Una denuncia por conductas inapropiadas contra una agente policial, en inmediaciones de la Comisaría de Sarmiento, provincia de Chubut, derivó en la condena de un suboficial. La Justicia declaró culpable a Carlos Gustavos Perrota, de 50 años a un años, y lo condenaron a prisión de ejecución condicional por abuso sexual simple en contexto de violencia de género.

De acuerdo con la acusación llevada adelante por la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, el hecho ocurrió el 12 de abril de 2025 en el sector de la cuadra de la dependencia policial ubicada sobre las avenidas San Martín e Ingeniero Coronel, en Sarmiento. La causa fue impulsada por ambas representantes del Ministerio Público Fiscal y llegó a juicio, instancia en la que se analizó la responsabilidad penal del suboficial.

El juez penal Alejandro Rosales impuso al suboficial una pena de un año de prisión en suspenso y el pago de las costas del proceso. La sentencia lo declaró autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal. La resolución también contempló las disposiciones de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y de la Ley XV N° 26, vinculada con la protección integral, la igualdad de oportunidades y la equidad de género.

Como parte de la condena, Perrota deberá cumplir reglas de conducta durante dos años. Tendrá que fijar domicilio e informar al Tribunal y al Ministerio Público Fiscal (MPF) cualquier cambio en el lugar donde resida. También deberá abstenerse de cometer nuevos delitos mientras se mantenga vigente ese período de control.

La sentencia estableció la prohibición de tener contacto con la víctima por cualquier medio. La medida alcanza los encuentros personales, las comunicaciones mediante redes sociales y las gestiones realizadas a través de terceras personas. Además, el condenado no podrá acercarse a menos de 100 metros de la vivienda, el lugar de trabajo, los espacios de esparcimiento o los sitios que la denunciante frecuente de manera habitual u ocasional.

El incumplimiento de esa restricción podría configurar el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal. La disposición judicial incluye expresamente ese apercibimiento y busca evitar todo contacto o aproximación durante el plazo fijado por el Tribunal.

Rosales también ordenó la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense local, que deberá determinar si Perrota necesita realizar un tratamiento psicoterapéutico. Entre las demás pautas, el suboficial deberá asistir a un curso de capacitación en violencia de género y presentarse cada cuatro meses ante el Cuerpo de Delegados de Control de la localidad.

Asimismo, deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Estas obligaciones forman parte de las reglas impuestas junto con la pena en suspenso y serán objeto de seguimiento durante los dos años establecidos en la sentencia.

El magistrado no hizo lugar al pedido de inhabilitación perpetua formulado por la fiscalía. Explicó que, aunque el episodio se produjo en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, Perrota no prestaba servicios en esa dependencia al momento del hecho. Por ese motivo, entendió que no se configuraba la situación prevista por la agravante legal invocada por el MPF para aplicar esa pena accesoria.

La decisión no modificó la declaración de responsabilidad penal ni las reglas de conducta ordenadas para el condenado. El fallo dejó establecido que la pena principal será de un año de prisión en suspenso, con las restricciones de contacto y los controles fijados por el Tribunal.

Las personas que atraviesen situaciones de violencia de género o abuso sexual pueden realizar denuncias en la Comisaría de la Mujer, que atiende las 24 horas en Ormachea N° 15 —teléfono fijo (297) 489-2104 y celular de servicio (297) 624-5605—, o en la Fiscalía, ubicada en avenida Ingeniero Coronel N° 556 y disponible de lunes a viernes, de 7 a 13, en los teléfonos (297) 489-7676 y (297) 489-3716, además del celular de guardia (297) 413-6155.

Una joven de 25 años habría sufrido una agresión por parte de su pareja, quien presuntamente le arrojó agua caliente durante un episodio ocurrido en su vivienda. Tras el violento episodio, fue asistida en el Hospital Fleming de La Leonesa, provincia de Chaco.

A pesar de que la víctima expresó que no deseaba formalizar una denuncia, la intervención de las autoridades derivó en la aprehensión del hombre señalado, por disposición de la Fiscalía de Género N° 9.

La situación se conoció a partir de un pedido de presencia policial realizado por trabajadores del hospital, quienes requirieron la intervención de efectivos luego de atender a la joven. Cuando los agentes llegaron al centro de salud, entrevistaron a la paciente, domiciliada en el barrio Belgrano.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el tipo ni la gravedad de las lesiones que presentaba al momento de ser examinada por los profesionales del establecimiento sanitario.

Con la información reunida durante las primeras actuaciones, la fiscal Fernanda Abraham, tomó intervención en el caso. La funcionaria dispuso la detención del presunto autor, aun cuando la víctima había manifestado que no quería iniciar una denuncia formal.

La investigación fue encuadrada como una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género. La decisión judicial permitió que la Policía avanzara con las tareas para ubicar al hombre señalado por la joven durante la entrevista realizada en el hospital.

El sospechoso fue identificado con las iniciales H.D.F., tiene 23 años y, de acuerdo con los datos incorporados a la causa, también reside en el barrio Belgrano de La Leonesa. Tras su localización, el joven fue trasladado para ser examinado por un médico. Una vez cumplido ese procedimiento, fue notificado de su situación legal y quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

Las actuaciones policiales, el informe médico de la víctima y los elementos que puedan sumarse durante la investigación serán parte del expediente. La Justicia deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y definir la situación procesal del detenido.

Un antecedente con una modalidad similar

A fines de agosto, una mujer fue detenida en Resistencia acusada de atacar con agua hirviendo a su expareja durante una discusión. El hecho ocurrió el 24 de agosto, cerca de las 21.15, en una vivienda situada sobre la calle Honestidad, en la capital chaqueña.

La víctima de 27 años, identificado como identificado con las iniciales J.C.S., sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y un muslo, por lo que fue trasladado al hospital. La acusada, identificada como Claudia Elizabeth Romero, quedó a disposición de la Justicia en una causa por supuestas lesiones.

El hombre sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y uno de los muslos. Luego del ataque, fue trasladada en una ambulancia de la Policía Sanitaria al Hospital Julio C. Perrando, donde el médico Dante Palmerola constató las lesiones.

En ese expediente, la madre del joven se presentó ante la Comisaría Decimocuarta Metropolitana para radicar la denuncia. Tras la intervención de la Fiscalía de turno, se ordenó la detención de Romero en una causa por supuestas lesiones.

La mujer fue localizada después de recorridas y rastrillajes realizados por la Policía en inmediaciones de las calles Montevideo y La Paz. Quedó detenida a disposición de la Justicia, mientras la investigación continuó para determinar cómo se produjo la agresión.

Ambos hechos son independientes, aunque comparten la presunta utilización de agua caliente como modalidad de ataque en conflictos de pareja. En el caso de La Leonesa, la causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Género N° 9.

Durante la audiencia, Rivero dio su versión de los hechos y negó haber asesinado a su pareja. Según relató, comenzaron a discutir porque él le manifestó que pretendía regresar a Salta. Esto, de acuerdo a su testimonio, habría desatado la locura de la mujer.

El hombre aseguró que la joven agarró un cuchillo y se lo clavó a sí misma. Luego, “salió corriendo por el pasillo, se resbaló con la sangre y se incrustó un segundo cuchillo al caer”. Tras observar lo ocurrido, el acusado dijo que pensó en suicidarse porque “no sabía qué hacer con la culpa”.

Según los resultados preliminares de la autopsia a los que accedió Infobae, Vecchiarello murió producto de una hemorragia severa provocada por las heridas causadas por su pareja. La víctima presentaba 10 puñaladas, de las cuales las dos que tenía en el cuello fueron las mortales.

Asimismo, fuentes consultadas por este medio señalaron que la joven de 26 años estaba embarazada de pocas semanas al momento del crimen. Rivero negó estar al tanto del embarazo.

Tras el testimonio del imputado, el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, solicitó la prisión preventiva del detenido, quien se encuentra acusado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El juez penal de Garantías Federico Rodríguez dio lugar al pedido y dictó la prisión preventiva por el plazo de un año. Mientras la investigación avanza, Rivero permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario.

“Ya está imputado y empieza la investigación penal preparatoria de cara al juicio oral”, confirmaron las fuentes. Según señalaron, aún resta la realización de varios peritajes y la toma de declaraciones a testigos.

Tras la resolución de la Justicia, los familiares de Vecchiarello se expresaron en redes sociales y convocaron a una marcha para el próximo viernes para pedir justicia por Camila. La movilización está prevista para las 18 y tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo, en la esquina de Córdoba y Buenos Aires, en pleno centro rosarino.

“Quien pueda compartir se lo agradecería. Vamos a marchar para pedir justicia, para que su asesino pague por lo que les hizo a ella y a su bebé”, compartió Sami Vecchiarello en su cuenta de Facebook. Y agregó: “Esto no puede quedar así”.

El femicidio de Camila

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los efectivos de la Comisaría 33 de Barreal hallaron sin vida a la joven dentro de su dormitorio el domingo pasado, alrededor de las 12.30. Su cuerpo estaba en posición cúbito dorsal sobre un charco de sangre, cubierto con una manta y presentaba múltiples lesiones cortantes en el rostro y el cuello.

Sobre el cadáver de la víctima, yacía inconsciente, pero con signos vitales, Rivero, quien presentaba heridas autoinflingidas. Por lo tanto, fue trasladado al Hospital municipal, donde fue asistido, y horas después dado de alta.

En el domicilio, los agentes encontraron una carta sobre la mesa del comedor, la cual había sido escrita por el atacante y estaba dirigida a familiares tanto de él como de la joven fallecida. “Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer”, dice la misma.

En la vivienda, también secuestraron dos teléfonos celulares, dos cuchillos con rastros de sangre, prendas de vestir del imputado, la manta con la que cubrió el cuerpo de su novia luego de matarla y demás elementos de interés.

Con el avance de la investigación, determinaron que Camila, quien era aspirante a gendarme, llevaba fallecida 12 horas. Los testimonios de testigos fueron claves para esclarecer lo ocurrido: uno de ellos relató que, alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo, escuchó el grito de una mujer. Esto coincide con la data de muerte. Con todas estas pruebas, el Juzgado de Garantías en turno ordenó la detención del acusado.

Un día después del crimen, una tía de la víctima habló con los medios y reveló que su sobrina había denunciado previamente un episodio de violencia de género cuando la pareja aún vivía en Salta. Asimismo, indicó que Camila habría sufrido violencia psicológica y manipulación por parte de Rivero. Sin embargo, por el momento no existe confirmación oficial de que exista una denuncia previa incorporada a la investigación que tramita en San Juan.

Durante una charla en el programa Que alguien le avise (La Casa Streaming), Narvay contó que permaneció en silencio por vergüenza y que esa dificultad para hablar del tema la llevó a un momento que definió como oscuro. “Yo no hablaba con nadie, no lo contaba porque me daba mucha vergüenza”, señaló.

La artista dijo que su álbum empezó a reflejar el dolor que atravesaba antes de que pudiera ponerlo en palabras frente a otras personas. Según relató, integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos su mánager y su productor, le preguntaron por el tono de las canciones y por su estado de ánimo.

Ese intercambio marcó el comienzo de una conversación que luego se extendió a otros vínculos. Narvay indicó que, con el tiempo, pudo contarle lo sucedido a su madre y a su familia. También sostuvo que ya trabajaba el tema con su psicóloga, un acompañamiento que le aportó herramientas para terminar la relación.

“La primera vez que lo pude expresar fue escribiendo ese álbum”, afirmó. Para la cantante, las composiciones funcionaron como una vía inicial para reconocer una situación que hasta entonces no había compartido con su círculo cercano.

Entre las canciones mencionó “Medusa”, un tema incluido en el disco. Narvay explicó que eligió esa figura porque la Medusa es utilizada como símbolo por mujeres que sufrieron abusos.

Tras el lanzamiento de la canción, dijo que recibió mensajes de seguidoras que le mostraron tatuajes de Medusa y compartieron experiencias personales. “Un montón de chicas me mostraron que tenían tatuada una Medusa”, recordó.

La cantante vinculó esas respuestas con las secuelas que, según su experiencia, dejan estas situaciones en la autoestima y la seguridad. Contó que convivir durante mucho tiempo con una persona que la desvalorizaba afectó la imagen que tenía de sí misma.

Narvay expresó que, al mirar lo vivido desde el presente, le resulta difícil comprender por qué permaneció en esa relación. También planteó que su decisión de no hablar sobre lo que atravesaba impidió que otras personas pudieran intervenir o acompañarla antes.

“Al yo no contarlo también, nadie me pudo ayudar”, dijo. En ese sentido, remarcó el valor de que el entorno preste atención a señales de aislamiento o malestar, aunque la persona afectada no pueda contar en detalle lo que sucede.

A partir de esa vivencia, sostuvo que procura involucrarse cuando advierte que una amiga puede estar en una situación similar. “Voy a tratar de hacer todo lo posible por sacarla de ahí”, expresó, al tiempo que señaló que hubiera deseado recibir una intervención decidida de alguien cercano.

La artista cerró su relato con una definición sobre el impacto de estas experiencias: “Se te cambia la realidad”.

Años antes de su reciente reflexión, Malena Narvay había hablado con Teleshow sobre la forma en que entiende los vínculos y sobre “Cien a cero”, una de sus canciones. En aquella entrevista, explicó que el título surgió de la necesidad de marcar un límite ante relaciones que se vuelven dañinas, ya sean de pareja, familiares o de amistad.

“Cuando uno tiene que ponerle un límite a un vínculo con alguna persona, que puede ser una pareja, un familiar o un amigo, que se acostumbró a hacerte daño”, explicó la cantante al referirse al origen del nombre del tema.

Al abordar las denominadas relaciones tóxicas, Narvay sostuvo que también existe una responsabilidad personal en haber tolerado determinadas dinámicas. Aclaró, sin embargo, que la canción se centra en el momento en que una persona logra terminar ese tipo de relación.

“Uno da mucho de uno y, cuando finalmente puede cortar, vuelve otra vez a su cien”, señaló. Bajo esa idea, explicó que la otra persona queda “con cero” de aquello que había recibido y que el sentido de la canción es fijar un límite frente a lo que hace daño.

La artista también compartió su mirada sobre los vínculos afectivos. “Creo que lo mejor es nunca entregarle tu cien a nadie”, afirmó en la entrevista con Teleshow.

Para Narvay, una relación debe construirse desde el compañerismo y el equilibrio, sin que una de las partes pierda una porción de sí misma. “Todo tiene que fusionarse para generar un vínculo lindo. Todo tiene que estar equilibrado”, concluyó.

Candela Arizaga volvió a pedir ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires que se levanten las medidas cautelares que le impiden acercarse y mantener contacto con novio Facundo Moyano en el marco de la causa que investiga el vínculo por presunta violencia.

El escrito fue presentado por el abogado Roberto Herrera, quien la representa en el expediente. En el documento, al que accedió Infobae, solicitó el “inmediato levantamiento” de las restricciones de acercamiento que fueron dispuestas durante la investigación.

El argumento central es que, según sostiene la presentación, desaparecieron las circunstancias que podrían haber justificado originalmente esas medidas y actualmente no existiría un riesgo concreto que amerite mantenerlas.

Uno de los principales fundamentos expuestos por el abogado Herrera son las propias manifestaciones de Arizaga. Según el documento, la joven afirmó que no fue víctima de violencia física ni psicológica por parte de Moyano y también negó haber sido privada de su libertad. Además, manifestó expresamente su voluntad de retomar el vínculo afectivo con él.

El planteo sostiene que las medidas cautelares tienen una finalidad preventiva y que, por esa razón, su continuidad debería estar vinculada a la existencia de un riesgo actual. En ese sentido, el abogado plantea que una restricción no puede transformarse, por el paso del tiempo, en una “consecuencia autónoma e indefinida de una investigación”.

La defensa también cuestiona que pueda mantenerse la prohibición de contacto únicamente sobre la base de la hipótesis inicial que motivó la intervención judicial. Según el escrito, durante la investigación se incorporaron testimonios que modificaron ese escenario.

En otro tramo de la presentación, el abogado aclara que el pedido no pretende desconocer la protección que corresponde frente a situaciones de violencia ni que la voluntad de una persona determine por sí sola el resultado de una investigación.

En lo que sí hace hincapié es en que, si la propia denunciante negó la existencia de violencia, descartó haber sido privada de su libertad y pidió recuperar el contacto, la Fiscalía debería explicar cuál es el riesgo concreto que justificaría mantener vigente la prohibición.

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revisó la condena impuesta a Claudio Contardi por abusos sexuales reiterados y agravados contra su ex pareja, la modelo Julieta Prandi, y resolvió reducir seis meses la sentendia original, que había sido de diecinueve años de prisión.

La defensa planteó, entre otras cuestiones, que se había vulnerado el derecho del imputado a ser juzgado por jurados, que no contó con una defensa eficaz por los cambios de abogados antes del debate, que los hechos estaban descriptos de manera imprecisa, que la prueba era insuficiente, que no se acreditó el dolo ni el grave daño psíquico, y que la pena era excesiva.

El Tribunal rechazó la mayoría de esos planteos. Consideró que Contardi había optado válidamente por ser juzgado por un tribunal técnico y que no podía volver sobre esa decisión luego de haberse desarrollado el juicio bajo esa modalidad. También entendió que tuvo defensa adecuada, que conoció los hechos imputados y pudo defenderse, y que no hubo afectación del principio de congruencia.

Los jueces valoraron que el relato de la víctima fue coherente y estuvo respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de salud. Consideraron también acreditado que existió un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación de pareja, que anulaba la posibilidad de un consentimiento libre.

Además tuvieron por probado que los abusos provocaron un grave daño en la salud mental de la víctima, manifestado mediante síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y necesidad de tratamiento psicológico y psiquiátrico.

No obstante, el Tribunal entendió que una de las agravantes utilizadas para fijar la pena estaba insuficientemente fundamentada. En particular, excluyó la referencia a la “actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”, al considerar que no se explicó con precisión por qué esa circunstancia justificaba aumentar la sanción.

Por ese motivo, hizo lugar parcialmente al recurso de casación y redujo la pena de diecinueve años a dieciocho años y seis meses de prisión. Asimismo, mantuvo firme la condena, la calificación legal, el rechazo de los restantes agravios y la detención del condenado.

“Para nosotros la reducción es insensible. La condena ya fue ejemplar y marca un antes y un después en causas de este tipo. Yo solo espero algún día poder volver a ver bien a Julieta. Al día de hoy todavía no la volví a ver cómo antes”, aseguró a Infobae el abogado Fernando Burlando, que representó a lo largo del camino judicial.

Luego de que la Justicia de Menores ordenara la detención del adolescente de 17 años acusado del intento de homicidio de su ex pareja, una joven de 24 años que sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax en Tucumán, se dispuso su traslado al Instituto Socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz.

La medida se dictó durante una audiencia privada, realizada a pedido de la defensa del imputado. Así, se determinó que el joven permanezca detenido durante 30 días, tras una resolución que hizo lugar de forma parcial al planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Actualmente, la investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, que subroga el fiscal Pedro Gallo. No obstante, la auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa fue la encargada de presentar la acusación ante el juez.

Según la información obtenida por Contexto Tucumán, el hecho fue encuadrado como tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. Durante la audiencia, la Fiscalía apuntó que el ataque ocurrió en un contexto de desigualdad de poder dentro de la relación que mantenían la víctima y el acusado.

Durante la audiencia, Pedrosa sostuvo que el método atribuido al adolescente fue determinante para la calificación legal. “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte, como es el fuego, y la zona sobre la cual se produjo el ataque”, afirmó.

De la misma forma, la auxiliar fiscal explicó que el hecho “se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían”.

En este sentido, la funcionaria señaló que las lesiones se concentraron en la cara, el cuello y el tórax, áreas que consideró vitales por su cercanía con el sistema respiratorio. También indicó que el uso del fuego reflejaría “un desprecio por la vida de la víctima y un alto nivel de agresividad”.

Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el episodio se produjo el domingo 13 de septiembre, cerca de las 06:30 horas, en una vivienda del barrio La Cerámica, en Lastenia, donde convivían la joven y el adolescente.

En ese momento, la acusación planteó que ambos habrían discutido por celos después de que la mujer ingresara a la habitación. Fue así que el adolescente habría amenazado con quemar la ropa de su ex pareja.

Tras esta intimidación, el joven retiró prendas de un placard y buscó una botella de alcohol. Luego de que la mujer le dijera que seguiría con su vida y que él debía hacer lo mismo, el acusado presuntamente le arrojó el líquido en el rostro y encendió un encendedor.

Las llamas alcanzaron a la joven desde el mentón hasta el pecho, según expuso la Fiscalía. A raíz de esto, los familiares de la víctima la auxiliaron y la trasladaron para que pudiera recibir atención médica.

Desde ese momento, la joven continúa internada en el Hospital Eva Perón. Durante la audiencia se informó que había recibido el alta médica el lunes, aunque debió regresar al centro de salud el martes para una nueva internación.

Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal había pedido que el imputado quedara preventivamente alojado durante tres meses en el Cura Brochero. Además, solicitó medidas previstas en el nuevo Régimen Penal Juvenil, entre ellas estudios, capacitaciones sobre género y tratamiento psicológico.

Finalmente, el juez dispuso la detención por un mes y ordenó a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF) implementar las medidas complementarias requeridas por la Fiscalía.

Un hombre de 33 años fue detenido el martes en Fontana, pronvicia de Chaco, acusado de lesiones leves en contexto de violencia de género tras una denuncia presentada por su expareja, una mujer de 34 años. La denunciante sostuvo que el acusado la interceptó cuando circulaba en motocicleta, realizó una maniobra que causó su caída y luego escapó del lugar.

El episodio ocurrió mientras la víctima tenía vigente una prohibición de acercamiento contra el hombre y contaba con un botón de pánico de la aplicación Alerta Mujer. Según manifestó, esas medidas ya habían sido vulneradas en otras ocasiones durante los cuatro meses transcurridos desde la separación.

Según informó el portal Diario Chaco, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Género. Tras la denuncia y el examen médico realizado a la mujer, la Policía localizó al acusado en las inmediaciones de la avenida 25 de Mayo y la Ruta Nacional 11, donde concretó su aprehensión.

De acuerdo con el relato efectuado ante la Policía, el hecho se produjo el lunes cerca de las 14, en la zona de avenida 25 de Mayo al 2800 y la Ruta Nacional 11. La mujer indicó que transitaba en su motocicleta cuando fue abordada por su expareja, identificado en las actuaciones como O.R.R.

Según la denuncia, el hombre le pidió conversar, pero ella se negó. En ese contexto, el acusado habría efectuado una maniobra con el vehículo que conducía. La víctima afirmó que esa acción la hizo perder estabilidad y caer sobre el asfalto.

Como resultado de la caída, la mujer sufrió heridas en el rostro. Más tarde fue examinada por profesionales de la División Medicina Legal, quienes determinaron que presentaba lesiones de carácter leve, según informó la fuerza policial.

La causa fue caratulada de manera provisoria como supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género. La intervención judicial busca determinar las circunstancias del episodio denunciado y la eventual responsabilidad del detenido.

La mujer declaró que se separó del acusado hace alrededor de cuatro meses por situaciones de violencia física y verbal ocurridas durante la relación. Ambos son padres de seis hijos menores de edad, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

También aseguró que contaba con una medida judicial de prohibición de acercamiento contra su expareja. En su presentación, sostuvo que el hombre habría incumplido esa restricción en reiteradas oportunidades, un aspecto que también forma parte de las actuaciones que analiza la Justicia.

La existencia de una medida de protección y de un dispositivo de alerta es uno de los elementos relevantes del caso. La Fiscalía deberá establecer si hubo incumplimientos previos y si esos hechos derivaron en intervenciones judiciales adicionales.

Después de la denuncia, la víctima fue trasladada a Medicina Legal para la constatación de las heridas. El informe médico consignó lesiones leves, mientras que la investigación sigue bajo la órbita de la Fiscalía de Género.

Un hombre de 44 años, identificado con las iniciales J.A.N., fue condenado a seis años y siete meses de prisión por abusar sexualmente de su expareja y cometer otros delitos en su contra en un contexto de violencia de género en el norte de la provincia de Santa Fe.

Los hechos investigados ocurrieron en Las Garzas, localidad del departamento General Obligado, donde la pareja convivía hasta agosto de 2024. Según la acusación fiscal, durante una discusión que mantuvieron en la vivienda, el hombre zamarreó a la mujer y rompió una de las prendas que ella llevaba puesta. Ese episodio fue incorporado al expediente como un hecho de daño y se sumó a los delitos posteriores atribuidos al condenado.

Con el paso de los meses, la relación terminó y la mujer quedó como única residente del inmueble. La ruptura derivó también en la intervención de un tribunal de Familia, que dictó una orden judicial para impedir que J.A.N. se acercara a su expareja. La medida estaba vigente cuando ocurrió el segundo episodio que fue analizado por la Justicia.

El 30 de septiembre, el condenado ingresó a la vivienda a través de una ventana, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una vez dentro del domicilio, interceptó a la víctima y abusó sexualmente de ella. Por ese hecho, la Fiscalía le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal, además de la violación de domicilio.

De esa manera, la sentencia incluyó hechos ocurridos tanto durante la convivencia como después de la separación. La jueza Norma Senn homologó el acuerdo de juicio abreviado en los tribunales de Reconquista, luego de que el acusado aceptara la calificación legal propuesta por la Fiscalía y la pena acordada con su defensa.

La identidad completa del condenado se mantiene bajo reserva para evitar la revictimización de la mujer, ya que los hechos ocurrieron en una localidad pequeña.

Condenaron a un hombre por abusar de las hijas de su pareja

En un expediente distinto, también tramitado en los tribunales de Reconquista, la Justicia condenó a Néstor Alexis Gutiérrez a 16 años de prisión por abusos cometidos contra las hijas de su pareja. La causa contra Gutiérrez se inició a partir de una carta escrita por una de las víctimas cuando cursaba la escuela secundaria.

La adolescente relató los abusos y situaciones de maltrato que, según la acusación, había padecido durante años. El documento fue entregado a un profesor, quien junto con autoridades de la institución realizó la denuncia que dio paso a la investigación judicial.

El fiscal Valentín Hereñú destacó que la escuela fue el espacio en el que la joven pudo expresar lo que le ocurría. A partir de esa intervención, la Justicia reconstruyó hechos que habrían ocurrido entre 2010 y 2016 en distintos domicilios de San Carlos Centro, Malabrigo y Reconquista.

Durante el juicio oral, la Fiscalía sostuvo que Gutiérrez aprovechaba los momentos en que permanecía a solas con las hijas de su pareja. Las víctimas eran niñas cuando comenzaron los abusos y una de ellas atravesó parte de su adolescencia mientras continuaban los hechos investigados.

De acuerdo con la acusación, el condenado sometió a ambas menores a distintas situaciones de violencia sexual y las obligó a utilizar vestimenta inadecuada para su edad. La investigación consideró que esas conductas afectaron su integridad y su desarrollo, dentro de un vínculo de convivencia familiar.

El tribunal integrado por el juez Martín Gauna Chapero, la jueza Natalia Palud y el juez Sergio Olivera declaró culpable al hombre de 46 años y le impuso una pena de 16 años de prisión. La sentencia fue resuelta por unanimidad en los tribunales de Reconquista.

Gutiérrez fue condenado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las hijas de su pareja, además de abuso sexual simple y promoción de la corrupción de menores contra ambas víctimas. Los delitos fueron agravados por la convivencia preexistente con las niñas.

La Fiscalía había solicitado una condena de 18 años. Tras el veredicto, Hereñú pidió que se ordenara la prisión preventiva del acusado, quien había llegado al debate en libertad. El tribunal aceptó ese requerimiento y dispuso su detención inmediata.

Jessica Torres Aguirre, madre nicaragüense, murió asesinada a tiros dentro de una vivienda de La Pequeña Habana, en Miami, en un ataque que también dejó gravemente herido a Juan Carlos González, padre de su hija adolescente, de acuerdo con Telemundo 51 Miami.

El presunto presunto agresor fue identificado como Andy Delgado Brey, de 32 años, quien, según la familia, había mantenido una relación con la víctima y era el padre de su hija menor. El individuo se quitó la vidas tras perpetuar los hechos.

El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado en una residencia donde, además de Jessica y sus hijas, estaban González y un amigo de la familia.

La madre de la joven, Mirna del Carmen Aguirre, desde Nicaragua, dijo que había conversado con su hija apenas unas horas antes del tiroteo. “Yo me siento muy orgullosa de mi hija y aún no puedo creer cómo me la quitó ese hombre. Mi niña era alegre, luchona, trabajadora”, expresó en declaraciones recogidas por Telemundo.

Familiares de Jessica Torres Aguirre sostuvieron que su expareja llegó a la vivienda y comenzó a disparar. Un amigo de la familia que estaba en el lugar dijo que dormía cuando lo despertó el sonido de las detonaciones. El hombre, que pidió preservar su identidad, relató que escuchó gritos, llanto y disparos dentro de la casa.

El ataque dejó a Jessica muerta. Juan Carlos González, padre de su hija mayor, recibió más de siete impactos de bala en la calle y permanece internado en condición crítica. La adolescente de 13 años sufrió una herida menor, según el reporte de la cadena internacional.

La niña de dos años, hija de Jessica y del presunto agresor, también se encontraba dentro de la vivienda al momento de los hechos.

Los allegados de la víctima también señalaron que Jessica había retomado su vínculo con Juan Carlos González, padre de su hija mayor. Según esa versión, esa situación habría generado el enojo de Delgado Brey.

Mirna del Carmen Aguirre aseguró que nunca confió en el hombre y afirmó que su hija le había relatado episodios de hostigamiento. La madre sostuvo que Delgado Brey presuntamente le decía a Jessica: “Si no eres mía, tampoco de él”.

Las acusaciones sobre amenazas, acoso y un eventual móvil del ataque no han sido confirmadas por las autoridades. La investigación policial continúa para establecer la secuencia de los hechos y las circunstancias del tiroteo.

El amigo de la familia entrevistado por Telemundo 51 afirmó que, cuando la Policía llegó al lugar, el sospechoso aún estaba dentro de la residencia. Dijo que después escuchó dos disparos al estar acorralado.

La madre habló con Jessica cuatro horas antes de su muerte

Desde Nicaragua, Mirna recordó que habló por teléfono con su hija durante la noche previa al ataque. Explicó que la comunicación ocurrió a las 0:00 en Nicaragua, cuando eran las 2:00 en Miami.

“Sin saber que después de cuatro horas no iba a volver a escuchar la voz de mi hija”, dijo la madre, quien describió la muerte de Jessica como una pérdida que todavía no logra procesar.

La familia abrió una campaña de recaudación para afrontar los costos de trasladar el cuerpo de la joven a Nicaragua, donde su madre espera despedirla. Amigos de Juan Carlos González también impulsaron una colecta para asistir a su familia durante su hospitalización.

Un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales E.E.C., fue imputado este martes por el femicidio de su pareja de 20, Naiara Esperanza Coronel, en la ciudad de Santa Fe. Según la acusación de la fiscal Natalia Giordano, utilizó un líquido inflamable para prenderle fuego mientras dormía en un colchón. La víctima sufrió graves quemaduras y murió ese mismo día en el hospital José María Cullen.

El ataque ocurrió el lunes 7 de septiembre, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en la vivienda que ambos compartían en calle Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre de la capital provincial.

Durante la audiencia imputativa, Giordano explicó que mantenían una relación de pareja y convivencia desde el año pasado, caracterizada por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.

En ese contexto, “el imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderle fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir”, relató la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal sostuvo que el acusado actuó con el objetivo de matar a su pareja.

Coronel sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo y fue trasladada al hospital José María Cullen. Allí, alrededor de las 15 del mismo lunes, una falla multiorgánica le provocó la muerte.

El acusado había acompañado a la víctima al centro de salud y fue detenido allí. De acuerdo con Giordano, las diligencias realizadas durante la investigación permitieron avanzar con la hipótesis de un ataque femicida.

La imputación se formalizó este martes en los tribunales de la capital provincial, durante una audiencia ante el juez Luis Octavio Silva. La fiscal le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio).

Las medidas cautelares se debatirán este miércoles 16 de septiembre, en un horario que definirá la Oficina de Gestión Judicial. Giordano adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado y que en esa audiencia brindará más información sobre las pruebas reunidas.

Mientras la causa avanza, los familiares de Naiara expresaron su dolor y reclamaron justicia en las redes sociales. “Tenías apenas 20 años, tantos sueños, tantos momentos por vivir chiquita. Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”, publicó Vanesa Chavez en su cuenta de Facebook. Y continuó: “Hoy te decimos adiós con lágrimas en los ojos pero con la certeza de que tu recuerdo vivirá en nuestro corazón. Ahora sí descansa en paz mi niña Naiara Esperanza Coronel”.

“Queremos justicia por Naiara Esperanza Coronel, que esto no quede como una menos. Basta ya, nos queremos vivas”, dice otro de los posteos que escribió Chavez.

El reclamo por Naiara se suma a las cifras de violencia de género relevadas por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta. Según su último registro, elaborado a partir del análisis de medios de comunicación, entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 hubo al menos 173 víctimas fatales de violencia machista en el país: una cada 34 horas.

El informe contabilizó 142 femicidios directos, 18 vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios y transfemicidios. También registró 273 intentos de femicidio y femicidio vinculado y al menos 182 niños y niñas que perdieron a sus madres.

En el 64,1% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. A su vez, el 42,2% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en el domicilio compartido. El relevamiento indicó que 24 víctimas habían realizado denuncias previas y 16 contaban con medidas judiciales.

Un adolescente de 17 años fue imputado por haber prendido fuego a su pareja, una mujer de 24, durante una discusión por celos ocurrida el domingo pasado en una casa de la ciudad de Lastenia, provincia de Tucumán.

Como consecuencia del ataque, la joven sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax. Fue auxiliada por familiares y trasladada para recibir atención médica. Si bien ayer había recibido el alta, este martes debieron internarla nuevamente en el Hospital Eva Perón.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, el ataque ocurrió cerca de las 6.30 del domingo, cuando la mujer llegó al domicilio del barrio La Cerámica donde convivía con el adolescente. De acuerdo con la acusación, ambos discutieron y el menor lanzó una amenaza: le dijo que prendería fuego su ropa.

La auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa, en representación de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II que subroga el fiscal Pedro Gallo, sostuvo durante la audiencia que, luego, el acusado sacó prendas de un ropero, buscó una botella de alcohol y regresó a la habitación. Siempre según la teoría del caso, en medio de la situación la víctima le dijo que seguiría con su vida y le pidió que él hiciera lo mismo.

Tras ello, el adolescente le arrojó alcohol en el rostro y luego encendió el líquido con un encendedor. El fuego alcanzó la zona que va desde el mentón hasta el pecho de la mujer. Mientras familiares la auxiliaban, el atacante escapó. Fue localizado y detenido ayer.

El hecho fue calificado como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. “El uso de fuego demuestra un desprecio por la vida de la víctima y un alto nivel de agresividad”, afirmaron desde la fiscalía.

En la audiencia de este martes, que se realizó de manera privada a pedido de la defensa, Pedrosa señaló durante su exposición: “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”.

Y amplió: “En cuanto a las características del hecho, el mismo se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían, por lo que entiendo que en este caso, debe tenerse en cuenta la violencia extrema, y la gravedad con la que ocurrieron los presentes hechos”.

Finalmente, la Justicia ordenó el alojamiento preventivo del adolescente durante 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz,

La fiscalía había solicitado un plazo de detención mayor, de tres meses, además de estudios, cursos sobre género y tratamiento psicológico. El juez sí dio lugar a los otros requerimientos y dispuso que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia lleve adelante esas medidas.

Un hombre de 40 años fue detenido en Villa Berthet en la provincia de Chaco y quedó imputado por amenazas y lesiones agravadas por el vínculo en concurso real, a partir de la denuncia presentada por su ex pareja, de 38 años. La investigación busca establecer el alcance de las lesiones denunciadas y reunir elementos para definir la situación judicial del acusado.

La fiscal Gisela Oñuk, a cargo de la causa, confirmó que la detención se concretó el mismo día en que la mujer realizó la denuncia. Al día siguiente, luego de la declaración testimonial de la víctima, se llevó adelante una audiencia en la que se formalizó la imputación.

El expediente incorpora certificados del médico forense y otras medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía. Oñuk anticipó que el proceso del hombre podría encaminarse hacia una prisión preventiva, aunque aclaró que la calificación legal inicial puede modificarse según los resultados de las actuaciones en curso.

Según el relato de la mujer, el conflicto comenzó cuando su hija de siete años volvió llorando desde la vivienda de su padre. La niña le habría dicho que había recibido golpes, por lo que la madre se dirigió al domicilio del hombre para hablar sobre lo ocurrido.

La pareja está separada desde hace cuatro años y sus casas se encuentran a unos 200 metros de distancia. De acuerdo con el testimonio recogido por Diario Chaco, durante la discusión el acusado le habría dado un golpe en el rostro, cerca de uno de sus ojos.

La denunciante describió que, tras el impacto, advirtió una alteración inmediata en su visión. “En eso que me mete una piña, él se da cuenta de que mi vista queda en rojo, en sangre, porque estábamos frente a frente”, afirmó la mujer en declaraciones al medio chaqueño.

Después del golpe, siempre según la versión de la víctima, el hombre habría tomado un hierro que estaba sobre una mesa y se lo habría arrojado. La mujer indicó que intentó tomar ese objeto y que, en ese momento, el acusado se abalanzó sobre ella.

El hombre denunciado trabaja como entrenador de boxeo. La víctima sostuvo que el hecho continuó cuando cayó al suelo y él se ubicó sobre su cuerpo. “Se subió arriba mío y me puso la rodilla en el cuello y me decía que suelte el hierro”, relató al diario.

La secuencia habría sido presenciada por la hija de ambos. La niña, de acuerdo con la denuncia, llamó a su tío —hermano del acusado— para pedir ayuda para su madre.

La fiscal Oñuk indicó que los certificados médicos elaborados por el forense quedaron a disposición de la causa. Esos informes serán relevantes para precisar el carácter de las lesiones y evaluar si corresponde sostener o modificar la imputación actual.

La mujer señaló que todavía debe someterse a estudios para conocer si el golpe tuvo consecuencias en su visión. Indicó que tiene previsto realizar una consulta médica para determinar cómo evolucionó su estado luego de la agresión que denunció.

Por el momento, el hombre permanece detenido e imputado. La Fiscalía continúa con la producción de pruebas, mientras analiza las condiciones procesales del acusado y una eventual solicitud de prisión preventiva.

Condenaron a un hombre que abusaba, golpeaba y amenazaba a su ex pareja

A fines del mes pasado, un joven de 26 años, que había sido denunciado por su ex pareja por ejercer sobre ella distintos tipos de violencia durante la relación, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Salta. La Justicia lo halló culpable de abuso sexual, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia de una orden judicial.

La decisión la tomó este martes el juez Martín Pérez durante una audiencia en el Distrito Centro de Salta. El magistrado declaró al acusado penalmente responsable de los delitos mencionados e indicó que la pena impuesta es de cumplimiento efectivo.

El caso llegó a juicio a partir de la denuncia de la víctima, una mujer con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y tiene una hija en común. Ella describió una convivencia marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y sexual. Según su relato, el hombre llegó a amenazarla con armas, además de humillarla y someterla constantemente, de acuerdo con su relato.

Según informó el Ministerio Público Fiscal la provincia, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke llevó adelante la acusación durante el juicio oral. En la primera etapa del proceso celebrada con el objetivo de definir la pena, la fiscal argumentó en base a las pruebas producidas durante el debate y solicitó que el condenado recibiera 11 años de prisión. En dicha instancia Pérez emitió el veredicto de culpabilidad y fijó para el día siguiente la audiencia de cesura.

De esta manera, se llevó a cabo la segunda etapa y, tras un cuarto intermedio, el juez fijó la condena en ocho años y seis meses, una pena menor a la requerida por la Fiscalía pero que el tribunal consideró proporcional a los hechos probados. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la inscripción del sujeto en el Banco de Datos Genéticos donde se almacenan la información biológica de personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los delitos sexuales.

Por otro lado, el magistrado revocó el arresto domiciliario que le había sido concedido al acusado durante el proceso. En su reemplazo, dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía General, desde donde será derivado a la Unidad Carcelaria 1 de la provincia para cumplir la condena.

El hermano de la víctima, Hernán Vecchiarello, y una tía de la joven fueron quienes dieron más precisiones sobre cómo era el vínculo entre ambos y los antecedentes que existían.

De acuerdo con sus declaraciones al medio local El Tres, la familia reclamó por las dificultades para el traslado del cuerpo de Camila desde San Juan hasta Rosario. Hernán fue contundente. “Hay una madre que está desesperada, esperando que traigan a su hija”, afirmó en declaraciones recogidas por el canal rosarino. El hermano insistió en que el regreso debe realizarse por vía aérea, tal como habían viajado ellos hacia San Juan al enterarse de la noticia, y cuestionó que se evalúe un traslado por tierra dado el tiempo que demandaría. La madre de Camila, según precisó, también atraviesa un estado de salud delicado.

Mientras se desarrollaba esa entrevista, el padre de la joven y otro de sus hermanos ya estaban en camino: su vuelo a San Juan partía alrededor de las 13 de este lunes, con destino a acompañar el proceso judicial y sumarse a las movilizaciones que se estaban convocando en Calingasta.

Otro de los planteos que hizo la familia fue la falta de contacto institucional. Según señalaron, hasta el momento en que brindaron la entrevista, ni Gendarmería Nacional ni la Policía de San Juan se habían comunicado con ellos de manera oficial para informarles sobre lo ocurrido. “Que se haga justicia cuanto antes y que venga el cuerpo de mi hermana cuanto antes a la ciudad de Rosario”, expresó Hernán.

Pero el elemento que agrega una dimensión nueva al caso fue aportado por la tía de Camila. La mujer aseguró que la joven había denunciado previamente un episodio de violencia de género cuando la pareja aún vivía en Salta. Según su relato, compañeras de Camila en la formación habían advertido una situación que, según sus palabras, “no cerraba”, y que eso habría derivado en una marcha protagonizada por ese grupo de mujeres en la provincia norteña. La familiar también indicó que Camila habría sufrido violencia psicológica y manipulación por parte de su pareja, según lo que le transmitieron esas compañeras.

La familia tomó conocimiento de esos antecedentes a través de un canal informal: una compañera de Camila encontró a un familiar de la joven al buscar su apellido en redes sociales y estableció contacto a partir de ese hallazgo. Desde ese momento, empezaron a conocer detalles sobre lo que supuestamente había ocurrido en Salta.

Hasta el momento, esos señalamientos corresponden únicamente al testimonio público de la familia y no existe confirmación oficial de que exista una denuncia previa incorporada a la investigación que tramita en San Juan. Mientras tanto, los hechos del fin de semana ya están en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Especiales. El fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio conducen la pesquisa. El hecho fue calificado preliminarmente como femicidio.

El detenido es Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, esposo de Camila y oriundo de Tartagal, Salta. Ambos habían llegado a Barreal meses atrás como aspirantes al Escuadrón Barreal de Gendarmería Nacional, ninguno de los dos era todavía miembro activo de la fuerza. Sin embargo, sus situaciones dentro del instituto eran muy distintas: Camila avanzaba en la formación, mientras que Riveros había sido separado del programa al no superar las exigencias requeridas.

El domingo, alrededor de las 12:30, el personal policial ingresó al departamento que la pareja alquilaba en calle Cordillera de Ansilta 48, complejo N°5. Encontraron a Camila en el suelo del dormitorio, cubierta con una manta, con múltiples heridas de arma blanca. El médico legista constató alrededor de nueve heridas cortopunzantes: las letales, en el cuello, le provocaron un shock hipovolémico; el resto estaban dirigidas al rostro. Los cortes hallados en sus manos fueron interpretados como lesiones defensivas. Junto al cuerpo estaba Riveros, inconsciente pero con signos vitales, con marcas visibles de haber intentado atentar contra su propia vida. Fue atendido en el hospital municipal y recibió el alta a las 17:30. Horas después, un juez de Garantías ordenó su detención. Permanece alojado en la División Delitos de la Central de Policía.

Entre los elementos secuestrados en la escena figuran dos cuchillos con sangre —presuntas armas del crimen—, dos teléfonos celulares y diversas prendas de vestir. Sobre la mesa del comedor, los peritos también encontraron una carta escrita presuntamente por Riveros en la que pedía disculpas a su familia y a la de Camila por lo que les había hecho a ambos.

Los vecinos del complejo aportaron datos clave para reconstruir la cronología. La pareja había regresado al departamento cerca de las 23 del sábado 12 de septiembre. Aproximadamente a la 01:30 de la madrugada, uno de los vecinos declaró haber escuchado el grito de una mujer. Los investigadores consideran que ese fue el momento del ataque, coincidente con la data de muerte que establecieron los médicos forenses.

La noche del domingo, Barreal se llenó de velas. Una multitud marchó desde la Plazoleta Almirante Brown hasta el Instituto de Formación de Gendarmes Félix Maniflor bajo la consigna “Ni Una Menos”. La frase que se repitió fue una sola: “No estamos todas, nos falta Camila”. Familiares de la joven también difundieron mensajes en redes sociales en los que instaron a otras mujeres a no silenciar situaciones de violencia y a pedir ayuda

Noemí Pérez López, de 38 años, fue asesinada a puñaladas el 8 de agosto dentro de su vivienda en Paso Pata, una comunidad rural de Jesús Menéndez, en Las Tunas. El feminicidio, presuntamente cometido por su expareja, elevó a 52 los casos verificados en Cuba durante 2026 por el Observatorio de Alas Tensas, plataforma feminista independiente de seguimiento de la violencia de género en la isla.

La mujer era madre de un adolescente y de una niña con un estado de salud delicado que requería cuidados especiales. Ninguno de los dos hijos tenía vínculo con el sospechoso, quien permaneció prófugo durante casi un mes antes de ser detenido el 5 de septiembre en La Habana.

El registro del observatorio incluye, hasta el 14 de septiembre, 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida. La organización también investigaba 12 posibles feminicidios y 20 intentos alertados durante 2026.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando el presunto agresor ingresó al hogar de Pérez López y la atacó con un arma blanca. El Observatorio de Alas Tensas calificó el crimen como “un ataque de extrema crueldad”.

La familia de la víctima atravesó semanas de angustia mientras el hombre señalado como responsable permanecía prófugo. La agencia EFE informó que la detención se produjo en La Habana, tras casi un mes de búsqueda.

El sospechoso fue identificado en publicaciones de NiO Reportando un Crimen como José Luis Ávila Pérez, también mencionado como “El Pombo”. La información recopilada lo sitúa como expareja de la víctima.

Parejas y exparejas, el vínculo más frecuente en los casos verificados

Los asesinatos cometidos por parejas o exparejas constituyeron 40 de los 48 feminicidios verificados por el observatorio en 2025. En ese mismo período, 30 crímenes ocurrieron dentro de viviendas.

La muerte de Pérez López reúne ambas circunstancias: la presunta responsabilidad de una expareja y el ataque en el espacio doméstico. La plataforma ha advertido que la violencia extrema contra las mujeres persiste especialmente en relaciones formales y tras rupturas de pareja.

Las consecuencias alcanzan a hijos, familiares y personas cercanas a las víctimas. Durante 2025, 29 de las 48 mujeres asesinadas tenían personas dependientes a su cargo, principalmente hijos e hijas menores de edad.

La organización señaló que la hija de Pérez López requería una atención mayor por su condición de salud: “Focalizamos la situación de la niña, de la que verificamos una salud delicada, que requería más cuidados por parte de su mamá”.

Reclamos por estadísticas oficiales y medidas de protección

Cuba no tipifica el feminicidio como delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez informan sobre estos asesinatos. Aunque el Gobierno cubano ha declarado “tolerancia cero” frente a la violencia machista, activistas cuestionan la falta de medidas concretas de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas.

Alas Tensas reclamó al Gobierno la publicación de estadísticas oficiales sistemáticas, la tipificación penal del feminicidio, protocolos de protección, refugios para mujeres en riesgo y líneas de emergencia eficaces. La plataforma sostiene que la crisis económica y energética incrementa la desprotección de mujeres y niñas.

El observatorio mantiene abiertas pesquisas sobre 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género alertados en 2025. También solicitó acceso a las investigaciones de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz, mientras observa como posible suicidio feminicida el caso de Bárbara Sánchez González.

Un británico de unos 60 años ha admitido este lunes ante el Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Manchester, que ha cometido más de 60 delitos sexuales contra su esposa, a quien, según la acusación, ha drogado y violado sin su consentimiento durante más de dos décadas en el domicilio que compartían en Stockport, en el noroeste de Inglaterra.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido para proteger la privacidad de la víctima, se ha declarado culpable de 45 cargos. Entre ellos, ha reconocido 16 violaciones, nueve agresiones sexuales con penetración y un delito por administrar una sustancia con intención delictiva. Los cargos que ha admitido han correspondido a hechos cometidos entre 2004 y 2025.

La confesión se ha sumado a otros 15 delitos sexuales que el acusado ya había admitido a comienzos de este año, durante una audiencia anterior. El caso ha involucrado además a otros 13 hombres: 12 acusados, de entre 28 y 74 años, quienes han negado delitos sexuales contra la misma mujer, mientras que un decimotercer implicado ya ha reconocido cargos de esta índole.

La acusación ha situado las agresiones en la vivienda del matrimonio

Los hechos se produjeron entre el 12 de noviembre de 2004 y el 25 de octubre de 2025 en la vivienda del matrimonio, ubicada en Stockport, dentro del área de Gran Mánchester. Según la Fiscalía, la mujer sufrió agresiones reiteradas mientras se encontraba inconsciente bajo los efectos de las sustancias que le suministraba su marido.

Durante la comparecencia, que se ha prolongado durante 18 minutos, el acusado ha roto a llorar en el banquillo mientras repetía la palabra “culpable” después de la lectura de cada cargo. Medios ingleses han informado que el juez Maurice Greene le ha permitido sentarse antes de que terminara el procedimiento.

La víctima, casada durante décadas con el acusado, ha seguido la audiencia desde la primera fila de la tribuna pública. Sus familiares la han acompañado y reconfortado durante la declaración. La corte no ha revelado el nombre del hombre, quien es originario de Stockport, para impedir que se identifique a su esposa, que ha optado por permanecer también en el anonimato.

12 acusados que afrontarán un juicio de varios meses

La admisión de culpabilidad del marido no ha cerrado el proceso. Otros 12 hombres, mayoritariamente británicos, han sido acusados de violar y agredir sexualmente a la misma víctima entre septiembre de 2018 y noviembre de 2025. Todos han negado los cargos y se espera que su juicio se celebre en el mismo tribunal durante los próximos meses. A diferencia de un decimotercer implicado, que ya ha reconocido los abusos.

La Fiscalía ha constituido un jurado para continuar con la causa contra los acusados que han rechazado las imputaciones, aunque el proceso contra ellos todavía no ha comenzado. El esposo, detenido en octubre del año pasado, ha quedado a la espera de que se dicte su condena una vez que finalice el juicio del resto.

El subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, ha afirmado que el objetivo de las autoridades ha sido “apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja”. También ha señalado que la mujer ha continuado con apoyo especializado y ha pedido a quienes sospechen que han sufrido abusos sexuales facilitados con drogas que soliciten ayuda. “No se espera que comprendas exactamente lo que ha sucedido ni quiénes han estado involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo ha sucedido, por favor, repórtalo o pide ayuda”, ha indicado.

La violencia de género golpeó nuevamente a la población de República Dominicana, tras confirmarse la muerte de una adolescente de 17 años en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este. Las autoridades mantienen abierta una investigación, pero las primeras investigaciones apuntan a un hombre de 40 años como presunto responsable.

La víctima fue identificada como Zaidy Fragoso Lizardo, conocida como “Michel”. Su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana en la calle A, detrás de un establecimiento comercial situado sobre la carretera Mella, en una zona transitada del municipio.

El informe preliminar del levantamiento estableció que la joven murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por la pérdida de sangre tras las heridas que presentaba. La Policía Nacional no ha divulgado el número ni la ubicación de las lesiones, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada.

Las cámaras de videovigilancia del sector se sumaron a las pruebas revisadas por los investigadores. En los registros aparece un Mazda Demio blanco durante la madrugada de los hechos. El vehículo ha sido vinculado con el detenido, de acuerdo con la información policial.

Un destornillador podría ser el arma homicida

Por el caso fue detenido Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, quien es señalado de forma preliminar como el presunto responsable de las lesiones que causaron la muerte de la adolescente. Las autoridades investigan si esas heridas fueron provocadas con un destornillador localizado dentro del vehículo que utilizaba el sospechoso.

El objeto fue incautado para someterlo a peritajes. Los análisis deberán establecer si tiene rastros que lo vinculen con la muerte de Fragoso Lizardo y si fue utilizado durante la agresión. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado de forma oficial que el destornillador haya sido el arma empleada.

Durante las diligencias, los agentes también encontraron prendas de vestir que, según las pesquisas, habrían sido usadas por Santiago Guzmán. La ropa tenía manchas de un fluido rojizo, presuntamente sangre, por lo que fue enviada a análisis científicos.

Las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el ataque

La investigación está a cargo de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas, conocida como Homicidios, con apoyo de técnicos de la Policía Científica y en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades deberán definir si la víctima y el sospechoso se conocían, cuál era su vínculo y qué circunstancias rodearon el ataque.

El Ministerio Público también tendrá que establecer la tipificación penal del caso. La muerte de la adolescente es investigada en un contexto marcado por los asesinatos de mujeres y las denuncias de agresiones de género en el país caribeño.

La Procuraduría General de la República informó a inicios de septiembre que 62 mujeres habían sido asesinadas en República Dominicana durante 2026 en hechos atribuidos a parejas o exparejas. La cifra expone la persistencia de una violencia que afecta a mujeres de distintas edades y que suele quedar fuera del alcance de las instituciones antes de que ocurra un hecho fatal.

Las autoridades dominicanas también registraron alrededor de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025. El dato refleja la presión que enfrentan los sistemas de protección, investigación y atención a víctimas en el territorio.

Mientras continúan los peritajes sobre el destornillador, las prendas incautadas y las grabaciones de seguridad, Santiago Guzmán será puesto a disposición del Ministerio Público para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

La tranquilidad que se suele respirar en la localidad sanjuanina de Barreal, ubicada en el departamento Calingasta, a la vera del Lago de los Patos, se vio interrumpida este domingo por el brutal femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, Una aspirante a Gendarmería Nacional de 26 años que fue hallada muerta en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca en distintas partes de su cuerpo. Por el aberrante hecho, la Policía provincial detuvo a la pareja de la víctima, Carlos Gonzalo Rivero (25), quien fue hallado en la escena del crimen con heridas cortantes y signos de un intento de suicidio.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, Camila, oriunda de Santa Fe, fue hallada sin vida dentro de su dormitorio alrededor de las 12:30. Su cuerpo estaba en posición cúbito dorsal, cubierto con una manta, presentaba lesiones cortantes en el rostro y el cuello, y yacía en medio de una gran cantidad de sangre.

Sobre el cadáver de la víctima, los efectivos de la comisaría 33 de Barreal encontraron a Rivero, quien lucía inconsciente, pero con signos vitales, e indicios de haber intentado ahorcarse. Ante este escenario, el sospechoso fue trasladado al Hospital municipal, en donde fue asistido y a las 17:30, unas cinco horas después del crimen, recibió el alta médica.

Al realizar la inspección ocular en la propiedad donde residía Camila, personal de Criminalística secuestró una carta que se encontraba sobre la mesa del comedor, aparentemente escrita de puño y letra por Rivero y dirigida a familiares tanto de él como de la joven fallecida.

Fuentes con acceso al expediente precisaron que, en su texto, el presunto femicida pedía disculpas por el aberrante asesinato.

En el lugar, además, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares; dos cuchillos con rastros de sangre; prendas de vestir del imputado, la manta con la que cubrió el cuerpo de su novia luego de matarla y otras pruebas que podrían ser de interés para la causa.

Al inspeccionar el cuerpo de la víctima, el médico legista concluyó que se trató de una muerte violenta compatible con un homicidio cometido mediante la utilización de un arma blanca. En cuanto al cuerpo de la joven, el mismo presentaba heridas cortopunzantes en rostro y cuello. Asimismo, los peritos detectaron cortes en ambas manos, los cuales podrían indicar señales de intento de defensa, y determinaron que Camila llevaba fallecida 12 horas.

Según testigos del consorcio, la pareja regresó a su departamento alrededor de las 23:00 del sábado y un vecino dijo que escuchó el grito de una mujer alrededor de las 1:30 de la madrugada, lo cual coincide con la presunta data de muerte.

Tras una intensa investigación, los detectives pudieron establecer que Camila y Carlos se encontraban viviendo en la localidad de Barreal desde hacía unos meses. Mientras que la joven era aspirante a Gendarmería Nacional, su pareja, que también estudió la misma carrera, fue separado de la fuerza por bajo rendimiento, según detallaron fuentes de la GNA a este medio.

Tras recibir el alta médica, el principal sospechoso fue detenido por orden del Juzgado de Garantías en turno. Por su parte, el cuerpo de Camila fue trasladado a la Morgue judicial para su correspondiente autopsia.

La investigación es encabezada por el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, quien este lunes ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los avances en la causa que, al momento, caratuló como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

La violencia machista no entiende de edades ni contextos sociales. Así lo evidencia el último feminicidio de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes (Madrid) a manos de su cónyuge el pasado 11 de septiembre, según ha confirmado este lunes el Ministerio de Igualdad. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que tras cometer el crimen, se suicidó, por lo que nunca podrá ser juzgado por los hechos. El hombre tenía 90 años.

Según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, fue la cuidadora del matrimonio quien encontró el viernes en la vivienda el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba señales compatibles con un posible suicidio, mientras que la mujer agonizaba en el dormitorio con múltiples traumatismos. La víctima falleció en el hospital un día después.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 37 en 2026 y a 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Según los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, de 2019, las mujeres mayores muestran prevalencias de violencia más altas que las que tienen menos de 65 años, y acuden en menor medida a los servicios de ayuda disponibles. Por otro lado, el 54% de las mujeres de 65 años o más ha contado a su entorno la violencia machista sufrida frente al 81% de las mujeres de 16 a 64 años, lo que evidencia que lo ocultan en mayor medida que el resto, con todas las implicaciones que esto conlleva.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Vanesa Bella tiene hoy 2,3 millones de seguidores en Instagram, una cocina que ocupa buena parte de sus videos y una empresa propia de productos para la alimentación llamada Cocina Astuta. Está escribiendo un libro para Editorial Planeta. Sumando todas sus plataformas, su comunidad se acerca a los cuatro millones de personas.

La primera cocina que recuerda no tenía cámara ni seguidores. Era la de la casa de San Miguel donde le preparaba comida especial a Cacho, su padre de crianza, que era celíaco. “Creo que parte de mi amor por la cocina nació ahí”, contó Bella a Infobae. La última vez que cocinó en esa cocina le estaba haciendo un arroz con leche. Tenía 21 años. Era 2009 y cursaba el segundo año del profesorado de maestra jardinera. Su hijo Homero tenía tres.

Esa mañana Cacho la había llamado por teléfono para pedirle que lo acompañara a internarse en un centro psiquiátrico. Hacía semanas que no se levantaba de la cama. Hacía meses que les decía a sus hermanas y al padre de Homero que estaba pensando “cosas muy malas. Si no la hago mierda a Claudia, la hago mierda a Vanesa, para que Claudia sufra”, les repetía. Claudia era su madre. Cacho, hijo de yugoslavos, carpintero de aluminio, legítimo usuario de armas y cazador, llevaba años en una depresión que ningún tratamiento había logrado frenar.

Vanesa llamó a su tía Marta. Se tomaron un remís hasta un hospital psiquiátrico público de Los Polvorines, un distrito vecino, porque en San Miguel no había un lugar así. Las recibió una psiquiatra. Vanesa le pidió hablar a solas y le explicó la situación. Su padre amenazaba con suicidarse, con matar a su madre y con hacerle algo a ella. Tenía armas y él mismo había pedido venir porque quería internarse.

La psiquiatra hizo entrar a Cacho y a la tía. Delante de él le dijo que un paciente psiquiátrico no podía tener armas y que al volver a su casa debía entregárselas a su hija. “Mi viejo hizo así y me miró con una cara de: ‘¿Por qué me mandás al frente?’”, relata Bella. Después la psiquiatra agregó una frase. “Deje de amenazar, porque el que se quiere matar, se mata”.

Vanesa admite que Cacho “no tuvo una buena atención psiquiátrica. Él quería mejorar y no le dieron las herramientas”.

En el remís de vuelta nadie hablaba. Cacho rompió el silencio: “¿Viste que yo no tengo solución?”

Cuando llegaron a la casa, la tía le preguntó si quería que se quedara. “Su cara decía algo que sus palabras no decían”, sostiene Bella. Le dijo que se fuera. “No pensaba que él me podía llegar a hacer algo”, recuerda de ese momento.

Vanesa le ofrece arroz con leche a Cacho y escucha la llave de la puerta

“Pa, ¿querés que te haga arroz con leche?”, le preguntó. Cacho dijo que sí. Mientras revolvía la preparación escuchó dos sonidos. La llave de la puerta de entrada y después el ropero. “Yo sabía que en el ropero él tenía el arma”, cuenta la influencer. Cacho volvió hacia ella con el arma en la mano. “Llamá a tu mamá. Si ella viene, vos salís de acá. Si ella no viene, de acá no sale ninguno de los dos”, le dijo.

Vanesa llamó a Claudia. También consiguió avisarle a Cristian, el padre de Homero. Frente a ella había un ventanal grande que daba a la calle. Vio a Cristian cruzar la reja y entrar por el fondo de la casa. Cacho no lo había visto. Cuando lo descubrió, levantó el arma y le apuntó. “Tomátela, que no es con vos. Si te metés, la mato”, le dijo. Y disparó tres veces alrededor de Vanesa. Ella se tiró debajo de la mesa. Cristian tuvo que irse.

“Yo miraba por el ventanal esperando que apareciera alguien. Una persona. Un vecino. Cualquiera. Pero no veía a nadie”, sostiene. Lo que no sabía era que la calle estaba vallada. Había policías y efectivos del Grupo Halcón desplegados en la zona. Su madre estaba afuera y no podía entrar. “Por eso no pasaba nadie”, cuenta.

Estuvo encerrada con su padre desde el mediodía hasta aproximadamente las ocho de la noche. Cacho agarró el teléfono y empezó a llamar a sus hermanos para pedirles perdón y despedirse. A su madre no se atrevió a llamarla. En algún momento tomó un puñado de la medicación psiquiátrica que tenía y se la tragó entera.

Vanesa le pidió una pastilla. “No daba más”, recuerda de ese momento. También le pidió un cigarrillo. “Y él me mira y me dice: ‘Lo único que falta’. ¿Entendés la contradicción? Por un lado me estaba por matar, por otro lado me estaba cuidando”, cuenta Vanesa.

Tomó la pastilla. Se fue quedando dormida apoyada contra la pared. “Yo me acuerdo que caigo dormida”, afirma. Cacho la levantó y la llevó hasta la habitación.

“Me desperté porque mi papá me estaba disparando - relata la influencer-. Lo miré a los ojos. Le dije: ‘Pará’. Siguió”.

Disparó cinco veces. Tres tiros la alcanzaron. Uno le perforó el pulmón. Otro le quedó alojado en la axila, donde todavía hoy se puede tocar el proyectil. El tercero le rozó un brazo. Cacho sabía usar armas y había ido a cazar durante años. “Siempre me pregunté por qué un tipo que la tenía tan clara medio que pegó para cualquier lado”, admite Bella. Su teoría es que la cantidad de medicación que había tomado le afectó la puntería.

Se sentó en la cama. Enfrente había un espejo. Se vio ensangrentada. Agarró una sábana y se la ató alrededor del cuerpo. Tuvo sueño. “Tuve un momentito en el que dije: ‘Si quiero, me voy’”, relata. Pero ya existía Homero. “Yo ya era la mamá de alguien. Y decidí que no me podía dormir”, sostiene emocionada.

Se tiró de la cama al piso y se fue arrastrando hasta el living. Cacho estaba tirado en el suelo. Se había disparado en la boca. Había un charco de sangre alrededor de su cuerpo. “Me acuerdo que cuando yo llego lo empiezo a tocar con miedo, con miedo a que se despertara”, relata. Le sacó el teléfono inalámbrico del bolsillo y marcó el único número que se sabía de memoria. “Cristian, vení a sacarme de acá porque mi papá ya se murió y yo me estoy muriendo.”

Se desmayó. Cuando volvió a abrir los ojos estaba en un hospital. Había sobrevivido. Cacho no.

La vuelta de Vanesa a la casa donde vivió el horror

Veinte días después todavía tenía las vendas puestas. Pidió un flete, el del hermano de una amiga, porque no tenía plata para pagar uno. Se separó de Cristian, agarró sus cosas y las de Homero y se fue a vivir a la misma casa donde su padre le había disparado y se había quitado la vida. “No porque quisiera volver. Porque era lo que tenía”, sostiene Vanesa.

Volvió a caminar por las habitaciones. Volvió a pasar por el living.

“Luego del episodio con Cacho tuve ataques de ansiedad nocturnos y también de día - recuerda en la entrevista-. Tapaba todo con fiestas, marihuana y alcohol”. Hubo una época en la que iba a buscar la leche que entregaban en el barrio y recibía tarjetas de asistencia del Estado.

Vanesa no iba al psicólogo. No hacía ningún tratamiento. “Yo pensaba que estaba bien”, explica la influencer. Hasta que un día, en un supermercado con Homero, su cuerpo la obligó a frenar. “De repente, sentí que me moría. Salí corriendo. Fue mi primer ataque de pánico”, relata.

Se peleó con su madre. Estuvieron tres años sin hablarse. “Si mi vieja estaba cerca, mi vieja me iba a hinchar los huevos si tomaba mucho, si fumaba. Yo no quería que nadie me controlara”, explica. Con el tiempo se reconciliaron. “Fui yo, hablé yo y de a poco fuimos fortaleciendo esa relación”, recuerda.

Terminó el profesorado y se recibió de maestra jardinera. Trabajó durante seis años en jardines de infantes. En paralelo se sumó a una empresa vinculada a suplementos y nutrición donde armó un Fit Club en el que llegó a trabajar con más de 200 personas. También trabajó de tequilera con un grupo de mariachis. “No tenía un plan perfecto. Tenía la certeza de que no quería volver a depender de nadie para poder elegir mi vida”, admite Vanesa.

“Creo que el dolor hay que aceptarlo, sentirlo y atravesarlo”, dice Bella.

Vanesa se saca una foto con un filtro de Snapchat y ve la cara de Lito

Para entender lo que vino después hay que volver a su infancia. Vanesa nació en 1987 en San Miguel, en el conurbano bonaerense. Desde chica tuvo la sensación de que algo en su historia no encajaba. Tenía un tío al que quería mucho que se llamaba Lito, le enseñaba a bailar, la visitaba siempre. “Era un modelo, tenía un pelo hermoso, largo y ojos verdes”, recuerda. Cuando Vanesa tenía cinco años, Lito se fue. “Ahí se apagó mi infancia”, dice.

A los ocho años le pidió a su madre un hermanito. Claudia le respondió que podían adoptar. “Pero ¿por qué? Si ya me tuvieron a mí, ¿por qué van a adoptar?”, preguntó la nena. Claudia no contestó. La duda quedó flotando durante décadas.

Años después del episodio con Cacho, Vanesa descargó Snapchat. Se sacó una foto con el filtro que convertía una cara de mujer en una de hombre. “Cuando me veo en el celular digo. ‘Igual a Lito’”, relata. El parecido era demasiado grande.

No se animó a preguntarle a su madre. Hasta que una tarde Claudia la vio mal, tomando cerveza en el fondo del patio. Se sentó al lado con el mate. “Te tengo que contar algo”, le dijo. Vanesa la miró: “Lito, ¿no?”. “Sí.”

Claudia le explicó que después de años de tratamientos de fertilidad y de descubrir que ella no tenía ningún problema, había tenido un encuentro con Lito en un momento de crisis con Cacho y quedó embarazada. Cacho le había dicho que ella “no servía ni para tener hijos”. Para Claudia aquel embarazo fue un milagro, pero Cacho era un hombre al que le tenía miedo y contarle la verdad podía tener consecuencias que no sabía cómo enfrentar.

Vanesa consiguió el teléfono de Lito a través de una prima. Le mandó un mensaje con fotos de la infancia como excusa. Lito le respondió enseguida. “Hola Vane, qué lindo saber de vos. Me emociona hasta las lágrimas que me escribas”. Pasaron casi dos años sin que ella se animara a hacer la pregunta. Lito, que vivía en Corrientes frente al río Paraná en un complejo de cabañas que había construido después de dejar una empresa de lonas para camiones, la invitaba a visitarlo. “Tenemos que hablar nosotros”, le decía cada tanto.

Lito tenía dos hijas. Vanesa había crecido como hija única.

Vanesa lo encara a Lito

En su cuarto viaje a Corrientes, Homero la acompañó. Su psicóloga y sus amigas le habían dado una instrucción. “Esta vez hablá. Apenas llegues. Basta”. No hizo nada de eso.

Llegaron al mediodía. Los esperaban con un asado. Había vino. “A papá Lito le encanta el vino, a mí también”, cuenta. Una copa le daría coraje. Después vino otra. Después otra. Seguía sin preguntarle.

Cayó la tarde. En el complejo hay una pileta climatizada desde donde se ve el Paraná. Pusieron música. Ya se hacía de noche cuando Vanesa se puso a hablar con Micaela, una de las hijas de Lito. Se contaban intimidades. En un momento Vanesa la miró: “¿Mica?”. “¿Qué?”. “¿Vos sabés?”. “Sí”. “¿Pero hace cuánto?”. “Desde siempre”.

Vanesa necesitaba estar segura de que hablaban de lo mismo. Miró a Cristian, el novio de Micaela, que estaba unos pasos más lejos: “¿Ella sabe que vos sos mi cuñado?”. “Sí”, le respondió.

Micaela le explicó que su padre nunca la había ocultado. Siempre les había dicho a sus hijas y a las mujeres que habían estado en su vida que tenían una hermana mayor llamada Vanesa.

Vanesa miró hacia donde estaba Lito. “Lito, quiero hablar con vos.” Él respondió: “Esperá que me siento”. Se sentó. Le puso una mano sobre el hombro. Se le llenaron los ojos de lágrimas antes de que ella dijera nada. “¿Qué pasa, mi vida?”

“Yo quiero saber si vos sos mi papá.” Lo primero que Lito dijo fue: “Dios existe”. Después: “Sí, mi vida. Yo soy tu papá”.

Llamaron a todos. Terminaron metidos en la pileta. Decían que aquello era su bautismo. A la mañana siguiente Vanesa se despertó y no estaba segura de si lo había preguntado o no. “Habíamos tomado tanto vino que cuando me desperté pensé: ¿se lo pregunté?”, recuerda. Lo había hecho.

La casa del árbol y el recuerdo de Cacho

Después de su separación matrimonial, Vanesa estaba en el patio de su casa con su madre y miró hacia arriba, hacia el pino. “Me voy a hacer una casita en el árbol”, le dijo. “Cómo rompés las pelotas con la casita en el árbol”, le contestó Claudia. Era un pedido que arrastraba desde la infancia y que nadie le había cumplido. Esta vez lo hizo ella. Construyó una habitación alrededor de un árbol en el patio. Se fue a dormir ahí. Todavía hoy duerme y trabaja en esa casa.

La misma mujer que a los 18 se había ido a vivir a una casita sin agua y con el baño afuera para escapar de una casa donde no encontraba paz, y que a los 21 había tenido que volver al lugar donde casi muere porque no tenía otra opción, se construyó su propio lugar.

Desde esa casa del árbol y desde una cocina de ladrillos con baldosas encima y una cortinita que tapaba la parte de abajo, Vanesa Bella empezó a subir contenido a Instagram con un celular. Compartía recetas saludables. Cuando llegó la pandemia creó los “Desafíos 11 días”. Eran grupos de hasta 500 personas que durante once días trabajaban sus hábitos de alimentación acompañadas por nutricionistas. Hacía dos desafíos por mes. “Yo recontralaburadora. Le metía reel, reel, reel, reel”, sostiene la influencer.

Un día mostró algo que para ella era cotidiano. Hizo un reel de cómo organizaba su freezer. En seis meses sumó un millón y medio de seguidores. Escribió ocho libros digitales. El más vendido, Cien recetas para congelar, fue el ebook más descargado de Argentina. Creó Cocina Astuta, una empresa con productos orientados a la organización en la alimentación. Vende picadoras, bolsas herméticas y guías en formato PDF. Hoy, además, escribe un libro para Editorial Planeta.

La primera vez que contó su historia en público fue en un seminario en Escobar, ante 50 mujeres. “La gente me abrazaba, me agradecía, tenía los ojos llenos de lágrimas - recuerda en diálogo con Infobae-. Contarlo fue como salir del clóset”.

Como la muerte de Cacho no había sido natural, Vanesa tuvo que esperar diez años para poder cremar sus restos. Tampoco había estado en su velorio. Mientras otros lo despedían, ella estaba internada en un hospital. Cuando finalmente pudo hacerlo, se reunieron las personas que lo habían querido. Pusieron chamamés, la música que le gustaba a él. Hicieron un pozo en la tierra, pusieron las cenizas y plantaron un árbol. Un jacarandá. Hoy crece a la derecha de la casa del árbol.

“Hace poco encontré además una billetera vieja de Cacho - revela la influencer-. Llevaba años guardada y yo nunca la había revisado. La abrí. Adentro había una foto. Éramos él y yo.”

Cada mañana Vanesa Bella se despierta en su casa del árbol. Mira hacia un costado. El jacarandá de Cacho sigue creciendo y la relación con su padre Lito también.

Una mujer de 36 años fue atacada a martillazos en una playa de la zona norte de Mar del Plata. El hecho ocurrió durante la noche del viernes en inmediaciones de la ruta 11 y la calle Scaglia, en un sector costero próximo al Parque Camet. Por el caso, un hombre de 37 años fue detenido e imputado por tentativa de femicidio.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la mujer y el acusado se habían trasladado hasta allí a bordo de un automóvil. Ambos se conocían por Facebook y se habían encontrado en al menos cuatro veces. En esta opertunidad, habrían consumido cerveza y marihuana.

Tras el ataque, personal de la comisaría decimoquinta encontró a la mujer herida alrededor de las 22.30, a la vera de la ruta. Un patrullero que recorría la jurisdicción la trasladó de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones craneales.

La mujer ingresó con un hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, a raíz de las heridas sufridas durante el ataque. Fue sometida a una intervención quirúrgica y continúa internada en grave estado en el área de terapia intensiva. Hasta el momento, no se difundió un nuevo parte médico sobre su evolución.

La investigación está a cargo de la fiscal María Florencia Salas, quien deberá determinar las circunstancias en que sucedió el brutal episodio, el vínculo entre las dos personas y la secuencia previa y posterior a la agresión. La causa fue calificada provisoriamente como tentativa de femicidio.

El primer registro médico también consignó signos que podían ser compatibles con un posible abuso sexual. Sin embargo, ese extremo no había sido confirmado hasta el último parte conocido y forma parte de las cuestiones bajo análisis de la fiscalía.

La detención se concretó cerca de las 4.30 del sábado en una estación de servicio ubicada en la zona de avenida Constitución y la costa. El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) había advertido la presencia de un vehículo gris que coincidía con la descripción aportada en el marco de la investigación.

Los agentes interceptaron al hombre, de 37 años, y secuestraron un Suzuki Fun gris que habría sido utilizado para trasladarse al lugar del hecho. Durante una requisa de urgencia, la Policía halló un machete de aproximadamente 50 centímetros, un cuchillo, prendas de vestir, una lata de cerveza y un teléfono celular.

Además, se verificó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 20 de mayo de 2016, solicitado por Gendarmería Nacional con intervención del Juzgado de Juicio y Ejecución N.º 3 de Neuquén. Ese dato también fue incorporado al expediente judicial.

El acusado fue llevado a Tribunales para prestar declaración indagatoria, aunque optó por no responder preguntas ante la fiscal Salas. Previamente se entrevistó con integrantes de la Defensoría Oficial N.º 1.

Tras esa instancia, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso. La fiscalía deberá reunir elementos para establecer cómo se produjo la agresión y si existieron antecedentes o episodios previos entre la víctima y el detenido.

La pesquisa incluye el análisis de los objetos secuestrados dentro del automóvil, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios que puedan aportar datos sobre los movimientos del vehículo durante la noche. También se buscará precisar qué ocurrió en la playa y si hubo otras personas en el sector al momento del ataque.

El estado de salud de la mujer continúa siendo uno de los ejes centrales de la causa. Su evolución médica será determinante para conocer el alcance definitivo de las lesiones, mientras la Justicia mantiene al sospechoso detenido.

Según nuevos videos revelados por Colombia Oscura, Pardo negó ser el agresor y sostuvo que los registros audiovisuales permiten observar parte de la secuencia previa al altercado. Las grabaciones, cuya autenticidad y contexto completo no fueron verificados de forma independiente, muestran una discusión dentro de un parqueadero.

En las imágenes se aprecia un intercambio de agresiones físicas entre ambos. De acuerdo con la interpretación difundida junto a los videos, Jáuregui habría golpeado primero a Pardo. Esa versión contrasta con los señalamientos iniciales contra el hombre, a quien usuarios en redes sociales calificaron como un posible feminicida.

Hasta el momento, no se conocieron decisiones de autoridades judiciales que definan responsabilidades por los hechos.

Un tercer hombre aparece en los registros revelados

Los videos también mostrarían la llegada de otro hombre al parqueadero. Según la información divulgada, se trataría de una persona con la que la modelo mantendría una relación desde hace cinco años.

El sujeto le habría exigido a Pardo la entrega de las llaves de un vehículo. Posteriormente, circularon capturas de pantalla de una conversación entre Pardo y ese hombre, en la que ambos hablarían en términos pacíficos sobre lo sucedido.

Los mensajes tampoco permiten establecer por sí solos las circunstancias completas del incidente ni las responsabilidades de quienes participaron en la discusión.

El caso generó reacciones en redes sociales luego de que se conociera la denuncia de Jáuregui. La aparición de los registros de seguridad abrió cuestionamientos sobre la versión inicial y sobre la necesidad de que las autoridades determinen la secuencia de los hechos con base en todas las pruebas disponibles.

Esta es la versión de Hasli Jáuregui sobre los hechos: “Manda mis fotos íntimas a mi familia”

Hasli Jáuregui, modelo y creadora de contenido de Onlyfans, denunció que su presunto agresor, Santiago Pardo, compartió material íntimo suyo con integrantes de su familia y sostuvo que los episodios conocidos representan apenas una parte del conflicto. La mujer afirmó que recibió amenazas y que fue blanco de conductas agresivas.

En un mensaje publicado en redes sociales y que se volvió viral, Hasli Jáuregui relató que la persona a la que acusa habría enviado fotografías privadas a integrantes de su entorno, incluida su madre. “Lo que ustedes están viendo no llega ni al 20% de todo lo que pasó”, expresó al referirse a la situación que vivió en un parqueadero de Bogotá.

La joven explicó que produce contenido para la plataforma Onlyfans, actividad que definió como su trabajo. Según su versión, ese público es ajeno a su vida personal. Afirmó que esa circunstancia no autorizaba a otra persona a compartir imágenes fuera de ese ámbito.

“Solo porque trabajo en eso, manda mis fotos íntimas a mi familia, a mi mamá”, señaló. La denunciante manifestó que la situación superó un límite y la calificó como una vulneración de intimidad.

Además de la presunta divulgación del material, Jáuregui dijo que la persona aludida ya había tenido comportamientos “agresivos” y “amenazantes” con ella.

Los comentarios publicados tras la denuncia de Hasli Jáuregui incorporaron versiones no verificadas sobre el episodio. Un usuario afirmó que “él le pegó primero” y sostuvo que el supuesto robo del contenido habría ocurrido con quien sería su pareja sentimental desde hace cinco años. Esa publicación no identificó fuentes ni presentó pruebas.

Otro participante cuestionó una posible reconciliación y escribió que, “en una semana”, ella podría perdonarlo. “En 1 semana ya lo debe haber perdonado, y estará lista para otra tunda más, lamentable, pero cierto”, afirmó el usuario.

Un ciudadano hondureño, identificado de forma preliminar como Edgardo Zúñiga, fue detenido en Nicaragua y entregado a las autoridades de Honduras, acusado de haber atacado a su pareja con un machete en el municipio de El Triunfo. La víctima sufrió heridas de gravedad y recibió atención médica en un hospital de Tegucigalpa.

El caso fue informado por el diario nicaragüense La Prensa, que citó a Televicentro Radio de Choluteca y a autoridades policiales hondureñas. De acuerdo con esa cobertura, el sospechoso cruzó la frontera tras el presunto ataque con el objetivo de evitar la acción de la Justicia.

La captura ocurrió en la comunidad de Asentamiento Los Limones, en Somotillo, departamento de Chinandega. La Policía de Nicaragua localizó al hombre después de un intercambio de información y coordinación con los cuerpos de seguridad de Honduras, según indicó el medio.

El detenido fue trasladado luego a territorio hondureño, donde quedó bajo custodia policial. Las autoridades prevén remitir el expediente al Ministerio Público y a los tribunales competentes, que deberán definir los pasos judiciales del caso.

El comisionado de la Policía de Honduras, José Anariba Martínez, señaló que la mujer fue atacada con un arma blanca y sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario de Tegucigalpa, según recogió La Prensa.

“El ataque dejó a la víctima en condición grave, aunque las heridas no le causaron la muerte”, expresó el jefe policial, citado por el diario nicaragüense. El funcionario está a cargo de la Policía en los departamentos hondureños de Choluteca y Valle.

La información disponible no precisa la fecha exacta de la agresión ni el estado de salud actual de la mujer. Tampoco se difundieron detalles sobre el tipo de lesiones o la eventual intervención de equipos especializados de atención a víctimas de violencia de género.

La investigación se concentra en el hecho ocurrido en El Triunfo, un municipio de Honduras situado cerca de la frontera con Nicaragua. Según la reconstrucción divulgada por las autoridades, Zúñiga abandonó el país después del ataque y se dirigió hacia el territorio nicaragüense.

El hombre fue ubicado antes de que pudiera permanecer prófugo en Nicaragua. La localización derivó de las coordinaciones entre las fuerzas policiales de ambos países, que permitieron identificar su paradero en Somotillo y concretar su arresto.

La Policía afirmó que el detenido tenía antecedentes por hechos similares

Martínez sostuvo que el acusado intentó eludir a las autoridades al atravesar la frontera. “Creyó que no lo alcanzaría la ley, pero la coordinación permitió su detención y el traslado de regreso”, afirmó el jefe policial en declaraciones difundidas por La Prensa.

El funcionario añadió que la víctima no había presentado una denuncia formal al momento de las declaraciones. Aun así, indicó que la Policía actuó a partir de la gravedad del caso y de la información disponible sobre la agresión.

Las autoridades hondureñas también señalaron que Edgardo Zúñiga tendría antecedentes penales vinculados con episodios de violencia contra parejas. De acuerdo con Martínez, el sospechoso habría protagonizado un ataque de características similares hace algún tiempo, entre 15 y 18 años, cuando otra mujer habría resultado herida de gravedad.

Esa referencia forma parte de la información expuesta por la Policía y deberá ser verificada en el marco de las diligencias judiciales. Hasta el momento, no se informaron condenas previas ni causas judiciales específicas relacionadas con esos supuestos antecedentes.

El detenido permanece bajo custodia en Honduras mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía. La causa deberá determinar las circunstancias del ataque, la responsabilidad penal del acusado y las medidas de protección que correspondan para la víctima.

En agosto de 2025, la vida de Carolina Huck fue atacada por su expareja, Mariano Corvalán, quien era un sargento en ese momento. El hombre intentó matarla en Gualeguaychú disparándole con su arma reglamentaria. La Justicia dictó una condena de 10 años de prisión efectiva para el exintegrante de la policía a causa del ataque.

La sentencia se dictó a través de un juicio abreviado, luego de que el exsargento de la Policía de Entre Ríos admitiera su responsabilidad penal por el ataque. El acuerdo evitó la realización del juicio por jurados que estaba previsto para el 21 de septiembre. De haber llegado a esa instancia y resultar declarado culpable, Corvalán podía enfrentar una pena mínima de 14 años de prisión.

El ataque ocurrió el 24 de agosto de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en la zona de Gutenberg y La Rioja. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Corvalán le disparó a Huck con su arma reglamentaria en un contexto de violencia de género. La hija de ambos, de cinco años, habría presenciado el episodio.

Carolina Huck, docente de 31 años al momento del hecho, sobrevivió al ataque, aunque sufrió lesiones de gravedad por el impacto del proyectil, que afectó su columna vertebral. Desde entonces realiza un tratamiento de rehabilitación debido a las secuelas físicas que le dejó el disparo. El caso fue calificado como tentativa de femicidio agravada por violencia de género y por el uso de un arma reglamentaria.

Luego del disparo, Corvalán se comunicó con el Hospital Centenario para solicitar una ambulancia y colaboró con el traslado de Huck. También informó lo ocurrido a la Jefatura Departamental de Policía. Minutos más tarde, cuando un patrullero se aproximaba a la vivienda, el condenado intentó quitarse la vida frente al domicilio. Fue trasladado al hospital, donde permaneció internado hasta recibir el alta médica, y luego quedó detenido.

Durante la investigación, la Fiscalía dispuso pericias balísticas sobre el arma reglamentaria utilizada en el hecho. Los estudios verificaron la aptitud de la pistola y de los proyectiles, mientras que otras medidas buscaron establecer la distancia desde la que se efectuó el disparo. También se ordenaron evaluaciones psicológicas y psiquiátricas al acusado.

El acusado permaneció detenido durante la investigación y su prisión preventiva fue prorrogada en distintas oportunidades. En una de las últimas audiencias, la Justicia extendió la medida por 20 días y ordenó nuevos estudios médicos para evaluar el estado de salud del acusado. El planteo se basaba en un supuesto cuadro depresivo, pero fue rechazado luego de las pericias médicas ordenadas en el expediente.

Horas después de esa decisión, Corvalán prescindió de los servicios de su abogado particular y solicitó ser representado por la defensa pública. El defensor oficial Pablo Ledesma planteó entonces la posibilidad de resolver la causa mediante un juicio abreviado, a cambio de una reducción de la pena.

La alternativa fue trasladada al fiscal Jorge Gutiérrez y al querellante Pablo Di Lollo, quienes prestaron conformidad para avanzar con ese mecanismo procesal. El acuerdo finalmente fue presentado ante el juez Tobías Podestá, que formalizó la condena de cumplimiento efectivo.

Tras la decisión de la fiscalía, el exintegrante de la Policía de Entre Ríos quedó a disposición del sistema penitenciario para cumplir los 10 años de prisión efectiva. Permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú, donde ya se encontraba detenido durante la tramitación de la causa.

Aunque la sentencia cerró el proceso penal sin la intervención del jurado popular, la víctima continúa bajo tratamiento de rehabilitación y recuperación médica por las consecuencias físicas que sufrió tras el disparo. Huck sobrevivió al ataque, pero las lesiones provocadas por el impacto de bala le dejaron secuelas que requieren atención médica.

Tres decisiones judiciales dictadas en las últimas horas en República Dominicana establecieron dos condenas de 20 años de prisión y una medida de prisión preventiva por tres meses contra hombres acusados o hallados culpables de violaciones y agresiones sexuales contra niñas y una adolescente. Los procesos se desarrollaron en Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Azua.

El Ministerio Público informó que las resoluciones respondieron a investigaciones de fiscalías especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. En los tres expedientes, las víctimas son menores de edad, por lo que las autoridades omitieron sus identidades.

Una de las sentencias alcanzó a André Morel de los Santos, condenado a 20 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años en el Distrito Municipal de La Guáyiga, municipio de Pedro Brand.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste emitió el fallo tras valorar las pruebas presentadas por la acusación.

Según la investigación dirigida por el fiscal Joel Pinales, Morel de los Santos aprovechaba las ausencias de la madre de la víctima para cometer los abusos. El expediente establece que los hechos comenzaron cuando la niña tenía cinco años y que el acusado la amenazaba para impedir que relatara lo ocurrido.

En otra decisión, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste impuso 20 años de cárcel a Keidel Valdez por la violación sexual de una adolescente de 13 años en el sector El Café de Herrera. El hecho ocurrió el 9 de enero de 2025, de acuerdo con la acusación.

La Fiscalía señaló que la adolescente acompañó a una amiga a buscar dinero a una vivienda cercana a sus casas. Mientras esperaba, Valdez la obligó a entrar a una habitación, donde cometió la agresión, según consta en el expediente judicial.

La fiscal Rosa Terrero estuvo a cargo de la investigación. Durante el juicio, las fiscales Brenda Reyes y Francheska Alcántara incorporaron un certificado médico forense, una evaluación psicológica y el testimonio de la víctima, que también fue recibido mediante Cámara Gesell.

El Ministerio Público sostuvo que las pruebas demostraron la responsabilidad del condenado y la vulneración de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

El tribunal, presidido por María Cordero del Socorro e integrado por las juezas Clara Joselyn Rivera Franco y Sandra Josefina Cruz, dispuso que Valdez cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

Un acusado en Azua recibió tres meses de prisión preventiva

La tercera resolución fue dictada por un tribunal de Azua, que ordenó tres meses de prisión preventiva contra Manuel Antonio Montilla Encarnación, imputado por violación y agresión sexual contra una niña de 10 años.

La medida fue solicitada por la fiscal Nélia Melo Mejía, responsable de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía de Azua. La jueza Dania Abreu, del Juzgado de Atención Permanente, aceptó el pedido de la acusación al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de que el imputado intentara eludir el proceso.

La investigación comenzó después de que el hermano de la víctima presentara una denuncia ante la fiscalía. Según las autoridades, la niña relató a su cuñada que el acusado, quien mantenía una relación de confianza con su madre, había cometido tocamientos indebidos.

Los estudios practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) respaldaron las afirmaciones de la menor, informó la fiscalía. Montilla Encarnación deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua

Un hombre fue detenido en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, tras agredir a una mujer e incumplir una restricción judicial de acercamiento que pesaba sobre él.

Al verificar sus antecedentes en el sistema policial, las autoridades constataron que el detenido tenía una condena de ejecución condicional y otras medidas restrictivas vigentes. El hombre fue trasladado a una dependencia de la zona y quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

De acuerdo con lo informado por el portal Jujuy al Momento, la actuación puso en marcha el procedimiento previsto ante una denuncia por violencia contra una mujer y una presunta desobediencia a una medida ordenada por la Justicia.

El procedimiento fue realizado por integrantes del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Nº 4, que llevaba adelante recorridos preventivos en un sector de la ciudad. Los efectivos circulaban por la avenida Yuchán cuando advirtieron gritos provenientes de las inmediaciones.

Ante esa situación, la patrulla se dirigió hacia el punto desde donde se escuchaban los pedidos de ayuda. Allí encontró a un hombre y una mujer en una discusión en la vía pública.

La presencia policial se produjo luego de la alerta escuchada durante el patrullaje. De acuerdo con la información proporcionada, el diálogo entre ambas personas se desarrollaba en un contexto de tensión cuando los uniformados llegaron al lugar.

Los agentes entrevistaron a la mujer para recabar los primeros datos del episodio. Durante esa instancia, ella expresó que había sido agredida físicamente momentos antes por el hombre que se encontraba junto a ella.

Además de relatar la agresión denunciada, la mujer comunicó a los efectivos que sobre el sujeto pesaba una medida perimetral de restricción de acercamiento. Estas medidas son resoluciones judiciales que establecen límites de contacto o proximidad entre una persona y otra.

Con los elementos reunidos en el lugar, los efectivos del Cuerpo de Infantería resolvieron demorar al hombre. La medida fue adoptada de forma inmediata y el acusado fue llevado posteriormente a la dependencia policial correspondiente.

Ya en la comisaría, los agentes realizaron la consulta de los datos personales del demorado en el sistema informático institucional. Esa verificación permitió determinar que el hombre registraba una condena de ejecución condicional previa, según la información oficial difundida sobre el caso. La consulta también arrojó la existencia de otras restricciones..

Tras esto, el hombre quedó alojado y a disposición de la fiscalía de turno. La autoridad judicial deberá resolver las medidas que correspondan en función de la denuncia, los antecedentes consignados y la presunta desobediencia a la orden de restricción.

A medidados de agosto, un violento y similar episodio tuvo lugar en una casa de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Según el relato de la damnificada, el hombre la insultó estando afuera de la casa y cuando ella salió con la intención de hablar con él, se produjo la agresión física.

De acuerdo con el reporte deLa Opinión Austral, el hecho ocurrió cerca de las 00:50 en una vivienda ubicada en el barrio Güemes.

Antes de irse del lugar, el agresor comenzó a golpear el vehículo de la mujer, lo que provocó daños materiales.

La intervención judicial quedó vinculada no solo al ataque denunciado sino también al presunto incumplimiento de una orden previa. La restricción de acercamiento había sido dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, resolución que se encontraba en plena vigencia al momento del hecho, de acuerdo con lo difundido por La Opinión Austral.

“Todos vivíamos con la ilusión de que las redes sociales iban a democratizar la participación pública”, recordó Correa. Para explicar aquel momento, mencionó distintos movimientos políticos y sociales que encontraron en las plataformas una herramienta para organizarse y amplificar sus reclamos, entre ellos la Primavera Árabe, el movimiento de los indignados en España, las protestas en Estados Unidos posteriores a la crisis hipotecaria y las campañas feministas internacionales.

La autora también recordó las acciones digitales vinculadas con Malala Yousafzai y con las mujeres árabes que reclamaban el derecho a conducir vehículos. Sobre la activista paquistaní, destacó el papel de las redes en la difusión de las campañas: “Se generaron a través de Twitter muchos hashtags para su liberación”. Sin embargo, ese escenario de participación terminó dando paso, según su análisis, a una dinámica de violencia que afectó especialmente a determinadas mujeres.

“¿Cómo vino después la violencia digital? Un retroceso enorme de las mujeres en las redes”, sostuvo Correa. Y precisó que no se refiere a todas las mujeres con exposición pública, sino especialmente a aquellas que intervienen para defender derechos: “No de cualquier mujer. En general, las mujeres que luchan por los derechos de todos”.

Las amenazas que reciben las mujeres en las redes

Correa sostuvo que existen estudios cualitativos y cuantitativos que analizaron las diferencias entre las agresiones que reciben hombres y mujeres en las plataformas. Entre los casos que mencionó, se refirió a las elecciones presidenciales de Brasil en las que fue elegido Jair Bolsonaro y aseguró que algunas candidatas que habían sido atacadas perdieron posteriormente visibilidad en las redes. “A la semana siguiente dejaban de aparecer en las redes”, afirmó.

También relató experimentos en los que se utilizaron perfiles falsos con identidades masculina y femenina para publicar los mismos mensajes. Según explicó, la reacción de los usuarios era mucho más agresiva cuando el contenido aparecía asociado a una mujer. Para Correa, además, el problema no se encuentra solamente en la cantidad de mensajes hostiles, sino en la naturaleza de las amenazas.

Feminismo, diversidad y discursos de odio

La autora también analizó los ataques contra el feminismo y la diversidad y sostuvo que la violencia digital se concentra especialmente sobre quienes utilizan su exposición pública para cuestionar desigualdades o defender derechos de otras personas.

“Los ataques están exactamente dirigidos por quienes levantan la voz en nombre de otros para defender derechos”, afirmó Correa. En su análisis, esa dinámica puede afectar no solo a quienes reciben las agresiones, sino también a quienes observan las consecuencias de intervenir públicamente en determinadas discusiones.

En ese contexto, vinculó los ataques con discursos que buscan identificar determinados grupos como responsables de distintos problemas sociales. “Busquemos chivos emisarios: los migrantes y el feminismo y la diversidad”, resumió.

Correa también se refirió a las narrativas antiwoke y señaló que algunas campañas pueden responder a estrategias coordinadas, mientras que otras se amplifican mediante el llamado rage bait, contenido diseñado para provocar reacciones. “Alguien empieza y se prenden todos”, explicó.

Frente a este escenario, la escritora rechazó que la respuesta vuelva a limitarse a producir nuevos estudios sobre el fenómeno. “Basta, ya sabemos cómo son las cosas. Estudios, los estudios están, hay que leerlos”, sostuvo. En cambio, propuso avanzar con acciones concretas y construir alianzas entre distintos sectores. “Hay que unir voces”, planteó.

La inteligencia artificial y la concentración del poder

El desarrollo de la inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes de la entrevista. Correa vinculó el avance de estas tecnologías con las mismas preguntas sobre poder y participación que atraviesan su libro y puso el foco en la concentración de las decisiones en un grupo reducido de grandes actores tecnológicos.

“Hoy la inteligencia artificial, que está transformando a la humanidad en este momento, está discutida entre cinco tipos multimillonarios y un poco locos”, afirmó.

Para desarrollar su planteo, recuperó Three Guineas, el ensayo publicado por Virginia Woolf en 1938. Correa recordó que Woolf había sido consultada sobre qué podía hacerse para frenar la guerra y vinculó su respuesta con la necesidad de ampliar el acceso de las mujeres a la educación y a los espacios donde se toman decisiones.

La autora trasladó esa reflexión al presente porque considera que el desarrollo de la inteligencia artificial también está atravesado por cuestiones vinculadas con la guerra. En ese sentido, mencionó las discusiones sobre contratos con el Pentágono y el desarrollo de armas manejadas mediante inteligencia artificial sin intervención humana.

Correa aclaró que su propuesta no consiste simplemente en reemplazar a los hombres por mujeres en los lugares de poder, sino en incorporar a la discusión a aquellas mujeres que ya intervienen públicamente en defensa de derechos. “Cambiaría que las mujeres que son atacadas por defender los derechos de las mujeres levanten la voz”, afirmó.

La autora también mencionó una declaración conjunta que, según contó, reunió a 1.400 empleados, directivos, científicos e ingenieros de OpenAI, Anthropic, Google y DeepMind para pedir una pausa en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

Para Correa, el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial no puede quedar exclusivamente en manos de las compañías que desarrollan estas tecnologías. Considera necesario establecer reglas que trasciendan los intereses particulares de las empresas y tengan alcance internacional.

“Creo que es impensable seguir sin regulación internacional”, sostuvo. Y concluyó: “Hay que tener una regulación global, no puede ser que se estén decidiendo estas cosas entre pocos”.

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La sentencia había sido dictada en septiembre de 2024 por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja. Luego, el Superior Tribunal de Justicia provincial había revisado el caso y confirmado esa decisión.

En su último intento por revertir el fallo, la defensa de Moyano Maldonado elevó un recurso de queja al máximo tribunal. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo desestimaron por inadmisible y cerraron el expediente.

Moyano Maldonado fue hallada culpable de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y daños en concurso real, por hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2023. Según consta en la causa, aquella noche la joven fue hasta la casa de la víctima, Nicolás Gallo, en el barrio Panamericano de la ciudad capital. Lo esperó sentada junto al portón de ingreso. Cuando él llegó, le pidió que se retirara porque la relación había terminado.

La discusión comenzó en la vereda. De acuerdo con la acusación, Moyano Maldonado increpó a su ex pareja, le propinó puñetazos y también lo rasguñó. En medio de la agresión, además, le clavó un picaporte en la cabeza, lo que le provocó una herida en el cuero cabelludo.

Después ingresó a la propiedad. En el garaje había dos cuatriciclos y otros objetos. La joven tomó un bidón con nafta, arrojó combustible sobre los vehículos y prendió fuego el lugar. El incendio destruyó todo el garaje y también dañó una habitación contigua. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de la víctima.

La querella también sostuvo durante el proceso que, al ver que Gallo no respondía a las agresiones, en un momento la joven comenzó a golpearse a sí misma para inculparlo.

Gallo decidió hacer público el caso después de atravesar una relación que describió como violenta. “Me quedaron secuelas que aún provocan miedo, dolor y malestar diario”, dijo en una entrevista con Infobae antes del juicio.

El hombre también relató que el episodio resultó aún más traumático debido a que sus hijos estaban en la casa al momento del incendio. “Mis hijos llegaron a decirme que tenían miedo de quedarse solos con ella en casa. Los dos quedaron muy afectados por lo del incendio, están bajo tratamiento psicológico y les da pánico pensar que se la pueden cruzar en la calle”, había expresado allá por 2024.

Gallo y Moyano Maldonado se conocieron en 2022, cuando se la presentó un amigo que tienen en común durante una cena. Se empezaron a seguir en redes y luego a chatear. Pero recién al año concretaron la primera salida.

“Estaba muy enamorado, aunque sabía que éramos totalmente opuestos. Yo soy muy familiero y ella no tenía una relación cercana con sus padres, estaban bastante distanciados. A ella le gustaba salir de noche e ir a las fiestas electrónicas cuando yo soy una persona muy abocada a mis hijos y mi trabajo. Sin embargo, estaba muy involucrado sentimentalmente con ella y la incluía en todos mis planes”, admitió la víctima.

A pesar de los comentarios negativos que recibía sobre ella por parte de su entorno más cercano, él prefería hacer oídos sordos. “Me alertaron que había tenido problemas de violencia con otros novios, pero yo estaba totalmente cegado”, reconoció el hombre, quien a los pocos meses de formalizar la relación ya había empezado a experimentar situaciones de maltrato verbal.

En los momentos en que Gallo le marcaba sobre ese comportamiento, ella se justificaba diciendo que había tenido una infancia bastante complicada con mucha violencia por parte de sus padres. “A mí me daba lástima, trataba de ser empático y ponerme en su lugar. Pero no me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando”, recordó.

A medida que la relación avanzaba, las denigraciones verbales trascendieron la esfera de la intimidad y se había vuelto recurrente que Florencia lo incomodara delante de sus familiares, hijos, amigos y empleados. Así que cuando él tomó la decisión de dejarla, ella estalló en ira y reaccionó de la peor manera.

Durante el juicio, la defensa cuestionó la validez de los videos incorporados como prueba y planteó que existieron discusiones y agresiones mutuas. También sostuvo que la condena podía ser de ejecución condicional, ya que la imputada no tenía antecedentes.

La jueza Edith Agüero impuso la pena máxima prevista para los delitos por los que fue condenada. Además, ordenó que la mujer realizara tratamiento psicológico durante el tiempo de privación de la libertad, bajo supervisión del Juzgado de Ejecución Penal.

Ahora, la decisión de la Corte Suprema cerró la vía de revisión que había iniciado la defensa y confirmó esa pena de tres años de prisión efectiva.

Horas antes de ser aprehendido, Barrionuevo grabó un video en el que dio su versión de lo ocurrido y negó haberle disparado a Camila. “El día de ayer hubo un imprevisto. Yo no maté a mi novia”, afirmó al comienzo de la grabación que encabeza esta nota.

De acuerdo con su relato, el martes pasado por la tarde, alrededor de las 18.20, se dirigió hasta la casa de la joven para buscar a su perro. Una vez allí, comenzó una discusión con su novia porque, según dijo, ella no quería entregarle al animal. Cuando el padrastro de Camila, Jorge González (35) regresó del trabajo, la situación escaló.

Barrionuevo sostuvo que González intervino en la discusión y lo amenazó. “Me dijo que él era atrevido, que me iba a cagar a tiros”, afirmó. Siempre según su versión, mientras él y Camila estaban en la habitación de la joven, González bajó a la cocina y tomó un objeto. Cuando Barrionuevo salió de la pieza, el hombre se habría abalanzado sobre él.

El acusado aseguró que durante el forcejeo advirtió que González tenía un arma de fuego. “Empezamos a forcejear y se escucharon disparos”, señaló. Según su relato, primero oyó dos detonaciones y luego, cuando Camila pasó cerca de ellos, se produjo una tercera. “Ella pasó por al lado y se ve que le dio un tiro”, continuó.

Tras los disparos, siempre de acuerdo con la versión de Barrionuevo, Camila, que estaba herida y sangraba, bajó las escaleras y se dirigió hacia el portón. Mientras intentaba abrirlo para pedir ayuda, el acusado aseguró que González lo golpeó dos veces con el arma en la cara. “Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos”, dijo. Los golpes que habría recibido, sin embargo, no se ven en el video que grabó.

“Abrí el portón, andate”, aseguró Barrionuevo que le dijo González. Luego, según su relato, salió corriendo del lugar. Una cámara de seguridad de la zona resgistró el momento. “Me fui corriendo en estado de shock, asustado”, añadió. También sostuvo que en ese momento desconocía la gravedad de la herida de su novia.

Barrionuevo afirmó que recién durante la madrugada del miércoles se enteró de que Camila había muerto. “Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella”, expresó. Y sostuvo: “Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”.

Horas después de grabar el video, Barrionuevo fue detenido por la Policía Bonaerense. El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª.

Asimismo, los efectivos aprehendieron a otros dos sospechosos, identificados como “Lobo”, de 28 años, y “Míguez”, de 34, quienes enfrentan cargos por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, ambos habrían ocultado a Barrionuevo durante la noche posterior al femicidio.

La causa continúa en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro. El arma utilizada en el ataque todavía no fue encontrada.

En Argentina hubo 169 víctimas de violencia de género desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2026, según “La Casa del Encuentro”. También se registraron 349 intentos de femicidio. En el monitoreo se contabilizaron 144 femicidios, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados (hombres asesinados por tener relación o querer defender a la mujer que se quería matar o causar dolor) de varones adultos y niños.

El Presidente Javier Milei dijo, ante una pregunta de Luis Majul, que le indicaba que las mujeres en Argentina rechazan sus formas violentas, que su gobierno “pulverizó la violencia contra las mujeres”. Pero la violencia no está pulverizada, sino que las pulverizadas son las víctimas de violencia de género.

La historia de la lucha contra los asesinatos, golpes y maltratos en Argentina tiene un largo recorrido y, aunque haya recortes, no desaparece de un suspiro. En el 2008 se implementó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se asistió a 600 personas durante las vacaciones de invierno. Entre las personas que acudieron a pedir ayuda 357 denunciaron violencia doméstica, un incremento del 8% respecto al mismo lapso del 2025.

Los peritajes arrojaron 491 evaluaciones que son catalogadas de riesgo y ese diagnóstico es un 15% mayor al del año pasado. La alarma puede costar la vida: en el 9% de los casos hubo amenazas de muerte.

Las normas contra la violencia de género no son actuales, sino que tienen casi dos décadas de historia. En el 2009 se aprobó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Se contempla la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. También se admiten las distintas modalidades: domésticas, institucionales, obstétricas, reproductivas y mediáticas.

La legislación se fue aggiornando y se incorporó la violencia política en el 2019 (a través de la Ley 27.533) y el acoso callejero (a través de la Ley 27.501). La Ley Olimpia se sumó en 2023 y contempló la violencia digital.

En el 2012 se tipificó la figura de femicidio, mediante la sanción de la Ley 26.791 que reformó el artículo 80 del Código Penal para que se establezca como un agravante del homicidio. A pesar que Milei, con la palabra “pulverizó” quiere intentar mostrarse como un gobierno de mano dura y dijo que “agarraban de los pelos” a los violentos, las acciones buscaron minimizar las denuncias y suavizar las penas.

En realidad, el gobierno quiso derogar la figura de femicidio, por lo tanto, dejar de castigar particularmente a los asesinos de mujeres. No pudieron hacerlo. Pero la política de la actual gestión es negar la violencia de género, dejar sola a las víctimas y no perseguir a los violentos y abusadores.

El 3 de junio del 2015 el movimiento “Ni Una Menos” comenzó la liberación de la palabra y la cuarta ola feminista. Este año la marcha fue masiva y la discusión pública -que convocó a los varones a ser parte de la discusión- mostró la masividad del reclamo.

La violencia no solo no fue pulverizada, sino que afectó particularmente a las familias. A causa de los femicidios 203 hijos/as se quedaron huérfanos. Pero además, no solo no está bajando, sino que se registran aumentos en la crueldad de las agresiones.

“El Poder Ejecutivo insiste en la disminución de la violencia ignorando las cifras reales y, además, incumple leyes nacionales y convenios internacionales. La “pulverización” de la violencia no es verdadera; lo único real es la falta de gestión y cumplimiento de las leyes vigentes”, señalaron en La Casa del Encuentro.

Por su parte, el informe de agosto del 2026, del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez señala que en lo que va del año hubo 154 femicidios y travesticidios; 154 tentativas de femicidios y 169 infancias que quedaron huérfanas.

No solo la violencia continúa, sino que la indignación social, las marchas y la demanda de las mujeres se ve en las calles. El Observatorio marca que se dieron 160 marchas que exigieron justicia, en todo el país, en 2026.

El Observatorio Lucía Pérez registra las denuncias de violencia de género a través de fuentes oficiales y relevaron que en Mendoza las denuncias por violencia de género aumentaron 8%, en la Provincia de Buenos Aires casi la mitad de los delitos contra las personas son por violencia de género y el 90% de la violencia digital está dirigida contra las mujeres.

Por otra parte, el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA). registra que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, a partir del análisis de los casos publicados en medios de comunicación, se contabilizaron 173 víctimas letales de violencia machista: 142 femicidios directos, 18 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios/transfemicidios.

Una persona muere por violencia de género cada 34 horas y hay un intento de femicidio cada 25 horas. Lo grave es que no se frena a los asesinos potenciales, ni se los agarra de los pelos, sino que pueden actuar con impunidad, ya que el 13,9% de las asesinadas había denunciado antes y pedido una ayuda estatal que no les llegó para salvarles la vida.

Raquel Vivanco, de “Ahora que si nos ven” subraya: “El recrudecimiento de las violencias machistas ocurre en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei profundiza sus ataques contra el feminismo y desmantela políticas públicas fundamentales para prevenir y erradicar la violencia de género. Lejos de ‘pulverizar la violencia’, el gobierno la legitima a través de discursos de odio que desresponsabilizan al Estado y naturalizan las desigualdades”.

Después de que se confirmara la muerte de la víctima, se desplegó un operativo que se extendió en las localidades de Ituzaingó, Merlo y General Rodríguez. En medio de la búsqueda, los investigadores lograron identificarlo mientras circulaba por la intersección de Bolivia y Mercedes, en General Rodríguez.

El procedimiento fue realizado por el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª, que avanzaron sobre la pista construida a partir de testimonios, registros de cámaras e intervenciones telefónicas ordenadas en la causa.

Según indicaron fuentes oficiales de la investigación a Infobae, el análisis de las comunicaciones y de las imágenes resultó clave para establecer el circuito de fuga. De esta manera, la ruta reveló que el joven se había dirigido desde Merlo con destino a Libertad poco después de que cometiera el homicidio.

Con esos elementos, los agentes llevaron adelante cuatro allanamientos en Merlo y luego desplegaron un cerco operativo que terminó con la captura del acusado en la vía pública. Además de la detención de Barrionuevo, la causa derivó en la aprehensión de otros dos hombres acusados de haber colaborado con su ocultamiento y evasión.

Uno de ellos fue identificado como Lobo, de 28 años, señalado por haber resguardado al sospechoso en su vivienda durante la noche posterior al crimen. El segundo de ellos se trata de Míguez, de 34 años, quien quedó vinculado a las mismas maniobras de encubrimiento, de acuerdo con la imputación inicial.

Tras haber sido detenidos, los tres quedaron a disposición de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de Morón. Mientras que Barrionuevo está imputado como presunto autor material del homicidio, los otros dos detenidos enfrentan cargos por encubrimiento.

El pedido de captura se activó ayer, martes 8 de septiembre, después de que el joven fuera señalado como el responsable de la muerte de su novia y las lesiones contra el padrastro de la joven. La balacera que terminó con la vida de la joven ocurrió en la calle Almagro al 2500, ubicada en Ituzaingó.

Luego de que el hecho fuera denunciado al 911, el personal policial encontró a la joven herida de bala en el cuello, tendida en la vía pública. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario, murió poco después. En el caso de su padrastro, quien recibió disparos en las piernas, quedó fuera de peligro.

A partir de los testimonios de testigos y del padrastro de la joven, los investigadores reconstruyeron la secuencia del ataque y señalaron a Barrionuevo como presunto autor. Según esa versión, el sospechoso sacó un arma de fuego de entre la ropa después de que González interviniera para defender a su hijastra.

Mientras que fuentes judiciales indicaron a este medio que en la escena fueron secuestradas tres vainas y dos casquillos de una pistola calibre .380, señalaron que el arma utilizada en el hecho todavía no fue localizada.

En medio de la conmoción por el crimen, Mónica, abuela de Ruth, habló con la prensa en la zona y describió la relación de su nieta con el acusado como conflictiva. “Ella era una chica muy bonita, pero no la dejaba vivir. Era muy celoso”, describió.

“Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así. Porque ellos se piensan que tienen la vida comprada de las chicas, y no es así”, dijo la mujer en declaraciones al canal TN. Asimismo, afirmó que las discusiones entre ambos eran habituales y sostuvo que la joven solía mostrarse afectada por esa situación.

Al recordar a su nieta, Mónica contó que Ruth soñaba con ser modelo, que había retomado sus estudios y que mantenía una vida social activa. También señaló que su padrastro solía acompañarla a castings. “Había empezado de nuevo la escuela, salía a bailar y tenía muchas amistades”, relató.

Actualmente, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro, quienes ordenaron medidas para encontrar el arma empleada en el ataque. Entre las diligencias en curso, se realiza el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para incorporar pruebas al expediente.

Siete años sin justicia, uno de los implicados se encuentre prófugo

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, un hombre llegó hasta el domicilio donde se encontraba María Elena y le arrojó ácido sulfúrico en el rostro y el cuerpo; su madre también resultó con lesiones por la agresión. El señalado como autor intelectual es el exdiputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal, y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, es una de las personas vinculadas a la planeación de la agresión.

Siete años después, el caso continúa atrapado entre amparos, decisiones judiciales, intentos de liberación y una disputa que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Vera Carrizal permanece sujeto al proceso penal, aunque se presume fue excarcelado por “motivos de salud”, conforme a lo acusado por la saxofonista; su hijo Juan Antonio Vera Hernández permanece prófugo de la justicia.

Mientras la justicia mexicana se ha empeñado en retrasar la sentencia para los agresores y dilatar la captura en contra de uno de los implicados, la lucha de María Elena Ríos se ha transformado, desde su sobrevivencia, retomar sus actividades en la música y ser impulsora de la tipificación de violencia ácida a nivel nacional.

Sobrevivir a la violencia sin garantía de justicia

El ataque le provocó quemaduras graves y secuelas físicas que requirieron hospitalizaciones, cirugías y un largo proceso de rehabilitación. Durante los primeros meses también enfrentó dificultades para recibir atención médica especializada. Su propio testimonio ha documentado cómo las condiciones hospitalarias complicaron su recuperación y cómo posteriormente tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México.

En medio de su recuperación física y psicológica, la saxofonista ha tenido que enfrentar otra batalla: la judicial. Desde los primeros meses, María Elena cuestionó la lentitud de las investigaciones y señaló que, pese a la información disponible, el presunto autor intelectual permanecía sin ser detenido.

En marzo de 2020, cuando apenas habían transcurrido seis meses del ataque, consiguió volver a tocar el saxofón públicamente. Aquella presentación junto a Ximena Sariñana se convirtió en una de las primeras imágenes de una mujer que intentaba recuperar una parte de su vida mientras su cuerpo seguía en rehabilitación.

Su regreso a la música se convirtió en el reflejo de la lucha por hacerle frente a uno de los principales temores tras el ataque a su persona, ya que la agresión con ácido puso en riesgo su movilidad.

El peso del poder que entorpece el proceso

Aunque Juan Antonio Vera Carrizal se entregó en 2020 y quedó sujeto a proceso, su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, sigue prófugo, pese al eco mediático que ha tenido el caso debido a la movilización de María Elena; actualmente, el hijo del priista mantiene una orden de aprehensión vigente, por lo que se ha emitido una ficha de búsqueda, sin que hasta el momento las autoridades hayan mostrado avances para dar con su paradero.

En agosto de 2024, un tribunal absolvió a Vera Carrizal y ordenó su liberación, decisión que posteriormente fue cuestionada y quedó sometida a nuevas impugnaciones. En diciembre de ese mismo año, María Elena denunció que el exdiputado había sido trasladado de prisión a un hospital sin que ella hubiera sido notificada, excarcelado por presuntos motivos de salud, sin que hasta la fecha se tenga evidencia de su paradero.

En mayo de 2026, la Suprema Corte rechazó inicialmente atraer los amparos relacionados con el proceso de Vera Carrizal. La decisión fue recibida por María Elena como una nueva derrota institucional y como evidencia de que el sistema de justicia no había respondido a su demanda. Días después, el proceso volvió a cambiar de rumbo y la Corte intervino para frenar un nuevo intento de liberación, dejando nuevamente abierta la ruta judicial.

En breves puntos, la cronología del caso deja claro cómo la impunidad ha permeado y se interpone para lograr que la sobreviviente obtenga justicia:

• 9 de septiembre de 2019: María Elena Ríos sobrevive al ataque con ácido sulfúrico en Oaxaca.
• 2020: Juan Antonio Vera Carrizal se entrega y queda sujeto a proceso.
• 2021: la Fiscalía de Oaxaca emite una ficha de búsqueda contra Juan Antonio Vera Hernández.
• 2023: María Elena impulsa junto con legisladoras la iniciativa conocida como Ley Malena.
• 2024: Vera Carrizal es absuelto en primera instancia, en una resolución posteriormente impugnada.
• 2026: la Suprema Corte entra y sale del caso mediante distintas decisiones sobre los amparos, mientras la posibilidad de una liberación vuelve a generar alarma.

Siete años que no solo se traducen en impunidad, sino que deja a la vista la lucha de la activista para que el caso no quede en el olvido, además de exigir que su caso sea investigado y juzgado con perspectiva de género.

María Elena se convirtió en impulsora de la Ley Malena

Su lucha ha impulsado que el concepto de violencia ácida sea reconocido en la legislación; en 2023 presentó junto con legisladoras de la Ciudad de México la iniciativa conocida como Ley Malena, cuyo propósito es reconocer y sancionar específicamente las agresiones cometidas con ácidos, sustancias químicas o corrosivas.

En febrero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Malena, la legislación incorporó la violencia ácida como una forma específica de violencia y estableció sanciones que pueden llegar hasta 46 años de prisión en determinados supuestos.

El cambio es relevante porque durante años este tipo de agresiones podían ser procesadas principalmente como lesiones, pese a que en muchos casos tenían como finalidad destruir el cuerpo de una mujer y, en determinados contextos, matarla.

Esa lucha tampoco quedó limitada a la Ciudad de México. La llamada Ley Malena se convirtió en una referencia para otros congresos estatales, hasta la fecha se tiene registro del avance en por lo menos 13 estados, en ellos: Puebla, Ciudad de México, Baja California. Oaxaca, Guerrero, Colima, Veracruz y Campeche.

Ya no es solamente Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que cinco hombres intentaron matar. Es también Malena, la de la Ley Malena: la mujer que convirtió su experiencia en una herramienta para acompañar a otras víctimas, denunciar nuevas agresiones y exigir respuestas institucionales.

En las imágenes —registradas este martes pasadas las 18.50— se observa a un hombre vestido con ropa deportiva corriendo por la vereda de la calle Almagro al 2500. Esa secuencia de pocos segundos, que ahora encabeza esta nota, es lo último que se vio de Barrionuevo, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Mientras continúa el operativo para localizarlo, una tía del sospechoso habló públicamente y le pidió que se entregue. En diálogo con TN, la mujer contó que tenía una relación cercana con la víctima y que incluso había estado con ella el día anterior al crimen.

“Nosotros queríamos mucho a Camila. Yo un día antes estuve con ella. Estuvimos haciendo un TikTok. Nosotros la queremos mucho. Yo no sé qué pasó”, sostuvo.

Según su relato, los jóvenes mantenían una relación conflictiva. “Eran una pareja muy tóxica que se vivían peleando. Ella venía, él venía, él se iba para allá, ella venía para acá”, afirmó.

La mujer también reclamó que su sobrino se presente ante las autoridades. “Que se entregue a la Policía. Yo quiero que él se entregue directamente porque no se puede estar así”, expresó.

Además, explicó que desde que Barrionuevo está prófugo la Policía concurre reiteradamente a su domicilio y manifestó preocupación porque allí viven menores. “Cada cinco minutos viene la Policía, nos está pateando la puerta o vienen familiares de ella. Yo tengo menores adentro también, que no tienen nada que ver”, señaló.

Por último, aseguró que colaborará con los investigadores si el joven intenta contactarla o regresar a su casa. “Que se queden tranquilos, que de mi parte, si viene él, yo lo voy a entregar a la Policía”, afirmó.

El crimen de Camila

El crimen ocurrió este martes en una vivienda de la calle Almagro al 2500, en Ituzaingó. Personal de la comisaría 4ª de la Policía Bonaerense llegó al lugar luego de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio de violencia doméstica.

Al arribar, los efectivos encontraron a Ruth Camila Marful Castro tendida en la vía pública con una herida de arma de fuego en el cuello. Su padrastro, Jorge González también había sido baleado y presentaba heridas en ambas piernas.

Camila fue trasladada de urgencia en un patrullero al Hospital del Bicentenario, donde finalmente murió como consecuencia del disparo.

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, el ataque ocurrió en medio de una discusión entre Camila y Barrionuevo. González intervino para defender a su hijastra y, en ese momento, el joven habría extraído un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar. Luego escapó.

En la escena, los peritos levantaron tres vainas y dos casquillos correspondientes a una pistola calibre .380. El arma utilizada en el ataque todavía no fue encontrada.

La abuela de Camila contó a Infobae que Barrionuevo era “muy tóxico” y “muy celoso” con su nieta. “Ella era una chica muy bonita, pero no la dejaba vivir. Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así”, había relatado.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro, quienes dispusieron una serie de medidas para localizar al sospechoso y encontrar el arma utilizada en el ataque.

Un brutal y trágico ataque por celos ocurrió este martes en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde Elías Barrionuevo, un joven de apenas 19 años, asesinó a su pareja, Ruth Camila Marful Castro (18) en medio de una discusión. En ese contexto, el asesino también baleó a su suegro y luego se dio a la fuga.

“Él es muy tóxico hacia ella, no la dejaba vivir”, reconoció este miércoles Mónica, abuela de la víctima, durante una entrevista televisiva.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el aberrante hecho ocurrió sobre la calle Almagro al 2500, a donde personal de la comisaría 4ª de Ituzaingó de la Policía Bonaerense se desplazó luego de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio de violencia doméstica.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron que Ruth estaba tendida en la vía pública con una herida de arma de fuego a la altura del cuello, mientras que su padrastro, identificado como Jorge González (35), fue hallado con balazos en ambas piernas.

Ante ese apremiante escenario, la joven fue trasladada de urgencia en un patrullero hasta el Hospital del Bicentenario local, donde finalmente falleció a raíz de la grave herida que sufrió al ser atacada por su pareja.

Tras recabar testimonios de testigos y del padrastro de la víctima, los investigadores pudieron saber que el ataque había sido perpetrado por Barrionuevo, quien extrajo un arma de fuego de entre sus ropas luego de que González interviniera en defensa de su hijastra.

Según confiaron fuentes judiciales a este medio, en el lugar del hecho se levantaron tres vainas y dos casquillos correspondientes a una pistola calibre .380. Por el momento, el arma homicida no fue encontrada.

Mónica, abuela de Ruth, habló esta mañana con los medios de prensa que buscaban testimonios de testigos en la zona del hecho y aseguró que presunto asesino era “muy tóxico” con su nieta.

“Ella era una chica muy bonita, pero no la dejaba vivir. Era muy celoso. Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así. Porque ellos se piensan que tienen la vida comprada de las chicas, y no es así”, planteó la mujer durante una charla con el canal de noticias TN.

Después, la abuela de la víctima sostuvo que eran frecuentes las discusiones entre Ruth y el presunto asesino, por lo cual la joven siempre lucía “enojada”.

Al final del reportaje, Mónica contó que Ruth soñaba con ser modelo y su padrastro siempre se encargaba de llevarla a los castings. “También había empezado de nuevo la escuela, salía a bailar y tenía muchas amistades”, concluyó.

El caso quedó en manos de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, cuyos titulares, los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro, dispusieron una serie de medidas para dar con el sospechoso y hallar el arma con la que mató a su pareja e hirió a su suegro. En ese sentido, ya se están relevando las cámaras de seguridad de la zona en busca de pruebas de interés para la causa.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a cuatro hombres, de entre 44 y 53 años, acusados de participar presuntamente en agresiones sexuales contra la expareja de uno de ellos. El hombre de 51 años, expareja de la víctima, también fue arrestado por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

La investigación comenzó el 11 de agosto, cuando la mujer acudió a una comisaría para pedir asesoramiento por episodios de acoso, amenazas y agresiones sexuales que, según denunció, sufrió durante la relación, según informa la agencia EFE.

Tras recibir atención de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima formalizó la denuncia. Relató que su expareja la obligó en varias ocasiones, bajo amenazas y violencia física, a mantener relaciones sexuales con él, con el hermano de este y con dos amigos.

Según fuentes policiales, el principal investigado presuntamente grababa los encuentros con su teléfono móvil sin consentimiento de la mujer y la amenazaba con difundir las imágenes si se negaba a sus exigencias.

Los agentes localizaron primero a la expareja de la víctima, de 51 años, a quien atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Más tarde identificaron y detuvieron a los otros tres sospechosos, investigados por un presunto delito de agresión sexual.

Crecen los delitos contra la libertad sexual en 2026

Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de 2026, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 1,1% sobre 2025, pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024).

Los delitos contra la libertad sexual con penetración han crecido en esos primeros tres meses del año un 3,8% respecto de 2025, un dato que coincide con una mayor disposición de las víctimas a denunciar tras años de campañas de concienciación y de menor tolerancia social frente a estas violencias, tal y como indica el informe de Interior. Las autoridades advierten que esa tendencia puede reflejar, al menos en parte, una reducción de la infradenuncia histórica en este tipo de delitos: más víctimas recurren a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ponen los casos en conocimiento de la Justicia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

(Con información de EFE)

Camila González Arias tenía 17 años cuando murió a golpes en La Habana, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 29 años. El caso, verificado este lunes por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), elevó a 51 la cifra de feminicidios documentados en Cuba durante 2026, una marca que ya supera el total registrado en todo 2025.

Camila cursaba segundo año de preuniversitario y vivía en el barrio de Lawton con su abuela y su hermana menor, de 12 años. Su madre y su abuela atraviesan problemas de salud, según información recopilada por el observatorio, y la adolescente colaboraba en las tareas del hogar y en el cuidado de su hermana.

El 21 de junio, Camila asistió a una fiesta en una piscina junto a Carlos A., de 29 años, identificado por fuentes familiares como su pareja. Posteriormente, ambos se dirigieron a la vivienda de él, situada en el barrio de La Palma, municipio de Arroyo Naranjo, donde la adolescente habría sido asesinada a golpes.

Según los datos reunidos por OGAT, fue la madre del presunto agresor quien llamó a la policía tras intentar detener la agresión, en la que también resultó golpeada. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, Camila ya había muerto. El hombre fue detenido en las horas posteriores al hecho.

El crimen permaneció prácticamente en silencio fuera del círculo familiar. Solo dos días después, algunos allegados publicaron mensajes de despedida en Facebook. El observatorio describió como “prolongado y difícil” el proceso de verificación que le permitió incorporar el caso a su registro.

Con la inclusión de Camila, OGAT contabiliza 51 feminicidios en Cuba en lo que va de 2026, además de 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia de género. La adolescente es, además, la quinta niña o adolescente registrada como víctima de este tipo de violencia en el país durante el año, después de Katherine, de 14 años; Gabriela , de 7; Camila, de 12, y Merlin, de 17.

La diferencia de edad entre Camila y su presunta pareja, de 29 años, ocupa un lugar central en el análisis del observatorio. OGAT señaló que ese dato “no puede convertirse en una nota al margen” y advirtió sobre la normalización histórica en Cuba de relaciones entre adolescentes y hombres adultos, vínculos que calificó de “profundamente desiguales”.

Según fuentes familiares consultadas por el observatorio, ninguna institución del régimen se ha acercado hasta el momento a la familia de Camila para conocer su situación tras el crimen ni ha brindado acompañamiento a su hermana menor.

Uniones tempranas frecuentes

Un análisis de Alas Tensas sobre maternidad adolescente, basado en el Anuario Demográfico de Cuba de 2024, documentó que nacieron 11,962 bebés de madres menores de 20 años en el país. Entre las madres de 15 a 19 años, apenas el 12.05% de los padres pertenecía a ese mismo grupo etario, mientras que el 65.25% tenía 20 años o más.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha manifestado en informes previos su preocupación por la prevalencia de uniones de hecho antes de los 18 años en Cuba y por los efectos de esa práctica sobre la educación, la salud y la autonomía de las niñas.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, de carácter oficialista, reportó para 2025 un total de 49 mujeres de 15 años o más víctimas de asesinatos por razones de género, contabilizadas según el momento en que sus casos fueron juzgados, no según la fecha del crimen. Ese sistema no incluye un listado nominal público con nombre, fecha y circunstancias de cada víctima.

El Informe Anual de OGAT sobre 2025 había documentado inicialmente 48 feminicidios, cifra actualizada a 49 en agosto de 2026 tras la verificación tardía de un caso adicional. El mismo informe detalló que 40 de esos crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, y que en 46 de los 49 casos el agresor era una persona conocida por la víctima. OGAT calificó estas cifras como un subregistro, dadas las dificultades para acceder a información policial, judicial y forense en el país.

En el filme, Peterson encarna a Gladys McDonald, la esposa del asesino. La actriz repasó junto a Maru Duffard el proceso de construcción de su personaje, el trabajo del elenco y las reflexiones que la película despierta sobre la violencia de género. En la charla con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Facundo Kablan y Fede Mayol, la actriz definió a la producción como un espejo social. “A mí lo que me interesa, pensando ahora que ya se estrenó la película y que hay mucha evolución, gente que sabía lo que había pasado, muchos que nos olvidamos lo terrible que fue, es como este espejo que nos pone la película en frente”, explicó. Agregó que se trata de “un espejo” con distintos ángulos, capaz de mostrar “más y mejor” la realidad social atravesada desde entonces.

Duffard aportó su experiencia al ver la película con motivo de la entrevista, dado que había nacido en 1984 y no tenía un recuerdo acabado del caso. Ambas coincidieron en la relevancia del apodo con el que se conoció a Barreda en la época. “Ese apodo del Conchita, que de alguna manera justificaba la masacre”, señaló Duffard, quien vinculó ese insulto con el quiebre del rol de proveedor que el propio Barreda reivindicaba como justificación de sus actos.

Peterson fue categórica al descartar cualquier justificación posible para el crimen. “Para donde sigas no hay justificación. ¿Cuál? ¿Qué violencia? La violencia que ejercían. Entonces, ¿la matás? No hay justificación”, sostuvo, en referencia a los argumentos que en su momento circularon para explicar el hecho.

La actriz relató además la repercusión internacional que generó el estreno de la película, disponible en 240 países. “Me escriben de España y me dicen: ‘¿Pero qué es Conchita?’. Es un nombre. Acá todas se llaman así”, contó, y remarcó que ese desconocimiento del insulto en otros países hace aún más difícil comprender que ese apodo haya derivado en el asesinato de cuatro mujeres.

Sobre el aporte del cine para reconstruir historias, Peterson explicó por qué considera que la película logra un efecto profundo en el espectador. “Yo puedo reconocer perfectamente el momento en que tu hija se va a casar, el momento en que uno se recibe, en que dos hermanas se despiden. A mí esa parte de la película me destroza el alma, porque vos no sabés cuándo va a ser el último día, tus últimos momentos con tu hermana”, relató, en referencia a las actuaciones de Margarita Páez y Maite Lanata en el papel de las hijas del matrimonio.

La actriz también se refirió a una escena particular protagonizada por Luis Machín, en el papel de Barreda, en la que su hija le pide un objeto personal y él se lo niega. “Es tan miserable que no se lo da”, describió, y valoró el trabajo actoral de su compañero de elenco: “Terminás odiando a Luis Machín, que no hay manera de odiarlo. Yo decía: ¿cómo actuó esto? Yo no creo”.

Peterson explicó también algunos aspectos de la vida cotidiana de su personaje que no llegaron a mostrarse en la película por cuestiones de tiempo. “Ella era odontóloga también, pero se dedicó a su familia y tomaba los turnos. Anotaba los turnos, sabía que atendía, llamaba a la gente, hasta le hacía algunas cosas si venía con urgencias a atenderse”, detalló sobre Gladys.

La conversación abordó también la manera en que la película pone el foco en las víctimas por sobre el victimario, algo que consideraron poco habitual en el tratamiento de casos de violencia. “Se escucha más la voz de las víctimas, algo que no siempre pasa. Y en este caso ves el costado más de las víctimas”, señaló Facundo Kablan, a lo que Peterson agregó: “Las ves vivas, las ves deseando”. Y señala que Barreda “odiaba verlas felices”.

Peterson destacó también el trabajo de la directora del filme, Daniela Goggi, y de la productora About. “Sabe muchísimo y nos hizo confiar en su mirada, porque ella tenía clarísimo cómo la iba a contar. La película tiene una edición fabulosa, el vestuario, el maquillaje de época, toda esta recreación”, enumeró.

La actriz también hizo referencia a las manifestaciones que rodearon el juicio a Barreda en su momento, con estampitas y consignas de apoyo hacia el condenado. “En la puerta de los tribunales, mientras había estampitas, había mujeres, había movimientos feministas que hicieron un montón de cosas. Pero solo era la cámara a Barreda, que era como un actor berreta”, describió.

Sobre el rol de las redes sociales en la actualidad, Peterson advirtió sobre los riesgos de construir figuras públicas a través de plataformas digitales, tal como ocurrió mediáticamente con Barreda en su momento. “Construyeron un personaje en aquel momento. Bueno, pasaba con el rating de la televisión. Ahora los algoritmos y todo ese mundo de red social. Ojalá que los jóvenes puedan construir de otra manera su vida y no a través de redes”, expresó.

Bill Steven Barrios Ortega fue condenado a 44 años de prisión por el feminicidio agravado de la auxiliar de enfermería Angie Tatiana Ortiz Acevedo, hallada sin vida el 10 de abril de 2025 en el apartamento que compartía con él en Floridablanca, Santander.

La sentencia descartó que la joven hubiera muerto por ingerir medicamentos y acogió las pruebas que establecieron estrangulamiento y trauma abdominal como causas del fallecimiento. La jueza segunda Penal del Circuito de Bucaramanga impuso una pena de 528 meses al ciudadano venezolano de 24 años.

La investigación cambió de rumbo tras los análisis de Medicina Legal y la revisión de las cámaras de seguridad del conjunto residencial Abadías, ubicado en Floridablanca, municipio del área metropolitana de Bucaramanga. Según la Fiscalía General de la Nación, los elementos recopilados desvirtuaron la versión inicial presentada por el condenado. Además, el fallo también lo declaró responsable por ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, conductas agravadas de acuerdo con las circunstancias examinadas durante el proceso judicial.

La versión de un supuesto suicidio fue descartada

Angie Tatiana Ortiz tenía 25 años. Tras su muerte, Barrios Ortega indicó a las autoridades que ella había ingerido una alta dosis de medicamentos para quitarse la vida. El procesado sostuvo que había recibido un mensaje de WhatsApp en el que la joven se despedía de él y de sus familiares.

“Recibí un mensaje de despedida, palabras de agradecimiento y gratitud hacia toda la familia”, manifestó entonces ante la Fiscalía.

También afirmó que regresó al apartamento cerca de las 8.00 p. m., y encontró a Ortiz sin signos vitales sobre la cama. Según la información entregada, aportó los pastilleros de la víctima y planteó que ella los habría usado para provocar su propia muerte.

Esa versión fue contrastada con el examen toxicológico realizado por Medicina Legal, que no detectó la ingesta de medicamentos psiquiátricos por parte de la joven el día de los hechos. La necropsia concluyó que la muerte fue violenta; el informe estableció que la causa fue asfixia mecánica por estrangulamiento, junto con lesiones y trauma abdominal.

La Fiscalía indicó que las marcas en el cuello eran compatibles con una compresión directa con manos humanas. “La causa básica de muerte corresponde a estrangulamiento manual”, señaló el ente acusador.

La hora de muerte y los registros del conjunto

La prueba técnico-científica situó el fallecimiento de Angie Tatiana Ortiz Acevedo alrededor de las 2:00 p. m, con una estimación cercana a las 2:18 p. m. Ese dato fue comparado con los movimientos registrados por las cámaras de seguridad del conjunto residencial.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en el juicio, la hermana de Bill Steven Barrios Ortega salió del apartamento aproximadamente a las 8.09 a. m. El condenado abandonó el inmueble cerca de las 8.56 a. m.

A las 1.16 p. m., la víctima recibió un domicilio en la puerta de su vivienda. Las cámaras registraron que Barrios Ortega volvió al lugar a las 1.52 p. m., cuando Ortiz Acevedo todavía estaba con vida. El procesado manifestó que regresó para almorzar. Sin embargo, la Fiscalía expuso que otros elementos investigativos indicaban que él habitualmente almorzaba fuera del apartamento.

Hacia las 2:40 p. m., las grabaciones captaron a Barrios Ortega cuando salía del edificio con traje quirúrgico, gorro y elementos para cubrir sus zapatos. Según la Fiscalía, ese registro coincidía con la franja horaria establecida por Medicina Legal para la muerte de la joven.

El condenado no regresó al apartamento sino hasta aproximadamente las 8:20 p. m. Para la Fiscalía, la secuencia evidenció que Barrios Ortega fue la última persona vista ingresando al inmueble mientras la víctima se encontraba con vida.

La fical encargada del caso sostuvo durante la audiencia que la última persona que vio ingresar al apartamento fue al implicado. La funcionaria añadió que los videos y las contradicciones detectadas en los testimonios permitieron establecer que la escena fue presentada de forma manipulada.

El celular y los elementos alterados en la escena

El proceso no se limitó a establecer la causa de la muerte. La Fiscalía también presentó pruebas sobre actuaciones posteriores que, según sostuvo, buscaron orientar la investigación hacia una hipótesis de suicidio.

Uno de los elementos examinados fue el teléfono celular de Angie Tatiana. Desde ese aparato se enviaron mensajes que pretendían hacer creer que ella había decidido terminar con su vida.

Los investigadores establecieron que esas comunicaciones habrían sido enviadas desde lugares externos al apartamento. Ese hallazgo fue incluido dentro de la acusación por ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios.

La Fiscalía también señaló que el cuerpo de la joven había sido bañado. Barrios Ortega afirmó que el cabello húmedo se debía al derramamiento de alcohol mientras intentaba reanimarla.

La explicación no desvirtuó las conclusiones médico-legales ni los demás elementos presentados durante el juicio. La jueza consideró acreditadas las circunstancias que sustentaron la responsabilidad penal del acusado.

Según la Fiscalía, contrario a lo afirmado por el sentenciado, la víctima no se quitó la vida ingiriendo medicamentos. La entidad indicó que los análisis forenses y las cámaras ubicadas en el lugar del crimen vincularon a Barrios Ortega con el asesinato.

La sentencia por feminicidio agravado

Un fiscal de la Seccional Santander imputó a Barrios Ortega por feminicidio agravado y ocultamiento y alteración de pruebas agravado. Durante el juicio fueron presentados los informes de Medicina Legal, los videos del conjunto residencial y los análisis de los dispositivos de comunicación.

Para establecer el feminicidio agravado, la jueza tuvo en cuenta la relación sentimental que existía entre la víctima y el condenado, además de la condición de vulnerabilidad de Ortiz Acevedo.

La sentencia fijó una pena de 528 meses de prisión, equivalentes a 44 años. La condena deberá cumplirse en un centro de reclusión, por decisión judicial.

Cuba registró 50 feminicidios verificados en 2026 antes de que avanzara el noveno mes del año. La cifra ya superó los 48 documentados en todo 2025 y volvió a poner el foco en la violencia machista, la situación de los hijos de las víctimas y las dudas sobre la seguridad penitenciaria tras uno de los crímenes más recientes.

Según el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas, además de esos casos confirmados este año hubo 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por motivos de género. La organización también investiga 15 posibles feminicidios y 20 intentos denunciados en 2026.

El caso más reciente ocurrió el 4 de septiembre en Sabana, La Caoba, cerca de El Cobre, en Santiago de Cuba. La víctima fue Yadelaine Roque Torres, de 25 años, asesinada frente a la puerta de su vivienda.

El crimen de Yadelaine Roque Torres

El presunto agresor fue su expareja, que había escapado de una prisión y llegó hasta la casa de la joven. Después de cometer el crimen, se suicidó, de acuerdo con la verificación realizada por el Observatorio tras un reporte publicado en Facebook por el periodista exiliado Yosmany Mayeta.

La hija de Yadelaine, de cinco años y nacida de una relación anterior, quedó huérfana de madre. La niña además presenció la muerte violenta.

El impacto en los hijos de las víctimas

Ese impacto sobre los hijos de las víctimas fue descrito por la jurista cubana Maylin Fernández Suris en declaraciones citadas por Diario de Cuba. “Cuando un hombre mata a la madre de un niño, puede destruir al mismo tiempo la organización familiar que sostenía su vida cotidiana. El menor pierde afectos, cuidados e ingresos; puede cambiar de vivienda o de escuela, puede separarse de hermanos, puede trasladarse al hogar de unos abuelos que no poseen recursos suficientes; en casos extremos, puede quedar al cuidado de instituciones estatales”, explicó.

Fernández Suris sostuvo además que “la orfandad provocada por un feminicidio no es ordinaria”. La especialista remarcó que no se trata solo de la pérdida de la madre, sino de una ruptura que altera de manera simultánea la red material y afectiva de los menores.

Como recordó el medio, el proyecto Casa Palanca entrevistó en 2024 a ocho familias de víctimas mortales de violencia machista en Cuba. En seis de esos hogares había algún integrante que recibía una pensión por viudez u orfandad, pero todas las familias denunciaron la falta de acompañamiento psicológico sistemático.

Otro caso confirmado y los que siguen bajo investigación

El otro feminicidio confirmado por el Observatorio fue el de Bertha Veitia López, una mujer de 64 años. El crimen ocurrió el 26 de agosto en Nuevitas, Camagüey.

En el caso de Bertha Veitia López, el sospechoso es un supuesto conocido que permanece bajo custodia policial. Su cuerpo fue hallado en un platanal en condiciones que, según el Observatorio, “muestran una gran crueldad y misoginia”.

El registro independiente que elabora OGAT busca cubrir la falta de información oficial sobre este tipo de crímenes en la isla. Para 2025, además de los 48 feminicidios ya documentados, la organización mantiene bajo investigación 12 posibles casos, cinco hechos que podrían constituir tentativas y el asesinato de un hombre probablemente vinculado a motivos de género.

En diálogo con los medios en la puerta de la vivienda donde ocurrió el femicidio, Ernesto, hijo de la víctima y del acusado, reconstruyó cómo descubrió el crimen. “Mi papá me llamó y me dijo: ‘Se nos fue la vieja’”, recordó.

Según contó, el domingo al mediodía había salido a pasear con su hija y su sobrina. Tras recibir el llamado, regresó inmediatamente al domicilio ubicado sobre la calle Asunción al 2400, entre Operativo Cóndor y Dalton, en el partido bonaerense de Merlo.

“Cuando entré a la habitación vi a mi mamá con un corte en el cuello bien calculado”, relató. Dijo que no llegó a tomarle el pulso porque vio un gran charco de sangre que ya estaba coagulado y entendió que había muerto.

Ante la escena, llevó a su hija y a su sobrina a la casa de un vecino. Luego regresó a la vivienda y advirtió un detalle que, según dijo, no había visto al entrar por primera vez a la habitación: “El cuchillo estaba cerca de la mano de mi mamá”.

Ernesto aseguró que el arma blanca no estaba allí cuando encontró el cuerpo y deslizó sus sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido mientras él estuvo afuera de la casa. Según su hipótesis, su padre pudo haber colocado el cuchillo junto a la víctima para intentar sostener que había sido atacado por ella.

“Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano”, fue otra de las explicaciones que, según Ernesto, le dio su padre. También sostuvo que Tesio tenía lesiones en el pecho y en un brazo. “Mi papá dice que mi mamá lo atacó y que él se defendió”, contó.

Sin embargo, Ernesto puso en duda esa versión. “No puede ser que los cortes se los haya hecho mi madre. Para mí se autolesionó”, afirmó.

De acuerdo con su relato, después de contarle lo que había ocurrido, Tesio se acostó en una cama y le pidió que llamara a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el acusado fue detenido. “Yo calculo que fue premeditado”, expresó el hijo de la víctima, aunque hasta el momento esa hipótesis no fue confirmada por los investigadores.

Ernesto también habló sobre los antecedentes de violencia en la relación de sus padres. Según contó, durante años hubo episodios de agresiones físicas, aunque aseguró que en el último tiempo esas situaciones habían cesado. “Discutían por pavadas nada más”, indicó.

El hombre señaló que, pese a haber atravesado situaciones de violencia durante su infancia, en los últimos años había decidido volver a vivir con sus padres. “Incluso me había amigado con mi mamá y había aceptado que él era mi padre”, agregó.

Sobre la relación entre ambos, Ernesto sostuvo que su madre era manipulada psicológicamente por su marido. “El tipo le hacía una psicológica y se hartaba”, dijo. También señaló que ella no le tenía miedo y que en algunas oportunidades respondía a las agresiones. “A veces ella empezaba con las agresiones físicas, pero era para defenderse”, sostuvo. Según su hijo, Mina nunca había denunciado a Tesio.

“Mi papá es un psicópata”, sentenció Ernesto. Además, lo describió como “un tano loco” con quien había logrado recomponer el vínculo en los últimos años. “Yo estoy como se puede”, expresó. Y agregó: “Todo fue una sorpresa”. Finalmente, dijo que espera que se haga justicia por su madre.

El caso

El crimen ocurrió este domingo al mediodía en una vivienda de Merlo. Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 6ª de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, donde encontraron a Silvia Beatriz Mina sin vida y detuvieron a Tesio.

Debido a las lesiones que presentaba, el acusado fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.

La investigación está a cargo de la UFI N°11 de Morón, especializada en violencia familiar y de género. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo (femicidio) y Tesio será indagado en las próximas horas.

Los efectivos fueron convocados por la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el inicio de la investigación busca reconstruir qué ocurrió durante la madrugada del martes 4 de agosto en el departamento del ex diputado.

Las nuevas testimoniales cobran relevancia porque la actuación policial durante aquellas primeras horas quedó en el centro de una de las principales controversias del expediente. Tanto Moyano como posteriormente Arizaga cuestionaron la versión de uno de los agentes que intervino en el procedimiento.

De acuerdo con el sumario inicial, un oficial inspector sostuvo que interceptó a Arizaga mientras corría por la vía pública descalza y en estado de excitación. Según declaró luego ante la fiscalía, la joven le manifestó que Moyano la había golpeado y que la mantenía encerrada contra su voluntad. El efectivo ratificó esa versión cuando fue citado como testigo el 18 de agosto.

Otros dos policías que declararon ese mismo día dieron cuenta de una situación diferente. La agente que acompañó a Arizaga durante su traslado al Hospital Pirovano y la oficial que la entrevistó durante su internación aseguraron que la joven no les manifestó haber sido víctima de violencia ni haber estado privada de su libertad.

Moyano, por su parte, apuntó públicamente contra uno de los policías que intervino aquella madrugada y lo acusó de haber “inventado” el relato que derivó en su detención. “Yo lo que estoy afirmando es que mintió”, sostuvo el ex diputado en una entrevista televisiva. Además, aseguró que el efectivo lo golpeó durante el procedimiento con la intención de provocar una reacción.

La propia Arizaga también cuestionó posteriormente la versión policial. Cuando volvió a presentarse ante la fiscalía para ampliar su declaración, negó haberle dicho al efectivo que Moyano la había golpeado o mantenido encerrada y sostuvo que, en aquellas primeras horas, atravesaba un estado que vinculó con el consumo de drogas.

Las declaraciones de esta semana se sumarán a una extensa lista de testimonios que la fiscalía ya incorporó al expediente. Además de los primeros efectivos, declararon personal médico, empleados del edificio y personas del entorno de Arizaga y Moyano.

Los últimos testimonios

La semana pasada fue el turno de la madre, la hermana y una amiga de Candela Arizaga, quienes coincidieron en que antes del episodio investigado no habían sabido de situaciones de violencia entre la joven y Moyano.

Miriam Puntonet, madre de Candela, declaró que conocía la relación desde el verano y aseguró: “Siempre me habló bien de él, yo nunca escuché nada de eso”. Su hermana, Victoria Arizaga Morel, sostuvo que entre ambos estaba “siempre todo bien, nunca nada raro”, mientras que Nicole Bizzozero, amiga de la joven, dijo que nunca había advertido situaciones que la pusieran en alerta.

Victoria también explicó la historia que publicó en Instagram el día del episodio y que eliminó aproximadamente una hora después. Ante la fiscalía aseguró que la había subido “en un estado de enojo” y sostuvo que no estaba dirigida específicamente contra Moyano.

Mientras continúa la producción de prueba, Moyano mantiene vigentes las medidas cautelares que le impiden acercarse a menos de 300 metros de Arizaga o mantener contacto con ella. La joven pidió que esas restricciones fueran levantadas para poder volver a verlo, pero la fiscal consideró que, por el momento, no correspondía dejarlas sin efecto.

Un efectivo de la Policía Bonaerense fue demorado acusado de amenazar con un cuchillo a su pareja y luego de amenazar de muerte al dueño de la propiedad donde vive. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, cuando los agentes llegaron al lugar, el oficial se encontraba con el arma blanca en la mano y se mostró agresivo ante la intervención policial. Tras el incidente, fue desafectado del servicio.

El hecho ocurrió este domingo en un domicilio ubicado en la calle 33, entre 128 y 129, en el partido bonaerense de Berisso. Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una discusión entre hombres y una situación de violencia de género.

Personal policial se dirigió hasta el inmueble y, una vez allí, encontró a un efectivo de la Bonaerense, identificado como L.M.C., de 28 años, que tenía un cuchillo en la mano e insultaba y amenazaba de muerte al propietario del lugar, según consta en el parte policial al que accedió este medio.

Ante la intervención de los agentes para controlar la situación, el hombre se tornó agresivo, por lo que los efectivos solicitaron apoyo por radio. Finalmente lograron controlar la situación e identificarlo.

De acuerdo con el relato del propietario, momentos antes los inquilinos de una vivienda lindera le habían pedido auxilio porque el policía discutía con su pareja y la amenazaba con un arma blanca. El hombre sostuvo, además, que no era la primera vez que se daba un episodio así.

La pareja del efectivo también fue entrevistada por los investigadores y manifestó que el acusado había amenazado al dueño del inmueble que alquilan.

Durante el procedimiento, L.M.C. dijo que era miembro de la Policía Bonaerense. Los agentes constataron que se encontraba destinado en el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de La Matanza y cumplía tareas no operativas.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso y durante el procedimiento se secuestró un cuchillo de 25 centímetros.

La investigación quedó en manos del fiscal Patricio Barraza, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial La Plata, y fue caratulada como “amenazas calificadas y resistencia a la autoridad”. Desde la fiscalía se dispuso notificar al efectivo de la formación de la causa, por lo que continuará el proceso en libertad.

En paralelo, se dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense, que ordenó su desafectación del servicio.

A mediados de abril, un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido en Temperley, acusado de golpear y encerrar a su pareja en un departamento del barrio Villa Galicia. El episodio ocurrió en un edificio de la calle Cangallo al 2300. La víctima, de 26 años y también integrante de la fuerza porteña, declaró que su concubino, identificado como V.D.C., de 32 años, la agredió físicamente y la dejó encerrada en una habitación. La joven logró salir del cuarto cuando llegó el personal policial, que la asistió en el lugar.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Octava de Villa Galicia para realizar las actuaciones correspondientes. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género, dirigida por la fiscal Marcela Juan. La fiscalía ordenó la aprehensión del acusado por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

La confirmación de dos nuevos feminicidios en Cuba elevó a 47 el número de crímenes machistas reportados en lo que va del año, de acuerdo con datos compilados por EFE a partir de los registros de la plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT).

Los casos corresponden a Yadelaine Roque Torres, de 25 años, asesinada en Santiago de Cuba, y Bertha Veitia López, de 64 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Nuevitas, Camagüey. La organización informó que mantiene abiertas investigaciones sobre otras alertas de posibles feminicidios e intentos de asesinato por motivos de género.

La plataforma independiente Alas Tensas confirmó que los dos crímenes se produjeron en circunstancias distintas, aunque ambos se incorporaron a su registro de violencia contra las mujeres. Según los datos reunidos por EFE, el conteo de la organización llegó a 47 feminicidios reportados durante este año.

Yadelaine Roque Torres, conocida como Yade, murió el 4 de agosto en La Caoba, una localidad rural situada cerca de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba.

La información divulgada por AT señala que la joven fue atacada frente a la puerta de su casa por su expareja. El hombre se había fugado de una prisión antes del hecho, según el reporte de la organización.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) indicó, con base en fuentes comunitarias, que el agresor se suicidó después del asesinato.

La hija de Roque Torres, de aproximadamente cinco años y nacida de una relación anterior, presenció el crimen contra su madre, según relataron las activistas.

El cuerpo de Bertha Veitia López fue hallado en un sembrado de plátanos

El segundo caso informado por Alas Tensas fue el de Bertha Veitia López, una trabajadora del hospital local de Nuevitas, en Camagüey. La mujer tenía 64 años.

El hecho ocurrió el 26 de agosto y, de acuerdo con el informe, el presunto agresor era una persona conocida de la víctima.

El cuerpo de Veitia López fue encontrado en un sembrado de plátanos. La organización sostuvo que las condiciones del hallazgo “muestran una gran crueldad y misoginia”.

El supuesto agresor permanece bajo custodia policial, según la información incluida en el reporte de la plataforma feminista.

La organización señaló que el aumento de la violencia en Cuba también ha sido advertido por observatorios que siguen este problema. AT expresó preocupación y tristeza por los hechos registrados.

Alas Tensas investiga alertas de posibles crímenes machistas

Además de los casos confirmados, Alas Tensas indicó que investiga doce posibles feminicidios alertados en 2025. La organización también analiza cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género.

El observatorio agregó que recibió alertas sobre 15 posibles crímenes machistas y 20 posibles intentos durante 2026. Esos expedientes aún se encuentran bajo investigación de la entidad independiente.

La plataforma había advertido sobre el incremento de los feminicidios en Cuba durante la primera mitad del año. Entre mayo y junio, su registro incorporó 17 casos.

En siete de esos hechos, los presuntos victimarios tenían antecedentes de violencia, de acuerdo con el registro citado por la agencia.

Alas Tensas planteó que la crisis económica y energética que atraviesa Cuba puede contribuir a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

La organización también denunció la persistencia de formas extremas de violencia contra las mujeres en la isla. Según su evaluación, una parte de los feminicidios ocurre dentro de relaciones formales y otra se produce tras la ruptura del vínculo con una expareja.

La plataforma afirmó que varios de esos ataques presentan altos niveles de brutalidad. La entidad ha insistido en la necesidad de visibilizar los casos y seguir su evolución.

El Código Penal cubano no tipifica el feminicidio como delito

Cuba no contempla el feminicidio como una figura penal específica dentro de su Código Penal. Los medios estatales, además, rara vez informan sobre estos casos, según el texto recopilado por EFE.

El Gobierno cubano ha declarado una política de “tolerancia cero” frente a la violencia machista. Las autoridades también confirmaron que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género en los juicios realizados durante el año pasado.

Ese registro oficial incluye asesinatos cometidos por parejas, exparejas u otras personas. La cifra fue comunicada por el Gobierno en referencia a causas judiciales tramitadas el año anterior.

De acuerdo con la recopilación elaborada por la agencia a partir de los registros de las ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 feminicidios.

La crisis de violencia de género en República Dominicana ha alcanzado cifras desgarradoras en lo que va del año 2026. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló que se han registrado 62 feminicidios en el país en los primeros meses de 2026.

Esta dramática realidad expone no solo la urgencia de reestructurar las políticas de prevención del Estado, sino también la necesidad crítica de desmontar los patrones culturales machistas y garantizar que las medidas judiciales protejan de manera efectiva a las víctimas sobrevivientes de intentos de homicidio.

Durante su intervención en el Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la magistrada enfatizó la trascendencia de la tipificación del feminicidio en la legislación penal. Sin embargo, advirtió que la represión penal resulta insuficiente si no se abordan las raíces estructurales del problema.

Las estadísticas presentadas por la Procuraduría muestran patrones profundamente preocupantes sobre la dinámica de los feminicidios en el país. Uno de los datos más impactantes señala que el 89 % de las mujeres asesinadas nunca había presentado una denuncia previa ante las autoridades sobre la situación de violencia que padecía.

Esto evidencia una severa desconfianza en el sistema de protección pública o barreras profundas de aislamiento social y sometimiento psicológico que impiden a las víctimas buscar ayuda a tiempo. Asimismo, la magistrada indicó que el 25 % de los feminicidas se suicida tras cometer el crimen.

De igual manera, el volumen del problema queda al descubierto al analizar el histórico reciente: durante el año 2025, el Ministerio Público recibió más de 73,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, un volumen masivo que desborda las capacidades de respuesta institucional si no se fortalece la intervención preventiva.

Sobrevivir para contarlo: el caso de Nayely Capellán y la vulnerabilidad judicial

Mientras las cifras oficiales registran 62 vidas perdidas en 2026, casos desgarradores ponen de manifiesto que el número de tragedias pudo ser aún mayor. Un hecho reciente ocurrido en Las Cabuyas, La Vega, personifica el constante peligro que enfrentan las mujeres, aun cuando existen antecedentes de violencia.

La madrugada del pasado 28 de agosto, Nayely Altagracia Capellán, de 25 años, sobrevivió milagrosamente a un ataque encarnizado a manos de su expareja, Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas.

El agresor acudió a la vivienda con el pretexto de entregar dinero para la manutención de sus hijas de 10, 7 y 4 años. En presencia de las tres menores, la atacó salvajemente provocándole 26 estocadas con un arma blanca en los brazos, rostro, cuello y pecho. Fue la valentía de su hija mayor de 10 años, quien salió a las calles pidiendo auxilio entre lágrimas, lo que alertó a los vecinos y evitó un fatal desenlace.

Nayely había enfrentado años de violencia física y verbal, e incluso las autoridades emitieron una orden de alejamiento en 2023 tras denuncias familiares. Pese a esto, las medidas no impidieron el sangriento ataque.

Tras entregarse a las autoridades, el tribunal dictaminó contra Adonis la medida cautelar de 12 meses de prisión preventiva imputado por tentativa de feminicidio. Nayely, quien actualmente atraviesa un arduo proceso de rehabilitación física para recuperar el uso de su mano izquierda y requiere acompañamiento psicológico junto a sus hijas, enfrenta la terrible incertidumbre de ser atacada nuevamente en el futuro.

El caso de Nayely Capellán demuestra que la tipificación del feminicidio e iniciativas como el nuevo Código Penal que contempla penas agravadas de 30 a 40 años para agresiones graves, deben complementarse con un seguimiento riguroso y medidas cautelares infranqueables, para que sobrevivir a la violencia no sea solo una tregua temporal antes de la siguiente amenaza.

Mientras los homicidios generales caían en Estados Unidos, los asesinatos vinculados a violencia doméstica se mantuvieron altos y, en varios estados, alcanzaron máximos históricos, según datos del gobierno federal y organizaciones especializadas que alertan sobre una brecha creciente entre la magnitud del problema y los fondos destinados a combatirlo.

El informe Relaciones domésticas y crímenes violentos, 2020-2024 (Domestic Relationships and Violent Crimes, 2020-2024), publicado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) en febrero de 2026, señala que los delitos violentos entre personas con relación doméstica pasaron del 25,6% en 2020 al 27,5% en 2024, con una estabilización en 27% en 2022 y 2023.

La agresión agravada concentra el mayor porcentaje de casos con vínculos domésticos

El FBI define los delitos violentos de este estudio como asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y agresión agravada. Dentro de esa categoría, la agresión agravada concentró el mayor porcentaje promedio de casos con vínculos domésticos —31%—, mientras que el robo registró la proporción más baja, con apenas 6,5%.

Entre 2020 y 2024 hubo 11.466 víctimas de homicidio en incidentes domésticos. En otros delitos violentos de esa categoría hubo 1.109.797 víctimas; 694.552 sufrieron 755.110 lesiones registradas. Se sospechó consumo de alcohol en el 12,5 % de los incidentes domésticos y en el 6,6 % de los no domésticos.

Casi un 75% de las víctimas de delitos violentos domésticos fueron mujeres

El 74,5% de las víctimas de delitos violentos domésticos fueron mujeres; en los incidentes no domésticos, el 58,3% fueron hombres. El agresor fue hombre en el 77,1% de los casos domésticos y en el 76,6% de los no domésticos.

La edad más frecuente de víctimas y agresores en casos domésticos fue 32 años para ambos, frente a 21 y 25 años en los no domésticos. El hogar concentró el 79,6% de incidentes domésticos y el 41,1% de los no domésticos. Las armas personales —manos, puños, pies— fueron las más usadas en ambos. Las armas de fuego aparecieron en el 13,7% de hechos domésticos y el 32,6% de los no domésticos.

En Chicago los asesinatos por violencia doméstica subieron un 15% mientras los homicidios totales caían a la mitad

A nivel local, la diferencia es clara. En Chicago, los homicidios bajaron de 805 en 2021 a 425 en 2025, pero los asesinatos por violencia doméstica subieron 15 % entre 2024 y 2025. En Kansas City, Misuri, los homicidios bajaron desde 2023, pero 2025 fue el segundo peor año en violencia doméstica. Ohio tuvo en 2025 su récord de muertes por violencia doméstica, aunque los homicidios generales siguieron bajando, según The Guardian.

Para Anita Raj, directora ejecutiva del Newcomb Institute y profesora de salud pública de la Universidad Tulane, esos casos de alto perfil mediático son la punta del iceberg de un fenómeno mucho más extendido. “El peligro de ese enfoque es que son los casos más extremos de algo que es sumamente frecuente” (“The danger of that focus is that these are the most extreme cases of something that is so common”), advirtió en declaraciones al mismo medio.

La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica pasó de 637.000 llamadas en 2020 a un millón en 2025

La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline) pasó de recibir cerca de 637.000 llamadas en 2020 a atender un millón en 2025. Nikhita Ved, directora de programas de la organización, explicó en declaraciones a The Guardian que las dos necesidades más recurrentes son la vivienda y el apoyo legal, y que muchas de quienes llaman temen ser asesinadas por su pareja íntima o advierten señales graves en su entorno.

Ved reconoció que los recursos para prevenir esas tragedias son conocidos, pero que el financiamiento disponible no se equipara a la escala del problema.

El gobierno federal recortó centenas de millones en subvenciones a programas de violencia doméstica

La preocupación por el financiamiento aumentó durante el segundo gobierno de Donald Trump, que al inicio quitó cientos de millones de dólares en subvenciones a organizaciones contra la violencia doméstica. Algunos fondos se restituyeron, pero la Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica advierte que la propuesta presupuestaria para 2027 prevé una reducción de cerca de USD 30 millones en programas de vivienda transitoria y asistencia legal, según The Guardian.

Raj criticó que el presidente describiera la violencia doméstica como “un problema criminal para abordar mediante deportaciones”. La experta afirmó que ese enfoque pasa por alto factores de riesgo previos al homicidio: acoso, conductas de control y amenazas contra la pareja o de autolesión. “Dejen de enfocarse en un perfil demográfico y enfóquense en un perfil conductual”, dijo. Destacó que esas conductas no se relacionan con el estatus migratorio.

Raj llamó también a ampliar la educación sobre relaciones saludables y resolución de conflictos entre jóvenes, especialmente en hogares donde se presencia violencia, como una herramienta de prevención que el sistema aún no financia a la altura del problema.

Si necesitas ayuda

Si tú o alguien que conoces está en una situación de violencia doméstica, existen recursos disponibles en Estados Unidos para recibir apoyo confidencial y gratuito:

• Llama: Comunícate a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline) al 1-800-799-SAFE (7233).
• Envía un mensaje de texto: Escribe la palabra “START” al 88788.
• Chat en línea: Visita TheHotline.org para conversar con un especialista en tiempo real.

Si te encuentras en una situación de peligro inmediato o una emergencia que pone en riesgo tu vida, llama al 911 si es seguro hacerlo.

Noemí Matamala (49) murió este viernes, dos semanas después de haber sido atacada con un hacha por su pareja, Lucas Daniel Serrano (38), en la localidad neuquina de Aluminé. La mujer estaba internada en estado crítico en el Hospital Provincial Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén, y el autor del femicidio se encuentra detenido.

La triste noticia fue informada por la Municipalidad de Aluminé, que además anunció que el Ejecutivo local decretará tres días de duelo. Durante ese período, se suspenderán las actividades municipales, mientras que los servicios esenciales continuarán en funcionamiento.

En un comunicado, el Municipio expresó su pesar por la muerte de Noemí, acompañó a sus familiares y reclamó celeridad en la investigación. “Aluminé atraviesa un momento de enorme tristeza y conmoción. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, a sus seres queridos y a todas las personas que hoy sienten su partida. Que su memoria nos encuentre unidos, acompañando y exigiendo justicia”, agregó el intendente local, Diego Victoria.

El ataque ocurrió el viernes 21 de agosto entre las 19.30 y las 20.40, según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. De acuerdo con la investigación, Serrano regresó a la casa que compartía con Noemí, discutió con ella y se dirigió a un galpón de la propiedad. Allí tomó un hacha y la golpeó en la cabeza.

La víctima fue traslada al hospital local y luego fue derivada a Zapala. Más tarde, ingresó al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internada con asistencia respiratoria hasta su fallecimiento en las últimas horas.

Serrano fue detenido tras una serie de allanamientos realizados por personal de la Comisaría N°29 de Aluminé. En los procedimientos, los investigadores secuestraron el hacha presuntamente utilizada en el crimen.

Poco después del arresto, la Justicia lo había imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La jueza de garantías Laura Barbé le dictó prisión preventiva por cuatro meses y fijó el mismo plazo para la investigación.

Tras la muerte de Noemí, se modificó la calificación legal.

A partir de los testimonios recabados, el fiscal del caso, Marcelo Jofré, señaló la existencia de una relación de violencia previa que no había llegado a la Justicia. De hecho, familiares de la mujer describieron al acusado como una persona agresiva.

Además, Serrano tenía un pedido de captura emitido en septiembre del año pasado por la Justicia de Charata, Chaco. Se trataba de dos causas por delitos contra la integridad sexual y una por un hecho contra la propiedad, que ya habían sido elevadas a juicio.

Según Jofré, esos procesos no avanzaron porque el acusado no se presentó ante las autoridades judiciales. Lo que se sabe hasta el momento es que el detenido residía en Aluminé desde hacía menos de un año.

El funcionario también indicó que no hay elementos que permitan establecer que Serrano estuviera bajo los efectos de alcohol o drogas cuando atacó a Matamala.

Luego del fallecimiento de la mujer, la Escuela Especial N°17 de la localidad también difundió un mensaje de despedida para Noemí, quien era conocida en la localidad como “Mimí”. La institución llamó a reflexionar sobre la violencia y pidió construir una comunidad “basada en el respeto, el cuidado, la solidaridad y la vida”.

“Que su partida nos invite a reflexionar como comunidad y a reafirmar nuestro compromiso con una sociedad donde ninguna forma de violencia sea naturalizada, silenciada ni justificada. Hoy elegimos recordar, acompañar, reflexionar y alzar la voz. Porque cada vida importa. Porque cada historia merece ser respetada. Y porque construir una comunidad más humana, empática y libre de violencia es responsabilidad de todos y todas. Que el recuerdo de MIMI nos impulse a mirar al otro con más empatía, a escuchar, a acompañar y, sobre todo, a no permanecer indiferentes”, expresaron.

Una allegada, agregó: “¡Te vamos a recordar con mucho cariño, Mimi! Gran mujer, luchadora de la vida. ¡Y vamos a exigir justicia para que el femicida LUCAS DANIEL SERRANO tenga la máxima pena! Como seres humanos y como trabajadores de la educación, tenemos el compromiso de aplicar la E.S.I. con más fuerza, cariño y perseverancia”.

El Juzgado de Garantías N.° 1 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva para Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, imputados por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada a comienzos de agosto en la zona de Punta Cantera.

La medida mantiene detenidos a los dos acusados mientras la Unidad Funcional de Instrucción N.° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, completa las pruebas pendientes antes de requerir la elevación del expediente a juicio.

Los imputados enfrentan cargos por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género. La Fiscalía sostiene que ambos participaron de una misma secuencia de agresiones contra la víctima.

La investigación ubicó a Antonich en el predio del Balneario N.° 0, en el sector de SeaView y Punta Cantera, desde la tarde del 31 de julio. Según la acusación, la joven llegó tras aceptar una propuesta para asistir a una supuesta entrevista laboral.

Las cámaras de seguridad registraron su ingreso a las 17.10. Los investigadores incorporaron además filmaciones privadas y municipales, pericias telefónicas, rastros biológicos, testimonios y estudios forenses para reconstruir lo ocurrido.

La hipótesis fiscal indica que Mailén Antonich fue reducida y atada de manos y pies. La autopsia estableció que sufrió golpes y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. La causa de muerte fue una hemorragia masiva por una lesión de arma blanca en el cuello.

Russo sostuvo que los elementos reunidos permiten establecer que la víctima permaneció con vida durante varias horas. “Tenía un gran número de heridas, la encontramos con las manos atadas. Tenemos elementos para presumir que estuvo varias horas viva y pasó por un gran sufrimiento”, afirmó el fiscal.

El estudio forense detectó, además, una luxación cervical, lesiones defensivas en las manos y presencia de monóxido de carbono en sangre. Para los investigadores, ese último dato indica que Antonich estuvo expuesta a humo o combustión cuando aún se encontraba con vida.

El hallazgo del cadáver

El cuerpo de la joven fue hallado detrás de un contenedor, enterrado de forma parcial, semidesnudo, envuelto en una frazada y con ataduras en manos y pies. En el lugar, los peritos secuestraron cables y sogas compatibles con los utilizados para inmovilizarla.

Dentro de la cabaña que ocupaban los acusados hallaron manchas de sangre. Los análisis sobre prendas secuestradas a ambos detenidos también detectaron sangre humana y antígeno prostático específico, conocido como PSA, tanto en la ropa como en la frazada que envolvía el cadáver.

A Bartolomé Díaz le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, que quedó incorporado a las pericias de la causa. Los investigadores también analizaron las lesiones que presentaban ambos sospechosos tras el crimen.

Aquino recibió atención médica el 1 de agosto por cortes en el rostro, el cuello y las piernas, además de otras lesiones. La Fiscalía considera que podrían ser compatibles con maniobras defensivas de la víctima. Bartolomé Díaz tenía excoriaciones lineales en la espalda, que los peritos asociaron con marcas de uñas.

Las pruebas

Uno de los elementos que reforzó la acusación fue el hallazgo de la tarjeta SIM del teléfono de Antonich en el bolsillo interno de una campera secuestrada a Aquino. Según Russo, también se secuestró un chip con el que el acusado se había contactado con la joven.

El análisis de las comunicaciones estableció que el 31 de julio, a las 15.31, hubo una llamada desde una línea atribuida a Aquino hacia el teléfono de la víctima. La pesquisa sumó conversaciones recuperadas de Facebook Messenger y testimonios que dan cuenta de un vínculo previo entre ambos.

El fiscal señaló que, de acuerdo con esos datos, Aquino mantenía una conducta insistente hacia Antonich desde marzo de este año. “Habría tenido una especie de obsesión previa con la joven”, sostuvo.

La investigación todavía busca precisar cuál fue la oferta laboral que llevó a la víctima al predio.

La organización Yaaj, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT en México, se sumó a las exigencias de justicia para el feminicidio de Paola Buenrostro, mujer trans fue asesinada en 2016 y cuyo fue reclasificado como homicidio calificado esta semana tras la captura de su agresor.

El colectivo afirmó el caso de Paola Buenrostro es un emblema para la lucha por los derechos de las mujeres trans a nivel internacional, por lo que la reclasificación de su asesinato no solo es injustificado, sino que representa un retroceso en el reconocimiento de las violencias que sufre este sector de la población.

“La exigencia de justicia por el transfeminicidio de Paola Buenrostro constituye un CASO EMBLEMA de la lucha por los derechos de las mujeres trans en México, con una resonancia que ha trascendido las fronteras nacionales para convertirse en referente regional y global”, señaló el colectivo en un comunicado.

Expresó su respaldo a la activista Kenya Cuevas, fundadora del colectivo Casa Tiresias y quien presenció y denunció el feminicidio de Paola, para quien exigió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le aplique de forma puntual los protocolos de seguridad “y la garantía de trato digno”, que van desde el respeto a su identidad de género y pronombres, hasta su reconocimiento como víctima indirecta y familiar social.

“La detención del probable responsable constituye un avance indispensable, pero el acceso a la justicia no termina con una detención: exige también un procedimiento digno, técnicamente sólido, libre de discriminación y capaz de garantizar verdad, justicia y no repetición”, agregó.

En el mismo comunicado, hizo un llamado a que no haya una reclasificación regresiva del caso, al recordar que durante años “el asesinato de Paola fue reconocido e investigado durante años bajo la figura de feminicidio, atendiendo a las razones de género, la violencia y el prejuicio presentes en el crimen.

Por ello, considero que pretender “ahora formular la imputación únicamente como homicidio calificado representa un retroceso injustificable’.

“Hoy, la propia legislación reconoce el transfeminicidio como una forma específica de violencia contra las mujeres trans; esa evolución jurídica confirma, precisamente, que la identidad trans de Paola nunca debió ser motivo para excluir su asesinato del análisis de las razones de género.

“En este caso, exigimos que se mantenga la clasificación de feminicidio y que se investiguen y acrediten con rigor las razones de género y prejuicio”, puntualizó.

En este sentido, recalcó que reclasificarlo como homicidio no solo desconoce los avances construidos durante años alrededor del caso de Paola, sino que invisibiliza las características específicas de la violencia que enfrentó por ser una mujer trans.

Asimismo, Yaaj solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) a dar continuidad efectiva y acompañamiento de derechos humanos, al mantener una presencia en la audiencia de hoy contra Arturo ‘N’ y dar cumplimiento de la Recomendación 02/2019, así como verificando “que las garantías de no repetición asumidas institucionalmente se traduzcan en actuaciones concretas, con debida diligencia y perspectiva de derechos humanos”.

Piden reforzar protección para Kenya Cuevas

La organización afirmó que la detención de Arturo ‘N’ no significa que el riesgo haya desaparecido, por lo que pidió mantener y reforzar los protocolos de seguridad para Kenya Cuevas, señalando que la activista ha enfrentado en la última década “amenazas y situaciones de riesgo derivadas de su labor como defensora de derechos humanos y de su exigencia de justicia para Paola”.

Resaltó que por dicho motivo, Cuevas cuenta desde hace años con medidas de protección y un esquema de escoltas; sin embargo, exigen que estas se fortalezcan durante todo el proceso contra el presunto feminicida, “sin reducciones o modificaciones que puedan debilitar su seguridad, y que se garantice la continuidad de su equipo de protección, así como los recursos materiales, operativos y de movilidad necesarios para su funcionamiento”, abundó.

Asimismo, advirtió que la protección de una defensora de derechos humanos “no puede tratarse como un trámite administrativo ni trasladarle a Kenya costos, cargas o responsabilidades que corresponden al Estado”, abundó Yaaj México.

Finalmente, reconoció “la apertura” de la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, para atender las preocupaciones de las personas, colectivas y activistas trans, así como la actuación de la fiscalía.

No obstante, la organización “se mantendrá atenta a que esta disposición se traduzca, desde la continuación de la audiencia prevista para el 4 de septiembre, en decisiones concretas, una actuación ministerial técnicamente rigurosa, libre de prejuicios y discriminación, y plenamente apegada a los derechos humanos y a la perspectiva de género”.

“Este caso no puede entenderse de manera aislada.

Los protocolos, herramientas jurídicas y mecanismos institucionales que hoy existen son resultado de décadas de exigencia de las personas trans para que el Estado reconozca y atienda violencias históricamente invisibilizadas.

Cuando esas herramientas no se aplican, no estamos únicamente frente a una deficiencia institucional: también se debilitan las garantías de no repetición y la confianza de una población históricamente discriminada en las instituciones encargadas de procurar justicia”, concluyó.

Caso Paola Buenrostro Paola Buenrostro fue asesinada el 30 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México. La persona señalada como probable responsable fue detenida inicialmente y posteriormente quedó en libertad; semanas después se emitió una orden de aprehensión, pero para entonces se había dado a la fuga.

Frente a ello, Kenya Cuevas inició una exigencia pública de justicia que, con el paso de los años, dio lugar a importantes precedentes institucionales:

• La Recomendación 02/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM);
• Una disculpa pública de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX);
• El reconocimiento de Kenya como víctima indirecta y parte de la familia social de Paola;
• Así como protocolos especializados transformaciones normativas para investigar los feminicidios y transfeminicidios con perspectiva de género y derechos humanos.

El pasado 31 de agosto de 2026 fue detenido Arturo “N”, señalado como probable responsable de los hechos. Sin embargo, durante la audiencia inicial celebrada el 1 de septiembre se documentaron actuaciones que generan profunda preocupación: el uso del nombre que Kenya dejó legalmente de utilizar, referencias hacia su persona en masculino y el planteamiento de formular la imputación únicamente bajo la figura de homicidio calificado.

Ante la observación de Tatina Schapiro de que Barreda gozaba de una mirada celebratoria en ámbitos como las canchas de fútbol, Machín lo trajo a tiempo presente. “Lamentablemente, tengo que informarte que no es algo del pasado: lo sigue siendo para mucha gente”, dijo. Y fue directo: “Todavía (Gustavo) Cordera sigue cantando ‘Monzón, Barreda y Cordera matan por amor’”, citó, en referencia a la estrofa ubicada en el tema “La argentinidad al palo” de Bersuit Vergarabat.

“Todavía persiste el intento de instalar que por amor se mata, que el femicidio puede justificarse. Y eso es aceptado, cantado y difundido por la radio”, insistió. Para el actor, eso refleja algo más profundo: una sociedad atravesada por una violencia institucional y discursiva que ciertos medios refuerzan al romantizar figuras como la de Barreda y convertirlas en héroes. “El victimario convertido en víctima”, cerró.

La película incluye una crítica explícita a ese mecanismo y fue ese enfoque el que lo llevó a aceptar el proyecto. “Está contada con la intencionalidad de darle voz a estas cuatro mujeres”, dijo. Uno de los ejes centrales del filme es el contraste entre el relato que dominó la historia pública del caso —el del propio Barreda y el de su defensa— y el de las víctimas, que hasta ahora no había tenido espacio. Margarita Páez y Maité Lanata, que interpretan a las hijas, hablaron con amigas de las chicas asesinadas. Una de ellas asistió al estreno y dejó una frase que resume todo: “Nosotros no podíamos hacer el duelo de nuestras amigas porque nos decían que éramos amigas de las que le rompieron los quinotos a Barreda en su casa”.

Para construir al personaje, el actor se documentó a fondo. Escuchó grabaciones del propio Barreda, revisó las declaraciones de los novios de las víctimas durante el juicio y leyó el libro Conchita, de Rodolfo Palacios, en el que el periodista entrevistó al femicida en su casa de Belgrano junto a su segunda pareja. El objetivo no era imitarlo, sino leerlo entre líneas. De ese trabajo surgió una hipótesis: Barreda era una persona de narcisismo extremo, incapaz de sentir, con una habilidad notable para concentrar la atención. “Él decía que si viviera otra vez le gustaría ser galán de cine o director técnico de fútbol”, recordó Machín. La frialdad que exhibió en las grabaciones posteriores al crimen fue, para el actor, la confirmación de esa lectura.

Machín también describió una premeditación meticulosa. Barreda hizo un curso de criminalística para averiguar si la pena por matar a una o a cuatro personas era la misma. Días antes del crimen, practicó tiro contra un árbol. Y eligió un momento preciso: ese domingo en que sus hijas irían a almorzar a la casa familiar antes de mudarse definitivamente con sus novios. “Él persiguió el interés por conservar esa casa hasta el final de sus días”, sostuvo el actor, como una de las claves del móvil.

Barreda murió en un geriátrico de la provincia de Buenos Aires, sin revelar su verdadera identidad, luego de que su segunda mujer —quien se había enamorado de él mientras estaba preso y se lo llevó a vivir a su casa al salir en libertad— lo denunciara por violencia y lo hiciera echar.

Machín fue directo sobre una incomodidad que lo acompaña: en una sociedad menos violenta, la película debería llevar los nombres de Gladys, Adriana, Cecilia y Beba, las cuatro mujeres asesinadas. “La información se vende, no se da”, dijo, y reconoció que el nombre Barreda funciona como gancho en el mercado. “Apunto a que la sociedad de a poco vaya liberándose de esas cosas y que en otro momento esta película tenga el nombre de ellas”, concluyó.

La entrevista completa a Luis Machín

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La conductora aprovechó la emisión de su programa para cuestionar públicamente a Farfán y responder a la preocupación que, según señaló, el exfutbolista suele mostrar respecto de sus obligaciones judiciales. Medina sostuvo que, mientras él se interesa por conocer si ella cumple con el servicio comunitario que le corresponde, existe una resolución judicial que, de acuerdo con el documento que presentó en televisión, cuestiona que él haya acreditado el cumplimiento de una terapia psicológica previamente ordenada.

El tema surgió luego de que Farfán utilizara sus redes sociales para mostrar una citación relacionada con Medina. Ante ello, la periodista decidió revisar otro documento judicial y explicar a su audiencia qué se señala en este.

Magaly Medina muestra documento judicial relacionado con Jefferson Farfán

Durante el programa, Magaly Medina explicó que había llegado a sus manos una resolución correspondiente al 15.º Juzgado de Familia, vinculada a un proceso en el que figura como parte involucrada Jefferson Agustín Farfán Guadalupe. Según detalló la conductora, el documento hace referencia a una medida de terapia psicológica que habría sido ordenada anteriormente por el juzgado.

“Tenemos que mostrar esto, ¿no es cierto? Teníamos que mostrar. Ha llegado a mis manos este, quince, del Quince Juzgado de Familia, subespecialidad la violencia contra la mujer”, comentó inicialmente la periodista.

Medina explicó que el expediente está relacionado con un caso en el que aparece como víctima una menor y también figura Darinka Ramírez, madre de la última hija del exfutbolista. La conductora leyó parte de la resolución para explicar qué había dispuesto el órgano judicial y qué documentación presentó Farfán ante el juzgado.

Según la lectura realizada en televisión, el documento señala que anteriormente se había programado una cita para que el denunciado cumpliera con una terapia psicológica, medida que habría sido ordenada por el juez.

El juzgado cuestiona que Jefferson Farfán haya acreditado su terapia psicológica

Uno de los puntos que Magaly Medina resaltó fue que, de acuerdo con la resolución que leyó en vivo, Jefferson Farfán no habría acreditado hasta ese momento que efectivamente hubiera asistido a las terapias psicológicas ordenadas judicialmente. La conductora explicó que el exfutbolista habría presentado como sustento un documento relacionado con una cita programada, pero que, según el juzgado, aquello no demostraría que la terapia ya hubiera sido realizada.

“Acá dice: ‘Antecede el agresor Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, en virtud a lo requerido por resolución dos, e indica que en anterior oportunidad se había programado cita para su terapia psicológica’”, leyó Medina. A continuación, señaló que el documento indicaba que Farfán habría postergado el cumplimiento de esta obligación y que el juzgado ya le había solicitado anteriormente que acreditara haber recibido la atención psicológica dispuesta.

“Que le ordenó el juez, y que él dice acá que no ha ido. No ha ido hasta el momento, la ha postergado, pero no, no ha cumplido con esas terapias”, afirmó la conductora, siempre en referencia a lo que, según explicó, se desprende de la resolución judicial.

Medina también detalló que el juzgado habría otorgado un plazo de tres días para que se cumpliera con acreditar la medida, bajo apercibimiento de poner el caso en conocimiento del Ministerio Público.

“Un ticket de cita” no demostraría que cumplió con la terapia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la periodista fue la documentación que, según la resolución leída durante el programa, presentó Jefferson Farfán ante el juzgado. De acuerdo con la lectura de Medina, el órgano judicial habría advertido que el exfutbolista se limitó a presentar una copia digital de un ticket correspondiente a una cita programada para el 2 de septiembre en un servicio de salud mental.

La conductora explicó que ese documento no demostraría que la terapia psicológica ya se hubiera realizado. “Explícitamente mediante se ha… solo se ha limitado, o sea, Farfán, a adjuntar una copia digital de un ticket de cita para el día dos de septiembre en el servicio de salud mental, lo cual no importa o acredita en modo alguno que a la fecha se haya sometido a terapia psicológica”, leyó Medina del documento.

A partir de ello, la periodista cuestionó que una constancia de cita pudiera ser presentada como prueba de cumplimiento de una medida que, según el juzgado, requería acreditar que la terapia efectivamente había sido realizada. “O sea, por este caso que Darinka le puso, esta denuncia que le puso Darinka Ramírez, le ordenaron terapia psicológica y según este juez, él no la ha cumplido”, sostuvo.

El caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público

Otro punto que Magaly Medina destacó fue la decisión del juzgado de hacer efectivo el apercibimiento que había sido establecido previamente. La resolución, según la lectura realizada por la conductora, señala: “Se resuelve a hacer efectivo el apercibimiento de la parte resolutiva de la resolución doce”.

Posteriormente, el documento dispone que las piezas procesales sean remitidas al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Penal de turno permanente de Lima.

“Remítase todas las piezas procesales al Ministerio Público, a la Fiscalía Penal de turno permanente de Lima”, leyó Medina durante su programa.

Magaly Medina responde a las publicaciones de Jefferson Farfán

Tras explicar el contenido del documento, Magaly Medina aprovechó para responder a la exposición pública que, según señaló, Farfán viene realizando sobre sus propias obligaciones judiciales.

La periodista recordó que el exfutbolista se ha mostrado interesado en saber si ella cumple con las disposiciones que le fueron impuestas, por lo que consideró pertinente devolverle la pregunta y cuestionarlo sobre el cumplimiento de sus propias obligaciones.

“Entonces, el que anda preocupado de que otros cumplan lo que la justicia ha ordenado, anda preocupado por si yo hice o no mi servicio comunitario”, manifestó.

Medina aseguró que ella sí cumple con las obligaciones que le corresponden y que, cuando tiene alguna dificultad para acudir, procede a justificarla. “Lo hago, lo hago. Y cuando no puedo ir, justifico por qué no puedo ir”, afirmó la conductora.

A partir de ahí, lanzó una pregunta directa a Jefferson Farfán, utilizando uno de los apodos con los que suele referirse a él durante sus comentarios televisivos.

“Pero él, póngame, por favor, él, hay que preguntarle a él ahora. No, eso no, por favor. Esto, ya. Hay que preguntarle así: ‘¿Acudiste a tus terapias sí o no, Pisapaja?’”, expresó.

“¿Fuiste a tu terapia sí o no?”, la pregunta de Magaly Medina a Farfán

La conductora continuó con su cuestionamiento y sostuvo que Farfán, en anteriores ocasiones, habría asumido una postura crítica frente a las actuaciones de terceros en procesos judiciales. “Él tanto pregunta. Fuiste, ¿sí o no?”, insistió Medina durante la emisión de Magaly TV La Firme.

La periodista incluso cuestionó que el exfutbolista se hubiera tomado atribuciones para opinar sobre el cumplimiento de decisiones judiciales de otras personas.

“Entonces, así como él se daba el lujo de parecer un juez de algún juzgado, que no sé quién le dio esa atribución, ¿no? Ahora un juez le está llamando la atención a él por no cumplir con sus terapias psicológicas”, manifestó. “Entonces, yo creo que debería de ir, porque en mi opinión, la obsesión también es una manera de que uno tiene algo que no está funcionando bien en nuestras cabezas”, expresó.

La conductora cerró su intervención reiterando la pregunta que había dirigido al exfutbolista: “Entonces, ahora, Pisapaja, ¿sí o no? ¿Fuiste a tu terapia sí o no?”.

Ante la gravedad de los señalamientos, el cantante fue consultado sobre la denuncia y respondió de manera contundente. Barraza negó las acusaciones formuladas por su expareja y afirmó que está dispuesto a someterse a las investigaciones que correspondan para esclarecer lo ocurrido.

“Que investigue en todo lo que tenga que investigar. Es mentira, entonces, tú investiga. Yo estoy dispuesto siempre a colaborar con la justicia y a esclarecer todos los hechos, no hay problema con eso”, manifestó el artista.

Ingrid Mijares denunció a Tomate Barraza ante la Fiscalía

La denuncia de Ingrid Mijares incluye acusaciones por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además del presunto delito de acoso, según la documentación presentada en televisión.

La cantante venezolana, quien durante varios años formó parte de la orquesta de Barraza, decidió acudir a las autoridades después de lo que describió como una serie de episodios que habrían afectado su tranquilidad y su vida profesional.

Entre lágrimas, Mijares explicó por qué decidió presentar la denuncia. “Realmente si yo me atreví a hacer esta denuncia es porque realmente ya me vi en la necesidad. No voy a permitir tampoco que alguien me venga a perjudicar”, manifestó.

Su testimonio incluye referencias a presuntos insultos y gritos durante el periodo en el que ambos mantuvieron una relación personal y profesional. Sin embargo, uno de los episodios más delicados mencionados por la cantante corresponde a un supuesto hecho de violencia física que habría ocurrido en las inmediaciones de una discoteca. “Llegó a golpearme en su camioneta afuera de una discoteca, me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”, señala el documento mostrado durante el reportaje.

Expareja de Tomate Barraza también lo acusa de presunto hostigamiento laboral

Además de los señalamientos relacionados con una presunta agresión física, Ingrid Mijares aseguró ante la Fiscalía que habría existido una interferencia en algunas de sus actividades profesionales.

La cantante explicó que se desempeñaba como profesora de canto y sostuvo que Barraza habría intervenido para que perdiera algunos de esos trabajos. “El denunciado ha mandado que me despidan de los trabajos en los cuales yo daba clases de canto, de las municipalidades de San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel”, se lee en su declaración.

Mijares también señaló que, según su versión, el cantante habría contactado a personas que la contrataban para intentar impedir su participación en determinados eventos.

De acuerdo con el relato presentado en el reportaje, la artista sostuvo que Barraza incluso habría preguntado cuánto cobraba por determinadas presentaciones y posteriormente habría ofrecido sus propios servicios por precios similares o menores.

Ingrid Mijares ubica en 2024 el final de su relación con Tomate

Según la versión de la denunciante, Barraza acudió a recogerla a su domicilio en septiembre de 2024. Mijares sostuvo que el cantante habría iniciado la marcha del vehículo antes de que ella pudiera cerrar completamente la puerta, provocando que casi cayera. La artista situó este episodio como uno de los hechos que marcaron el final definitivo de la relación entre ambos, la cual ubicó entre los años 2021 y 2024.

El relato forma parte de la documentación difundida por el programa de televisión y, al igual que los demás señalamientos, deberá ser investigado para determinar las circunstancias en las que ocurrió. La denuncia también contiene otro aspecto que generó preocupación: la presunta exposición de información personal de Mijares.

La cantante aseguró que posteriormente se sintió amenazada luego de que una publicación difundida en abril expusiera, según su versión, su número telefónico personal y su dirección. “Yo sí me he sentido bastante amenazada que en el mes de abril se hizo una publicación donde me señalan que yo daba servicios íntimos poniendo mi número de teléfono personal, mi dirección, me tuve que mudar de mi domicilio en menos de 15 días”, relató.

Tomate Barraza niega las acusaciones y pide que se investigue el caso

Luego de que las declaraciones de Ingrid Mijares fueran difundidas públicamente, el programa buscó la versión de Carlos ‘Tomate’ Barraza. El cantante rechazó de manera tajante las acusaciones y aseguró que no tiene inconvenientes en que las autoridades investiguen cada uno de los hechos mencionados en la denuncia. “Que investigue en todo lo que tenga que investigar”, manifestó inicialmente.

Barraza continuó con una afirmación directa respecto a los señalamientos de su expareja: “Es mentira, entonces, tú investiga”. El artista también remarcó que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer la situación. “Yo estoy dispuesto siempre a colaborar con la justicia y a esclarecer todos los hechos, no hay problema con eso”, aseguró.

El caso fue difundido la noche del miércoles por el programa ‘Magaly TV, la firme’, espacio que mostró parte de la documentación fiscal relacionada con la denuncia. En los documentos presentados se consignan acusaciones por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además del presunto delito de acoso.

La denunciante, quien durante varios años formó parte de la orquesta de Barraza, decidió romper su silencio y explicar las razones que la llevaron a acudir ante las autoridades. Su testimonio fue presentado en medio de lágrimas y con evidente preocupación por las situaciones que, según su versión, habría atravesado durante y después de su relación con el cantante.

Ingrid Mijares cuenta por qué decidió denunciar a Tomate Barraza

En declaraciones difundidas durante el reportaje, Ingrid Mijares explicó que tomó la decisión de acudir a la Fiscalía porque consideraba que había llegado a un punto en el que ya no podía continuar soportando la situación.

“Realmente, si yo me atreví a hacer esta denuncia es porque realmente ya me vi en la necesidad. No voy a permitir tampoco que alguien me venga a perjudicar”, manifestó la cantante.

De acuerdo con el relato que aparece en la documentación fiscal mostrada por el programa, durante el periodo en el que ambos trabajaron juntos Mijares habría recibido insultos y gritos. Sin embargo, uno de los pasajes más delicados de su declaración corresponde a un presunto episodio de violencia física que habría ocurrido en la vía pública.

Según el documento exhibido, la cantante declaró: “Llegó a golpearme en su camioneta afuera de una discoteca, me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”.

El testimonio de Mijares también incluye otros hechos que, según sostuvo, habrían ocurrido durante la relación y después de su separación. La cantante situó el vínculo entre ambos entre los años 2021 y 2024, periodo durante el cual también mantuvieron una relación profesional debido a que ella integraba la orquesta de Barraza.

Expareja de Tomate Barraza también denuncia presunto hostigamiento laboral

La denuncia presentada por Ingrid Mijares no se limita a los presuntos episodios de violencia física y psicológica. En la documentación difundida también aparece un señalamiento relacionado con su actividad profesional.

La cantante sostuvo que su expareja habría interferido en algunos de sus trabajos como profesora de canto y que presuntamente habría buscado que dejara determinadas actividades laborales. “El denunciado ha mandado que me despidan de los trabajos en los cuales yo daba clases de canto, de las municipalidades de San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel”, se lee en su declaración.

Mijares también afirmó, según el documento presentado en televisión, que Barraza habría contactado a algunas personas que la contrataban para intentar impedir su participación en determinados eventos.

La cantante aseguró además que, en algunas ocasiones, el artista habría preguntado cuánto dinero había cobrado ella por determinados trabajos y posteriormente habría ofrecido sus propios servicios por montos similares o incluso menores.

Ingrid Mijares asegura que recibió amenazas después de la denuncia

Otro de los aspectos que generó preocupación en el testimonio de Ingrid Mijares está relacionado con una presunta exposición de sus datos personales.

La cantante afirmó que, después de los hechos denunciados, habría recibido situaciones que interpretó como amenazas y hostigamiento. Entre ellas mencionó una publicación difundida en abril en la que, según su versión, se habría colocado su número telefónico personal y su dirección.

“Yo sí me he sentido bastante amenazada. En el mes de abril se hizo una publicación donde me señalan que yo daba servicios íntimos, poniendo mi número de teléfono personal, mi dirección. Me tuve que mudar de mi domicilio en menos de 15 días”, relató. La denunciante sostuvo que la difusión de esa información generó una situación de temor que la llevó a abandonar su vivienda en un periodo corto.

¿Qué denunció Ingrid Mijares contra Tomate Barraza?

La denuncia difundida públicamente reúne distintos señalamientos realizados por la cantante venezolana. Entre ellos aparecen presuntos episodios de agresión física, maltrato psicológico, acoso, hostigamiento e interferencia en sus actividades profesionales.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el referido al supuesto ataque ocurrido afuera de una discoteca, debido a que Mijares aseguró que habría sido golpeada dentro de una camioneta y que el cantante la habría jalado de los cabellos y presuntamente ahorcado.

A ello se suman sus declaraciones sobre un supuesto intento de perjudicar sus trabajos como profesora de canto y su afirmación de que habría recibido amenazas después de que sus datos personales fueran expuestos públicamente.

Más del 95% de las mujeres consultadas en una investigación sobre el entorno de la Universidad de La Habana declaró haber sufrido alguna forma de hostigamiento físico, persecución o exhibicionismo.

El acoso callejero, los tocamientos y la vigilancia en redes sociales forman parte de violencias cotidianas que suelen quedar minimizadas, aunque afectan la salud mental, restringen la movilidad y profundizan desigualdades, según especialistas consultadas por el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac).

Piropos no deseados, silbidos, comentarios sobre la apariencia, miradas intimidantes e invasiones del espacio personal integran un repertorio de agresiones que suele presentarse como una costumbre, una broma o una expresión de la cultura popular.

La jurista Sara Ida Hernández Valdés, responsable de la mentoría DoyDas, señaló a SEMlac que existe una aceptación social extendida de estos comportamientos. “Estas conductas suelen camuflarse bajo etiquetas como ‘la costumbre’, ‘la cultura popular’, ‘el humor’ o ‘una simple broma’”, afirmó.

Hernández Valdés advirtió que la repetición de estas experiencias genera consecuencias que no siempre son visibles desde el exterior. Entre ellas mencionó la hipervigilancia crónica, el desgaste psicológico y la necesidad de anticipar posibles agresiones en actividades ordinarias, como caminar por la calle, utilizar el transporte público o participar en espacios digitales.

“Las personas viven en un estado constante de alerta, anticipando la agresión”, expresó la jurista. Según explicó, esa expectativa consume recursos emocionales, cognitivos y físicos, aun cuando los episodios no dejen lesiones corporales.

Por su parte, la socióloga Anaclara León Pérez, investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y cocordinadora de la Red Feminista Universitaria, planteó que el impacto tampoco se distribuye de manera uniforme.

El género, la clase social, el color de piel y el lugar de residencia influyen en la exposición a estas prácticas y en las herramientas disponibles para enfrentarlas.

Las violencias cotidianas pueden aparecer en distintas etapas de la vida y en ámbitos diversos. Además de la calle, las redes sociales se convirtieron en un espacio de vigilancia, burlas, descalificaciones y mensajes que buscan controlar o desacreditar a las mujeres.

Una investigación registró agresiones frecuentes cerca de la Universidad de La Habana

La tesis de Sociología “La deshumanización de un sexo: acoso sexual callejero en el entorno de la Universidad de La Habana”, elaborada por Paula Amalia Ríos Maldonado, documentó la frecuencia de estas conductas en los alrededores de ese centro de estudios.

El trabajo concluyó que más del 95% de las mujeres encuestadas había atravesado situaciones de acoso físico, persecución o exhibicionismo en la zona universitaria. Entre las experiencias relevadas aparecieron gestos sexuales de desconocidos, silbidos, bocinazos desde vehículos y seguimientos en la vía pública.

Según los resultados citados por SEMlac, el 75.6% de las encuestadas recibió gestos sexuales de personas desconocidas. El 73.2% afirmó que le tocaron bocina desde vehículos y el mismo porcentaje indicó que sufrió silbidos. A su vez, el 41.5% relató que había sido perseguida.

La investigación también identificó la masturbación pública como una práctica recurrente en el área próxima a la Facultad de Artes y Letras, cerca de la calle G, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución.

Entre las mujeres que informaron haber sido víctimas de exhibicionismo de este tipo, el 46% dijo que la situación ocurrió precisamente en esa zona.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador advirtió que las exigencias sociales sobre cómo debe actuar una mujer que sufrió agresiones pueden obstaculizar el acceso a la justicia y reforzar escenarios de impunidad. La institución abordó el tema en su boletín de septiembre, titulado El mito de la víctima perfecta.

La publicación, elaborada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, señaló que la violencia de género persiste como una de las expresiones más extendidas de desigualdad. A las consecuencias de los ataques se suman prejuicios sociales, institucionales, legales y psicológicos que ponen en duda el relato de quienes denuncian.

El documento identificó como una de esas ideas el denominado mito de la víctima perfecta, que instala expectativas sobre la conducta, las reacciones y hasta la situación socioeconómica que debería tener una persona para ser considerada creíble.

Cuestionamientos sobre la denuncia y la reacción

De acuerdo con el boletín, muchas mujeres víctimas de violencia de género son cuestionadas porque no denunciaron de inmediato, porque continuaron una relación con el agresor o porque no reaccionaron de la manera que terceros consideran adecuada.

La Corte sostuvo que esas decisiones pueden estar atravesadas por factores como el miedo, la dependencia económica, el vínculo emocional y la manipulación psicológica ejercida por el agresor. Remarcó que la denuncia tardía o la continuidad de la relación no deberían utilizarse como argumentos para desestimar el testimonio.

El material también advirtió que algunas víctimas eligen permanecer en silencio por temor a no ser creídas o a enfrentar cuestionamientos en instancias judiciales. Esa situación puede contribuir a la continuidad de los ciclos de violencia y a la impunidad, según la institución.

La evaluación de los casos

El boletín planteó que la sociedad suele esperar que una víctima se muestre vulnerable, emocionalmente afectada y sin antecedentes que puedan ser objeto de cuestionamientos. Cuando una mujer no responde a ese modelo, puede ser juzgada, culpabilizada, desacreditada o revictimizada.

Para la Dirección, la credibilidad de una persona debe evaluarse a partir de los hechos y los antecedentes del caso, sin estereotipos ni expectativas sociales.

La dependencia judicial subrayó que romper con esas ideas es necesario para asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres. El boletín añadió que las consecuencias de este prejuicio pueden impedir que las instituciones encargadas de brindar protección y justicia cumplan esa función.

La Corte Suprema de Justicia informó que la atención técnica, el análisis y el seguimiento, así como la formación y sensibilización, están a cargo de las oficinas administrativas y jurídicas de la institución.

El silencio familiar: el mecanismo invisible que perpetúa la violencia de género

La Unidad de Género de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia de la CSJ alertó que el “secreto familiar” en situaciones de violencia machista funciona como una ley implícita de silencio que aísla a la víctima y protege al agresor, bajo el argumento de resguardar “la honra” o la unidad del hogar. La advertencia figura en el boletín oficial N.º 17, fechado en agosto de 2026.

El boletín describe tres dinámicas que consolidan el pacto de silencio: la normalización del abuso con frases como “así es su carácter” o “está bajo mucho estrés”; la transferencia de culpa, cuando la víctima asume la responsabilidad para no dañar la imagen externa; y la “lealtad invisible”, que instala la idea de que hablar o pedir ayuda es una “traición” al entorno cercano.

La acusación deberá acreditar que Zerda tuvo la intención de inducir a Robles a quitarse la vida. La fiscalía buscará probar una instigación al suicidio, un delito que puede sumar penas por amenazas previas.

Zerda permanece bajo prisión preventiva hasta el 29 de septiembre. En un audio dirigido al hermano de Robles, afirmó: “Tu hermana ha hecho lo que quería porque quería” y negó responsabilidad por su muerte.

Denuncias previas y reclamos ante la Justicia

La familia de Karla Robles afirmó que presentó seis denuncias contra Zerda. Durante la exposición del caso, se indicó que existen cuatro denuncias constatadas en la Justicia vinculadas con violencia de género.

Las presentaciones corresponden al período posterior al inicio de la relación, en 2020. Robles y Zerda mantuvieron un vínculo que, según el relato expuesto, incluyó hostigamiento, amenazas y conflictos por redes sociales.

También constan reclamos de un abogado de Robles ante la fiscalía donde tramitaban las denuncias. El letrado pidió que las autoridades actuaran ante publicaciones y contactos que atribuyó a Zerda.

En esos mensajes, el abogado alertó sobre una presunta violación de una medida cautelar. La restricción impedía que Zerda publicara contenidos sobre Robles o se comunicara con ella por cualquier medio.

El reclamo incluyó un pedido directo a una funcionaria judicial: “Necesito que hable con el señor fiscal. Nos vamos a arrepentir después, doctora”. El mensaje también pidió que no dejaran pasar la situación.

Según se informó, Zerda habría publicado mensajes con el nombre y apellido de Robles. El contenido la calificaba de enferma y manipuladora, de acuerdo con los intercambios que se mostraron.

El miedo de Karla Robles y el hostigamiento denunciado

Karla Robles expresó temor por su familia en un audio que envió a una amiga. Allí dijo que temía represalias contra sus padres y su hermano por parte de Cerda. “Yo me muero si llegan a hacer algo a mi familia”, afirmó Robles. También contó que ese día había quedado paralizada por el miedo ante la posibilidad de sufrir un ataque.

Robles manifestó que pensaba que Zerda podía vengarse. “Este me va a hacer algo en la calle, me va a hacer chocar, me va a hacer algo”, sostuvo en el audio.

La joven había pedido ayuda ante la Justicia por presuntos incumplimientos de restricciones y hostigamiento. Las denuncias, los chats y los audios forman parte del contexto que analizará el tribunal.

Entre 2020 y 2025, Robles tuvo dos intentos de suicidio y recibió internaciones, según se relató durante el programa. Zerda habría mantenido contactos con ella incluso durante una de esas internaciones.

El caso también plantea interrogantes sobre las medidas de protección disponibles. Se indicó que Robles conservó su teléfono durante su estadía en un centro de salud mental.

Mensajes, transmisión en vivo y evidencia digital

La fiscalía también cuenta con conversaciones peritadas entre Robles y Zerda. Parte de esos mensajes corresponde a la noche en que ella se quitó la vida.

En uno de los intercambios, Zerda le escribió: “En el peor de los infiernos vas a terminar”. También la insultó y mencionó una maldición contra ella y su madre.

Robles respondió con un mensaje que anticipaba su decisión. “No querías que me muera, ahí te doy el gusto”, le dijo, antes de iniciar una transmisión en vivo por TikTok.

Pasadas las tres de la mañana, Robles compartió el enlace de la transmisión con Cerda. Luego se quitó la vida durante esa emisión, que llegó a reunir a 96 personas.

El video ya no está disponible en la plataforma. Según se informó, varias amigas de Robles vieron la transmisión y trataron de comunicarse con ella durante la madrugada.

Robles comenzó la emisión con un relato sobre Zerda y las situaciones que había atravesado con él. Su madre se encontraba en una habitación contigua, pero no respondió las llamadas de las amigas.

Una de las amigas fue hasta la vivienda de Robles. Cuando llegó, tomó el teléfono y registró las capturas y los mensajes que todavía figuraban en la conversación con Zerda.

El teléfono de Cerda y la discusión sobre la pena

El registro de la amiga permitió conservar parte de los intercambios que la fiscalía incorporó a la investigación. Según el relato, Zerda borraba mensajes de su teléfono mientras ella filmaba la pantalla.

Se afirmó que Cerda tomó esa decisión después de conocer la muerte de Robles. A las seis horas, habría reiniciado su dispositivo para eliminar el resto de la información almacenada.

La fiscalía no pudo recuperar el contenido completo del teléfono de Cerda. Aun así, cuenta con las capturas, los audios, las conversaciones peritadas y las denuncias previas.

En otro audio, Cerda amenazó al hermano de Robles. “Yo voy a andar en la sombra”, dijo. También advirtió: “Si vos la tocás a mi vieja, yo te voy a descuartizar”.

Zerda sostuvo en esa grabación que Robles lo había insultado y que él solo respondió. “Vos amenazás, yo también puedo amenazar”, afirmó durante el mensaje enviado al familiar.

La pena solicitada podría llegar a seis años si la Justicia combina la imputación por instigación al suicidio con amenazas previas. La figura de instigación, por sí sola, prevé hasta cuatro años.

La discusión judicial se centrará en la intención atribuida a Zerda. La fiscalía deberá demostrar que sus mensajes y acciones buscaron llevar a Robles a atentar contra su propia vida.

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Los exjugadores de la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, han aceptado este jueves una condena de un año de prisión por pornografía infantil por un vídeo sexual grabado en Gran Canaria en 2023. En cambio, Raúl Asencio ha quedado absuelto.

El acuerdo, ya firme, se ha alcanzado entre las defensas y las acusaciones después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes —una de ellas tenía 16 años en ese momento— declararan durante el juicio que perdonaban a los cuatro futbolistas, según informa la agencia EFE.

Ese perdón ha dejado sin efecto la acusación contra Asencio por revelación de secretos, vinculada a la difusión del video a un tercero. También ha permitido que la Fiscalía aplicara una atenuante a los otros tres acusados por el delito de pornografía infantil.

Antes del pacto, el Ministerio Fiscal solicitaba penas de cuatro años y siete meses de prisión para Ruiz, Rodríguez y García, y de dos años y medio para Asencio.

Para tomar esa decisión, la magistrada Virginia Peña ha tenido en cuenta sus “circunstancias personales y sociales”, el hecho de carecer de antecedentes penales y “el esfuerzo que han hecho por reparar el daño causado”. Tanto la fiscal como la magistrada han explicado que son merecedores de esa suspensión en atención a lo que establece el Código Penal para las penas de cárcel inferiores a dos años.

Condenado por conducir alcoholizado

Esta misma semana, Asencio ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido el pasado mes de agosto conduciendo su vehículo, un Porsche, con una tasa de alcohol muy superior a la permitida. La prueba de aire espirado arrojó un resultado de 0,90 mg/l, frente al límite legal de 0,25 mg/l.

El control se produjo el 16 de agosto en una zona de ocio del sur de Gran Canaria, dentro de un dispositivo rutinario de vigilancia. El jugador fue juzgado en un procedimiento rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana, que concluyó con una multa de 14.400 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

(Con información de EFE)

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador.

Diez de esos casos, equivalentes al 59%, fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según el informe elaborado a partir de un monitoreo de medios de comunicación e información policial y judicial.El documento ubica a la violencia dentro de las relaciones íntimas como el principal ámbito vinculado a los crímenes analizados.

Ormusa sostuvo que la proporción de hechos cometidos por parejas o exparejas muestra la persistencia de dinámicas de control, dominación y violencia contra las mujeres en el entorno afectivo y familiar.

El observatorio advirtió que el registro es aproximado, ya que se nutre de noticias publicadas en medios, así como de datos policiales y judiciales. La organización seleccionó los casos que presentaban indicios de feminicidio o de muerte violenta de mujeres durante el período examinado.

Santa Ana y San Salvador reunieron el 65% de los casos

La distribución territorial mostró una concentración de los hechos en seis departamentos. Santa Ana encabezó el registro con siete casos, el 41% del total, seguida por San Salvador, con cuatro asesinatos, el 24%.

Entre ambos departamentos sumaron 11 casos, el 65% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres documentados por ORMUSA entre enero y agosto. La Paz y Cabañas registraron dos casos cada uno, mientras que Usulután y La Libertad contabilizaron un hecho por departamento.

Los crímenes ocurrieron en los municipios y distritos de San Salvador, Guazapa, San Marcos y Nejapa, en el departamento de San Salvador. En Santa Ana, los registros correspondieron a Santa Ana, El Congo, Chalchuapa y Candelaria de la Frontera. También hubo casos en Zacatecoluca y Jerusalén, en La Paz; San Dionisio, en Usulután; Ilobasco y Sensuntepeque, en Cabañas; y Tamanique, en La Libertad.

El informe plantea la necesidad de medidas de prevención, atención y protección con alcance territorial. Aunque Santa Ana y San Salvador concentraron la mayor cantidad de casos, ORMUSA señaló que los feminicidios registrados en otros departamentos plantean retos para la cobertura institucional, en especial en zonas con mayor población rural.

La vivienda de la víctima fue el escenario de siete crímenes

El reporte indica que el 41% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima, una proporción que equivale a siete de los 17 hechos registrados. Para ORMUSA, ese dato adquiere relevancia al observarse junto con el predominio de agresores que eran parejas, exparejas o personas cercanas a las mujeres asesinadas.

La organización también informó que en el 12% de los casos los agresores se suicidaron después de cometer el feminicidio. Además, tres presuntos responsables murieron tras los hechos: uno falleció en un accidente de tránsito cuando intentaba escapar y dos se quitaron la vida.

Hasta la fecha de elaboración del informe se habían informado 13 capturas vinculadas a los casos analizados. El documento no detalla la situación procesal de las personas detenidas.

En el 18% de los feminicidios se identificaron indicios de violencia sexual en los cuerpos de las víctimas.

En relación con los métodos empleados, Ormusa indicó que las armas de fuego, las armas blancas y la asfixia estuvieron presentes en el 59% de los casos. El reporte asoció este dato con la utilización de medios de alta letalidad en contextos de violencia de pareja, intrafamiliar o cometida por personas conocidas.

Las víctimas pertenecían a distintos grupos de edad, aunque predominó el rango de 26 a 35 años, que reunió el 30% de los casos. Le siguieron las mujeres de entre 41 y 50 años, con cuatro registros, equivalentes al 24%. En cinco casos, el 40%, no se pudo establecer la edad de la víctima.

La madre de Guadalupe Mena, la joven policía bonaerense asesinada de un disparo en la cabeza en Mar del Plata el 1 de enero de 2025, reclamó públicamente que la causa lleva casi dos años sin fecha de juicio. El novio de la joven y ex integrante de la fuerza, Fabián Vázquez, permanece detenido luego de que las pericias balísticas determinaran que la bala salió de su arma reglamentaria.

En el marco de las jornadas de las Madres Unidas por el Dolor, Sonia apuntó a la demora en la causa, en diálogo con el medio 0223. “A un año, ocho meses y un día todavía sigo esperando fecha de juicio”, se quejó.

“Yo no puedo entender que te maten a un hijo y vos tengas que esperar un año, dos años porque ellos no pueden apurar las causas”, sostuvo la mujer, al mismo tiempo que cuestionó la respuesta que recibe por parte de las autoridades a su reclamo. “La Justicia me quiere tranquilizar con que el asesino, el femicida está preso, pero para mí eso no alcanza”, afirmó.

Además, volvió a poner en duda la versión que apunta a un accidente y señaló que hubo manipulación de la escena del crimen. “El día del femicidio de Guadalupe Mena estaba toda la familia. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, pero tuvieron tiempo de manipular la escena del crimen, de disparar el arma de mi hija”, apuntó.

La muerte de la joven de 19 años ocurrió la noche del 1 de enero de 2025 en una vivienda de la calle Falucho al 8600, cuando recibió un disparo en el parietal derecho que le causó una herida mortal, con orificio de entrada y sin salida. Hacía apenas nueve meses que estaba en la fuerza; había trabajado como numeraria en el Comando de Patrulla Rural de Necochea hasta que fue incorporada al Operativo de Sol a Sol. Tras el trágico desenlace la trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los esfuerzos de los profesionales no alcanzaron y murió a las 22.30.

Vázquez, de 22 años, quedó detenido esa misma noche. Ambos habían cursado juntos en la Escuela de Policía Juan Vucetich y mantenían una relación de pareja desde hacía cinco meses. Al día siguiente, el imputado declaró ante la fiscal María Constanza Mandagarán y sostuvo que Mena estaba jugando con el arma reglamentaria luego de limpiarla, que se la apoyó en la cabeza y que él intentó quitársela cuando el disparo se produjo.

“Estaban en el interior de la casa, donde había otras personas, y Mena había terminado de limpiar su arma, jugó con ella y se la apoyó en la cabeza. Dijo que él intentó sacársela y que en ese momento se le escapó el disparo que le dio en la cabeza”, describieron desde la defensa del acusado.

Sin embargo, las pericias balísticas determinaron que la bala salió del arma del joven, lo que desnudó la hipótesis de femicidio que la familia sostuvo desde el inicio. El imputado fue desafectado de la fuerza y permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, acusado de homicidio triplemente agravado por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género, por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Sobre aquella noche, Sonia recordó que nadie le informó de manera inmediata lo ocurrido con su hija. “Nadie me avisó cuando a Guada le pasó lo que le pasó, e imagínense cómo me siento como madre”, le dijo a 0223.

Por otro lado, la mujer mencionó una problemática que desde el colectivo de madres -un espacio de contención que reúne a familiares de víctimas de femicidio, homicidio y accidentes de tránsito- vienen sufriendo: se trata del acceso a una representación legal sin cargo. “Sabemos que existe una ley que nos permite acceder a un abogado gratuito como lo tiene el acusado, el victimario, y no tenemos ese acceso porque dicen que es un renglón en blanco”, remarcó. En esa misma línea, se refirió a los costos que manejan los letrados y explicó que resulta inaccesible para muchas familias.

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo, según confirmaron fuentes judiciales confirmaron a Infobae.

Todo comenzó este miércoles por la madrugada, alrededor de las 2, cuando el acusado se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia. Ante el personal policial, dijo que había discutido con su pareja, que la había golpeado y que, tras la agresión, la mujer se había desvanecido.

Con esta información, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda, ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4, en la zona cercana al barrio La Bianca. Allí encontraron a Rigoni inconsciente. Fuentes cercanas al caso detallaron que, a simple vista, la mujer no presentaba lesiones de gravedad: únicamente tenía una herida en el labio.

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la autopsia preliminar al cuerpo de la víctima reveló que la causa de muerte fue una fractura de cráneo.

Debido a que no reaccionaba, fue trasladada al Hospital Masvernat, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarla, pero finalmente confirmaron su deceso.

La causa quedó a cargo del fiscal Mauro Jaume, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia, quien ordenó la detención del presunto agresor y una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de la víctima y del acusado, que serán sometidas a peritajes. Según pudo saber este medio, la vivienda no presentaba signos evidentes de una pelea, ya que “estaba todo muy ordenado”. Sin embargo, en una de las paredes hallaron una mancha de color rojizo.

En un primer momento, los investigadores analizaron si podía tratarse de sangre. No obstante, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Rigoni no había sufrido una pérdida de sangre que permitiera explicar esa marca. Por ese motivo, resta establecer mediante peritajes el origen de la sustancia hallada.

A partir del resultado de la necropsia, la principal hipótesis es que, durante la discusión, Sigwardt habría golpeado la cabeza de su pareja contra una pared.

Sigwardt quedó imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y permanece alojado en la Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sea llamado a declarar.

Fuentes judiciales aseguraron que no se habían registrado denuncias previas por violencia de género contra el detenido, aunque sí tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. Durante la inspección del inmueble, los agentes también hallaron marihuana.

El fiscal Jaume, por su parte, ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios. Según relataron algunos vecinos, era muy común escuchar discusiones y peleas en la vivienda de la pareja y aquella noche no fue la excepción.

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género, entre el 1° de enero y el 31 de agosto se registraron al menos 173 víctimas letales: 142 femicidios directos, 18 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

La cifra equivale a una víctima cada 34 horas.

El informe también contabilizó 273 intentos de femicidio —uno cada 25 horas— y señaló que el 13,9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. En el 64,1% de los casos, los acusados eran parejas o exparejas; el 42,2% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en un domicilio compartido. Al menos 182 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres.

La Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales en Ceuta, de las cuales nueve víctimas son menores de edad, desde la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio desde Marruecos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado, hasta el momento, a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores permanece sin identificar.

De esas 23 agresiones, según han informado fuentes fiscales a la agencia EFE, cinco de ellas han sido violaciones. Nueve de las víctimas de esas agresiones sexuales son menores de edad de entre 14 y 17 años, lo que refleja la especial vulnerabilidad de las menores migrantes en el contexto de esta crisis.

Organizaciones humanitarias especializadas en infancia como Save the Children ya han advertido en varias ocasiones de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación.

Organizaciones vecinales se han encargado de proteger a mujeres y niñas

Aunque ya han sido reubicadas unas 400 menores en espacios provisionales, hasta el momento otras 300 niñas permanecían fuera del sistema de protección, según ha adelantado la Cadena Ser, aunque el Gobierno de la ciudad autónoma espera poder acogerlas este martes en una nave que ha tenido que ser habilitada en los últimos días porque no disponía de electricidad. En total, el sistema de protección de menores de Ceuta acoge a unos 1.500 niños.

Por ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados que es “imprescindible” acoger en la Península a los menores no acompañados llegados a Ceuta para “destensionar la situación” de la ciudad y porque “es la mejor manera de garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas”, añadió la ministra durante su comparecencia. Ante esta situación, Rego reclama agilizar el traslado a la Península de 500 niñas de las 760 que, según estima el ministerio, aún permanecen en la ciudad.

Ante la falta de recursos oficiales, han sido varias las organizaciones vecinales que se han encargado de proteger a estas menores, convirtiendo campos de fútbol sala en campamentos improvisados para evitar que durmieran en el monte, con los riesgos que implica.

“Requiere la actuación ágil de la justicia”

Este lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cifró en 21 las agresiones sexuales ocurridas en Ceuta en este último mes, advirtió que se trata de “hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español”.

Redondo, que intervino en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis en Ceuta, explicó que el Centro de Crisis 24 horas destinado a atender a víctimas de violencias sexuales o trata, gestionado por el gobierno de la ciudad autónoma, está acogiendo a nueve menores víctimas de agresión sexual en las 14 plazas residenciales de corta estancia de las que dispone.

(Con información de EFE)

La causa por el crimen de Juana Mailén Antonich sumó un nuevo paso judicial con el pedido de prisión preventiva para Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, los dos acusados por el femicidio de la joven de 24 años hallada muerta en las inmediaciones del Balneario N.° 0, en la zona de SeaView y Punta Cantera en la ciudad de Mar del Plata.

La solicitud de la Fiscalía quedó respaldada en una reconstrucción que combina resultados forenses, registros de cámaras, rastros biológicos, peritajes telefónicos y testimonios incorporados durante la investigación.

La acusación sostiene que ambos imputados actuaron en conjunto y que sometieron a la víctima en un contexto de violencia de género. Según la hipótesis fiscal, la agresión ocurrió entre las 0 y las 15 del 1 de agosto de 2026, aunque la secuencia que derivó en el crimen había comenzado el día anterior, cuando la joven llegó al predio luego de ser trasladada por un hombre que le había ofrecido una supuesta entrevista laboral.

Díaz Bartolomé y Aquino están imputados por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por femicidio, bajo los incisos 6 y 11 del artículo 80 del Código Penal.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la acusación, a la que tuvo acceso el medio local La Capital, Johana Mailén Antonich fue reducida por los dos imputados, que habrían aprovechado la diferencia física respecto de la joven para inmovilizarla. La investigación indica que fue atada de manos y pies, despojada de su ropa y sometida a agresiones físicas y sexuales.

La autopsia incorporada a la causa determinó que la víctima sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y heridas cortantes múltiples en la cabeza, el rostro y la región cervical. El informe concluyó que murió por una hemorragia masiva causada por una lesión de arma blanca en el cuello.

Entre los hallazgos forenses también figura una luxación cervical C1-C2, lesiones defensivas en las manos y señales de un castigo corporal intenso. A eso se sumó la detección de monóxido de carbono en sangre, un dato que, para los investigadores, indica que la joven estuvo expuesta a combustión cuando todavía se encontraba con vida.

El cadáver de la joven fue encontrado detrás de un contenedor del Balneario N.° 0, enterrado, semidesnudo, envuelto en una frazada y con ataduras en manos y pies. Durante la inspección en el lugar, los peritos secuestraron cables y sogas con características compatibles con las utilizadas para inmovilizar a la víctima.

La investigación también ubicó manchas de sangre dentro de la cabaña utilizada por los acusados. Además, a Agustín Nicolás Díaz Bartolomé le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, elemento que quedó incorporado a las pericias ordenadas en la causa.

Uno de los puntos centrales del expediente es el examen de las lesiones que presentaban los propios acusados después del hecho. José Luis Aquino fue atendido en la mañana del 1 de agosto en la UPA 8 de Punta Mogotes con heridas cortantes en el rostro, el cuello y las piernas, además de una equimosis en un brazo e inyección conjuntival.

Para los investigadores, esas lesiones son compatibles con maniobras defensivas realizadas por la víctima durante el ataque. La acusación añade que Aquino habría intentado explicar esas heridas con una versión falsa al afirmar que había sido víctima de un robo.

En el caso de Díaz Bartolomé, los peritos detectaron excoriaciones lineales en la espalda compatibles con marcas de uñas humanas. Ese dato también fue incorporado como indicio de resistencia por parte de Antonich en el momento de la agresión.

Los estudios practicados sobre prendas secuestradas a ambos imputados arrojaron resultados que la Fiscalía considera de peso. Los peritajes detectaron manchas de sangre humana y antígeno prostático específico (PSA) en ropa de los acusados y en la frazada que envolvía el cuerpo de la joven.

La presencia de esos rastros fue sumada al análisis del interior de la cabaña ocupada por los acusados, donde también se encontraron manchas de sangre. Ese conjunto de elementos reforzó la hipótesis de que en ese ámbito se produjeron hechos vinculados con el crimen investigado.

La acusación aún debe precisar con mayor detalle la intervención individual de cada imputado, pero sostiene que la evidencia reunida hasta ahora permite ubicar a ambos dentro de una misma secuencia delictiva.

La pesquisa también avanzó con apoyo de imágenes de seguridad. Las cámaras del balneario registraron el ingreso de Mailén a las 17.10 del 31 de julio. Poco después, según el expediente, un hombre con campera verde apareció en la secuencia y la agredió físicamente.

A ese material se agregaron registros de cámaras privadas y municipales que captaron una Volkswagen Suran roja perteneciente a la persona que había llevado a la víctima hasta el lugar con el argumento de una supuesta entrevista laboral. Los videos también mostraron actividad ígnea y humo dentro del predio durante la mañana del 1 de agosto.

En paralelo, el análisis de comunicaciones estableció que a las 15.31 del 31 de julio se produjo una llamada desde una línea atribuida a Aquino hacia el teléfono de la víctima. Otro dato considerado clave fue el hallazgo de la tarjeta SIM del celular de Mailén Antonich en el bolsillo interno de una campera secuestrada a Aquino.

Los estudios sobre antenas telefónicas añadieron otro elemento. Según la investigación, el teléfono utilizado por Díaz Bartolomé permaneció enlazado con la antena correspondiente al Balneario N.° 0 durante la franja horaria que los investigadores consideran crítica para reconstruir el crimen.

Después del hecho, la Fiscalía sostiene que los imputados llevaron adelante maniobras para hacer desaparecer elementos comprometedores. Familiares y testigos declararon haber visto a ambos quemando objetos dentro de un tambor de aceite de 200 litros.

Al inspeccionar, los investigadores encontraron restos de telas con sangre y partes de una campera verde, una pieza que aparece mencionada en la reconstrucción basada en las cámaras. Para la acusación, esa conducta forma parte de un intento deliberado de borrar huellas del ataque.

El expediente agrega que, tras el crimen, los acusados dieron versiones falsas a familiares de la víctima para ocultar su presencia en el lugar. Luego, siempre según la investigación, escaparon por la playa y fueron encontrados escondidos entre arbustos en inmediaciones del Parador Waikiki, donde quedaron aprehendidos.

La causa también reunió elementos sobre la relación previa entre Aquino y la joven asesinada. El testimonio de una mujer y chats recuperados de un usuario identificado como “Cuni Alvarado” en Facebook Messenger permitieron reconstruir, según la acusación, un comportamiento insistente del imputado hacia la víctima desde marzo de 2026.

La madre, la hermana y una amiga de Candela Arizaga declararon este lunes ante la Justicia en la causa contra Facundo Moyano y coincidieron en un punto central: ninguna dijo haber tenido conocimiento de episodios de violencia previos entre la joven y el ex diputado.

Los tres testimonios fueron recibidos por la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, las tres testigos describieron el vínculo entre Arizaga y Moyano como una “una pareja normal”.

Miriam Puntonet, madre de Candela, contó que sabía del noviazgo desde el verano y que incluso había conocido personalmente a Moyano. “Siempre me habló bien de él, yo nunca escuché nada de eso”, respondió cuando le preguntaron si antes del episodio investigado había sabido de alguna situación de violencia. También recordó que el 14 de febrero fue a comer a la casa del ex diputado y que luego fueron a un recital en la cancha de River.

Su hija Victoria Arizaga Morel declaró en el mismo sentido: “Estaban juntos, siempre todo bien, nunca nada raro. Ella contaba siempre que la relación estaba bien”. Consultada específicamente sobre si conocía algún antecedente de violencia entre ambos, respondió: “No, nada”.

La hermana de Candela también explicó la historia que publicó en Instagram el día del episodio y que eliminó aproximadamente una hora después, en la que escribió: “Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”. Ante la fiscalía sostuvo que la subió “en un estado de enojo” cuando se enteró de lo ocurrido y aseguró que no estaba dirigida específicamente contra Moyano: “Puse eso como pude haber puesto de cualquiera en general, no algo de Moyano en particular”.

Por último, Nicole Bizzozero, amiga de Arizaga, contó que conocía el vínculo desde sus comienzos y que Candela nunca le había relatado situaciones que la pusieran en alerta. “(Tenían) peleas, como boludeces de una pareja normal, nada que me llame la atención para ponerme en alerta como amiga”, afirmó. Según relató, cuando compartió encuentros con ambos los vio llevarse “bien como cualquier pareja común y corriente”.

La última declaración de Candela

Las testimoniales de este lunes se produjeron una semana después de que la propia Arizaga volviera a presentarse en la fiscalía para ampliar y rectificar distintos puntos de su primera declaración.

En esa audiencia, la joven explicó que decidió regresar a la fiscalía después de reconstruir parte de lo sucedido junto a su familia. “Quería modificar cosas que me fui acordando, mientras hablaba con mi familia”, sostuvo.

Uno de los puntos estuvo relacionado con cómo recuperó el celular que había quedado en el departamento de Moyano. En su primera declaración había dicho que lo recibió en el hospital y que se lo habían llevado sus amigas. Sin embargo, rectificó esa versión y aseguró que Diego “Figa” Di Santo, custodio de Moyano, se lo llevó a su edificio después de que recibió el alta. En el acta quedó asentado, además, que fue su madre quien posteriormente la ayudó a recordar cómo había recuperado el teléfono.

Arizaga también negó la versión del policía que intervino aquella madrugada, quien había declarado que la joven manifestó haber sido víctima de violencia. “En ningún momento dije que me habían golpeado, ni que me tenían secuestrada”, aseguró. Según su relato, las primeras personas con las que habló estaban dentro de un colectivo y allí dijo que había consumido drogas, que estaba asustada y que se dio cuenta de que atravesaba algo “producto de un delirio, psicosis”.

La joven también dio precisiones sobre el consumo de cocaína durante las horas previas al episodio. “Yo no pude dormir y empecé ese lunes a consumir, durante el día dormí un ratito y después continué”, declaró.

Por último, contó que comenzó terapia dos veces por semana en Rosario y manifestó su voluntad de que se levanten las medidas de protección para poder volver a ver a Moyano. La fiscal le explicó los motivos por los que, por el momento, consideraba que no correspondía dejar sin efecto las restricciones.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3, a cargo de Florencia Nocerez, quien seguirá tomando testimoniales la semana próxima, según pudo saber este medio.

El matrimonio infantil está asociado a diversas consecuencias en el desarrollo emocional, social y educativo de niñas, niños y adolescentes. Así lo expone Yanira Ostorga, presidenta y psicóloga de la Fundación de Psicología Para una Vida y Mente Sana (FUNPSISAN), en una entrevista con Infobae, donde detalla cómo esta práctica puede condicionar etapas clave y vincularse a distintas afectaciones personales y familiares.

Según Ostorga, cuando una niña o adolescente asume responsabilidades de pareja, hogar o maternidad antes de tiempo, enfrenta una carga emocional significativa. La especialista señala que este tipo de uniones interrumpe la construcción de identidad, autonomía y habilidades sociales, generando una sensación de pérdida de la infancia y de oportunidades. Además, identifica dificultades para establecer un proyecto de vida propio y para tomar decisiones de manera autónoma.

Cómo afecta el matrimonio infantil y quiénes son los más expuestos

Entre las consecuencias más frecuentes, Ostorga menciona la ansiedad, la tristeza, síntomas depresivos, baja autoestima, abandono de amistades y del entorno escolar, así como dependencia económica. El aislamiento progresivo también puede aparecer en estos casos.

El embarazo en adolescentes es un riesgo comúnmente asociado al matrimonio infantil, lo que puede complicar aún más la posibilidad de construir un proyecto de vida.

En algunos contextos, según la psicóloga, pueden presentarse síntomas vinculados a experiencias traumáticas, especialmente si existen antecedentes de violencia.

La entrevistada remite a informes de UNICEF y UNFPA, que documentan la relación entre las uniones infantiles y el abandono escolar, el aislamiento, la violencia de pareja, los embarazos tempranos y consecuencias negativas tanto para la salud como para las oportunidades económicas. Según estos organismos, las uniones infantiles afectan la trayectoria educativa y profesional, así como el bienestar físico y emocional.

Respecto a las edades, Ostorga precisa que la mayor concentración de matrimonios infantiles ocurre entre los quince y diecisiete años, aunque también se registran uniones antes de los quince, consideradas especialmente tempranas y con consecuencias más graves. Si bien la mayoría de los casos involucra a niñas, la especialista aclara que también pueden verse afectados niños y adolescentes varones, quienes pueden asumir roles de adulto para los que no están preparados.

Ostorga considera que no existe una sola causa para el matrimonio infantil. Habla de una combinación de factores: pobreza, desigualdad de género, falta de oportunidades educativas, normas culturales, presión social, embarazos en adolescentes y violencia. En algunos casos, la familia cree que una pareja adulta brindará protección y estabilidad, aunque esto puede trasladar a una niña o niño a situaciones propias de los adultos.

Recuperación y prevención: caminos posibles

Salir físicamente de una relación infantil no significa el fin inmediato del impacto emocional. Ostorga explica que la niña o adolescente puede seguir procesando miedo, culpa, dependencia, duelo, sensación de pérdida de oportunidades y vivencias de violencia. Propone que el abordaje psicológico sea individualizado y centrado en la persona, evitando presionar para relatar todos los detalles de lo ocurrido. Plantea que lo primero es garantizar la seguridad y evaluar si persisten situaciones de violencia, coerción o contacto con el agresor.

Sugiere trabajar la reconstrucción del control y la autonomía, fortalecer la autoestima, la identidad y el proyecto de vida. El tratamiento de experiencias traumáticas se recomienda cuando exista suficiente estabilidad emocional. La especialista también resalta la importancia de reforzar las redes de apoyo familiar, escolar y comunitario, y facilitar la reincorporación educativa y el desarrollo de habilidades para la autonomía económica.

Ostorga señala que es posible superar las secuelas del matrimonio infantil. Considera que un adolescente puede recuperarse y construir una vida saludable luego de una unión infantil. La recuperación, afirma, no significa olvidar lo ocurrido, sino que la experiencia deje de controlar el presente y que la persona recupere la capacidad de decidir sobre su vida, sus relaciones, sus estudios y su trabajo. La adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo emocional y social, y contar con ambientes protectores y apoyo psicológico puede resultar relevante.

En cuanto a la prevención, Ostorga sostiene que debe comenzar mucho antes de que exista la posibilidad de una unión infantil. Considera fundamental enseñar a niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a estudiar, desarrollarse y decidir sobre su futuro. Destaca la importancia de la permanencia en el sistema educativo, la educación integral sobre relaciones saludables y la comunicación familiar, así como la detección de violencia sexual, acoso o amenazas. Recomienda trabajar con las familias sobre creencias relacionadas con género y matrimonio, fortalecer las oportunidades económicas y educativas, crear redes de protección comunitaria y facilitar el acceso a servicios de salud y apoyo psicológico. Hace referencia a UNICEF, que resalta la permanencia en la escuela, el acceso a oportunidades económicas, la protección frente a la violencia y la salud sexual y reproductiva como factores clave para prevenir el matrimonio infantil.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, ambas testigos sostendrán que no tenían conocimiento de situaciones de violencia dentro de la pareja. Las mismas fuentes anticiparon, además, cuáles serán los puntos centrales de sus declaraciones.

En el caso de la hermana de Arizaga, uno de los ejes tendrá que ver con una historia que publicó en su cuenta de Instagram después de que trascendieran los videos en los que se veía a Candela corriendo por la calle.

En uno de los posteos cuestionó directamente a Moyano con la frase: “Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”. La publicación permaneció visible durante aproximadamente una hora y luego fue eliminada.

Por su parte, la madre de Arizaga fue citada, entre otras razones, porque fue la primera integrante de la familia que vio a Candela en el Hospital Pirovano después del episodio que dio origen a la investigación.

La última declaración de Candela

Los testimonios se producirán una semana después de que la propia Arizaga volviera a presentarse ante la fiscal Florencia Nocerez para ampliar y rectificar distintos puntos de su primera declaración.

En esa audiencia, la joven explicó que decidió declarar nuevamente después de reconstruir parte de lo sucedido junto a su familia. “Quería modificar cosas que me fui acordando, mientras hablaba con mi familia”, señaló en la declaración a la que accedió Infobae.

Uno de los puntos que aclaró estuvo relacionado con cómo recuperó el celular que había quedado en el departamento de Moyano. En su primera vez ante la Justicia había dicho que lo recibió en el hospital y que se lo habían llevado sus amigas. Sin embargo, luego rectificó esa versión: “En realidad me lo llevaron a mi edificio cuando me dieron el alta, me lo llevó Diego ‘Figa’ Di Santo (N.d.R.: un custodio de Moyano)”. Luego precisó que recibió el teléfono cuando ya se encontraba en su casa, poco después de regresar del hospital. En el acta quedó asentado además que fue su madre quien la ayudó a recordar cómo había recuperado el celular.

Arizaga también cuestionó la versión del policía que intervino aquella madrugada, quien había declarado que la joven manifestó haber sido víctima de violencia. “Eso es falso”, sostuvo. “En ningún momento dije que me habían golpeado, ni que me tenían secuestrada. Es imposible que le haya dicho eso”, agregó.

En ese sentido, relató que las primeras personas con las que habló fueron quienes estaban dentro de un colectivo y atribuyó lo ocurrido al estado en el que se encontraba: “Ahí dije que había estado consumiendo y que estaba asustada, me di cuenta de que era algo producto de un delirio, psicosis”.

La joven también dio precisiones sobre el consumo de cocaína durante las horas previas al episodio. Al ser consultada por lo ocurrido el lunes, afirmó: “Yo no pude dormir y empecé ese lunes a consumir, durante el día dormí un ratito y después continué”. También aseguró que no recuerda haber salido del departamento durante esa jornada.

Por último, Arizaga contó que comenzó terapia dos veces por semana en Rosario y volvió a expresar su intención de retomar el vínculo con Moyano. Según quedó asentado en el acta, insistió en su voluntad de que se levanten las medidas de protección para poder verlo. La fiscal le explicó entonces los motivos por los cuales consideraba que, por el momento, no correspondía dejar sin efecto las restricciones vigentes.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) informó que la muerte de Lenia Valdés Amador, de 81 años, ocurrida el 27 de agosto en Güines, Mayabeque, eleva a 48 el número de feminicidios en Cuba durante el 2026. La adulta mayor falleció en el hospital tras haber sido operada a raíz de las graves heridas sufridas el 23 de agosto, cuando fue atacada en su domicilio.

Según OGAT, Lenia Valdés Amador era una mujer postrada en cama que resultó víctima de un episodio de violencia extrema. El observatorio señaló que el presunto agresor, identificado como la expareja de su hija, Yanelkys Alonso Valdés, ingresó armado a la vivienda familiar. Durante el ataque, el hombre terminó con la vida de Yanelkys (feminicidio 47), hirió gravemente a Lenia y lesionó a un familiar varón que acudió en auxilio de las víctimas. Posteriormente, el agresor intentó suicidarse sin éxito y actualmente se encuentra bajo custodia de la justicia.

OGAT lamentó el carácter particularmente brutal y misógino del caso, por tratarse de un ataque dirigido también contra una mujer en situación de vulnerabilidad. La organización envió condolencias al hijo de Yanelkys, quien perdió a su madre y abuela, así como a los demás familiares y allegados afectados por el hecho.

Cifras de feminicidios en Cuba

Hasta el 29 de agosto de 2026, el OGAT reportó que en el país se contabilizan 48 feminicidios, 21 intentos de feminicidio y 2 asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Además, la entidad independiente solicita acceso a los informes de investigación relacionados con los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. El observatorio señaló también la existencia de un posible suicidio feminicida en el caso de Bárbara Sánchez González.

OGAT detalló que mantiene bajo investigación 12 posibles feminicidios, 5 intentos y 1 asesinato de hombre por motivos de género notificados en 2025. Para 2026, la organización da seguimiento a 14 posibles feminicidios y 18 intentos adicionales. La cifra de feminicidios confirmados, según el observatorio, representa una tendencia preocupante y pone en relieve la necesidad de acciones urgentes para abordar la violencia de género en el país.

A su vez, el observatorio hizo énfasis en la gravedad de los hechos ocurridos en Güines y reclamó mayor acceso a la información oficial sobre los casos investigados.

OGAT, que se especializa en la documentación y denuncia de la violencia de género en Cuba, reiteró la importancia de visibilizar estos crímenes y de exigir respuestas institucionales ante la persistencia de la problemática. La plataforma publica regularmente datos y alertas sobre feminicidios, intentos y otros delitos asociados, con el objetivo de promover la prevención y la justicia para las víctimas.

Según OGAT, el monitoreo independiente resulta clave para dimensionar el fenómeno de la violencia feminicida en la isla, donde las cifras oficiales suelen ser limitadas o de difícil acceso. La incidencia de casos como el de Lenia Valdés Amador y Yanelkys Alonso Valdés evidencia los riesgos a los que se enfrentan las mujeres, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta.

La resolución fue emitida días después de que la fiscal recibiera un escrito del ex dirigente de San Lorenzo, quien fue citado a indagatoria acusado por daño y lesiones leves, se negó a declarar ante la funcionaria y adelantó que presentaría un descargo más adelante. Lo hizo la semana pasada.

En su defensa, a la que accedió Infobae, Ortigoza relativizó los episodios de violencia denunciados por su ex -con quien convivió 10 años y tiene dos hijos-, la cuestionó por tener demasiada vida social y aseguró que los videos donde se lo ve pegarle en su casa están editados. Sobre él, dijo que es buen padre.

“Nunca ejercí violencia física contra Lucila Cassiau ni contra ninguna otra mujer. No la golpeé, no la empujé, no le provoqué lesión alguna”, aseguró el ex futbolista en el documento que presentó a las autoridades.

Además, insistió en que la acusación en su contra está influenciada por la “exposición televisiva” impulsada por la denunciante. “La investigación penal no puede funcionar como prolongación de una campaña mediática que busca destruir mi buen nombre y honor, ganados a fuerza de trabajo y profesionalismo,” expresó Ortigoza en el escrito donde reclamó objetividad.

Sobre el video que encabeza esta nota y que fundó la acusación contra él, dijo: “Las imágenes que muestran las filmación difundidas por la denunciante son un recorte editado y tendencioso que omiten la escalada de la problemática, y exponen a Cassiau provocadora, fuera de sí, agrediéndome verbalmente a mí y a Federico (hijo), que le reclamaba por su ausencia. Tales imágenes se obtuvieron solo parcialmente, de algún dispositivo del domicilio, aunque es necesario obtenerlo en su totalidad y versión original. Existen secuencias que la denunciante escondió y pretende seguir haciéndolo”.

Ortigoza explicó que la secuencia de ese video comenzó cuando su hijo lloraba por la supuesta ausencia de su madre en la casa y que él solo quiso calmar la situación. Sin embargo, dijo que cuando intervino ya era tarde porque la denuncia contra él “ya estaba orquestada”.

“Los falsos videos aportados eliminan o suprimen deliberadamente las razones que originan esos contextos de escasos segundos manipulados y editados que se observan en lo que acompañó Cassiau. Tampoco muestran actos de violencia capaz de provocar lesión o daños como se me achacó injustamente y pretendiendo una indebida inversión de la carga de la prueba. La ausencia de lesión no es una afirmación retórica. La constancia sanitaria confeccionada no refleja lesión corporal”, siguió en su descargo.

En el escrito también cita extensamente a tres mujeres que trabajaron como niñeras y empleadas domésticas en la casa familiar. Ellas, según el descargo, declararon que nunca observaron actos de violencia de Ortigoza hacia Lucila Cassiau ni hacia sus hijos, afirmaban que ela se ausentaba mucho de la casa y destacaban que él era “muy buen padre”.

El jurado popular condenó a Iván Gabriel Juárez Cruz a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma, la joven de 24 años asesinada a puñaladas en diciembre de 2023 sobre la ruta 82, en la zona de Cacheuta, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Los 12 ciudadanos que integraron el jurado deliberaron este viernes y dictaron un veredicto unánime de culpabilidad por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, descartando así la hipótesis de la defensa, que buscaba encuadrar el caso como homicidio simple —figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión— para evitar la condena máxima.

La decisión se formalizó pasadas las 18 de este viernes en la sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza, donde la jueza técnica Mónica Romero, del Tribunal Penal Colegiado N°1, leyó el veredicto en público: “Imponer la pena de prisión perpetua con costas más inhabilitación como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, femicidio”. Con esas palabras quedó sellado el destino judicial de Juárez Cruz, de 27 años.

El debate, que se extendió durante cinco jornadas, jamás tuvo en discusión la autoría del crimen. Incluso los propios defensores, Ariel Benavídez y Gastón Nahman, lo admitieron desde los alegatos de apertura. La disputa central giró en torno a la calificación legal: si se trataba de un femicidio o de un homicidio sin agravantes de género. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo y el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, Fernando Guzzo, sostuvieron durante toda la semana que el crimen estuvo atravesado por una relación de control, subordinación y desigualdad de poder. La querella, ejercida por Matías Salvi en representación de los padres de Malén Ledesma, acompañó esa postura en todo momento. El jurado les dio la razón.

En su alegato de cierre, Guzzo respondió punto por punto los argumentos de la defensa y acusó a esta de haber intentado “invisibilizar la verdadera violencia de género que sí existió en este femicidio”. Para el fiscal, no se requiere una historia prolongada de maltrato o control psicológico para que exista violencia de género: basta un solo acto que denote menosprecio hacia la mujer en un contexto de asimetría de poder. “La mató porque era la mujer a la que él pretendía dominar, limitar, manipular. Él sentía que le daba todo y a cambio no recibía nada”, afirmó Guzzo, según Los Andes, apoyándose en las pericias psicológicas incorporadas al debate.

Horas antes del veredicto, por primera vez en toda la causa, Juárez Cruz tomó la palabra frente al jurado. Reconoció el homicidio, pero rechazó la calificación de femicidio. “Yo sí le quité la vida a una persona. Pero no los acompaño en esto de que hablan del contexto de violencia de género. Porque fue una amistad”, dijo, de acuerdo con El Sol. Agregó que el día del hecho “no venía bien con la vida” y que todo comenzó con “una discusión por un motivo muy, muy tonto”. Admitió además que, tras la pelea, se alejó de la camioneta y buscó en su celular las palabras “aorta” y “arteria” antes de regresar. “Volvimos a discutir y le quité la vida”, confesó.

En un pasaje de su declaración, el acusado describió lo que ocurrió en los minutos que siguieron al ataque: “Lo único que hice fue agarrarle las manos con mis manos, su cuello, y ver cómo se desangraba, cómo se me moría mientras trataba de que no perdiera sangre”. Luego admitió que, al ver pasar un vehículo, huyó y la dejó tendida en la banquina. Se quebró al decirlo y el juicio se suspendió por unos minutos en medio de la conmoción general.

La reconstrucción de los hechos remite al 8 de diciembre de 2023. Ese día, Malén Ledesma y Juárez compartieron la tarde en la zona de las Termas de Cacheuta. A las 12.30, la joven le escribió a su padre que no podían encender el fuego. A las 19.20 respondió un mensaje de su papá —lo que resultó ser su última comunicación. A las 19.36 se sacó una selfie dentro de la Toyota Hilux blanca de Juárez: se la ve tranquila, con anteojos de marco oscuro y una remera azul. Once minutos después, a las 19.47, el teléfono de Juárez registró la búsqueda de “aorta, arteria”. Esa búsqueda se convirtió en una de las pruebas centrales del caso.

La reconstrucción forense determinó que Malén sufrió cuatro heridas punzocortantes en el cuello, algunas de hasta seis centímetros de profundidad. La causa de muerte fue un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre. Las primeras agresiones ocurrieron dentro del vehículo —las manchas de sangre en el asiento así lo acreditaron— y luego la joven logró salir a la banquina.

Una familia que transitaba por la ruta 82 a la altura del kilómetro 31 observó a un hombre golpeando a una mujer junto a una camioneta blanca. Al notar la presencia de los testigos, el atacante soltó a Malén, que cayó al suelo. Antes de huir, pasó con la rueda trasera de la Hilux por encima del cuerpo de la joven. Un testigo con formación en Policía Científica intentó asistirla, pero la joven se desvaneció y murió.

La fuga terminó minutos después en las inmediaciones de las calles Pueyrredón y Viamonte, en Chacras de Coria, donde efectivos policiales interceptaron la camioneta. Juárez tenía las manos ensangrentadas y dijo: “Decime que no la maté, dejé el cuchillo en el interior de la camioneta”. Dentro del vehículo encontraron el arma blanca de mango rojizo, ropa manchada de sangre, la billetera de Malén y otras pertenencias. Las pericias detectaron además lesiones defensivas en las manos de la víctima y material genético de Ledesma debajo de las uñas del acusado.

Malén y Juárez se habían conocido en 2019, cuando ambos cursaban carreras en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y compartían una residencia estudiantil, según indicó Mdz. Ella estudiaba Filología Inglesa; él, Traductorado de Inglés. Para la víctima era una amistad. Para la Fiscalía, Juárez esperaba algo más. El quiebre se produjo cuando Malén comenzó una relación sentimental con otro joven a mediados de 2023: al enterarse, Juárez la bloqueó en las redes sociales y cortó el contacto. Retomaron la comunicación el 4 de diciembre, apenas cuatro días antes del crimen.

Norma Da Fonseca, la madre de Malén, viajó más de 1.200 kilómetros desde Rawson, Chubut, para estar presente en cada jornada del juicio. Antes del debate, había dicho a El Sol que nunca tuvo dudas sobre el rol de Juárez: “La intuición de una madre no falla. Él estaba enamorado de ella”. Y añadió: “No la mataron las cuchillas, la mató la traición, que un amigo te clave un cuchillo”. Una pericia psiquiátrica incorporada durante el debate reforzó esa lectura: los profesionales indicaron que el acusado manipulaba y distorsionaba información de acuerdo con sus intereses, y que intentaba proyectar una imagen socialmente aceptable. La misma pericia cuestionó la versión de Juárez sobre una supuesta falta de memoria del crimen.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) reportó el asesinato de una doctora en Güines, lo que eleva a 47 el número de feminicidios en Cuba hasta el 24 de agosto de 2026. La organización independiente atribuye estos hechos a un contexto de crisis social y ausencia de leyes específicas para proteger a las mujeres.

El último caso confirmado corresponde a Yanelkys Alonso Valdés, médica de 55 años, quien murió en la madrugada del 23 de agosto en su vivienda en Güines, provincia de Mayabeque, según informó el observatorio.

La organización afirmó que la víctima fue atacada por su expareja, quien también provocó heridas graves a la madre de Alonso Valdés, mayor de 75 años, y lesionó a otro familiar que trató de defenderlas. El presunto agresor permanece detenido tras autolesionarse, de acuerdo con el reporte de OGAT.

La entidad también documenta 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres vinculados a contextos de violencia feminicida, cifras que la organización considera subregistros ante la falta de datos oficiales.

La directora de OGAT, Ileana Álvarez, vinculó el crimen con el deterioro de las condiciones sociales en la isla. “Lo que estamos observando, queremos remarcar esto, es muy preocupante, porque esta violencia ocurre en medio de una depauperación general de la sociedad cubana. No solamente estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando también de una crisis política, de una dictadura que provoca todos estos problemas en la sociedad cubana”, manifestó Álvarez, citada por el Observatorio de Alas Tensas.

Crecen los feminicidios

Durante el primer semestre de 2026, OGAT reportó 37 feminicidios: 13 entre enero y marzo, y 24 entre abril y junio, lo que representa un incremento del 84.6 % de un trimestre al siguiente. El acumulado alcanzó 47 casos en agosto, según los datos verificados por el observatorio. La organización también registra 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

Álvarez advirtió que la violencia de género afecta a diferentes generaciones. El informe de OGAT señala que, entre las víctimas del primer semestre, las edades oscilaron entre los 7 y los 79 años. Tres de ellas eran menores, y al menos 32 niñas, niños o adolescentes perdieron a sus madres o cuidadoras como consecuencia directa de estos crímenes.

El Observatorio de Alas Tensas denuncia que Cuba no cuenta con una ley integral específica para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Tampoco existe una red pública suficiente de refugios para víctimas. El Código Penal cubano de 2022 incluye la muerte de una mujer en determinadas circunstancias de violencia dentro del delito de asesinato, pero no reconoce el feminicidio como delito autónomo ni utiliza los términos femicidio o feminicidio para identificar una figura penal concreta.

OGAT sostiene que la ausencia de marcos legales y recursos adecuados dificulta la prevención y la atención de la violencia de género en la isla. Según la organización, el subregistro de feminicidios es una consecuencia directa de la falta de transparencia y de estadísticas oficiales accesibles.

La entidad continúa con el monitoreo independiente de los casos y ha comenzado a registrar intentos de feminicidio, así como posibles suicidios feminicidas vinculados a antecedentes de violencia, una categoría que pretende visibilizar situaciones donde la presión y el maltrato reiterado conducen a la muerte de mujeres.

Los agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes a un hombre de 60 años de nacionalidad italiana acusado del presunto asesinato de su pareja, una mujer de 47 años. Los hechos, según ha informado EFE, han ocurrido en la localidad de Isla Cristina, en la provincia de Huelva.

El cuerpo de la víctima, según fuentes de la investigación, ha sido encontrado en la playa Punta del Caimán. La mujer, de nacionalidad alemana, presentaba múltiples heridas de arma blanca. A las 08.50 horas, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer “inmóvil” y sin reacción alguna en la Avenida del Atlántico.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios y agentes de la Policía Local, que hallaron a la mujer tirada en la vía pública y solamente pudieron confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo sucedido. El instituto armado ha destacado que, por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas.

De confirmarse la naturaleza machista del caso, se elevarían a 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, así como a 1.378 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos de forma conjunta. Además, también sería el undécimo caso de violencia de género en Andalucía este 2026, lo que la convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas del año.

Actualmente, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre este crimen, tal y como ha informado a través de X la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

*Con información de EFE y Europa Press

Cada vez más niñas, niños y adolescentes en Cuba quedan sin madre debido a la violencia de género. Un total de 162 menores han perdido a sus madres por feminicidios procesados judicialmente entre 2023 y 2025, en un contexto marcado por el deterioro económico, la falta de recursos básicos y la presión social que vive la población en la isla.

El dato, publicado por el Diario de Cuba, expone una realidad que afecta a familias en distintas provincias. En 2023 se registraron 38 casos, en 2024 la cifra ascendió a 70 y en lo que va de 2025 se han reportado 54 menores huérfanos de madre por este tipo de crímenes. Las estadísticas corresponden a procesos judiciales, por lo que pueden incluir feminicidios perpetrados en años anteriores, una característica que refleja las dificultades para obtener información actualizada y precisa sobre estos hechos en el país.

La situación se agrava en un entorno donde la crisis económica golpea a la mayoría de los hogares cubanos. La escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos limita las posibilidades de respuesta de las familias y de las instituciones. Cuba enfrenta restricciones materiales que complican la atención a los menores afectados, quienes en muchos casos deben cambiar de hogar o entorno familiar tras la pérdida de su madre.

El impacto de estos feminicidios no se limita a la pérdida de la figura materna. La estructura familiar se ve alterada, en ocasiones, los menores quedan bajo el cuidado de abuelos u otros parientes que no siempre cuentan con recursos suficientes. Existen también situaciones en las que los niños son testigos directos de los crímenes, lo que añade una dimensión traumática a su experiencia. En julio de 2026, se documentaron dos episodios donde adolescentes y niños presenciaron la muerte violenta de sus madres, lo que deja secuelas emocionales y sociales difíciles de superar.

De acuerdo con el reporte los datos oficiales no informan sobre el destino posterior de los menores afectados. No se conoce cuántos permanecen con sus padres, cuántos reciben atención psicológica continua ni cuántos acceden a prestaciones económicas o asistencia social específica. Esta ausencia de información impide dimensionar la verdadera magnitud del fenómeno y las necesidades reales de los niños y adolescentes huérfanos de madre a causa de la violencia de género.

En la isla existen normas legales que buscan proteger a la infancia y a las víctimas de la violencia de género. La Constitución, el Código de las Familias y la Ley de Niñez, Adolescencias y Juventudes establecen mecanismos de protección general, pero no se ha identificado un protocolo nacional específico para casos en los que menores quedan huérfanos por feminicidio. Tampoco existen prestaciones económicas diferenciadas para estos menores; las ayudas actuales se enmarcan en el sistema general de seguridad social y no consideran el daño particular que produce el feminicidio en la vida de los hijos de las víctimas.

Un estudio realizado por el proyecto Casa Palanca, recogió testimonios de familias afectadas por feminicidios en Cuba. Seis de las ocho familias entrevistadas recibían algún tipo de pensión, pero ninguna accedió a prestaciones específicas derivadas del feminicidio ni a acompañamiento psicológico regular. En la mayoría de los casos, el cuidado de los menores recayó de forma abrupta en abuelos u otros familiares, quienes asumieron la responsabilidad sin preparación ni apoyo suficiente.

En un contexto de crisis económica y social, la falta de mecanismos diferenciados para proteger a los menores huérfanos por feminicidio evidencia la complejidad del problema. Las cifras oficiales y los testimonios reunidos muestran que la violencia de género tiene consecuencias profundas y duraderas para la infancia cubana, en un país donde los recursos institucionales y familiares resultan cada vez más limitados.

El romance se hizo público hace pocas semanas, cuando John Kelvin —cuyo nombre real es Jonathan Sarmiento Llanto— presumió la relación en su cuenta de TikTok con imágenes de una habitación repleta de corazones y pétalos de rosas, y una celebración de cumpleaños con banda en vivo. La diferencia de edad entre ambos, catorce años, y el oscuro historial del intérprete generaron de inmediato el escrutinio de la prensa de espectáculos peruana. El programa Magaly TV, La Firme buscó a Ferrer para conocer su versión.

En declaraciones al espacio conducido por Magaly Medina, la joven —de 26 años, madre de una niña de cuatro y dedicada al sector inmobiliario en Estados Unidos— explicó que el acercamiento ocurrió durante el Festival de Toromacho, en las Delicias de Trujillo, ciudad de la que es oriunda. “La conexión se dio. La verdad que me pareció una excelente persona y ahí fue que empezó la comunicación”, relató. A partir de ese encuentro, acompañó al artista a presentaciones en Chile, Argentina y Arequipa.

Ferrer reconoció haber visto las imágenes de las agresiones que Kelvin infligió a Dalia Durán, madre de cuatro de sus hijos, pero sostuvo que durante los cinco meses que duró el vínculo no vivió ningún episodio de maltrato. “En ningún momento ha habido ningún tipo de maltrato, ni verbal, ni físico, ni una falta de respeto”, afirmó en el programa. Señaló que no estuvo dispuesta a justificar la violencia bajo ninguna circunstancia, pero que solo podía hablar de lo que ella misma experimentó.

Por qué Malú Ferrer decidió terminar la relación

La distancia geográfica y la incompatibilidad de sus realidades fueron los factores que, según Ferrer, determinaron el fin del romance. “Él vive en otro país, yo vivo en otro país también. Como que hay algo que ya no está alineado. Siento que lo mejor es cortar por lo sano y alejarte con todo el respeto del mundo”, explicó ante las cámaras de Magaly TV, La Firme.

La joven trujillana añadió que, al residir en Miami, desconocía muchos aspectos de la vida cotidiana del cantante en Perú, y que fue la convivencia más cercana y los videos públicos los que le permitieron dimensionar el panorama completo. “Conociendo mejor el panorama, entendí que lo más saludable y coherente para mí era tomar distancia”, declaró a Trome. Su madre, según admitió entre risas, tampoco aprobó la relación desde el principio.

El ruego de John Kelvin en redes sociales

Tras la ruptura, John Kelvin publicó un video en Instagram en el que reconoció que sus sentimientos por Ferrer no desaparecieron con la separación. El artista reveló que entre ambos no existe comunicación y que, ante esa barrera, recurrió a sus seguidores para que le hicieran llegar el mensaje. “Yo aún la amo, la extraño y todavía tengo esperanza de que algún día nuestros caminos vuelvan a encontrarse”, expresó el cumbiambero.

El cantante anunció además que transformó sus emociones en una canción, al considerar que las palabras ya no alcanzaban para expresar lo que siente. Su pedido a los fans fue directo: compartir el video, etiquetarla y enviárselo. “Ya que ella y yo no tenemos contacto, ayúdenme a llegar a ella, por favor, compartan este video, etiquétenla, envíenselo”, solicitó.

El historial judicial que Malú Ferrer conocía

El pasado de John Kelvin en los tribunales es extenso y de dominio público. En julio de 2021, Dalia Durán lo denunció por agresión física y sexual en su departamento del distrito de San Miguel, en Lima. El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó en mayo de 2022 a 21 años de prisión por lesiones y violación sexual agravada. Meses después, una instancia superior anuló la condena por el delito sexual al considerar insuficientes las pruebas, y el artista recuperó su libertad en octubre de ese año tras permanecer alrededor de 15 meses en el penal de Lurigancho.

Los problemas judiciales continuaron. En 2023 fue detenido nuevamente por presuntamente incumplir medidas de restricción al acercarse a la vivienda de Durán y protagonizar nuevos incidentes en presencia de sus hijos. En junio de 2026, el 16.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte lo condenó a cuatro años y un día de prisión por agresión psicológica, pena que fue convertida en 103 jornadas de servicio comunitario. La sentencia incluye además la prohibición de acercamiento a Durán y tratamiento psicológico para la agraviada.

La lectura de Magaly Medina

La conductora Magaly Medina no ocultó su perplejidad ante la decisión de Ferrer de involucrarse con el cantante a pesar de conocer su trayectoria. “Me resulta bien extraño que una chica que está informada del pasado de alguien como John Kelvin, que haya visto todo, haya leído los recortes periodísticos, los reportajes que se hicieron, totalmente desgarradores, aberrantes, y ella no le haya importado y se haya embarcado en una relación con John Kelvin durante cinco meses”, señaló la periodista en su programa.

Medina cuestionó qué tipo de atracción puede ejercer un artista con ese perfil sobre una mujer profesional, económicamente independiente y establecida en el exterior. “Yo creo que algo debe estar mal en ti también, por mucho que digas que no, que yo no tengo dependencia emocional. Algo debe estar mal cuando haces clic y haces match con alguien de este tipo de comportamiento, de no una vez, sino sistemático”, reflexionó la conductora. Ferrer, por su parte, cerró su intervención con un mensaje sobre la importancia de poner límites: “Una mujer siempre debe tener independencia económica, también independencia emocional. Los límites los pone uno”.

La denuncia por presunta agresión física presentada por Durán en marzo de 2026, en la que también habría resultado afectado su hijo mayor de 16 años, permanece bajo investigación de las autoridades competentes.

“Aquí hay algo fundamental y es que socialmente todavía no somos conscientes del grado de impunidad que hay hacia los hombres que agreden sexualmente o hacia los hombres que reproducen la cultura de la violación. Uno de los ejes fundamentales de la cultura de la violación, es decir, de todo ese sistema que sostiene la violencia sexual, se fundamenta en algo clave, que es abrazar la impunidad”, señala a Infobae Bárbara Tardón, doctora en Estudios de Género e investigadora experta en violencias sexuales. La experta explica que, pese a los avances sociales y legislativos que se han producido en España en los últimos años en materia de igualdad, la cultura de la violación permanece arraigada desde hace siglos y es transversal. “Por eso esa naturalización de la violencia sexual y la impunidad permiten que se graben y difundan videos de contenido tan extremo y tan aberrante como este”, añade Tardón en referencia a la transmisión en directo que Alonso realizó en Kick, una plataforma de streaming. “Los agresores navegan en la impunidad”.

La escena, que se prolonga durante unos siete minutos, fue seguida por espectadores que comentaban la transmisión, muchos de ellos alentando el acoso, mientras que otros expresaban su rechazo a la actitud del streamer, que cuenta con más de 220.000 suscriptores en Youtube y 287.000 en Instagram. En el mismo vídeo lanza un comentario racista contra un hombre negro que se detiene para ayudar a la joven y les exige que dejen de grabar.

Esta, además, no es la primera vez que Alonso protagoniza vídeos en los que se hace referencia explícita a situaciones de violencia sexual contra mujeres. Él, por su parte, considera injustificadas las críticas que le han caído y las atribuye a una campaña de desprestigio impulsada por medios de comunicación y sectores progresistas.

En este contexto, Tardón subraya que el arraigo histórico y social de la violencia sexual exige respuestas a largo plazo y una mayor implicación de las administraciones públicas. “Esto requiere una inversión sostenida en prevención y sensibilización, así como en la lucha contra las ideas y prácticas que perpetúan la cultura de la violación”, indica, al tiempo que critica que en la actualidad haya partidos políticos ultraconservadores como Vox que siguen negando la violencia de género, pues dificultan el avance de políticas efectivas.

La sociedad ha cambiado y estos casos se denuncian

No obstante, “a pesar de los intentos del machismo y el patriarcado por abrirse camino”, recuerda la experta, la sociedad española ha experimentado un cambio profundo en las últimas dos décadas y casos de acoso sexual como el protagonizado por el streamer en Japón reciben numerosas críticas y denuncias públicas, algo que no sucedía en el pasado.

“Nuestra sociedad es diferente a la de hace veinte años gracias a las víctimas y a las supervivientes que los denuncian, gracias al movimiento feminista, gracias a una sociedad más concienciada y también a las comunicadoras que se hacen eco y denuncian lo que está pasando”, resume.

En esta misma línea se expresa la socióloga Carmen Ruiz Repullo, profesora en la Universidad de Granada, que considera que lo relevante de este tipo de casos es que ya no pasan desapercibidos, incluso cuando se intentan justificar como una broma. “Esas actitudes forman parte de la cultura de la masculinidad, pero cada vez más personas rechazan este tipo de conductas, porque se ha hecho mucha pedagogía feminista”, señala a este periódico.

La docente coincide en que uno de los principales avances ha sido visibilizar la cultura de la violación en sus manifestaciones cotidianas, como tratar a las mujeres como objetos disponibles, ignorando su consentimiento y deseo, y destaca que, frente a este modelo, hoy se promueve la ética del consentimiento, que sitúa la voluntad y el deseo de ambas partes en el centro de las relaciones. Para Ruiz Repullo, el progreso hacia la ética del consentimiento en España constituye uno de los logros más relevantes de los últimos años y sigue siendo una tarea fundamental en la lucha contra la violencia sexual.

La discusión tomó forma durante una emisión del programa de Mariana Fabbiani, DDM (América), donde Torchia apuntó contra la letrada al sostener que la referencia a una presunta situación de violencia de género respondía a una estrategia judicial atribuible a Rosenfeld.

Todo comenzó cuando el ciclo analizó la palabra de Fátima tras su conflicto con su expareja. “A mí me parece, discúlpenme, por lo menos irresponsable a esta altura, que deje esto en un terreno de algún modo de cierta duda, porque lo reduce a entre lo bueno y lo malo, me quedo con lo bueno. Cuando hay violencia de género no hay nada bueno, porque hubo violencia de género. Luego están tus vivencias, tus recuerdos”, comenzó diciendo Torchia.

Luego, el periodista continuó: “Ayer en el programa de Moria, hoy en esta nota que le da a DDM, dos veces insistir en que no sé, me suena a una especie de estratagema legal, ya que está Ana Rosenfeld detrás. No sería la primera vez que el fantasma de la violencia de género es utilizado, en este momento además, que nos viene bárbaro que lo usen para esto. El fantasma de la violencia de género es utilizado una vez más como herramienta de negociación. Pésimo”.

Para cerrar, el panelista comentó: “¿Hubo o no hubo? Hay que ser clara, sobre todo si sos comunicadora. Y en este caso no se trata de respetar o no los tiempos de las víctimas, que por supuesto se respetan a rajatabla siempre. Es ella misma, que repito al frente de un programa, ante semejante pregunta, abre un margen de duda inaceptable y hoy reincide en ese margen de duda. Y no”.

La reacción de la abogada no tardó en llegar: desde su casa, mientras atraviesa un cuadro de bronquitis, salió al aire para desmentirlo y rechazar de manera categórica esa versión.

En su descargo, Rosenfeld aclaró que nunca promovió una denuncia de ese tipo y subrayó que su intervención profesional se limita al fuero civil. Según explicó, cualquier presentación penal queda fuera de su competencia como representante legal en esa causa. Con ese argumento, buscó despegarse de las afirmaciones del periodista y cuestionó que se le adjudicaran actuaciones que, según sostuvo, jamás realizó.

El episodio volvió a mostrar cómo las disputas entre abogados y protagonistas del espectáculo suelen extenderse a periodistas y panelistas que toman posición sobre esos casos. Esa dinámica ya había quedado a la vista con la exposición mediática del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, un expediente que dividió opiniones y generó respaldos cruzados dentro del mundo del espectáculo y la televisión.

En ese marco, resultó llamativo el tono de la confrontación entre Torchia y Rosenfeld, sobre todo porque el periodista solía ponderar públicamente a la abogada por su mirada en defensa de las mujeres, de los menores y por su postura crítica frente a las falsas denuncias, a las que considera perjudiciales para los casos reales de violencia de género.

La tensión escaló luego a redes sociales. Desde su cuenta de X, Ana Rosenfeld publicó un mensaje dirigido al periodista: “Basta Franco Torchia de endilgarme falsamente responsabilidades de actuaciones judiciales que jamás realicé”. En ese mismo posteo cuestionó que el uso del potencial no lo libera de responsabilidad y también objetó el modo en que, según dijo, se refirió a su persona.

La abogada cerró su mensaje con un pedido concreto. “Mejor que Torchia escuche sus palabras Y pida disculpas”, escribió, en una publicación que dejó planteado el reclamo de retractación y expuso una pelea pública que sumó un nuevo capítulo dentro de los cruces mediáticos del espectáculo.

El 15 de agosto, en la ciudad de Arequipa, Mayeli fue atacada con un cuchillo por su expareja de 23 años. La joven sufrió una herida que le perforó el pulmón, por lo que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de EsSalud. Las autoridades aún no logran ubicar al agresor, quien se encuentra prófugo.

Según la madre de la víctima, su hija ya había denunciado a Cuñas Condori en al menos una ocasión previa, debido a que ocurrieron dos episodios de estrangulamiento que no fueron reportados por miedo o amenazas.

Medidas de protección y vulnerabilidad

Mayeli contaba con medidas de protección ordenadas por la fiscalía, que prohibían al agresor acercarse a menos de cien metros. Sin embargo, la madre relató que estas restricciones no impidieron que el acusado continuara acosándola y finalmente la atacara.

“Ese señor va y la busca a su trabajo. A pesar de que mi hija tenía medidas de protección, que él no podía acercarse a menos de una cuadra, va y la hostigaba en su trabajo”, afirmó la madre a ATV Noticias.

Ahora, Cuñas Condori continúa prófugo, mientras la policía y la fiscalía mantienen la orden de búsqueda. La madre compartió audios en los que su hija, durante el ataque, pidió auxilio.

Moisés Abraham Cuñas Condori continúa prófugo, mientras la policía y la fiscalía mantienen la orden de búsqueda. La ciudad de Arequipa es la segunda del país con mayor cantidad de denuncias por intento de feminicidio y agresión contra mujeres.

La familia de la víctima ha difundido la imagen y los datos del agresor, solicitando colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero y evitar que el caso quede impune.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial, gestionado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Funciona las 24 horas del día y ofrece orientación, apoyo emocional y asesoría legal a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Además, canaliza casos urgentes hacia los servicios especializados para una atención inmediata.
• Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios especializados que brindan atención integral a víctimas de violencia de género y familiar. Los CEM ofrecen servicios psicológicos, legales y sociales, trabajando en coordinación con otras instituciones para garantizar la protección y el acompañamiento necesario en cada caso. Estos centros están distribuidos en todo el país y su atención es gratuita.
• La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias de violencia familiar y de género en todas sus comisarías. Ante situaciones de riesgo, cualquier persona puede acudir personalmente o llamar al número de emergencia 105 para solicitar intervención policial. La PNP está facultada para brindar protección inmediata y acompañar los procesos de denuncia y atención a las víctimas.

Un joven de 26 años, que había sido denunciado por su ex pareja por ejercer sobre ella distintos tipos de violencia durante la relación, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Salta. La Justicia lo halló culpable de abuso sexual, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia de una orden judicial.

La decisión la tomó este martes el juez Martín Pérez durante una audiencia en el Distrito Centro de Salta. El magistrado declaró al acusado penalmente responsable de los delitos mencionados e indicó que la pena impuesta es de cumplimiento efectivo.

El caso llegó a juicio a partir de la denuncia de la víctima, una mujer con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y tiene una hija en común. Ella describió una convivencia marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y sexual. Según su relato, el hombre llegó a amenazarla con armas, además de humillarla y someterla constantemente, de acuerdo con su relato.

Según informó el Ministerio Público Fiscal la provincia, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke llevó adelante la acusación durante el juicio oral. En la primera etapa del proceso celebrada el lunes con el objetivo de definir la pena, la fiscal argumentó en base a las pruebas producidas durante el debate y solicitó que el condenado recibiera 11 años de prisión. En dicha instancia Pérez emitió el veredicto de culpabilidad y fijó para el día siguiente la audiencia de cesura.

De esta manera, el martes se llevó a cabo la segunda etapa y, tras un cuarto intermedio, el juez fijó la condena en ocho años y seis meses, una pena menor a la requerida por la fiscalía pero que el tribunal consideró proporcional a los hechos probados. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la inscripción del sujeto en el Banco de Datos Genéticos donde se almacenan la información biológica de personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los delitos sexuales.

Por otro lado, el magistrado revocó el arresto domiciliario que le había sido concedido al acusado durante el proceso. En su reemplazo, dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía General, desde donde será derivado a la Unidad Carcelaria 1 de la provincia para cumplir la condena.

Encontraron muerto a un hombre que había sido condenado por el crimen de su esposa

La autopsia practicada este martes sobre el cuerpo de José Eduardo “Jota” Figueroa determinó que murió por asfixia por ahorcamiento, lo que refuerza la hipótesis de suicidio. Lo hallaron el lunes por la tarde en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que compartía con el condenado en el barrio privado El Tipal. Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada.

Figueroa fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron su muerte, alrededor de las 19 horas del lunes. Los peritos establecieron que los surcos en el cuello del interno fueron producidos por una soga fabricada con vendas.

A pesar del resultado forense, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene abierta la investigación. El protocolo impuesto por el procurador Pedro García Castiella al inicio de su gestión establece que todo aparente suicidio dentro de una cárcel debe investigarse bajo los mismos estándares que un posible homicidio.

El fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras diligencias desde el penal y convocó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Según informó El Tribuno, se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y la toma de testimonios. Con el asesinato descartado por los forenses, la pesquisa apunta ahora a determinar si existió algún tipo de negligencia en la custodia del recluso.

Figueroa había sido condenado el 30 de agosto de 2025 por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La sentencia, dictada por unanimidad, aún no estaba firme dado que la defensa había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para cuestionar tanto la calificación del crimen como el agravante de violencia de género.

En Cuba, el embarazo adolescente se mantiene estable: entre el 18% y el 19% de los nacimientos corresponde a madres de 15 a 19 años, según datos oficiales. El caso de Lenia Lemus, madre desde los 16, muestra el impacto de un fenómeno que persiste pese a las políticas públicas.

La joven vive en La Lisa, un barrio periférico de la capital cubana caracterizado por el hacinamiento, las viviendas precarias y la presencia de consumo de sustancias. En ese entorno, “La vida de una madre adolescente es muy activa todos los días, pero a la vez estresante”, sostuvo la joven en declaraciones recogidas por EFE. Lemus reconoce que aún se siente “una niña” y que ha aprendido a cuidar a su hijo a partir de la guía de su madre y su abuela.

El embarazo en la adolescencia es considerado por las autoridades cubanas un problema social y de salud. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), la tasa de fecundidad en el grupo de 10 a 14 años fue de 1,3 por cada 100 niñas en 2021 y de 1,4 en 2025, cifras que sitúan a Cuba entre los países con mayor prevalencia de embarazos adolescentes en la región.

Grisell Rodríguez, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Cuba, analizó para EFE el trasfondo de esta problemática. “La fecundidad en la adolescencia en Cuba es en primera instancia resultado o expresión de violencia de género”, explicó la funcionaria.

Rodríguez señaló que el 99% de los embarazos en adolescentes no es intencionado y que existe una alta asimetría de edades entre las madres jóvenes y sus parejas. “Se produce en un porcentaje alto con unas altas asimetrías en las edades de las niñas adolescentes y sus parejas”, precisó Rodríguez.

La respuesta oficial e internacional

En respuesta, el UNFPA, junto a otras agencias de Naciones Unidas y organismos cubanos de salud y educación, implementa un programa destinado a reducir el embarazo adolescente, financiado con un millón de euros (USD 1,1 millones) de la Unión Europea. La iniciativa abarca diez municipios de varias provincias orientales, donde la incidencia es más elevada.

El desafío se agrava en comunidades vulnerables. Proyectos como Afropoderosas, impulsados por activistas como Tatiana Martínez, buscan romper el ciclo del embarazo adolescente en barrios como La Lisa.

Martínez, metodóloga de educación, relata a EFE que la organización promueve la salud menstrual y el empoderamiento de niñas y adolescentes negras y mestizas. “Trabajamos el ciclo menstrual como una forma preventiva para que las niñas, jóvenes y adolescentes conozcan su ciclo y así puedan prevenir el embarazo”, detalló.

Proyectos barriales en La Lisa

Afropoderosas nació inspirada en una experiencia similar de México y se ha replicado en países como Brasil, Ecuador y Panamá. El proyecto se concentra en escuelas ubicadas en zonas con altos índices de consumo de drogas y alcohol, condiciones que, según Martínez, incrementan las probabilidades de embarazos precoces. “Una de las cosas fundamentales que tenemos como generalidad es que hay mucho embarazo en esta localidad, precisamente de personas negras y personas mestizas”, subrayó.

Lemus y otras tres jóvenes menores de 20 años forman parte del grupo de madres adolescentes que acompañan en Afropoderosas. Mientras cuida a su hijo Mateo, la joven espera incorporarse al sector del turismo, donde ya cuenta con estudios técnicos. A otras chicas de su edad les recomienda cuidarse y aprovechar la adolescencia para aprender y adquirir experiencias. “Mi sueño es ser una mujer emprendedora y de negocios para que mi hijo tenga un futuro seguro”, afirmó la joven en sus declaraciones a EFE.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido luego de que una pelea familiar termine a los tiros en La Plata, donde resultó herido su pareja y su suegro. El episodio tuvo lugar en una casa ubicada 62 entre 115 y 116, en el barrio El Mondongo y quedó bajo investigación judicial.

De acuerdo con el medio 0221, el acusado de 43 años, presta funciones en la División de Bomberos de esa fuerza y posee jerarquía de inspector. Los primeros datos incorporados a la investigación señalan que el episodio comenzó dentro de la vivienda, donde el hombre mantenía una discusión con su pareja, una mujer de 35 años. Según esa reconstrucción preliminar, en medio del conflicto el efectivo no le permitía retirarse de la casa.

Frente a ese escenario, la mujer decidió comunicarse con su padre, un hombre de 62 años, para pedirle ayuda. El hombre llegó poco después a la vivienda en el barrio El Mondongo. A partir de ese momento, la escena sumó un nuevo nivel de violencia. El padre de la mujer llegó armado al lugar y se produjo un enfrentamiento con su yerno. La mecánica exacta del episodio todavía no fue determinada por completo, por lo que la Justicia intenta establecer cómo comenzó el intercambio de disparos, cuál fue la participación de cada uno de los involucrados y en qué contexto preciso resultaron heridas las dos víctimas.

Los primeros datos del caso señalan que el hombre de 62 años recibió un balazo en la pierna derecha, mientras que la mujer de 35 sufrió una herida en la pierna izquierda. Los dos heridos permanecían conscientes cuando llegó la asistencia médica, según 0221. Una ambulancia del SAME los trasladó luego a un centro de salud para la atención correspondiente.

Tras un llamado al 911, los agentes encontraron a los heridos en la vivienda y avanzaron con la detención del policía, señalado como principal sospechoso del tiroteo. Después del procedimiento, el aprehendido fue llevado a una dependencia de seguridad y quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las pericias y se toman declaraciones.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron dos armas de fuego. Detallaron que se trató de una pistola Bersa Thunder con cargador y otra pistola Taurus, también con cargador. Ese material quedó bajo análisis pericial para determinar cuál fue la secuencia exacta de disparos, cuántos impactos hubo y qué arma utilizó cada involucrado.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. La calificación inicial mencionada por las fuentes es “privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio”, una carátula provisoria que podría modificarse a medida que avance la pesquisa y se incorporen nuevos elementos de prueba. Entre las primeras medidas ordenadas figura el trabajo de peritos en la escena, además de la evaluación de testimonios.

La evaluación médica inicial que se realizó después del tiroteo indicó que las víctimas estaban fuera de peligro. Ese dato permitió ubicar el episodio dentro de una investigación por lesiones y tentativa, aunque la causa se encuentra en una etapa inicial. El estado de salud de los heridos, junto con las declaraciones que puedan brindar, será determinante para establecer qué ocurrió dentro de la casa.

Por ahora, la fiscalía concentra sus esfuerzos en reconstruir minuto a minuto la secuencia, determinar el rol del policía detenido y precisar el grado de participación del suegro que llegó armado al domicilio. Con las armas ya secuestradas y las pericias en marcha, la causa avanza sobre un expediente que quedó abierto tras uno de los hechos policiales más delicados de las últimas horas en La Plata.

La investigación comenzó después de que la familia denunciara la desaparición de la joven. Los antecedentes de violencia que Emiliane había denunciado contra Rodrigues de Souza llevaron a los investigadores a considerarlo el principal sospechoso. La Policía estableció que había alquilado una vivienda en el barrio Jardim América Tres y comenzó a seguir sus movimientos hasta localizar el automóvil que utilizaba.

Según la reconstrucción del caso, el hombre intentó escapar cuando fue interceptado por los agentes, pero fue perseguido y detenido. Luego, la Policía allanó la vivienda y encontró a Emiliane dentro de una habitación especialmente preparada para el cautiverio. En el lugar había paneles que impedían ver hacia el interior, además de cadenas de hierro, esposas, sogas y reservas de comida.

La cantidad de alimentos almacenados y las condiciones de la habitación llevaron a los investigadores a considerar que el secuestro había sido planificado y que Rodrigues de Souza pretendía mantener a la joven encerrada durante mucho tiempo. También encontraron una carta dirigida a la familia de Emiliane, firmada por ella, en la que pedía que no llamaran a la Policía. La principal hipótesis es que el hombre la obligó a firmarla.

La citó para hablar de sus hijos y terminó secuestrada

El secuestro ocurrió el lunes 17 de agosto. Ese día, Emiliane salió de su casa rumbo a un centro estético y posteriormente tenía previsto encontrarse con su expareja para hablar sobre la manutención de los dos hijos que tienen en común, de 2 y 4 años.

El encuentro estaba pactado en una distribuidora de bebidas que ambos compartían en Goiás. Según el relato de la joven, Rodrigues de Souza no quiso hablar sobre los niños sino que le exigió que retomara la relación. Emiliane se negó y, en ese momento, el hombre utilizó un paño o tela impregnado con una sustancia cuya composición todavía no fue determinada para cubrirle la boca y el rostro.

La joven intentó resistirse, pero perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, ya estaba inmovilizada dentro de la habitación donde permanecería cautiva durante los siguientes cinco días.

De acuerdo con su testimonio, Rodrigues de Souza le dijo que nunca volvería a salir de la vivienda y que ese lugar sería el nuevo hogar de ambos. También le habría dicho que su propia vida había terminado y que la de ella terminaría junto con la suya.

La habitación había sido insonorizada para evitar que los gritos pudieran ser escuchados desde el exterior y contaba con elementos destinados a mantenerla inmovilizada. La máscara de gas que llevaba puesta al momento del rescate también habría sido utilizada para impedir que pudiera pedir ayuda.

Los antecedentes de violencia que ya había denunciado

El secuestro fue el episodio más extremo de una serie de hechos que Emiliane había denunciado después de separarse de Rodrigues de Souza en diciembre de 2025. Según su testimonio, el hombre no aceptó el final de la relación y comenzó a hostigarla y amenazarla. “Vos sos mía o no sos de nadie”, era una de las frases que, según la joven, le repetía su expareja.

Entre los episodios denunciados aparecen el daño de las ruedas de su automóvil con el objetivo de provocar un accidente, la contaminación del tanque de agua de su vivienda con soda cáustica, pintadas en su casa y un ingreso no autorizado a su domicilio.

Las denuncias también quedaron bajo análisis después del secuestro. La investigación apunta a determinar por qué las autoridades no habían podido confirmar previamente que Rodrigues de Souza estuviera detrás de esos ataques. Cuando la familia denunció la desaparición de Emiliane, los antecedentes permitieron concentrar la búsqueda sobre él.

La encontraron con múltiples lesiones

Emiliane fue rescatada con lesiones en distintas partes del cuerpo. Presentaba quemaduras y descamación en los labios, quemaduras en el interior de la boca, dolor y dificultad para tragar y lesiones en los ojos. También tenía hematomas, las manos hinchadas y lastimadas y marcas en los brazos, los pies, las piernas y el cuello, compatibles con las distintas ataduras.

La joven contó además que durante los primeros días posteriores al rescate tenía dificultades incluso para mirar la pantalla de un teléfono celular debido al dolor que le provocaba la luz.

El caso incorporó además una nueva denuncia después de la liberación: Emiliane afirmó que fue víctima de abusos sexuales durante los cinco días que permaneció cautiva.

“Podríamos haber pasado muchos años ahí”

Después de ser liberada, la joven agradeció el apoyo de su familia, de sus vecinos y de las personas que participaron de su búsqueda. Su testimonio también permitió dimensionar el temor que tuvo durante el cautiverio y la posibilidad de que la situación se prolongara.

“Yo quiero decir de corazón muchas gracias por todo. Muchas gracias. Me sentí realmente muy acogida. Si no fuera por el esfuerzo de mi familia, de mi barrio, de mi ciudad, no estaría acá para contar la historia”, expresó.

Emiliane aseguró que su expareja no tenía intención de liberarla y que contaba con los elementos necesarios para mantenerla encerrada durante mucho tiempo. “Él nunca me hubiera dejado salir de ahí. Él nunca, nunca, nunca. Él estaba muy abastecido. Podríamos haber pasado muchos años ahí”, afirmó.

Rodrigues de Souza quedó detenido y el sábado se confirmó su prisión preventiva. La investigación se encuentra todavía en una etapa inicial: la acusación comenzó centrada en el secuestro y deberá ampliarse a partir de la denuncia de abuso sexual y de los demás hechos de violencia que la víctima atribuye a su expareja.

El caso también puso bajo la lupa las denuncias realizadas por Emiliane antes de su desaparición y la respuesta que recibió frente a una escalada de violencia que terminó con ella encerrada, encadenada y aislada dentro de una habitación preparada específicamente para su cautiverio.

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Fernando Cerimedo, el consultor político argentino, afronta ahora tres investigaciones penales simultáneas en Bolivia, tras la apertura de oficio de una nueva causa por violencia familiar y doméstica contra su ex pareja, Nadia Beller. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz confirmó el martes la medida, que se suma a los procesos ya abiertos por tentativa de feminicidio y por presunto enriquecimiento ilícito.

El director departamental de la Felcv, coronel Edson Fernández, explicó que la denuncia se inició a partir de publicaciones difundidas en redes sociales el 18 de agosto, un día después del atentado armado contra Beller. En esas capturas de pantalla, la mujer habría mostrado lesiones en su cuerpo que, según ella, Cerimedo le habría ocasionado en julio pasado. “Ha sido de conocimiento público, salió una publicación por redes sociales y, en coordinación con los fiscales adscritos a la Felcv, se ha abierto una denuncia por violencia familiar”, señaló Fernández.

Cerimedo permanece recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, con detención preventiva de 180 días. La Fiscalía lo imputa por “feminicidio en grado de tentativa” al considerar que existen indicios que lo señalan como presunto instigador de un ataque armado contra su expareja, acusándolo de haber enviado “sicarios” para matarla.

El proceso principal se originó el 17 de agosto, cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en motocicleta a inmediaciones de un hotel ubicado entre el quinto anillo y el canal Isuto, en Santa Cruz, y dispararon contra Beller, quien recibió tres impactos de arma de fuego. La mujer fue internada y recibió el alta médica posteriormente; actualmente se encuentra en su domicilio. Junto al argentino, fueron enviadas a detención preventiva otras dos personas: un hombre acusado de haber proporcionado el arma a los atacantes y la pareja de este. La Policía indicó que ya tiene identificados preliminarmente a los presuntos autores materiales y mantiene su búsqueda.

Uno de los primeros pasos de la nueva investigación por violencia doméstica será recoger la declaración de Beller. Fernández precisó que la fecha y modalidad aún deben definirse en función del estado de salud de la víctima, y dejó abierta la posibilidad de que personal de la Felcv se traslade hasta su domicilio. “Hay que tener un criterio legal y, en virtud de eso, asumo que va a ser de esa manera”, indicó. La investigación deberá determinar si existieron hechos de violencia, cuándo habrían ocurrido y las circunstancias en que se produjeron.

El segundo proceso contra Cerimedo se tramita en La Paz y está relacionado con presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Durante allanamientos vinculados a esa causa se secuestraron Bs 500.000, billetes en dólares y euros, teléfonos celulares y otros elementos que permanecen bajo análisis pericial. Entre los hechos que forman parte de esa investigación figura la fuga de un ex militar identificado como Fritz Junior G. A. durante un operativo policial, quien fue capturado posteriormente y afirmó haber perdido USD 700.000 que llevaba consigo. Un juez determinó 45 días de detención preventiva para él, mientras que su esposa, Claudia Inés L. C., recibió detención domiciliaria con arraigo; la Fiscalía apeló ambas resoluciones.

El caso proyectó una sombra sobre el entorno político de Cerimedo en la región. En Bolivia, los detractores del presidente Rodrigo Paz —entre ellos el ex presidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara— aseguran que Cerimedo fue asesor personal del mandatario, relación que el Gobierno boliviano niega y sostiene que el argentino no formó parte de la estructura del Estado.

Paz se solidarizó con Beller y le ofreció “garantías” para la investigación, pero ha evitado pronunciarse sobre su vínculo con Cerimedo. La defensa del argentino, por su parte, calificó el proceso por tentativa de feminicidio de “show político” destinado a “desestabilizar” al Gobierno de Paz, argumentando que la causa estaría motivada por el vínculo que tuvo en su momento Beller con el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Morales.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó una serie de medidas de prueba con las que reevaluará la acusación contra Alberto Fernández por violencia de género. La causa que inició la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente de la Nación ya cuenta con un pedido de elevación a juicio de parte del fiscal.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en los últimos días el juez solicitó a la Policía Federal Argentina (PFA) una serie de informes sobre cuatro agentes que custodiaron a la pareja presidencial.

Los custodios fueron citados por el magistrado para que declaren como testigos en los tribunales federales de Comodoro Py.

Además, Rafecas pidió al sanatorio Otamendi que entregue una copia de la historia clínica de Fabiola Yañez, con todo su historial médico desde 2018 hasta 2024. En esa época habrían ocurrido los golpes y maltratos denunciados.

La ampliación del plexo probatorio en la que trabaja el juez fue dispuesta en julio por el tribunal superior, la Sala II de la Cámara Federal porteña. En ese fallo, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico negaron anular la causa como pretendía Fernández, pero accedieron a producir más pruebas tal como pedía la defensa.

“La instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”, concluyó la Cámara.

En ese fallo, la Sala II ordenó a Rafecas que, una vez que tenga el resultado de las nuevas pruebas, “reevalúe la situación del imputado”. Esto es: si merece seguir procesado y ser llevado a juicio, o bien le cabe la falta de mérito o el sobreseimiento.

El fiscal de la causa, Ramiro González, dictaminó hace ya un año que el expresidente debe ser juzgado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Cabe recordar que, en instancias anteriores, la fiscalía calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas que logró la defensa -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi-, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a debate oral y público.

Según la acusación del fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, de acuerdo a la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que le habrían generado a la víctima un daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España, tras dejar el poder.

El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Mientras las nuevas pruebas avanzan en el Juzgado Federal N° 3 de Rafecas, Alberto Fernández no abandona el intento por declarar la nulidad de la causa. La Cámara Federal porteña le concedió un recurso para que reclame en la Cámara Federal de Casación Penal.

En los tribunales de Comodoro Py consideran muy poco probable que esto avance favorablemente para el expresidente. Al apartar al anterior juez de la causa, Julián Ercolini, la Casación ya declaró que el cambio de magistrado debía producirse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Candela Arizaga volvió a declarar este lunes ante la Justicia en la causa que investiga a Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. La joven había pedido ampliar su testimonio para precisar algunos aspectos de su primera declaración y, según pudo saber Infobae de fuentes del caso, la joven hizo aclaraciones sobre dos puntos concretos: cómo recuperó su teléfono celular y qué ocurrió con su salud después del episodio.

El primero está relacionado con el aparato que Arizaga dejó en el departamento de Moyano cuando salió corriendo del edificio durante la madrugada del 4 de agosto. En su declaración inicial, la joven había dicho que sus amigas se lo habían llevado al hospital Pirovano. Sin embargo, ahora rectificó esa parte de su relato.

Según explicaron fuentes judiciales a este medio, Arizaga señaló que, cuando regresó a Rosario (ciudad de donde es oriunda), y reconstruyó junto a su madre lo sucedido durante aquellas horas, advirtió que no había recuperado el teléfono durante la tarde, como inicialmente creía.

La joven aclaró que el celular le fue llevado por la noche al hospital por un custodio de Facundo Moyano. De acuerdo con su nueva declaración, fue ese mismo hombre quien le informó además dónde se encontraba su perro, Mafia: le explicó que unas vecinas tenían al animal y que únicamente querían entregárselo a ella.

La precisión buscó explicar uno de los interrogantes que había quedado abierto en el expediente: cómo había vuelto el teléfono a manos de Arizaga si ella había salido del departamento sin llevarlo consigo.

El segundo punto que la joven aclaró estuvo relacionado con su estado de salud. En esta oportunidad, explicó que no sufrió un ataque cardíaco. Según indicó, fue a un cardiólogo y el profesional le indicó que el cuadro que presentó podría haber estado relacionado con un desmayo o un vahído y no con un episodio cardíaco. Arizaga decidió así rectificar también ese aspecto de su primera exposición ante la Justicia.

La ampliación había sido solicitada por la propia Arizaga a través de su abogado, Roberto Herrera, quien adelantó que la joven necesitaba precisar cuestiones que no recordaba con claridad cuando declaró por primera vez.

Así las cosas, Arizaga se presentó este lunes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3, especializada en violencia de género, a cargo de Florencia Nocerez. La audiencia había sido fijada para las 9 de la mañana.

Durante su paso por la fiscalía, además, fue entrevistada por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT), organismo del Ministerio Público Fiscal porteño que brinda asistencia legal, psicológica y social a víctimas.

La causa se inició después del episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Arizaga fue encontrada por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del edificio de la avenida Del Libertador donde vive Moyano.

Uno de los policías que intervino aquella madrugada declaró posteriormente que, al interceptarla en la vía pública, la joven manifestó que Moyano la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad.

La investigación acumuló desde entonces testimonios de policías, médicos, vecinos y personas del entorno de la pareja. Las declaraciones incorporadas al expediente presentan distintas versiones sobre lo sucedido durante aquellas horas.

Moyano fue detenido aquella madrugada y recuperó la libertad horas después. Sin embargo, continúa imputado y tiene vigentes una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a Arizaga a menos de 300 metros y de mantener contacto con ella mientras avance el proceso.

La causa continuará el próximo 31 de agosto, cuando está previsto que declaren la madre y la hermana de Arizaga.

A cuatro años del doble parricidio de Vicente López —en el que José Enrique del Río (75) y María Mercedes Alonso (72) fueron asesinados a tiros por su hijo menor— Martín del Río consiguió un celular y se contactó con su ex pareja desde la cárcel donde cumple la pena de prisión perpetua desde diciembre de 2024, cuando fue condenado tras un juicio por jurados. La sentencia fue confirmada en abril de 2026 por la Cámara de Casación Penal.

Del Río, protagonista de una de las historias policiales más macabras del último tiempo, está preso en la Unidad N°48 de San Martín, donde no recibe visitas. Hasta hace pocos meses, se quejaba por ser de los pocos que no tenía teléfono. Pero en las últimas semanas, consiguió uno, ingresó a su correo electrónico y recuperó el contacto de su ex esposa, con quien estuvo casado durante 20 años. Ella fue una de las testigos que reconoció a Martín como el asesino de sus suegros al ver las imágenes de una cámara de seguridad donde se lo veía caminar rumbo a la casa de las víctimas.

Del Río le escribió un mail, al que tuvo acceso Infobae. En el mensaje, insistió en su inocencia, le contó de sus días en la cárcel y le aseguró que está haciendo “de todo” para recuperar su libertad. La mujer lo denunció ante la Justicia y la jueza María Coelho de San Isidro dispuso la prohibición inmediata de contacto.

El correo decía: “Hola Amore de mí vida. Cómo estás? Cómo andan los chicos? Te cuento que logré abrir el mail mío y poder buscar sus contactos. Te cuento que estoy trabajando con nuevos abogados para poder probar mí inocencia y todas las barbaridades que ocurrieron en el juicio y en casación, espero que esto se resuelva lo más rápido posible para poder lograr mi libertad y que se investigue realmente que pasó”.

En el mismo mensaje, le cuenta que intentó contactarse con sus dos hijos —hoy ya jóvenes adultos— y que no pudo. “Te pido que me pases sus celus así les escribo, quiero saber de ellos poder hablarles y poder estar en contacto”. Ninguno quiere saber nada del padre. El mail sigue con detalles de su vida en la cárcel: “Te cuento que acá soy el promotor de salud del pabellón, me ocupo de la salud de la población, que los atienda que los operen, dentistas, todo. Y a la tarde armé un taller de fabricación de aberturas de aluminio”.

“Quiero lograr mi libertad, no doy mas. Cómo te dije cuando vinieron yo voy a demostrar mí inocencia aunque sea lo último que haga en mí vida. Yo los amo, son mi familia, son mis grandes amores. Te dejo el celu que tengo acá así cuando quieran me escriben o llaman. Flaca te voy a amar toda la vida. Besos”, concluye el mensaje.

Desde que ocurrió el doble parricidio de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso, la familia completa quedó destrozada. La ex pareja de Martín, que declaró en el juicio en 2024, estuvo con tratamiento psiquiátrico largos meses por el shock que le produjo el hecho. “Vivía con un monstruo”, testificó ante el jurado popular que juzgó los crímenes.

Ante este intento de acercamiento, la mujer denunció a Martín con la fiscal Marcela Semería. Así, la semana pasada, la jueza María Coelho resolvió que Del Río no podrá comunicarse con ella “ni directamente ni a través de terceras personas y medios electrónicos”. Esto incluye redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea y cualquier otra vía de contacto digital.

El fallo, al que tuvo acceso este medio, ordenó que cualquier incumplimiento de esta prohibición debe denunciarse penalmente de inmediato por el delito de desobediencia, que implica sanciones para quien no acata una orden judicial.

Según la jueza, la protección es necesaria ante “una evidente perturbación al ánimo” de la mujer, que agrava el conflicto y vulnera sus derechos. Además señala que el Estado debe actuar con “debida diligencia reforzada”, una obligación internacional cuando hay denuncias de violencia de género.

Esta semana, la causa contra Facundo Moyano avanzó con las declaraciones de nuevos testigos ante Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el inicio de la investigación ya se recabaron testimonios de efectivos policiales, personal médico, empleados del edificio y personas del entorno de la pareja y de la denunciante, Candela Arizaga.

Según consta en el expediente, entre los testigos se encuentran agentes de la Policía de la Ciudad que participaron en el operativo la madrugada del 4 de agosto.

Uno de los oficiales sostuvo lo manifestado en el informe policial. En esa acta, el efectivo precisó que observó Arizaga en estado de excitación y con una sola prenda íntima, y que, al interceptarla, la joven manifestó que el ex diputado la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad.

Distinta fue la versión que dio la uniformada que acompañó a Arizaga desde el edificio hasta el hospital. La testigo señaló que, durante ese trayecto, la influencer no le expresó haber sido víctima de violencia ni haber estado privada de su libertad por parte de Moyano.

Lo mismo afirmó la agente encargada de entrevistar a la denunciante en el Hospital Pirovano: “En ningún momento me dijo que había padecido violencia a manos de Facundo ni que tampoco fue impedida de nada”.

Esta semana también brindaron testimonio profesionales de la salud que intervinieron en la atención de Arizaga.

La médica del SAME que intervino en el lugar de los hechos relató que la paciente refirió episodios de consumo de cocaína y amnesia, y que no le brindó detalles sobre hechos de violencia: “Intenté preguntarle más cosas, como antecedentes de enfermedades, si le dolía, si la habían golpeado, y era todo muy vago, como que un no, y yo lo tomé como un no”.

Según fuentes del caso, dijo también que durante la atención notó a la joven “parcialmente orientada”. “En un momento, el personal policial le pregunta ‘¿qué consumiste?’. Era un masculino que le prestó la campera. Ella estaba tranquila, mirándome a mí”, añadió.

Por su parte, la policía que entrevistó a Arizaga durante su internación declaró que ella mencionó una molestia en la rodilla producto de una caída, sin referir golpes.

A su turno, la oficial de consigna en el hospital recordó: “Mucha comunicación con ella no tuve. Lo que sí, preguntaba sobre ‘Facu’, si estaba o si seguía preso”.

En tanto, la médica legista de la División Medicina Legal de la fuerza porteña que elaboró el informe médico realizado a Moyano durante su detención, concluyó que el dirigente sindical “no presentaba al momento de la entrevista signos de intoxicación”.

Previamente, ya habían declarado dos empleados de seguridad del edificio, quienes afirmaron no haber presenciado situaciones de conflicto entre la pareja.

Esos dichos fueron en línea con los de un vecino consultado por la policía, que indicó que no escuchó movimientos ni gritos provenientes del departamento de Moyano y que en el grupo de residentes no se reportaron incidentes ni quejas previos al hecho investigado.

Personas del entorno de la denunciante y del propio Moyano también declararon en sede judicial. La empleada doméstica del ex legislador afirmó que la relación entre ambos era “buena, cariñosa, una pareja normal” y que nunca le comentó haber sido víctima de violencia.

En concordancia, una amiga de Arizaga, testigo de contexto durante la internación y el alta médica, declaró que en su amistad nunca le mencionó episodios de violencia de género por parte de Moyano.

La causa se encuentra caratulada como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. La fiscalía fijó para el lunes próximo la ampliación de la declaración de Candela Arizaga, quien solicitó precisar aspectos que no recordó en su primera exposición.

Además, la madre y la hermana de la denunciante fueron citadas para prestar testimonio el 31 de agosto.

Mientras tanto, Moyano mantiene vigentes medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de Arizaga y la obligación de presentarse ante cada citación judicial.

Nadia Beller, víctima de un intento de feminicidio por el que acusa a su ex pareja Fernando Cerimedo, asesor presidencial de Rodrigo Paz y actualmente detenido, pidió frenar los ataques en redes contra terceros que no están siendo investigados y advirtió que se está usando su caso para disputas políticas.

En un texto de aclaración, Beller cuestionó el señalamiento contra el periodista Javier Negre y el medio La Derecha Diario, a partir del vínculo empresarial previo entre Negre y Cerimedo. “No me parece justo el ataque que están recibiendo algunas personas a raíz de lo ocurrido con Fernando Cerimedo y la tentativa de feminicidio que sufrí”, afirmó.

Sobre Negre, sostuvo que no lo conoce y que el hostigamiento no se basa en información directa del caso. “Un ejemplo de esto es el acoso que está recibiendo el señor Javier Negre, a quien no conozco personalmente, simplemente porque ha manifestado que rompió vínculos empresariales con Cerimedo hace algún tiempo”, escribió.

Beller también defendió que esa versión no debería leerse como una reacción posterior a la denuncia. “Me parece injusto que esa afirmación sea cuestionada como si se tratara de un intento de desligarse de él después de lo ocurrido”, agregó.

En su aclaración, introdujo un dato sobre el proceso societario de Cerimedo y el motivo que, según dijo, conocía con anterioridad. “En honor a la verdad, yo sí sabía que Fernando había vendido sus acciones como parte del proceso de finiquitar o saldar sus empresas para llevar adelante su proceso de divorcio”, indicó.

Beller remarcó que esa información no la incorpora para beneficiar a ninguna de las partes. “Esto no es algo que esté diciendo ahora para favorecer a nadie: es algo que me consta”, señaló.

Con ese argumento, reclamó que no se transforme la relación comercial ya finalizada en un disparador de sospechas. “Me parece completamente injusto que se pretenda convertir una relación empresarial que ya había terminado en motivo de sospecha, señalamiento o acoso hacia una persona que no tiene relación alguna con los hechos que se investigan”, sostuvo.

En el cierre, pidió que su denuncia no sea usada como herramienta en conflictos ajenos al expediente. “También creo que deberían dejar de instrumentalizar un tema tan delicado como el sicariato, la violencia de género y el feminicidio para llevar adelante revanchas políticas o disputas personales”, advirtió.

“No se puede utilizar el dolor y la gravedad de estos hechos como herramienta para atacar a personas que no tienen nada que ver, simplemente porque resultan convenientes dentro de una determinada narrativa política”, concluyó.

La desvinculación

Cerimedo, detenido desde el martes 18 de agosto en Bolivia acusado de enviar sicarios para asesinar a su ex pareja, Nadia Beller, decidió desvincularse de La Derecha Diario, el medio de ideología liberal-libertaria que fue fundado en la Argentina, pero que tiene presencia en otros ocho países, entre ellos España y Estados Unidos.

Según pudo saber Infobae, Cerimedo llegó hace un tiempo a un acuerdo con Negre, el otro accionista del medio, para venderle el 50% que era de su propiedad. Así, Negre es el propietario absoluto del portal.

Las conversaciones para que el consultor del presidente de Bolivia se desligara de la marca habían comenzado a principios de este año. La decisión era parte de una serie de desvinculaciones que Cerimedo estaba haciendo de otras compañías en las que tenía participación en la Argentina.

Sin embargo, no fue hasta la semana pasada, justo antes de las complicaciones judiciales, que ese proceso se había acelerado. Con la detención de Cerimedo, las negociaciones se atrasaron, pero este viernes Negre pudo ratificar el acuerdo. El trato ya estaba hecho de palabra entre Negre y Cerimedo, pero ahora quedó firmado por escrito.

El mensaje de Beller

Sobre Javier Negre y la Derecha Diario:

No me parece justo el ataque que están recibiendo algunas personas a raíz de lo ocurrido con Fernando Cerimedo y la tentativa de feminicidio que sufrí.

Un ejemplo de esto es el acoso que está recibiendo el señor Javier Negre, a quien no conozco personalmente, simplemente porque ha manifestado que rompió vínculos empresariales con Cerimedo hace algún tiempo. Me parece injusto que esa afirmación sea cuestionada como si se tratara de un intento de desligarse de él después de lo ocurrido.

En honor a la verdad, yo sí sabía que Fernando había vendido sus acciones como parte del proceso de finiquitar o saldar sus empresas para llevar adelante su proceso de divorcio. Esto no es algo que esté diciendo ahora para favorecer a nadie: es algo que me consta.

Por eso me parece completamente injusto que se pretenda convertir una relación empresarial que ya había terminado en motivo de sospecha, señalamiento o acoso hacia una persona que, no tiene relación alguna con los hechos que se investigan.

También creo que deberían dejar de instrumentalizar un tema tan delicado como el sicariato, la violencia de género y el feminicidio para llevar adelante revanchas políticas o disputas personales. No se puede utilizar el dolor y la gravedad de estos hechos como herramienta para atacar a personas que no tienen nada que ver, simplemente porque resultan convenientes dentro de una determinada narrativa política.

Un hombre de 67 años fue imputado por intento de femicidio y quedó en prisión tras rociar con alcohol etílico y prender fuego a su pareja de 60, en San Miguel de Tucumán. La mujer se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Centro de Salud.

El grave hecho ocurrió el sábado a las 7:30 en la puerta del domicilio de avenida San Ramón al 600. La víctima sufrió quemaduras en el rostro, el tórax y ambos miembros superiores.

Según informó La Gaceta, el imputado, identificado como V.H.S. llegó a la vivienda y comenzó a gritarle a la mujer que abriera el portón. Cuando ella salió la roció con líquido inflamable y encendió las llamas. Inmediatamente, los vecinos que observaron la secuencia auxiliaron a la mujer y la trasladaron en un vehículo particular al hospital, pese a los intentos del agresor por retenerla dentro del inmueble.

En la escena intervinieron personal de la División de Homicidios, bomberos, peritos de criminalística y del laboratorio forense, quienes secuestraron prendas de vestir quemadas y una botella de alcohol etílico, de acuerdo con los datos recabados por el portal El Tucumano.

La causa quedó a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF), que conduce el fiscal Pedro Gallo, y este domingo avanzaron con la audiencia de imputación formal, en la que se formularon cargos por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio en grado de tentativa.

Desde el MPF solicitaron la prisión preventiva al señalar que, tras el ataque, el imputado intentó llevar a la víctima al interior de la vivienda cuando los vecinos intentaban ayudarla y amenazó a la hija de la mujer en el momento en que acudió a la vivienda.

La jueza actuante dispuso la prisión preventiva por 89 días con el fin de avanzar en la investigación penal preparatoria y resguardar a la familia de la víctima, quien continúa internada con pronóstico reservado.

Intento de femicidio en Neuquén

Lucas Daniel Serrano, de 38 años, fue detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en grado de tentativa tras atacar con un hacha a su pareja, una mujer de 49 años, en la localidad neuquina de Aluminé. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y permanece internada con riesgo de vida.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el ataque ocurrió el viernes entre las 19:30 y las 20:40. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Serrano regresó a la vivienda que compartía con la mujer, discutieron en un contexto de violencia de género y él fue hasta un galpón en la parte trasera de la propiedad, tomó un hacha y la golpeó en la cabeza con intención de matarla. La víctima fue atendida en el hospital de Aluminé, trasladada al de Zapala y derivada al Hospital Provincial Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, donde permanece con asistencia respiratoria.

Al día siguiente del ataque, los efectivos de la Comisaría N°29 realizaron allanamientos que culminaron con la detención del acusado y el secuestro del hacha. Ese mismo día, el fiscal jefe Matías Álvarez y el fiscal del caso Marcelo Jofré formularon cargos y solicitaron la prisión preventiva por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Al revisar los antecedentes de Serrano, la fiscalía encontró pedidos de captura pendientes de la Justicia de Charata, Chaco, por abuso sexual y por robo. La jueza de garantías Laura Barbé avaló los cargos, fijó cuatro meses de investigación y dispuso la prisión preventiva por el mismo período. El acusado quedó alojado en la Unidad N°48 de Zapala.

Dayana Rodríguez Bohórquez, de 24 años, fue asesinada en la vereda Villas del Socorro, ubicada en zona rural de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Su compañero sentimental, Leonel Darío Mendoza Gómez, es investigado por el crimen, pues horas después se presentó ante la Policía en Planeta Rica, Córdoba.

Después de su confesión, las autoridades avanzan con el proceso judicial bajo la hipótesis de feminicidio agravado y violencia de género.

El caso se presentó el viernes 21 de agosto en una vivienda ubicada a unos 45 minutos del casco urbano de Caucasia. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal de ese municipio y el cuerpo fue trasladado a la morgue municipal para los procedimientos forenses.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la joven murió por lesiones graves causadas con un objeto contundente. Tras el ingreso del cuerpo a la morgue, el medio local Minuto30 reveló que los expertos lograron establecer que presentaba un trauma craneal severo, una herida abierta con exposición de masa encefálica y una fractura multifragmentaria en el hueso occipital, lesiones que le causaron la muerte inmediata en el lugar.

El presunto agresor confesó

Según la información conocida por las autoridades, Leonel Darío Mendoza Gómez llegó de manera voluntaria a la estación de Policía de Planeta Rica, municipio del departamento de Córdoba del que es natural, y allí le contó a los uniformados presentes que tuvo una discusión con su compañera sentimental durante la madrugada antes de agredirla.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que sea presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas para responder por el delito de feminicidio agravado. La investigación busca establecer en detalle las circunstancias del ataque y la responsabilidad penal del señalado.

La información policial indica que la discusión habría estado relacionada con celos y conductas de control sobre la víctima. Por su parte, el diario El Colombiano señaló que la brutal agresión se habría desencadenado después de que el hombre revisó el celular de Dayana y encontró conversaciones con otro hombre.

El caso se investiga como violencia de género y se suma a otras muertes recientes

La víctima, oriunda de Zaragoza, Antioquia, fue hallada dentro de la vivienda con múltiples heridas en la cabeza producidas por un arma contundente, según las versiones preliminares recogidas en el caso, en las que se indicó que el elemento usado en la agresión habría sido un tubo que se encontraba en el hogar de la pareja.

El medio local El Colombiano también informó que allegados de la joven sostuvieron que en la relación ya existían episodios recurrentes de violencia de género. Según esas versiones, el hombre controlaba las relaciones personales de la víctima y revisaba con frecuencia su teléfono móvil, elementos que serán indagados dentro del proceso judicial.

Este nuevo feminicidio encendió las alertas entre organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres en Antioquia, que reclaman medidas urgentes del Estado ante una secuencia de violencia de género que, de acuerdo con cifras oficiales, dejó tres mujeres asesinadas en menos de 72 horas en el departamento.

Los internautas reaccionaron pidiendo justicia ante este hecho repudiable y asegurando que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona por un desacuerdo o por celos.

“Eso no le daba derecho a matarla, así ella haya cometido ese error. El machismo ciega a los hombres, ella también déjelo si se ve que era una porquería de hombre y si ella lo hizo es porque no era feliz con él” y “Dios nos guarde a todas las mujeres del mundo de todo peligro”.

Lucas Daniel Serrano, de 38 años, fue detenido acusado de atacar con un hacha a su pareja, una mujer de 49 años, en la localidad neuquina de Aluminé. En las últimas horas, la Justicia lo imputó por homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género, en grado de tentativa, y le dictó la prisión preventiva.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el ataque ocurrió el viernes pasado, entre las 19.30 y las 20.40. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Serrano regresó a la vivienda donde convivía con la mujer y, en un contexto de violencia de género, discutieron.

En ese contexto, el acusado fue hasta un galpón ubicado en la parte trasera de la propiedad, tomó un hacha y, con la intención de matarla, la golpeó en la cabeza.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico. En un primer momento fue atendida en el hospital de Aluminé, luego trasladada al de Zapala y, finalmente, derivada al Hospital Provincial Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén.

La mujer permanece internada con asistencia respiratoria y riesgo de vida.

El sábado, efectivos de la Comisaría N°29 de Aluminé realizaron una serie de allanamientos que culminaron con la detención de Serrano. Durante los procedimientos también secuestraron un hacha, que quedó incorporada a la investigación.

Ese mismo día por la tarde, el fiscal jefe Matías Álvarez y el fiscal del caso Marcelo Jofré formularon cargos contra el acusado y solicitaron que permaneciera detenido con prisión preventiva, al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Al adentrarse en sus antecendentes, descubrieron que Serrano tenía pedidos de captura pendientes de la Justicia de Charata, Chaco, por un caso de abuso sexual y otro por robo.

La jueza de garantías Laura Barbé avaló la formulación de cargos, fijó en cuatro meses el plazo de investigación y dispuso la prisión preventiva por el mismo período. El acusado permanece alojado en la Unidad N° 48 de Zapala.

Mientras avanzaba la causa, el sábado alrededor de las 16, vecinos, docentes, estudiantes y trabajadores de la Municipalidad de Aluminé realizaron una marcha para pedir Justicia por la víctima.

La movilización partió desde la Plaza San Martín, continuó por la avenida RIM 26, la principal de la localidad, llegó hasta la rotonda y luego regresó al centro. Durante el recorrido, los manifestantes se detuvieron frente a la Comisaría N° 29, donde una amiga de la mujer agradeció el acompañamiento, pidió que continuaran rezando por ella y reclamó Justicia.

Las hijas y los hermanos de la víctima no participaron de la movilización porque se encuentran en Neuquén capital acompañándola en el Hospital Castro Rendón, donde permanece internada en estado crítico.

Una joven de 20 años, identificada como Cintia Díaz Orellana, murió este domingo luego de permanecer internada en grave estado por las lesiones que sufrió durante un ataque ocurrido en la ciudad salteña de Metán. Por el hecho se encuentra detenido su pareja Gastón Ramírez, de 26 años, quien será imputado este lunes como presunto autor del femicidio.

El caso ocurrió durante la noche del viernes, cuando Díaz Orellana y Ramírez habían concurrido a un local bailable. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de una discusión, el hombre la habría atacado con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza. Luego, se habría retirado y la habría dejado tendida en la vía pública.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó lo sucedido. Tras su relato, quedó demorado y los efectivos se dirigieron hasta el lugar que había señalado, donde encontraron a la joven gravemente herida y solicitaron asistencia sanitaria.

Díaz Orellana fue trasladada inicialmente al hospital Del Carmen de Metán. De acuerdo con El Tribuno, presentaba hundimiento de cráneo, fracturas en la nariz y la mandíbula, heridas en el rostro, lesiones dentales y otros traumatismos de gravedad.

Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos gestionaron su derivación a la ciudad de Salta. En un primer momento se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, pero las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue trasladada por vía terrestre una vez que lograron estabilizarla.

La joven quedó internada en el hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada. Sin embargo, este domingo a las 9.15 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido.

La investigación está a cargo del fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal N°1 de Metán, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir las circunstancias del ataque.

Entre ellas, se ordenó la intervención de personal de Criminalística, el secuestro de las prendas de vestir de ambos involucrados, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.

Tras conocerse la muerte de Díaz Orellana, el fiscal ordenó además que el cuerpo sea sometido a una autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, con el objetivo de determinar de manera precisa la causa del fallecimiento. También dispuso que se brinde asistencia y contención a los familiares de la víctima.

Ramírez permanece detenido y este lunes será sometido a la audiencia de imputación luego de realizarse el correspondiente control de legalidad. Hasta el momento, la Fiscalía no comunicó cuál será la calificación legal que le atribuirá.

En las últimas horas, familiares, allegados y vecinos comenzaron a despedir a Cintia a través de las redes sociales y reclamaron justicia por su muerte.

“Que tu nombre no sea uno más, Cintia”, publicó la cuenta “Siete Arcángeles” en Facebook. “Cintia no murió porque sí. A Cintia le arrebataron la vida. Que mañana su nombre no desaparezca detrás de otra noticia. Que el tiempo no apague la indignación. Que su hijo, algún día, pueda saber que muchas personas levantaron la voz por su mamá”, continúa el mensaje.

“Por ella. Por su pequeño. Por su familia. Y por todas las que todavía pueden ser salvadas. Que haya justicia. Que no haya impunidad. Descansá en paz, Cintia”, concluye la publicación.

Gala Montes reaccionó con risas y luego con la amenaza de reportar un video generado por inteligencia artificial que la enfrenta a Adrián Marcelo en una “batalla de farmeo de aura”, la tendencia viral que en 2026 desplazó a los therians en redes sociales.

En el video se aprecian momentos que hacen referencias a los conflictos que ambos personajes han sostenido desde su participación en La Casa de los Famosos México, la culminación de este los muestra abrazandose y dándose un beso, aparentemente el momento que detonó la molestia de la artista.

Lo que resulta curioso es que Gala Montes difundió el video en sus propias historias de Instagram, dejando la interrogante si resultó ofensivo para ella o lo tomó a manera de broma.

Mariana Echeverría, excompañera con quien también mantiene fricciones públicas, comentó el mismo contenido por separado con un órale.

La reacción de Gala Montes al video de IA

El contenido circuló en Instagram y colocó a Gala Montes y a Adrián Marcelo en una de estas batallas virtuales. La actriz dejó dos comentarios independientes: en el primero escribió “Jajajajaj”; en el segundo, el tono cambió por completo: “Voy a reportar esto”.

Mariana Echeverría también reaccionó al video, aunque sin relación con los comentarios de Gala. La conductora escribió “Órale 😂😂😂” en la publicación.

El origen del conflicto entre Gala y Adrián Marcelo

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La “batalla de aura” ficticia retoma una rivalidad real que marcó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en 2024. Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron uno de los enfrentamientos más documentados en la historia de los realities mexicanos.

El punto de quiebre llegó cuando Marcelo pronunció la frase “una mujer menos para maltratar” tras la eliminación de Gomita en una gala donde solo había mujeres en riesgo de salir. Gala lo había calificado días antes de “narcisista, misógino y machista” y había expresado que temía por la seguridad de sus compañeras.

La frase desató la retirada de al menos ocho marcas patrocinadoras en cuestión de horas. Unilever retiró de un solo golpe a Rexona, Helados Holanda y Knorr; Nestlé sacó a Nescafé; y se sumaron Nutrioli, Vips, Domino’s, Cklass, Price Shoes, Sabritas, Eternal Secret y DiDi, de acuerdo con lo reportado por Infobae.

Durante la gala del 3 de septiembre de 2024, la conductora Odalys Ramírez confrontó a Marcelo en vivo para que explicara sus palabras. El comediante las defendió como “una ironía” y volvió a referirse a la salud mental de Gala, quien le respondió: “Sigue violentándome, hablando cosas de mi enfermedad. Es una persona misógina que no debería de estar aquí”.

Esa madrugada, Adrián Marcelo abandonó la casa de forma abrupta. No se despidió de sus compañeros ni recogió sus pertenencias. La madre de Gala lo denunció legalmente por discriminación y violencia de género.

La tensión con Mariana Echeverría, que sigue vigente en 2026

Mariana Echeverría también formó parte de esa segunda temporada, en el equipo rival al de Gala. Su paso por el reality generó críticas por su manejo de la comida y sus actitudes hacia algunos compañeros, y la conductora estuvo dos años sin aparecer en televisión.

En agosto de 2026, Echeverría regresó como panelista de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México. Gala cuestionó públicamente que el público la hubiera recibido con cariño, atribuyéndolo a su cambio físico y no a un perdón genuino. Llegó a insinuar que ese cambio podría estar relacionado con medicamentos para bajar de peso.

Echeverría respondió sin entrar en intercambio: “No le tengo que pedir perdón a nadie ni que me perdonen, porque ni maté, ni robé. Fue un juego”, dijo a Imagen Televisión. Ante la repregunta sobre si existía algún problema, cerró: “Nada, cero. Y no voy a hablar de ella”.

Según el periodista Gerardo Escareño, la producción del reality habría vetado a Gala de una gala de eliminación en agosto de 2026 para evitar un encuentro entre ambas en el foro, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente. La productora Rosa María Noguerón no respondió públicamente a los señalamientos. Nescafé, una de las marcas que abandonó el programa en 2024 por el escándalo de Marcelo, regresó como patrocinador en esta cuarta temporada.

Qué es “farmear aura”, la tendencia detrás del video

“Farmear aura” es el fenómeno digital que domina TikTok, Instagram y X en 2026. Dos personas se enfrentan cara a cara para demostrar quién proyecta más carisma mediante poses, gestos y movimientos, sin contacto físico ni palabras. El público vota con aplausos y vítores.

El término fusiona el verbo gamer “farmear” —repetir acciones para acumular puntos en un videojuego— con “aura”, entendida como presencia o carisma percibido. En redes, frases como “+1000 de aura” o “perdió aura” funcionan como marcadores informales de reputación, según informó Infobae.

Una jueza de la Provincia de Tucumán autorizó a Carlos Ailton Santos Nascimento, un boxeador brasileño conocido como “Falcao” y detenido por violencia de género, a pelear esta noche por un título sudamericano. El hombre cumple arresto domiciliario luego de haber sido denunciado por amenazas por su expareja, la también boxeadora Cecilia “La Pantera” Mena.

La mujer ya lo había acusado e incluso logró una condena previa en su contra por agresiones físicas. Pena que según su defensor, ya cumplió.

“Como mujer y como representante del deporte tucumano, nacional e internacional, con una trayectoria que me ha permitido representar en diversas oportunidades a mi deporte, quiero expresar públicamente mi profundo desacuerdo con la decisión judicial que permitió que Carlos Ailton Nascimento, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, pueda participar de una competencia deportiva”, escribió la mujer en un extenso descargo público que hizo en sus redes sociales, al enterarse de la decisión judicial.

Según dio a conocer el diario local La Gaceta, en la audiencia de formulación de cargos, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que el sospechoso había intimidado a su exmujer el 6 y el 12 de agosto pasados. Finalmente, el 15 de agosto, Santos fue detenido en un allanamiento en su vivienda y, en audiencia, la fiscalía solicitó prisión preventiva por dos meses por amenazas y por incumplir una medida de protección a favor de Mena. El juez Bernardo L’Erario Babot dispuso inicialmente la prisión preventiva solo por cuatro días.

Sin embargo, en una nueva audiencia, se resolvió que Santos continúe bajo arresto domiciliario por dos meses. “Lo único que puedo decir es que ella está mintiendo. Pongo a disposición mi celular para que sea analizado y quede en claro que no la amenacé”, declaró. “Estoy en desigualdad de condiciones. Es la palabra de ella contra la mía, pero siempre se sale a favor de las mujeres. Me quedé en Tucumán por mi hijo y tengo que sufrir este calvario”, indicó Santos durante la audiencia.

En paralelo, su abogado defensor inició gestiones para que el deportista fuera autorizado a pelear hoy sábado por el título sudamericano de peso completo contra Marcos Ahumada. La velada se llevará a cabo esta noche en el Complejo Belgrano, de la capital provincial. Se trata de la pelea principal del evento. La expectativa es alta, incluso al punto que el propio gobierno de Tucumán anunció el evento en su página oficial.

Según el medio tucumano, el brasileño —a través de su defensa— logró que la Federación Argentina de Box confirmara que se trataba de la pelea más importante de la velada y recalcó que el encuentro contaba con el patrocinio de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

“Los guantes ya están listos y el ring espera. Tucumán vivirá el próximo sábado por la noche una gran velada de boxeo en el Complejo Belgrano, donde el argentino Marcos Ahumada y el brasileño Carlos Falcao se enfrentarán por el Título Sudamericano de peso completo, en uno de los combates más esperados de los últimos meses”, dice el anuncio del gobierno tucumano. El evento impulsado por Nocaut Promotions, fue presentado este jueves en el Ente Tucumán Turismo, en una conferencia encabezada por el presidente del organismo, Domingo Amaya.

La decisión final

Con todos estos elementos reunidos, finalmente se llevó la audiencia para resolver el pedido de autorización para pelear.

La auxiliar fiscal Daniela Falchi se opuso al permiso especial, alegando que la autorización podría poner en peligro el proceso y a la víctima, y que no existen antecedentes de otorgar permisos similares a otros imputados en idénticas condiciones. Su defensa argumentó que el hombre siempre estuvo a derecho y que no podía prohibirse la oportunidad de crecer en su carrera.

Tras escuchar a las partes, la jueza Lorena Rocha resolvió autorizar la participación de Santos en el pesaje y la pelea, considerando que la actividad profesional no ponía en riesgo el proceso ni la seguridad de la denunciante.

En ese sentido, explicó: “Entiendo que su participación en la pelea no pone en riesgo el proceso. Está cumpliendo con el arresto domiciliario sin tener una pulsera dual. Nada nos indica que podrá escaparse o entorpecer la investigación por cumplir con ese compromiso”. Rocha argumentó que el acusado tiene una oportunidad de crecimiento profesional y que un triunfo podría beneficiar también a su hijo.

Debido a la falta de stock de pulseras duales para monitoreo, la magistrada ordenó que Santos sea acompañado por una custodia policial especial durante el pesaje y la pelea. El control del pesaje se realizó normalmente en un gimnasio de Venezuela 340, en San Miguel de Tucumán.

Una vez finalizada la pelea, personal de la ex Brigada de Investigaciones deberá trasladar nuevamente a Santos a su domicilio para que continúe cumpliendo el arresto domiciliario, independientemente del resultado deportivo. El permiso judicial se limita exclusivamente a la participación en la pelea y el pesaje.

“Como víctima, siento que no se han priorizado adecuadamente mis derechos, mi integridad psicológica, mi tranquilidad y mi seguridad”, dijo Mena. “He sufrido una agresión que me provocó lesiones gravísimas y daños irreversibles, especialmente en mi rostro. Recibí múltiples golpes de puño y también sufrí una lesión en uno de mis brazos, encontrándome en ese momento dentro de mi automóvil y en una situación de indefensión”, continuó.

“El deporte debería ser ejemplo. No debería ser un espacio donde la violencia y sus consecuencias queden en segundo plano porque el espectáculo debe continuar”, concluyó.

El fiscal Rodrigo Urruticoechea imputó a J.G.A., de 24 años, por el transfemicidio de Gabriela Denisse Banach, de 47 años, y el juez de primera instancia Aldo Bilbao Benítez le dictó prisión preventiva por 90 días, en una causa que sostiene que el acusado mató a la mujer trans en su vivienda de Rosario y luego se llevó pertenencias de la víctima.

El hombre fue acusado por transfemicidio calificado por haber sido perpetrado por un hombre contra su pareja, por haber mediado violencia de género y por odio de género. La acusación también le sumó el apoderamiento ilegítimo del teléfono celular de la víctima y de su billetera con tarjetas e identificación personal, que se habría llevado en un bolso azul y blanco.

Los investigadores ubicaron al sospechoso cuatro días después del crimen, el 13 de agosto, pasadas las 14.30, en las inmediaciones de Moreno al 1900 de Rosario. El arresto fue realizado por personal de la PDI, después de que la pesquisa se encaminara con rapidez tras el hallazgo del cuerpo.

Banach, de 47 años, fue asesinada en una vivienda de Cerrito al 600, en barrio República de la Sexta, durante la madrugada del 9 de agosto. La fiscalía le atribuyó a J.G.A. haber cometido el crimen cerca de las 3.20 y haber abandonado el lugar alrededor de las 5.20.

El ataque ocurrió tras un encuentro sexual consentido

De acuerdo con la acusación expuesta en audiencia, el imputado mantenía una relación de pareja con Banach. El fiscal sostuvo que ambos tuvieron un encuentro sexual consentido y que luego el acusado aprovechó que la víctima estaba indefensa para atacarla.

La imputación describe golpes con un elemento en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo. Ese ataque le provocó traumatismos fatales y una luxación de hombro.

Antes de la audiencia imputativa, el sospechoso fue identificado a partir del análisis de cámaras de videovigilancia pedido por Urruticoechea. El joven fue encontrado por personal de la Agencia de Investigación sobre trata de personas y violencia género de la Policía de Investigaciones.

El cuerpo de Banach fue advertido desde un balcón de un edificio vecino, desde donde dieron aviso a la policía cuando el crimen ya estaba consumado. Los agentes ingresaron luego al departamento y encontraron a la víctima en la cocina-comedor.

Según la reconstrucción publicada por el medio, Banach tenía una campera como única prenda de vestir. En el lugar había sillas caídas, muebles desplazados y ropa tirada, un cuadro que llevó a los investigadores a presumir una escena de lucha.

Vecinos que se acercaron al operativo dijeron haber escuchado gritos en ese departamento el domingo y el lunes, y señalaron que después ya no oyeron ruidos ni volvieron a ver a la víctima. Los médicos que revisaron el cuerpo detectaron golpes contundentes en el rostro, heridas cortopunzantes en el tobillo derecho y escoriaciones múltiples en ambas piernas.

La policía también observó que en la vivienda faltaba un televisor, ya que solo se encontró el soporte, mientras que el dormitorio estaba revuelto. Esos elementos quedaron incorporados a la investigación del crimen de la activista LGBTIQ+.

La muerte de Banach generó mensajes de despedida en espacios comunitarios que la tenían como colaboradora. La página de la parroquia María Auxiliadora publicó: “Hasta siempre, querida Gabriela Banach”.

Cáritas María Auxiliadora la recordó como “colaboradora, compañera y amiga”. En ese mensaje agregó: “Con el corazón lleno de tristeza, pero también de gratitud por todo lo compartido, despedimos a Gabriela, nuestra querida colaboradora, compañera y amiga”.

La institución también destacó el vínculo que mantenía con la comunidad: “Su presencia, su entrega y tantos momentos compartidos quedarán para siempre en el corazón de quienes tuvimos la gracia de conocerla y caminar junto a ella”.

Después de tres años, condenaron a prisión perpetua a Renzo Eduardo Chidichimo por cometer un femicidio a su compañera de trabajo, Rocío Magalí González de 25 años. El hombre la asesinó a balazos tras amenazarla previamente. La decisión del juez Santiago Paolini, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, fue informada después de que un jurado popular lo declarara culpable.

La defensa insistió con que no todo homicidio de una mujer encuadra automáticamente como femicidio y sostuvo que, para aplicar esa figura, debía probarse que el asesinato estuvo motivado por la condición de mujer de la víctima. Ese fue el eje central de los alegatos defensivos y que la apelación buscará cuestionar precisamente ese punto ante Casación.

El jurado popular rechazó esa interpretación. Tras escuchar a testigos, familiares, peritos e investigadores, concluyó que el asesinato de González debía ser encuadrado como homicidio agravado por mediar violencia de género. Esa definición resultó decisiva, porque fijó el marco para la pena que más tarde impuso el juez. En ese tramo final, el tribunal ya no discutió autoría, sino la sanción correspondiente a un delito.

La sentencia, de todos modos, no clausura el expediente y la defensa oficial ya prepara el recurso ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la figura aplicada en el debate. Mientras ese nuevo capítulo se pone en marcha, el fallo dejó una definición judicial de fuerte peso simbólico y penal sobre un crimen que había empezado con denuncias por acoso, siguió con amenazas y terminó con siete disparos dentro de un lugar de trabajo.

El femicidio de Rocío Magalí González

Rocío Magalí González trabajaba junto al acusado en una empresa de monitoreo de alarmas. La joven había denunciado en dos oportunidades situaciones de acoso, violencia psicológica y maltrato. La primera presentación había sido realizada hacia fines de 2022, luego de que ambos compartieran durante meses el mismo ámbito laboral. A partir de esa denuncia se dispusieron restricciones de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.

De acuerdo con el medio platense 0221, también se modificaron horarios y tareas dentro de la empresa para evitar cruces entre ambos, aunque el hostigamiento persistió. El entorno de la víctima declaró que Rocío consideraba insuficiente esa protección y que evaluaba insistir con una denuncia penal, convencida de que la amenaza avanzaba. Incluso analizaba trasladarse a otra jurisdicción para buscar una respuesta más efectiva.

Dos días antes del asesinato, a partir del testimonio de una tía de la víctima, el acusado la había amenazado diciendo que “disfrutara porque ya le quedaba poco”. La familiar sostuvo que Rocío le había contado lo ocurrido a su padre y que pensaba denunciarlo de nuevo.

El ataque ocurrió el 1 de junio de 2023, cerca de las 14, en el local donde funcionaba la empresa de alarmas en Saladillo. Chidichimo llegó fuera de su horario laboral, entró al lugar y fue directo hacia el sector donde trabajaba Rocío. Allí sacó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y disparó siete veces. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y una compañera de trabajo también presenció la escena.

La acusación sostuvo que no hubo discusión previa ni reacción improvisada. El agresor fue al lugar con el arma, localizó a la víctima y ejecutó el ataque en un espacio cerrado de trabajo. La tía de Rocío afirmó: “Él fue directamente a matarla y lo tenía todo premeditado y pensado, no le dio tiempo de apretar el botón antipánico”.

Después del ataque, Rocío fue trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona, pero murió a causa de las heridas. El atacante escapó y estuvo prófugo durante cinco días. La pesquisa movilizó a fuerzas policiales de distintas áreas, con rastrillajes en la zona rural, drones, perros y apoyo aéreo.

Al momento de ser localizado llevaba consigo el arma que la investigación señaló como la utilizada en el crimen. Tras la detención, fue indagado por la fiscal Patricia Hortel y optó por no declarar. Desde entonces quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense a disposición de la Justicia.

Las imágenes difundidas en medios locales mostraban a María Fernanda Jurado y Juan Cóndor compartiendo momentos de alegría durante la tradicional fiesta de Santiago en Huancayo. Detrás de esos gestos de aparente felicidad, familiares de la víctima describieron una relación con antecedentes de discusiones, celos y violencia.

“Era una relación tóxica prácticamente. Yo escuché cuando él le llamaba con otro número y le decía: ‘Amor, si no vuelves conmigo, yo [...]’”, relató Paulina Ontón, madre de la joven.

La familia informó que las peleas y las escenas de celos eran frecuentes, y que Fernanda había intentado finalizar el vínculo en varias ocasiones. A pesar de los intentos de la joven por alejarse, el suboficial persistía en buscarla y contactarla.

La noche de la tragedia

El 12 de agosto, la pareja asistió junta a actividades de la festividad y fue vista bailando y sonriendo. Horas después, ambos se dirigieron al domicilio de Cóndor en el distrito de Chilca, donde, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, una nueva discusión derivó en el uso del arma de reglamento del policía.

La joven habría recibido un disparo en la cabeza. “Mi hija tiene una herida en la frente. Es la herida de un arma”, denunció su padre.

Los familiares ingresaron a la habitación y encontraron a Fernanda gravemente herida. Fue trasladada al hospital, pero los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Tras el crimen, Juan Cóndor abandonó el lugar y permaneció prófugo durante tres días. El citado medio reveló imágenes de cámaras de seguridad en las que se observaba el desplazamiento del suboficial por distintas zonas de Huancayo. Finalmente, el 15 de agosto, decidió entregarse a las autoridades y quedó bajo detención preliminar mientras la investigación avanzaba.

La familia de la víctima se concentró frente a la vivienda del agente para exigir justicia. El caso provocó indignación y movilizaciones en la ciudad, con pedidos de sanción ejemplar para el acusado.

Piden máxima sanción contra el acusado

María Fernanda Jurado Ontón, de 24 años, era la tercera de seis hermanos y cursaba el último ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Sus padres y hermanos la describieron como una joven alegre, apasionada por el baile y dedicada a su hijo.

“Era la única que le gustaba bailar santiago, tunanta”, recordó su padre. El crimen truncó sus planes profesionales y personales.

El entorno familiar sostuvo que nunca aceptó la relación debido a los comportamientos de Cóndor, a quien señalaron por consumo de alcohol y conductas violentas.

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público iniciaron diligencias sobre el caso, mientras la familia de Fernanda insistió en que se sancione con la máxima pena al responsable

El machismo campa a sus anchas por las plataformas de streaming. Alberto Alonso, conocido en redes sociales como Aruberuto Makoto, ha desatado una oleada de críticas por un directo grabado en Japón en el que él y uno de sus colaboradores realizan comentarios sexuales sobre una mujer borracha mientras la graban en las calles de la capital nipona. El creador de contenido español, de 31 años y con más de 287.000 seguidores en Instagram, retransmitió la escena desde la plataforma Kick, donde tiene más de 25,5 mil seguidores. Esta es una alternativa a Twitch, pero caracterizada por una normativa laxa que permite a los creadores rozar los límites que otras no toleran: la violencia, los insultos, el consumo de drogas o los desnudos están lejos de estar prohibidos.

El clip viral, de unos siete minutos de duración, posteriormente difundido en diferentes redes sociales, comienza con Alonso y su acompañante conversando con una joven que se tambalea y parece tener dificultades para orientarse. La mujer les explica que está buscando a unos amigos y el propio streamer reconoce ante la cámara su estado: “Está un poco borracha”.

Pese a ello, ambos continúan grabándola. En un momento del directo, Alonso pregunta al hombre que sostiene la cámara: “¿Te la quieres follar? Le digo si quiere ir al hotel”. Apenas unos segundos después añade: “Esta es gratis”. “Valora rápido, es el momento”, responde uno de los dos acompañantes del streamer. “Yo la estampaba contra la pared y le daba todo”.

La situación cambia con la aparición de otro hombre, que se acerca a la joven, habla con ella y termina enfrentándose a Alonso y a sus acompañantes. “What’s wrong with you?” (“¿Qué te pasa?”), les pregunta mientras exige en varias ocasiones que dejen de grabar. La propia mujer también termina preguntando: “Why are you recording me?” (“¿Por qué me estás grabando?”). Finalmente, el desconocido se marcha con ella.

Tras el incidente, Alonso y uno de sus colaboradores siguen comentando lo sucedido. El hombre situado detrás de la cámara se refiere al desconocido como “un negro de mierda”, mientras que el streamer explica que decidió hablarle en japonés porque, según él, eso le haría temer que pudiera acudir a la policía. “Y hablando japonés de esa manera, se acojonan los negros”, afirma.

El vídeo está “sacado de contexto”, según las declaraciones del autor

Tras la polémica, Alonso ha publicado en su canal de YouTube, donde acumula unos 224.000 seguidores, un vídeo titulado “Dejo YouTube” donde ha respondido a las acusaciones y ha defendido que los fragmentos viralizados estaban “sacados de contexto”.

Alonso también vuelve sobre el momento en el que pregunta a su acompañante “¿te la quieres follar?” y asegura entender que, visto de forma aislada, pueda interpretarse de otra manera: “Si ves solo estos tres minutos [...] parece que la vamos a violar”, afirma antes de insistir en que “falta el contexto anterior” de la retransmisión. Previamente, el creador había restado importancia a las críticas y reconocido la existencia de otros contenidos potencialmente polémicos: “Mira que la he liado en el pasado [...] ahí sí tenéis donde sacar”. También asegura realizar habitualmente “muchos comentarios racistas” y sostiene que el difundido estos días es “el menos” grave de ellos.

La investigación contra Facundo Moyano por presunta violencia de género sumó este jueves tres nuevos testimonios ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras la Justicia fijó la fecha en la que Candela Arizaga ampliará su declaración.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la influencer se presentará ante la fiscal Florencia Nocerez el próximo lunes 24 de agosto a las 9 de la mañana.

La citación se dispuso tras un pedido realizado por el abogado de la joven, Roberto Herrera, quien contó que su cliente necesita hacer aclaraciones respecto de su primera declaración, señalando que existen aspectos que no recordó en su momento y que resultan relevantes para el contexto general del caso.

Hasta el momento son nueve los testigos que declararon en el expediente. Este jueves brindaron su testimonio una médica del Hospital Pirovano que atendió a la denunciante durante la internación, la empleada doméstica del imputado y una amiga de la víctima que acompañó tanto la internación como el alta médica.

Ayer había sido el turno de una oficial de consigna en el hospital al momento del alta, una médica del SAME que intervino en el lugar de los hechos y la médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe médico sobre Moyano durante su detención.

La ronda de declaraciones había comenzado el martes, con la presentación del oficial inspector que intervino en el operativo la madrugada del 4 de agosto, la agente encargada del traslado de Arizaga al hospital y la oficial que la entrevistó al momento de la internación.

Ante la fiscal Nocerez, estos tres últimos policías se mantuvieron en línea con lo expuesto en el sumario inicial.

El oficial inspector ratificó ante la fiscalía que, al interceptar a Arizaga en la vía pública, la joven manifestó que el ex diputado la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad.

En su relato del informe policial, el efectivo había dicho que vio a la joven en estado de excitación y que presentaba solo una prenda íntima. Según señaló, Arizaga dijo ser la novia de Moyano, aseguró que él “la mantenía encerrada” en el departamento y afirmó que la había golpeado.

A su turno, una de las policías que acompañó a Arizaga desde su salida del edificio hasta la internación en el Hospital Pirovano afirmó que en ningún momento la joven le manifestó haber sido víctima de violencia ni haber estado privada de su libertad por parte de Moyano. Así lo transmitió a la prensa el abogado defensor del dirigente sindical, Miguel Molina, a la salida de la audiencia.

El letrado también se refirió a la declaración de la otra agente de la Policía de la Ciudad citada, la encargada de entrevistar a Arizaga en el hospital alrededor de las ocho de la mañana de aquel 4 de agosto.

“En el mismo sentido, ratificó que en ningún momento le había dicho que había padecido violencia a manos de Facundo ni que tampoco fue impedida de nada”, aseguró Molina, quien además reveló que ambas policías coincidieron en que Arizaga reconoció que los dos habían consumido drogas esa noche.

Además de la ampliación de declaración de Arizaga, se esperan los testimonios de su madre y su hermana: ambas fueron citadas para el 31 de agosto.

El expediente está caratulado como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. En el marco de la causa, la Justicia mantiene vigentes las medidas cautelares para Moyano, quien no puede acercarse a la denunciante a menos de 300 metros ni tener contacto con ella durante el proceso.

El dirigente sindical debe cumplir además con la obligación de fijar domicilio y presentarse ante cada citación de la fiscalía y el juzgado.

La chica de 18 años apuñalada por un joven de 19 años en un edificio de Rosario fue operada y permanece en grave estado. El ataque ocurrió este jueves por la tarde en un departamento de la calle Paraguay al 1700 donde ambos fueron hallados desvanecidos y debieron ser trasladados a diferentes nosocomios para ser asistidos. “Era un chiquero, había sangre por todos lados”, así describió un vecino la escena de la brutal agresión.

La víctima ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con múltiples heridas de arma blanca y los médicos resolvieron su ingreso inmediato a quirófano por las lesiones localizadas en el tórax y el abdomen. Por el momento, su pronóstico es reservado.

Al agresor, identificado como Luciano Gaspar De Gaspari, lo llevaron al Hospital Centenario con cortes en ambos brazos, una herida en la pierna izquierda y una lesión horizontal en el cuello. El joven fue operado, salió estable de la intervención y continuaba internado bajo custodia policial.

Los efectivos de la Brigada Motorizada se acercaron al domicilio cerca de las 17.25 horas tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género, según pudo constatar Infobae. Inmediatamente arribó el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para trasladar a los jóvenes.

Primero, llevaron al chico que estaba “cubierto por una sábana, todo él cubierto de sangre”, según contó un comerciante a Rosario 3. Luego sacaron a la víctima también envuelta en sábanas, “completamente inconsciente”, según añadió.

La investigación quedó en manos de la fiscal Laura Riccardo, quien ordenó medidas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar en qué circunstancias se produjo la agresión. Entre esas actuaciones se dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe, con tareas de levantamiento de rastros y recepción de testimonios.

Los testimonios reunidos en el edificio y en los comercios linderos aportaron detalles sobre los minutos previos y posteriores al hallazgo. Un vecino dijo a Rosario3 que antes de la llegada de la policía se escucharon “golpes y gritos”, provenientes del departamento. Esa advertencia derivó en el operativo que movilizó a personal policial y dos ambulancias.

Un comerciante de un local contiguo al edificio relató que desde la calle no habían percibido la situación. “De afuera no escuchamos nada; un cliente avisó que estaba la policía en la puerta”, contó.

El mismo testigo añadió que, antes de que los médicos entraran al departamento del quinto piso, fue necesario forzar el acceso. Poco después retiraron a ambos. A partir de ese momento, se produjeron las derivaciones a los distintos nosocomios.

Otro vecino que ingresó al departamento como testigo describió la escena. “Era un chiquero: sangre por todos lados”, declaró. El hombre añadió: “Fue durísimo, pasé y tuve que ver eso. Era muchísima sangre. Te pone mal”. Según su versión, un vecino había pateado la puerta del inmueble y, cuando entró la asistencia, ambos jóvenes estaban desvanecidos.

Las versiones recogidas en el lugar señalaron que algunos habitantes del edificio sospechaban que ambos mantenían una relación afectiva y que el episodio podría haberse desencadenado tras una ruptura que el joven no habría aceptado.

El episodio se dio a unos pocos metros donde apenas un día antes un hombre había ingresado al lugar de trabajo de su ex espoosa y la mató a puñaladas. La secuencia fue bastante similar a la del jueves dado que despues de cometer el femicidio, intentó quitarse la vida. Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por Martín B. (55), quien entró a la farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos y la encerró en un cuarto del local, donde le asestó varios puntazos en la zona toracoabdominal.

Fue aprehendido por la Policía Motorizada en Colón al 2000, en la puerta de su domicilio, donde quiso quitarse la vida, según los testimonios recolectados por la Policía.

Un intento de femicidio ocurrió este jueves en la ciudad de Rosario, donde una chica de 18 años fue atacada a puñaladas por su pareja, un joven de 19 años identificado como Luciano Gaspar De Gaspari. Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada a un hospital e intervenida quirúrgicamente. El acusado también quedó internado, bajo custodia policial, luego de autolesionarse.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió alrededor de las 17.25, en un domicilio ubicado en Paraguay al 1700, a unos 750 metros de la farmacia donde este miércoles un hombre mató a su ex esposa a puñaladas. Personal de la Brigada Motorizada llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género.

Allí encontraron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con lesiones en el tórax y el abdomen. Fuentes del caso indicaron a Infobae que su estado es crítico y que continúa en quirófano.

En el mismo domicilio fue hallado De Gaspari, con cortes en ambos brazos y en la pierna izquierda, además de una herida horizontal en el cuello. Según los investigadores, se habría autolesionado después de atacar a su pareja.

El agresor fue derivado al Hospital Centenario, donde quedó internado bajo custodia policial. De Gaspari fue operado y, tras salir de cirugía, permanecía estable. Debido a la pérdida de sangre que sufrió, los médicos evaluaban su traslado a una unidad de terapia intensiva.

Fuentes judiciales detallaron a este medio que, tras el hecho, se solicitó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe para el levantamiento de rastros y la toma de testimonios.

La causa se encuentra en manos de la fiscal Laura Riccardo, quien ordenó diversas medidas para reconstruir la mecánica del ataque y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió.

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en Argentina. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas y que hubo 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas.

A su vez, el Observatorio publicó este mes un estudio específico sobre el perfil de los femicidas, travesticidas y transfemicidas, basado en 226 casos ocurridos durante 2025. El análisis determinó que los agresores pertenecían mayoritariamente al círculo íntimo de las víctimas: en 90 casos eran sus parejas y en otros 61, sus ex parejas. En conjunto, ambos grupos representaron el 66,8% del total.

Otro de los datos se vincula con el intento de femicidio ocurrido esta tarde en Rosario: el arma blanca fue utilizada en 46 de los hechos analizados durante 2025, el 20,4% del total, y fue la segunda modalidad más frecuente, detrás de las armas de fuego, presentes en 59 episodios (26%).

Los casos de violencia contra la mujer tienen en alerta a las autoridades de Antioquia, teniendo en cuenta que durante el 2026 se han presentado varios casos preocupantes en el departamento, donde se continúan adelantando acciones para que las mujeres tengan lugares seguros y puedan denunciar ante cualquier señal de alarma, con el fin de evitar más casos fatales.

Uno de los casos que lamenta la ciudad es el de una mujer de 54 años que fue hallada muerta dentro de su casa en el corregimiento San Cristóbal de Medellín sobre las 11:57 p. m. del miércoles 19 de agosto de 2026, con varias heridas de arma blanca.

Según la información recopilada por el diario local El Colombiano, las autoridades señalan como principal sospechoso a su pareja, un hombre que había salido de prisión y que escapó tras cometer el brutal hecho.

Y es que la mujer, que fue identificada como Sonia Omaira Silva Martínez, murió tras recibir varias puñaladas y al quedar abandonada en su casa nadie pudo trasladarla a un centro médico para que recibiera la respectiva atención, aunque esto no asegura que se hubiera salvado, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones que tenía en su cuerpo.

De acuerdo con el reporte oficial del medio local, el cuerpo de la ciudadana fue encontrado en la vereda Travesías luego de que la hija de la víctima llegó a la vivienda porque no se había comunicado en todo el día.

La mujer, ama de casa y madre de tres hijos, ya no tenía signos vitales, por lo que la joven se comunicó de inmediato con las autoridades para reportar el hallazgo que la impactó, pues su madre estaba tendida en el suelo y con visibles heridas propinadas con un arma cortopunzante.

Quién mató a Sonia Omaira Silva Martínez

Familiares y allegados a la víctima, citados por El Colombiano, indicaron que Silva Martínez y el señalado agresor tenían una relación desde hace 20 años, 15 de los cuales él estuvo en prisión.

La Policía Metropolitana afirmó que el sospechoso, de 44 años, tendría problemas de consumo de estupefacientes y antecedentes por homicidio en hechos de hace más de 20 años.

Según las autoridades, la pareja estaba en proceso de separación y se había encontrado con la víctima la tarde previa al crimen, cuando ambos ingresaron a la vivienda.

Por su parte, los vecinos del sector afirmaron que en la noche vieron salir al hombre de la propiedad y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

Ante la gravedad de los hechos se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Yesid Bello Cubides, dijo al diario que buscan al presunto responsable: “Estamos ya en la búsqueda de ese delincuente, vamos a adelantar todo el proceso investigativo y los actos urgentes con nuestra Fiscalía para obtener la orden de captura y posteriormente materializarla para que responda por esta conducta”.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en lo que va de este año se registraron 18 asesinatos de mujeres en Medellín, cuatro menos que en el mismo periodo del año pasado. De esos casos, 11 son investigados por la Fiscalía como feminicidios.

Cómo denunciar violencia de género en Medellín

Las mujeres en riesgo pueden comunicarse a la Línea 123 y solicitarle a la persona que recibe su llamada que redireccione la llamada a la Agencia Mujer.

Recuerde que esta línea funciona “Si necesita información sobre las violencias basadas en género, orientación psicológica, intervención en crisis, asesoría jurídica, acompañamiento jurídico o acompañamiento psicosocial en campo” y está dirigida para:

• Mujeres en Medellín mayores de 18 años que estén en riesgo o sean víctimas de violencias.
• Adolescentes mayores de 14 años, víctimas de violencias por parte de su pareja o expareja: si tienen hijas e hijos en común, o conviven o convivieron en la misma unidad doméstica.
• Mujeres mayores de 18 años que enfrentan barreras para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 
• También, se pueden comunicar ciudadanas y ciudadanos que tengan conocimiento de una situación de violencias contra las mujeres.

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá ha consolidado un modelo que transforma el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencias, la Estrategia de Justicia de Género.

Las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia en Bogotá ahora cuentan con la posibilidad de recibir representación jurídica sin costo cuando su caso así lo requiera. Esta garantía no es automática, sino que responde a un proceso de valoración que analiza la gravedad y continuidad de las agresiones, el riesgo vital, las responsabilidades de cuidado que recaen sobre la mujer y las barreras previas que haya tenido al buscar justicia.

La decisión de asignar una abogada especializada se basa en un diagnóstico que permite definir el nivel de urgencia y el tipo de intervención más adecuado para cada situación. Una vez designada, la profesional puede gestionar medidas de protección, intervenir en procesos penales relacionados con violencias basadas en género, acompañar en asuntos de familia como custodia, alimentos y divorcio.

Cómo acceden las mujeres a este respaldo legal

El camino comienza con una valoración individual. Cada caso se estudia a fondo para identificar el riesgo, las circunstancias personales y las dificultades previas de acceso a la justicia. Solo así se determina si la intervención jurídica especializada es pertinente.

Cuando una mujer recibe el apoyo de una abogada, la representación puede abarcar desde la solicitud de medidas de protección hasta la actuación en procesos penales. En temas de familia, la asistencia cubre trámites de alimentos, custodia y divorcio, adaptándose a las necesidades específicas de la víctima.

Hasta el 31 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer había iniciado la representación jurídica en 713 casos de mujeres víctimas de violencias, ofreciendo acompañamiento en diferentes etapas de los procesos judiciales y administrativos.

Acompañamiento integral: más allá de lo jurídico

El trabajo de las abogadas no se limita a la audiencia. La representación supone un acompañamiento continuo, donde las profesionales explican cada paso, informan sobre las decisiones y orientan respecto a las acciones que deben seguir las mujeres. De esta manera se busca evitar que el lenguaje técnico, los trámites complejos o el desconocimiento generen nuevas barreras para acceder a la justicia.

La estrategia contempla también un apoyo psicosocial que reconoce las dificultades emocionales, el miedo, la dependencia económica y las responsabilidades de cuidado que suelen rodear estos casos. Todo esto puede incidir en la decisión de continuar o no con el proceso judicial.

Este acompañamiento psicosocial es gratuito y está orientado a mitigar el riesgo de nuevas agresiones y a fortalecer la capacidad de denuncia. La estrategia de la Secretaría busca así una atención integral, donde tanto el aspecto jurídico como el emocional sean abordados de manera articulada.

Estrategia de Justicia de Género: un modelo para la ciudad

La Estrategia de Justicia de Género implementada por la Secretaría Distrital de la Mujer está centrada en eliminar obstáculos que históricamente han impedido que las mujeres accedan a la justicia. El acompañamiento es diferencial y tiene como base los derechos humanos, garantizando que las mujeres encuentren respaldo a lo largo de todo el proceso.

Dónde buscar ayuda y orientación en Bogotá

Las mujeres que requieran información o acompañamiento pueden recurrir a diferentes canales:

Línea 123: Emergencias y atención inmediata, disponible las 24 horas en Bogotá.Línea 155 (Policía Nacional): Orienta sobre derechos, salud y cómo denunciar. Disponible todos los días.

Línea Púrpura Distrital: 01 8000 112 137 y WhatsApp 300 755 1846 de la Secretaría de la Mujer, para acompañamiento psicosocial y orientación legal. Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM): Ofrecen asesoría sociojurídica y psicosocial presencial de lunes a viernes, de 8:00 a 17:30.

Además, el portal oficial rutadeatencion.sdmujer.gov.co reúne los puntos de atención y explica la Ruta Única de Atención a Mujeres, facilitando el acceso a la información y a los servicios disponibles.

El sábado por la noche, Blanca Mishel salió de su casa para asistir a una fiesta en la zona. La madre recuerda que la joven estaba entusiasmada porque acababa de comprarse una moto, un pequeño logro que compartió con sus amigos y familiares ese mismo día.

La fiesta fue el último lugar donde se vio a Córdova Chávez. Testigos contaron que su expareja, un menor de 17 años, la esperaba en la esquina. Desde ese momento, la familia perdió contacto con la joven.

El lunes, tras ver la noticia de una mujer hallada calcinada, la madre se dirigió a la morgue. Allí reconoció el cuerpo de su hija. “Nadie sabía quién era, estaba como NN. Fui yo quien la encontró, fui yo quien aceleró el proceso para saber que era mi hija”, relató.

Reiteradas denuncias y desprotección

La familia de Blanca Mishel denunció que la joven había sido víctima de acoso, agresiones y hasta secuestro por parte de su expareja. La madre explicó que la relación, que duró menos de siete meses, terminó hace cuatro meses, pero el hostigamiento continuó.

“Él la buscaba en el trabajo, la sacaba a la fuerza y la agredía físicamente. Una vez la encontró en su cuarto, la ahorcó, destrozó sus cosas. Si no fuera por un vecino, esa vez ya la habría matado”, expresó a ATV Noticias.

La joven había acudido en varias ocasiones a la comisaría de Villa Hermosa y de San Cosme para denunciar la violencia. Sin embargo, según testimonios de la madre, la respuesta policial fue insuficiente.

“Cuando fue a denunciar que la querían secuestrar, el policía le dijo: ‘No tienes nada, retírate, mejor escóndete unos días porque si él viene y te denuncia a ti, tú puedes ir presa’”, contó la madre.

En otra oportunidad, tras ser agredida y ahorcada, la joven acudió a denunciar el ataque, pero la denuncia tampoco prosperó de inmediato. Cada vez los intentos por denunciar se complican y el proceso era más largo.

“A veces uno espera que esté muerta para que hagan caso. Cuando ella buscó ayuda, nadie la protegió”, manifestó.

Los sueños truncados de Blanca Mishel

Blanca Mishel era una joven perseverante, según su abuelo. Además de sus estudios, la joven ayudaba a su madre en la economía del hogar y soñaba con viajar a España para buscar nuevas oportunidades.

“Siempre ha sido emprendedora, sobresalía en sus estudios. Quería ser policía, postuló varias veces, pero no pudo continuar por dificultades económicas”, relató el abuelo.

El abuelo recordó el último diálogo que tuvo con su nieta el sábado, horas antes de su desaparición. “Me dijo: ‘Papito, voy a salir, te doy un poco de dinero’. Siempre buscaba apoyar en la casa. Era luchadora, siempre pensaba en el bienestar de su familia”, afirmó.

La joven mantuvo relaciones anteriores, pero nunca vivió episodios de violencia hasta conocer al menor de 17 años. Según la familia, la relación se volvió peligrosa cuando él no aceptó la ruptura y comenzó a acosarla.

“No puedo resignarme, no puedo aceptar que mi nieta haya muerto así. Si hubiera recibido ayuda, otro habría sido el destino”, mencionó el abuelo.