con prisión, sino con atención a la salud mental”.

También se refirió al crecimiento de la violencia psicológica y emocional, según Hoy. Durante la homilía, afirmó: “El preocupante aumento de la violencia psicológica y emocional, unido al reciente deterioro de la salud mental, nos llama a fortalecer…”.

En otra de sus intervenciones, pidió buscar explicaciones de fondo para esos comportamientos y promover una cultura de respeto, cuidado mutuo y atención integral de las personas. Rodríguez dijo: “El problema de la salud mental hay que abordarlo desde sus raíces, buscando explicaciones y soluciones a situaciones que están afectando las fibras más sensibles de nuestra sociedad”.

La celebración de Corpus Christi en Santiago

La advertencia fue planteada en el marco de una de las principales solemnidades del calendario católico. La festividad de Corpus Christi representa una manifestación pública de la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y conmemora su presencia en el pan y el vino consagrados durante la misa.

La celebración religiosa comenzó a las 7:00 con una procesión encabezada por la Arquidiócesis de Santiago, que salió desde la Catedral Santiago Apóstol el Mayor y llegó hasta el Estadio Cibao, donde se ofició la eucaristía, según De Último Minuto.

El acto reunió a creyentes procedentes de distintos municipios de la provincia de Santiago en una manifestación de fe por las calles de la ciudad, de acuerdo con De Último Minuto. Corpus Christi también es un día feriado en República Dominicana.

La Policía Nacional ha hallado este viernes a un hombre y una mujer muertos por arma de fuego en una vivienda al norte de la ciudad de Málaga. Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo crimen machista, lo que elevaría a 24 las mujeres víctimas de violencia de género este 2026.

Según ha informado EFE, los cadáveres fueron hallados este viernes alrededor de las 7:30 horas de la mañana en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada La Palma. El 112 recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de dos personas aparentemente muertas en una vivienda.

Rápidamente, equipos de la Policía Nacional y el 061 se movilizaron al lugar de los hechos. En el domicilio, encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y una mujer de 51, con heridas provocadas por un arma de fuego. Los efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de ambos.

La policía apunta a un nuevo crimen machista

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta. Las primeras pesquisas apuntarían a que la mujer fue asesinada por su pareja, un hombre de 56 años, que después se habría quitado la vida.

Según ha informado la Policía Nacional a Efe, ni la mujer ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la “gran lacra” de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Mientras, la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno, que deberá confirmar si el caso tuvo naturaleza machista.

De confirmarse, la malagueña sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

La Legislatura de Santa Fe resolvió suspender por 90 días sin goce de sueldo a la fiscal María Verónica Ballari, quien se desempeñaba en la Fiscalía Regional 2, tras detectarse demoras e irregularidades en una investigación por violencia de género. La denuncia había sido radicada por Ailén Ayelén Oggero (32), la enfermera que fue asesinada a disparos en la puerta de su casa en Rosario.

La medida fue adoptada luego de que la Comisión de Acuerdos considerara su actuación en causas vinculadas a violencia de género. Según plantearon los legisladores, la situación quedó expuesta tras el femicidio de Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en un domicilio del barrio Belgrano.

Inicialmente, el pedido de sanción había sido formulado por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Leandro Mai. De esta manera, determinaron suspenderle el sueldo por 90 días.

Si bien la fiscal no estaba a cargo de la investigación del crimen, sí gestionaba la causa previa en la que la víctima había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de su ex pareja, un hombre de 34 años identificado como Jonathan Oscar Omill. Por este motivo, le reprocharon no haber imputado y/o solicitado medidas cautelares en contra del denunciado antes de que fuera asesinada.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, la denuncia fue radicada en noviembre de 2024 ante un Centro Territorial, cuando Oggero acusó a su ex por agresiones y amenazas reiteradas. En esa oportunidad, relató haber vivido un episodio en el que Omill había ingresado por la fuerza a su vivienda, la agredió y la privó de la libertad durante dos horas.

A raíz de esto, el acusado recibió una restricción de acercamiento, pero no fue imputado ni detenido hasta después del crimen. No obstante, post crimen, la ex pareja de la víctima fue condenada el 2 de marzo de este año por delitos de violencia de género que le endilgaron. Producto de un juicio abreviado homologado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, se acordó una pena de 4 años y 6 meses de prisión.

Tras conocerse la sanción, el defensor de Ballari, el penalista Gustavo Franceschetti, anunció que impugnarán la sanción ante la Corte provincial y nacional. Además, anticipó que presentarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la argumentación de que se trata de una “responsabilidad objetiva”.

Por su parte, la fiscal rechazó la suspensión y afirmó que “responsabilizan a una fiscal por un femicidio que no ocurrió”, tras asegurar que se comprobó que Omill no habría sido el autor material del asesinato. “Nada tiene que ver la supuesta ‘imputación tardía’ con la muerte de Ailén, ya que aún no se sabe quién ni por qué la mataron”. Además, sostuvo que la medida respondería a motivos políticos y advirtió que “los fiscales no pueden estar bajo control político”.

La investigación del femicidio está a cargo de Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, y actualmente, se manejan dos hipótesis principales. Una de ellas vincula a Omill como presunto instigador, mientras que la otra involucra a Jésica González, ex pareja del jefe narco Claudio “Morocho” Mansilla, quien habría ordenado el crimen por su relación con Omill.

Hasta el momento, ninguna de las hipótesis derivó en imputaciones formales y/o detenciones. En un primer intento, Omill fue detenido el mismo día del crimen, pero fue liberado cuando comprobaron que no podría haber estado en la escena, debido a que a esa hora había marcado el ingreso en su trabajo.

Ante esta situación, la madre de la víctima denunció que hubo “detalles y cosas que no se tuvieron en cuenta en el momento”. En línea con esto, reveló que en la casa del agresor habían encontrado armas de fuego y municiones.

Incluso, recriminó el accionar de la fiscal al apuntar: “Cuando nosotros hablamos la primera vez con ella dijo: ‘Nosotros estábamos a punto de volverlo a llamar para tomarle otra declaración, pero no nos dio tiempo’. O sea que esperaba que los delincuentes le dieran tiempo a la fiscal”.

Además, reveló que ella y los hijos de la víctima vivían con miedo cada vez que salían de la casa. “Un año pasó y todavía no se sabe quién le hizo eso a mi mamá. ¿Cómo pasó tanto y no saben quién le hizo eso a mi mamá?”, citó la queja de la hija menor de la enfermera.

El 18 de febrero de 2025, Oggero fue atacada en su domicilio de Prusia al 6700 por un tirador que efectuó cinco disparos, los cuales impactaron en la cabeza y los brazos de la víctima. Sus hijos, de cuatro y once años, presenciaron la situación desde dentro de la casa.

En la escena del crimen, los investigadores hallaron siete vainas servidas. Incluso, desde el minuto cero, el entorno de la enfermera señaló a Omill como posible organizador, aunque las pruebas lo ubicaron trabajando en otro lugar al momento del ataque.

Entre los últimos elementos anexados a la causa, identificaron el tipo de vehículo que utilizó el atacante. Sin embargo, indicaron que este circulaba con una patente adulterada. Además, aseguraron que trabajarían en elaborar un identikit del responsable y solicitar un ofrecimiento de recompensa para quienes aporten datos concretos sobre el crimen.

El Salvador registró 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de 2026, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), un colectivo de promoción de derechos de la mujeres en el territorio salvadoreño.

La cifra, del observatorio divulgado este jueves, representó un aumento del 18% frente al mismo período de 2025, cuando se documentaron 11 casos. Entre enero y mayo hubo dos casos en enero, uno en febrero, tres en marzo, dos en abril y cinco en mayo. Ese mes concentró el 38,5% del total, con un promedio mensual de 2,6 casos.

La mayoría de los crímenes se registró en Santa Ana, con seis de los 13 feminicidios, seguida de San Salvador con tres casos. Cabañas, La Paz, La Libertad y Usulután reportaron un caso cada uno.

“La ocurrencia de estos casos reitera la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres. En ese contexto, es vital mantener estrategias de prevención, protección y atención integral dirigidas a las mujeres, así como mejorar los mecanismos de seguimiento y análisis de la violencia de género, con el fin de contribuir a la reducción de estos hechos”, destaca el informe.

Perfil de las víctimas y vínculo con los agresores

Las víctimas identificadas fueron principalmente adultas, con edades entre 26 y 65 años. Los grupos más afectados fueron los de 31 a 35 y 46 a 50 años. En cinco casos no se pudo determinar la edad por falta de datos periodísticos.

Al menos nueve de los casos fueron cometidos por personas conocidas: seis por la pareja, uno por la pareja y una persona conocida, uno por la pareja de una conocida y dos por personas conocidas de la víctima. En tres casos no fue posible identificar el vínculo.

“Los feminicidios de pareja evidencian control y violencia hacia las mujeres en el ámbito privado, mientras que los casos de otros agresores revelan que la violencia feminicida va más allá del hogar, vinculándose a factores estructurales de discriminación y desigualdad de género", instruye la organización ciudadana.

Tipología y causas de muerte

El informe de ORMUSA distinguió entre feminicidios de pareja, con siete casos, y muertes violentas perpetradas por otros agresores, con seis casos.

Los mecanismos de muerte más frecuentes fueron armas blancas, con tres casos, y asfixia, con dos. También se registró un caso por golpes y objetos contundentes, uno por armas de fuego y uno en circunstancias sospechosas. En tres casos no se pudo precisar la causa.

Indicios de violencia sexual

El observatorio identificó tres feminicidios con indicios de violencia sexual: un caso de violación, un intento de violación y otro en el que el cuerpo de la víctima fue encontrado semidesnudo.

El informe señaló la necesidad de profundizar las investigaciones con perspectiva de género para esclarecer esos hechos.

Respuesta institucional

Del total de agresores, 11 fueron capturados, uno se suicidó y en tres casos no se pudo establecer la situación.

El monitoreo advirtió sobre la concentración de casos en Santa Ana y la alta proporción de agresores conocidos. También planteó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección e investigación, además de mejorar el acceso a la justicia para garantizar respuestas institucionales.

La justicia salvadoreña impuso la pena máxima de 50 años de prisión a tres miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el feminicidio agravado de una mujer cuyo cuerpo fue hallado oculto en un pozo en Apopa.

El fallo se emitió este jueves tras acreditar la responsabilidad de Leonel Antonio Hernández Flores, Tomás Jiménez y Jorge Alexander Martínez Jiménez en los hechos ocurridos en febrero de 2022, según reportó el Centro Judicial de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

De acuerdo con la investigación, los condenados formaban parte de una estructura criminal que operaba en la zona de Apopa. La víctima había sido amenazada por rechazar una relación sentimental con Hernández Flores, alias Demente, y por tener una pareja ajena a la pandilla.

Por temor a represalias, tuvo que abandonar su vivienda y refugiarse en otra colonia cercana, según detalló el tribunal.

El 7 de febrero de 2022, la mujer acudió a la colonia San Carlos tras ser citada por Hernández con la promesa de discutir su posible regreso a casa.

Al llegar, fue interceptada por los pandilleros, quienes la obligaron a internarse en la colonia. Al no regresar, su pareja denunció la desaparición.

El cuerpo fue encontrado cinco días después, el 12 de febrero, dentro de un pozo en el terreno de una vivienda. La autopsia reveló heridas de bala, golpes y signos de violencia, confirmó el juzgado, según información oficial difundida por el Centro Judicial de El Salvador.

Durante la vista pública, la prueba testimonial acreditó que la víctima expresó sus temores y el motivo por el cual acudiría a la cita. El testimonio de Tomás Jiménez resultó clave al relatar cómo se planeó y ejecutó el crimen, identificando a los participantes y el lugar donde finalmente se localizó el cadáver.

El tribunal también procesó a Sandra María Alfaro Argueta, condenada a 15 años de cárcel por desaparición de personas tras comprobar su colaboración con los pandilleros en actividades delictivas vinculadas al caso.

La situación de la víctima fue descrita como de alta vulnerabilidad, pues antes de ser asesinada sufrió desplazamientos, amenazas y agresiones reiteradas por parte de los miembros de la MS-13. El tribunal concluyó que existió un patrón de control y violencia de género previo al crimen, según lo documentado por las autoridades judiciales.

En El Salvador, la violencia feminicida persiste pese a la reducción de los registros oficiales. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), en 2025 se reportaron 26 feminicidios, lo que representa un descenso del 33 % respecto a 2024, cuando se documentaron 38 casos. En lo que va de 2026, Ormusa contabiliza al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, con predominio de la violencia intrafamiliar y métodos letales como armas de fuego, asfixia y golpes.

Las sentencias por feminicidio agravado en el país han oscilado entre 30 y 50 años de prisión, aunque desde abril de 2026 nuevas reformas prevén la posibilidad de prisión perpetua para estos delitos. Recientemente, tribunales salvadoreños han dictado condenas de entre 30 y 50 años en casos similares, tanto por feminicidio como por homicidio agravado de mujeres en contextos de violencia doméstica o de pareja.

La condena dictada en Apopa constituye uno de los fallos más severos aplicados en 2026 y se suma a una serie de decisiones judiciales orientadas a combatir la impunidad en los crímenes de género, de acuerdo con las autoridades judiciales salvadoreñas.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en redes sociales, el operativo fue realizado por agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) y el Ministerio Público, en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJO035181 dictada el 1 de mayo de 2026 por autoridades del Distrito Nacional. El hecho que motivó la detención fue una denuncia formal presentada por la expareja de Hernández Santos, Rosemry Pichardo, quien acusó al joven de 20 años de amenazas, agresiones y acoso.

De acuerdo con la información oficial, Chukito era buscado activamente tras la denuncia de la víctima, quien también expuso su caso en plataformas digitales y medios de comunicación. La intervención policial respondió a la preocupación social y al seguimiento que el caso generó en la ciudadanía. Pesqueira detalló que la detención derivó de la presunta violación de los artículos 309-1 y 309-9 del Código Penal Dominicano, normativas que abordan la violencia de género y las agresiones contra la mujer.

Según el Código Penal de República Dominicana, el artículo 309-1 establece que constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública o privada, que cause daño físico, sexual o psicológico a la mujer, empleando fuerza física, violencia psicológica, intimidación o persecución, en razón de su género. El artículo 309-9, por su parte, define las circunstancias agravantes y fija sanciones más severas cuando los hechos ocurren bajo amenazas, en presencia de menores, o si el agresor porta armas, entre otros supuestos.

Las penas por violaciones a estos artículos oscilan entre uno y cinco años de prisión, multas de entre 500 y 5,000 pesos dominicanos, y la restitución de bienes dañados. En los casos agravados, la sanción puede llegar a diez años de reclusión, de acuerdo a la documentación oficial.

La Policía Nacional informó que Hernández Santos fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes y que el proceso judicial seguirá su curso conforme a lo estipulado en la ley. Fuentes oficiales indicaron que la investigación sigue abierta y que la víctima cuenta con medidas de protección, conforme a las facultades que otorga la legislación vigente en materia de violencia de género.

El caso de “Chukito” se inscribe en un contexto nacional de alta incidencia de violencia contra la mujer en República Dominicana. Según datos del Ministerio Público recogidos en el Boletín Estadístico de enero a mayo de 2026, se registraron más de 17,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Solo en el primer trimestre del año se documentaron 22 feminicidios, cifra que ascendió a 32 muertes violentas de mujeres al cierre de mayo. La provincia de Santo Domingo concentra el mayor número de casos, con 5,766 denuncias hasta el momento.

El marco legal dominicano, reforzado desde la promulgación de la Ley 24-97, define claramente la violencia de género y establece mecanismos de atención y protección a las víctimas.

La respuesta institucional ante el caso de Chukito evidencia el enfoque que las autoridades han adoptado frente a este tipo de delitos, priorizando la protección de las víctimas y la aplicación estricta de la ley. La Policía Nacional y el Ministerio Público han reforzado los operativos de inteligencia y las campañas de concientización, en un esfuerzo por disminuir los índices de violencia de género y garantizar el acceso a la justicia.

Las estadísticas oficiales muestran un patrón sostenido de denuncias, con una mayoría de casos relacionados con violencia intrafamiliar y de pareja. El vínculo predominante entre víctima y agresor corresponde a relaciones de expareja, como en el caso de Rosemry Pichardo y Jean Carlos Hernández Santos. El seguimiento judicial y social de hechos como este se mantiene como un tema de alta prioridad en la agenda pública y legal de República Dominicana.

La discusión empezó a escalar cuando Quintar cuestionó por qué hubo numerosas críticas al Presidente en la marcha de Ni Una Menos, que tuvo lugar este miércoles en el Congreso y en distintos puntos del país.

“Hoy, una vez más todo el kirchnerismo o la rancia política aprovechó para caranchear una causa noble, como es la defensa de los derechos de las mujeres”, expresó Quintar, tras solidarizarse con la familia de Agostina Vega y su muerte, a la calificó como un hecho “terrible”.

El “diputesla”, quien se hizo conocido por exhibir un coche de alta gama Tesla Cybertruck en el Congreso, planteó que este tipo de reproches sucedieron con la ley de financiamiento universitario, las políticas de discapacidad y jubilaciones. Por lo tanto, la convocatoria de organizaciones feministas “deslegitimó la marcha, que era genuina y en la que todos coincidimos”.

“En el kirchnerismo se pintan la cara en favor de las mujeres y en contra de los delincuentes, cuando votaron en contra de la ley de baja imputabilidad, del banco de datos genético de violadores, del régimen de salidas transitorias y de la reiterancia delictiva”, expresó.

Victoria Donda, portando una imagen de la adolescente asesinada y con gestos de incomprensión, contestó: “Responder acusaciones mentirosas es realmente difícil. Nunca hubo una ley que elimine la prisión efectiva de los violadores. Asi que difícilmente alguien pudo haber votado en contra de eso”.

Por otro lado, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en el gobierno de Axel Kicillof recordó que el gobierno de Milei hizo “un recorte de presupuesto brutal sobre la línea 144, que es la línea para ayudar a mujeres en situación de violencia”, donde ajustaron 45% de la planta de esa línea, por lo que “pueden atender menos llamados”.

Y remató: “El programa Acompañar, que asiste a mujeres que son víctimas de violencia, pasó de 100 mil personas asistidas y acompañadas por el Estado en el 2023 a 434 que están proyectadas para el año 2026. Entonces, que nos vengan a decir que defienden las mujeres... ¿A qué mujeres defienden?“.

Quintar retrucó con la consigna que hizo circular el Gobierno para defenderse de las críticas de la oposición: "Bajaron el 30% los femicidios“.

En ese instante, Donda estalló de furia: ”Disculpáme, no quiero hablarte a vos. No voy a intercambiar con un señor que nos está tomando el pelo y nos está tomando de pelotudas“. “Usted está tomándonos el pelo. Bajaron los femicidios, falta un montón, hay que trabajar para que sean bastante menos”, insistió Quintar.

La ex titular del INADI lo exhortó a que la deje terminar de hablar y luego “vos seguís mintiendo todo lo que quieras”. “Hay menos femicidios por el simple y sencillo hecho de que instruyeron a aliados de ellos en el Poder Judicial, para que nos los caratulen como femicidios, y los pongan como homicidio”, dijo, y puso como ejemplo que el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa de Agostina Vega, quien se negaba a caratular el asesinato en ese tipo penal.

“Lo que están haciendo es jugando con la vida de las mujeres. Las mujeres estamos en riesgo por el resultado de hijos de puta que impulsan proyectos de ley como las falsas denuncias para que no denunciemos la violencia. Ustedes querían eliminar la figura de femicidio en el Código Penal. Fue tu bancada la que lo quiso hacer. Dejá de mentir”, fustigó Donda.

Luego, Quintar sostuvo que “tiene que caer el peso de la ley en todos los casos”, y cuestionó la falta de pronunciamientos de referentes kirchneristas ante situaciones de violencia en gobiernos anteriores.

El tenso intercambio dejó expuestas las diferencias tras la realización de la 11° marcha Ni Una Menos, que bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, reunió a miles de personas frente al Congreso y en distintas ciudades del país.