Un hombre de 48 años ha sido detenido en Figueres, Girona, tras matar a una mujer en la calle. Al parecer, el presunto asesino acuchilló a la víctima en la plaza Tarradellas a plena luz del día, tal y como ha informado El Periódico. Aunque la identidad de la mujer no ha trascendido a los medios, las fuentes policiales han confirmado que se trataría de su expareja de 33 años, quien ha perdido la vida poco antes de las 15 horas.

Además, las autoridades han afirmado que el hombre detenido tenía una orden de alejamiento vigente respecto de la víctima de 33 años, la cual habría incumplido en al menos dos ocasiones previas. Tal y como ha podido saber La Ser, la última vez que violó la orden judicial fue este mismo sábado, por el que acabó detenido.

En la intervención participaron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana de Figueres que arrestaron al sospechoso en el mismo lugar de los hechos minutos después de la agresión. En estos instantes, los Mossos están hablando con los testigos que deambulaban por la zona en el momento del crimen.

Además de haber acordonado la zona, las fuentes policiales han informado a la SER que tras los hechos, el presunto asesino se ha desplazado a una de las fuentes de la plaza para limpiarse las manos. En los primeros minutos de la emergencia, el SEM notificó sobre la intervención en la zona. Para minutos más tarde dar la noticia de que se trataba de un homicidio por violencia de género.

Ante esto, el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado un minuto de silencio para mañana en la plaza del Ayuntamiento. Recordemos que este es el tercer crimen machista en Cataluña desde que empezó 2026. Por el momento, la investigación sigue abierta y en manos de los Mossos d’Esquadra, que trabajan para esclarecer las causas del crimen.

Contactos de ayuda para las víctimas de violencia de género

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Noticia en ampliación

Autoridades emberá, Connpec, comunidad emberá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Unidad para las Víctimas, Ministerio Público denunciaron explotación de menores y advirtieron sobre posibles redes que captarían familias indígenas para trasladarlas a Bogotá, en medio de una crisis humanitaria que afecta principalmente a niños y mujeres.

El pronunciamiento exigió a las instituciones acciones inmediatas para proteger sus derechos y evitar la instrumentalización de la población vulnerable, informó El Tiempo.

Las autoridades de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia (Connpec) señalaron que las denuncias surgen ante la identificación de prácticas de uso de menores y mujeres en actividades de mendicidad, protestas y violencia de género. Además, expusieron su preocupación por la presencia de liderazgos que incentivan esas dinámicas durante los procesos de retorno y reubicación en Bogotá.

“Las prácticas de violencia, explotación, utilización de menores, mendicidad, negligencia y aprovechamiento de las necesidades de nuestras familias (...) NO representan el mandato legítimo de nuestras autoridades tradicionales”, afirmaron líderes embera a El Tiempo.

Denuncias y pronunciamientos Emberá

El documento, respaldado por 1.948 autoridades indígenas, pone énfasis en que la instrumentalización y uso de niños en escenarios públicos no reflejan los valores ni las decisiones colectivas del pueblo Emberá.

La Connpec llamó a avanzar en medidas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia en la ciudad.

Desde la representación Emberá se precisa que prácticas de violencia, explotación, uso de menores y mendicidad han sido impulsadas por ciertos voceros, pero insisten en que esas acciones contradicen los principios de respeto y armonía de la comunidad. “Las prácticas de violencia, explotación, utilización de menores, mendicidad, negligencia y aprovechamiento de las necesidades de nuestras familias (...) NO representan el mandato legítimo de nuestras autoridades tradicionales”., según recogió el medio citado.

Las autoridades comunidades reiteraron su compromiso de fortalecer estrategias de protección y defensa de los derechos de la población vulnerable y consideran que la violencia basada en género no hace parte de su cultura ni de sus prácticas ancestrales.

Alerta sobre redes de trata y captación

El pronunciamiento de los líderes Emberá incluyó una advertencia sobre la posible existencia de redes que estarían captando familias indígenas especialmente vulnerables para trasladarlas a Bogotá bajo promesas falsas de ayuda humanitaria o beneficios institucionales.

Detallaron que se identifican dinámicas asociadas a la trata de personas, en las que la necesidad es aprovechada para promover desplazamientos injustificados.

Las autoridades expusieron que estos fenómenos explotan la situación de las familias Emberá, expuestas a escenarios de riesgo derivados del desplazamiento y la crisis humanitaria. Señalaron la importancia de diferenciar entre los procesos legítimos de retorno y reubicación comunitaria y aquellas prácticas que buscan obtener beneficios particulares.

En la declaración de la Connpec enfatizan: “La Jurisdicción Indígena Especial nunca puede usarse para justificar, encubrir o permitir la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”., indicaron a el diario colombiano El Tiempo.

El pronunciamiento incluye un llamado a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio Público para que impidan que acciones institucionales alimenten situaciones opuestas a la protección efectiva de personas víctimas del conflicto. Advirtieron acerca del peligro de que la instrumentalización de estas víctimas ocasione nuevas vulneraciones.

Respuesta institucional y medidas en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá acogió el comunicado de la CONNPEC como una confirmación de las advertencias institucionales emitidas desde hace más de un año sobre la situación de la comunidad Emberá en la ciudad.

Según la administración distrital, desde 2024 se han presentado más de veinte denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por hechos como violencia, instrumentalización de menores y otras vulneraciones detectadas durante la atención oficial a las familias Emberá.

El distrito reportó que aproximadamente la mitad de la población Emberá en Bogotá corresponde a niños y niñas. Por este motivo, sostiene que es urgente fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades tradicionales para garantizar el restablecimiento pleno de derechos, con especial énfasis en la niñez.

Las autoridades locales insistieron en que los procesos de retorno y reubicación deben fundarse en la seguridad, dignidad y voluntad libre e informada de las comunidades, evitando todo tipo de presión o de beneficios particulares ante la crisis humanitaria.

A pesar de la cantidad de denuncias, líderes indígenas y voceros del distrito indicaron la importancia de evitar la estigmatización de la comunidad Emberá.

El cantante Julio Iglesias presentará una querella ante el Tribunal Supremo por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que ella se haya negado a retirar sus comentarios sobre la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales a varias empleadas. El entorno del cantante sostiene que esos comentarios dañan su honor y su reputación.

Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella. Allí Díaz ha considerado que sus comentarios no han supuesto un daño reputacional ni del honor de Iglesias y, por lo tanto, entiende que no se ha vulnerado su presunción de inocencia, según han apuntado fuentes jurídicas a la agencia EFE.

En febrero, Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda por sus comentarios “injuriosos y calumniosos” sobre la denuncia por presuntos abusos sexuales en el entorno laboral, pero fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ese escrito, el cantante pidió que la ministra reconociera el daño, rectificara sus palabras y lo indemnizara según el alcance de la difusión.

Las declaraciones de Díaz señaladas por el cantante se hicieron en la red social Bluesky el 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en ‘La Hora de la 1’, en RTVE. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, comentó la ministra en Bluesky.

“Control, acoso y abuso de poder”

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. En una investigación publicada por elDiario.es y Univisión después de tres años de trabajo, las mujeres relataron un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante.

La documentación médica mostraba cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las empleadas señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

Las mujeres también describieron procedimientos que incluyeron ecografías pélvicas y análisis de embarazo, en un contexto marcado por la discriminación y la vulneración de derechos. Los hechos habrían ocurrido en las mansiones del cantante en el Caribe en 2021.

(Con información de EFE)

La Policía Foral de Navarra investiga la muerte de una mujer de 44 años en la localidad de Arguedas como un posible crimen machista. El hombre ha sido detenido tras entregarse a la Guardia Civil en la tarde del lunes y haber manifestado que “agredió a su pareja en el domicilio familiar”.

Fue un familiar de la mujer quien avisó de los hechos a la Policía Foral después de encontrar el cadáver en el domicilio, según ha informado el instituto armado en un comunicado. La investigación determinará cuándo se ha cometido el crimen, si bien los primeros indicios apuntan a que podría haber ocurrido en la noche del domingo.

Según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género y la mujer no figuraba en el sistema VioGén.

El asesinato ha sido condenado por el Ayuntamiento de Arguedas, donde al parecer residía la pareja desde hace no mucho tiempo. Desde el Consistorio han mostrado “la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso” y trasladado “todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento”.

El Gobierno de Navarra, a través de su presidenta María Chivite, también se ha sumado a las muestras de apoyo y ha condenado los hechos. “Es absolutamente insoportable. Cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos”, ha señalado Chivite en su perfil de X.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.361 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España. Esta, además, sería la segunda víctima mortal en Navarra en este 2026.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la sentencia condenatoria de cinco años y ocho meses de prisión contra Sergio Martín “N”, un psiquiatra encontrado responsable del delito de violación contra una paciente en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2023, cuando la víctima acudió a una consulta médica con el especialista. Durante la atención, el ahora sentenciado le habría suministrado un medicamento que alteró su estado físico y mental, situación que, según las investigaciones, aprovechó para cometer la agresión sexual.

La víctima denunció posteriormente los hechos ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente y reunió los datos de prueba relacionados con el caso.

Como parte de las diligencias ministeriales, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Sergio Martín “N”, quien fue detenido y presentado ante un juez de control. Tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso penal.

Análisis de testimonios y peritajes

Durante el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento analizó testimonios, peritajes y demás pruebas integradas en la investigación. Con base en esos elementos, el órgano jurisdiccional concluyó que existían evidencias suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado en el delito de violación.

En consecuencia, el tribunal dictó una sentencia condenatoria de cinco años y ocho meses de prisión. Además, ordenó el pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima, aunque las autoridades no detallaron el monto establecido.

La Fiscalía estatal señaló que el caso fue atendido por personal especializado en delitos de violencia de género y reiteró que continuará con las investigaciones y acciones legales relacionadas con agresiones sexuales y delitos cometidos contra mujeres en la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de Sergio N, identificado como el presunto responsable del feminicidio de Araceli, una joven asesinada en la playa Aragón, en el municipio de Santa María Tonameca, en la región de la Costa.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el crimen ocurrió durante las primeras horas del pasado 10 de mayo en la zona de Arroyo Tres. La Fiscalía señaló que la víctima se encontraba con el ahora detenido, quien habría atacado a la joven con un objeto punzocortante.

La carpeta de investigación establece que Araceli sufrió múltiples lesiones en el pecho que le provocaron la muerte en el lugar. Después de la agresión, el presunto responsable escapó y dejó el cuerpo abandonado sobre la arena.

Las autoridades detallaron que la víctima mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente cuatro años con Sergio N, aunque las indagatorias apuntan a que el caso estaría relacionado con violencia de género.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Vicefiscalía Regional de la Costa inició las diligencias correspondientes en la playa Aragón. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos realizaron la inspección de la escena y recabaron indicios biológicos y materiales bajo cadena de custodia.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para practicar la necropsia de ley, mientras familiares realizaron la identificación legal de la víctima.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales entrevistaron a personas cercanas a Araceli y desarrollaron trabajos de inteligencia para ubicar al presunto agresor. Con los datos obtenidos, un juez de control con sede en Tanivet emitió una orden de aprehensión dentro de la causa penal 206/2026 por el delito de feminicidio agravado.

La captura se concretó durante un operativo llevado a cabo por elementos ministeriales en Santa María Tonameca. La FGEO informó que el imputado fue localizado sobre la calle Revolución, frente a la iglesia de la Asunción, donde los agentes ejecutaron la orden judicial.

Después de su detención, Sergio N fue trasladado ante el Ministerio Público adscrito al área de delitos contra la mujer por razón de género en San Pedro Pochutla, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El caso generó atención en la región de la Costa de Oaxaca debido a la violencia con la que ocurrió el crimen y a la búsqueda desplegada por autoridades estatales para localizar al presunto responsable tras permanecer varios días prófugo.

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informó que activó sus protocolos de atención y seguridad tras un incidente en la Unidad Médico Familiar No. 7, donde un usuario amenazó de muerte a una trabajadora del instituto.

El altercado fue grabado por empleados y difundido en redes sociales. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el hombre, de entre 40 y 50 años de edad, comenzó a agredir verbal y físicamente a una asistente médica que había atendido y registrado el ingreso de su esposa.

Video expone amenazas contra empleada del IMSS

“La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, pende..”, grita el sujeto, al tiempo que de un manotazo arroja el teclado violentamente contra la empleada.

Los clips se viralizaron y generaron rechazo generalizado. Mediante un comunicado, el IMSS condenó el incidente e informó que brindó acompañamiento a la empleada agredida.

“El Instituto condena cualquier acto de violencia o agresión que atente contra la integridad, dignidad y seguridad de las y los trabajadores, así como de la población usuaria. Se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de atención y seguridad para salvaguardar a la trabajadora involucrada”, destacó el instituto.

Hasta el momento, autoridades locales no confirman si la empleada del instituto presentó una denuncia contra su agresor.

¿Cuáles son los cargos por amenazas en SLP?

En San Luis Potosí, el delito de amenazas (incluyendo las de muerte) se castiga con una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una sanción pecuniaria.

Esta penalidad está establecida en el Artículo 147 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, el cual define este ilícito como la acción de intimidar a alguien con causarle un mal futuro en su persona, bienes u honor, o de tratar de impedir que ejecute lo que tiene derecho a hacer.

Consideraciones importantes:

• Naturaleza del delito: El delito de amenazas se persigue por querella, lo que significa que la víctima debe presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para que proceda la investigación.
• Agravantes: Las sanciones pueden aumentar dependiendo del contexto, la relación con el agresor o si las amenazas están vinculadas a otros delitos (como violencia de género, extorsión o cobranza ilegítima), donde además aplican medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad de la víctima.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a una mujer de 44 años por el presunto asesinato de su pareja, un hombre de 51 años, en Salamanca. La arrestada estuvo en el sistema VioGén como víctima de violencia de género por el maltrato de él, si bien ya no constaba dentro del registro.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada en la calle Petunias, del barrio salmantino de Garrido. Según han informado desde el cuerpo policial, la mujer habría acuchillado mortalmente a su pareja. En torno a las 6:45 horas, dos llamadas han alertado al equipo de Emergencias 112 por una agresión a un hombre en dicho domicilio. Los denunciantes precisaron que la víctima había resultado herida con un cuchillo y que se encontraba inconsciente.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil. Al llegar al lugar de los hechos, el personal sanitario trasladado ha confirmado el fallecimiento del hombre.

Los agentes desplazados al domicilio procedieron al arresto de la mujer, de 44 años, que está a la espera de pasar a disposición judicial. Fuentes de la Subdelegación de Gobierno han informado a EFE de que la mujer había estado en el sistema VioGén por el maltrato sufrido por parte de su pareja, aunque ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección. Actualmente, la investigación sigue abierta.

En República Dominicana, la preocupación social y eclesiástica por la violencia de género ha adquirido renovada fuerza tras las declaraciones del arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez. A través de intervenciones públicas recogidas por medios como Diario Libre, Listín Diario, El Nuevo Diario y Noticias SIN, el líder católico insiste que la sociedad tiene una “tarea pendiente” en el ámbito de la educación y la formación en valores humanos, señalando que el repunte de feminicidios exige una respuesta integral y sostenida.

Rodríguez subrayó que cada vez que toma conocimiento de estos crímenes reitera la necesidad de reflexionar como sociedad y de concientizar particularmente a los hombres. “La tarea de concientizar a los hombres para que no hagan esto, pero para que se convenzan desde dentro”, enfatizó Rodríguez al concluir la misa de la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en la Catedral Santiago Apóstol, según informa Diario Libre. Su llamado resalta la necesidad de intervenir en la raíz del problema social: la estructura formativa y valórica establecida en los hogares.

El arzobispo abordó el tema tras una serie de feminicidios que han causado conmoción, incluyendo el caso de Esmeralda Moronta, asesinada recientemente frente a una fiscalía de Santo Domingo mientras buscaba protección de las autoridades, según señala el medio Noticias SIN. Rodríguez calificó estos hechos de “bochornosos” y advirtió que incluso quienes provienen de familias religiosas pueden incurrir en esta violencia, lo que evidencia, en sus palabras, “problemas profundos en la sociedad dominicana”.

“Mientras cosas así ocurran, nuestra sociedad tiene muy pendiente la educación, la formación en valores y la formación humana integral”, señaló Rodríguez a Diario Libre, subrayando que no basta con la instrucción formal: el cambio debe comenzar en el núcleo familiar y desde la primera infancia. El religioso lamentó que, a pesar de avances en muchos ámbitos, la violencia contra las mujeres permanezca como una deuda moral y cultural de la nación.

El caso de Esmeralda Moronta ilustra una crisis en la protección a las víctimas

El asesinato de Esmeralda Moronta—citada explícitamente por Rodríguez en Noticias SIN y Diario Libre—fue identificado por el arzobispo como un caso emblemático sobre la ineficacia institucional para salvaguardar a quienes buscan ayuda. “Una persona que va angustiada a buscar protección, saliendo de las manos de quienes debían protegerla, fue ahí mismo donde la privaron de la vida”, lamentó el prelado. Esta frase, resaltada por Diario Libre, sintetiza el cuestionamiento no solo a las estructuras familiares y educativas, sino también al sistema judicial y de protección social dominicano ante la violencia de género.

En el análisis de Rodríguez, los feminicidios reiterados—muchos de ellos seguidos de suicidio del agresor, como ha ocurrido en otros casos referenciados por El Nuevo Diario—son síntomas de “fallas profundas en la formación humana y familiar”. El jerarca eclesiástico insistió en que mientras estas tragedias se mantengan, el país deberá reconocer que no ha logrado cumplir “la tarea pendiente” de erradicar la cultura de la violencia contra la mujer.

Reclamo para orientar la solución: educación y responsabilidad social

La reiteración pública del arzobispo sitúa la solución en un cambio estructural de la educación en valores, lejos de respuestas meramente punitivas o reactivas. “La educación en el hogar es fundamental, ya que es allí donde se forman las personas con principios y valores humanos”, recalcó a Noticias SIN, reafirmando que la escuela, la familia y las instituciones sociales deben trabajar de manera conjunta.

“El problema refleja fallas profundas en la formación humana y familiar”, subrayó Rodríguez en palabras recogidas por El Nuevo Diario y Noticias SIN. Esta evaluación se apoya en la observación de una violencia reiterada pese a políticas parciales o campañas de sensibilización, y sostiene que el reto sigue siendo “convencer desde dentro” a los posibles agresores, particularmente desde su niñez y adolescencia.

El boxeador profesional Nicolás Darío Castro fue sentenciado este miércoles a 12 años de prisión por tentativa de femicidio y graves episodios de violencia de género cometidos contra su expareja. La investigación judicial acreditó la existencia de reiteradas agresiones, amenazas y lesiones, enmarcadas en un patrón sostenido. El fallo, dictado en un juicio abreviado por la jueza Paula Borello en los tribunales de Venado Tuerto, puso fin a un proceso que documentó ataques físicos y psicológicos de extrema gravedad por parte del acusado, de 26 años y oriundo de Santa Isabel.

Si bien la querella, representada por las abogadas Carolina Walker Torres y Rebeca Di Battista, solicitó una condena de 22 años de prisión -la máxima prevista para este tipo de delitos- la magistrada Borello estableció pena más baja. Entre las figuras imputadas a Castro se encuentran: tentativa de homicidio calificado por vínculo, por alevosía, mediada en violencia de género, violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad.

La investigación judicial comenzó luego de que la víctima, una mujer de 29 años, se presente en la Comisaría 5ta de Santa Isabel el 20 de agosto de 2024 y relatara lo sucedido. Los hechos culminantes ocurrieron la noche del 28 de julio de 2024, tras una cena en la localidad de Melincué. Según el testimonio de la víctima ella regresó sola en su auto. Castro había consumido una considerable cantidad de alcohol y comenzó a hostigarla a través de mensajes y audios, acusándola de abandono.

Al llegar a su domicilio en Santa Isabel, la víctima encontró a Castro obstruyendo el acceso a la localidad, tirándose delante de su auto. La mujer logró ingresar a su vivienda y aseguró puertas y ventanas, sin embargo, Castro saltó un tapial de aproximadamente dos metros y medio y, tras romper la puerta trasera de una patada, irrumpió violentamente en la casa, destrozando postigos y vidrios.

Cuando la mujer intentó escapar del boxeador, fue otra vez arrastrada hacia el interior de la casa donde Castro la amenazó: “No te vine a pegar, te vine a matar. Me dejaste abandonado en la ruta. No voy a parar hasta matarte”. Una vez dentro, la golpeó, la pateó y la asfixió manualmente, provocandole una perforación en el labio superior. En palabras de la sobreviviente ante la justicia: “Fue tal como me pegó que hasta él se terminó lesionando su tobillo.” A raíz del ataque, la víctima perdió el conocimiento y quedó tendida en el suelo. Al recobrar la conciencia, advirtió que Castro dormía en su cama, como si nada hubiera ocurrido.

La agresión no fue el único acto delictivo de esa jornada. Durante aproximadamente dos semanas posteriores, la joven permaneció privada de su libertad bajo amenazas de muerte hacia su familia si intentaba buscar ayuda o atención médica. Al final del cautiverio fue rescatada gracias a la intervención de su psicóloga.

El proceso judicial demostró que los hechos no constituyeron un episodio aislado. Desde abril de 2024, Nicolás Castro venía ejerciendo violencia física y verbal contra la mujer, con agresiones que incluyeron golpes en su lugar de trabajo, una golpiza que le provocó fisura de cráneo en julio y situaciones de violencia extrema en horarios nocturnos, según se desprende de la reconstrucción fiscal. Además, el boxeador contaba con antecedentes previos de violencia de género contra otras parejas.

El fallo visibiliza la importancia de la denuncia y la intervención rápida de la Justicia y de redes de apoyo para proteger a las víctimas. La condena pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, acompañamiento y sanción ante casos de violencia machista, con el fin de garantizar que episodios de esta naturaleza no queden impunes ni se repitan.

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional tras ser hallado culpable de violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, Daniela Cortés.

El fallo, dictado por el Juzgado en lo Correccional 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, también establece la prohibición de contacto con Cortés y la obligación de cumplir reglas de conducta.

La jueza Claudia Dávalos determinó que Villa, en ese momento, debería abstenerse de consumir estupefacientes, evitar el abuso de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar en talleres enfocados en la problemática de la violencia de género. La sentencia no implica cumplimiento efectivo de prisión, pero establece vigilancia judicial durante el periodo indicado.

En relación con la causa, la denuncia inicial contra el atacante fue presentada por Cortés en abril de 2020, luego de que la víctima difundiera imágenes de sus lesiones y acudiera a la justicia penal en la localidad de Canning.

El proceso judicial se desarrolló tras hechos registrados en la casa que compartían ambos en el barrio privado Saint Thomas, y la víctima optó por no asistir ni de manera remota a la audiencia de lectura del veredicto.

Durante el juicio oral, el futbolista que hacía parte del Boca Juniors sostuvo su inocencia y, tras la sentencia, no hizo declaraciones públicas, marchándose del tribunal en compañía de su abogado y visiblemente afectado, conforme relató ESPN. Cabe agregar que, tras conocerse el fallo, el club argentino notificó que el jugador no será convocado nuevamente para el plantel profesional.

Villa enfrentó además otra denuncia por violencia de género, presentada en mayo de 2022 por una segunda mujer, que lo acusó de abuso sexual con acceso carnal, agravado por lesiones, hecho que habría sucedido en junio de 2021, según los antecedentes recopilados por el medio de comunicación.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora, que resolvió absolver al jugador luego de que tanto la denunciante como el fiscal desistieran de sostener la acusación.

El hecho quedó confirmado cuando TyC Sports reveló que “tanto el fiscal de la causa como la denunciante (Rocío Tamara Doldán) desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años”.

De acuerdo con el fallo, la denunciante “resignificó” el episodio denunciado. La resolución judicial, citada por el medio, destacó la “falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”, lo que llevó a la Justicia a dictar la absolución.

La audiencia contó con la declaración de Rocío Tamara Doldán, que describió la dinámica de la relación con Villa y el análisis posterior de lo ocurrido. “Entiendo que él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente, esto pensando en retrospectiva después de analizar con amplitud los hechos que motivaron la presente investigación”, manifestó Doldán ante el tribunal.

La joven agregó: “Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó”.

Con la decisión judicial, el extremo colombiano quedó desvinculado de la causa iniciada por hechos supuestamente ocurridos en junio de 2021, cuando Doldán, su expareja, lo denunció por abuso sexual.

La causa fue archivada después de que la denunciante reconsiderara el episodio y los representantes legales concluyeran que no existían pruebas adicionales para sostener la acusación ante el tribunal. Así, la justicia argentina determinó que no había elementos suficientes para avanzar con el proceso penal y dispuso la absolución de Villa.

El padre de Kristina Joksimovic entró a la casa en la noche del 13 de febrero de 2024. Sus nietas dormían en la habitación contigua. Él abrió la puerta del lavadero y encontró la cabeza de su hija dentro de una bolsa de plástico. Salió a la calle dando gritos. Le pidió a un transeúnte que llamara a la policía.

Kristina Joksimovic nació el 16 de abril de 1985 en Binningen, el mismo municipio residencial en las afueras de Basilea donde moriría 38 años después. Hija de padres de origen serbio, creció en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad, donde las calles están flanqueadas de mansiones y casas modernas con vistas al valle del Rin.

Su carrera comenzó en los certámenes de belleza. En 2003 ganó el título de Miss Noroeste de Suiza y en 2008 llegó a la final del concurso Miss Suiza. Ese mismo año, con la misma energía con la que había recorrido pasarelas, fundó Catwalk Coach, una agencia de consultoría y entrenamiento dirigida a mujeres que buscaban proyectarse con mayor confianza, ya fuera en el mundo del modelaje o en el entorno corporativo. Su perfil de Instagram la describía como “experta en tacos altos, motivadora, emprendedora y mamá”.

El alcance de su trabajo fue concreto y documentado. Kristina entrenó a Dominique Rinderknecht, quien ganó la corona de Miss Suiza en 2013 y representó al país en el concurso Miss Universo. Fue también reclutadora en el sector tecnológico. Trabajó en Google y luego en la firma de tecnología ERNI entre 2013 y 2017, año en que se casó con Marc Rieben.

Quienes conocían a Kristina, la describían como amorosa y protectora con sus hijas. En sus redes sociales aparecía sonriente, activa y presente. Nada de eso era incompatible con lo que ocurría puertas adentro con su marido.

La violencia que nadie vio: el matrimonio con Marc Rieben

Kristina y Marc Rieben se casaron el 25 de agosto de 2017 y se instalaron en una casa de amplias dimensiones en Binningen, con vistas al valle. Desde fuera, eran la familia que muchos querían ser. “Para mí, eran la pareja ideal”, declaró un amigo de la familia a medios suizos.

Los registros policiales, revelaron que las autoridades habían intervenido previamente en el domicilio por denuncias de violencia doméstica. Esos episodios nunca trascendieron públicamente. Kristina, según fuentes cercanas a la familia, postergó durante meses la decisión de divorciarse por una razón concreta. Rieben la amenazaba con quitarle a sus hijas. Temía perder la custodia. Un mes antes del crimen, la mujer formalizó la solicitud de divorcio.

El 13 de febrero de 2024, la pareja almorzó junta y discutió los términos de la separación. Rieben exigía la custodia exclusiva de las niñas y se negaba a pagar ninguna manutención. La discusión escaló. Rieben tomó a Kristina del cuello, la empujó contra una pared y la estranguló con un dispositivo “en forma de cinta”, mientras la golpeaba con puños y patadas. La fiscalía describió su muerte como una agonía.

Esa tarde, la guardería avisó a los padres de Kristina que nadie había ido a buscar a las niñas. Cuando llegaron a la casa, Rieben les dijo que no sabía dónde estaba su esposa y que “a veces se iba de repente”. Durante horas, preparó la cena, acostó a sus hijas y conversó con sus suegros. Fue el padre de Kristina quien, antes de marcharse, volvió al lavadero y descubrió el horror.

El informe de autopsia determinó que Kristina murió por estrangulamiento. El cuerpo presentaba además signos de trauma contundente previo. Lo que ocurrió después en ese lavadero quedó reconstruido por la fiscalía a partir de las herramientas encontradas y los restos hallados. Los investigadores hallaron una sierra de calar, tijeras de podar, un cuchillo y unos diez litros de desinfectante.

Rieben usó también la batidora de la familia para triturar partes del cuerpo. El tribunal conoció un detalle adicional. Durante el proceso de desmembramiento, Rieben extirpó el útero de su esposa. Ese acto derivó en un cargo separado por profanación de cadáver.

Los investigadores establecieron que Rieben no actuó por impulso ciego. Antes del crimen, había buscado en internet métodos para deshacerse de un cadáver y había visto videos sobre anatomía humana. La fiscalía sostuvo ante el tribunal que el acusado “actuó de manera sistemática y con un plan” y que “su comportamiento demostró la plena magnitud de su odio hacia su esposa”. Un experto que declaró durante el juicio diagnosticó en Rieben rasgos narcisistas y trastorno obsesivo-compulsivo.

Rieben fue arrestado al día siguiente del hallazgo. Su apelación para obtener la libertad fue rechazada por el Tribunal Federal de Suiza. Reconoció haber matado a Kristina, pero alegó defensa propia. Dijo que ella lo había atacado con un cuchillo y que él actuó “en pánico”. Los informes forenses no encontraron ningún indicio de un ataque previo de Kristina hacia su marido.

El juicio en Muttenz: diez días de testimonios a puerta cerrada

El proceso se celebró ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña, en Muttenz, entre el 4 y el 13 de mayo de 2026. Las condiciones fueron excepcionales. Los detalles del caso se consideraron tan graves que el público quedó excluido de la sala. Los periodistas siguieron las audiencias desde una sala contigua mediante videoconexión. Solo los jueces, fiscales, abogados defensores, el acusado y los familiares de la víctima estuvieron presentes en el recinto.

El primer día, Rieben compareció con traje oscuro y camisa blanca. Abrió su declaración con un discurso en el que admitió que Kristina murió “a mis manos”, aunque describió los hechos como “un accidente” y alegó defensa propia.

“Amé a mi esposa con todo el corazón y creí en un futuro juntos. Me persigue día y noche. Lo que hice es absolutamente imperdonable y asumo toda la responsabilidad. Me arrepiento profundamente y pido disculpas”, declaró ante el tribunal, según The Mirror.

Rieben también reconoció ante el tribunal que, antes del crimen, las discusiones “eran el foco principal” de la relación, aunque pidió que no se olvidara que entre ellos “había pasión”. Dijo que admiraba el “éxito empresarial y las ambiciones” de Kristina.

Durante el juicio reveló además que había transferido dinero a sus dos hijas y a los padres de Kristina, por un total superior a las 94.000 libras esterlinas (aproximadamente USD 120.000).

La estrategia de la defensa y los argumentos de la fiscalía

Los abogados defensores Christian Von Wartburg y Sina Selman construyeron la imagen de un padre atento y un “marido ideal”. Sostuvieron que lo ocurrido fue consecuencia de una “defensa propia excesiva” y que, en el peor de los casos, Rieben merecía una condena máxima de tres años.

El escrito de acusación del Ministerio Público del cantón de Basilea describió a Rieben como alguien que actuó “a sabiendas e intencionalmente, con plena conciencia y desde una actitud egoísta, caracterizada por una necesidad de control, resentimiento, venganza e ira desmedida”.

La abogada de los padres de Kristina, Anina Hofer, leyó ante el tribunal una declaración de la madre de la víctima.

“Hoy estoy aquí como una madre que ha perdido a su hija. Cuyos hijos extrañan a su mamá cada día. Ella era amorosa, protectora con sus hijos, y les daba todo. Solo un mes después de intentar forjarse un nuevo camino para ella y sus hijas, le arrancaron la vida brutalmente. Ningún veredicto puede devolvernos a nuestra hija. Pero puede demostrar que su vida importa”, sostuvo la mujer ante el Tribunal.

El padre de Kristina, que había descubierto los restos aquella noche de febrero de 2024, estuvo presente cuando se leyó la sentencia. Lloraba.

El veredicto

El 13 de mayo de 2026, el juez Daniel Schmid declaró a Marc Rieben culpable de asesinato y profanación de cadáver, y lo condenó a cadena perpetua.

“Hay casos que hacen que la ficción se convierta en realidad. Este caso ha cambiado nuestra realidad. Ningún fallo judicial puede llenar el vacío que deja la pérdida de un ser querido. Como tribunal, tampoco nosotros olvidaremos nunca a Kristina, y la llevaremos en el corazón”, afirmó el magistrado. Cuando el veredicto se conoció fuera del edificio, la multitud aplaudió.

Las dos hijas de Kristina y Marc Rieben tienen cinco y seis años. La noche del crimen, mientras su madre moría en el lavadero, dormían en su habitación. Su abuelo materno las recogió esa misma noche y, según los registros del caso, fueron los abuelos maternos quienes asumieron su cuidado desde entonces.

El tribunal reconoció su condición de víctimas directas al ordenar las indemnizaciones económicas a su nombre. Rieben cumplirá cadena perpetua.

La madre de Kristina lo dijo ante el tribunal con precisión. “Sus hijas extrañan a su mamá todos los días”.

Kristina Joksimovic nació en Binningen. Murió en Binningen. Tenía 38 años y había pedido el divorcio un mes antes de morir asesinada por su marido.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes vinculadas al caso, el acusado identificado como C. D. A. enfrenta cargos de homicidio agravado en grado de tentativa, por el ataque cometido el 2 de enero de 2025 donde tres personas resultaron heridas. La detención se concretó tras un operativo de vigilancia e inteligencia, con intervención de la UFIyJ 2 y el Juzgado de Garantías 6 de Quilmes.

Todo ocurrió en una vivienda de la calle Bacquer al 700, en Bosques. La víctima principal, una mujer de 42 años identificada como N. E., junto a su pareja E. P. F. -un ciudadano también oriundo de Paraguay, de 33- sufrieron una agresión por parte del hombre de 40. El atacante, quien había mantenido una relación sentimental con la mujer, provocó heridas en la cabeza y el rostro de ambos utilizando un arma blanca.

La violencia no terminó allí. C. D. A. comenzó a perseguir a su ex hasta el exterior del complejo, donde se enfrentó con un vecino (J.A.Almada.) de 38 años, a quien también hirió en el cuero cabelludo antes de huir del lugar. La secuencia ocurrió bajo constantes amenazas de muerte.

El caso fue caratulado como homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y en contexto de violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa, sumado a amenazas agravadas por el uso de arma.

Hace aproximadamente un mes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención del personal especializado para trabajar en el caso y fue en ese momento en donde se recibió información proveniente de la Oficina Central Nacional de Interpol en Paraguay. El comunicado señalaba que C. D. A. tenía una orden de captura vigente desde el 17 de enero de 2007 en ese país por homicidio doloso, vinculado a un caso de sicariato. Si bien no se entregaron mayores detalles sobre esa causa, la notificación llevó a que se emitiera una alerta roja en Interpol.

De esta manera, los investigadores desplegaron un operativo de inteligencia y vigilancia, tanto estáticas como dinámicas, para poder localizar al acusado de homicidio por encargo y los delitos mencionados en los párrafos anteriores.

Tras varios días de seguimiento, lograron identificar el domicilio donde residía, en el Barrio La Paz de Quilmes. La Policía procedió de manera encubierta lo que les permitió visualizar cuando el acusado salía de la vivienda. En ese instante fue interceptado y detenido por agentes del Departamento de Homicidios.

El individuo quedó a disposición de la justicia argentina, mientras se coordinan acciones con las autoridades de Paraguay y Interpol para avanzar con el pedido de extradición si así lo requiere el país solicitante. La investigación continúa abierta y no se descarta la intervención de organismos internacionales para esclarecer los diferentes hechos por los que permanecía prófugo.

De acuerdo con los datos publicados a comienzo del año por parte del Gobierno, casi 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados de Argentina durante los últimos meses de 2025. Según la funcionaria, diciembre finalizó con 2.400 personas de otras nacionalidades que debieron abandonar el país, mientras que en enero se sumaron otros 2.300 casos. La ministra de Seguridad Alejanda Monteoliva, difundió estos datos a través de su cuenta oficial en X y los calificó como un récord para los controles migratorios.

La funcionaria atribuyó el aumento de las expulsiones y rechazos a los refuerzos implementados en los operativos de seguridad en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

La denuncia formal de vigilancia electrónica mediante GPS y acoso presentada por Esmeralda Moronta de los Santos no fue suficiente para evitar su asesinato la tarde del miércoles en el sector Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este en República Dominiacana. La víctima, de 36 años, había expuesto ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género que su expareja, Omar T. de 48 años, utilizaba tecnología para rastrear sus movimientos, además de hostigarla y confrontarla desde el término de la relación.

Según informó la Policía Nacional de República Dominicana, por medio de su portavoz, Diego Pesqueira, el hecho violento ocurrió en la calle Puerto Rico de Alma Rosa I. El reporte policial establece que el agresor habría perseguido a la víctima por la vía pública hasta el interior de un colmado, donde la mujer intentó refugiarse para evitar la agresión. Sin embargo, Omar T. ingresó al establecimiento y disparó en varias ocasiones con un arma de fuego calibre 9 milímetros, provocando la muerte inmediata de la víctima. Posteriormente, el hombre se suicidó en el mismo lugar.

Pesqueira confirmó que la investigación se realiza en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer en detalle las circunstancias que rodearon el caso. La institución policial informó que ofrecerá mayores detalles a medida que avance el proceso investigativo.

La denuncia que terminó en un trágico final

Previo al ataque, Esmeralda había acudido a las autoridades para denunciar el acoso y vigilancia constantes de su expareja, solicitando una orden de alejamiento y medidas de protección. Según el documento de denuncia, citado por El Día, la víctima detalló que Omar T. utilizaba dispositivos GPS para seguir sus movimientos, además de enviarle mensajes reiterados y confrontarla en cada encuentro relacionado con el hijo que tenían en común.

El caso ha provocado conmoción en Alma Rosa y sectores aledaños. Familiares de la víctima, como su hermana Estefanía Moronta, han pedido públicamente una revisión profunda de los protocolos de atención a mujeres que denuncian acoso o violencia. “Cuando una persona se dirige a las oficinas debe haber un proceso, una empatía con esa secretaria, ese fiscal que te asiste, debe haber esa chispa de empatía hacia el ser humano. Ponerse en su lugar”, expresó la familiar.

En redes sociales, Esmeralda compartía frecuentemente videos relacionados con la pastelería artesanal, una actividad que representaba su principal fuente de ingresos para mantener a sus dos hijos. Sus publicaciones mostraban recetas, decoraciones y productos terminados, reflejando el empeño y la dedicación que ponía en ese emprendimiento.

La comunidad y los familiares insisten en la urgencia de fortalecer los sistemas de prevención, vigilancia y protección de quienes denuncian amenazas, especialmente cuando existen antecedentes de acoso sistemático y vigilancia tecnológica.

El feminicidio de Esmeralda vuelve a poner de relieve la necesidad de respuestas más eficaces y coordinadas por parte de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres en situaciones de riesgo. La vigilancia electrónica y el acoso digital constituyen riesgos crecientes que muchas víctimas enfrentan, y ante los cuales la respuesta institucional todavía presenta vacíos.

Un hombre de 37 años fue detenido en Batán, ciudad de Mar del Plata tras amenazar de muerte a su ex pareja y sus hijos. El arresto ocurrió la tarde del jueves durante un allanamiento en una vivienda de Julián Ríos al 3400, donde el sospechoso fue imputado por “amenazas y coacción” y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La investigación se inició después de que el acusado, identificado por las autoridades, enviara mensajes intimidatorios a través de redes sociales durante al menos tres semanas. En esos mensajes, la víctima recibió amenazas como: “Te voy a prender fuego, gila” y “Te voy a matar un pibe”. De acuerdo con la causa, el primero de los hechos que fue oficialmente denunciado ocurrió el 25 de abril.

“Vamos a ver quién ríe mejor, cuidate put... Fijate por dónde andás y cuidá a tus hijas. A quién te dolería que toque", amenazó el hombre de 37 años. El lunes 4 de mayo, tras recibir la notificación de la denuncia, el agresor volvió a contactar a su ex pareja, exigiendo que retirara la acusación: “No te hice nada, me llegan a meter preso y te voy a buscar. Sacá esa mierda de denuncia, vinieron todo el día a mi casa y no pude salir por tus put... denuncias. Me están buscando, sacá esa denuncia“.

Luego, intentó justificar sus acciones argumentando que actuó “por enojo”, con el objetivo de obligarla a quite la denuncie en su contra. Sin embargo, el fiscal Ramiro Anchou ordenó el operativo tras reunir pruebas y testimonios que ratificaron la violencia sufrida por la víctima y la conducta abusiva, de acuerdo con la información de 0223. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el teléfono móvil del detenido que será sometido a peritajes.

A fines de abril, ocurrió otro caso en la localidad de Batán, por amenazas agravadas presuntamente ocurridas durante un conflicto familiar. Un hombre de 39 años fue imputado tras intimidar a su hija exhibiendo un arma de fuego, en el marco de una restricción de acercamiento, según confirmó la fiscalía de Mariano Cubas.

El procedimiento policial incluyó un allanamiento, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), en una vivienda de calles 27 y 38, donde fue identificado el sospechoso y secuestrado un teléfono celular vinculado a la causa. Aunque no se halló el arma, la Policía reunió pruebas testimoniales y registros de cámaras de seguridad. Se determinó que el imputado posee un antecedente penal por robo calificado en 2009.

Otro episodio de violencia en Mar del Plata

En Argentina, los incumplimientos de las restricciones de acercamiento y las amenazas continúan siendo un problema grave en los casos de violencia de género y de entornos familiares. Las órdenes judiciales de prohibición de acercamiento suelen ser desobedecidas por los agresores. Un ejemplo reciente es un episodio que género conmocionó a Mar del Plata: un hombre fue arrestado en el barrio General San Martín tras atacar a su ex pareja con un palo con clavos y un cuchillo, violando una restricción de acercamiento vigente el 14 de mayo de 2026.

La agresión, ocurrida en una vivienda de Nápoles al 5800, fue denunciada mediante una llamada al 911. La víctima, asistida por los servicios médicos tras sufrir heridas en uno de sus brazos, relató que el ataque resultó de un conflicto personal con el agresor, quien además la amenazó durante el incidente.

La fiscal Ana Caro dispuso la imputación del detenido por desobediencia, lesiones leves agravadas por violencia de género y amenazas agravadas. Los oficiales de la comisaría quinta encontraron al agresor portando los elementos utilizados en el hecho, que quedaron secuestrados como prueba.

Entre enero y marzo de 2026 se registraron 48 víctimas fatales por violencia de género en Argentina, es decir, una cada 33 horas, y 183 intentos de femicidio. Solo el 12% de las mujeres asesinadas había denunciado antes a su agresor, lo que evidencia las dificultades que enfrentan muchas víctimas para acceder a mecanismos de protección eficaces.

Una mujer fue rescatada de un ataque por parte de su pareja durante un operativo de emergencia en la periferia de La Plata, luego de que agentes de la Patrulla Municipal escucharan sus gritos de auxilio mientras patrullaban por la zona.

El hecho, ocurrido en una vivienda ubicada en 160 entre 46 y 47, del barrio El Retiro. Allí, integrantes de la Patrulla Municipal recorrían preventivamente el sector cuando se vieron alertados por pedidos de ayuda provenientes del interior de una casa. La intensidad de los gritos motivó a los agentes a solicitar de inmediato el apoyo de efectivos de la Policía Bonaerense, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Los efectivos rodearon el inmueble y, ante la persistencia de los gritos, ingresaron por la fuerza para interrumpir el ataque y resguardar la integridad de la víctima. Dentro de la propiedad, hallaron a la mujer en medio de un episodio de violencia de género. La acción policial permitió rescatar a la víctima, aunque el agresor logró escapar por la parte trasera del domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, las autoridades iniciaron un rastrillaje de inmediato en las inmediaciones, aunque hasta el momento no lograron localizarlo.

En relación con el estado de la víctima, se informó que recibió asistencia médica y contención psicológica por parte de equipos especializados. El hecho puso en marcha el protocolo de intervención para casos de violencia de género, activando la red de apoyo a víctimas en la región.

La investigación quedó a cargo de la subcomisaría La Unión, desde donde se coordinan las tareas para dar con el paradero del agresor. Las fuerzas de seguridad informaron que ya cuentan con datos precisos sobre la identidad del sospechoso, aunque por el momento permanece prófugo.

Se desplegaron operativos en sectores aledaños y se analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la trayectoria de la huida.

Imputaron a un policía por agredir a su pareja en Catamarca

Esta misma semana, una mujer denunció a su pareja, un oficial de la Policía de Catamarca, por haberla agredido en la casa que ambos comparten, hasta dejarla inconsciente. En las últimas horas el fiscal que lleva adelante la investigación imputó al agresor tras negarse a declarar.

El efectivo policial quedó bajo investigación por parte de la Fiscalía de Instrucción N°4 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, por la supuesta comisión de los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo y coacción, en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de su pareja".

El caso salió a la luz luego de que la víctima relatara los hechos ocurridos a principios de mes ante las autoridades. La mujer contó que todo ocurrió alrededor de las 13 horas, en un domicilio de la ciudad Capital provincial. Según la investigación, en el marco de una discusión, el imputado habría agredido físicamente a la mujer, provocándole lesiones que fueron constatadas a través de un examen médico.

En el avance de la investigación, la Fiscalía incorporó distintas medidas probatorias, incluyendo la inspección ocular, el examen médico y otras actuaciones de rigor. Con estos elementos Córdoba Andreatta avanzó con la imputación formal del hombre cuyos datos no trascendieron. Paralelamente, y con el fin de resguardar la integridad de la víctima, el fiscal ordenó medidas de protección, entre ellas la exclusión del hogar del imputado y el secuestro del arma reglamentaria que tenía asignada por su función policial.

El acusado fue citado a declaración indagatoria el martes aunque optó por abstenerse de declarar ante la autoridad judicial. Finalizada la audiencia, quedó notificado de las medidas impuestas pero continuará en libertad.

La medida fue dispuesta en las últimas horas por la fiscal Marcela Semería, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Descentralizada de Pilar, y recae sobre Balbuena por dos hechos: uno por el delito de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, y otro por lesiones leves agravadas por el mismo contexto.

El empresario del rubro automotor se encuentra detenido desde el 28 de abril pasaso, siempre alojado en una comisaría. Con la prisión preventiva ya dictada, la fiscalía quedó habilitada a solicitar un cupo en una unidad carcelaria, por lo que en los próximos días deberá definirse a qué penal será trasladado.

La relación entre Balbuena y su ex comenzó en 2019. La pareja convivió durante tres años hasta separarse en noviembre de 2024. Tras la ruptura, siguieron trabajando juntos en la agencia de autos Car Center Adjudicados, en Luján, de la que el detenido es dueño y la mujer socia.

Durante la investigación, la fiscalía reunió testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo, quienes declararon que Balbuena maltrataba y denigraba a la víctima en presencia de otros.

En los últimos días, y tras cambiar de abogado y de estrategia, Balbuena, de 34 años, había solicitado una ampliación de su indagatoria y se presentó el viernes pasado ante la fiscal. Allí relató episodios de violencia y discusiones con la denunciante, y mostró arrepentimiento por lo ocurrido.

La acusación contra Balbuena surge a partir de dos episodios. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2024. Según la causa, aquel día la pareja mantuvo una discusión que derivó en violencia física.

Balbuena dio su versión: “Recuerdo que habíamos discutido porque me quería acompañar a hacer una verificación policial de un vehículo que había que vender. Ella se enojó porque no le permití acompañarme, pero yo lo que buscaba era respirar y no seguir discutiendo. Así que me fui hasta Capital a hacer la verificación policial”.

El hombre contó que, tras realizar el trámite, se comunicó por teléfono con la mujer, quien le dijo que estaba en el hospital a raíz de un fuerte dolor de cabeza. Ante esa situación, se subió a su auto y la pasó a buscar por el centro de salud.

El segundo hecho sucedió el 13 de mayo del año pasado, cuando Balbuena fue a la casa de su ex a buscar teléfonos y una computadora relacionada con la empresa que compartían. En ese encuentro se desató otra discusión.

“Ella me empezó a reclamar lo que siempre me reclamaba: por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella. Yo respondí que nuestra relación era tóxica, que no nos hacía bien a ninguno de los dos y que por eso lo mas conveniente era seguir separados”, declaró el imputado.

En medio del entredicho, se desató el hecho de violencia. “Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío, pero siempre tuve la intención de que le vaya bien. Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedí disculpas por no poder amarla, peor le dije que era una buena chica, joven, y que ya se le iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida, que la vida no se acaba por una separación”.

A pesar de la violencia previa, Balbuena contó que la situación derivó en relaciones íntimas entre ambos, algo que, según el imputado, era habitual en la pareja: “En ese momento, ella me abrazó, me decía que no la dejara, y ahí hicimos el amor. Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”.

La fiscal Semería ordenó pericias psicológicas tanto al imputado como a la denunciante y espera las declaraciones de testigos propuestos por ambas partes. Mientras tanto, Balbuena seguirá detenido, a la espera de que se disponga su traslado a una unidad carcelaria.

En el expediente figura que Balbuena tiene antecedentes judiciales: al menos cuatro denuncias por estafa y otra denuncia previa por abuso sexual en una jurisdicción distinta. En enero pasado, durante un allanamiento en su domicilio, la policía secuestró dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre. La denunciante no refirió amenazas con armas de fuego.

Tras mediatizarse el caso, se conoció que otra joven que trabajó con él en una concesionaria también lo denunció por abuso sexual y amenazas.

Un hombre agredió física y verbalmente a tres mujeres en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, aunque después de que se presentara la denuncia en su contra fue liberado, lo que reavivó la preocupación de las víctimas por la reacción que pueda llegar a tener el criminal en su contra.

Este es solo uno de los casos de violencia de género que las autoridades han registrado en la ciudad durante 2026, lo que tiene en alerta a la comunidad, pues la intolerancia sigue cobrando víctimas.

En la jornada del 13 de mayo de 2026, en la edición del mediodía de Noticias RCN se publicó el testimonio de la víctima principal del ataque ocurrido en Suba, que describió la agresión y cuestionó la reacción del sistema judicial, ante la ola creciente de actos de violencia.

En su relato, la ciudadana, identificada como Laura Cative, aseguró que el ataque se registró en el barrio Prado Veraniego, cuando compartía con su tía y su pareja, otra mujer. El hecho inició con insultos provenientes del sujeto, por lo que ellas no se quedaron calladas y respondieron, sin esperar que todo terminaría en agresión física.

Tras el brutal ataque, la tía de la denunciante resultó con un golpe en el rostro, su pareja sufrió lesiones en la nariz y Cative presentó heridas en la cara y la pierna derecha, pues el sujeto la levantó y la lanzó sobre el asfalto.

Después de lo ocurrido, la víctima interpuso la denuncia correspondiente y contó al noticiero nacional que el hombre fue capturado; sin embargo, recuperó la libertad mientras ella adelantaba las diligencias médicas correspondientes tras el ataque.

El hecho se convirtió en ejemplo de los casos de violencia contra mujeres en Bogotá, precisamente, en medio del anuncio de las nuevas estrategias de prevención y atención institucional. Durante mayo, las autoridades intensificaron los operativos en zonas con alta concurrencia, especialmente por el Día de la Madre, y en lugares nocturnos.

Cifras de violencia e intolerancia en Bogotá

El alcance del problema es visible en los datos más recientes presentados por la Policía Metropolitana. Durante 2026 se han recibido 100.682 requerimientos por riñas en la ciudad, que fueron procesados a través de la línea de emergencias 123.

Esto equivale a un promedio diario de 774 incidentes de confrontación y agresiones registrados solamente en Bogotá.

Acciones institucionales para prevenir la violencia contra las mujeres

Para contrarrestar el aumento de reportes por este delito, la administración distrital activó 33 acciones de prevención en mayo. Las intervenciones se realizarán en 17 localidades estratégicas como la Zona T, Unicentro, San Victorino y varios portales de TransMilenio.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Mujer, las jornadas incluyen acciones pedagógicas de sensibilización y la difusión de la Ruta Única de Atención, herramienta clave para la detección de riesgos y el acompañamiento de víctimas. Profesionales se encargan de orientar y canalizar solicitudes de ayuda durante estas actividades.

La Línea Púrpura Distrital, disponible las 24 horas por llamada o WhatsApp, presta atención psicosocial, asesoría jurídica y facilita el acceso a rutas de protección y justicia.

Pese a este despliegue institucional, muchas víctimas mantienen dudas sobre la eficacia del proceso judicial y el apoyo recibido luego de una agresión, ante las situaciones como la que tuvo que vivir Laura Cative tras ser atacada en Prado Veraniego.

En su testimonio, la ciudadana insistió en su rechazo por la velocidad con la que el agresor recuperó la libertad. Además, expresó que el camino judicial podría limitarse a una conciliación, lo que refuerza su inconformidad y deja interrogantes sobre la protección real a futuras víctimas.

Los casos de violencia contra la mujer siguen preocupando a las autoridades, debido a que ocurren casi a diario en el territorio nacional; sin embargo, muchos de ellos no son registrados ante las autoridades, teniendo en cuenta que las víctimas no denuncian a sus agresores. Uno de los casos que tiene en alerta a la comunidad ocurrió durante la jornada del miércoles 13 de mayo de 2026, en Medellín.

La víctima del ataque mortal fue identificada como Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, que fue asesinada a golpes en la madrugada frente a su hijo de ocho meses en una vivienda ubicada en el barrio La Libertad, al oriente de la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió a la 1:54 a. m. en la diagonal 17E con calle 56B, después de una violenta discusión con su pareja sentimental. La joven convivía con él desde que quedó embarazada y los allegados aseguraron a los medios locales que la relación estaba basada en un patrón de control ejercido por el señalado atacante.

“Es una pareja que discutía frecuentemente y se terminaban agrediendo. Comenzaron a pelear, como de costumbre, y de un momento a otro salió este hombre a buscar ayuda porque la mujer no respiraba”, indicó el reporte policial citado por el medio local El Colombiano.

Después del operativo, el hijo de la víctima fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia, que se encargó de iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, según reportaron las autoridades, teniendo en cuenta que la pelea ocurrió cuando el niño estaba en el lugar.

Tras la intervención de los uniformados, se dio a conocer que el menor quedó bajo protección institucional hasta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) determine si la custodia será otorgada a alguno de sus familiares, pues lo más importante es garantizar que esté en un lugar en el que se garanticen sus derechos fundamentales.

Antecedentes de problemas entre los involucrados

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la pareja mantenía una relación conflictiva, que estaba caracterizada por frecuentes episodios de violencia, aunque ninguna de las personas que tenía conocimiento de la situación se esperaba que la situación escalara a tal punto.

Vecinos y autoridades relataron que, tras la agresión mortal, el hombre salió de la vivienda con el bebé en brazos y se entregó a la Policía. Sin embargo, fue dejado en libertad mientras avanza la investigación y se emite la orden de captura correspondiente.

Testigos señalaron a los agentes que están al frente de la investigación que, en las últimas semanas, Juliana no salía de su casa, situación que los vecinos atribuyen a restricciones impuestas por su pareja, que es reconocido como una persona controladora y que sometía a la joven a seguir sus determinaciones.

Uno de los residentes del popular barrio, situado en la Comuna 8 (Villa Hermosa), precisó: “Hace muchos días que no la veíamos salir de la casa. Incluso, la abuela del niño le daba la comida por la ventana, pero no podía sostener contacto con nadie porque eso se prestaba para problemas”.

La pareja era oriunda de Pereira (Risaralda) y de acuerdo con las primeras versiones del caso, llegaron a Medellín hace poco más de un año tras confirmarse el embarazo de la víctima, con el fin de iniciar una nueva vida.

Sobre el presunto agresor, de 23 años, se confirmó que vivía junto a la joven y su bebé en una casa que pertenecía a su familia. Las autoridades además investigan si existe relación con el consumo de estupefacientes por parte del señalado agresor, teniendo en cuenta que fue señalado como una persona muy agresiva por aquellos que lo conocían.

La Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a un hombre por el asesinato de su expareja y madre de su hijo, ocurrido en Torremolinos (Málaga) en 2023. Ahora, por primera vez desde su detención, el hombre de 48 años y nacionalidad italiana ha admitido ante la justicia que también mató a su anterior pareja, Sibora, cuyo cuerpo ocultó en la vivienda que compartían.

Hasta ahora, el acusado solo reconocía haber emparedado el cadáver, pero negaba haberla matado, atribuyendo lo ocurrido a “un asunto bastante más complejo”. Durante toda la instrucción llegó incluso a afirmar que la Policía “mentía” y que había sido “vendido”, una versión descartada tanto por los investigadores como por la Fiscalía.

El caso de Sibora se juzgará de forma independiente al de Paula, por el cual ya recibió una condena. Además, el Ministerio Público solicita para él 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, además de otro delito contra la integridad moral.

El caso de Sibora se remonta a 2009

El procesado conoció a Sibora en 2009, cuando ella tenía 18 años, en Nettuno (Italia). Un año después se trasladaron juntos a España y se establecieron en Torremolinos. Según el relato de la Fiscalía, la joven entró en el país con una identidad falsa, que utilizó en su vida cotidiana en el municipio.

En 2013 la relación se interrumpió temporalmente y Sibora llegó a vivir en un apartamento independiente. Sin embargo, en el momento del crimen, en 2014, ambos habían retomado la convivencia. La acusación sostiene que, en un día indeterminado de la semana del 7 al 14 de julio de ese año, Marco la atacó con un arma blanca y le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, causándole la muerte.

El hallazgo se produjo tras la investigación de la Policía Nacional a raíz del asesinato de Paula en 2023. Las pesquisas paralelas permitieron localizar el cadáver emparedado en un doble tabique de la vivienda donde el acusado ya no residía. Y ahora, finalmente, ha reconocido haber asesinado a Sibora en 2014, incluyendo la ocultación del cuerpo en una caja de madera cubierta de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El hombre será juzgado por un jurado popular en Málaga por el asesinato de Sibora, en un procedimiento distinto al de la muerte de Paula. Por su parte, la Fiscalía mantiene que actuó “de manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión”. Aunque la defensa rechaza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de alevosía y premeditación.

Una relación de dominio y maltrato

En marzo de este año, la Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a Marco por el asesinato de su expareja Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, así como por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, también le impuso el pago de más de 918.000 euros en indemnización a los familiares de la víctima.

Según la resolución, el acusado mantenía una relación marcada por el control y la dominación sobre Paula, con episodios de maltrato físico y psicológico, control económico, aislamiento y amenazas. En uno de los episodios más graves, llegó a advertirle de que le haría “lo mismo que a Sibora”, en referencia a su expareja desaparecida, cuyo cadáver fue hallado años después emparedado en otra vivienda.

El crimen se produjo el 17 de mayo de 2023, cuando el acusado atacó a la víctima con un cuchillo en el domicilio que ambos compartían. La sentencia considera probado que la engañó para que regresara al lugar, donde la esperaba para agredirla. Paula intentó huir, pero recibió hasta 16 puñaladas, lo que el tribunal interpreta como una muestra clara de la intención de matar y de la extrema violencia del ataque.

Además de la pena de prisión, la Audiencia apreció la existencia de alevosía y la agravante de género, al considerar que el acusado actuaba movido por una relación de control y dominación. También se le impusieron medidas accesorias como la privación de la patria potestad sobre el hijo que tenían en común y prohibiciones de acercamiento y tenencia de armas.

Elaborado con información de Efe y Europa Press

Un hombre de 34 años fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de amenazar e intentar asesinar a su expareja en el barrio porteño de Almagro. El hecho es investigado bajo la carátula de tentativa de femicidio agravado.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, el episodio ocurrió en el domicilio de la mujer, quien es madre de los hijos del imputado. El hombre, que tenía vigente una orden de restricción de acercamiento producto de antecedentes previos, acudió al lugar con motivo del cumpleaños de la víctima y violó la prohibición judicial.

Horas después, el imputado exigió a la mujer que le entregara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a agredirla física y verbalmente, propinándole golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. De acuerdo con la información oficial, el ataque escaló cuando el agresor intentó cortarle el pelo con una tijera y le manifestó: “Si no sos mía, no sos de nadie”.

En ese contexto, el hombre tomó un cuchillo, cuya hoja medía 25 centímetros de largo, y amenazó de muerte a su expareja: “Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie”. El intento de ataque con arma blanca ocurrió delante de la hija de 5 años de ambos, aunque la mujer logró esquivar la agresión y el cuchillo terminó incrustado en la pared del domicilio.

La víctima pudo escapar hacia la calle y pedir auxilio. Personal de la Policía de la Ciudad intervino rápidamente, redujo al imputado y procedió con su detención.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), que dispuso las primeras medidas investigativas.

El auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, responsable de la UFLA Oeste, consideró desde el inicio que el caso encuadra en tentativa de femicidio, agravada por el vínculo y por haberse dado en un contexto de violencia de género. Así, solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, a cargo de Ricardo Baldomar, quien hizo lugar al pedido.

El imputado, que continuará privado de su libertad mientras se desarrolle la investigación, enfrenta cargos por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado.

Este martes la Justicia dictó por tercera vez una condena por violencia de género y familiar a un hombre de Villa María, Córdoba, en donde las víctimas eran su pareja y la madre de ella. Además, lo acusaron de otros cinco delitos.

E. A. C. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que fue declarado reincidente. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable de violación de domicilio, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas y hurto. El hombre había ingresado al domicilio de las damnificadas, sin autorización. Además, ejerció amenazas sostenidas en el tiempo y agresiones físicas.

Los hechos por los que fue juzgado en esta oportunidad se remontan a 2018, 2024 y 2025, por los cuales permanecía detenido desde hacía un año y dos meses. Al tratarse de una pena de cumplimiento efectivo sobre todo por la reiterancia de los hechos, E. A. C. deberá permanecer alojado en un establecimiento penitenciario, confirmó El Doce.

El hombre tenía un amplio historial de condenas por hechos de iguales características que había cumplido en el pasado. En 2020 lo sentenciaron a dos años de prisión por un total de 15 hechos, que incluyeron encubrimiento, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas, violación de domicilio, coacción y lesiones leves calificadas. Tres años después, en 2023, volvió a recibir dos años de prisión efectiva por nuevos episodios de violencia familiar. En aquel proceso, el juez de la Cámara del Crimen, Félix Alejandro Martínez, le impuso la pena tras la confesión del acusado, en una causa que comprendía amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

Frente a esa reiteración de conductas, la Justicia había ordenado que Castellano realizara tratamiento psicológico dentro del penal para abordar su problemática vinculada a la violencia.

Estaba condenado por violencia de género y volvió a golpear a su ex pareja

Un tribunal de San Juan condenó a Rafael Arturo Lucero a seis meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares contra la misma mujer.

La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado acordado entre la defensa de Lucero, a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, con el aval de la jueza de garantías Celia Maldonado. A través de este mecanismo, que permitió cerrar el proceso penal sin llegar a juicio oral, el acusado reconoció su culpabilidad a cambio de una pena reducida.

La última agresión tuvo lugar el 9 de octubre de 2024, cuando Lucero atacó a la mujer en una parada de colectivo sobre la avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales, quienes intervinieron de inmediato y lograron su detención, según el medio local Tiempo de San Juan.

Los cargos que llevaron a una condena fueron lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo entre las partes y por haberse producido en un contexto de violencia de género. En 2017, el condenado ya había sido sentenciado a un año de prisión condicional por lesionar a la misma víctima.

El expediente se reactivó luego de que el hombre de 42 años, fuera capturado el jueves previo a la sentencia en el barrio Los Zorzales de Rivadavia. Desde el 19 de mayo de 2025, Lucero había sido declarado prófugo tras no presentarse a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

Entre enero y junio de 2026, la provincia de San Juan registró más de 1.000 denuncias por violencia de género. De acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal y relevamientos de medios locales, la mayoría de los casos corresponde a mujeres agredidas en el ámbito doméstico por parejas o exparejas.

Un hombre de 34 años quedó detenido con prisión preventiva acusado de intentar asesinar a su ex pareja en el barrio porteño de Almagro, en un violento episodio de violencia de género que ocurrió delante de la hija de ambos, de apenas 5 años. El agresor ya tenía una restricción de acercamiento vigente.

El hecho ocurrió en el domicilio de la víctima, donde el imputado se presentó con la excusa de celebrar el cumpleaños de la mujer. Lo hizo a pesar de tener una prohibición de acercamiento dictada por un episodio previo de violencia.

De acuerdo con la investigación, horas después de llegar al lugar, el acusado le exigió a la mujer que desbloqueara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a insultarla y luego la atacó físicamente: la golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

La violencia escaló rápidamente. En medio de la agresión, el hombre tomó una tijera e intentó cortarle el cabello mientras le decía: “Si no sos mía, no sos de nadie”. Minutos después, agarró un cuchillo con una hoja de unos 25 centímetros e intentó clavárselo a la altura del cuello, al tiempo que la amenazaba de muerte.

La víctima logró esquivar el ataque y el cuchillo terminó incrustado en una pared de la vivienda. Toda la escena ocurrió frente a la hija menor de ambos.

Tras ese momento, la mujer consiguió escapar de la casa y salir a la calle para pedir ayuda. Efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban en la zona intervinieron de inmediato, redujeron al agresor y lo detuvieron.

En las últimas horas, el auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño, consiguió que se dictara la prisión preventiva. La medida fue avalada por el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18.

Desde el inicio, la fiscalía encuadró el caso como tentativa de femicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. En ese marco, el imputado fue acusado por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado.

La violencia de género en la Argentina sigue mostrando cifras alarmantes. Según datos difundidos por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la organización La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 87 víctimas fatales vinculadas a violencia de género.

El relevamiento incluye 74 femicidios de mujeres y niñas, 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños. A ese escenario se suman 172 intentos de femicidio, casos que continúan en seguimiento y que reflejan la magnitud de las agresiones que no llegan a consumarse.

Desde la organización advierten que, en la mayoría de los casos, los ataques ocurren en contextos de violencia previa y que muchas víctimas habían tenido contacto con el sistema judicial o contaban con medidas de protección vigentes.

Ante situaciones de violencia de género, la línea 144 brinda atención gratuita, confidencial y las 24 horas en todo el país. También se puede realizar denuncias en comisarías o fiscalías especializadas.

El reciente balance presentado por Faride Raful, ministra de Interior y Policía, señala que la República Dominicana registró 394 muertes violentas entre enero y abril de 2026.

Este dato se enmarca en un contexto de persistente criminalidad y desafíos para las fuerzas de seguridad, que enfrentan tanto a la delincuencia común y organizada como a problemáticas sociales de diversa índole.

De la cifra total, 117 fallecimientos se atribuyen a hechos vinculados con la delincuencia, incluidos ocho miembros de la Policía Nacional.

Otros 93 casos corresponden a muertes en enfrentamientos entre civiles y agentes policiales. Además, 184 personas perdieron la vida en situaciones relacionadas con riñas, venganzas, feminicidios y suicidios de los agresores.

Esta distribución evidencia que la mortalidad violenta en el país no solo está relacionada con el crimen organizado, sino también con conflictos interpersonales y violencia de género.

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades reportaron que la tasa de homicidios acumulada en mayo se sitúa en 7.34 por cada 100,000 habitantes.

Según la ministra Raful, esta cifra representa una reducción sostenida respecto a periodos anteriores: en mayo de 2023, la tasa era de 12.7, en 2024 bajó a 10.05 y en 2025 se ubicó en 8.4 por cada 100,000 habitantes.

El descenso progresivo permite a las autoridades sostener que existe una tendencia anual a la baja en la gravedad del fenómeno, informó EFE.

En declaraciones, Raful calificó los enfrentamientos entre agentes y supuestos delincuentes como un “tema complejo”. Explicó que muchos policías “son recibidos a tiros durante operativos” y que el crimen organizado muestra una creciente sofisticación. A pesar de este entorno de riesgo, la funcionaria subrayó que instituciones como la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas mantienen sus esfuerzos por desarticular estructuras criminales.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Andrés Cruz, sostuvo que “la institución mantiene el compromiso de preservar la integridad física y los derechos humanos“. No obstante, advirtió que “los agentes no retrocederán frente a la delincuencia”. Aclaró que el objetivo principal es “capturar a los sospechosos y ponerlos a disposición del Ministerio Público“, aunque admitió que muchas veces los operativos derivan en enfrentamientos debido a la reacción armada de los perseguidos.

Feminicidios y consecuencias familiares en el inicio de 2026

En los primeros meses de 2026, las cifras oficiales registran 32 feminicidios en la República Dominicana, un dato que mantiene vigente la preocupación social por la violencia de género. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadísticas y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial, el 54% de los agresores permanece bajo arresto.

La mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, lo que revela una tendencia alarmante que afecta de manera directa a las familias. Esta violencia deja a decenas de menores sin madre y genera un impacto profundo en el entorno social y emocional de los afectados.

El fenómeno de los feminicidios, según los organismos oficiales, refleja que las respuestas institucionales aún no logran frenar de forma suficiente estos episodios, a pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia respecto a años anteriores. La persistencia de este tipo de crímenes subraya la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección, así como el acompañamiento a las familias que enfrentan las consecuencias directas de la violencia de género.

Una mujer denunció por violencia de género a su ex pareja, un empleado judicial de la provincia del Chaco, a quien acusó de ejercer durante meses amenazas, hostigamiento y violencia psicológica extrema. “Así vas a terminar vos”, le decía mientras le enviaba fotos de víctimas de femicidios.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el acusado es Lucas Martín Simoni (34), quien se desempeña como proveyente en la Fiscalía N°9 de la capital chaqueña. Este lunes, la Fiscalía N°11 especializada en Género —a cargo de Noel Benítez— dispuso una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico para la denunciante.

El caso se remonta al pasado 27 de abril, cuando la víctima se presentó ante la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía de Resistencia para radicar la denuncia. Allí, la mujer aseguró que mantuvo una relación de aproximadamente un año y medio con Simoni y explicó que decidió separarse debido a “la violencia psicológica y constante” que, según declaró, él ejercía sobre ella.

De acuerdo con la presentación judicial a la que accedió este medio, la denunciante sostuvo que el acusado utilizaba su vínculo con el Poder Judicial para intimidarla. “Él se aprovechaba de su situación laboral diciéndome que haga la denuncia, que total nadie me iba a creer”, afirmó.

Según su relato, el hombre le enviaba fotografías de víctimas de femicidios y expedientes judiciales vinculados a casos de violencia contra mujeres. Incluso, aseguró que en una oportunidad recibió la imagen de una víctima acompañada por la frase: “Así vas a terminar vos”.

La mujer también sostuvo que Simoni le mostraba imágenes de armas secuestradas y fragmentos de expedientes judiciales mientras se burlaba de las víctimas. “Decía que odiaba a todas las mujeres y que merecían estar muertas”, declaró. De acuerdo con la denuncia, ante esos episodios ella le preguntaba “cómo podía tener ese pensamient y trabajar en un lugar así”, a lo que él le respondía que “para entender a los violentos él tenía que ser uno”.

Además, relató episodios de control extremo, insultos, agresiones y amenazas permanentes. Según consta en la presentación judicial, en una ocasión Simoni le torció la muñeca para desbloquearle el celular por la fuerza y revisar sus mensajes. La mujer aseguró además que, incluso después de la separación, el empleado judicial continuó hostigándola tanto en su lugar de trabajo como en los sitios que frecuentaba. También afirmó que la amenazaba con difundir imágenes íntimas y que le enviaba mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

La denunciante sostuvo además que Simoni consumía cocaína y alcohol y que gran parte de los episodios de violencia ocurrían en ese contexto.

Según pudo saber Infobae, la causa aún no tiene una calificación legal definida y se encuentra bajo investigación por amenazas en un contexto de violencia de género. Fuentes judiciales confirmaron, además, que no existen denuncias previas registradas contra Simoni.

En paralelo, se inició un sumario administrativo interno por tratarse de un trabajador del Poder Judicial.

Este lunes —16 días después de radicada la denuncia— la Justicia chaqueña dispuso medidas urgentes de protección para la denunciante, entre ellas prohibición de acercamiento y botón antipánico.

Además, la fiscalía ordenó medidas de intervención sobre el denunciado vinculadas a violencia de género y “abordaje de consumo problemático”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, investigación y sanción de toda manifestación de violencia contra las mujeres, actuando con perspectiva de género, imparcialidad y estricto apego a la ley”, señalaron desde la Fiscalía N°11 en un comunicado oficial.

La violencia de género en la Argentina continúa mostrando cifras alarmantes. Según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 68 víctimas fatales por violencia de género en el país. En relevamientos previos, además, Chaco apareció entre las provincias con mayores tasas de femicidios a nivel nacional.

El caso más emblemático reciente en la provincia fue el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuya investigación derivó este año en la condena a prisión perpetua de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo, César.

Las cifras registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) revelaron que el 10 de mayo de 2026 ocurrieron 39 homicidios, en contraste con los 67 de 2025. Este descenso fue complementado por una baja significativa en los homicidios vinculados a riñas, con una caída del 56%, según la información oficial. Aunque persisten los episodios relacionados con la intolerancia, que causaron 17 muertes en esta importante jornada.

Las autoridades revelaron que un dispositivo compuesto por más de 26.000 policías desplegó recursos en todo el territorio nacional para desarrollar planes preventivos, mediar conflictos, ejercer controles dirigidos a salvaguardar la vida y afianzar la convivencia durante una jornada que ha estado marcada por hechos violentos a lo largo de los años.

Este operativo incluyó el refuerzo de la vigilancia, así como la promoción de campañas pedagógicas y la ejecución de actividades dirigidas a mitigar situaciones de intolerancia, lesiones personales y homicidios, especialmente en zonas precedidas de antecedentes críticos en estas fechas.

Las cifras y dispositivos de seguridad que marcaron la jornada

Durante el fin de semana del Día de la Madre, la Policía Nacional registró 11.735 comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos 4.191 relacionados con el porte de armas cortopunzantes y 1.115 comparendos por riñas o confrontaciones violentas, según el informe.

Entre los dispositivos especializados, 9.329 efectivos formados en mediación y resolución de conflictos estuvieron presentes para responder a requerimientos ciudadanos y fomentar el uso del diálogo como principal herramienta para resolver disputas y evitar hechos fatales.

En cuanto a la atención de violencias basadas en género, 377 Patrullas Púrpura, con 821 uniformados (489 mujeres y 332 hombres) se mantuvieron activas y habilitadas en toda Colombia para proporcionar orientación, acompañamiento y respuestas inmediatas a mujeres en situación de riesgo.

Una acción destacada fue la incautación de miles de armas cortopunzantes a lo largo y ancho del país, una medida destinada a minimizar el riesgo de que altercados o discusiones momentáneas deriven en consecuencias irreversibles.

Del mismo modo, se indicó que las ciudades con más medidas correctivas implementadas durante la jornada fueron Bogotá con 3.125 casos de atención, seguida por Santiago de Cali (1.252), Medellín (884), Bucaramanga (575) y Barranquilla (347).

Reacciones institucionales y retos pendientes

El parte de la Policía Nacional resaltó la disminución de la violencia, pero recordó la urgencia de avanzar hacia una transformación cultural profunda que privilegie el diálogo sobre la confrontación.

La institución afirmó: “Cada vida perdida representa una familia marcada por el dolor y una celebración que terminó en tragedia. Aunque los resultados son alentadores, el verdadero reto sigue siendo cultural: aprender a resolver nuestras diferencias mediante el diálogo y no a través de la violencia”, puntualizó el comunicado publicado por las autoridades.

Aunque al conocer las cifras oficiales se destacó el comportamiento cívico, se instó a la ciudadanía a fortalecer valores como la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica, indispensables para consolidar entornos seguros y proteger la vida.

El mensaje oficial indicó que el Día de la Madre debe consolidarse como una oportunidad para compartir, reconciliarse y agradecer, priorizando la unión familiar y el diálogo por sobre cualquier manifestación de violencia que pueda afectar a las familias colombianas.

Una mujer, identificada como Miladis Moreno Torres, fue asesinada durante la noche del 10 de mayo de 2026 en Cartagena. Su pareja sentimental fue señalada como el agresor, pues testigos revelaron que la atacó a puñaladas tras asistir a una celebración por el Día de las Madres y después de una acalorada discusión en su casa, ubicada en el barrio San Pedro Mártir, donde vivieron por más de 14 años.

De acuerdo con datos entregados en rueda de prensa por el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el presunto feminicida fue capturado y permanece bajo custodia policial en un centro asistencial.

Del mismo modo, el oficial informó que la intervención de los uniformados fue posible gracias al aviso de los vecinos que presenciaron el suceso, por lo que el señalado responsable ya fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de feminicidio agravado y ahora debe esperar a las audiencias que definirán su condena.

La hija menor de Miladis Moreno relató al diario local El Universal que desconocía la causa precisa de la discusión, pero detalló que el violento acto se produjo después de que compartieran en una reunión típica de la fecha: “Estuvieron tomando en la casa y ya en la noche se fueron a la calle donde yo vivo a una fiesta familiar. Allí estuvieron bien hasta que comenzaron a discutir”.

Del mismo modo, la joven aseguró que el señalado atacante actuó cuando su madre se hallaba dormida: “Mi mamá se emborrachó más que él y por eso él se la llevó a su casa. Allá aprovechó que estaba dormida para acuchillarla”.

El presunto agresor fue identificado por la joven como Juan Carlos, que se desempeñaba como soldador y albañil. Además, la familiar indicó que el sujeto le propinó más de 10 puñaladas a Moreno y que sus gritos alertaron a los vecinos que acudieron al lugar sobre las 10:00 p. m. A pesar de que la víctima fue trasladada a la Clínica Blas de Lezo, los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para salvar su vida ante la gravedad de las heridas.

Miladis Teresa era madre de cuatro hijas y cumpliría sus 48 años en septiembre de 2026, lo que incrementa el dolor de sus familiares, que están a la espera de la condena en contra del señalado atacante.

El comandante Gelver Yecid Peña Araque reiteró la indignación por lo ocurrido con la siguiente frase: “Una persona que llevaba compartiendo con su homicida 14 años y en un evento de violencia intrafamiliar acaba con la vida de esta mujer. Este hombre fue capturado por parte de la Policía Nacional”.

El primer feminicidio de 2026

La muerte de Miladis Moreno Torres eleva a cuatro el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en Cartagena y sus corregimientos. Sin embargo, este es el primer caso tipificado como feminicidio este año en la ciudad. En 2025, 19 mujeres fueron víctimas de homicidio y de ese total 4 casos se clasificaron como feminicidio.

Las otras mujeres asesinadas en Cartagena en 2026 han sido: Esilda del Carmen Reyes Martínez, de 67 años, baleada en un atraco en el barrio Ternera; Damaris Marrugo Cabarcas, de 50 años, que murió por una bala perdida en La María; y Elismeys del Carmen Villa Miranda, de 43 años, asesinada en un hecho aún por esclarecer en el barrio 7 de Agosto.

El caso de Miladis Moreno Torres provocó una reacción inmediata de la comunidad, pues los vecinos del sector intentaron agredir al presunto feminicida con objetos contundentes y armas blancas, hasta que llegó la Policía Nacional, que logró trasladarlo en patrulla hasta un centro médico.

Por ahora, las autoridades informaron que el hombre permanece bajo atención médica y vigilancia policial, a la espera del inicio del proceso judicial.

Flor Yaneth Hurtado Perlaza, colombiana residente en Chile, murió tras recibir cuatro disparos en plena vía pública de Rancagua, luego de una fuerte discusión con un hombre aún no identificado.

Según la información recopilada por las autoridades chilenas al medio local T13, el crimen ocurrió en la noche del 5 de mayo, en un local comercial de la ciudad chilena, cerca a una comisaría de Carabineros de la Policía en Rancagua.

Las primeras versiones oficiales apuntan a que el hombre habría llegado al inmueble donde se encontraba la víctima; después salieron a la calle y discutieron, hasta que el agresor desenfundó un arma de fuego y disparó a corta distancia, causándole la muerte de inmediato.

Testimonios recogidos por la prensa local precisan que la Policía recibió una alerta y que, al llegar, encontró a la mujer tendida en la vía. “Los carabineros habían recibido una alerta por unos disparos y al llegar al lugar encuentran a la víctima en el suelo. Constatan su muerte”, detallaron las autoridades al medio citado.

El fiscal Francisco Caballero, de la Fiscalía Ecoh Rancagua, explicó al medio chileno las primeras indagaciones sobre el crimen contra la ciudadana colombiana.

“Se trataría de una trabajadora sexual que fue agredida por un cliente del local en el que ella se desempeñaba. Le habría propinado, de acuerdo con la información preliminar, cuatro disparos en el rostro y el torso superior que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar”, relató el fiscal.

Las autoridades chilenas analizan las cámaras de seguridad, intentan identificar al agresor y determinar si actuó solo o con acompañantes.

Familia de la víctima pide celeridad en la investigación

Flor Yaneth Hurtado Perlaza era oriunda de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca (pacífico colombiano).

A su vez, tendría un hijo que, según la policía local, también estaría residiendo en la capital chilena. Familiares de la connacional relataron a El País Cali su incertidumbre y dolor ante la falta de información clara sobre los avances de la investigación.

En redes sociales, conocidos y allegados destacaron la calidad humana de la víctima y enviaron mensajes de apoyo a su familia.

“Yo personalmente conozco a esta familia, son gente de bien y muy queridos; ella era una buena persona y muy cariñosa. Se fue hace tiempo para Chile y después se llevó a su hijo. Ellos se querían mucho”, expresó un conocido en redes sociales, citado por El Tiempo.

Las autoridades chilenas, entre ellas la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), siguen indagando sobre el móvil del crimen y la relación previa, si existía, entre la víctima y el responsable.

El caso ha movilizado a la comunidad de Buenaventura, que exige justicia y respeto por la memoria de la colombiana asesinada.

Denuncias por violencia de género en Colombia

En Colombia, mujeres afectadas por violencia de género pueden contar con diferentes canales institucionales. Las autoridades señalan que la Línea 155 nacional está disponible de forma gratuita las 24 horas para orientación, apoyo psicológico y activación de la “ruta de atención” en casos de violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica.

La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias tanto presencialmente como vía telefónica o digital. Se puede marcar el 122 desde celular, el 601 5702000 desde Bogotá o el 018000919748 a nivel nacional. Las Comisarías de Familia están habilitadas para dictar medidas urgentes de protección en todo el país.

También existen servicios como la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales, que prestan acompañamiento gratuito a las víctimas.

En Bogotá, la Línea Púrpura (018000112137) ofrece orientación integral; en Cali, se cuenta con la Patrulla Púrpura en el número 318 8611522. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) interviene en situaciones que involucran a menores.

El asesinato de Flor Yaneth Hurtado Perlaza en Chile ha puesto en foco la situación de las migrantes colombianas y la violencia de género. Denunciar estos hechos activa mecanismos de protección y apoyo por parte de diversas entidades estatales, lo que resulta esencial para salvaguardar los derechos y la seguridad de las víctimas.

La violencia machista no da tregua a las mujeres. El pasado 9 de mayo, Karen Giovanna, una joven de 21 años, fue asesinada por su pareja en la provincia de Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, lo que eleva el número de feminicidios a 19 en lo que va de año y a un total de 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El agresor de este último crimen tenía 23 años y existían denuncias previas por violencia de género contra él, ha informado el departamento que dirige Ana Redondo.

De las 19 mujeres asesinadas, 14 eran españolas (73,7%) y 5 extranjeras, (26,3%), la misma proporción que se observa entre los autores de los crímenes: 14 son españoles y 5 poseen otra nacionalidad. Por otro lado, ocho de los agresores tenían denuncias previas por maltrato (42,1%) y ocho víctimas estaban inscritas en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, pero estos mecanismo fueron insuficientes para salvar sus vidas.

Tanto la ministra de Igualdad como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante el nuevo feminicidio ocurrido en Madrid y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Luego de su negativa inicial para prestar declaración por los delitos que se le imputan, Balbuena decidió cambiar de abogado y de estrategia. Por eso es que, mientras continúa detenido, solicitó una nueva audiencia para declarar ante la fiscal Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar.

Balbuena fue trasladado el último viernes en un patrullero de la Policía Bonaerense a la sede judicial y se sentó frente a la investigadora. Según se puede extraer de su declaración, a la que logró acceder este medio, el empresario del rubro automotor fue indagado por dos hechos puntuales, uno de los cuales fue revelado por la denunciante ante la fiscal Semería.

Fuentes del caso precisaron que el hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024 y nunca había sido denunciado por Camila. Sin embargo, ella aprovechó la causa para contar lo sucedido y presentar la constancia médica correspondiente. “Recuerdo que habíamos discutido porque me quería acompañar a hacer una verificación policial de un vehículo que había que vender. Ella se enoja porque no le permito acompañarme, yo lo que buscaba era respirar y no seguir discutiendo y me fui hasta Capital a hacer la verificación policial”, explicó el imputado.

Tras realizar el trámite, Balbuena contó que se comunicó por teléfono con Camila y ella le dijo que estaba en el hospital a raíz de un fuerte dolor de cabeza. Ante esa situación, se subió a su auto y la pasó a buscar por el centro de salud.

Respecto al otro hecho de violencia, registrado el 13 de mayo del año pasado, Balbuena señaló que la pelea ocurrió en el domicilio de Camila, adónde él, siempre según su testimonio, había ido a buscar teléfonos y una computadora que la víctima tenía en su poder, y que contenían información de clientes de la empresa en la que eran socios.

“Necesitaba entender la situación de determinados clientes que se presentaban diciendo que habían hablado con ella y no tenían respuesta o avances con respecto a la compra de los vehículos”, argumentó Balbuena.

En medio de la conversación entre ambos, Camila le habría reprochado a Balbuena por su reciente separación. “Ella me empieza a reclamar lo que siempre me reclamaba, que era por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella. Yo respondí que nuestra relación era tóxica, que no nos hacía bien a ninguno de los dos y que por eso lo mas conveniente era seguir separados”, declaró.

Luego, Balbuena puntualizó que en esa situación se desató un nuevo hecho de violencia, del cual aseguró sentirse “arrepentido”.

“Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío, pero siempre tuve la intención de que le vaya bien. Después de la pelea, fuimos a l a pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedía disculpas por no poder amarla, pero que era una buena chica, joven, y que ya se iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida, que la vida no se acaba por una separación”, expresó.

A pesar de la violencia previa, Balbuena contó que la situación derivó en relaciones íntimas entre ambos, algo que, según el imputado, era habitual en la pareja: “En ese momento, ella me abraza me decía que no la deje, y ahí hicimos el amor, nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”.

Según pudo saber este medio, Balbuena lloró durante su declaración y mostró signos de arrepentimiento en relación a los salvajes castigos a los que sometió a Camila. En ese sentido, no cuestionó el impactante video que la denunciante compartió en sus redes sociales, el cual muestra uno de los ataques que sufrió por parte de su expareja, pero tampoco emitió comentarios al respecto.

Cómo avanza la investigación

Con Balbuena tras las rejas, la fiscal Semería trabaja en conseguir todas las pruebas necesarias para pedir la prisión preventiva del imputado, la cual puede ser solicitada hasta 30 días después de su detención.

En ese sentido, la investigadora dispuso la realización de pericias psicológicas tanto al imputado como a la denunciante. Asimismo, aguarda contar con las declaraciones de más testigos propuestos por ambas partes.

Según reconstruyó la investigación, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

Testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

En su historial judicial, Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

En los primeros meses de 2026, República Dominicana ha registrado 32 muertes violentas de mujeres por razones de género, lo que revela la magnitud persistente del problema a pesar de los esfuerzos institucionales para reducir los casos en comparación con años anteriores.

La mayoría de estas muertes corresponden a crímenes perpetrados por parejas o exparejas, con un impacto que no solo alarma a la sociedad, sino que produce graves consecuencias para las víctimas y sus familias, particularmente los niños y adolescentes que quedan huérfanos tras estos hechos, según datos oficiales difundidos por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dirección Nacional contra la Violencia de Género reportó 22 feminicidios, una cifra que aumentó a más de 27 casos hasta mayo, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, y que el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial consolidó en 32 casos al cierre de los informes más recientes, información también recogida por el medio Diario Listín en su cobertura especializada del tema.

En términos comparativos, el año anterior concluyó con 59 feminicidios ocurridos en los primeros meses, lo que representó una reducción aproximada del 17 % respecto de 2024, año en que se reportaron 71 víctimas en el mismo período.

Según datos históricos presentados por la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, entre 2005 y 2019 el promedio anual del país fue de cerca de 97 casos de feminicidio, incluyendo años que superaron los 130 fallecimientos.

Desde 2020, el promedio anual se redujo aproximadamente a 63 feminicidios, tendencia que, aunque a la baja, mantiene a la violencia de género como uno de los problemas públicos más graves de República Dominicana.

El perfil de las víctimas en 2026 corresponde mayoritariamente a mujeres jóvenes entre 18 y 35 años durante los primeros meses.

La mayoría de los casos ocurrieron en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, sumando entre ambas un 41 % de los casos contabilizados en el trimestre inicial del año. Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo son las principales afectadas por la violencia.

Respecto a la relación entre víctimas y agresores, en doce casos, el perpetrador era la pareja actual; en ocho, la expareja.

El resto de los hechos fueron cometidos por personas allegadas o con vínculos previos a las víctimas. Según datos oficiales recabados por la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, el 54.55 % de los agresores permanece bajo arresto, mientras que el resto se encuentra prófugo o bajo investigación judicial.

Además, un dato central para la comprensión de la problemática: el 86 % de las mujeres asesinadas en 2026 no había presentado denuncias anteriores contra sus agresores, lo que limita la capacidad de intervención temprana y contribuye a la persistencia de la impunidad.

El arma utilizada en estos crímenes varió entre armas blancas y de fuego, con mayor frecuencia de los hechos registrados en horarios diurnos, especialmente entre las 6:00 de la mañana en algunos casos ocurrió al filo de la medianoche, las autoridades han observado una concentración notable de casos los días domingo.

La violencia de género y los feminicidios han impactado de forma directa a los núcleos familiares: en cada uno de estos episodios, numerosos menores han quedado huérfanos, según la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que informó que en 2024 los feminicidios dejaron “decenas de hijos sin sus madres, generando profundas secuelas emocionales en la vida de cada uno".

Durante el mismo periodo en 2026, las autoridades registraron más de 17,000 denuncias por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales en todo el país. La provincia de Santo Domingo encabeza las estadísticas de denuncias con 5,766 casos reportados.

El 52.49 % de todas las denuncias se correspondió con situaciones de violencia intrafamiliar, mientras que el 89.43 % involucró casos de violencia de género y familiar; los delitos sexuales constituyeron el 10.57 % restante. Estos datos, extraídos de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género y de la Dirección de Inteligencia de Datos e Indicadores de Gestión.

Un bloque fundamental de la problemática se origina en la ausencia de denuncias previas por parte de las víctimas: la elevada proporción de mujeres que nunca accedieron a la vía institucional para exponer su situación propicia escenarios de violencia recurrente y dificulta la acción precoz de los organismos de protección.

La reacción institucional incluyó el anuncio de nuevas estrategias de prevención y campañas de sensibilización, acompañadas por el fortalecimiento de los programas integrales de atención para víctimas, coordinados desde el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía. Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó en noviembre de 2025 que las autoridades observan una tendencia a la baja tanto en las muertes como en las denuncias, aunque subrayó que el problema permanece como prioridad nacional.

El Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora resolvió habilitar la etapa de juicio oral en la causa contra Oscar “Junior” Benítez, imputado por instigación al suicidio en un contexto de violencia de género tras la muerte de Anabelia Ayala. El debate se desarrollará en al menos cuatro jornadas, será público y contará con la incorporación por lectura de numerosa prueba documental, pericial y audiovisual, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La causa avanzó luego del ofrecimiento de prueba realizado por las partes y la renuncia a la audiencia preliminar. El tribunal dispuso la citación de todos los testigos propuestos con vinculación directa al hecho investigado y admitió para el debate el acta de procedimiento, actuaciones médico-legales, documentación relacionada al deceso, informes toxicológicos, protocolo de autopsia y la declaración del imputado.

Según lo resuelto, se autorizó la incorporación, sujeta a eventuales verificaciones de contradicciones, de videos, grabaciones de audio, capturas de pantalla, informes técnicos y periciales de cotejo de voz, además de tres CD resguardados bajo cadena de custodia.

El tribunal admitió informes del Registro Nacional de Reincidencia y antecedentes policiales, limitando su uso a la individualización de antecedentes para una potencial pena.

Al mismo tiempo, los jueces dejaron abierta la posibilidad de que las partes soliciten en el futuro el trámite de juicio abreviado previsto por el artículo 395 del Código Procesal Penal.

En el marco de diligencias suplementarias y con un plazo de hasta ciento veinte días, la fiscalía deberá actualizar y certificar antecedentes penales del imputado, mientras que el particular damnificado tendrá a su cargo solicitar copias certificadas de una causa conexa, recabar registros y grabaciones del servicio de emergencias 911 entre la medianoche del 31 de diciembre de 2023 y las 13:00 del 1 de enero de 2024, solicitar informes de causas penales relacionadas y realizar pericias psicológicas y psiquiátricas sobre el acusado.

Entre las medidas autorizadas figura el pedido a la Cancillería argentina del resultado de un exhorto a los Estados Unidos de México, una autopsia psicológica de la víctima que llevará adelante el psiquiatra Rafael Herrera Milano, perito de parte, y el libramiento de oficio a Meta Platforms Inc. para la preservación de cuentas de redes sociales vinculadas a la investigación.

A solicitud de la defensa, se ordenó recabar información sobre el movimiento migratorio de Anabelia Ayala entre 2018 y 2023, informes de visitas y objetos ingresados a Oscar Benítez en la Alcaldía Departamental Almirante Brown, peritaje del teléfono móvil consignado y recolección de registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio de la familia Ayala durante el período investigado. En caso de obtener imágenes, la Policía Científica deberá autenticar los videos y preservar copias forenses bajo cadena de custodia.

Respecto a la reconstrucción de hechos y secuestro de teléfonos celulares, el tribunal dispuso que solo se avanzará si la producción de prueba en el juicio lo justifica. Para el peritaje sobre el móvil de Benítez, la defensa deberá aportar los datos técnicos necesarios, ya que el teléfono de la víctima permanece bloqueado y el del acusado no pudo ser examinado por falta de software.

Si no prosperaron otras medidas de instrucción solicitadas, y la exhibición de material audiovisual o la identificación de familiares será evaluada durante la audiencia, al igual que la eventual reconstrucción en el lugar del hecho.

La audiencia de inicio del juicio oral y público será fijada una vez culminado el período de diligencias suplementarias. La investigación se centra en determinar si Benítez coaccionó a Ayala a quitarse la vida bajo un régimen de control, amenazas y vigilancia constante, hecho por el que ya fue condenado previamente por ejercer violencia y amenazas contra la familia de la joven. El expediente reúne pruebas documentales, pericias técnicas y testimoniales que serán clave durante el debate.

La delincuencia violenta en Centroamérica y el Caribe limita las oportunidades económicas de las mujeres de modo estructural, restringiendo su acceso al empleo, a los ingresos y a la autonomía en el hogar, según evidencia reciente del Banco Mundial.

Estas restricciones profundizan las brechas de género y generan un círculo vicioso: la inseguridad erosiona las oportunidades económicas, mientras la precariedad financiera alimenta condiciones para que persista la violencia.

De acuerdo con el blog “En América Latina, cuando aumenta la violencia, disminuyen las oportunidades económicas de las mujeres” del Banco Mundial, la violencia contra las mujeres en la región trasciende el impacto inmediato de los delitos.

El miedo, el acoso y la violencia de pareja se convierten en barreras diarias para la inserción laboral y el desarrollo profesional de millones de mujeres. Incluso sin ser víctimas directas, la percepción de inseguridad determina el tipo de trabajos que pueden aceptar, la distancia que pueden recorrer y el tiempo que dedican al empleo remunerado.

La sección final del reporte advierte que los entornos con alta criminalidad suelen carecer de leyes integrales que protejan a las mujeres frente a la violencia de género. En muchos casos, aunque existan marcos jurídicos, la aplicación deficiente y los recursos limitados frustran el ejercicio efectivo de los derechos. El informe subraya: “Los países con altos niveles de violencia a menudo carecen de protecciones legales integrales relacionadas con la violencia de género, los derechos laborales, el cuidado infantil y el derecho de familia”, según el Banco Mundial.

Seis mecanismos que vinculan la inseguridad con la desigualdad de género

La investigación del Banco Mundial identifica seis factores a través de los cuales la delincuencia condiciona la economía femenina. El primero es la segregación sectorial: en la región, las mujeres predominan en sectores informales y de bajos ingresos —como trabajo doméstico, hotelería y comercio minorista—, que están especialmente expuestos tanto a la delincuencia como a las crisis económicas.

Cuando aumenta la violencia, estos sectores son los primeros en verse afectados, provocando la salida de mujeres del mercado laboral o la migración a empleos aún más precarios.

El segundo mecanismo es el miedo a la victimización, un factor que altera la toma de decisiones sobre el trabajo. Las mujeres presentan mayor tendencia que los hombres a reducir sus horas laborales o retirarse de la fuerza de trabajo formal en épocas de inseguridad.

Esto las lleva frecuentemente a orientar su esfuerzo hacia tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, con efectos acumulativos sobre la brecha de género a lo largo del tiempo.

El texto señala que la movilidad limitada es crucial: la preocupación por el acoso y la seguridad personal restringe más los desplazamientos de las mujeres que los de los hombres. Muchas optan por no viajar de noche o evitan el transporte público, lo cual reduce notablemente sus opciones laborales y refuerza la segregación ocupacional.

La relación entre la inseguridad pública y la violencia de pareja es un aspecto central. La exposición a entornos violentos incrementa el riesgo de que las mujeres sufran agresiones en el ámbito doméstico, lo que afecta directamente su capacidad para sostener el empleo, disminuye su productividad y deja huellas en la salud mental. Esta situación genera ausentismo, salidas forzadas del mercado laboral y mayor dependencia económica.

El poder de negociación dentro del hogar representa el quinto mecanismo. Cuando la delincuencia aumenta y los ingresos femeninos se reducen, las mujeres pierden influencia en las decisiones familiares —incluidas las relativas al trabajo, el uso del tiempo y el reparto de recursos—, perpetuando así la desigualdad y limitando aún más su participación laboral.

Por último, la acumulación de capital humano resulta gravemente afectada. La violencia y la inseguridad pueden interrumpir la escolarización de niñas y adolescentes, ya sea por desplazamiento, por miedo o por las cargas de cuidado no remunerado impuestas por normas sociales. Estas interrupciones merman las posibilidades de desarrollo profesional y perpetúan la desigualdad de género entre generaciones.

El ciclo de violencia e inseguridad laboral

La interacción entre condiciones económicas y criminalidad es recíproca. El Banco Mundial advierte que la escasa oferta de empleo para los hombres jóvenes puede amplificar la violencia. El clima de peligro disminuye la participación de las mujeres en empleos remunerados y aumenta el tiempo destinado a labores no pagadas, como el cuidado y el trabajo doméstico, debilitando aún más la estructura económica de los hogares.

En los países donde la delincuencia es elevada y las leyes carecen de mecanismos robustos de aplicación, incluso en presencia de marcos legales, la vulnerabilidad y exposición de las mujeres al desempleo y la informalidad se incrementan. La dependencia económica en la adultez se origina en desventajas tempranas: escolaridad interrumpida por la inseguridad y menos oportunidades para adquirir habilidades laborales, lo que debilita la posición de las mujeres en el mercado de trabajo durante toda su vida.

Recomendaciones: políticas integrales con enfoque de género

Según la redacción del Banco Mundial, superar este ciclo exige intervenciones específicas y coordinadas. Se recomienda implementar políticas de empleo activas que faciliten la transición de las mujeres hacia ocupaciones más seguras y mejor remuneradas, e invertir en sistemas de cuidado infantil para reducir la sobrecarga del trabajo no pagado. La provisión de servicios de salud mental enfocados en el trauma también contribuye a la reinserción económica.

El informe subraya la importancia de fortalecer los marcos jurídicos y la aplicación efectiva de las leyes para proteger a las mujeres en entornos de violencia. Además, destaca la urgencia de impulsar campañas para transformar normas sociales, involucrando a los hombres y a las comunidades en la erradicación de la violencia de género.

Una mujer fue asesinada en la zona costera del departamento de La Libertad, en la región central de El Salvador. El crimen se produjo la madrugada del sábado en una propiedad privada de la playa El Zunzal, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima presentaba múltiples lesiones provocadas con arma blanca. Las autoridades mantienen bajo reserva su identidad mientras avanzan las investigaciones.

Integrantes del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas señalaron que el ataque ocurrió en el interior de un rancho privado. El principal sospechoso sería la pareja sentimental de la víctima, quien escapó tras el crimen. Equipos de Inteligencia Policial e Investigaciones fueron desplegados en la zona con el objetivo de ubicar y capturar al responsable.

La PNC comunicó el homicidio a través de sus cuentas institucionales e indicó: “Reportamos un homicidio en Tamanique, La Libertad Costa. La víctima es una mujer quien fue lesionada con arma blanca”. Hasta el momento, no se ha informado sobre el posible móvil ni la identidad de la víctima.

De acuerdo con los datos oficiales más recientes de la Policía Nacional Civil, este sería el tercer caso de violencia reportado en el mes de mayo a nivel nacional. Al analizar las estadísticas oficiales en 2018, los registros muestran que varios días de mayo superaron los 10 homicidios diarios, reflejando altos niveles de violencia en ese periodo. Para 2025, los registros indican que del 1° al 9 de mayo no hubo homicidios reportados, lo que sugiere una reducción significativa de la violencia letal durante esos días. En contraste, en 2026 ya se contabilizan tres homicidios en el mismo lapso, lo que representa un ligero incremento respecto al año anterior, aunque la cifra sigue lejos de los niveles observados en años anteriores.

Ocho mujeres han sido asesinadas en lo que va del año

Según cifras recopiladas por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y datos oficiales de la PNC, ocho mujeres han sido víctimas de feminicidio o de muertes violentas en El Salvador durante 2026. Entre los casos recientes destaca el asesinato de Lorenza del Tránsito Cardona, de 65 años, ocurrido el 30 de abril en la colonia Las ánimas, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Testigos relataron que Cardona fue atacada cuando intentó proteger a una joven que era agredida. Por este hecho, la policía capturó a Mayno G. F. tras un operativo de búsqueda.

En el mismo departamento se registró el caso de Glenda Isabela Hernández, de 28 años, hallada sin vida en su vivienda el 19 de abril. El principal sospechoso es su pareja. Las investigaciones de Ormusa detallan que, entre el 1 de enero y el 29 de marzo, se registraron seis feminicidios, de los cuales dos fueron cometidos por parejas de las víctimas. Los métodos utilizados en estos crímenes incluyen armas de fuego, asfixia y objetos punzocortantes.

La organización también ha reportado al menos cinco episodios de violencia intrafamiliar en los primeros meses del año, considerados intentos de feminicidio. Estos hechos evidencian la persistencia de la violencia de género en diferentes regiones del país, especialmente en entornos familiares y comunitarios.

En el marco de los diálogos de paz que el Gobierno adelanta desde 2023 con estructuras criminales en Buenaventura, fueron conocidas denuncias sobre presuntos casos de explotación sexual de niñas y mujeres por parte de grupos armados ilegales.

Las estructuras señaladas corresponden a Shottas, Espartanos y Los Chiquillos, organizaciones que participan en la mesa sociojurídica de paz urbana, orientada a la reducción de la violencia en el distrito portuario del Valle del Cauca.

Las denuncias se conocieron durante la firma de un acuerdo relacionado con la erradicación de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, en el que intervienen autoridades y voceros de las estructuras criminales.

Denuncias sobre reclutamiento y explotación sexual de menores

El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos, Fabio Cardozo, señaló la existencia de denuncias sobre reclutamiento y explotación de menores de edad en el territorio.

En declaraciones a medios, Cardozo afirmó: “Tenemos incluso nosotros denuncias de niñas que se llevan un fin de semana, eso se llama esclavitud sexual, de niñas que reclutan a la fuerza en las bandas, que las ponen a ser bandados, que tal cosa, o que las violentan directa y físicamente hasta perder la vida.”

El funcionario agregó que estos hechos hacen parte de una problemática persistente en el contexto del conflicto urbano que se vive en Buenaventura.

Advertencias sobre violencia de género en Buenaventura

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre la continuidad de casos de violencia contra mujeres y menores en el distrito, según declaraciones entregadas a medios nacionales.

De acuerdo con lo citado por Noticias RCN, la mandataria señaló: “Instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan, y pues ellas les toca ir, entonces esto prácticamente es un abuso sexual que hacen de estas niñas”.

La gobernadora pidió que los acuerdos firmados con estructuras criminales cuenten con mecanismos de verificación y seguimiento, con el fin de garantizar su cumplimiento.

Violencia contra mujeres vinculada a estructuras criminales

Liderazgos comunitarios han advertido que la violencia de género en Buenaventura estaría relacionada con el accionar de grupos armados ilegales.

La lideresa Ani Banguero, en declaraciones recogidas por Noticias RCN, señaló: “Que las mujeres han sido muy afectadas en todo este conflicto que tiene que ver entre Shottas y Espartanos. Comenzamos a observar que los últimos feminicidios en Buenaventura tenían que ver de una u otra manera con esta estructura”.

Las organizaciones sociales han reiterado que las mujeres y niñas del territorio continúan siendo una de las principales poblaciones afectadas por el conflicto armado urbano.

Acuerdo para la protección de mujeres, niñas y adolescentes

En el marco de la mesa sociojurídica, se firmó un acuerdo orientado a la protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a violencias de género y reclutamiento.

El delegado del Gobierno en el proceso, Fabio Cardozo, informó que las estructuras criminales han manifestado su intención de adherirse al compromiso: “Dos de los actores ya nos hicieron llegar sus respectivos comunicados de compromiso. Estamos esperando el tercero, pero hemos conversado con ellos y creemos que también hay voluntad. Finalmente, los tres actores que operan criminalmente en Buenaventura van a refrendar este acuerdo”.

El funcionario explicó que el acuerdo se construyó con la participación de lideresas del territorio que han denunciado durante años este tipo de hechos.

Solicitud de control y verificación de los compromisos

Desde la Gobernación del Valle del Cauca se insistió en la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento a los acuerdos firmados.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, en comunicado oficial, señaló: “Es una denuncia que se ha presentado en Buenaventura y, por eso, el Delegado de la Mesa Socio Jurídica creada por el Gobierno nacional hizo un pacto con estas bandas para lograr que esto no se siga presentando. Estamos pidiendo un mecanismo de verificación porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen”.

Asimismo, agregó: “Lo que nosotros queremos es que no haya más niñas ni más jóvenes instrumentalizadas por las bandas criminales”.

En la provincia de Salta, un joven de 25 años recibió una condena de seis meses de prisión efectiva por violencia de género a su expareja, tan solo 24 horas después de la denuncia presentada en su contra. El caso se resolvió bajo el nuevo Código Procesal Penal de Salta (Ley 8520), que establece procedimientos más ágiles para la tramitación de causas penales.

La investigación estableció que lo hechos ocurrieron el 7 de mayo en una residencia de Villa Soledad, donde vivia la mujer. Allí, el acusado inició una discusión relacionada con su hijo menor y en medio de la pelea, el hombre agredió físicamente a su expareja y a la madre de ella. Además, durante el conflicto, lanzó amenazas de muerte en dos oportunidades y ocasionó daños en la puerta de la vivienda.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el proceso fue encabezado por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, quien formalizó la acusación contra el imputado tras los hechos ocurridos en la ciudad de Salta. La condena se definió en el marco de un juicio abreviado, acuerdo que fue homologado por la jueza Gabriela Romero Nayar.

Durante la audiencia, fue imputado por: lesiones leves agravadas por el género en perjuicio de la madre de su expareja, además de dos hechos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, dos hechos deamenazas y daños. La Fiscalía encuadró los hechos en concurso real y fundamentó la acusación en las denuncias de las víctimas, informes policiales y certificados médico-legales incorporados a la causa.

El acusado admitió su responsabilidad ante la jueza y aceptó los cargos por los dos episodios de amenazas y daños materiales. De esa manera, asistido por la Defensoría Oficial Penal 8, renunció junto con su defensa y el fiscal al derecho de apelar la sentencia.

El fallo judicial dispuso el traslado del joven a la Unidad Carcelaria 1 y recomendó que reciba tratamiento para adicciones y asistencia psicológica específica para el control de impulsos violentos. Además, la jueza ordenó notificar a las víctimas sobre la resolución y remitir las actuaciones pertinentes para el cómputo de la pena y los trámites administrativos correspondientes.

La sentencia declaró reincidente al acusado por segunda vez, lo que fue considerado en la determinación de la condena. El Ministerio Público Fiscal destacó que el uso del juicio abreviado, permitido por el nuevo Código Procesal Penal, facilitó la resolución del caso en menos de 24 horas desde la denuncia.

El nuevo Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal de Salta, Ley 8520, entró en vigencia el 4 de mayo de 2026, con el objetivo de modernizar el sistema de administración de justicia penal en la provincia. Entre sus principales innovaciones, se encuentra la agilización de procesos para causas de violencia de género, la implementación de audiencias rápidas y la promoción de acuerdos abreviados cuando el imputado reconoce los hechos. El nuevo marco normativo también contempla medidas de protección inmediatas para las víctimas y mecanismos de seguimiento posterior a la sentencia.

El caso fue tomado como referencia por organizaciones que trabajan en la protección de víctimas de violencia de género en Salta, que resaltaron el impacto del nuevo Código Procesal Penal en la respuesta inmediata ante denuncias. La Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas impuestas y el avance de los tratamientos recomendados.

La causa se mantendrá bajo seguimiento judicial mientras se efectúan los trámites administrativos y se garantiza la protección de las víctimas. El Ministerio Público Fiscal reafirmó su compromiso con la aplicación efectiva del nuevo marco legal, que busca fortalecer la prevención y sanción de la violencia de género en la provincia.

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de su pareja, una joven de 22 años de nacionalidad española, que fue hallada inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza en la vía pública en el distrito madrileño de Carabanchel este sábado por la mañana. Asimismo, según han asegurado fuentes policiales a Efe, podría tratarse de un caso de violencia machista.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido un aviso por el hallazgo de una mujer tendida en la calle, inconsciente y con una lesión en la cabeza. Según recoge el ABC, el detenido habría arrojado a su pareja por la ventana de una vivienda situada en la calle Condes de Barcelona.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que han prestado asistencia a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes únicamente han podido confirmar su fallecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Poco después, la Policía Nacional ha localizado en el domicilio en el que residía la víctima, situado en las inmediaciones del lugar del hallazgo, a un hombre de 24 años de nacionalidad ecuatoriana, pareja de la joven, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

Al lugar de los hechos también acudieron agentes del equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación ante la posibilidad de que se trate de un crimen machista.

18 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año

De confirmarse como un caso de violencia de género, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 19 en lo que va de 2026 y a 1.360 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Hasta ayer no constaba ningún caso en investigación y solo se había contabilizado un asesinato machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Además, según los datos oficiales, recientemente se excluyó del registro el caso de una mujer fallecida el pasado 1 de abril en Bizkaia, después de que el informe forense concluyera que la muerte no fue de naturaleza homicida.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, el 72,2% de las víctimas confirmadas en 2026 habían nacido en España, mientras que el 77,8% de los presuntos agresores también tenían nacionalidad española. Asimismo, el 77,8 % de los crímenes fueron cometidos por exparejas o parejas en proceso de ruptura.

En siete de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en cinco se produjo un quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a once menores de edad en situación de orfandad.

Uno de los casos más recientes es el de Melissa, una mujer venezolana de 43 años que fue hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en el interior de su domicilio. En la misma vivienda fue encontrado su agresor, un hombre de 50 años y también de nacionalidad venezolana, fallecido por ahorcamiento.

La polémica en torno a Mario León Leyva, director editorial del Diario de Querétaro, continúa creciendo luego de que periodistas y ciudadanas impulsaran una petición pública en Change.org para exigir su destitución, tras considerar que emitió comentarios misóginos y humillantes contra mujeres comunicadoras del estado.

La solicitud, titulada “Exigimos la destitución de Mario León Leyva, por sus declaraciones misóginas y humillantes”, surgió después de las declaraciones realizadas por el comunicador en el podcast Blanco y Negro, donde abordó la controversia por la exclusión de mujeres periodistas en una reunión de seguridad realizada el pasado 11 de marzo en la XVII Zona Militar de Querétaro.

De acuerdo con la denuncia pública, al encuentro convocado por el general José Guillermo Lira Hernández no fueron invitadas mujeres periodistas, columnistas ni directoras de medios de comunicación, lo que generó inconformidad dentro del gremio.

Critica a mujeres y señala que “no importan”

Sin embargo, el tema escaló aún más cuando Mario León Leyva minimizó las críticas durante su participación en el podcast. Según el contenido difundido en la petición, el director editorial expresó:

“Les ardió a muchas comunicadoras que no haya una mujer invitada a una reunión (...) Ya si no las invitan porque no importan, pues es otra cosa, ¿no?”

La frase “porque no importan” fue interpretada por periodistas queretanas como una expresión de violencia simbólica y discriminación de género proveniente de una figura con poder e influencia dentro de los medios de comunicación.

Las impulsoras de la petición señalaron que el comentario refleja una postura que invisibiliza el trabajo de las mujeres periodistas y perpetúa prácticas de exclusión dentro del ámbito mediático y político.

“Fue lo que realmente piensa. Y eso duele más que cualquier insulto de la calle, porque viene de alguien con poder en los medios. Alguien que debería entender que el periodismo necesita todas las voces”, se lee en el documento publicado en Change.org.

Mujeres periodistas protestaron en Palacio de Gobierno

El documento también recuerda que el pasado 23 de marzo un grupo de comunicadoras acudió al Palacio de Gobierno de Querétaro vestidas de blanco y negro para exigir igualdad de condiciones dentro del ejercicio periodístico.

Entre las demandas planteadas se encontraban acceso equitativo a entrevistas, inclusión en reuniones institucionales con autoridades estatales y federales, así como un reparto justo de la publicidad oficial.

Las periodistas señalaron que la exclusión de mujeres en encuentros relacionados con seguridad pública vulnera el derecho a la información y limita la pluralidad dentro de la cobertura periodística.

Consideran insuficiente la disculpa pública

Tras la ola de críticas en redes sociales, Mario León Leyva publicó una disculpa pública; sin embargo, las promoventes de la petición consideraron que el mensaje fue insuficiente.

Según argumentan, el comunicador calificó sus declaraciones únicamente como una “descortesía” y negó que estuvieran relacionadas con cuestiones de género.

“Una disculpa que no reconoce el daño no sirve de nada. Es solo un truco para que la gente se calle”, señala el texto difundido en la plataforma digital.

Exigen acciones contra discriminación en medios

La petición no solo exige la destitución de Mario León Leyva como director editorial del Diario de Querétaro, sino también solicita que el gobierno estatal retire publicidad oficial a medios y proyectos vinculados con el comunicador.

Además, pide que tanto el periódico como la Organización Editorial Mexicana implementen protocolos de género y mecanismos efectivos para prevenir actos de discriminación y violencia simbólica contra mujeres periodistas.

Las firmantes también exigieron al gobierno encabezado por el gobernador Mauricio Kuri cumplir con su postura de “cero tolerancia” frente a la discriminación y garantizar que ninguna comunicadora vuelva a ser excluida de reuniones oficiales.

La petición concluye con un llamado directo a la ciudadanía y al gremio periodístico: “Firmen. Porque las mujeres sí importamos”.

El documento fue firmado de manera anónima por “una mujer periodista, junto a decenas de colegas y miles de ciudadanas que ya no callan”.

Un fugitivo ha sido detenido este viernes en la provincia de Cuenca por agentes de la Policía Nacional y ha sido enviado a prisión preventiva, ya que sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual. El hombre se encontraba en paradero desconocido tras fugarse antes de la vista judicial y abandonar previamente el dispositivo de localización que llevaba impuesto por orden judicial para garantizar la protección de las víctimas.

Según ha informado la Policía Nacional, el prófugo contaba con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados, además de acumular más de 40 denuncias por coacciones y amenazas a sus víctimas. Además, el individuo habría cambiado de sexo presuntamente en un intento de eludir la condena por los delitos contra la libertad sexual que se le atribuyen.

La investigación policial se inició el pasado mes de abril, después de que los agentes tuviesen conocimiento de la reclamación judicial que seguía en vigor sobre el fugitivo. A partir de ese momento, los agentes comenzaron distintas tareas de localización y seguimiento para tratar de dar con el paradero del hombre, considerado por la policía como una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el hombre utilizaba supuestamente distintas estrategias para intimidar y acosar a sus víctimas. Entre otras prácticas, manifestaba ser agente de la autoridad para ejercer presión sobre ellas y reforzar su actitud de dominación. Según la información policial, también adoptaba represalias contra quienes consideraba enemigos, llegando a incendiar vehículos o viviendas y utilizando material íntimo obtenido sin el consentimiento de los afectados.

La Policía Nacional sostiene además que el detenido manipulaba de forma reiterada a las víctimas hasta el punto de lograr que algunas de ellas cometiesen delitos en su favor contra terceras personas con las que mantenía enemistades manifiestas.

El fugitivo fue localizado en un chalet de Montalbo

Tras semanas de búsqueda y distintas gestiones policiales, los agentes lograron localizar al fugitivo en la localidad de Montalbo, en la provincia de Cuenca, donde permanecía escondido en un chalet. Según la información policial, el hombre contaba con la ayuda de su actual pareja sentimental, que habría adoptado numerosas medidas de seguridad para evitar ser seguida hasta el lugar donde se ocultaba el prófugo.

Las pesquisas permitieron comprobar que la mujer proporcionaba al fugitivo distintos útiles y suministros mientras permanecía escondido. Entre ellos, incluso material deportivo con el que el hombre trataba de mantenerse activo durante el tiempo que permaneció oculto de las autoridades.

Finalmente, la Policía Nacional estableció un dispositivo en la mañana de este viernes que ha culminado con la detención del fugitivo en el domicilio en el que se escondía. El arrestado ha sido puesto posteriormente a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón.

Por su parte, la jueza de guardia se ha limitado a ejecutar el auto de prisión preventiva dictado previamente por la Audiencia Provincial de Castellón, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, advirtió que, en los primeros meses de 2026, al menos 27 mujeres han sido asesinadas en el país, víctimas de violencia de género ejercida por sus parejas o exparejas. Este fenómeno, que continúa cobrando vidas, impulsa una estrategia institucional cuyo objetivo es ampliar el acceso a la justicia y la protección para las afectadas, según declaraciones dadas por Reyes al medio Sin 24 Horas.

El último informe oficial recibido por Reyes indica que los casos confirmados hasta la jornada anterior involucran a veintisiete municipios distintos. La ministra informó a Sin 24 Horas: “Los datos de Procuraduría que he recibido el día de ayer son veintisiete casos”. Aclaró que estas cifras podrían ajustarse conforme avancen las investigaciones, ya que algunos hechos inicialmente calificados como feminicidio posteriormente no lo son.

Ampliación de las oficinas de atención y desafíos persistentes

Según Reyes, la dispersión geográfica y la falta de recursos económicos dificultan que muchas mujeres puedan presentar denuncias o acceder a servicios de ayuda. Ante este panorama, la Procuraduría General ha comenzado a expandir las oficinas de asistencia a víctimas en todo el territorio nacional. Un ejemplo reciente es la instalación de una fiscalía de género en Jarabacoa, ciudad que recibió la visita de Reyes hace solo una semana y en la que ya se observa una mayor capacidad de respuesta institucional.

La ministra recalcó que, pese a los avances, “la brecha sigue siendo amplia y ese es el compromiso de no cansarnos, de seguir trabajando todos los días”, en alusión al esfuerzo conjunto para que las acciones estatales sean más efectivas. Destacó que este problema involucra a diversas entidades gubernamentales, no solo al Ministerio de la Mujer, sino también a los ministerios de Interior y Educación, la Policía, el sistema de salud y la Procuraduría.

Más de cincuenta oficinas brindan asistencia legal y psicológica

El sistema de atención para víctimas de violencia de género opera actualmente a través de más de cincuenta oficinas localizadas en todo el país, según informó Gloria Reyes a Sin 24 Horas. Estas dependencias garantizan tanto la asistencia legal como el acompañamiento durante los procesos judiciales, además de ofrecer apoyo psicológico y social.

El Ministerio de la Mujer trabaja de forma coordinada con REDIVIC y la Oficina de Atención a Víctimas impulsada por la Procuraduría, buscando una respuesta conjunta y más eficiente. Reyes indicó: “Hemos hecho reuniones de coordinación para que la atención sea coordinada. O sea que ese esfuerzo institucional se está dando a toda capacidad”.

Compromiso ciudadano y avances en la articulación de la respuesta estatal

La ministra resaltó la importancia de la participación comunitaria y resaltó el reciente accionar del alcalde de Gaspar Hernández, quien intervino personalmente ante un caso de violencia en su municipio. Tal acción, a juicio de Reyes, debe servir de ejemplo para la ciudadanía, al expresar que “no podemos normalizar la violencia hacia las mujeres y todos debemos ser parte de ese esfuerzo”.

Por último, Gloria Reyes aseguró que la articulación estatal progresa mediante la elaboración de una “ruta única de atención a la violencia”, diseñada en trabajo conjunto entre organismos y grupos sociales, con el compromiso explícito de “seguir sin descanso” en la eliminación de la violencia de género en el país.

Durante la búsqueda de Mariana Valentina Domínguez Valdez, una niña de 11 años arrastrada por la corriente del Gran Canal en Nextlalpan, Estado de México, integrantes de la Colectiva Feminista Ehecátl hallaron el cadáver de una mujer joven, presuntamente embarazada, flotando entre basura y aguas negras del mismo canal. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Zumpango y hasta el momento la víctima permanece sin identificar.

La menor desapareció mientras jugaba en la comunidad de Prados de San Francisco, dentro del municipio de Nextlalpan, al caer al canal de aguas negras y ser arrastrada por la corriente. Familiares reportaron el incidente a las autoridades, que activaron de forma inmediata el Protocolo Municipal de Búsqueda y Rescate. Hasta la emisión del comunicado oficial del Ayuntamiento de Nextlalpan, fechado el 6 de mayo de 2026, la menor identificada con las iniciales M.V.D.V. no había sido localizada.

El Gobierno Municipal de Nextlalpan desplegó un operativo interinstitucional que abarcó el cauce del Gran Canal y zonas colindantes de los municipios de Jaltenco, Zumpango y Tequixquiac. Participaron elementos municipales, corporaciones de auxilio de municipios vecinos, autoridades estatales y personal de la Defensa Nacional con unidades de binomios caninos.

El Coordinador General de Protección Civil del Gobierno del Estado de México aportó tres lanchas de búsqueda, tres drones y cinco células de rastreo, además de una unidad canina adicional para labores a pie de tierra. Los equipos realizaron recorridos terrestres, sobrevuelos, inspecciones en zonas de difícil acceso y verificación de márgenes del canal en puntos estratégicos de posible arrastre.

Fue en el transcurso de ese operativo cuando integrantes de la Colectiva Feminista Ehecátl encontraron el cadáver flotando entre desechos en el canal. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, una de sus integrantes detalló: “Es una mujer, traía dos arracadas en cada lóbulo y parece que estaba embarazada”, e informó que el cuerpo sería trasladado a la Fiscalía de Zumpango para la necropsia y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Lo que reveló la colectiva ante las autoridades

Al día siguiente del hallazgo, la colectiva se presentó a una mesa de diálogo con el gobierno del Estado de México. Carmen Zamora, integrante de la Colectiva Feminista Ehecátl, amplió la descripción de la víctima: “encontramos a una muchacha de 20, 25 años, embarazada... llevaba ahí como una semana”.

Vecinos de la zona han señalado el canal como un foco constante de violencia, desapariciones y delitos. Por su parte el Ayuntamiento de Nextlalpan solo se ha pronunciado acerca de la menor desaparecida reiterando el compromiso de mantener activas las labores de búsqueda y la coordinación con todas las autoridades participantes hasta lograr la localización de Mariana. No obstante, acerca de la joven sin identificar no han revelado información oficial.

La Corte Constitucional, en un fallo contra el presidente Gustavo Petro, ordenó que emita una disculpa pública luego de sus declaraciones contra mujeres periodistas, a quienes calificó como “muñecas de la mafia” y “periodistas del poder”.

Conforme a la sentencia publicada en 2025, el tribunal consideró estigmatizantes estas expresiones, por lo que exigió una reparación concreta. Las expresiones de Petro vulneraron derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad y el derecho de las mujeres periodistas a ejercer libres de violencia de género, reforzando estereotipos y acrecentando el riesgo para quienes trabajan en este oficio en Colombia.

Fundamentación jurídica y derechos protegidos

La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que las afirmaciones del presidente afectaron la no discriminación y la protección de las mujeres periodistas contra la violencia, en especial en ambientes digitales.

La Corte enfatizó que, al referirse públicamente a periodistas como “muñecas de la mafia”, el presidente Petro transmitió un mensaje que las presentaba como carentes de autonomía, agravando estereotipos dañinos y ubicándolas “al servicio de terceros”.

El fallo determinó que tales frases, “contentivas de estereotipos de género”, resultan inadmisibles incluso como opiniones, ya que su impacto trasciende el plano personal y afecta la dignidad y los derechos de un grupo vulnerable.

El alto tribunal alertó sobre el riesgo de favorecer ataques y agresiones digitales contra las comunicadoras, remarcando el deber presidencial de extremar el cuidado dado el alto índice de violencia de género en el sector.

Según el documento, las periodistas poseen una protección constitucional reforzada y que la posición del mandatario influye en el clima social, lo que se amplifica por más de 8.3 millones de seguidores en redes sociales. La Corte recalcó la obligación del jefe de Estado de garantizar un entorno seguro y respetuoso para las mujeres que ejercen el periodismo.

Medidas ordenadas y responsabilidades del mandatario

La sentencia publicada en 2025 estipula obligaciones claras para el presidente Gustavo Petro, quien deberá emitir una disculpa pública en un espacio similar al de la declaración original. El tribunal afirmó que la rectificación parcial ofrecida no cumplió con la reparación demandada.

Además de la disculpa, el presidente Petro tendrá que agregar una nota aclaratoria en el video y en la transcripción oficial de la intervención. Sin embargo, la Corte exige una acción “simétrica y proporcional” al agravio y recalcó la necesidad de que el mandatario actúe con un deber reforzado de diligencia al emitir comentarios sobre comunidades especialmente protegidas por la Constitución.

Además, remarcó que los funcionarios públicos, en particular el presidente, deben expresar sus opiniones desde plataformas oficiales con el mayor grado de precaución posible para evitar estigmatizar, discriminar o incitar a la violencia contra las mujeres periodistas.

Precedente para la libertad de prensa en Colombia

El fallo revocó una resolución previa del Consejo de Estado y responde a la acción de tutela presentada por el abogado Germán Calderón España, la organización El Veinte, la organización de derechos periodísticos Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y un grupo de periodistas.

Las periodistas beneficiadas señalaron: “La Corte deja claro que el presidente tiene libertad de expresión, pero con límites reforzados”.

Corte sobre el alcance de la voz presidencial, que supone consecuencias directas para quienes ejercen el periodismo en Colombia.

Después de la publicación íntegra de la sentencia, diversas organizaciones y juristas subrayaron la necesidad de exigir al jefe de Estado un estándar elevado de diligencia, especialmente cuando sus mensajes pueden incentivar discriminación o violencia.

La justicia de Brasil ratificó la condena a seis años de prisión en régimen semiabierto para el actor Juan Darthés, por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardín. El fallo, emitido por el Tribunal Regional Federal 3 de la región, rechaza todas las apelaciones presentadas por la defensa y otorga firmeza a la sentencia dictada en el país sudamericano. Los hechos investigados ocurrieron en Centroamérica y la denuncia fue presentada por Fardín en 2018, lo que desató un extenso proceso judicial internacional.

“Tengo mucho orgullo, mucha tranquilidad. Y también hay algo que hoy está en lo público, pero para mí es importante, en términos judiciales y la comprensión que me dio estos años, de lo judicial. De hecho, estoy estudiando abogacía, voy camino a ser abogada”, contó en Infobae en Vivo A las Nueve, Thelma Fardín.

La resolución del tribunal brasileño representa un caso sin precedentes en la historia judicial de la región, luego de varios años de recursos y apelaciones elaborados por la defensa del actor. Juan Darthés se benefició en parte de la protección que otorgan los tratados de extradición del país, lo que impidió su traslado a Argentina. Sin embargo, la cooperación entre naciones y la producción de pruebas fueron determinantes para llegar a la condena definitiva.

El proceso judicial internacional y el camino a la sentencia

El caso comenzó en 2018 con la denuncia formalizada por Fardín, aunque los hechos habían ocurrido, según su testimonio, cuando ella era menor de edad durante una gira teatral en Nicaragua. La causa expuso vacíos legales y versiones contrapuestas sobre el procedimiento judicial internacional. Tras la denuncia, Darthés viajó a Brasil y permaneció en ese país, amparado por su ciudadanía y la política local que reconoce el principio de no extradición de nacionales.

Durante la audiencia, Fardín recordó: “Sabía que realmente era casi imposible que le den lugar a este pedido, por lo que tratan estas dos cortes en las que apelaba. Hacen una revisión de lo constitucional. Y por supuesto, él tuvo todos, todos sus derechos preservados, su derecho a defensa. Bueno, de hecho, no lo extraditaron desde Brasil porque Brasil no extradita a nacionales”.

La acusación prosperó en la justicia federal brasileña, en un procedimiento complejo que incluyó la intervención de la justicia argentina y la colaboración con autoridades de Nicaragua. Fardín manifestó: “Llegó esto que hay que hacer apelaciones, además de, sin dudas también un lugar muy complejo en mi propia causa, que es el de ser la persona a la que peritan”. El juicio se llevó a cabo en São Paulo, con pruebas recabadas en Argentina y citaciones internacionales.

El impacto personal y social de la denuncia de Thelma Fardín

El caso generó repercusiones públicas y abrió debates sobre las dificultades que enfrentan quienes denuncian delitos sexuales. Fardín reconoció los cambios que le produjo el proceso: “Al principio yo me veo en las imágenes y sí veo a una piba que era una víctima. Y me voy fortaleciendo a lo largo del proceso. Pero sin dudas en este proceso yo soy la víctima”.

La actriz describió la carga colectiva de su denuncia y el compromiso asumido: “No solamente era mi causa, sino que de pronto era la voz de muchas y algo colectivo. Y tratar de estar a la altura de eso, sabiendo siempre que no hay manera nunca de ser la voz de todas, porque cada caso es realmente muy particular y muy único”.

El testimonio de Fardín sumó una nueva dimensión al debate social en torno a los tiempos de la justicia y la revictimización de quienes se animan a denunciar. Reflexionó respecto al proceso: “La justicia tardó ocho años en darme una respuesta a mí. Y entonces ahí también me pasa que digo: bueno, hay mucho por hacer”.

Desafíos jurídicos y nuevos caminos para Fardín

En su declaración, Fardín explicó detalles técnicos sobre el proceso legal, subrayando la relevancia de la colaboración internacional y de la producción de pruebas en diferentes jurisdicciones. Destacó: “Se logra que Nicaragua renuncie después de un año a su jurisdicción y diga: ‘Bueno, lo cedo y se lo mando en un exhorto a Brasil’. Todo eso gracias a la cooperación de Argentina”.

De forma continua precisó: “Argentina estuvo trabajando mucho desde Cancillería para que eso suceda. Pero a su vez Argentina lo único que podía hacer era producir la prueba desde UFEM, que también eso, digo, es histórico, porque en el medio aparece la pandemia, se produce la prueba en Argentina, se le toma declaración a todos mis testigos en Argentina, y el juicio sucede por Zoom en Brasil y lo acusa un fiscal de oficio en São Paulo”.

Al analizar la trascendencia del fallo, Fardín afirmó: “Es una epopeya lo que se logró porque se usaron tratados internacionales que muchas veces son dejados de lado y todo eso sucede en la justicia federal brasilera, que es el primer caso en la justicia federal brasilera de violencia sexual”.

La actriz también compartió el modo en que la causa influyó en su vocación profesional: “Me estoy profesionalizando en el derecho y estudio. Entonces, pienso que de un modo, me cambió la mirada de la vida y, afortunadamente, me apasiona. El derecho me apasiona tanto como me apasionó mi profesión de actriz desde los seis hasta los treinta años”.

El apoyo social y el rol de Fardín tras el fallo

Luego de la condena, Fardín describió los mensajes de apoyo recibidos, tanto en las redes sociales como en la vía pública. Compartió: “Mi algoritmo y los mensajes en mis redes ya son todos de mucho cariño, de mucho apoyo y de como: bueno, esto realmente ya está, nos encanta ver que tu vida sigue y por muchos otros lugares. En la calle recibo mucho amor. La gente a veces no puede ni hablar y se pone a llorar”.

Fardín subrayó la importancia de lograr una condena judicial, no solo para su caso sino por el mensaje colectivo: “También yo sentía la importancia de llegar hasta las últimas consecuencias con esta causa, porque me daba cuenta que tenía que ver con un debate más grande, que no era solamente si yo ganaba o perdía en la justicia, sino que estábamos hablando de algo más profundo y también de mostrar se puede conseguir justicia, porque si no el mensaje es muy desesperanzador”, concluyó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Una mujer de 57 años ha sido asesinada en la madrugada de este miércoles en la localidad de Santa Úrsula, Tenerife, presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, según han informado fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. La víctima no estaba inscrita en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del agresor, señala la agencia EFE.

El suceso ocurrió cerca de la vivienda de la mujer, sobre las 3:30 de la noche, donde el agresor acuchilló a la mujer e hirió a la madre de la víctima, ha explicado a la prensa el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta. “Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo”, ha afirmado el regidor, que también ha explicado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los “gritos enormes” que se produjeron durante los hechos.

Las autoridades municipales han activado los protocolos de atención y acompañamiento para los familiares y allegados de la víctima y el consistorio ha pedido “el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia”.

El Ayuntamiento de la localidad ha suspendido todos los actos oficiales previstos para hoy y mañana y ha convocado un minuto de silencio. El alcalde también ha pedido a la ciudadanía que “acompañe desde el respeto y la solidaridad”.

Recursos para las víctimas

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

El ataque ocurrió el pasado 11 de abril en el distrito limeño de Surquillo. Yanet Urbano fue sorprendida dentro de su habitación, donde el agresor la habría apuñalado y luego prendido fuego. Las cámaras de seguridad registraron los movimientos clave: la víctima ingresó a su vivienda cerca de la medianoche, y horas después, el principal sospechoso salió del lugar con una maleta y pertenencias de la joven.

A raíz de la agresión, Yanet sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, además de daño pulmonar y falla renal. Durante semanas, permaneció conectada a soporte vital en la UCI, pero su estado se agravó y finalmente falleció este martes 5 de mayo. Sus familiares velan sus restos en el distrito de Mi Perú y han anunciado que el sepelio se realizará en Cañete.

Búsqueda internacional y exigencia de justicia

Luis Andrés Flores Julca se encuentra no habido desde el día del crimen. La policía cuenta con una orden de prisión preliminar en su contra, así como con un impedimento de salida del país. Sin embargo, aún permanece pendiente la alerta de Interpol para activar la búsqueda internacional. Se sospecha que el presunto feminicida pudo haber huido a Argentina, donde la policía local colabora en la investigación, aunque la familia teme que intente dirigirse a España, país donde residen algunos de sus familiares.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó formalmente al Ministerio del Interior que incluya a Luis Andrés Flores Julca en la lista de los más buscados, lo que permitirá ofrecer una recompensa a quienes brinden información relevante para su captura.

Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Warmi Ñan, señaló que este pedido ya fue confirmado, por lo que en las próximas horas ya debería estar en esta lista.

En medio del dolor, la familia pide justicia y reclama que el caso no quede impune. La demanda de que el presunto feminicida sea incluido en la lista de los más buscados representa un llamado urgente para que las autoridades actúen con máxima celeridad y compromiso.

El caso sigue en investigación y la sociedad peruana permanece atenta a las acciones que emprendan la policía y las instituciones competentes para lograr la captura de Luis Andrés Flores Julca.

Yanet se une a la lista de mujeres asesinadas, pero también a las que los familiares no encuentran justicia.

Canales de ayuda

• Los Centros de Emergencia Mujer son espacios especializados donde se brinda atención psicológica, legal y social a personas afectadas por violencia familiar y sexual.
•  La PNP recibe denuncias de violencia de género en cualquier comisaría del país, donde el personal está capacitado para brindar protección inmediata y activar los protocolos de atención a víctimas. Ante situaciones de emergencia, también se puede llamar al 105 para solicitar ayuda policial de manera inmediata.

Un tribunal de San Juan sentenció este martes a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir nuevamente a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares.

El expediente se reactivó luego de que Lucero, de 42 años, fuera detenido el jueves pasado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia tras haber sido declarado prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

La condena resolvió un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de Lucero, a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado. Por este acuerdo que busca finalizar el proceso penal anticipadamente sin ir a juicio oral, Lucero reconoció su culpabilidad y la pena fue menor.

La última agresión ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando Lucero atacó a su ex pareja en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales e intervinieron de inmediato para lograr su detención, según el medio local Tiempo de San Juan.

Lucero, que en 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionar a la misma víctima, enfrentó en esta ocasión cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por ser cometidos en un contexto de violencia de género. La sentencia de 6 meses fue definida tras reconocer su responsabilidad en los hechos y aceptar el juicio abreviado.

Entre enero y junio de 2026, la provincia de San Juan registró más de 1.000 denuncias por violencia de género, una cifra que evidencia la gravedad y persistencia de esta problemática en la región. De acuerdo con un relevamiento del Ministerio Público Fiscal y datos publicados por medios locales, la mayoría de las denuncias corresponde a mujeres que sufren agresiones en el ámbito doméstico, principalmente por parte de parejas o exparejas.

Además, se reforzaron los protocolos de intervención urgente y los dispositivos de alerta para situaciones de alto riesgo, incorporando canales de denuncia y asesoramiento las 24 horas por vía telefónica y digital. También se promovieron campañas de sensibilización y capacitaciones dirigidas a agentes estatales, fuerzas de seguridad y la comunidad, con el objetivo de mejorar la detección temprana y la respuesta ante casos de violencia. Estas medidas buscan garantizar el acompañamiento integral y sostenido de las víctimas.

Caso similar de violencia de género

El hecho ocurrió a fines de abril y tuvo lugar en el barrio Las Pampas, Pocito, provincia de San Juan. Una mujer de 32 años resultó con lesiones visibles en la cabeza y otras partes del cuerpo tras ser brutalmente agredida por su expareja, Yonathan Exequiel Díaz, de 31 años.

El ataque ocurrió cuando el agresor intentó arrebatarle el teléfono celular y, ante la resistencia de la víctima, comenzó a golpearla. Tras un llamado al 911, personal policial de la Subcomisaría Ansilta intervino en el lugar y detuvo a Díaz, quien quedó alojado en sede policial bajo cargos de lesiones en contexto de violencia de género. La causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

La víctima fue trasladada de urgencia tras recibir fuertes golpes durante el ataque. Las primeras actuaciones judiciales indican que el incidente se inició cerca de las 19:30, cuando alertaron sobre un altercado familiar en la zona. Finalmente, la causa quedó caratulada como lesiones en contexto de violencia de género

Un alto jefe de la Policía Bonaerense fue denunciado en la madrugada del lunes por ejercer violencia de género contra su pareja, también integrante de la fuerza, en un episodio que tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui.

El hombre se desempeñaba hasta este martes como superintendente de Policía de Seguridad Vial de la Bonaerense.

La situación salió a la luz cuando efectivos policiales acudieron en dos ocasiones al domicilio donde convivía la pareja, en la intersección de las calles 622 y 523 de El Pato. En la primera intervención, realizada el domingo, los agentes constataron la existencia de un conflicto doméstico entre el funcionario y su esposa, quien reviste el grado de subteniente y presta servicios en el Destacamento El Peligro, en La Plata.

En esa oportunidad y según informó el portal 0221, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito” por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI y J) N° 2 de Berazategui, sin que se adoptaran medidas restrictivas inmediatas. La investigación quedó en un primer momento circunscripta a la recopilación de información preliminar y entrevistas con los involucrados.

Horas después, alrededor de las 3.20 del lunes, personal de la Prefectura Naval Argentina volvió a presentarse en el mismo domicilio tras una nueva alerta. Según la denuncia de la víctima, la situación se agravó cuando el comisario arribó a la vivienda en presunto estado de ebriedad, portando un bolso con una suma considerable de dinero y conduciendo una camioneta.

La mujer relató que, tras una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual fue amenazada de muerte por su pareja, quien además manifestó intenciones de suicidarse. Estos hechos, denunciados ante las autoridades, motivaron la intervención de la Fiscalía N° 6 de Berazategui, especializada en violencia de género, que dispuso la apertura de una causa judicial con las calificaciones de “lesiones y amenazas en concurso real”.

En respuesta a la gravedad de las acusaciones y con base en el relato de la víctima, la Fiscalía ordenó el traslado de las actuaciones a la Comisaría de la Mujer y la Familia de la zona, con el objetivo de profundizar la investigación. Paralelamente, se iniciaron sumarios administrativos en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

El sumario administrativo iniciado por la Auditoría General de Asuntos Internos busca establecer si existieron faltas graves en la conducta del funcionario, más allá de la causa penal ya abierta. Según el procedimiento habitual, el comisario permanecerá separado de sus funciones mientras se sustancia la investigación, tanto judicial como interna.

Algo similar se reportó en la provincia de Córdoba este lunes, cuando el comisario mayor Juan Pablo Esquivel pasó a situación pasiva, luego de que se abriera una investigación en su contra por agredir a su pareja durante un evento público.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Doce, Esquivel agredió a su mujer el viernes en un festival que se desarrolló en el estadio Kempes.

Pese a que la víctima no presentó ninguna denuncia penal, las autoridades policiales actuaron en línea con el protocolo y notificaron al Tribunal de Conducta. Así, fue separado preventivamente de su cargo.

Dos jóvenes fueron imputados en Rosario por un episodio de violencia de género que derivó en disparos contra un grupo de amigas durante una fiesta de cumpleaños: una de ellas terminó herida de bala en el abdomen.

El hecho ocurrió el 12 de abril en una vivienda de Lima al 3200, y la causa llegó esta semana a la audiencia de formulación de cargos ante el juez Florentino Malaponte.

Según expuso el fiscal Franco Miatello en la audiencia pública, Gonzalo Facundo L., de 20 años, llegó al cumpleaños en un Renault Clio junto a Aaron Eloy L., de 24, con el propósito de llevarse por la fuerza a su exnovia.

Gonzalo bajó del vehículo y abordó a la joven, a quien intentó obligar a subir al auto. Ella se negó. Sus amigos intervinieron para impedirlo. Fue entonces cuando Aaron, desde el asiento del acompañante, abrió fuego.

Los disparos fueron cuatro. Uno impactó en el abdomen de L. L., amiga de la víctima directa del intento de sometimiento, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Según informó el medio regional Rosario3, la detención de Aaron L. se produjo el viernes pasado en su domicilio de Bemporat al 7700, en el barrio Santa Lucía, a cargo de agentes de la Policía de Investigaciones. En el allanamiento, las autoridades incautaron una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con 17 cartuchos.

El operativo también arrojó el secuestro de 40 gramos de marihuana y 11 gramos de cocaína, lo que amplió el pliego de cargos: a la imputación por el hecho de violencia se sumaron microtráfico y tenencia ilegítima de arma de guerra.

Gonzalo Facundo L., por su parte, quedó imputado por el intento de llevarse a su expareja contra su voluntad, en el marco de la causa por violencia de género.

El juez Malaponte dispuso prisión preventiva efectiva para ambos acusados por el plazo establecido por la ley.

Hace dos semanas, una mujer fue apuñalada en el cuello por su pareja en la zona sur de Rosario por su ex pareja. La victima fue internada bajo observación en el Hospital Centenario. Por su parte, el atacante se dio a la fuga.

La agresión ocurrió el martes 14 de abril por la noche en una vivienda de la calle Centeno al 2500. La mujer informó a los efectivos del Comando Radioeléctrico, que acudieron tras la denuncia, que su ex pareja la había atacado con un arma blanca después de una discusión. El agresor, identificado como C. P., de 38 años, escapó por el techo de la casa momentos antes de que la policía llegara al lugar.

En el marco del operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó dos cuchillos presuntamente utilizados en el ataque, que serán remitidos a análisis pericial. La fiscal Carla Ranciari mantiene activa la búsqueda del sospechoso.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) atendió a la víctima en el lugar del hecho antes de su traslado al Hospital Centenario, donde recibió atención por una profunda herida en el cuello.

Un hombre de 27 años fue detenido e imputado tras una serie de episodios de violencia de género que se extendieron durante semanas y que incluyeron ingresos no autorizados al domicilio de su expareja, agresiones físicas y hasta un intento de fuga.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Jorge, en Salta, y quedaron registrados entre el 17 de marzo y el 26 de abril de este año. La medida fue impuesta por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante.

La imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal de Salta recoge cuatro hechos de violación de domicilio, siete de desobediencia judicial y tres de lesiones doblemente agravadas —por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género—, todo en concurso real.

El acusado tenía vigente una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia la denunciante, que le había sido debidamente notificada, pero la ignoró de forma sistemática.

El primer episodio documentado se produjo el 17 de marzo de 2026. Según la investigación, el imputado habría ingresado sin autorización al domicilio de la víctima mientras ella dormía. Horas después, ese mismo día, regresó al lugar y la habría atacado a golpes de puño en la cabeza y el rostro, con lesiones que quedaron certificadas médicamente.

Tres semanas más tarde, el 8 de abril, alrededor de la medianoche, el acusado volvió a presentarse en la vivienda. Entró sin permiso y se negó a retirarse pese a los pedidos de la familia de la víctima. Fue un nuevo incumplimiento de las medidas dictadas por la Justicia, al que le siguió uno aún más grave. El 19 de abril por la noche, el hombre habría ingresado otra vez al domicilio mientras la denunciante descansaba, se habría recostado a su lado y, tras una discusión, la habría tomado del cuello y golpeado en el rostro, con lesiones como resultado.

El episodio del 26 de abril derivó directamente en su detención. Personal policial lo encontró dentro de la habitación de la víctima, donde dormitaba sin ninguna autorización para estar allí. Ese mismo día, mientras permanecía bajo una consigna policial dispuesta en el marco de una causa por violencia familiar, el imputado se habría fugado del lugar en el que debía permanecer bajo control, en otro incumplimiento de una orden judicial.

El fiscal Escalante señaló que la conducta del imputado evidencia un accionar reiterado, violento y contumaz, con incumplimientos sistemáticos de las medidas dispuestas por la Justicia y un claro riesgo para la integridad física de la víctima. El hombre permanece detenido.

Un antecedente similar en Mar del Plata

En diciembre, en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata, un hombre de 37 años fue arrestado por incumplir una orden de restricción y retener por la fuerza a su expareja, una mujer de 38, dentro de una vivienda. La intervención de la Policía impidió que el episodio tuviera consecuencias mayores.

El incidente comenzó cuando una llamada al 911 advirtió sobre un posible delito dentro de una casa. Ante la alerta, el Comando de Patrullas acudió rápidamente y halló al sospechoso en el lugar, a pesar de existir una medida cautelar que le prohibía estar allí.

Los uniformados dialogaron con el hombre, quien finalmente accedió a entregarse, permitiendo su detención sin que la situación escalara.

Fuentes policiales citadas por La Capital indicaron que desde la Fiscalía de Flagrancia se dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N.º 44 del Complejo Penitenciario de Batán, así como el secuestro de un arma blanca, presuntamente utilizada para amenazar a la víctima.

De acuerdo con la declaración de la mujer, su expareja la mantuvo incomunicada dentro de la vivienda y la amenazó con un cuchillo durante un tiempo indeterminado. A pesar de las restricciones que él le imponía, la víctima logró contactar a las autoridades.

La investigación fue caratulada como desobediencia, amenazas calificadas, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad, delitos que contemplan penas agravadas cuando se enmarcan en episodios de violencia familiar o de género.

Tras la confirmación en Brasil de que Juan Darthés deberá cumplir una condena de seis años de prisión por abuso sexual, Thelma Fardin compartió un extenso descargo en redes sociales. Durante su publicación, agradeció a quienes la acompañaron, incluidas personas allegadas, su equipo de defensa legal y organizaciones sociales. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los recursos presentados por la defensa de Darthés, dejando firme la condena y estableciendo el cumplimiento en régimen semiabierto. La decisión tuvo un fuerte impacto en la discusión regional sobre violencia de género y justicia.

El video de Fardin finaliza con un emotivo discurso: “Nosotras ganamos muchas veces ,en el 24, en el 25 y ahora en el 26.Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno , que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer. Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lomás, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí.Gracias”.

En su publicación de Instagram, Thelma Fardin renovó su agradecimiento por el sostén recibido. “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, escribió. Reconoció la mirada “siempre tan lúcida” de @nanaberard y la valentía de Calu (Rivero), Anita (Co) y Nati. Extendió su gratitud a amistades, compañeros y compañeras “por cuidarme siempre”.

Fardin agradeció el acompañamiento de sus abogados: “A mis abogados por acompañarme todos estos años; @martin.arias.duval y @carlaandradejunqueira”. Mencionó a periodistas y comunicadoras como Luciana Peker “por seguir cerca a pesar de los vendavales” y a “las actrices y las periodistas que le pusieron el cuerpo”. También dio las gracias a organizaciones como Amnistía Internacional Argentina: “A @amnistiaar. Con nombres propios; Luli Galkin, Laura Duran, Mariela Belsky, Paola Rey y todo el equipo que siempre estuvo. Gracias”. Incluyó a profesionales del archivo, productores y equipos de defensa como Repro Rights y Equality Now, además de a Marie Labozzeta y su equipo “por su amor por la justicia”.

En su mensaje, resaltó: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, ¡nos fuimos curando entre todas!”

Reflexiones y significado personal de la victoria de Fardin

La actriz reflexionó sobre los años de lucha judicial y social, recordando a quienes la acompañaron en todo el camino. Extendió sus agradecimientos a amistades de quienes, según Fardin, “esta locura se llevó”, a sus familias y a cada instante compartido. Saludó de manera especial a “@clari.ferrerdiez, por ser mi equipo” y a sus “hermanas del alma”, amigas que la apoyaron siempre.

En su descargo, Fardin recalcó la importancia de la sororidad, tanto en escenarios públicos como en la cercanía cotidiana. Valoró la fuerza surgida en redes, calles y entornos colectivos de mujeres. Consideró que cada historia compartida contribuyó a la sanación y al logro conjunto.

La intérprete manifestó el alivio de dejar atrás el peso de la lucha constante y la alegría de reconocer el apoyo recibido. Logró así una nueva etapa, marcada por la calma y el agradecimiento hacia quienes la ayudaron a sostenerse y avanzar en el proceso.

Decisión de la justicia brasileña contra Juan Darthés

La justicia de Brasil resolvió el 5 de mayo rechazar los recursos elevados por la defensa de Juan Darthés. El fallo confirmó la condena de seis años de prisión por el abuso sexual cometido contra Thelma Fardin. El Tribunal de la 3ª Región especificó que la pena se cumplirá bajo régimen semiabierto, lo que implica permisos limitados para salidas diurnas y la obligación de regresar al centro penitenciario. Esta modalidad no supone libertad plena y requiere supervisión constante de las autoridades brasileñas. El caso marcó una de las etapas más visibles para el movimiento de derechos de las mujeres en Argentina y Brasil. La decisión da cierre a una causa iniciada en territorio argentino y judicializada en Brasil por la nacionalidad del condenado.

Anthony Laroche tenía 37 años, ojos azules, físico de ensueño y trabajaba como diseñador de interiores en Mónaco. Era el hombre perfecto. El problema es que no existía.

Detrás de ese perfil construido con la foto robada de un modelo se escondía Jack Sion, un jubilado de Niza que rondaba los 70 años cuando cometió los hechos. Durante años, utilizó esa identidad falsa en páginas de citas para atraer a mujeres a su apartamento del Paseo de los Ingleses.

Al menos 24 de ellas llegaron a visitarle. Mañana, con 78 años, se sienta de nuevo ante el Tribunal de lo Penal de Niza para responder por ello en un juicio que se prolongará hasta el 15 de mayo.

El escenario siempre era el mismo

Semanas de conversaciones casi diarias, un tono seductor y paciente, y finalmente la propuesta de una primera cita llena de “magia”. Las mujeres llegaban al piso a oscuras, se vendaban los ojos y eran guiadas por una voz tranquilizadora. Solo después del acto sexual descubrían, con horror, quién estaba realmente a su lado.

“En el instante en que le quité la venda de los ojos, apagó la luz. Vi su silueta, un hombre bajo, nada atlético, y vi su nariz, que no se parecía en nada a la de Anthony Laroche”, declaró una de las víctimas durante el primer juicio, según ha recogido Le Matin.

La investigación reveló que Sion mantenía correspondencia con 342 mujeres de entre 23 y 53 años. También guardaba notas sobre sus posibles víctimas con anotaciones sobre sus vulnerabilidades personales: enfermedades de familiares, traumas pasados, situaciones de duelo.

Un debate jurídico sin precedentes

El caso tardó años en llegar a juicio y no sin polémica. Las primeras denuncias solo derivaron en una advertencia que Sion ignoró. Cuando el asunto llegó por fin a la sala de instrucción de Aix-en-Provence, en 2018, el caso fue archivado: los magistrados consideraron que los hechos no podían calificarse como “violación por sorpresa”.

Las dos partes civiles, representadas por el abogado Mohamed Maktouf, recurrieron ante el Tribunal de Casación. El máximo órgano judicial francés les dio la razón y estableció que “la penetración sexual obtenida mediante una estratagema destinada a engañar a la víctima sobre la identidad civil y física del autor constituye violación por engaño”.

El caso fue enviado al tribunal penal de Montpellier, que en octubre de 2021 condenó a Sion a ocho años de prisión. Cuatro meses después de ingresar en prisión, apeló y quedó en libertad bajo supervisión judicial. Ahora llega a este nuevo juicio como hombre libre.

Posiciones enfrentadas

La defensa tiene previsto pedir la absolución. “Haremos hincapié en que no hubo sorpresa. Por el contrario, estas relaciones sexuales habían sido definidas previamente entre los dos miembros de la pareja”, señalaron sus abogadas, Margaux Mathieu y Lou Ferdinand Dreyfus.

El propio Sion siempre ha mantenido la misma línea argumental: “Siempre he hecho cosas legales. Cosas malas, pero legales”.

Por el otro lado, la acusación no comparte esa visión. “Mis clientes esperan que la avanzada edad del acusado no sea un obstáculo para la condena”, advirtió Maktouf. El tribunal tiene hasta el 15 de mayo para decidir si la historia de Anthony Laroche merece, esta vez, una condena firme.

El video que circuló en redes, explicó Pamela, no es reciente y tampoco refleja los momentos más graves que le tocó atravesar. “En el momento no te das cuenta. De hecho, ese video tiene un tiempo ya. No es el último. El último video… mi ex me cambió la clave de las cámaras y por eso no tengo las imágenes en mi celular. Ese video es nada al lado de lo que yo viví”, confesó, visiblemente conmovida. Recién con el paso del tiempo y la distancia, pudo tomar dimensión de la gravedad de la situación: “Hoy sí me doy cuenta. Ni siquiera en el momento que lo viví lo sentí así”. Para Pombo, como para tantas mujeres, la dificultad de romper el círculo de la violencia radica en el vínculo afectivo y en la esperanza de que el agresor cambie. “Es muy difícil haber elegido, haber pensado que elegiste bien, casarte con la ilusión de estar con alguien toda tu vida… y después del golpe, la caricia y el perdón, y el ‘no va a volver a pasar’. Una termina creyendo”.

Consultada sobre el miedo que pudo haber sentido, Pombo no dudó en reconocerlo. “En la última discusión que tuvimos, sí. Ni siquiera fue una discusión. Él revisó mi teléfono, vio algo o creyó ver algo que no le gustó. Digo ‘creyó’ porque en el momento tuvo un ataque de ira. Pasaron una serie de sucesos muy violentos, peores que los del video que está circulando”, relató. Tras ese episodio, su expareja intentó disculparse, aunque para ella el daño ya estaba hecho: “Cuando recapacitó y volvió a su eje, me dijo: ‘Fue desmedido lo que pasó, te pido perdón. Pensé que estabas haciendo cualquiera, me di cuenta de que no, pero no me gusta la complicidad que tenés con tu amigo’”.

El tema de las infidelidades también formó parte de la entrevista. Pamela aseguró que tiene pruebas de las traiciones de su exmarido. “Como siempre, el que es infiel lo niega hasta el final, pero yo tengo pruebas. Tengo mensajes, chats, tangas, tengo cosas”, afirmó. Sin embargo, el mayor temor de la modelo no pasa solo por la traición sentimental, sino por la sensación de inseguridad que aún la acompaña, especialmente cuando debe volver al departamento que compartían: “Ahora que voy para el departamento, me agarra ahí justo cuando voy a entrar, esto de mirar para todos lados o de no saber si está adentro. Mi miedo va a ser cuando llego al departamento. Después, en el día a día, siempre trato de estar con gente, amigos. Siempre va algún amigo a comer a casa o voy a comer afuera y después me acompañan”.

Actualmente, cuenta con un botón antipánico y una perimetral. No obstante, reconoce que esas medidas dependen, en gran parte, de la voluntad de su exmarido de respetarlas. En la entrevista, también se refirió a la violencia económica y a la situación con sus ahorros. Según relató, confió todos sus ahorros a Albacete para un emprendimiento inmobiliario que estaba a nombre de él. “Una de las cosas por las que yo no quería irme de su casa es esto de que arranca la violencia económica ni bien nos separamos. Yo puse mis ahorros en un emprendimiento de él para comprarme un departamento y ni bien nos separamos me dijo que, como no hay factura ni recibo, eso estaba a su nombre y no me lo iba a dar”, contó.

De cara al futuro y pensando en la posibilidad de recuperar ese dinero, Pamela fue clara y esperanzada: “Yo creo que debería poder. Primero, porque es mi dinero y segundo, si se considera hombre de bien. No sé, si alguna vez robó, quizás estará acostumbrado, pero si no, me imagino que me lo va a devolver”.

En cuanto a cómo espera que se resuelva la situación, fue contundente: “Quiero que sea justo, tanto la justicia como él, que me devuelvan lo que es mío y me voy en paz”.

Hoy, Pamela Pombo busca reconstruir su vida personal y profesional, rodeada de amigos y aferrada a la esperanza de que la justicia y el tiempo puedan devolverle la paz y la tranquilidad que tanto anhela. Su testimonio, lejos de agotarse en una denuncia mediática, refleja la lucha cotidiana por recuperar la confianza y la autonomía, y se convierte en un llamado a la empatía y al acompañamiento para todas las mujeres que atraviesan situaciones similares.

El ex presidente Alberto Fernández regresó este martes a Comodoro Py para pedir ante la Sala II de la Cámara Federal porteña que se declare la nulidad de todas las actuaciones de la causa que lo tiene procesado por supuesta violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico escucharon sus argumentos en una audiencia personal y quedaron en condiciones de resolver, informaron fuentes judiciales.

A foja cero

La presentación del exmandatario apuntó a desarticular el expediente desde su origen. Fernández sostuvo que todo lo actuado por el juez federal Julián Ercolini —desde el inicio de la investigación hasta su apartamiento, dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal en octubre pasado— debe ser declarado inválido, y que ese es el alcance correcto del fallo que ordenó desplazar al juez. La defensa ya había presentado un memorial escrito con esa postura; la audiencia de este martes fue la instancia en que el acusado expuso sus razones de manera directa ante el tribunal.

El planteo no prosperó en la instancia anterior. El actual juez del caso, Daniel Rafecas, rechazó el pedido en una resolución de 30 páginas y se apoyó en la propia redacción del fallo de Casación, que ordenó el cambio de magistrado “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. Ante ese rechazo, la defensa apeló y la Cámara Federal convocó a la audiencia que tuvo lugar este martes en el segundo piso de Comodoro Py 2002.

Qué argumenta la defensa

Uno de los argumentos centrales fue el origen de las pruebas: los chats entre Yañez y María Cantero, exsecretaria privada del expresidente y punto de partida de la investigación. Estos surgieron de un peritaje sobre un teléfono secuestrado en otra causa, el caso Seguros. La defensa calificó ese procedimiento como una “expedición de pesca”. Allí aparecieron imágenes de Yañez con moretones.

Tanto Yañez, en su calidad de querellante, como el fiscal federal Ramiro González se opusieron al planteo. Los abogados de la ex primera dama advirtieron que “retrotraer el proceso a sus inicios es sin duda revictimizar a la víctima” y que Fernández “omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite”.

“El apartamiento tampoco implica que, para un adecuado restablecimiento del orden jurídico, necesariamente debe retrotraerse toda la investigación llevada adelante a un estado embrionario de las actuaciones. Ello supondría un desgaste jurisdiccional innecesario, contrario al principio de celeridad y a las buenas prácticas procesales”, sostuvo por su parte Rafecas cuando rechazó el planteo de nulidad. También invocó tratados internacionales suscritos por la Argentina, que contemplan “el compromiso de evitar la revictimización de aquellas personas que habrían sufrido violencia de género”.

Fernández enfrenta cargos por supuestas lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, junto con amenazas coactivas, estas últimas para que Yañez no lo denunciara.

La acusación del fiscal del caso Ramiro González sostiene que los hechos se produjeron de manera sistemática, con episodios de violencia psicológica y física, y que parte de ellos ocurrieron mientras ejercía la Presidencia de la Nación. Si la Cámara confirma el rechazo a la nulidad, el juez podría avanzar con los trámites para el envío de la causa a juicio oral.

La semana pasada la Cámara Federal de Casación revocó el procesamiento de Fernández en otra causa penal en la que está implicado, el caso Seguros, y remitió las actuaciones al juzgado federal 11, para que dicte un nuevo fallo.

La historia de Luz Lombardi, de 28 años, comenzó en 2024 cuando conoció a su pareja de aquel entonces a través de redes sociales. Hoy, a más de un año, la ciudad de La Plata fue escenario de una denuncia de violencia de género. La joven contó en Infobae en Vivo Al Mediodía que su expareja la agredió física, psicológica y sexualmente durante el embarazo de su hija. El agresor, un hombre de 29 años que practica kickboxing, sigue en libertad, pese a la causa penal iniciada en noviembre de 2024. El caso continúa bajo investigación en la justicia provincial.

“Yo conocí a esta persona en redes sociales y a los meses empezó todo despacio”, dijo Lombardi. En sus palabras, al principio la relación parecía normal, pero poco a poco cambiaron las actitudes del agresor. “Fue entrando en mi cabeza con celos, enojos. Cuando empecé a quedarme en su casa más días, me di cuenta que él tomaba alcohol y las noches eran muy violentas”, explicó.

El inicio de la violencia

En su testimonio, Luz detalló cómo se fueron agravando los episodios de violencia: “Dormía en un colchón en el piso y ya me levantaba violentada a la mitad de la noche”, contó. Durante su embarazo, la situación empeoró. “Esta persona estuvo en contra de que yo tenga a mi hija, y ahí comenzaron las agresiones físicas más fuertes, los golpes, como si yo fuera una bolsa de boxeo”, denunció.

La primera agresión física fue particularmente traumática. “La primera vez que me pegó fue una patada muy fuerte. Quedé en shock, no sabía si realmente estaba pasando eso”, aseguró. El hombre ejercía violencia principalmente en su casa de Berisso, aunque trabaja a seis cuadras de la vivienda donde Luz reside con su hija.

La víctima indicó que el agresor intentó aislarla de su familia y amigos. “Me fue aislando de mi propia familia, mis amigos, que igualmente el día de hoy me han ayudado muchísimo”, expresó.

Aislamiento, abandono laboral y violencia económica

Lombardi tenía empleo en una blanquería, pero la hostilidad y los celos del agresor la obligaron a renunciar. “Yo trabajaba diez horas por día, de lunes a sábados. Tenía un buen sueldo, obra social. Me iba muy bien, pero cuando empezaron los hostigamientos, llegué a presentar la renuncia”, recordó. Tras dejar ese puesto, empezó a vender sándwiches y empanadas en las paradas de taxis, actividad que conserva.

La violencia incluyó episodios psicológicos y económicos. “Mientras trabajaba, él me decía: ‘Ya vi que entró un cliente varón’, y si me tocaba trabajar con otro hombre eran todo el tiempo los reclamos”, relató. Luz intentó cambiar de trabajo, pero el control y las amenazas del agresor la perseguían: “Él recorría todos los kioscos para ver a qué kiosco iba, si había un hombre atendiendo”.

Embarazo bajo violencia y el momento de la denuncia

Durante los siete meses de embarazo, Luz sufrió golpes directos en el abdomen y en otras partes del cuerpo. “Caí en una guardia toda golpeada y fue ahí donde me enteré que mi bebé era una nena. Fui a la guardia para ver si mi hija estaba viva todavía”, afirmó. En el hospital, los médicos supieron de la situación: “Me subieron a maternidad con un ecógrafo portátil para ver si todavía seguía latiendo mi hija, porque yo estaba muy golpeada”.

Uno de los ataques más graves ocurrió en noviembre de 2024 y motivó la denuncia penal. “Él me vino a buscar, empezó a interrogarme y a pegarme mientras manejaba. En un momento me pude bajar y salir corriendo hasta la casa de mi mamá. Al otro día me desperté toda golpeada y ahí dije: ‘Es hora de denunciar’”, relató.

En ese hecho, las lesiones quedaron registradas en un expediente judicial y en fotografías. La investigación penal por violencia de género se inició con esa denuncia.

Medidas judiciales y situación actual

Tras la denuncia, Luz recibió una medida perimetral, que luego se venció y nunca fue renovada. “Solo recibí una perimetral que se venció y jamás me la quisieron renovar. Sigue en el despacho de la jueza hasta el día de hoy”, detalló. La causa permanece a cargo de la Fiscalía y de la Justicia familiar, pero hasta el momento no hubo avances que garanticen la protección de la denunciante.

A pesar de la denuncia, el acusado se mantiene en libertad y nunca buscó vincularse con su hija. “Jamás quiso ejercer la paternidad, jamás me pasó una cuota, jamás me pidió verla”, subrayó Luz Lombardi.

La ausencia de respuestas judiciales y asistenciales la llevó a expresar: “La justicia a la mujer que está maltratada, vulnerada, sin recursos económicos, ¿para qué vas a denunciar si no vas a recibir ningún tipo de ayuda ni de solución? Lo único que puede llegar a generar es que se enoje más la persona que te está violentando”. Y agregó: “Sigo trabajando en la calle, vendiendo sándwiches día y noche, con esta persona libre, impune”, sostuvo.

El caso de Luz Lombardi permanece abierto en el sistema judicial de La Plata y evidencia la falta de respuestas rápidas y contundentes en situaciones de violencia de género graves. “A mí me arruinaron la vida, con golpes, con abusos. Me dejaron vulnerable de todas las maneras. Solo quiero justicia, que la fiscal me escuche, que actúe de manera urgente”, concluyó.

Si sufrís violencia podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas de los 365 días a través de un llamado a la línea 144.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Mayno G. F., considerado el principal sospechoso del asesinato de una mujer de 65 años en Santa Ana.

El crimen ocurrió el 30 de abril en la colonia Las ánimas, Candelaria de la Frontera, en la zona occidental de El Salvador. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que terminó con la detención del acusado en horas de la noche del lunes.

Según datos policiales, Lorenza del Tránsito Cardona fue identificada como la víctima fatal. Distintos testimonios de la comunidad afirman que la mujer perdió la vida intentando proteger a una joven vecina que estaba siendo agredida.

Mayno G. F. habría utilizado un arma blanca para herir a ambas mujeres, provocando la muerte de Cardona en el sitio mientras escapaba del lugar antes de ser arrestado posteriormente. El Ministerio de Seguridad detalló que la rápida coordinación de la Policía Nacional Civil resultó fundamental para localizar al sospechoso, quien fue puesto a disposición judicial.

Familiares y habitantes de la zona describieron a Lorenza del Tránsito Cardona como una comerciante reconocida por sus actos solidarios. En palabras de quienes la conocían, “murió valientemente, como una heroína” durante el intento de frenar la violencia ejercida contra su vecina.

El hecho generó conmoción en la colonia Las ánimas y ha sido interpretado como un reflejo de los desafíos persistentes de seguridad enfrentados en sectores rurales del país. Las autoridades, por su parte, reafirmaron su compromiso con la persecución judicial de los responsables.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó en su mensaje público que “no habrá compasión para los responsables de homicidios” y que enfrentarán “toda la fuerza y el peso de la ley”.

Villatoro argumentó que el Plan Control Territorial, adoptado por el Gobierno salvadoreño, permite articular recursos para prevenir y responder a delitos graves que afectan a las comunidades.

Violencia reincidente: otro asesinato de una mujer registrado semanas antes en Santa Ana

El asesinato de Lorenza del Tránsito Cardona se produce poco después de otro caso de violencia letal contra mujeres en el mismo departamento de Santa Ana. El 19 de abril, la Policía informó sobre el homicidio de Glenda Isabela Hernández, de 28 años, ocurrido en el barrio San Rafael, Santa Ana Centro.

En esa ocasión, el ataque también fue perpetrado con arma blanca y la víctima fue hallada sin vida dentro de su vivienda, tras haber sido alertados los agentes policiales por vecinos que escucharon gritos y una discusión.

La víctima, originaria de Texistepeque, deja constancia de una dinámica de agresión que preocupa a las autoridades locales y nacionales. Un informe preliminar indica que el responsable sería la pareja sentimental de Hernández, el sujeto logró abandonar la escena antes de la llegada de los investigadores.

En redes sociales, amigos y conocidos de Glenda Isabela expresaron condolencias y lamentaron la muerte de “una joven madre, amiga e hija”.

Tras la captura del agresor el caso permanece abierto y se enmarca en una serie de homicidios recientes en la zona occidental de El Salvador que involucran víctimas femeninas.

Esta reiteración de hechos de violencia letal ha acrecentado la preocupación social y expone la vulnerabilidad de las mujeres en distintos contextos del país, en especial en áreas donde persisten conflictos intrafamiliares y comunitarios.

Primer trimestre del año: seis feminicidios y un patrón de violencia

Entre el 1 de enero y el 29 de marzo de este año, El Salvador registró al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Dos de esos hechos habrían sido cometidos por las parejas de las víctimas, lo que revela el fuerte componente intrafamiliar detrás de una parte relevante de los asesinatos.

Un análisis de Ormusa precisa que uno de los crímenes se cometió con arma de fuego, otro por asfixia y cuatro mediante “otros objetos”. En dos de los casos, las víctimas tenían vínculo de pareja con el atacante, en uno había un conocido como responsable y en cuatro hechos aún no se ha logrado determinar la identidad del perpetrador.

La organización reportó, además, la existencia de al menos cinco episodios de violencia intrafamiliar en el rango del 1 de enero al 24 de febrero.

Estos registros, expuestos por Ormusa, podrían considerarse intentos de feminicidio y ejemplifican la persistencia de patrones culturales discriminatorios que desembocan en agresiones dentro del hogar y el círculo cercano de las víctimas.

Ormusa ha insistido en la necesidad de examinar la raíz social de la violencia de género, subrayando cómo los delitos tipificados como feminicidio muestran una correlación directa con dinámicas de poder y desigualdad. Las víctimas de estos hechos no solo reflejan cifras alarmantes sino que representan el impacto constante de una problemática estructural en el país.

Josefina H., una adolescente de 16 años con seis meses de embarazo, permanece en terapia intensiva tras ser baleada presuntamente por su pareja sentimental en el municipio de Zacatlán, Puebla. El presunto agresor, identificado como Eduardo N., de 28 años, continúa prófugo.

El ataque ocurrió la noche del viernes 1 de mayo en la comunidad de Camotepec, perteneciente a la Sierra Norte de Puebla, dentro de un domicilio ubicado en la zona de Zacatlán que, de acuerdo con reportes de medios locales, correspondería a la vivienda de los padres de la menor.

La joven fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatlán, donde permanece internada en estado delicado bajo atención médica especializada. Hasta el cierre de esta nota informativa no se ha informado oficialmente sobre la condición del bebé.

Debido a la gravedad de las lesiones, familiares de Josefina solicitaron resguardo policial en el hospital ante el temor de que el agresor intente regresar para atacarla nuevamente. Elementos de seguridad estatal y municipal mantienen vigilancia preventiva en el inmueble.

Aunque las autoridades no han detallado públicamente la mecánica del ataque, reportes preliminares señalan que Eduardo N. habría iniciado una discusión con la adolescente luego de que ella se negara a irse a vivir con él fuera de la comunidad.

De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, el hombre presuntamente amenazó con matarla si no accedía a trasladarse con él a la Ciudad de México, donde actualmente residiría. Tras la negativa de la joven, presuntamente le disparó y huyó del lugar.

Versiones extraoficiales difundidas por medios locales indican que el señalado agresor se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol y drogas al momento del ataque, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades ministeriales.

A través de redes sociales, familiares de la víctima difundieron la identidad y señas particulares del presunto responsable para solicitar apoyo ciudadano en su localización. La publicación fue replicada ampliamente en grupos vecinales de Zacatlán y municipios cercanos.

Sin órdenes de aprehensión ni detenciones

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el avance de la investigación ni ha informado sobre órdenes de aprehensión o detenciones relacionadas con el caso.

La evolución médica de Josefina en las próximas horas será clave para determinar su pronóstico y el del embarazo, mientras continúan las labores de búsqueda para ubicar al hombre señalado como responsable de la agresión.

En diálogo con Moria Casán, Johanna admitió que el mensaje que escribió y que luego borró fue fruto de un impulso y que, al ver la situación de Pamela, no pudo evitar revivir episodios que creía superados. “Primero sentí dolor y angustia, porque no le deseo esta situación a nadie. Pero también me removió recuerdos muy profundos, memorias que estaban ahí, latentes. Desde el impulso, me salió decirle: ‘Mirá qué loco, Pame, las vueltas de la vida, que hoy vos estás en esa situación’”, relató, visiblemente movilizada.

Para contextualizar el trasfondo del conflicto, Johanna repasó sus años de convivencia con Pamela, cuando ambas intentaban abrirse camino en la ciudad de Buenos Aires. “Nos vinimos de Mendoza, ambas con un sueño, queriendo radicarnos acá y empezar a trabajar en el ambiente artístico. Vivíamos juntas, cada una tenía su dormitorio. Yo la consideraba familia, más allá de que no somos hermanas biológicas”, recordó. Fue en esa etapa cuando Villafañe conoció a quien luego se convertiría en su agresor, durante una visita al programa Animales Sueltos. “Empecé una relación con él. Al principio todo bien, pero después empezaron los celos, el control, la violencia. Pamela era testigo de lo que yo vivía”, aseguró.

Según su testimonio, Pamela no solo presenció episodios de maltrato verbal y físico, sino que, lejos de acompañarla, permitió que su agresor subiera al departamento e incluso, en palabras de Johanna, se puso del lado de él. “Ella escuchaba cómo yo me defendía. Él me agarraba y me llevaba al dormitorio. Yo era chica, tenía 20 años, estaba vulnerable. Pamela era mi persona de confianza, pero en ese momento me sentí sola”, relató en el programa.

Consultada por Moria sobre por qué su compañera habría adoptado esa postura, Johanna ensayó una explicación: “Quizás quería despegarse, que yo me fuera del departamento, que ella siguiera trabajando sola con su apellido. Capaz que le vino bárbaro el golpe para largarse sola. Lo cierto es que, cuando más la necesitaba, no estuvo para mí”. Villafañe denunció a su agresor, animada por el apoyo de su madre, quien estaba en Mendoza. “Pamela no me eligió, no me apoyó ni me acompañó. Sentía miedo de denunciar porque estaba amenazada y controlada, no solo por el golpe, sino por el control sobre mis vínculos y mi vida”, detalló.

La experiencia dejó una herida que, según Johanna, nunca terminó de cerrar, en parte porque su testigo clave no la respaldó. “Ella vio el maltrato físico y psicológico, pero no pude contar con ella para que diera su testimonio a mi favor. Se puso del lado del agresor”, lamentó. Incluso recordó que el abogado Fernando Burlando defendió a su agresor y que, en un móvil de televisión, Pamela tomó la misma posición. “No creyeron en mí”, resumió.

Lo vivido por Villafañe no solo fue doloroso en su momento, sino que, al observar la situación de violencia que hoy atraviesa Pamela Pombo, emergió con fuerza. “Esperaba un poco de empatía, que me contenga y me acompañe, porque en ese momento estaba destrozada. La víctima muchas veces no se anima a hablar enseguida. Yo tenía todo esto guardado”, confesó. Según dijo, su reacción reciente fue tardía, pero inevitable: “No me animé a hablar antes. Ahora, al ver lo que le pasa a ella, todo eso me removió”.

La historia de las “hermanas Pombo”, que alguna vez compartieron sueños y escenario, quedó atravesada por la violencia y la falta de apoyo. Hoy, ambas buscan reconstruirse desde lugares distintos, pero el pasado y la necesidad de ser escuchadas volvió a unirlas, al menos en el debate público sobre la importancia de la empatía y el acompañamiento entre mujeres, especialmente frente a situaciones de violencia de género.

Women, Peace and Security Index 2025/26 de ReliefWeb,es un sitio gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), destaca que Guatemala y Honduras figuran entre los países con más desafíos en seguridad, inclusión y justicia para las mujeres, especialmente para quienes viajan solas o se desplazan sin compañía.

Ambas naciones comparten el puesto 144 entre 181 evaluadas, lo que las coloca en el quintil más bajo del ranking global y revela una situación crítica para Centroamérica.

El índice señala que solo el 46% de las mujeres guatemaltecas y el 54% de las hondureñas se sienten seguras al caminar solas de noche.

Este dato refleja una inseguridad extendida que impacta directamente en la movilidad femenina: muchas optan por restringir sus desplazamientos o adoptar medidas adicionales de protección, lo que afecta tanto su autonomía como su libertad de movimiento.

Violencia política y proximidad al conflicto en Centroamérica

La violencia política contra las mujeres sobresale como uno de los mayores desafíos. En Honduras se registran 0,725 eventos violentos por cada 100,000 mujeres, frente a los 0.140 en Guatemala.

Esta diferencia pone en evidencia el riesgo mucho mayor que enfrentan las hondureñas, en un contexto donde la exposición a actos de violencia política supera ampliamente la media regional. El temor a ser víctimas limita la participación femenina en espacios públicos.

La cercanía a conflictos armados intensifica la inseguridad. Casi dos de cada tres mujeres hondureñas viven a menos de 50 kilómetros de un evento de conflicto, mientras que en Guatemala la cifra es poco más de un tercio. La proximidad a violencia organizada o criminalidad eleva la percepción de peligro para quienes se desplazan solas.

Otros indicadores clave para la seguridad y autonomía

El índice también resalta la prevalencia de la violencia de pareja: 7.3% en Guatemala y 7.2% en Honduras durante los últimos 12 meses. Aunque los valores son comparables, el contexto de violencia generalizada incrementa los riesgos para las mujeres.

Solo el 34.3% de las mujeres en Guatemala y el 28.9% en Honduras acceden a una cuenta bancaria, lo que restringe su autonomía económica. El empleo femenino alcanza el 58.9% en Guatemala y el 44.6% en Honduras, cifras que evidencian brechas importantes respecto a otras regiones.

Deterioro sostenido y contexto regional

Desde 2017/18, ambos países han reportado caídas en su desempeño: Honduras disminuyó un 18.7% en su puntaje general y Guatemala un 10.1%. Este deterioro los ubica entre los diez países con mayores retrocesos a nivel global, situando a la región en una crisis prolongada de seguridad y derechos para las mujeres.

Centroamérica muestra los niveles más bajos de percepción de seguridad para caminar solas de noche (apenas el 42%), junto con una alta incidencia de violencia política y proximidad a zonas de conflicto. Estos factores configuran un entorno restrictivo para la movilidad femenina y requieren acciones urgentes.

¿Por qué viajar sola representa mayores riesgos en Guatemala y Honduras?

La inseguridad, la exposición a violencia política y la cercanía a conflictos armados condicionan gravemente la experiencia de las mujeres que viajan solas en Guatemala y Honduras.

Los datos muestran un riesgo superior al promedio mundial y regional de sufrir violencia física, sexual o verse involucradas en eventos políticos violentos. Esto desincentiva los viajes solitarios y reduce la presencia femenina en espacios públicos.

El informe propone fortalecer redes de apoyo y denuncia, implementar políticas específicas de protección y empoderamiento, y demandar mejores condiciones de seguridad y justicia para las mujeres.

Se subraya la importancia de la prevención de la violencia de género, el acceso a la justicia y la ampliación de la inclusión económica, junto con la protección ante violencia política.

ReliefWeb,es un sitio gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), es el portal de información humanitaria más grande del mundo, fundado en 1996. Ofrece actualizaciones rápidas y fiables sobre emergencias mundiales, incluyendo informes, mapas y noticias, sirviendo como fuente independiente para la comunidad internacional

Las mujeres negras están más expuestas a la violencia machista y a una mayor falta de protección institucional en España. Así lo revela un reciente informe elaborado por la Asociación Biznegra a través de un centenar de entrevistas en profundidad, que denuncia una doble vulnerabilidad: la violencia de género se agrava por el racismo estructural y una respuesta insuficiente de los sistemas públicos.

El estudio, titulado Voces, Cuerpos y Fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España, señala que entre 2003 y 2021 el 31% de los feminicidios registrados en el país afectaron a mujeres migrantes, a pesar de que este colectivo representa solo el 9% de la población femenina. El fenómeno, según el informe, revela una sobrerrepresentación de mujeres migrantes en las estadísticas de feminicidio, lo que sugiere un riesgo hasta cinco veces superior en comparación con las mujeres nacidas en el país. También subraya que los datos oficiales no consideran la variable étnico-racial, lo que invisibiliza la dimensión específica del racismo en la violencia de género.

Las entrevistas recogidas por la Asociación Biznegra muestran cómo mujeres africanas, afrodescendientes y migrantes de América Latina sufren una violencia machista reforzada por estereotipos racistas. La imagen social de “fuerza” atribuida a las mujeres negras se convierte en una trampa, ya que se les exige resistir y callar, sostienen. Muchas relatan experiencias de hipersexualización y deshumanización, además de que su credibilidad suele ser cuestionada tanto en el ámbito privado como institucional. “A las mujeres blancas se las protege, a nosotras se nos exige resistencia”, resume una de las entrevistadas en el informe.

El miedo a denunciar, especialmente entre quienes carecen de permiso de residencia, y la falta de intérpretes en procesos administrativos y judiciales, constituyen barreras adicionales. Según la asociación, muchas mujeres negras enfrentan un trato condescendiente, revictimizador o abiertamente racista cuando buscan protección. Esta situación genera desconfianza y refuerza su desamparo ante la violencia.

“La resiliencia y el miedo terminan funcionando como mecanismos de supervivencia ante la falta de protección efectiva. Irónicamente, esta dinámica puede convertir la resiliencia en una violencia añadida cuando el sistema celebra que las mujeres resistan, en lugar de cuestionar por qué se ven obligadas a resistir tanto”, advierte el informe.

La aplicación de leyes sigue siendo “limitada”

En materia legislativa, el estudio destaca que las leyes estatales y autonómicas han comenzado a incorporar los conceptos de “interseccionalidad” y “discriminación múltiple”, pero la aplicación real sigue siendo limitada. La mayoría de las normativas se refieren a una víctima tipo, sin contemplar las circunstancias de las mujeres racializadas. Solo algunas comunidades autónomas incluyen explícitamente el origen étnico y la situación migratoria en sus leyes de protección.

Además, añade el informe, la ausencia de datos desglosados por raza o nacionalidad y la escasa presencia de mujeres negras en el diseño de políticas públicas mantienen “puntos ciegos” del sistema.

Consecuencias en la salud mental

El estudio también alerta sobre las consecuencias de esta situación en la salud mental de las mujeres negras, que viven bajo una constante presión social y una sensación de hipervigilancia. El racismo institucional y la discriminación refuerzan el aislamiento y la indefensión, amplificando el trauma psicosocial, añade el documento, donde se subraya que “hablar de la violencia machista hacia mujeres negras no es fragmentar la lucha feminista, sino completarla”. “Si no ponemos en el centro a quienes más sufren, nunca lograremos una protección real para todas”, añade.

Entre las recomendaciones, la Asociación Biznegra propone la recogida obligatoria de datos con perspectiva racial, la participación activa de mujeres negras en el diseño de políticas, intérpretes especializados en violencia de género, formación antirracista obligatoria para todo el personal y garantías legales que desvinculen la protección frente a la violencia del estatus migratorio. Estas medidas buscan cerrar la brecha estructural y ofrecer una respuesta efectiva a una población especialmente vulnerable.

El informe también considera prioritario que el Estado y las comunidades autónomas adopten un enfoque antirracista real en la lucha contra la violencia machista. Solo así, concluye la asociación, se podrá avanzar hacia una sociedad donde todas las mujeres, independientemente de su origen, puedan acceder a la protección y a sus derechos en igualdad de condiciones.

El avance de Costa Rica en el Women, Peace and Security Index 2025/26 de ReliefWeb by OCHA ha marcado un punto de inflexión para la región, situándose como el país de América Latina y el Caribe con mejor desempeño histórico en este ranking.

Este ascenso, que lo ubica en el puesto 34 de 181 países, contrasta con el desempeño moderado del resto de la región y pone en evidencia los desafíos persistentes en materia de seguridad, inclusión y justicia para las mujeres.

La mejora de Costa Rica responde a una serie de transformaciones recientes. Tras un descenso en ediciones anteriores, asociado a un repunte de homicidios y ciberataques, el país logró recuperar posiciones mediante avances en percepción de seguridad, inclusión financiera y representación parlamentaria femenina.

También se reporta una mejoría en el acceso a la justicia. No obstante, la región mantiene retos estructurales, principalmente en indicadores de violencia y percepción de inseguridad para mujeres.

ReliefWeb, gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), es el portal de información humanitaria más grande del mundo, fundado en 1996. Ofrece actualizaciones rápidas y fiables sobre emergencias mundiales, incluyendo informes, mapas y noticias, sirviendo como fuente independiente para la comunidad internacional.

Seguridad global y principales desafíos para mujeres que viajan solas

El panorama internacional revela que la inseguridad percibida afecta a mujeres en todo el mundo. A escala global, solo dos de cada tres mujeres asegura sentirse segura al caminar solas de noche.

En América Latina y el Caribe, ese porcentaje desciende hasta el 42%. La brecha regional ilustra cómo factores sociales, económicos y políticos impactan la confianza y la autonomía femenina.

El índice documenta que más de 676 millones de mujeres viven cerca de zonas de conflicto armado. Aunque Costa Rica está alejada de esos escenarios, el aumento de la criminalidad común y el crimen organizado genera un entorno de riesgo que incide en la movilidad segura de mujeres viajeras.

La violencia de pareja y la violencia política de género emergen como amenazas relevantes. En los países con peor desempeño, más de una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia de pareja en el año previo.

América Latina y el Caribe registra la tasa más alta de violencia política hacia mujeres a nivel global, lo que limita la participación pública y refuerza la percepción de peligro.

Factores que mejoran la seguridad y la autonomía femenina

El análisis integral del índice muestra que la seguridad de las mujeres depende de variables multidimensionales. No basta con reducir las tasas de criminalidad: el acceso efectivo a la justicia, la inclusión económica, la protección legal y la representación política son determinantes para garantizar la libertad de movimiento y la seguridad.

Los países que han registrado mejoras notables comparten avances en estos indicadores. En América Latina y el Caribe, Costa Rica y Uruguay se distinguen por su posicionamiento en el quintil superior del ranking mundial, pero el contexto regional sigue marcado por el aumento de homicidios y la persistencia de delitos comunes, factores que restringen la movilidad de las mujeres locales y extranjeras.

¿Por qué la percepción de inseguridad afecta la movilidad de las mujeres?

La percepción de inseguridad incide directamente en la libertad de acción, la participación pública y la toma de decisiones de viaje de las mujeres.

Cuando menos de la mitad de las mujeres se siente segura al caminar solas, los desplazamientos urbanos y las actividades cotidianas se ven condicionados. Este fenómeno afecta tanto a las residentes como a las viajeras internacionales, quienes evalúan la seguridad de los destinos antes de planificar sus recorridos.

El Women, Peace and Security Index 2025/26 concluye que las estrategias más eficaces para mejorar la seguridad de las mujeres viajeras exigen inversiones en prevención de la violencia de género, políticas integrales de protección y fortalecimiento de los sistemas de justicia.

También destaca la importancia de combatir la violencia política, digital y económica, que son obstáculos menos visibles pero igualmente restrictivos para la movilidad y la autonomía.

La experiencia de Costa Rica, aunque positiva en comparación con la región, demuestra que el progreso es posible, pero que la percepción de inseguridad sigue siendo un desafío pendiente.

El fortalecimiento de la protección legal y la representación política, junto con la inclusión económica y el acceso a la justicia, son caminos indispensables para consolidar entornos seguros para todas las mujeres, tanto locales como viajeras.

En las imágenes obtenidas, se observa a Ruth y a Oyllor llegando juntos al hotel alrededor de la medianoche. Ambos caminan tomados de la mano y conversan en un ambiente aparentemente relajado. La joven había viajado desde San Juan de Lurigancho para reencontrarse con Oyllor, con quien había retomado contacto tras un seis años sin comunicación, según las primeras investigaciones.

Horas después, las cámaras muestran a José Luis Oyllor saliendo del hotel a pie, hablando por teléfono y desplazándose con prisa. No se le ve buscar ayuda ni dar señales de alarma por lo ocurrido en el interior del establecimiento. El recorrido hasta su domicilio en San Luis, según el análisis de los registros.

La policía llegó al domicilio de Oyllor tras identificarlo gracias al documento de identidad que dejó en la habitación del hotel. Personal policial notificó a la familia sobre el caso, aunque los allegados del acusado evitaron realizar declaraciones públicas a los medios. Oyllor, de 26 años, permanece bajo custodia mientras se avanza en las diligencias judiciales.

Expareja niega crimen

La investigación policial busca esclarecer las circunstancias exactas del crimen, determinar si hubo antecedentes de acoso o violencia previa y definir el grado de responsabilidad del detenido. Según los primeros reportes, Ruth fue hallada sin vida en la habitación, presentando signos de estrangulamiento.

El feminicidio de Ruth se suma a los casos recientes de violencia de género en Perú y ha motivado el reclamo de justicia por parte de organizaciones sociales y familiares. Sin embargo, al ser consultado por la prensa, Oyllor señaló que ambos habían tenido una discusión y la joven se “golpeó la cabeza”, pero esta versión no coincide con las primeras investigaciones.

El general Jorge Castillo informó que, según la versión del sospechoso, la joven supuestamente lo estaba manipulando y él no deseaba continuar la relación. Castillo señaló que el detenido incurrió en varias contradicciones. De acuerdo con las declaraciones del acusado, el efecto de la droga habría alterado su percepción, llevándolo a interpretar gestos de la joven de manera distorsionada.

Canales de ayuda

• La Policía Nacional del Perú brinda atención inmediata ante cualquier situación de violencia o peligro. El número de emergencias 105 está disponible las 24 horas para recibir denuncias y coordinar intervenciones en casos de agresión o amenazas.
• Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen asistencia integral a víctimas de violencia familiar y sexual. Disponen de equipos especializados que brindan apoyo legal, psicológico y social en todo el país, facilitando el acceso a protección y acompañamiento profesional.
• La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial para orientación y apoyo en casos de violencia de género. Funciona las 24 horas y está a cargo de especialistas que asesoran a víctimas y familiares, guiando sobre los pasos a seguir y canalizando las denuncias a las autoridades competentes.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño dentro de la estación de Policía de Providencia tiene consternada tanto a la institución como a sus familiares, quienes cuestionan abiertamente la versión inicial de autolesión propuesta por la Policía Nacional.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue encontrado en su residencia oficial, ubicada en el sector Agua Dulce, luego de que sus compañeros intentaran comunicarse con ella tras el tercer relevo de vigilancia del sábado 2 de mayo.

El hecho disparó una investigación interna, mientras los familiares rechazan la hipótesis divulgada y demandan una pesquisa exhaustiva.

Constancias escritas y pruebas entregadas por la víctima

Chats y reportes escritos por la subteniente fueron revelador por la revista Semana, evidenciando el hostigamiento que relataba a sus familiares.

“No me dejó en paz ni en el supuesto descanso porque me mandaba tocar la puerta de la habitación, pitaba desde el vehículo abajo para llamarme”, compartió Jenyfer en mensajes a sus allegados.

En una de las constancias, la oficial dejó registro del trato recibido por parte del teniente Guzmán Medina el lunes 16 de marzo: “Aproximadamente a las 7:30 p. m. en el sector Aguadulce frente a ‘Cabañas El Encanto’... utilizó palabras soeces, me gritó, me ridiculizó delante de ciudadanos turistas, delante de la tropa, es decir, el personal bajo nuestro mando, así mismo con miradas y palabras retadoras”.

Los documentos y pruebas entregados por la subteniente incluyen videos y audios en los que, según las denuncias, participaban no solo su jefe inmediato, sino también subalternos encargados de redactar anotaciones negativas en su contra.

“Luego me solicita disculpas por haberse exaltado, escala o emite concepto para mi permiso ‘plan democracia’, me retira también las llaves de la oficina, me dice que me puedo cambiar para el permiso; luego lo veo en la oficina con personal subalterno, escucho que están redactando una anotación demeritoria en mi formulario de seguimiento y quién sabe cuál suerte de informes en contra de la suscrita”, consignó la subteniente en un reporte.

Testimonios y denuncias previas de acoso

Lady Marciales, hermana de la oficial fallecida, sostuvo en entrevista con Noticias Caracol: “Mi hermana primeramente ya me había contado de que el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina había estado haciendo una persecución y ella había informado de este acoso laboral que estaba recibiendo en Providencia”.

El testimonio familiar reavivó las dudas sobre el entorno al que estaba expuesta la subteniente.

La familia asegura que Jenyfer había reportado la situación ante sus superiores y estuvo bajo protocolos de seguridad y atención psicológica en Barranquilla semanas antes de su muerte.

Según Lady, “no hubo una respuesta efectiva que evitara el fatal desenlace”. Además, expresó desconcierto por la forma en que ocurrieron los hechos: “¿Cómo no van a escuchar un arma de fuego a las horas del día en una estación que está con policías en la que ella comandaba? Las irregularidades nos dejan muchos sinsabores”.

Entre los planes inmediatos de la subteniente, detalló su hermana, estaban las visitas a Barranquilla y la participación en celebraciones familiares. “Había comprado vuelos para venir a Barranquilla en julio al baby shower. Estaba muy contenta”, relató Lady, quien también reveló que Jenyfer les dejó un mensaje preventivo: “Mira, busca a este amigo mío policía si me pasa algo, que él es la persona en la que yo confío y nos puede ayudar”.

¿Qué dijo la Policía?

En un comunicado, la Policía Nacional de San Andrés y Providencia informó: “En las últimas horas, fue encontrada sin vida en su lugar de residencia en la estación de Policía de Providencia, una oficial de la institución”.

La entidad aseguró que “de manera inmediata, la Policía Nacional ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido”.

Las actuaciones, según el comunicado, se desarrollan junto a otras autoridades para “garantizar la transparencia y el rigor” del procedimiento.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, se encarga de la recolección de pruebas forenses y testimonios para determinar si la muerte de la subteniente Marciales guarda relación con el acoso denunciado o si existe otra causa detrás del suceso.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, ambos se reencontraron después de seis años e ingresaron juntos al hotel tras acordar una cita a través de redes sociales.

El jefe de la región policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo, informó que el detenido incurrió en contradicciones durante su te

“Por producto de esos alucinógenos, él ha reaccionado y ella también, y se han producido una pelea entre ellos”, manifestó el general Castillo.

Detención del presunto feminicida

La Policía Nacional del Perú logró identificar rápidamente al presunto agresor porque dejó su documento de identidad en la habitación. Tras abandonar el hotel, los agentes localizaron en su domicilio, consignado en su DNI, y lo detuvieron en flagrancia. El presunto feminicida permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias del caso. Además, se investiga si se consumieron otras sustancias.

En su declaración ante las autoridades, el hombre aseguró que la muerte se produjo “accidentalmente” durante un forcejeo.

“Ella estaba encima mío y la quise quitar de encima y se golpeó la cabeza contra la baranda”, afirmó el detenido, negando haberla estrangulado o golpeado intencionalmente.

Las autoridades pusieron en duda esa versión, ya que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento. El detenido también señaló que ambos consumieron drogas esa noche y que la discusión surgió dentro de la habitación.

Asimismo, se conoció que ambos se habrían reencontrado luego de seis años. El último contacto se produjo por redes sociales, donde acordaron verse en la estación Arriola del Metropolitano antes de dirigirse al hotel.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Lima, donde la familia de la víctima aún no se había presentado hasta el cierre de este reporte. La policía mantiene abiertas las investigaciones y espera declaraciones de los familiares para precisar el vínculo, posibles antecedentes de acoso y esclarecer los hechos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante situaciones de peligro inmediato o hechos de violencia, la Policía Nacional del Perú dispone del número de emergencias 105, operativo las 24 horas. Cualquier persona puede comunicarse para reportar una agresión o solicitar intervención policial en casos de violencia de género.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Los Centros de Emergencia Mujer del MIMP cuentan con equipos multidisciplinarios que brindan atención integral, asesoría legal, y soporte psicológico a víctimas de violencia familiar y sexual. Estos centros se encuentran distribuidos en todo el país y funcionan como espacios seguros para recibir ayuda profesional.

Línea 100: La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial que ofrece orientación, información y apoyo emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Funciona las 24 horas del día y es atendida por especialistas capacitados para brindar contención y canalizar las denuncias a las autoridades correspondientes.

La comunidad de Providencia fue informada del hallazgo sin vida de la subteniente Jennifer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía de la isla, la tarde del sábado 2 de mayo de 2026.

El cuerpo de la oficial fue encontrado en su lugar de residencia, ubicado dentro del mismo complejo policial donde cumplía sus funciones. Según confirmó la Policía Nacional, la primera hipótesis divulgada fue la de una posible autolesión; no obstante, familiares y allegados rechazaron esta versión y exigieron una investigación exhaustiva.

La Fiscalía General de la Nación asumió las indagaciones, mientras que la Policía emitió un comunicado en el que aseguró que garantizará la transparencia y el rigor del proceso.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de labor en este difícil momento”, manifestó la institución en el pronunciamiento difundido a medios y redes sociales.

Rechazo a la hipótesis de suicidio y denuncias previas

La versión inicial sobre un posible suicidio se vio rápidamente cuestionada por la familia de Jennifer Alexandra Marciales Londoño. Su hermana, Leidy Marciales, publicó un mensaje en sus redes sociales:

“Mi hermana no se suicidó, estaba siendo acosada. Ellos mismos me la mataron. Dios, hazle justicia a mi hermana; ella acaba de volver de Barranquilla, de donde es originaria, y estaba muy feliz porque iba a ser tía. ¿Cómo haría eso en la misma estación y no van a escuchar? Sus mandos sabían de la situación”.

De acuerdo con las declaraciones, la subteniente había advertido a sus allegados sobre situaciones de presunto acoso laboral. Antes de su muerte, Marciales Londoño reportó en varias ocasiones, a través de canales institucionales, episodios de hostigamiento e insultos que, según la familia, involucraban a un superior.

La oficial había solicitado a sus más cercanos que, si algo le ocurría, hablaran con un patrullero que tenía conocimiento de las pruebas y denuncias presentadas.

Impacto en la comunidad y en la institución

El fallecimiento de Jennifer Alexandra Marciales Londoño generó consternación en la Policía y los habitantes de Providencia. Compañeros y conocidos la describen como una oficial comprometida y con buena relación con el equipo de trabajo.

La reacción institucional incluyó la apertura inmediata de una investigación interna para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la posible participación de terceros.

De acuerdo con la versión oficial, especialistas en criminalística y personal forense adelantan los actos urgentes y la recolección de evidencia. La Policía Nacional en el Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina indicó que todas las actuaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de garantizar la transparencia en el procedimiento.

Familia solicita investigación como homicidio

La familia de la subteniente Jennifer Alexandra Marciales Londoño solicitó que el caso sea investigado como homicidio, tras denunciar antecedentes de acoso laboral y falta de respuestas institucionales ante las reiteradas quejas.

Contrataron un equipo de abogados para acompañar el proceso y anunciaron que entregarán a la Fiscalía General todos los elementos de prueba relacionados con las denuncias previas.

El anuncio de la muerte de la oficial estuvo marcado por una comunicación inicial de un capellán de la institución, que mencionó la posibilidad de un suicidio, generando molestia y rechazo entre los allegados.

Los familiares insiste en que las autoridades evalúen todas las hipótesis, incluida la de un posible feminicidio, debido al contexto de violencia de género y las circunstancias descritas por la propia subteniente.

El caso de la muerte de Alexandra Marciales permanece bajo investigación, mientras que la Policía Nacional reiteró en su comunicado el compromiso de apoyar a los seres queridos de la oficial y de colaborar plenamente con las autoridades judiciales.

Nueve de cada diez mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica pertenecen al pueblo miskitu, y la gran mayoría llegó huyendo del despojo de tierras, la represión política o los efectos de huracanes en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. Solo el 2 % de ellas tiene hoy un empleo formal en el país de acogida.

Ese dato ilustra la magnitud del problema. El desplazamiento forzado de estas mujeres —intensificado desde 2018 y con un repunte entre 2024 y 2025— no termina con la llegada a Costa Rica: continúa como exclusión laboral, barreras idiomáticas, discriminación institucional y violencia doméstica. El 38 % no trabaja; el resto sobrevive en la informalidad.

El último informe ¨“Mujeres Indígenas Nicaragüenses desplazadas en Costa Rica, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y la Asociación Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) retrata la falta de derecho y la exclusión que sufren como extranjeras e indígenas.

De dónde vienen y dónde se instalan

Las mujeres provienen especialmente de Bilwi (64 %) y Waspán (27 %), dos municipios del Caribe Norte nicaragüense. Además de las miskitu, el mapeo identifica presencia de mujeres mayagnas, ulwas y afrodescendientes.

En San José se concentra la mayor parte de la población desplazada. Pavas alberga al 42.7 % de los hogares; Alajuelita, al 28.3 %; La Carpio, al 23 %; y Purral, al 15 %.

El hogar tipo está compuesto por 4.56 personas. En el 65 % de los casos hay menores de edad y el 40 % de los hogares tiene jefatura femenina.

El 60.4 % de las mujeres cuenta únicamente con el carné de solicitante de refugio y permiso de trabajo. Un 14.6 % ha obtenido refugio, espera resolución o logró residencia. El 4.9 % permanece sin ningún documento.

La irregularidad migratoria funciona como un cerrojo: sin papeles completos, el acceso al empleo formal está vedado, lo que empuja a la informalidad o a la dependencia económica total de la pareja. El 69 % de los ingresos familiares proviene del trabajo del compañero.

La vivienda refleja esa precariedad: el 48 % habita en asentamientos sin acceso garantizado a servicios básicos y el 28 % vive en cuartos alquilados.

Educación y salud: dos derechos fuera de alcance

El 91 % de las mujeres adultas no estudia. Las razones se superponen: falta de recursos económicos (28 %), ausencia de documentación (17 %), barrera idiomática (11 %) y necesidad de trabajar (10 %). Prácticamente no existe validación de estudios realizados en Nicaragua.

Los menores acceden con mayor facilidad al sistema educativo costarricense, aunque el 27 % enfrenta problemas de documentación y otro 27 % carece de recursos suficientes.

En salud, solo el 30 % logró atención médica en los últimos seis meses. Los obstáculos predominantes son económicos (28 %), idiomáticos (23 %) y documentales (20 %). Más del 90 % nunca ha recibido atención psicológica, a pesar de los antecedentes de violencia que muchas arrastran desde Nicaragua.

Violencia que no cesa al cruzar la frontera

Las formas de violencia que estas mujeres afrontan son numerosas y frecuentemente se solapan. El 41 % reconoció violencia verbal; el 40 %, económica; el 39 %, física; el 36 %, sexual, y el 38 % identificó haber sido víctima de chantaje sexual. En todos los casos, el principal agresor señalado es el esposo o compañero actual.

El 40 % tuvo su primera unión antes de los 18 años y el 41 % su primer embarazo en la adolescencia. Muchas solo identifican la violencia tras el proceso de entrevista, al recibir categorías concretas para nombrarla.

La violencia también proviene de instituciones. El 43 % de las entrevistadas reportó que les negaron información en servicios públicos (EBAIS, IMAS, Migración, ACNUR); el 39 % señaló negación de atención por su condición indígena, y el 38 % se sintió estigmatizada o culpabilizada, sobre todo en el sector salud.

Las propuestas vienen de ellas mismas

Frente a este panorama, las mujeres desplazadas no se limitan a describir su situación: formulan propuestas concretas. Solicitan apoyo para emprendimientos productivos —venta de alimentos, costura, artesanías, belleza— mediante acceso a microcréditos y acompañamiento técnico.

Exigen la validación de estudios nicaragüenses a través de acuerdos educativos que no demanden la documentación completa y cursos técnicos adaptados a su lengua y cultura.

Además, piden capacitación en derechos migratorios, de salud y educación, junto con procesos de organización colectiva y talleres de prevención de violencia.

La sensibilización de funcionarios públicos para reducir la discriminación institucional aparece como una prioridad transversal en todos los testimonios.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a tres exjefes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada tras reconocer que la violencia basada en género funcionó como un mecanismo sistemático de control social ejercido por organizaciones paramilitares entre los años 2000 y 2004.

El fallo identificó que las afectaciones contra las mujeres no fueron hechos aislados, sino el resultado de una estrategia planificada que dejó como saldo la degradación de las víctimas y la imposición de una estructura de poder sustentada en el miedo y la humillación.

Esta sentencia establece, por primera vez en este nivel, que tales actos formaron parte explícita de la política criminal del grupo armado y exige al Estado la reparación integral de las sobrevivientes, incluyendo medidas simbólicas y garantías de atención médica y psicológica prioritaria.

La decisión judicial impuso penas de 40 años de prisión (480 meses) y multas de 50.000 salarios mínimos a José Baldomero Linares (alias “Guillermo Torres”), Rafael Salgado (“Águila”) y José Delfín Villalobos (“Alfa 1”).

Sin embargo, en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Tribunal sustituyó estas condenas por una “privación efectiva de la libertad por un término de 96 meses (8 años)”. De acuerdo con el fallo citado por El Espectador, se reconocieron 57 víctimas —39 directas y 19 indirectas— y se estableció que la reparación que deberán recibir supera los $10.000 millones.

El Tribunal ordenó, además, la realización de disculpas públicas en Puerto Gaitán y la creación de una expresión artística en Alto Neblinas en memoria de las víctimas.

Entre los hallazgos más relevantes, el Tribunal Superior de Bogotá documentó que el grupo armado utilizó el sitio conocido como Alto Neblinas, en Puerto Gaitán (Meta), como centro de retención y secuestro, en el que se perpetraron múltiples privaciones ilegítimas de la libertad bajo la consigna de una política de “corrección o escarmiento” impuesta con criterios morales arbitrarios.

Estas acciones estaban dirigidas expresamente a niñas y adolescentes, a quienes se les quería “trazar en el cuerpo un relato descarnado del dominio paramilitar”, según se lee en la sentencia.

Las prácticas de sometimiento y humillación incluyeron desde el corte violento de cabello —considerado un símbolo público de feminidad y, por lo tanto, de castigo— hasta la imposición de trabajos forzados como arreglar caminos, lavar vehículos pesados, cocinar, desyerbar, recoger leña o cargar piedras.

Estos oficios, exigidos bajo condiciones extremas y desprovistas de mínimos vitales como agua potable o alimento suficiente, buscaban “avasallar la libertad y autonomía” de las mujeres e invisibilizar la violencia bajo una apariencia doméstica o laboral.

La violencia sexual constituyó la forma más brutal de dominación. El Tribunal estableció que las niñas y adolescentes fueron objeto de acceso carnal violento, esclavitud sexual y acoso sistemático, en ocasiones bajo la amenaza del hambre: “algunos paramilitares llegaban a ofrecer comida a cambio de actos sexuales, aprovechando que las víctimas pasaban días sin consumir alimentos o agua”, de acuerdo con la motivación de la Sala de Justicia y Paz.

La sentencia subrayó que tales prácticas buscaban no solo el placer del agresor, sino la anulación de la voluntad y la exhibición de un poder absoluto sobre la vida de quienes sometían.

Esta normalización de la violencia llegó a permear a la sociedad local: las propias familias y autoridades escolares aceptaban los raptos a Alto Neblinas como una suerte de castigo ejemplarizante, convirtiendo estos delitos en rituales de “adoctrinamiento” y perpetuación del terror sobre la población, como destaca la sentencia..

El Sala también documentó la violencia sufrida por las mujeres dentro de las filas paramilitares. Reclutadas siendo muchas veces menores de edad, eran forzadas a entrenamientos degradantes y vejadas en actos de castigo que incluían la sujeción y arrastre por el cuello.

Su vida sexual era objeto de control absoluto: necesitaban autorización para tener pareja y eran obligadas a planificar. Si alguna quedaba embarazada, se le imponía una sanción económica de dos millones de pesos, descontada de la bonificación mensual.

La respuesta judicial no se limita al plano punitivo. La sentencia resalta que el proceso fue posible gracias a la “valentía de las víctimas”, a quienes dedica el cierre del fallo: “Aprovecha la Sala para dirigirse a las víctimas de violencia basada en género, en especial las que acudieron a este proceso, para agradecerles su valentía y decirles que no deben arrepentirse de haber acudido a Justicia y Paz, que esta es una oportunidad para dar a conocer lo que ocurre con las mujeres en el marco de un conflicto armado asimétrico como el que vive Colombia y que con su valentía están aportando a la paz del país”.

La Sala de Justicia y Paz fundamentó en su sentencia que la política criminal de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada incluyó estrategias de sometimiento de las mujeres mediante actos públicos y reiterados de degradación. Tal como subraya el documento, “no se trataba de impulsos sexuales individuales”, sino de una “estructura simbólica profunda” orientada a someter a la población civil a través del cuerpo femenino, equiparando el atentado contra una mujer con la sumisión de la comunidad en su conjunto.

El análisis del Tribunal contextualizó los delitos de violencia basada en género como parte de un modelo represivo, en el que la exhibición de las víctimas tras el cautiverio —marcadas física y socialmente, conocidas como “las calvas”— reforzaba la estigmatización y el aislamiento.

Las jornadas de trabajo forzado y el castigo sexual se complementaban como dispositivos de control cuyos efectos perduraron mucho más allá del final de la ocupación paramilitar en la zona.

En una de sus órdenes, el Tribunal exhortó al Estado a garantizar el acceso preferente de las víctimas a servicios médicos y psicológicos, así como a la reparación simbólica y económica.

La suma total destinada a estos fines, superior a $10.000 millones, se dirigirá al resarcimiento de quienes sufrieron de forma directa e indirecta estos crímenes, un número que por primera vez fue reconocido de manera expresa en sede judicial tras años de silencio impuesto por la violencia armada.

En plena vía pública, un hombre ha matado este sábado a una mujer en el municipio de Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Tal y como han señalado los Mossos d’Esquadra en un comunicado, la muerte violenta se ha producido alrededor de las 11.00 horas.

El 112 informó a los agentes del aviso recibido, en el que se notificaba que un hombre había herido con un arma blanca a una mujer y después había huido. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Mossos d’Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero la víctima ha fallecido tras el ataque.

Posteriormente, el autor del crimen, que se investiga como un presunto caso de violencia de género, ha sido localizado y detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, que está bajo secreto de las actuaciones.

El Ayuntamiento condena el crimen

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condenado el asesinato de la mujer. El Consistorio ha señalado su “preocupación” por el grave suceso, ya que este afecta “a la convivencia y a la seguridad ciudadana”.

En un comunicado ha señalado que “lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad”, así como ha trasladado su consuelo a su familia y personas próximas.

“Por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas, se pide prudencia y responsabilidad, y evitar la difusión de informaciones no contrastadas”, concluye el comunicado.

*Con información de EFE

Durante los primeros tres meses de 2026, se registran 22 feminicidios en la República Dominicana, según la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género.

El 86 % de las víctimas no había presentado denuncias previas contra sus agresores, lo que refuerza las dificultades para una intervención temprana y la persistencia de la impunidad en estos casos letales.

El análisis revela que el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo concentran el 41 % de los feminicidios reportados, sumando cinco y cuatro casos respectivamente.

La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, franja etaria que predomina también entre los victimarios. De las mujeres asesinadas, 21 eran dominicanas y una de nacionalidad haitiana, según datos publicados por Listín Diario.

El patrón de los crímenes indica que los ataques se produjeron principalmente entre las 6:00 am y las 11:00 pm, con una marcada concentración los domingos, día en que ocurrieron 10 feminicidios. Las armas blancas y de fuego fueron los medios más utilizados para cometer estos delitos.

Según la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, el 54,55 % de los responsables permanece bajo arresto.

En cuanto a la relación entre víctima y victimario, en doce casos el agresor era la pareja y en ocho, la expareja. Provincias como San Cristóbal, La Altagracia y San Pedro de Macorís registraron dos feminicidios cada una, mientras que Santiago, Duarte, Espaillat, Dajabón, El Seibo, San José de Ocoa y Sánchez Ramírez sumaron uno por demarcación.

Más de 17,000 denuncias por violencia y delitos sexuales

En el mismo periodo, la República Dominicana contabilizó más de 17,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. El primer boletín estadístico de 2026, publicado por la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, revela la persistencia y magnitud del problema, con especial alerta sobre la violencia en relaciones íntimas recientes y el perfil de los agresores y víctimas.

Las autoridades emitieron 7,644 órdenes de protección provisionales y solo 2,234 se transformaron en medidas formales por parte de los tribunales.

Además, 305 hombres fueron atendidos en los Centros de Intervención Conductual del Distrito Nacional y 1.086 mujeres recibieron asistencia en el Centro para Sobrevivientes de Violencia. Estas cifras reflejan una demanda creciente de apoyo legal, emocional y medidas de protección, tanto para víctimas como para agresores.

Santo Domingo, centro de la problemática

La provincia de Santo Domingo lidera los registros con 5.766 denuncias en el primer trimestre, según la Dirección de Inteligencia de Datos e Indicadores de Gestión. La violencia intrafamiliar representa el 52.49 % del total, mientras que el 89.43 % de los reportes está vinculado a violencia de género y familiar, y el 10,57 % a delitos sexuales.

El comportamiento semanal muestra un incremento de denuncias los lunes (31 %) y martes (20 %), lo que evidencia una acumulación de incidentes durante los fines de semana. El grupo de 18 a 35 años se identifica como el más vulnerable y también el de mayor perpetración. En el 49 % de los casos, el agresor es una expareja, seguido por la pareja actual (18,25 %).

El perfil demográfico señala que los hombres son los principales agresores y las mujeres, las principales víctimas, reafirmando el componente de género en la violencia reportada. El informe insiste en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección, ya que la mayoría de los casos no había sido denunciada previamente.

Respuesta estatal y retos pendientes

Durante el primer trimestre de 2026, la Dirección Nacional contra la Violencia de Género gestionó la emisión de miles de órdenes de protección y atendió 2,853 interacciones a través de la Línea Vida, de las cuales 1,860 fueron solicitudes de información y orientación. El Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia asistió a más de mil mujeres, lo que evidencia la urgencia de ampliar recursos y fortalecer políticas públicas.

La directora, Ana Andrea Villa Camacho, sostiene que el objetivo institucional es consolidar una respuesta estatal mediante atención integral, investigación y persecución penal, garantizando servicios de calidad para las víctimas.

Entre las acciones implementadas destacan la supervisión interna, el impulso de alianzas interinstitucionales, el uso de análisis estadístico para la toma de decisiones y la capacitación del personal. La Unidad de Trabajo Social acompaña y realiza seguimiento de los casos, consolidando una red de apoyo que aspira a una justicia más eficiente y centrada en las víctimas.

La realidad reflejada en estos datos exige la revisión y el fortalecimiento continuo de las estrategias de prevención y protección, en un contexto donde la mayoría de las víctimas de feminicidio no había accedido previamente a los canales institucionales disponibles.

Informes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh Perú) confirman que, en lo que va del año 2026, los feminicidios ascienden a 38 casos confirmados y 56 tentativas. El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Warmi Ñam precisa que estas tentativas corresponden solo hasta marzo y reporta, además, 29 asesinatos entre enero y marzo.

En el año 2025, el registro alcanzó 134 asesinatos de mujeres por motivos de género y en 2024 la cifra fue aún mayor, 162 feminicidios, según Warmi Ñam. Aunque las estadísticas muestran una leve disminución anual, la percepción de gravedad y el temor entre las mujeres en situación de riesgo persisten.

El fenómeno de la violencia no culmina en el crimen fatal. La mayoría de agresiones se denuncian ante hospitales, el Ministerio Público, la Policía Nacional o el Observatorio del Crimen, exponentes institucionales de una estructura que a menudo resulta ineficaz para anticipar y neutralizar los factores de riesgo. De acuerdo con el análisis del abogado Eniel Cornejo, el sistema judicial y policial opera fragmentado, sin una coordinación efectiva entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional, lo que provoca dilaciones y omisiones en la protección de potenciales víctimas.

Los obstáculos que ponen en riesgo la vida de las víctimas

El camino para denunciar violencia familiar atraviesa una serie de barreras administrativas y socioculturales. Eniel Cornejo, experto en derecho de familia, detalla que la vía primaria de denuncia es la comisaría, trámite que debe ser gratuito y de atención inmediata. Alternativamente, la mujer puede acudir directamente a un juez de familia. No obstante, la falta de orientación adecuada dificulta el acceso, sobre todo entre mujeres que llegan recientemente a Lima o que desconocen la ubicación y funcionamiento de los juzgados.

Durante el proceso, puede presentarse una revictimización en las comisarías, con respuestas como “eso es normal, regrésate a tu casa”, lo que evidencia insuficiente capacitación y sensibilización de agentes policiales. A pesar de que existe una ley específica, la Ley 30364 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, las falencias persisten en la atención inicial y la resolución de casos.

La dinámica institucional contempla dos etapas: la fase de protección, donde se deben tomar medidas inmediatas para resguardar a la víctima, y la fase de sanción. Sin embargo, la práctica suele distanciarse de la norma. Cornejo advierte que solo la violencia física habilita la detención inmediata en flagrancia, no así la violencia psicológica, cuya definición y detección dependen de la capacitación del personal y de la exposición de los hechos por parte de la denunciante. En muchos casos, señala, las mujeres solo denuncian tras varias reincidencias, lo que incrementa el riesgo letal.

Revictimización y rechazo policial: una problemática persistente

La orientación adecuada resulta fundamental ante la falta de respuesta policial o judicial. Eniel Cornejo sugiere recurrir en primera instancia a redes sociales para visibilizar el caso y ejercer presión pública, motivando en ocasiones una reacción institucional. “Recibo de manera gratuita más de 150 casos de violencia familiar por redes sociales”, afirma Cornejo, quien ofrece asesoría directa a víctimas que buscan una vía alternativa de denuncia.

Para las mujeres en contextos de mayor vulnerabilidad, la recomendación es buscar apoyo en círculos cercanos: vecinos, familiares o amistades. “No te quedes callada. Tienes que contar esto a las demás personas”, sostiene Cornejo. Si las autoridades locales niegan la denuncia, existen órganos de control que regulan la conducta del personal policial y ante los cuales se pueden presentar reclamos formales por omisión de deber.

El acceso a los juzgados de familia se ha flexibilizado mediante la disponibilidad de vías presenciales y virtuales para presentar denuncias. Sin embargo, en ciudades e interior del país, la demora burocrática y la falta de información clara constituyen una traba recurrente. La experiencia relatada por el especialista indica que, frente a la reiteración de hechos violentos y la inacción institucional, el involucramiento de la comunidad y el uso de canales alternativos de denuncia constituyen mecanismos efectivos para reducir el riesgo y prevenir feminicidios.

El sistema de denuncia presenta aún mayores deficiencias para casos de violencia entre parejas del mismo sexo. “Si en los casos de violencia contra la mujer, en muchos casos no le reciben, luego tenemos el sector de violencia contra el hombre. Peor aún, se burlan. Ahora nos vamos en el caso de violencia de parejas del mismo sexo. Peor aún todavía”, indica Cornejo a ATV Noticias. En estos casos, recomienda acudir directamente ante el juez de familia para evitar la revictimización en las comisarías o el rechazo policial, debido a la baja preparación institucional para abordar estas realidades.

Un grave hecho de violencia contra una docente conmueve a la comunidad de Marquetalia, en el departamento de Caldas, tras el ataque con machete contra la profesora Cenelia Vásquez Cárdenas.

La agresión ocurrió el miércoles 29 de abril de 2026, hacia las 7:40 a. m., en la vereda La Bamba, mientras la docente se movilizaba en motocicleta desde el casco urbano hacia su lugar de trabajo, la Institución Educativa El Placer, ubicada en la vereda Unión Baja.

Según información recogida por medios locales de fuentes judiciales, José Reinel Aristizábal García interceptó a la víctima y la atacó con un arma blanca pesada.

La agresión, calificada como extremadamente violenta en el informe médico, le causó múltiples heridas en rostro, cabeza, tórax y extremidades, fracturas y la amputación parcial de un dedo de la mano izquierda. El dictamen de Medicina Legal estableció que las lesiones pusieron en peligro su vida y requirieron atención médica inmediata.

Desarrollo de los hechos y respuesta de la comunidad

Durante el trayecto hacia su escuela, Cenelia Vásquez fue abordada por dos hombres. La caída de la motocicleta, provocada presuntamente por uno de los atacantes, la dejó vulnerable ante el ataque con machete.

Tras el suceso, ocupantes de un jeep de servicio público y el Cuerpo de Bomberos la auxiliaron y trasladaron inicialmente al Hospital San Cayetano de Marquetalia. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitida de urgencia al Hospital San Félix en La Dorada, donde permanece bajo observación y recibe atención especializada.

El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, detalló que la profesora “resultó gravemente lesionada por recibir un ataque con un objeto cortocontundente, tipo machete; está recibiendo atención médica especializada y rogamos por su recuperación”.

Gómez Escudero confirmó la captura de uno de los presuntos responsables, que fue puesto a disposición de las autoridades. La Fiscalía, en audiencia judicial, imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, remarcando la brutalidad de la agresión y el peligro inminente para la vida de la docente.

Rechazo institucional y movilización social

La Secretaría de Educación de Caldas y la Alcaldía de Marquetalia expresaron su rechazo ante el ataque. El comunicado oficial del gobierno local calificó la agresión como una “actuación cobarde” y la catalogó como una manifestación de violencia de género.

“Rechazamos de manera categórica este tipo de actos que atentan contra la integridad, la dignidad y la vida de las mujeres. Como administración municipal, nos oponemos firmemente a cualquier manifestación de violencia de género”, subraya el texto difundido.

La comunidad educativa del departamento mostró su solidaridad con la familia de Cenelia Vásquez y reiteró su preocupación por la seguridad del magisterio rural.

“No toleramos ningún tipo de agresión contra nuestros docentes, ellos representan la esperanza de nuestras comunidades, especialmente, en zonas rurales donde su labor transforma vidas. Acompañamos de manera articulada con las autoridades competentes confiando en que se hará justicia y se garantizará la judicialización del responsable”, señaló la Secretaría de Educación.

Violencia de género y riesgo en zonas rurales de Colombia

El ataque a la profesora Cenelia Vásquez ocurre en un contexto de preocupación nacional por la seguridad de las mujeres, especialmente en regiones apartadas.

Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo reveló que, en el primer trimestre de 2026, se registraron 3.664 delitos sexuales contra mujeres en Colombia, de los cuales 1.870 corresponden a niñas y adolescentes. Además, se contabilizaron 15 feminicidios consumados y 114 tentativas, junto a 11 transfeminicidios en el mismo periodo.

Los departamentos más afectados por delitos sexuales y feminicidios son Guaviare, Vaupés y San Andrés, aunque la situación de Caldas pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en zonas rurales. El informe también señala que la violencia intrafamiliar sigue en aumento, con 4.957 casos notificados en los tres primeros meses de 2026.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la ausencia estatal y la presencia de actores armados en las zonas periféricas agravan la situación, dificultando la protección y la atención de las víctimas.

Las autoridades y organizaciones sociales insisten en la necesidad de fortalecer las rutas de atención, prevención y protección de las mujeres, así como de implementar políticas públicas efectivas que respondan a las realidades de las regiones más afectadas.

El pasado 29 de abril, el Congreso de Chiapas aprobó la reforma denominada “Ley Petrona”, misma que busca modificar el Código Penal estatal para que las mujeres que se defienden de la violencia no sean perseguidas ni castigadas por la justicia.

Esto contempla la “Ley Petrona”

Esta decisión implica que ninguna mujer será sancionada por salvar su vida frente a situaciones de agresión o peligro, y reconoce el contexto desigual y de riesgo permanente en el que viven muchas chiapanecas.

Durante la sesión ordinaria que presidió la diputada Alejandra Gómez Mendoza, la Sexagésima Novena Legislatura avaló el dictamen de la Comisión de Justicia, con el que se reforman los artículos 25 y 27 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de legítima defensa con perspectiva de género.

La diputada Gómez Mendoza señaló que la “Ley Petrona” marca un antes y un después en el acceso a la justicia para las mujeres de la entidad.

Entre los asistentes a la sesión estuvieron el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, así como representantes de colectivas feministas.

Esta presencia reafirma el compromiso institucional para aplicar normas que protejan de manera efectiva los derechos de las mujeres.

“Ley Petrona” reconoce la legítima defensa de las mujeres

La reforma incorpora una presunción legal a favor de las mujeres víctimas de agresión, lo que facilita que puedan ser reconocidas como actuando en legítima defensa.

El texto de la reforma pone en el centro la realidad de quienes enfrentan violencia cotidiana, muchas veces invisible para la autoridad o la sociedad.

En la máxima tribuna local participaron las y los diputados Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Juan Salvador Camacho Velasco, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Sahara Munira José Flores, Rubén Zuarth Esquinca y Marcela Castillo Atristain.

Coincidieron en que la “Ley Petrona” responde a una necesidad urgente en Chiapas y reivindica la justicia con perspectiva de género.

El caso Petrona y el origen de la reforma

El nombre de la ley hace referencia al caso de Petrona “N”, una joven de 25 años de Tenejapa que, tras vivir violencia por parte de su pareja, se defendió y fue procesada penalmente.

Las y los legisladores sostuvieron que la nueva normativa permitirá que situaciones como la de Petrona no se repitan y que la justicia no castigue a quienes buscan proteger su vida.

La presidenta del Congreso estatal puntualizó: “Ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”. Esta postura fue respaldada en la sesión por voces de distintos partidos, que subrayaron la importancia de reconocer las condiciones desiguales en las que muchas mujeres deben defenderse.

Lo más destacado de la reforma

Algunos de los puntos centrales de la reforma son:

• Reconocimiento legal de la legítima defensa con perspectiva de género para mujeres víctimas de agresión.
• Reforma de los artículos 25 y 27 del Código Penal del Estado.
• Ninguna mujer será castigada por defender su vida ante situaciones de violencia.
• Participación y respaldo de autoridades estatales, colectivas feministas y legisladores de distintos grupos parlamentarios.

Con esta medida, el Congreso de Chiapas establece un precedente para la protección de los derechos de las mujeres que enfrentan violencia y busca garantizar que el acceso a la justicia contemple las condiciones reales y específicas que viven en la entidad.

Mientras la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar, avanza en la causa por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género contra Federico Balbuena (34), la víctima compartió una muestra de las violentas amenazas que el imputado le enviaba a los empleados de su empresa antes de ser detenido.

“Donde vivas, te voy a encontrar. Y me encanta dar lecciones de respeto”, decía uno de los mensajes.

A pesar de que Balbuena fue detenido este martes en su casa, en un barrio privado del partido bonaerense de Luján, Camila sigue con miedo y volvió a apelar a las redes sociales para exponer la violencia con la que se solía manejar su exnovio. “Esta es la razón por cual recurrí a los medios… Este mensaje me lo mandó un ex empleado de Car Center Asociados, en el cual Federico los amenaza en un grupo de trabajo que se llama ‘Titanes-Car Center’. El juez aún no dictó la prisión preventiva. No voy a parar”, dice el posteo que compartió este jueves a la madrugada en su cuenta de Facebook.

En el posteo incluyó además uno de los mensajes intimidatorios que Balbuena le llegó a enviar a sus empleados, en el cual les advierte sobre las consecuencias que podrían llegar a sufrir ante llegadas tarde o el pedido de licencias por enfermedad.

“Buenos días. Aclaro para los que se enferman, para los que se retrasan, etc. Si explotan la operación, una vez aprobada y firmada, les mando el médico a su casa así los cura”, ironizó Balbuena al comienzo de su advertencia.

Pero luego fue más tajante: “Así que cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema, y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los huevos”.

Acto seguido, Balbuena aseguró que contaba “con poder político”, debido a las supuestas amistades con “fiscales, jueces, comisarios e intendentes”.

“Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones de respeto. Así que espero que no se enfermen más. No lleguen tarde y no se confundan conmigo”, concluyó la fuerte advertencia para sus trabajadores.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del caso confirmaron la existencia de este mensaje, que según expuso Camila, lo recibió un exempleado de la concesionaria de autos de Balbuena.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación explicaron a este medio que la víctima recibió esa prueba el pasado martes, cuando se presentó ante la fiscal Semería para ampliar su indagatoria y aportar nuevas pruebas a la causa.

En cuanto al agresor: sigue detenido y la fiscal Semería está abocada a reunir todas las pruebas necesarias para solicitar su prisión preventiva.

La otra denuncia contra Balbuena

En las últimas horas, Federico Balbuena sumó una nueva causa judicial en su contra. Una joven que trabajó con él en su concesionaria lo denunció por abuso sexual y amenazas y compartió en redes sociales los chats y audios en los que Balbuena la insultaba, la denigraba y la amenazaba con frases como: “Si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

Nadine Gervas, quien fue empleada de la agencia de autos Car Center Adjudicados en 2024, relató que la relación con su empleador comenzó como un vínculo laboral. Según contó en una entrevista en Desayuno Americano (América TV), nunca tuvieron una relación de pareja. El acusado era su jefe y, después de acercarse a ella en reuniones sociales de la empresa, empezó a manipularla, maltratarla verbalmente y luego amenazarla.

Nadine explicó que sufrió tres abusos sexuales, uno de ellos cerca de una estación de servicio durante un viaje y los otros dos en el domicilio del detenido, donde él la amenazó con un arma delante de otras personas.

De acuerdo a su relato, Nadine quedó embarazada como consecuencia de esos abusos. Afirmó que Balbuena la echó, negó completamente lo sucedido y tampoco reconoció a su hijo.

En redes sociales, la joven publicó capturas de chats de WhatsApp con el acusado, incluidos varios mensajes de voz en los que él la trataba de “estúpida” y le decía: “No me servís para nada, querés ir a laburar andá, cada vez que te equivoques te voy a penalizar y si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

“Yo no puedo tratarte bien porque te la pasás haciendo cagadas en la empresa hace una banda de meses. Al principio era bueno, hasta que me voy cansando. Y te voy a seguir insultando porque sos una estúpida y me molestan los estúpidos”, se escucha en otro audio.

Según pudo averiguar este medio, la denuncia ingresó a fines de febrero de este año en la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal Mariana Suárez, y la causa está en plena etapa investigativa. Al no tratarse de un caso reciente ni de un episodio filmado, es más dificultosa la reconstrucción de los hechos. La fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y aún no definió una calificación precisa.

La Comunidad de Madrid formalizó el pasado 17 de abril el contrato con la ‘Asociación Nexo por la Integración’ para que gestione el nuevo centro de atención integral para hombres víctimas de violencia sexual (el SERPAICAM), un servicio que la presidenta Isabel Díaz Ayuso había anunciado en septiembre de 2024. La formalización de este contrato conlleva que la empresa que iba a gestionarlo inicialmente, una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ empresarial, se queda definitivamente fuera del proyecto.

Y eso que esta ‘startup’, 'Emocional Technologies 22 SL’, había recurrido en octubre de 2025 la decisión de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de excluirle de una licitación que había llegado a ganar. ‘Emocional’ nació como empresa tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, caracterizándose en su día por la creación de una Inteligencia Artificial que era capaz de captar las emociones de los trabajadores analizando sus expresiones faciales a través de las cámaras en las videollamadas. Luego amplió su negocio a cursos de liderazgo, gestión del tiempo, talleres de pensamiento crítico y trabajo en equipo.

‘Emocional’ obtuvo la mejor puntuación, pero la Mesa de Contratación nunca le llegó a adjudicar el contrato oficialmente porque no pudo acreditar la solvencia técnica que solicitaba la Consejería. Esta ‘startup’ recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y consiguió paralizar temporalmente la licitación, pero el 19 de noviembre este tribunal rechazó su recurso. Este no ha sido el único problema judicial que ha impedido la puesta en marcha de un centro ideado por el Ejecutivo de Ayuso que tiene como objetivos prestar una “atención integral” a los hombres que sufren violencia sexual en entornos de ‘chemsex’.

El segundo licitante mejor puntuado, la ‘Asociación In Género’, también presentó un recurso en enero de 2026 porque la Mesa de Contratación también le excluyó del proceso, en este caso porque no podía acreditar la garantía económica que se exigía, que era de 18.263 euros. Un recurso que obligó al tribunal por segunda vez a paralizar el proceso de adjudicación. El 5 de febrero de 2026, el tribunal rechazó el recurso de esta asociación porque la garantía se presentó fuera de plazo. Así que el contrato fue finalmente adjudicado a la Asociación Nexo, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja no solo con profesionales especializados, sino también con personas usuarias y expertas por experiencia en procesos de exclusión e integración. La Comunidad pagará 205.000 euros por este servicio en 2026.

El Ejecutivo autonómico entiende que el ‘chemsex’ es un fenómeno que debe ser atendido, entendiendo por ‘chemsex’ el consumo sexualizado de drogas, “dando lugar a largas sesiones que pueden prolongarse en el tiempo, y cuya práctica se ha asociado a diferentes complicaciones de salud, conductas adictivas, complicaciones psicosociales...” Además, “se ha puesto de manifiesto la dimensión de la violencia sexual en este contexto y potenciales condiciones que sitúan a la víctima en una posición de especial vulnerabilidad”. Este centro supondrá, por tanto, “un recurso especializado y pionero” para “la atención y protección social en hombres víctimas de agresiones sexuales en diferentes contextos”.

Ocho profesionales

En el centro deberán trabajar ocho profesionales, entre trabajadores sociales, abogados y psicólogos. “Con carácter general, el horario de funcionamiento del dispositivo de atención será de lunes a viernes, excepto festivos, en jornada continua desde las 10 de la mañana a las 19 horas”, señala el pliego. También se prestará un servicio de información y atención telefónica de lunes a viernes en horario de 8 a 10 horas y de 19 a 24 horas, y los fines de semana y festivos de 10 a 19 horas. El servicio es gratuito y confidencial.

Nadine Gervas, quien fue empleada de la agencia de autos Car Center Adjudicados en 2024, relató que la relación con Balbuena comenzó como un vínculo laboral. Según contó en una entrevista en Desayuno Americano (América TV), nunca tuvieron una relación de pareja. El acusado era su jefe y, después de acercarse a ella en reuniones sociales de la empresa, empezó a manipularla, maltratarla verbalmente y luego amenazarla.

Nadine explicó que sufrió tres abusos sexuales, uno de ellos cerca de una estación de servicio durante un viaje y los otros dos en el domicilio del detenido, donde él la amenazó con un arma delante de otras personas.

De acuerdo a su relato, Nadine quedó embarazada como consecuencia de esos abusos. Afirmó que Balbuena la echó, negó completamente lo sucedido y tampoco reconoció a su hijo.

En redes sociales, la joven publicó capturas de chats de WhatsApp con el acusado, incluidos varios mensajes de voz en los que él la trataba de “estúpida” y le decía: “No me servís para nada, querés ir a laburar andá, cada vez que te equivoques te voy a penalizar y si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

“Yo no puedo tratarte bien porque te la pasás haciendo cagadas en la empresa hace una banda de meses. Al principio era bueno, hasta que me voy cansando. Y te voy a seguir insultando porque sos una estúpida y me molestan los estúpidos”, se escucha en otro audio.

En otra conversación, Balbuena alternaba entre la intimidación y un tono paternalista: “Mi incondicionalidad la tenés porque vos me la das a mí”.

En su publicación, junto a esos mensajes de voz, Nadine escribió: “Mi abusador se llama Federico Nicolás Balbuena. Escribo desde el dolor y de la bronca, sabiendo que esta persona está impune hasta hoy. Me animo a hablar públicamente a raíz de mi denuncia realizada en la UFI 9 de Luján, y otras denuncias también por abuso sexual agravado y maltrato hacia otras personas por parte de él. Quedé embarazada a raíz de su abuso y, aunque me da mucha vergüenza y humillación confirmar que esta persona es el padre de mi hijo, quiero justicia”.

La denuncia de Nadine quedó radicada en la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal Mariana Suárez.

Según pudo saber Infobae, la denuncia ingresó a fines de febrero de este año y la causa está en plena etapa investigativa. Al no tratarse de un caso reciente ni de un episodio filmado, es más dificultosa la reconstrucción de los hechos. La fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y aún no definió una calificación precisa.

En la entrevista televisiva, Nadine también contó que tardó más de un año en poder hablar de lo ocurrido y que su único apoyo fue su familia, que la acompañó desde el momento en que contó lo que había vivido. Dijo que no pudo pagar el alquiler después de ser echada y que Balbuena nunca accedió a hacerse un ADN para reconocer a su hijo.

El caso de Nadine se suma al de Camila Natalia, quien denunció a Balbuena por abuso sexual, amenazas y brutales golpizas. Camila difundió videos en redes sociales en los que se observa a Balbuena golpeándola y asfixiándola en el departamento de la víctima, en Pilar, en mayo de 2025.

La denuncia la radicó en noviembre de 2025, seis meses después de la paliza. El caso es investigado por la fiscal Marcela Semería, quien tomó testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, quienes confirmaron que Balbuena maltrataba y denigraba a Camila delante de otros empleados.

Tras la viralización de los videos y la presentación de nuevas pruebas, Balbuena fue detenido este martes en su domicilio de un country en Luján. En la indagatoria, el acusado se negó a declarar.

Fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que Balbuena pasó la noche en la comisaría 6a de Pilar de la Policía Bonaerense y, tal como estaba previsto, esta mañana fue trasladado en un patrullero la UFI N° 14 Descentralizada departamental, donde lo aguardaba la fiscal Semería.

No obstante, Balbuena, que está imputado por lesiones agravadas por ser en contexto de género y abuso sexual con acceso carnal, optó por no declarar y permaneció en silencio ante las preguntas de la investigadora.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, ahora la causa se centrará en avanzar con otros trámites de instrucción, entre ellos el peritaje de las nuevas imágenes de cámaras de seguridad que la víctima aportó cuando se acercó a la fiscalía para ratificar su denuncia contra su ex.

Asimismo, la fiscal Semería analizará los dichos de la mujer tanto de su última declaración, como de las entrevistas televisivas que brindó.

La decisión de detener a Balbuena se tomó tras la incorporación de un nuevo fragmento de la filmación, que permitió “cerrar la secuencia completa de los hechos de violencia” que son objeto de la denuncia, explicaron fuentes del caso a este medio.

En este sentido, la víctima declaró este martes y confirmó que no había vuelto a ser acosada ni agredida desde el allanamiento realizado a Balbuena en enero. También manifestó su malestar porque el Tribunal de Familia de Malvinas Argentinas le denegó la prórroga de la medida cautelar.

Balbuena fue localizado en su domicilio, ubicado en un country del partido bonaerense de Luján, donde permanecía oculto: allí fue esposado y detenido por efectivos de la Policía Bonaerense de Pilar.

La historia

Según reconstruyó la investigación, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

Testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

En su historial judicial, Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

Imágenes aterradoras

El nuevo capítulo comenzó este sábado cuando, la victima apeló a las redes sociales para denunciar la pesadilla que vivía desde hace varios meses:

“Me cansé que nadie me escuche. (Balbuena) me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó la damnificada en un posteo que compartió en su perfil de la red social Facebook, junto a los videos que muestran la paliza que le propinó Balbuena en mayo de 2025 cuando se presentó en su domicilio reclamando un teléfono celular.

Las golpizas que sufrió Camila Natalia fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento. Las mismas dan cuenta de la violencia y la saña con la que Balbuena la atacó. Ella recién se animó a denunciarlo meses después, en noviembre de 2025.

De acuerdo a lo que muestran las grabaciones que compartió la denunciante, uno de los violentos episodios ocurrió a plena luz del día, mientras Balbuena se disponía a abrir la ventana que da al balcón del domicilio. En ese momento, y en medio de una acalorada discusión, el atacante fijó su mirada en los ojos de Camila, la tomó de sus ropas y la arrojó al sillón del living.

Ya reducida, Camila no pudo defenderse del salvaje castigo de su ex, quien le comenzó a propinar golpes de puño mientras la sujetaba contra los almohadones.

La desesperante situación se trasladó a la cocina del departamento, donde Balbuena zamarreó a la víctima, la tironeó del pelo e intentó asfixiarla.

“Este COBARDE … es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias Causas Penales, dos de ellas por Abuso Sexual… SIGUE LIBRE“, denunció Camila en su publicación, la cual se viralizó de inmediato.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.

Tras permanecer casi un mes internada en estado crítico en un hospital de Concordia, Entre Ríos, María Leonor Godoy murió este lunes. El deceso se produjo debido a un violento ataque de su pareja Juan P.E., quien quedó detenido.

El hecho investigado ocurrió el 4 de abril en la vivienda que compartían en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53, en el barrio José Hernández. Godoy había ingresó al hospital con múltiples heridas de arma blanca y signos compatibles con abuso sexual, lesiones que le provocaron un cuadro irreversible pese a la atención recibida.

De acuerdo con el portal La Voz del Interior, la víctima fue encontrada gravemente herida y trasladada al hospital Delicia Masvernat, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos hasta las primeras horas de este lunes. El agresor ya había huido del lugar.

El juez de Garantías Mauricio Guerrero ordenó su captura, a solicitud de la fiscal Evelina Espinosa. Tras la emisión del mandamiento, efectivos de la comisaría Segunda, bajo la supervisión del segundo jefe Cristian Fernández, iniciaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al agresor, detalló Concordia Policiales. Desde entonces, se encuentra alojado en la Unidad Penal 8 de la ciudad.

Tiempo después, se conoció que regían medidas de restricción de acercamiento contra el hombre, debido a denuncias previas por violencia de género. El antecedente más reciente había sido en noviembre del año pasado, cuando la víctima recibió una brutal golpiza que le provocó lesiones graves en el rostro.

La causa que investiga la muerte de Godoy quedó caratulada como femicidio y abuso sexual, delitos que se agravan por la situación procesal del hombre. Luego de confirmarse el fallecimiento, una de las hijas de la víctima publicó un mensaje de despedida en redes sociales, según indicó El Once.

“La peleaste hasta lo último como toda una guerrera, como la mujer valiente que siempre fuiste. Que descanses y que encuentres la paz. Te llevaré siempre en mi mente y corazón”, escribió. La hija de Gordo relató que, a pesar de la gravedad de las lesiones, la víctima había mostrado algunas mejoras, aunque finalmente se produjo un deterioro rápido en su estado de salud. “Ella luchó 23 días. Nosotros estábamos ahí y vimos mejoras, pero de repente decayó”, señaló el mismo sitio. “Estoy tranquila de que esté preso, pero quiero que pague por todo lo que le hizo”, insitió la hija de Godoy.

Dictaron perpetua al femicidia de Daniela Mamani

La Justicia de Jujuy condenó a prisión perpetua a Matías Manuel Tinte por el femicidio de Araceli Daniela Mamani, de 31 años, ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado solicitado por la familia de la víctima y avalado por la jueza Mónica Cruz Martínez.

El tribunal consideró a Tinte responsable del delito de homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género. La acusación se sostuvo en los elementos probatorios reunidos durante la instrucción, que confirmaron la autoría material del condenado en el asesinato de Mamani, enfermera y madre, quien había decidido separarse de Tinte cuatro meses antes del hecho tras episodios reiterados de acoso.

El crimen ocurrió la noche del 10 de noviembre de 2025. Los vecinos de la calle Campero alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del departamento de la víctima. Al menos dos llamados de emergencia quedaron registrados, uno de ellos de un estudiante que advirtió que una mujer pedía auxilio. La Policía acudió al lugar alrededor de las 23:06 pero no ingresó al inmueble, argumentando que no podían entrar sin orden judicial ni la presencia del propietario. La autopsia determinó que Mamani murió entre la 1:00 y las 3:00 del día siguiente, varias horas después de la visita de los oficiales.

El cuerpo fue hallado cerca de las 7 de la mañana, cuando el dueño del inquilinato notó la puerta entreabierta e ingresó. Tinte se presentó en la Seccional 1° poco después y confesó el crimen.

Durante el 27 de abril de 2026 se dio a conocer el caso de una mujer de 23 años que fue hallada muerta en el barrio Villa Cindy, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá. La víctima, identificada como Blanca Neris de Lagos, vivía en el sector junto a su pareja y sus dos hijos menores de 6 y 3 años, de acuerdo con la denuncia de sus allegados.

Ante la gravedad del caso, las autoridades trabajan para investigar si se trató de un homicidio o un feminicidio, debido a que las primeras indagaciones apuntan a signos de violencia en el cuerpo y que la posible causa del deceso sería asfixia mecánica, aunque esta hipótesis tendrá que ser ratificada por el Instituto de Medicina Legal en los próximos días.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. de la madrugada del viernes 24 de abril, cuando la hija de la víctima gritó para pedir ayuda a los vecinos, que de inmediato se acercaron hasta el inmueble, se encontraron el cadáver de la joven madre y se comunicaron con las autoridades para dar a conocer la situación.

Uno de los familiares relató detalles del caso al medio local CityTv: “Encontraron su cuerpo sin vida en el apartamento. La niña de ella, de seis años, fue quien salió a donde los vecinos a darles la noticia, como a pedir ayuda. Inmediatamente, los vecinos se acercaron y efectivamente encontraron que la mujer estaba muerta”.

La persona entrevistada indicó que la joven compartía la vivienda con sus dos hijos y su compañero sentimental que, al parecer, se encontraba en su trabajo al momento del suceso. Además, en su relato aseguró que no solo el cadáver tenía señales de violencia, sino que la hija de la víctima también presentaba lesiones en su cuerpo.

Del mismo modo, el familiar reveló que la pareja de la joven fallecida regresó a su casa después de la jornada laboral y se encontró con el operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación: “Un forense de Medicina Legal les dijo que no lo dejaran ir porque la niña tenía signos de violencia en el cuello, en el abdomen y en otras partes de su cuerpo”.

La denuncia hecha por uno de los allegados a la víctima preocupó a la comunidad, pues se estima que la menor también habría sufrido de violencia intrafamiliar, por lo que el sujeto es sospechoso de atacar tanto a su pareja como a sus hijos.

Por ahora, las pesquisas avanzan bajo la dirección del CTI, que asumió el caso y se encuentra recolectando pruebas y testimonios en el lugar de los hechos. La Policía explicó que los agentes respondieron a una llamada de emergencia a través de la línea 123, dirigiéndose a un domicilio donde hallaron el cadáver de una mujer.

A la espera del informe definitivo de Medicina Legal, la familia de la joven exige justicia y reclama celeridad en el esclarecimiento del caso. Además, sus allegados confirmaron que el cuerpo de Blanca Neris de Lagos será trasladado a Valledupar, su ciudad de origen, donde se realizarán las exequias.

El caso de la joven tiene en alerta a la Policía que reiteró que la posible responsabilidad penal del compañero sentimental se determinará después de que se realicen los peritajes en curso y reiteró la importancia de las pruebas recopiladas por el CTI para la tipificación del delito.

Cabe mencionar que en 2026 se han reportado 344 homicidios en Bogotá, una cifra que representa una reducción del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, hasta el momento, las autoridades han efectuado más de 70 capturas relacionadas con este delito.

Por otro lado, la Policía confirmó que se han registrado 5 feminicidios comprobados en la capital desde enero.

La captura fue solicitada por la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar, especializada en violencia de género, apenas tres días después de que la víctima difundiera en redes sociales los videos de las agresiones.

Según pudo saber Infobae, la decisión se aceleró tras la incorporación de un nuevo fragmento de la filmación, que permitió “cerrar la secuencia completa de los hechos de violencia” que serán objeto de la denuncia.

La víctima declaró este martes y confirmó que no había vuelto a ser acosada ni agredida desde el allanamiento realizado a Balbuena en enero. También manifestó su malestar porque el Tribunal de Familia de Malvinas Argentinas le denegó la prórroga de la medida cautelar.

En ese contexto, Balbuena fue localizado en su domicilio, ubicado en un country de la zona, donde permanecía oculto, esposado y detenido por efectivos de la Policía Bonaerense de Pilar.

La historia

Según reconstruyó la investigación, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

Testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

En su historial judicial, Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

Imágenes aterradoras

Todo comenzó este sábado cuando, la victima apeló a las redes sociales para denunciar la pesadilla que vivía desde hace varios meses:

“Me cansé que nadie me escuche. (Balbuena) me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó la damnificada en un posteo que compartió en su perfil de la red social Facebook, junto a los videos que muestran la paliza que le propinó Balbuena en mayo de 2025 cuando se presentó en su domicilio reclamando un teléfono celular.

Las brutales golpizas que sufrió Camila Natalia fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento. Las mismas dan cuenta de la violencia y la saña con la que Balbuena la atacó. Ella recién se animó a denunciarlo meses después, en noviembre de 2025.

De acuerdo a lo que muestran las grabaciones que compartió la denunciante, uno de los violentos episodios ocurrió a plena luz del día, mientras Balbuena se disponía a abrir la ventana que da al balcón del domicilio. En ese momento, y en medio de una acalorada discusión, el atacante fijó su mirada en los ojos de Camila, la tomó de sus ropas y la arrojó al sillón del living.

Ya reducida, Camila no pudo defenderse del salvaje castigo de su ex, quien le comenzó a propinar golpes de puño mientras la sujetaba contra los almohadones.

La desesperante situación se trasladó a la cocina del departamento, donde Balbuena zamarreó a la víctima, la tironeó del pelo e intentó asfixiarla.

“Este COBARDE … es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias Causas Penales, dos de ellas por Abuso Sexual… SIGUE LIBRE“, denunció Camila en su publicación, la cual se viralizó de inmediato.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.

El fenómeno de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Honduras muestra una tendencia creciente, mientras que la falta de coherencia en los datos oficiales complica la respuesta estatal.

Entre 2022 y agosto de 2025, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) registró la desaparición de 729 menores de 17 años, siendo las niñas el 73% de los casos, según registros de medios locales.

Las estadísticas detallan un aumento constante: 176 casos en 2022, 188 en 2023, 238 en 2024 y 127 reportes solo entre enero y agosto de 2025.

La vulnerabilidad de las niñas es especialmente grave. El análisis de la DPI expone que 532 de los 729 desaparecidos (73%) corresponden a niñas, frente a 197 niños (27%), lo que alerta sobre un fenómeno con impacto desproporcionado en las menores de edad.

Departamentos como El Paraíso e Intibucá concentran los mayores índices de desapariciones, mientras que los informes advierten sobre desenlaces fatales. En octubre de 2024, se localizaron menores sin vida días después de haber sido reportados como desaparecidos.

Las causas detrás de estas desapariciones incluyen la trata de personas, explotación sexual, acciones de pandillas y narcotráfico, además de la desaparición forzada.

De acuerdo con la cobertura del medio hondureño Once Noticias, la niñez hondureña enfrenta no solo el riesgo de desaparición, sino también de muertes violentas, deserción escolar y abuso sexual.

La estadística mensual señala un promedio de doce niñas y cinco niños desaparecidos al mes. Esta situación ha generado preocupación en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que solicitó- a través de un extenso comunicado divulgado el 10 de abril pasado en la página web de la entidad- el fortalecimiento de las unidades de investigación y la creación de protocolos especiales en los centros educativos para evitar que los responsables encuentren condiciones favorables para delinquir.

La gravedad de las desapariciones de menores en Honduras se acentúa por la pobreza estructural y la participación del crimen organizado en el reclutamiento forzado, de acuerdo con comités de familiares, citados por el CONADEH.

Hasta febrero de 2025, estos comités informaron sobre 887 migrantes hondureños desaparecidos, lo que refuerza el perfil de Honduras como país de origen, tránsito y destino en la crisis migratoria.

Divergencia en los datos oficiales sobre desapariciones

El análisis de los registros oficiales evidencia una discrepancia considerable. El Ministerio Público contabilizó 710 denuncias de mujeres desaparecidas entre 2020 y 2023, en contraste con el Sistema Nacional de Emergencia 911, que notificó 8.059 casos en ese mismo periodo. Esta diferencia refleja retos importantes para la sistematización y coordinación entre las instituciones estatales.

Asimismo, el 15% de los femicidios recientes contaba con una denuncia previa de desaparición. Este dato muestra la conexión entre desapariciones y violencia letal contra mujeres, subrayando la urgencia de implementar medidas preventivas y de fortalecer los mecanismos de búsqueda.

Según las autoridades y organizaciones implicadas, el fenómeno plantea un serio riesgo para la integridad y la vida de los menores. Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Familia del CONADEH, advirtió que esta situación compromete la seguridad de la población infantil y juvenil.

Se recomienda crear ambientes seguros en la familia, la escuela y la comunidad. El desarrollo de protocolos en los centros educativos pretende impedir que los perpetradores aprovechen oportunidades para secuestrar o sustraer menores, al tiempo que se señala la necesidad de fortalecer la prevención para reducir su vulnerabilidad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes confirmó de manera definitiva la condena a siete años de prisión y la inhabilitación perpetua del ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse, hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

La Justicia correntina rechazó el 24 de abril el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del médico mediante la Resolución N° 57. Con este fallo se cierra la última instancia provincial en un proceso que se prolongó por más de cuatro años e involucró denuncias de al menos 18 mujeres.

El voto principal, elaborado por el doctor Alejandro Alberto Chain, señaló que el planteo de la defensa carecía de “fundamentación autónoma” y de una “cuestión federal debidamente expuesta”.

La sentencia, adoptada por unanimidad, dejó firme la pena dictada previamente por el Tribunal Oral Penal N° 1 por el delito previsto en el artículo 119, segundo párrafo, del Código Penal. Dicha condena ya había sido confirmada por el STJ en septiembre de 2025 al rechazar el recurso de casación de la defensa.

Por su parte, los doctores Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, junto al presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan, adhirieron a los fundamentos del doctor Chain. Este último, además, mantuvo su postura de que, al tratarse de un acto inoficioso, el proceso no debería generar costas.

El STJ subrayó que la simple discrepancia con el resultado de la sentencia o la mención de principios constitucionales no basta para habilitar la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El organismo aclaró que la sentencia condenatoria no fue arbitraria, sino que constituyó una “derivación razonada del derecho vigente” con base en las pruebas recolectadas.

El magistrado explicó que los argumentos de los abogados defensores “se limitaron a reeditar críticas sobre la valoración de las pruebas” y cuestiones de derecho común que ya habían sido tratadas y respondidas en la instancia de Casación.

Los detalles de un caso aberrante

Las acusaciones contra Dahse cobraron relevancia por la cantidad de causas acumuladas en su contra a partir de la primera denuncia formal en octubre de 2021.

El ginecólogo, auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) desde 2012, acumuló más de 15 denuncias públicas y al menos 18 formalizadas ante la justicia y la prensa.

Los testimonios de las víctimas repetían patrones: abusos durante consultas profesionales, uso de anestesia con las pacientes y hechos que datan de hasta dos décadas atrás.

Un extracto de la denuncia principal formalizada por una paciente de 20 años explicitaba por entonces: “Me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que responde ‘nadie se va a enterar’. Después de decir reiteradas veces que NO, se me asomó y me lamió el clítoris”.

Víctimas identificadas con nombres ficticios como Rebeca y Rita relataron, a medios locales, situaciones similares. Una mujer relató que fue anestesiada para la colocación de un DIU y despertó en medio de una violación; otra detalló haber sufrido abuso en 2008 tras solicitar un aborto clandestino, cuando el médico la anestesió y cometió el delito en un consultorio privado.

La abogada querellante, Sofía Domínguez Briceño, explicó que el acusado solía aprovecharse de su cargo, ofreciendo atención sin turno, eximiendo del cobro de prácticas o prometiendo ayuda con trámites para ganarse la confianza de las pacientes.

El imputado optó por no brindar su testimonio.

Qué pedía la querella

La abogada querellante había solicitado en su alegato de fines de julio de 2023 que el ginecólogo enfrente la pena máxima de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. También había exigido la detención inmediata del imputado, que permanecía en libertad por una eximición de prisión luego de haber cumplido cuatro meses de detención preventiva en 2022.

Desde el Ministerio Público Fiscal, Carlos Lértora requirió para Dahse una condena de siete años de prisión, sumar inhabilitación perpetua y ordenar su detención de manera inmediata.

El juicio contra Dahse, despertó amplia repercusión social: representantes de la multisectorial de mujeres y agrupaciones feministas se concentraron en los tribunales provinciales durante las audiencias, con carteles exigiendo justicia y exhibiendo la imagen del imputado.

Entre las voces presentes, Mónica Baglieto, del colectivo MuMaLá, manifestó que “la Justicia revictimiza” ya que “el abusador es un profesional de la salud, que nos debería cuidar”. El juicio convocó al menos a catorce testigos, incluidos profesionales y peritos, y la presencia de otras sobrevivientes dispuestas a declarar en contra de Dahse.

Por último, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), dependiente del Ministerio de Justicia, había solicitado al ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, la suspensión preventiva de la matrícula profesional del acusado mientras se resolvía su situación judicial.

Hay decisiones judiciales que cambian las reglas del juego y otras que muestran hasta dónde esas reglas pueden llegar. Este caso pertenece a estas últimas: no sólo por su resultado —una condena a 8años de prisión—, sino porque evidencia el alcance de un camino iniciado con el fallo Santillán, que consolidó la autonomía de la querella frente al Ministerio Público Fiscal.

El caso comenzó como tantos otros: con una mujer que dejó de naturalizar determinadas conductas y se animó a hablar y denunciar. El 25 de septiembre de 2024, N.B.S. se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica tras una sucesión de amenazas y hostigamientos por parte de su ex pareja. Lo que en un inicio aparecía como violencia verbal, con el tiempo se evidenció como una escalada de violencia física, sexual y psicológica.

Pero hubo algo que diferenció este caso de muchos otros y fue clave para la resolución final: la decisión de la víctima de no atravesar el proceso penal sola.

Ahí es donde aparece el rol central del Patrocinio Jurídico Penal Gratuito de la Ciudad. Un equipo interdisciplinario —abogados penalistas, psicóloga y trabajadora social— que no solo acompaña, sino que interviene estratégicamente para que el proceso judicial represente verdaderamente el interés de la víctima.

Este enfoque no es casual. Es el resultado de una decisión política clara impulsada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, de jerarquizar la agenda de víctimas y dotarla de herramientas concretas. En ese marco se creó y se consolidó la Dirección General de Asistencia a la Víctima, que tengo el honor de liderar.

Porque no alcanza con que la ley reconozca derechos. Hay que hacerlos efectivos. Y en este punto, la Ley 6.115 de la Ciudad marca un cambio sustancial: garantiza patrocinio jurídico para que la víctima pueda ejercer sus derechos y constituirse en querellante. No es un detalle técnico, sino una herramienta efectiva de acceso a la Justicia.

Este caso lo demuestra con claridad. Durante el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó la absolución del imputado. Sin embargo, el equipo del Patrocinio sostuvo la acusación, representando la voz y el interés de la víctima hasta el final. El resultado: el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó al imputado a 8 años de prisión por abuso sexual en tentativa, abuso sexual con acceso carnal y amenazas reiteradas.

Sin querella y sin acusación fiscal, el juez no hubiese tenido más opción que absolver al imputado. Por eso es importante decirlo con claridad, la actuación fiscal es 1 fundamental, pero no siempre alcanza para representar plenamente a la víctima. El abogado de la víctima no reemplaza al fiscal: lo complementa, lo tensiona y, cuando es necesario, sostiene lo que la víctima necesita que se sostenga.

Ahora bien, este caso también deja otra enseñanza clave que no podemos eludir: es indispensable seguir fortaleciendo la capacitación de los fiscales en perspectiva de víctima. No se trata de cuestionar su rol, sino de potenciarlo. Incorporar de manera transversal la perspectiva de víctima permite comprender el impacto del delito, valorar adecuadamente la prueba en contextos de violencia y, sobre todo, acompañar de forma integral a quien atraviesa el proceso penal.

Una Justicia verdaderamente eficaz no es solo la que investiga y acusa, sino también la que escucha, comprende y representa adecuadamente.

Este resultado también habla de un equipo altamente capacitado, comprometido y con perspectiva, que trabaja todos los días para evitar la revictimización y garantizar que cada intervención tenga sentido. Porque detrás de cada expediente hay una persona. Y detrás de cada persona, una historia que merece ser escuchada.

Hoy, ese objetivo se cumplió. Y no es menor, es Justicia con la víctima en el centro.

Balbuena, de 34 años, es investigado por UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal Marcela Semería, en una causa iniciada tras la denuncia de su expareja, Camila Natalia, quien lo señaló por abuso sexual, agresiones físicas y amenazas.

Según pudo saber Infobae, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

La denuncia por abuso sexual fue presentada por la mujer en noviembre de 2025. De acuerdo a la reconstrucción judicial, el hecho habría ocurrido en mayo de ese mismo año, en el departamento de la víctima en Pilar. Desde entonces, la causa se mantiene en etapa de investigación.

Balbuena registra antecedentes judiciales: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

Testimonios incorporados al expediente dan cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía ya tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la dificultad probatoria en torno al presunto abuso sexual. En ese contexto, la fiscalía evalúa volver a tomar declaración a la víctima, ya que —según indicaron— habría aspectos de su relato que no fueron incluidos inicialmente, entre ellos una internación vinculada a los hechos.

Balbuena fue notificado de la causa, cuenta con defensa particular y, según pudo saber este medio, su estrategia incluye la impugnación de pruebas audiovisuales y testimoniales incorporadas al expediente.

La violencia de género en la Argentina sigue mostrando cifras alarmantes. Según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, en el primer trimestre de 2026 se registraron 68 víctimas fatales por violencia de género en el país.

El relevamiento advierte que el 72 % de las víctimas fue asesinada en su propio hogar, un dato que vuelve a poner el foco en la violencia ejercida en ámbitos privados. Además, estos crímenes dejaron 80 hijos e hijas sin madre, de los cuales el 58 % son menores de edad, lo que expone el impacto social y familiar que trasciende cada caso.

En la mayoría de los hechos, el agresor formaba parte del entorno cercano de la víctima. El 61 % de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas, lo que ratifica un patrón estructural: la violencia de género se produce, en gran medida, dentro de vínculos afectivos.

En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires encabeza las estadísticas en valores absolutos, seguida por Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, según el mismo informe.

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para analizar las quejas presentadas contra el juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Las protestas tienen su origen en unas declaraciones realizadas en una jornada formativa en el Colegio de la Abogacía de Madrid en las que cuestionó el sistema de denuncias en materia de violencia de género y aseguró que las mujeres cuentan con “tantas ventajas” para denunciar.

La decisión ha sido adoptada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, quien deberá determinar si las manifestaciones del magistrado tienen relevancia suficiente para derivar en la apertura de un expediente disciplinario o si procede el archivo de las actuaciones. La incoación de diligencias constituye el primer paso en este tipo de procedimientos y tiene como finalidad comprobar la veracidad de los hechos y su posible encaje en el régimen disciplinario de la carrera judicial.

El origen de la polémica se sitúa en una intervención pública del juez el pasado 18 de febrero, en el marco de una jornada jurídica centrada en los criterios de competencia en materia penal y civil de los juzgados de violencia sobre la mujer. Durante su exposición, Maman sostuvo que muchas denuncias “se ve que no tienen demasiado sentido” y que, en ocasiones, responden a una estrategia orientada a obtener órdenes de protección de forma inmediata.

“Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”, planteó el magistrado ante un auditorio compuesto por profesionales del ámbito jurídico. En la misma intervención, cuestionó el sistema de asistencia jurídica al afirmar que a las denunciantes “se les da asistencia jurídica gratuita aunque tengan un millón de euros en la cuenta” y que cuentan con abogado de oficio desde el primer momento. “¿Pero qué pierde?”, insistió.

El juez también se mostró crítico con el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género, que combinan competencias penales y civiles, y que, a su juicio, se han convertido en “un camino casi forzado”. En ese contexto, señaló que los abogados “tienen una gran afición a visitarnos” y que, aunque lo entiende, se intenta “forzar una vía”.

Asimismo, el magistrado sostuvo que los procedimientos judiciales “se eternizan” y apuntó a posibles consecuencias en el ámbito familiar durante ese tiempo. En concreto, afirmó que “la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco al niño” y que se produce un distanciamiento progresivo respecto al padre.

Las reacciones a sus palabras

Las declaraciones provocaron la reacción de asociaciones feministas, que solicitaron el apartamiento del juez del procedimiento que instruye contra el exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, investigado por una presunta violación. La controversia se vio intensificada por el hecho de que la intervención pública del magistrado tuvo lugar apenas un día después de que la denunciante compareciera ante él para ratificar su denuncia.

Un mes después de aquellas manifestaciones, el juez rechazó la petición de la denunciante de prohibir a González comunicarse con ella, una decisión que ha sido también objeto de atención en el marco de las críticas vertidas contra su actuación.

Las quejas ante el CGPJ se han articulado a través de distintas iniciativas, incluidas campañas promovidas para formalizar denuncias disciplinarias contra el magistrado. En ellas se cuestiona que sus declaraciones puedan suponer una falta de consideración hacia las víctimas de violencia de género y un cuestionamiento del sistema de protección vigente.

El órgano de gobierno de los jueces tiene atribuida la competencia para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados cuando su conducta se aparta de los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional, como la imparcialidad, la independencia o el respeto a las partes. Las sanciones previstas en la normativa pueden abarcar desde advertencias o multas hasta medidas más graves, como traslados forzosos, suspensiones o incluso la expulsión de la carrera judicial.

Fuentes del CGPJ señalan que la apertura de diligencias informativas es un trámite habitual ante la recepción de quejas, con el objetivo de realizar una primera verificación de los hechos denunciados. Tras esta fase inicial, el promotor deberá decidir si propone la apertura de un expediente disciplinario, que correspondería resolver a la Comisión Disciplinaria, o si, por el contrario, procede el archivo, decisión que requiere el aval de la Comisión Permanente.

En contrapunto a la versión difundida por la víctima, fuentes del caso consultadas este lunes por Infobae precisaron que los hechos que se observan en el video que encabeza esta nota ocurrieron en mayo del año pasado, pero Camila recién los denunció en noviembre y no presentó constancia médica de las lesiones que denunció. Asimismo, señalaron que hasta el momento no hay respaldo clínico para las presuntas lesiones que denunció la víctima.

“Me cansé que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó la damnificada en un posteo que compartió en su perfil de la red social Facebook, junto a los videos que muestran el calvario que padeció en el último tiempo.

Las brutales golpizas que sufrió Camila fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento, cuyas imágenes dan cuenta de la violencia y la saña con la que Federico Nicolás Balbuena, el agresor, la atacó en distintas oportunidades.

Según se observa en las grabaciones que compartió la denunciante, uno de los violentos episodios ocurrió a plena luz del día, mientras Balbuena se disponía a abrir la ventana que da al balcón del domicilio. En ese momento, y en medio de una acalorada discusión, el atacante fijó su mirada en los ojos de Camila, la tomó de sus ropas y la arrojó al sillón del living.

Ya reducida, Camila no pudo defenderse del salvaje castigo de su ex, quien le comenzó a propinar golpes de puño mientras la sujetaba contra los almohadones.

La desesperante situación se trasladó a la cocina del departamento, donde Balbuena zamarreó a la víctima, la tironeó del pelo e intentó asfixiarla.

“Este COBARDE … es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias Causas Penales, dos de ellas por Abuso Sexual… SIGUE LIBRE“, denunció Camila en su publicación, la cual se viralizó de inmediato.

Tras los constantes castigos recibidos, Camila tomó coraje y se presentó en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, y radicó la denuncia correspondiente. Sin embargo, lamentó que todavía la fiscal Marcela Semería no lo haya citado ni a declarar.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.

Ante la falta de respuestas, la víctima incluso se llegó a contactar con compañeros de trabajo de Balbuena para pedirles ayuda, en busca de conseguir más pruebas para respaldar su denuncia. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. “Empleados de CAR CENTER ADJUDICADOS SRL también son responsables. No es sólo mi historia. Si algo me pasa, ya saben quién fue. GRACIAS POR COMPARTIR y DIFUNDIR. Son mi única ayuda, para que este tipo no quede IMPUNE y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia. YA”, concluye el pedido de ayuda de Camila.

En cuanto al avance de la investigación, fuentes del caso explicaron a este medio que la denunciante se presentó el 22 de diciembre pasado en la UFI de la fiscal Semería y ratificó la denuncia contra su expareja. En ese contexto, y al contar nuevamente su versión de los hechos, Camila aseguró que el atacante portaba armas de fuego en su domicilio, lo cual desencadenó en un posterior allanamiento.

Una vez en el lugar, personal policial encontró al sospechoso, lo notificó de la causa y le secuestró dos pistolas Glock calibre .9 milímetros.

La fiscal Semería continúa con la recolección de pruebas y testimonios de testigos presentados por la denunciante. En la causa también interviene el Juzgado de Garantías N° 6 departamental, a cargo del juez Nicolás Ceballos.

La muerte repentina de una docente sorprendió a los habitantes de Barrancabermeja (Santander) tras el hallazgo de su cuerpo sin signos vitales durante la jornada del domingo 26 de abril de 2026 en su vivienda, que se encuentra ubicada en el barrio Las Granjas.

De acuerdo con información oficial de las autoridades, hasta el momento se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos que tienen en alerta a la comunidad educativa y la ciudadanía en general, que lamentaron la pérdida de una figura reconocida en el municipio.

El reporte oficial indica que la víctima fue identificada como Diana Carolina Parra Sarmiento, que cumplía 41 años el mismo día de su fallecimiento, lo que incrementa el dolor de sus allegados.

Del mismo modo, el medio local Vanguardia confirmó que fue encontrada en su domicilio, en el que también funcionaba el jardín infantil Casa Taller Entre Amigos, por lo que era reconocida por las familias del sector y las personas que acompañó en su formación que hoy lamentan su partida.

Según la información preliminar disponible, el aviso a la Policía se dio tras el hallazgo por parte de sus allegados, que hicieron todo lo posible para salvar su vida, pero no fue posible reanimarla y minutos más tarde los uniformados de la Policía confirmaron su deceso en ese lugar.

Cabe mencionar que no se conocen hasta ahora las causas de la muerte, por lo que el caso es investigado por las autoridades, mientras que sus colegas, familiares y amigos no dudaron en pedir celeridad en el proceso de investigación para determinar qué fue lo que le ocurrió y si hay manos criminales involucradas.

Investigación de las autoridades en Barrancabermeja

La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de las primeras inspecciones en el hogar para determinar si existían rastros de violencia.

Horas más tarde, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyo personal asumió la investigación para determinar los detalles del suceso, pues en las instalaciones de la morgue se llevarán a cabo los análisis forenses que permitan establecer las causas del fallecimiento y saber si se trató de un feminicidio, un accidente o si el hecho fue por causas naturales.

Hasta el momento, se sabe que los expertos iniciaron con los trabajos de recolección de pruebas como testimonios y revisiones de las cámaras de seguridad. Además, los estudios técnicos continúan, mientras la comunidad permanece a la espera de información concreta de las autoridades.

Impacto en la comunidad educativa

La pérdida de Parra Sarmiento dejó una profunda huella en la Institución Educativa Juan Francisco Sarasti – Fe y Alegría, lugar donde desarrollaba su labor como docente, por lo que era reconocida por decenas de estudiantes, colegas y vecinos que hoy lamentan su partida y la recuerdan por su cercanía y compromiso con la enseñanza durante varios años.

Ante la partida de la trabajadora, la institución expresó oficialmente su solidaridad y reconocimiento a la trayectoria de la docente. En los mensajes que circulan en las redes sociales, padres, alumnos y residentes del sector destacaron la relevancia de su aporte a la formación y los valores de las nuevas generaciones.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias por su partida. Su dedicación a la enseñanza permanecerá siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su familia con profundo respeto y cariño”, indicó el colegio mediante un comunicado oficial.

Cabe mencionar que los mensajes demuestran que la vocación y entrega de Diana Carolina Parra Sarmiento siguen presentes en la memoria de aquellos que compartieron con ella en el ámbito educativo, mientras se espera el esclarecimiento oficial de los hechos por parte de las autoridades.

En el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre de 34 años, identificado como D.G.A., con antecedentes penales, volvió a ser arrestado tras violar las restricciones impuestas por la Justicia y hostigar a su ex pareja, a pesar de portar una tobillera electrónica de geolocalización ambulatoria, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La intervención del auxiliar fiscal Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, resultó determinante para que la jueza Susana Parada, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31, dictara la prisión preventiva del agresor, según informó el Ministerio Público Fiscal porteño.

El episodio se produjo cuando la Policía de la Ciudad localizó al imputado a metros de la vivienda de la víctima mientras caminaba por la calle Plaza, tras una alerta del Departamento de Emergencias Policiales.

El sistema de monitoreo advirtió que el usuario de la tobillera no respondía a los llamados de la Central de Alarmas, señal que coincidía con la proximidad al domicilio protegido. En ese contexto, el personal policial acudió al lugar y verificó el estado de la mujer, de 47 años, quien no sufrió lesiones físicas durante el incidente y se hallaba en buen estado de salud, informaron.

De acuerdo con la información oficial, sobre el imputado pesaba una prohibición de acercamiento, a menos de 1.000 metros de la víctima y la obligación de evitar cualquier tipo de contacto con ella, medidas dispuestas por la UFLA Este. La reincidencia, sumada a la violación del perímetro impuesto y la falta de respuesta a los controles de la tobillera, activó el protocolo de emergencia y derivó en la detención inmediata.

Según explicaron fuentes judiciales, el detenido cuenta con dos condenas previas por amenazas, lesiones y desobediencia.

Durante la audiencia, la jueza Parada consideró que los antecedentes penales y la reiteración de episodios de hostigamiento justificaban la prisión preventiva, tal como había solicitado el auxiliar fiscal Vila, en una resolución que consideró la complejidad de las situaciones de violencia de género y las características específicas de este caso.

Según la investigación presentada, la pista clave surgió cuando una fuente local identificó a Flores Julca en la galería comercial Abasto Center, situada en avenida Corrientes, un lugar que frecuentó años antes y donde había instalado un local de tatuajes. El testimonio recogido por el medio señala que el acusado fue visto en ese espacio comercial entre jueves y viernes de la última semana, comportándose de manera nerviosa y comentando a conocidos que se había peleado con su pareja.

La fotografía, tomada en una cervecería de la avenida Juan de Garay, muestra a Flores Julca sentado en una mesa, sonriente y levantando el pulgar, acompañado de un vaso de cerveza. El citado medio consultó a testigos que lo vieron consumir bebidas junto a un grupo de amigos, en una noche de esparcimiento que contrasta con la situación de Yanet Urbano, quien enfrenta graves secuelas neurológicas y quemaduras en más del 70 % de su cuerpo.

Mensajes y movimientos que refuerzan la hipótesis de huida

La investigación incluye mensajes que el propio Flores Julca habría enviado a contactos en Perú, en los que confirma su presencia en Argentina y solicita información para adquirir un chip telefónico local. “Ya estoy en Argentina, mano”, se lee en uno de los textos atribuidos al sospechoso. Estos mensajes aparecieron apenas un día después del ataque a Yanet Urbano.

El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), declaró que el movimiento migratorio del sospechoso no registra una salida reciente del país. Sin embargo, se hallaron indicios de que Flores Julca adquirió pesos argentinos y un nuevo equipo celular, utilizando la tarjeta y el teléfono de la víctima tras el ataque.

“Ha comprado un equipo celular, ha hecho un movimiento bancario y ha comprado pesos argentinos. Estamos tras los pasos de este agresor”, señaló Lozada.

La policía considera posible que el acusado haya abandonado el país usando documentos ajenos o rutas no oficiales, lo que dificulta su localización inmediata. Las autoridades mantienen la coordinación con Interpol y la policía argentina para lograr su detención.

En paralelo, la familia de Yanet Urbano sigue reclamando justicia y apoyo institucional. La víctima, cosmiatra de 32 años, permanece conectada a un ventilador mecánico y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La joven sufrió un paro en el cerebelo y varias fallas orgánicas, consecuencia de las quemaduras y lesiones infligidas durante el ataque.

El caso ha generado indignación en la comunidad peruana y argentina por la aparente tranquilidad con la que Flores Julca ha sido visto en espacios públicos de Buenos Aires, mientras la investigación avanza en ambos países. Se espera su captura pueda efectuarse para que enfrente la justicia peruana.

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sevilla acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la Feria de Abril, según ha informado el Ayuntamiento de la capital andaluza en el último balance de incidencias de la celebración, que concluye hoy.

El arresto se realizó hacia las 3:40 de la madrugada en la calle Gitanillo de Triana y, además del presunto delito de agresión sexual, al detenido se le imputa un atentado contra la autoridad, ya que cuatro agentes resultaron lesionados durante su intervención. Este caso se suma a otro similar ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, cuando la Policía Nacional abrió una investigación tras la denuncia de una mujer que sufrió una agresión sexual en los baños de una caseta.

Además, solo en las últimas horas de la feria se han abierto otras diez diligencias , que han dejado un saldo de cuatro arrestos más: dos por atentado a la autoridad, uno por robo y cinco por delitos relacionados con el tráfico.

Entre las actuaciones policiales destaca también la detención de un individuo este domingo a las 7:50 en la Avenida Flota de Indias, tras irrumpir en la vía y poner en peligro su vida y la seguridad vial. Al intentar ser retirado, reaccionó de manera violenta contra los agentes.

Incidente en una atracción con cuatro heridos

Además, dos casetas han sido denunciadas por incumplimiento de horario y otras tres desalojadas, así como una atracción en la calle del Infierno.

Respecto al incidente que se produjo el pasado viernes en esa atracción, cuatro personas resultaron heridas tras la rotura de una de las cuerdas del tirachinas mecánico conocido como ‘Steel Max’. El fallo provocó que la cápsula, donde se encontraban dos menores, cayera al suelo y ambos quedaran atrapados en el interior durante varios minutos. Si bien sufrieron algunas lesiones, ninguna era de gravedad. Otras dos personas del público necesitaron también atención médica tras ser alcanzadas por una de las cuerdas desprendidas durante el fallo.

La Feria de Abril transforma cada primavera el barrio de Los Remedios en una ciudad efímera, con más de mil casetas y una portada iluminada por más de 28.000 bombillas, que convierte el recinto en el principal punto de encuentro social de Sevilla durante una semana. La portada de este año ha rendido homenaje a la arquitectura local, con referencias al Pabellón de Portugal de la Exposición de 1929 y al Cenador de Carlos V del Real Alcázar, alcanzando los 40 metros de altura. La edición concluye a las 24:00 de este domingo.

(Con información de la agencia EFE)

Un nuevo capítulo se abre en la investigación sobre el asesinato de Glenda Isabel H. (28 años). Según información de Centros Judiciales, el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana dictó instrucción formal con detención provisional contra Diego Antonio S., de 34 años, por feminicidio agravado, una decisión que marca el inicio de la etapa de instrucción.

De acuerdo a información oficial, el domingo 19 de abril, Diego habría utilizado un arma blanca, específicamente un cuchillo, para provocar la muerte de Glenda, quien residía en una vivienda situada en la calle Libertad Oriente, entre la 21.ª y 23.ª avenida sur, en el distrito de Santa Ana.

Tras presuntamente cometer el crimen, el acusado abandonó el país y fue localizado en Guatemala. El seguimiento internacional permitió la localización del acusado en territorio guatemalteco apenas un día después del hecho. La captura se produjo el 20 de abril de 2026 y, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió su traslado inmediato para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Autoridades guatemaltecas informaron que el individuo había ingresado al país de manera irregular, por lo que fue remitido al Instituto Guatemalteco de Migración en la delegación de Valle Nuevo, Jutiapa.

Fiscalía señala antecedentes de violencia en la relación entre la víctima y el acusado

Durante la audiencia inicial, la representación fiscal presentó una serie de elementos probatorios que sustentan la existencia del delito y la probable participación directa de Diego.

La Fiscalía formalizó la acusación por feminicidio agravado, respaldando su solicitud con pruebas y el historial de la relación sentimental entre la víctima y el imputado.

De igual forma, según detalló Centros Judiciales, “entre la víctima y el acusado existía una relación sentimental en la que, presuntamente, se habían manifestado hechos de violencia previos”.

Esta circunstancia será uno de los ejes de la investigación que ahora asume el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana.

El expediente fue remitido al Juzgado Especializado, que se encargará de la etapa de instrucción. Esta instancia tiene la responsabilidad de examinar los elementos recopilados, profundizar en la investigación sobre los hechos de violencia en la relación y valorar la posible existencia de agravantes.

El seguimiento del caso se mantendrá para definir la situación jurídica del acusado, conforme avance la investigación y se recojan nuevos elementos de prueba.

Glenda, reconocida por su compromiso con el fitness y la vida saludable

Glenda era reconocida por su dedicación a la vida fitness, una característica que resaltaban tanto sus familiares como sus allegados, además de ser evidente en sus publicaciones en redes sociales.

La joven compartía contenido relacionado con rutinas de entrenamiento, alimentación saludable. En sus perfiles digitales, se podían observar imágenes y videos de sus actividades físicas.

Glenda era reconocida por su dedicación a la vida fitness, una característica que resaltaban tanto sus familiares como sus allegados, además de ser evidente en sus publicaciones en redes sociales.

Allegados a la víctima señalaban que su compromiso con el fitness no solo era parte de su vida pública, sino también una práctica constante en su ámbito privado.

Los agentes lo resumen de una manera bastante sencilla: la Guardia Civil les obliga a instalar la aplicación ‘Imbox Defense’ en su teléfono personal, lo que hace que por ese teléfono circulen datos confidenciales de víctimas de violencia de género y de detenidos. Encima, el derecho a desconexión digital se vulnera. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó a la Benemérita. “Da igual, siguen sin cumplir”, se lamentan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). “Esta situación que no se limita a una infracción administrativa en materia de protección de datos, sino la imposición encubierta del uso de medios personales para fines oficiales y un gravísimo riesgo para la seguridad de la información operativa del Cuerpo”, afirma un portavoz de la asociación mayoritaria.

IMBOX Defense es una aplicación de mensajería instantánea segura diseñada específicamente para fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y organismos gubernamentales. En España es muy conocida porque es la plataforma oficial del Ministerio de Defensa. Integra mensajería instantánea, llamadas de voz y vídeo, almacenamiento en la nube y servicios de movilidad. El desarrollador es la empresa española Spotbros Technologies SL, con sede en Madrid. En resumen, es el equivalente gubernamental español a WhatsApp, pero con cifrado de nivel militar y datos alojados en servidores propios del Estado.

En 2002, el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil promovió activamente el uso de IMBOX DEFENSE como sustituto de WhatsApp para las comunicaciones de servicio, tras adquirir 70.000 licencias de la aplicación pero sin un número equivalente de dispositivos móviles corporativos. “Ello implicaba, de facto, que se estaba impulsando la instalación de una aplicación de servicio oficial en los teléfonos personales de los agentes, sin evaluación de impacto previa, sin el asesoramiento del Delegado de Protección de Datos, y con una política de privacidad que incumplía la ley”, explican desde la AUGC.

Los agentes creen que con este medida la Dirección General ha convertido en práctica normalizada lo que el ordenamiento jurídico prohíbe con claridad. “Exigir a un agente que instale en su dispositivo personal una aplicación para el desempeño de funciones oficiales no es una recomendación, es una carga que recae sobre el patrimonio privado del trabajador” El agente asume el coste del dispositivo, el desgaste del terminal, el consumo de datos y, lo que es más grave, la mezcla en un único teléfono de su vida privada con información de servicio de naturaleza sensible u operativa. “Es la puerta de entrada a una disponibilidad permanente que borra la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso”, denuncian desde la AUGC.

Sin protocolo de actuación

Con este sistema, mensajes de mandos, instrucciones de las unidades y las comunicaciones operativas llegan al mismo dispositivo con el que el agente habla con su familia. El derecho a la desconexión digital está reconocido en el artículo 88 de la ‘Ley Orgánica 3/2018′. Además, la Guardia Civil no ha elaborado un protocolo que regule esta materia, no ha establecido franjas horarias de comunicación, no ha determinado qué tipo de mensajes pueden cursarse fuera de la jornada de servicio y no ha garantizado que la instalación voluntaria de la aplicación no derive en una presión real e implícita sobre quienes decidan no instalarla. “El argumento de que la app puede silenciarse o cerrarse no resiste el menor análisis en un cuerpo con estructura jerárquica y disciplinaria como la Guardia Civil”, señalan en AUGC.

Lo cierto es que a través de IMBOX DEFENSE se están compartiendo en la práctica diaria datos de víctimas de violencia de género y datos de personas detenidas. “Estamos hablando de dos categorías de información cuya exposición inadecuada no es una cuestión burocrática, es una cuestión de seguridad física de las personas afectadas”, denuncia la AUGC. Los datos sensibles de víctimas de violencia de género están sometidos a un régimen de protección reforzada precisamente porque su divulgación puede costarles la vida. La identidad de una víctima, su domicilio, su situación procesal, el nivel de protección asignado o las medidas cautelares en vigor son datos cuya filtración puede anular en cuestión de horas cualquier medida de protección adoptada por el sistema judicial y policial. Que esta información circule por grupos de IMBOX instalados en teléfonos personales constituye una vulneración flagrante del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos y un riesgo real e inmediato para la integridad física de las víctimas más vulnerables.

Denuncia en protección de datos

El representante de AUGC en Las Palmas documentó y denunció esta situación ante el Delegado de Protección de Datos de la Guardia Civil, ante la Directora General, ante el Defensor del Pueblo y, finalmente, ante la Agencia Española de Protección de Datos. Este último organismo no solo admitió la denuncia, sino que resolvió declarando que la Dirección General de la Guardia Civil había infringido el artículo 37 de la ‘Ley Orgánica 7/2021′, en la modalidad tipificada en el artículo 59.f), ordenando a la institución que en el plazo máximo de seis meses acreditara haber adoptado las medidas correctoras necesarias.

No se ha hecho nada. “Hemos constatado que ningún representante de la asociación en ninguna unidad del territorio nacional tiene conocimiento de que se haya distribuido la Instrucción Técnica sobre el uso de IMBOX DEFENSE que la propia Dirección General anunció ante la AEPD como medida de cumplimiento. No se han realizado jornadas de formación ni de sensibilización en las que se indique de forma clara e inequívoca que la instalación de la aplicación en teléfonos particulares no puede ser impuesta. Tampoco se ha informado al personal sobre qué categorías de datos pueden o no tratarse a través de la plataforma, con todo lo que ello implica cuando por esa plataforma circulan datos de víctimas de violencia de género y de personas detenidas", explica el mismo portavoz

Yanina Latorre contextualizó: “En enero, Karina Iavicoli, en Infama, tuvo una primicia sobre la separación de Pamela y Albacete. Se casaron en junio del 2023, fue un romance divino, mega fiesta, pero todo terminó en mega también. Fue una historia fugaz, siete meses de relación que derivó en una separación muy delicada. Pamela no hablaba con los medios, pero entre ayer y hoy, harta de la situación y viviendo bajo el mismo techo por no llegar a un acuerdo de separación, hizo una denuncia por violencia familiar, con una carátula casi de femicidio”.

El video mostrado en el programa expuso el nivel de violencia doméstica que Pamela dice haber soportado. En él se escuchan gritos, golpes, forcejeos y ruegos para que la deje en paz. El testimonio fue contundente: “La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba. Ese día encontré una tanga en el auto, y él en vez de contestarme me golpeó. Su respuesta fue que llevaba tres años ahí, pero la prenda estaba nueva. No sé, me subestimó. No me gusta hablar, me meto para adentro y le decía ‘me quiero ir’, pero él no me dejaba”.

Pamela relató que la violencia comenzó poco después del casamiento, en agosto de 2024, y se fue intensificando con el tiempo. “Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo”, confesó al aire. Consultada sobre si el video era el único registro de violencia, aclaró: “Ese es el más tranquilo que tengo”.

La abogada de Pamela, Ivana Lorena Crea, confirmó en el programa que la justicia dictó una cautelar que excluye a Albacete del hogar por 90 días, con orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio. La letrada subrayó la gravedad de los hechos: “Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Pamela intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia psicológica y legal. La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio”.

Pamela reconoció que su estado actual es de angustia y miedo, con ataques de pánico y depresión, y que solo pudo llevar adelante la denuncia gracias al apoyo de amigas, su abogado y su mejor amigo. “Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien”, dijo, y explicó que intentó proteger a Albacete, pero que la situación la superó. “Siempre cuento que cuando decidimos separarnos, él me pidió que no diga nada hasta que me vaya de casa, pero después me enteré por mis alumnas que ya lo había contado en el gimnasio. Evidentemente, él quería que yo no contara para él dar su versión”.

El vínculo entre ambos comenzó tras años de cruzarse en un gimnasio, compartiendo charlas, rutinas y, finalmente, viajes y coincidencias en la vida cotidiana. Antes de cruzar sus vidas en el amor, tanto Pombo como Albacete ya eran figuras públicas. Pamela, que hoy tiene 43 años, irrumpió en los medios en 2011 como una de Las hermanas Pombo, el falso número que montó junto a Johanna Villafañe. Recorrieron los programas de la época, desde Showmatch a Animales sueltos el de Guido Kaczka, como parte de una trama que no tardó en quedar al descubierto.

El flechazo fue inmediato: tras apenas dos meses de noviazgo, la pareja decidió dar el gran paso y se casó por civil el 28 de diciembre de 2023.Siete meses después, organizaron una fastuosa fiesta en un salón de Pilar, con espectáculos de comedia, bandas en vivo, luces de colores y menús de alta cocina.

Una mujer fue asesinada ayer en Seseña (Toledo) a manos de su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. Este viernes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un asesinato machista, el primero de estas características registrado en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha lamentado lo ocurrido en un audio remitido a los medios, en el que ha expresado su condena por la muerte de la mujer “a manos de su expareja y con desprecio a su dignidad”. Sabrido ha afirmado sentirse “consternado y triste” ante este crimen y ha trasladado sus condolencias y apoyo a los familiares y allegados de la víctima.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 17 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1.358 desde que comenzaron los registros en 2003, tras confirmar el nuevo caso de Melissa en la provincia de Toledo.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, junto a los 17 casos confirmados en 2026, existe además un caso adicional que permanece bajo investigación. Entre las víctimas confirmadas este año, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos.

El caso de Melissa

Melissa, una mujer de 43 años y nacionalidad venezolana, fue hallada sin vida por la Guardia Civil en el interior de una vivienda de Seseña (Toledo), con signos de violencia por arma blanca. En el mismo domicilio se encontró también el cuerpo del presunto agresor, un hombre de 50 años y de la misma nacionalidad, que se había ahorcado.

El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital. Según informaron fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, concretamente por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que comenzaron los trámites de divorcio.

A raíz de esa denuncia, el hombre fue detenido y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por incumplir una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección.

Un minuto de silencio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado un minuto de silencio durante su intervención en la inauguración de la I Feria del Mayor, celebrada en Azuqueca de Henares, en señal de duelo por lo que ha definido como “lo que parece va a terminar siendo un nuevo asesinato por violencia machista” ocurrido este jueves en Seseña (Toledo).

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de “seguir aprendiendo” en materia de igualdad entre hombres y mujeres, recoge Europa Press. En este sentido, ha recordado cómo eran las relaciones entre ambos sexos en generaciones anteriores y ha destacado que “han cambiado afortunadamente mucho las cosas”.

No obstante, ha advertido de que “hay chicos jóvenes hoy que tienen que seguir aprendiendo lo que ha aprendido España, que es el respeto entre unos y otros y, especialmente, entre la mitad de la población y la otra mitad”. “La igualdad, si no es entre hombres y mujeres, no se puede pedir para ninguna otra cosa de la vida”, ha añadido.

Yahaira Plasencia obtuvo garantías personales a su favor tras una resolución de la Prefectura de Lima en el marco del proceso legal que mantiene contra Magaly Medina. La medida fue celebrada por la cantante, quien la considera un paso clave en su defensa frente a los presuntos actos de violencia psicológica que ha denunciado y que, según su abogada, podrían sentar un precedente importante en la protección de las mujeres que enfrentan situaciones similares en el ámbito mediático.

La noticia fue compartida por la propia Yahaira Plasencia a través de sus redes sociales. En un video publicado en Instagram, la intérprete de salsa anunció: “Me han otorgado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para que cese la violencia psicológica hacia mi persona”.

Junto a ella, su abogada Keila destacó que la decisión es un gran logro legal y que “no tenemos por qué incitar y ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional”.

El proceso y la resolución en contra de Magaly Medina

La resolución de la Prefectura de Lima, difundida públicamente por la artista, determina que Magaly Medina debe abstenerse de realizar acciones que puedan afectar la estabilidad emocional o la tranquilidad de Plasencia. El fallo señala que existe un contexto de riesgo y urgencia que justifica la medida preventiva y advierte sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento, incluidas acciones penales por resistencia o desobediencia a la autoridad.

El documento establece que ambas partes podrán impugnar la decisión según los procedimientos previstos por la normativa vigente sobre garantías personales. La abogada de Plasencia remarcó que la medida es relevante porque “significa un gran logro que no tenemos por qué incitar y ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional”.

Esta acción se enmarca en el proceso judicial iniciado por Yahaira Plasencia contra Magaly Medina hace más de un año y medio, en el que la salsera denuncia a la conductora de televisión por difamación agravada. La defensa de la artista, liderada por Iván Paredes —exabogado de Medina—, sostiene que el programa de la presentadora utilizó términos como “runruna”, “escort”, “pet friendly” y “mascota” para referirse a Plasencia, lo que habría dañado su honor e imagen pública.

La denuncia, que solicita un millón y medio de soles como reparación civil, también incluye a productores y al canal ATV. El proceso está próximo a una audiencia oral virtual, programada para el 12 de mayo. Antes de acudir a la vía penal, la defensa de Plasencia envió una carta notarial exigiendo una rectificación pública, sin obtener respuesta.

Reacción de Magaly Medina

Magaly Medina ha rechazado las acusaciones de Yahaira Plasencia y cuestionó el contenido de la denuncia, alegando que se le atribuyen palabras que nunca pronunció. La conductora afirmó: “Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije”.

Medina reconoció haber usado el término “runruna” en otros contextos, pero no en referencia a Plasencia, y explicó que la palabra “score” fue utilizada en base a declaraciones de Sergio George. La presentadora también expresó su sorpresa al ver que Iván Paredes, quien fue su abogado principal en el pasado, ahora defiende a Plasencia y calificó la seguidilla de demandas en su contra como parte de una campaña organizada.

El caso ha generado opiniones divididas en redes sociales y en la opinión pública. Los seguidores de Yahaira Plasencia celebran la medida y destacan la importancia de proteger la dignidad de las mujeres en el espectáculo, mientras que otros defienden la libertad de expresión y el estilo directo de Medina.

La defensa de la cantante insiste en que la denuncia busca sentar un precedente sobre el trato mediático hacia las mujeres y frenar la normalización de insultos y violencia de género desde los medios. El proceso judicial continuará con la audiencia clave del 12 de mayo, donde ambas partes deberán argumentar sus posiciones ante el Poder Judicial. Mientras tanto, la otorgación de garantías personales a Yahaira Plasencia es vista como una victoria legal intermedia que refuerza su postura en la disputa.

Al celebrar la decisión, la artista envió un mensaje claro: “Ninguna mujer se lo merece. Gracias”. Plasencia afirmó que mantendrá informados a sus seguidores sobre el desarrollo del caso y reiteró su compromiso con la defensa de sus derechos y su integridad emocional.

La judicialización de Brayan Andrés Cano Cano sacudió a la comunidad de Medellín tras agredir a una mujer embarazada el pasado 16 de abril.

El caso provocó una rápida reacción vecinal y el inicio de un proceso penal que mantiene al acusado en un centro carcelario a la espera de juicio.

Según las autoridades, la mujer transitaba frente a la vivienda del presunto agresor cuando este la habría obligado a ingresar al inmueble utilizando la fuerza física. Dentro de la casa, la situación escaló: el hombre supuestamente la golpeó y buscó someterla sexualmente. La víctima cursaba la novena semana de gestación.

El ataque tuvo consecuencias. Los informes policiales confirmaron que, debido a la brutalidad de la agresión, la mujer sufrió un aborto, el hecho se añadió como un agravante al caso.

Vecinos del sector, al percatarse de la situación, decidieron intervenir. Ellos lograron retener a Cano Cano y lo entregaron directamente a la Policía Nacional, marcando un punto clave para la investigación y el desarrollo judicial de los hechos.

La Fiscalía General de la Nación, por medio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), fue la encargada de presentar el caso ante los tribunales. El ente acusador le imputó el delito de acto sexual violento, aunque el señalado no aceptó responsabilidad alguna durante las audiencias concentradas.

Un juez de control de garantías analizó la gravedad de la acusación y la naturaleza del daño provocado. Tras evaluar el material probatorio y la peligrosidad del procesado, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que significa que Cano Cano permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso.

El episodio no solo generó indignación por la brutalidad de la agresión, sino que además evidenció la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de aquellas en condición de embarazo, ante este tipo de delitos. La víctima, tras el ataque, recibe atención médica y apoyo psicológico para enfrentar las secuelas físicas y emocionales.

La Fiscalía informó que las investigaciones siguen en curso, con la posibilidad de que se sumen cargos relacionados con la pérdida del embarazo, dependiendo de los hallazgos judiciales y médicos.

Panorama de la violencia sexual en Medellín

El hecho se produce en un contexto preocupante para la ciudad. Al cierre de 2025, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reportó 3.614 casos de violencia sexual en Medellín hasta noviembre, un aumento del 13% en relación con el año anterior.

Las cifras del Sivigila revelan que el 68% de estos casos corresponde a abusos cometidos contra menores de edad. Además, el 81% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 90% de los agresores identificados eran hombres.

Otro dato que alarma a las autoridades es la relación entre víctima y victimario. En el 40,7% de los casos, el agresor era un familiar de la víctima, mientras que parejas o exparejas estuvieron involucradas en el 19% de los episodios reportados.

Las estadísticas reflejan que la violencia sexual sigue siendo un grave problema social en la capital antioqueña, con un impacto desproporcionado sobre mujeres y menores, y con un alto porcentaje de agresores dentro del entorno cercano de las víctimas.

En Medellín, la atención para víctimas de agresión sexual es prioritaria y abarca aspectos médicos, jurídicos y psicosociales. Se insta a presentarse en urgencias dentro de las primeras 72 horas, facilitando la profilaxis y el acopio de evidencias.

Organismos como CAIVAS, ICBF, Comisarías de Familia y la Línea 123 Mujer respaldan este proceso. CAIVAS, ubicado en la Carrera 44 A 31 - 156, brinda respaldo integral. La Línea 123 Mujer y 123 Social canalizan reportes y emergencias. El ICBF se encarga de los menores, disponible en la línea 141, ofreciendo protección y acompañamiento especializado.

Un hombre ha asesinado presuntamente a su expareja en su vivienda del municipio toledano de Seseña y, tras el crimen, se ha suicidado. El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital.

La Guardia Civil localizó el cuerpo de Melissa, una mujer de 43 años de nacionalidad venezolana, en el interior del domicilio con signos de violencia por arma blanca. En la misma vivienda fue hallado el presunto agresor, de 50 años y también venezolano, fallecido por ahorcamiento.

Según han informado fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión entre el agresor y el hijo de la víctima. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la escena del crimen: la mujer ya había fallecido y el hombre se había quitado la vida.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, en concreto por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido a raíz de esa denuncia y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantar una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección, el mecanismo que evalúa el riesgo y activa protocolos de seguimiento policial en casos de violencia de género.

Un total de 16 mujeres asesinadas por violencia machista en 2026

De confirmarse el caso de Melissa como violencia de género, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería a 17 en lo que va de año en España. Desde 2003, año en el que se inició el registro oficial, el número total alcanzaría las 1.360 víctimas, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En el mes de abril se han contabilizado dos mujeres asesinadas. La primera, el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), una mujer de 44 años y madre de una hija de 18, presuntamente asesinada por su pareja, de 45 años. La segunda, el 13 de abril en Córdoba, una mujer de 64 años y madre de dos hijos mayores de edad, que figuraba en el sistema VioGén con riesgo medio, fue presuntamente asesinada por su exmarido, quien contaba con una orden de alejamiento.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad, además de las 16 víctimas registradas en 2026, hay un caso adicional que permanece actualmente en investigación. De las víctimas confirmadas, el 75% eran mujeres nacidas en España, mientras que el 81,3% de los presuntos agresores también tenía nacionalidad española.

Asimismo, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos. En 7 de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en 6 se había producido el quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a 11 menores de 18 años en situación de orfandad.

La Secretaría de las Mujeres reporta que 26 mil 674 servidores públicos de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional reciben capacitación sobre violencia de género para atender a turistas durante el Mundial de Futbol 2026, que inicia en junio en México, de acuerdo con el comunicado emitido este 22 de abril de 2026.

La Coordinación de Cambio Cultural y Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva indica que entre el 17 de febrero y el 20 de abril el personal recibió formación para garantizar una vida libre de violencias e impulsar la igualdad en entornos masivos, interculturales y multilingües.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la estrategia contempla dotar a servidoras y servidores públicos de herramientas prácticas para actuar ante posibles incidentes antes, durante y después de algún hecho relacionado con discriminación o agresiones, así como establecer rutas de atención claras.

Estas actividades formativas se extenderán hasta el inicio del torneo. Aquellos que participen en la atención a visitantes tendrán acceso continuo a materiales y asesorías pertinentes.

Además, el Gobierno de México ofrece la línea 079 opción 1 para que las mujeres puedan recibir atención en español o inglés.

Programas sociales dirigidos a jóvenes y mujeres impulsan su participación durante el Mundial

Los programas sociales dirigidos a la inclusión y la participación ciudadana de mujeres y jóvenes en México adquieren un papel destacado ante la próxima realización del Mundial 2026, generando nuevas oportunidades para sectores históricamente relegados.

Estos esquemas impulsan la integración comunitaria en regiones estratégicas del país y aportan mecanismos para que jóvenes y mujeres accedan a espacios de liderazgo y toma de decisiones colectivas.

Cifras recientes exponen un crecimiento sostenido en el ingreso de mujeres a diferentes disciplinas deportivas.

Datos de más de 4 mil registros en el torneo Mundial “Mujeres Libres” confirman el interés y la consolidación de la presencia femenina en ligas y campeonatos nacionales.

Esta tendencia se vincula con la visibilidad alcanzada gracias a políticas públicas que priorizan la igualdad de género en el deporte y el desarrollo de nuevos talentos.

Torneo Mujeres Libres

En paralelo, el torneo “Mujeres Libres”, creado para impulsar el liderazgo y la competitividad de las mujeres en el deporte, enfocó su convocatoria en mexicanas mayores de 18 años.

Este certamen promueve el acceso igualitario a escenarios deportivos. El cierre del proceso de inscripción arrojó más de 4 mil registros, ubicándose como un referente en la promoción de la equidad de género en el país.

Especialistas en derechos de las mujeres subrayan que el torneo es una herramienta social para abrir la participación femenina y facilitar el desarrollo de atletas mexicanas en espacios hasta ahora dominados por hombres.

En ese sentido, la política gubernamental reciente sostiene una apuesta por incrementar la visibilidad y los recursos asignados al deporte femenil, respaldando la formación de nuevas generaciones de atletas.

La víctima usó el botón antipánico asignado por la policía, pero no recibió respuesta inmediata. El hombre y la denunciante son vecinos desde hace años y, según la acusación, el hostigamiento viene ocurriendo de forma sostenida.

El caso tomó estado público luego de la difusión del video por medios locales. “Hay mucha preocupación por estas horas, por un potencial violador suelto. Así dice la denuncia”, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía el periodista especializado en policiales, Facundo Kablan.

El hombre fue expuesto por las cámara de seguridad. “Mario David G., de 32 años, fue tomado por las cámaras de seguridad de la casa de su víctima. Fue denunciado por estos hechos de acoso y exhibicionismo. Además por intentar ingresar en más de una oportunidad a la casa de su víctima”, detalló Kablan.

Las imágenes de las cámaras muestran cómo Mario David G. intenta abrir la reja de la vivienda sosteniendo un objeto metálico mientras la llama por su nombre y, según la denuncia, se masturba en la puerta de la casa. La denunciante relató que, tras activar en más de una ocasión el botón antipánico proporcionado por la comisaría especializada en violencia de género, nunca llegó la asistencia policial prometida.

El relato de la víctima y antecedentes del caso

La mujer, de 28 años, inició su primera denuncia el 6 de abril, después de que su vecino cruzara el límite y llegara hasta la puerta de su casa. En esa ocasión, intentó forzar la cerradura y la reja, lo que motivó la asignación del botón antipánico. Días después, decidió instalar cámaras adicionales para registrar nuevas situaciones, ante el temor de que el acoso escalara a hechos aún más violentos.

Durante la madrugada del domingo, el hombre volvió a aparecer en la puerta de la damnificada, situación documentada en video. En esa ocasión, la llamó por su nombre y realizó actos de exhibicionismo. La policía fue alertada en dos oportunidades, tanto a través del botón antipánico como por teléfono al 911, pero el patrullero nunca llegó.

“Toqué un botón antipánico dos veces, que me habían dado la primera denuncia que, que yo había hecho. Me dijeron que me iban a mandar un móvil y ese móvil nunca llegó. Yo estaba en un ataque de pánico con mucho miedo. Yo vivo sola. Esta persona es mi vecino. Eh, en ese momento justamente había pasado su hermano y se fueron juntos”, afirmó la víctima en diálogo con los medios.

Kablan precisó: “A 800 metros de la casa está la comisaría 10° de Almirante Brown, que recién actuó en las últimas horas ante la trascendencia pública del caso y, el comando de patrullas de Almirante Brown ordenó un rondín preventivo, es decir, un recorrido preventivo en la zona por este, este hecho”.

El caso sigue activo y la víctima reiteró su reclamo ante las autoridades, mientras se aguarda por la intervención judicial y nuevas medidas de protección.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El Juzgado de San Juan Opico dictó una pena de 35 años de prisión a Joaquín Ernesto García Galdámez tras hallarlo culpable del asesinato de su expareja. La decisión se tomó tras un proceso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que resultaron determinantes para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El caso se remonta al 28 de junio de 2024, cuando la víctima se dirigió a la vivienda de García Galdámez en el distrito de San Juan Opico, en La Libertad Centro. Según las investigaciones, esa noche el hombre agredió físicamente a la mujer en varias partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.

De acuerdo con la información de la FGR, tras cometer el delito, el propio Galdámez notificó a las autoridades sobre lo ocurrido y permaneció en la escena hasta la llegada de los agentes policiales, quienes procedieron a capturarlo en flagrancia.

Adolescente recibe 20 años de internamiento por trata y violación

En el departamento de San Miguel, un adolescente fue sancionado con 20 años de internamiento tras ser hallado responsable de trata de personas agravada y violación en menor o incapaz. La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía General de la República demostrara la participación del joven en estos delitos tras un proceso en el Juzgado de Menores.

El adolescente utilizó redes sociales para contactar a la víctima. Posteriormente, la manipuló hasta convencerla de abandonar su hogar y trasladarse a vivir con él. Una vez bajo su control, la joven fue amenazada tanto por el procesado como por su hermana, quienes la obligaron a ejercer la prostitución.

Profesor sentenciado en ausencia a 12 años por agresión sexual continuada

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó en ausencia a Wilber Antonio Gutiérrez Martínez a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada. El hecho ocurrió mientras el imputado trabajaba como profesor en una escuela del distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Oeste.

La investigación de la Fiscalía General de la República estableció que los abusos se produjeron entre 2023 y 2025. Gutiérrez aprovechó momentos en los que la víctima estaba sola en el centro escolar para perpetrar los actos, y en otras ocasiones los cometió durante las clases, tocando a la menor.

La denuncia de la víctima fue clave para iniciar el proceso penal. El tribunal impuso la condena, que Gutiérrez deberá cumplir una vez que sea capturado, tras valorar las pruebas presentadas por el ente fiscal.

12 años de cárcel y responsabilidad civil por abuso infantil en San Juan Opico

Tomás Eliseo Alvarado fue sentenciado a 12 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla tras comprobarse que abusó de una niña de nueve años en el municipio de San Juan Opico, en La Libertad Centro, durante el año 2018.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelaron que Alvarado aprovechaba la confianza familiar para cometer los abusos cada vez que la menor visitaba la vivienda de su abuela paterna. El imputado perpetraba los hechos cuando la familiar salía a trabajar y él quedaba a solas con la niña.

El caso fue revelado a finales de 2018, cuando la menor relató lo sucedido a sus parientes, quienes denunciaron los hechos ante las autoridades. Pese a haber sido declarado rebelde, Alvarado fue detenido por orden judicial aproximadamente un mes antes de la audiencia.

Además de la condena de prisión por agresión sexual en menor en modalidad continuada, el tribunal ordenó a Alvarado el pago de USD 500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Casos de feminicidio en El Salvador durante 2026

Los casos de violencia contra las mujeres en El Salvador continúan, con seis feminicidios registrados entre el 1 de enero y el 29 de marzo de 2026, según ORMUSA. Las relaciones entre víctima y agresor variaron: en dos hechos el responsable era pareja, en uno existía vínculo de pareja y conocida, y en tres casos no se pudo determinar la relación. Las autoridades informaron sobre dos detenciones y un suicidio, mientras que en tres situaciones no se estableció la condición del agresor.

Los hechos ocurrieron en San Salvador, Santa Ana, Usulután e Ilobasco (Cabañas), con municipios involucrados como Guazapa, Santa Ana, San Dionisio, San Juan Buena Vista, Ilobasco y San Marcos. Se identificaron muertes por asfixia, arma de fuego y, en cuatro casos, la causa no fue determinada. Tres víctimas tenían entre 36 y 50 años; en las otras tres, la edad no se precisó. Por mes, se reportaron dos feminicidios en enero, uno en febrero y tres en marzo, predominando los cometidos por agresores distintos a la pareja, aunque dos de los hechos fueron perpetrados por parejas.

El hallazgo del cuerpo de Carla Johanna Magallanes, una mujer de 35 años y madre de tres hijas, en una vivienda de Montecaseros, San Martín, marcó el primer femicidio de 2026 en Mendoza. El cadáver fue localizado este martes por la madre de la víctima, tras varios días sin contacto.

El informe forense, citado por Los Andes, detalló que Magallanes presentaba signos de lucha, lesiones faciales y una herida cortopunzante en el cuello, con una data de muerte estimada entre 48 horas y seis días antes del hallazgo. El cuerpo fue encontrado en una habitación precaria, cerrada por fuera con cadenas y alambres.

Tras el femicidio, se conocieron detalles sobre la vida de Magallanes. La víctima en los meses previos, recibía asistencia en la organización Red Puentes, ubicada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde acudía por su situación de calle y consumos problemáticos. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el medio Los Andes, había dejado de concurrir a este espacio desde septiembre pasado.

Las tres hijas de Magallanes se encontraban bajo resguardo estatal y judicializadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), lo que, según el medio, reflejaba la vulnerabilidad social de la mujer. De acuerdo con el sitio El Sol, la mujer era madre de tres hijos procedentes de una relación anterior, sobre quienes la custodia correspondía al padre.

Al momento del crimen, la mujer convivía con su pareja, Gabriel Trejo, en una habitación del Callejón Moreno. Trejo fue detenido en Rivadavia tras permanecer prófugo algunas horas. De acuerdo al testimonio de algunos vecinos, la pareja mantenía discusiones frecuentes y escucharon gritos el viernes antes del descubrimiento, por tal motivo, fueron interpretados como el momento del ataque.

Hallazgo del cuerpo de la víctima

El hallazgo se produjo cerca de las 13 horas, cuando la madre y la hermana de la víctima acudieron a la casa, situada en carril Norte y callejón Moreno, preocupadas por su falta de contacto. Al ingresar, hallaron el cadáver en estado avanzado de descomposición, con lesiones en el rostro, otras partes del cuerpo y un corte en el cuello.

Según los primeros informes, el cuerpo llevaba entre dos y cinco días sin vida y presentaba manchas de sangre así como signos evidentes de violencia.

Vecinos del área declararon a Mdz que la noche del viernes anterior escucharon una fuerte discusión entre Magallanes y Trejo. Desde ese momento, no se registraron movimientos ni ruidos nuevamente en la vivienda.

Detención del principal sospechoso del femicidio

Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años y pareja de la víctima, fue detenido este martes como principal sospechoso del femicidio de Carla Johanna Magallanes.

Mientras tanto, la Policía Científica trabaja en el caso bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, con supervisión de Oscar Sívori, quien dirige la recolección de pruebas y espera los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte y definir la situación judicial de Trejo.

La aprehensión del acusado tuvo lugar durante la tarde, en la calle Puebla frente al barrio San José, en Santa María de Oro, después de que equipos policiales montaran tareas de búsqueda tras el hallazgo del cuerpo.

Según El Sol, sobre Trejo constan antecedentes por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque resultó sobreseído en ambos casos. El detenido fue trasladado a una sede policial y permanece a disposición de la Justicia.

Luego del femicidio, Enrique, uno de los hermanos de la mujer asesinada, se mostró conmovido en diálogo con el medio Mega Noticias Mendoza y reveló que “estaban juntos hace unos 3 años, yo hace poco que lo conocía. Él es de Rivadavia”, y sostuvo que su hermana Carla “tenía hijos pero con otro matrimonio”.

Además, diálogo con Los Andres, Enrique agregó que “hace dos fines de semanas atrás tuve contacto con ellos. Los vi bien, felices con proyectos de terminar su casita, yo estuve con ellos ahí cenando, no había ningún tipo de problema”.

Texistepeque despidió este martes a Glenda Isabel H., una joven de 28 años cuya vida fue arrebatada en un hecho de violencia ocurrido en el occidente de El Salvador. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para ofrecerle el último adiós. El clima de luto marcó el funeral, mientras la noticia de su muerte genera conmoción tanto en su entorno cercano.

Durante la ceremonia de sepelio, el dolor se reflejaba en los rostros de quienes conocieron a Glenda. Su familia la recordó como una persona llena de vitalidad, con una sonrisa capaz de transformar cualquier ambiente.

El círculo íntimo destacó que mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía su afición por el mundo fitness y motivaba a otros a adoptar hábitos saludables.

En redes sociales, numerosos usuarios compartieron mensajes de despedida y fotografías, recordándola como una joven apasionada por el deporte y comprometida con su bienestar y también el de los demás.

Durante la jornada, la familia pidió respeto y privacidad en su duelo, agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas desde distintos puntos del país.

El sepelio en el cementerio de Texistepeque reunió a decenas de personas, entre ellas compañeros de actividades deportivas y vecinos. La comunidad permanece consternada ante la violencia que segó la vida de una joven considerada un ejemplo de superación y perseverancia.

El funeral estuvo marcado por muestras de afecto y homenajes póstumos. Amigos y conocidos destacaron su energía, su carácter soñador y la huella que deja en quienes compartieron momentos con ella.

Los asistentes coincidieron que su memoria permanece viva a través de quienes la conocieron y apreciaron.

Investigación y captura del principal sospechoso tras el crimen de Glenda

La tragedia ocurrió el pasado domingo 19 de abril en el departamento de Santa Ana, cuando la joven fue hallada sin vida en su hogar. De acuerdo con las autoridades, Glenda falleció a causa de heridas provocadas con arma blanca. La noticia fue confirmada por la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), institución que desplegó un operativo para dar con el responsable.

Este lunes, Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, informó por medio de sus redes sociales sobre los avances en la investigación. “Ha sido gracias al trabajo de Inteligencia de nuestra PNC y la coordinación con autoridades de Guatemala, logramos ubicar y capturar al responsable de un hecho de sangre ocurrido el domingo 19 de abril, en Santa Ana, donde una mujer de 28 años fue asesinada dentro de su vivienda con arma blanca. Se trata de: Diego Santos, quien será sometido ante la justicia”, escribió el funcionario.

El mensaje fue replicado ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios exigieron justicia y manifestaron su indignación por lo ocurrido.

La captura de Santos fue posible mediante la colaboración entre fuerzas de seguridad salvadoreñas y guatemaltecas.

Según información de medios guatemaltecos, el individuo fue localizado en la 16 avenida y 18 calle de la zona 6 de la capital. Posteriormente, las autoridades lo llevaron al Instituto Guatemalteco de Migración, en la Delegación Frontera Valle Nuevo, departamento de Jutiapa.