El padre de dos de los niños que murieron en el incendio bajo investigación por un presunto homicidio múltiple en Quitilipi, Chaco, fue detenido este lunes en Resistencia, acusado de amenazar de muerte a su expareja. El hombre, identificado como Braian Alexis Barrios, había viajado desde Córdoba y fue interceptado en la terminal de ómnibus.

La detención ocurrió un día después de que una mujer de 22 años y cuatro niños fueran encontrados sin vida tras el incendio de una casa del barrio Matadero de Quitilipi. Entre las víctimas estaban dos hijos de Barrios, de 5 y 4 años, sobrinos de la mujer fallecida.

La denunciante, de 27 años, relató ante la Policía que el domingo por la mañana recibió dos mensajes de audio mediante WhatsApp, enviados presuntamente por Barrios. Según su presentación, el hombre le habría advertido que viajaría hasta Quitilipi para “degollarla”, a raíz de la muerte de sus hijos.

Tras conocer la denuncia, efectivos de la División Delitos contra las Personas verificaron que Barrios había comprado un pasaje de la empresa Crucero del Sur para viajar desde Córdoba hacia Chaco. La Policía desplegó un operativo en la terminal de ómnibus de Resistencia.

El colectivo debía arribar durante la madrugada, aunque sufrió una demora por un desperfecto mecánico. Barrios fue detenido a las 4.20 y quedó alojado de manera transitoria en el Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, a disposición de la Fiscalía de Sáenz Peña.

El arresto de Barrios se produjo en medio de la conmoción por el episodio ocurrido cerca de las 6 del domingo en una vivienda situada sobre la calle Islas Malvinas al 1200, en Quitilipi. En el lugar murieron Rocío Aranda, de 22 años; su hijo de 4 años; sus dos sobrinos, de 5 y 4 años; y un bebé de 6 meses.

Los dos sobrinos de Aranda eran hijos de Barrios, quien ahora enfrenta una causa por supuestas amenazas en contexto de violencia de género. El bebé era hijo de Aranda y de Alberto Luis Ávalos, el hombre de 25 años que fue hallado inconsciente frente a la vivienda y quedó detenido por el presunto homicidio de las cinco víctimas.

Ávalos quedó bajo custodia y fue diagnosticado con psicosis aguda.

Las pericias iniciales detectaron lesiones en los cuerpos de los menores hallados dentro de la casa, por lo que la Justicia ordenó autopsias para determinar la mecánica de las muertes y establecer qué incidencia tuvo el incendio en la secuencia del hecho.

Según informó Infobae, el médico que examinó a Ávalos consignó un cuadro de psicosis aguda, además de lesiones y signos de posible intoxicación con drogas. Esos datos forman parte de las actuaciones preliminares y deberán ser evaluados en el marco de la investigación judicial.

El fiscal subrogante Gustavo Valero ordenó la detención de Ávalos y dispuso pericias sobre los elementos incautados en la vivienda, entre ellos teléfonos, sogas, un encendedor y un cuchillo.

La plataforma feminista independiente Alas Tensas informó este domingo sobre el feminicidio de Yarielys Gigato Medina, una mujer de 36 años que murió tras una presunta agresión de su expareja en el municipio de Viñales, provincia de Pinar del Río. Con este caso, el observatorio elevó a 61 la cantidad de asesinatos por razones de género que contabiliza en Cuba en lo que va de 2026.

Según la publicación difundida el 1 de noviembre, Gigato Medina fue atacada en la mañana del 30 de octubre dentro de su vivienda, situada en el kilómetro dos y medio de la carretera de Viñales. La organización indicó que la víctima murió como consecuencia de la violencia ejercida presuntamente por su expareja.

El reporte no precisó si el acusado fue detenido, si existe una investigación formal en curso ni si las autoridades cubanas emitieron información sobre el hecho. Tampoco detalló las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La muerte de la mujer dejó a tres hijos menores de edad, dos niñas y un niño, sin el cuidado materno, de acuerdo con Alas Tensas, plataforma feminista independiente con sede en Cuba. La entidad trasladó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de Gigato Medina, y volvió a reclamar información pública sobre los expedientes de hechos de violencia machista.

61 casos documentados en menos de 11 meses

La cifra difundida por el observatorio corresponde a los feminicidios que la organización había documentado hasta el 1 de noviembre. El registro se construye a partir de denuncias, testimonios de familiares, publicaciones en redes sociales y otros datos que permiten identificar casos en un país donde las estadísticas oficiales sobre violencia de género presentan limitaciones.

Además de los 61 feminicidios, la plataforma señaló que había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Este último concepto describe homicidios de personas que intervienen, acompañan o quedan expuestas a una agresión dirigida contra una mujer por motivos de género.

La organización también mantiene abiertas varias investigaciones sobre muertes que podrían estar vinculadas con violencia machista. Entre ellas, pidió acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas.

Alas Tensas incluyó, además, el caso de Bárbara Sánchez González en la categoría de posible suicidio feminicida. Esa expresión alude a situaciones en las que una mujer se quita la vida después de haber atravesado violencia, coerción, amenazas u otras formas de agresión de género. La clasificación requiere elementos que permitan establecer una relación entre la muerte y ese contexto de violencia.

Casos bajo investigación y pedidos de información pública

En su actualización, el observatorio informó que aún investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida alertados durante 2025. Para 2026, la entidad indicó que revisa otros 11 posibles feminicidios y 18 intentos.

La plataforma convocó a la ciudadanía a denunciar estos crímenes y recordó que quienes cuenten con información pueden comunicarse con su observatorio. El llamado apunta a reconstruir circunstancias, identificar a las víctimas y dar seguimiento a casos que no siempre reciben información pública suficiente.

En Cuba, organizaciones independientes dedicadas a los derechos de las mujeres han advertido de forma reiterada sobre las dificultades para acceder a datos oficiales desagregados, denuncias, procesos judiciales y medidas de protección para víctimas de violencia de género. La falta de información limita el seguimiento de los casos y la evaluación de las respuestas institucionales.

Julio Emilio Tejeda, acusado de asesinar a su pareja María Eugenia Vanina Galván, fue detenido durante la madrugada del jueves en una vivienda abandonada de San Lorenzo, una zona montuosa cercana al paraje La Aurora, en el departamento Banda. El hombre era buscado desde el martes, cuando la mujer de 33 años murió tras recibir más de cinco heridas de arma blanca en una casa de Clodomira, Santiago del Estero.

El ataque ocurrió cerca de las 13:40 en el domicilio ubicado en la intersección de las calles Taboada y Segundo Pasaje. De acuerdo con las primeras actuaciones, en la vivienda también estaban una de sus hijas, de 6 años, y su hermana, de 29.

Tras un pedido de auxilio, efectivos policiales y personal sanitario llegaron al lugar y constataron la muerte de la víctima. Según la investigación, Tejeda se retiró después del hecho y habría escapado en una motocicleta negra, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.

El procedimiento se concretó cerca de las 5, luego de dos días de rastrillajes y tareas de inteligencia para localizar al sospechoso. Según informó Diario Panorama, Tejeda fue encontrado oculto en una vivienda deshabitada y no habría ofrecido resistencia.

La investigación está a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, quien confirmó que el acusado fue trasladado a Clodomira y permanece detenido por disposición del juez de Control. La causa fue calificada de manera provisoria como homicidio doblemente calificado en perjuicio de Vanina Galván.

El fiscal también indicó que Tejeda estaba en buen estado de salud al momento de su arresto y que, en principio, vestía la misma ropa que habría llevado el martes, cuando se retiró de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Los efectivos secuestraron un arma blanca que podría haber sido utilizada en el ataque. El elemento será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma homicida y si contiene rastros que puedan ser incorporados a la investigación.

Las horas previas al ataque

La pesquisa procura determinar qué ocurrió antes de la agresión, cuál fue la secuencia dentro de la vivienda y si existían antecedentes de violencia en la relación. Los investigadores analizan testimonios, comunicaciones y otras medidas de prueba para reconstruir el contexto inmediato del asesinato.

Una de las líneas bajo análisis se relaciona con una discusión que la pareja habría mantenido durante la mañana. También se investiga la posible incidencia de celos de Tejeda ante un supuesto vínculo entre Galván y un conocido de ambos, identificado como Roy Delgado.

En ese marco, circularon capturas de presuntas conversaciones que serían del teléfono de la víctima. Entre ellas figura un mensaje enviado supuestamente a las 12.53, poco antes del crimen, y un estado de WhatsApp atribuido al acusado, en el que podía leerse: “Te estoy bucando a vos y a la traidora de mi mujer”.

La autenticidad, la fecha, el contenido íntegro y el contexto de esos mensajes deberán ser corroborados mediante peritajes, por lo que aún no forman parte de una conclusión judicial.

La búsqueda de Tejeda tuvo inicialmente como uno de sus focos la zona de Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haberlo visto luego de abandonar Clodomira. Los investigadores intentaban establecer si recibió ayuda para permanecer oculto antes de ser localizado en San Lorenzo.

El fiscal Ibáñez confirmó que Galván recibió más de cinco puñaladas, un dato que será incorporado a la reconstrucción forense del caso. Los estudios médicos y las pericias sobre el arma secuestrada serán claves para precisar las características del ataque.

La audiencia de declaración de imputado de Tejeda está prevista para el próximo martes. En esa instancia, la Fiscalía deberá formalizar la imputación y exponer los elementos reunidos hasta el momento, mientras continúan las medidas para esclarecer el femicidio.

Sin embargo, durante su intervención ante una jueza, recurrió a expresiones que minimizan la gravedad de los hechos. Durante la audiencia en la que afronta un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, a la que tuvo acceso Infobae, el imputado reconoció la agresión y solicitó que se le permita afrontar el proceso en libertad.

“Me comporté de una manera que me arrepiento totalmente. (...) La agredí utilizando mis manos, proporcionándole cachetadas, lo cual fue lo único que hice”, declaró ante la magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo.

“No hay justificación para lo que hice, pero nunca intenté más que eso”, sostuvo al detallar que el ataque ocurrió después de que revisara un mensaje en el teléfono de la modelo, en el que otro hombre le preguntaba si había llegado bien a su domicilio.

El acusado, de 30 años, dijo que le reclamó por ese intercambio y que, tras leer los mensajes, “simplemente me nublé y le proporcioné una cachetada”.

“Yo lo único que le pido a Dios de todo corazón es que me dé una oportunidad más para poder reivindicarme por lo que he hecho. Como he manifestado en todo momento, yo no soy una mala persona. Yo no soy una persona sin aspiraciones en la vida. Yo no soy una persona que solamente se preocupa por sí mismo”, agregó.

Vilela aseguró que permaneció en el lugar hasta la llegada de los policías y que intentó buscar ayuda para atender a la modelo. “En ningún momento se me pasó por la cabeza intentar ahorcarla, intentar quitarle la vida. Yo no soy un tonto. Yo jamás haría eso”, manifestó.

“Me disculpo con Karolay, con su familia, de todo corazón. (...) Yo estoy totalmente arrepentido. Yo quiero una oportunidad solamente para reivindicar de esto (...) Siento que mi vida se está truncando, que todo lo que he venido trabajando a lo largo de todos estos años se me cae a la basura”, expresó.

También pidió “comprensión” a la magistrada, aludió a que creció sin padre y a que su madre, de edad avanzada, padece una enfermedad, por lo que solicitó afrontar la investigación en libertad.

Un familiar de Saldarriaga informó a Infobae que la modelo continúa con dolores de cabeza y recibe tratamiento médico. Debido a que las molestias persisten, los especialistas le están realizando nuevos estudios. La misma fuente indicó que la joven presenta un edema cerebral y una hemorragia cerebral como consecuencia de la agresión. En tanto, decenas de allegados de la sobreviviente se han concentrado para pedir “justicia”.

Perú registró 67 feminicidios entre enero y junio de 2026, mientras la Línea 100 atendió más de 72.000 llamadas efectivas por violencia familiar y de género, de un total superior a 190.000 comunicaciones, según cifras oficiales. Lima concentró más de 38.000 llamadas de auxilio, seguida de las regiones de Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.
• El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.
• Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.

Luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado en el río Juramento pertenecía a Isabel Verónica Galbán, la mujer de 40 años que era buscada en Salta, la Fiscalía imputó a la pareja de la víctima por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, una mujer del entorno del hombre fue acusada de encubrimiento.

Los sospechosos fueron arrestados poco después de que el cadáver fuera encontrado en el camping Laguna Blanca, en la localidad de Joaquín V. González, el lunes por la tarde. Según explicaron las autoridades, el arresto se dispuso debido a que se detectaron contradicciones en las versiones que dieron a los efectivos.

Mientras que uno de ellos se trata de un hombre que mantenía una relación con la víctima, la mujer fue identificada como una persona mayor de edad que sería parte del entorno del principal acusado. Ambos se abstuvieron de declarar, por lo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño pidió que continúen detenidos.

En línea con esto, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, acusó de manera provisoria a la pareja Galbán como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Asimismo, la mujer fue imputada como presunta autora del delito de encubrimiento.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal de Salta, al momento del hallazgo, los investigadores solo habían logrado establecer que se trataba de una persona de sexo femenino. Por esto, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicó la autopsia.

A raíz del avanzado estado de descomposición, se ordenaron análisis de anatomopatología, toxicología y otros estudios complementarios para establecer la causa y la data de la muerte. Asimismo, indicaron que la identificación se realizó mediante el reconocimiento de familiares y el cotejo de huellas dactilares.

Pese a las imputaciones, la fiscal García Pisacic indicó que la investigación continúa en curso y que todavía se ejecutan numerosas medidas investigativas. También pidió prudencia en la difusión de información para evitar interferencias que puedan afectar el avance de la causa.

Galbán había sido vista por última vez durante la mañana del jueves 22 de octubre, cuando salió de su vivienda en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González. Según el pedido de localización, dijo que iba a dirigirse a la casa de su madre, pero desde entonces su familia perdió contacto con ella.

La denuncia por desaparición fue presentada el 23 de octubre. Durante el operativo de búsqueda, una cámara de seguridad registró a la mujer con pantalón vaquero y zapatillas blancas, prendas que no coincidían con la descripción inicial aportada por el denunciante.

Otro femicidio en Salta

El resultado de la autopsia practicada a Roxana Guiravica, la joven de 28 años hallada sin vida en San José de Metán, determinó que murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. No obstante, la Fiscalía Penal 2 departamental mantiene abierta la investigación bajo el protocolo para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El cuerpo fue encontrado el sábado pasado en una zona descampada de la ciudad por efectivos de la División Caballería de la Policía de Salta. Los agentes realizaban un rastrillaje para localizar a un detenido que se había fugado de la comisaría de El Galpón cuando dieron con los restos.

El cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue trasladado a la ciudad de Salta para la intervención del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El informe preliminar estableció que Guiravica presentaba una lesión en el cuello compatible con un surco de ahorcadura oblicuo, ascendente de derecha a izquierda. Los peritos también constataron tres cortes superficiales en el antebrazo izquierdo, aunque aclararon que no tenían gravedad suficiente para provocar la muerte.

El fiscal Gonzalo Gómez Amado indicó que la pesquisa continuará bajo el protocolo vigente para este tipo de muertes. Según la normativa de la Procuración General de Salta, la causa debe ser investigada con presunción de homicidio doloso en todos los fallecimientos, incluso aquellos que en una primera instancia puedan parecer accidentes o suicidios, hasta descartar de manera fundada la intervención de un delito.

Luego de que los familiares identificaron formalmente a la joven, el cuerpo fue entregado para su inhumación. La hermana de la víctima, Cintia Rueda, pidió que la Justicia profundice las medidas para determinar qué ocurrió.

Por otro lado, se conoció que la familia había perdido contacto con Guiravica cerca de una semana antes del hallazgo, aunque no había presentado una denuncia por desaparición. Sus allegados señalaron que la joven atravesaba problemas de consumo y que solía ausentarse de su domicilio durante varios días.

Una mujer fue asesinada de una puñalada en el tórax en una vivienda de Clodomira, Santiago del Estero, en un caso que la Justicia investiga como femicidio. Su pareja está señalado como el principal sospechoso y es buscado por la Policía tras haber escapado luego del ataque.

La víctima fue identificada como María Eugenia Vanina Galván, una mujer de alrededor de 35 años y madre de tres hijos. El episodio ocurrió el martes en la vivienda de su madre, cerca de las 13:40. La investigación, a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, busca determinar la secuencia del ataque y las circunstancias que lo precedieron.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Diario Panorama, Galván se encontraba en el domicilio junto a una de sus hijas, de seis años, y su hermana, de 29. Tras el pedido de auxilio, personal policial y sanitario acudió al lugar y constató su fallecimiento.

La causa se investiga como femicidio y tiene como principal sospechoso a Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima. El hombre se retiró del lugar después de la agresión y habría escapado a bordo de una motocicleta negra.

El Departamento Homicidios y Delitos Complejos quedó a cargo de las tareas para dar con su paradero. Las autoridades difundieron además un rasgo físico que podría facilitar su identificación: Tejeda tiene amputado el brazo derecho, una lesión que habría sufrido años atrás en un accidente de motocicleta.

La pesquisa judicial procura reconstruir las horas previas al crimen. Entre los elementos bajo análisis aparecen una discusión que la pareja habría mantenido durante la mañana y presuntas amenazas atribuidas al sospechoso.

La hipótesis principal: celos y amenazas

Una de las hipótesis bajo análisis vincula el crimen con los celos que Tejeda habría sentido ante un supuesto vínculo entre Galván y Roy Delgado, un conocido de ambos. Los investigadores buscan determinar si esa sospecha influyó en el ataque.

Circularon capturas de pantalla de supuestas conversaciones que serían del teléfono de Galván. Uno de los mensajes, enviado supuestamente por Tejeda a las 12.53, estaba dirigido a Roy y contenía referencias a él y a Galván.

Entre los mensajes difundidos figura un estado que subió minutos antes del crimen: “Te estoy bucando a vos y a la traidora de mi mujer”. La fiscalía deberá comprobar la autenticidad, las fechas y el contexto completo.

Tras conocerse la fuga, los investigadores orientaron parte de la búsqueda hacia Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haber visto al sospechoso después del hecho. La Policía analizaba si pudo recibir ayuda para permanecer oculto, aunque no se había confirmado oficialmente su localización al momento de las últimas informaciones publicadas.

El fiscal Ibáñez coordina las medidas de investigación junto con los efectivos especializados. Además de establecer el recorrido posterior a la agresión, la fiscalía deberá reunir testimonios, pericias y otros elementos para determinar si existieron episodios de violencia previos y cuál fue el contexto inmediato del homicidio.

Un antecedente familiar que se remonta al 2012

En las últimas horas se conoció un antecedente ocurrido el 29 de diciembre de 2012 en Palmares, departamento Banda, que tuvo como acusado al padre del sospechoso.

El padre de Tejeda había salido de su casa junto a su hijo para trabajar en una finca. Ambos habrían regresado al domicilio tras advertir que habían olvidado un elemento necesario para la jornada. Al llegar, encontraron a la esposa del hombre junto al vecino, identificado por el apellido Bravo.

Según esos antecedentes, Bravo intentó escapar del lugar, pero fue perseguido hasta una zona montuosa de Palmares, donde recibió las heridas de arma blanca que le provocaron la muerte.

La coincidencia señalada entre ambos expedientes es el vínculo familiar entre los acusados y el uso de un arma blanca, pero no hay información que permita establecer una relación causal entre los dos crímenes.

La búsqueda del sospechoso continuaba mientras los investigadores intentaban precisar el recorrido de Tejeda tras abandonar la vivienda y reunir los elementos necesarios para esclarecer el asesinato de Galván.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece una recompensa de 350 mil pesos cada una para localizar a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello.

Además, la fiscalía también activó una recompensa con el mismo monto por su padre, Lenin Yuri Córdova Santana, acusado de encubrimiento.

El anuncio se dio a conocer este 27 de octubre a través de las fichas oficiales de la dependencia, que suman 700 mil pesos en recompensas por ambos hombres, prófugos desde el crimen ocurrido el 15 de octubre en Coatzacoalcos.

La recompensa y las vías para aportar información

La Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por cada uno de los dos hombres buscados: Lenin Salvador Córdova Pérez es señalado como el feminicida de la doctora Cristina Ramos, y su padre, acusado de haberlo ayudado a huir. Las fichas corresponden a los acuerdos 174/2026 y 175/2026, y la dependencia garantiza confidencialidad total para quien aporte datos.

Según la institución, el monto se otorgará a “quien o quienes aporten información veraz, útil, eficaz, efectiva y oportuna” que contribuya a la localización de ambas personas.

La FGE habilitó tres canales para recibir denuncias: el teléfono 800 890 6863, el correo electrónico recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx y las oficinas ubicadas en Circuito Guízar y Valencia número 707, colonia Reserva Territorial, en Xalapa.

La dependencia precisó que la identidad de los informantes y los datos que proporcionen serán tratados de manera estrictamente confidencial. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de los dos sujetos.

El feminicidio de Cristina Ramos Argüello

Cristina Ramos Argüello, de 34 años, era médica y laboraba tanto en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar como en una unidad del ISSSTE, ambas instituciones ubicadas en Coatzacoalcos. Fue hallada sin vida la mañana del 15 de octubre en su departamento del fraccionamiento privado Santa Cecilia, al poniente del municipio.

La familia de la doctora fue alertada por compañeros de trabajo, quienes avisaron que Cristina no había llegado a su centro de atención médica esa jornada. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado dentro de su propio domicilio.

Ramos Argüello tenía menos de seis años ejerciendo como especialista en el municipio de Coatzacoalcos, donde cubría un turno en cada uno de los dos hospitales públicos en los que trabajaba.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el presunto agresor ingresó al fraccionamiento donde ella vivía.

Tras el ataque, el señalado huyó del lugar y permanece prófugo desde entonces. La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente a este delito.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo, la Coordinación del IMSS-Bienestar del Estado de Veracruz confirmó la muerte de la doctora. El organismo le dedicó un mensaje en el que destacó “su vocación de servicio, compromiso y calidad humana”.

Perfil y fuga del principal sospechoso

Lenin Salvador Córdova Pérez tiene 21 años y era pareja sentimental de la víctima pese a la diferencia de edad entre ambos. Era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana al momento del crimen.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo del cuerpo, la FGE cateó su vivienda ubicada en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos, como parte de las diligencias de la investigación. En ese operativo las autoridades habrían localizado evidencia que lo relaciona con el feminicidio.

Las primeras versiones apuntaron a Córdova como principal sospechoso por las imágenes de las cámaras de seguridad del fraccionamiento Santa Cecilia. Posteriormente, la Fiscalía confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Hasta el momento, el señalado continúa sin ser localizado ni detenido.

La acusación contra el padre del sospechoso

La segunda ficha de recompensa difundida por la FGE corresponde a Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso. Contra él pesa una orden de aprehensión por el presunto delito de encubrimiento.

Al padre del señalado se le aplican las reformas legales conocidas popularmente como “Ley Montse”, que castiga a familiares que ayuden a escapar a un feminicida. Familiares y conocidos de la doctora acusaron a Córdova Santana de haber sacado a su hijo de la ciudad de Coatzacoalcos para evadir a las autoridades tras el crimen.

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras haber sido detenido por mantener encerrada, encadenada y sometida a tratos vejatorios a su pareja sentimental, una joven de 18 años, en un piso de Sevilla. El arresto se produjo tras un operativo desplegado por la Policía Nacional en una vivienda ubicada en la zona conocida popularmente como Las Vegas, dentro del distrito de Las Tres Mil Viviendas.

La víctima permanecía retenida bajo llave en el interior de una habitación sin posibilidad alguna de salir al exterior. Además, la joven llegó a estar atada físicamente con una cadena y, en el momento de su rescate, presentaba signos evidentes de desnutrición tras días de privación de libertad, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press.

El rescate fue posible gracias a un descuido del agresor el pasado viernes. En ese momento, la víctima aprovechó la oportunidad para acercarse a la ventana y gritar pidiendo auxilio a los viandantes. Varios vecinos de la zona escucharon los gritos de socorro y alertaron de inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad a través del teléfono de emergencias.

A continuación, varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde desplegaron un dispositivo de intervención. La actuación policial concluyó con la liberación inmediata de la joven y la detención de cuatro personas dentro de la vivienda: el novio de la víctima y tres acompañantes.

Al principal sospechoso, que cuenta con un amplio historial de antecedentes penales por diversos delitos —algunos de ellos violentos—, se le imputa de forma provisional un delito de detención ilegal. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia, el magistrado ha decretado su ingreso en prisión preventiva sin fianza.

Por su parte, las otras tres personas arrestadas durante el operativo, investigadas como presuntas encubridoras o colaboradoras en el cautiverio, han quedado en libertad provisional con cargos mientras la investigación judicial continúa su curso.

Precedentes de encierros en la región

Este grave suceso se suma a otros casos violencia machista registrados en la provincia de Sevilla durante los últimos años. En enero de 2025, la Policía arrestó a un hombre en Alcalá de Guadaíra por mantener a su pareja retenida en casa sin comida ni agua durante diez días.

A este caso le precede una condena de siete años dictada en 2024 contra un individuo que apuñaló a su novia tras mantenerla encerrada al anunciar esta su intención de romper la relación, así como la detención en 2023 de otro hombre por atrancar y dejar bajo llave a su esposa en el barrio de San Jerónimo.

La problemática de los cautiverios domésticos también ha dejado episodios recientes en otros puntos de Andalucía. A principios del pasado mes de agosto, la Policía Nacional detuvo en la provincia de Málaga a un hombre de 54 años acusado de atrancar los accesos de la vivienda familiar para impedir salir a su mujer mientras amenazaba con prender fuego al inmueble, un suceso en el que la rápida intervención de los dos hijos de la pareja evitó consecuencias trágicas.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado por el feminicidio de su compañera sentimental en una vivienda rural del municipio de Zarzal, ubicado al norte del Valle del Cauca.

El procesado, identificado como Ideralvaro Perilla Barroso, aceptó el cargo formulado por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el boletín difundido por el ente judicial en la jornada del 26 de octubre de 2026.

El brutal ataque ocurrió el 21 de octubre en el corregimiento La Paila, donde la víctima, de 24 años, fue herida a muerte con un arma cortopunzante.

Las autoridades atribuyen al hombre, de 41 años, la muerte de la mujer tras la investigación adelantada por la Fiscalía que determinó lo siguiente: “Una llamada telefónica por parte de la víctima habría desatado un episodio de celos en el ahora procesado”, según la información oficial.

La víctima fue apuñalada en nueve oportunidades

De acuerdo con la hipótesis expuesta por el ente acusador ante el juez, Perilla habría atacado a su compañera sentimental en nueve ocasiones con un arma cortopunzante.

La escena fue presenciada por un hermano de la víctima, un elemento que resultó relevante para que los investigadores avanzaran en la identificación del señalado agresor. Con esa información, la Policía Nacional ubicó al hombre y realizó su captura en situación de flagrancia.

La Fiscalía General de la Nación indicó en su comunicado oficial que un fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó al detenido ante un juez de control de garantías.

Durante la audiencia, el ente acusador le imputó el delito de feminicidio agravado y el procesado aceptó su responsabilidad en el ataque que acabó con la vida de la joven.

La investigación documentó antecedentes de violencia en la relación

Las labores de policía judicial también permitieron recopilar información sobre la convivencia de la pareja con los testimonios de sus allegados. De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, durante la relación se habrían presentado varios hechos de violencia física y verbal.

Ese antecedente fue incluido dentro de los elementos que llevaron el caso ante la justicia; sin embargo, la investigación continúa bajo la dirección de la Seccional Valle del Cauca, que se encargará de consolidar el material probatorio para el desarrollo del proceso y así lograr que se determine una condena en contra del señalado.

El delito de feminicidio agravado contempla circunstancias que, de acuerdo con la legislación colombiana, permiten establecer que el asesinato de una mujer ocurrió por razones asociadas a su condición de género o en un contexto de violencia dentro de una relación afectiva.

En este caso, la Fiscalía reiteró que, además de la conducta investigada, existían reportes sobre agresiones previas.

Hombre que intentó matar a su pareja fue judicializado

La Fiscalía informó avances en el caso de un hombre señalado de intentar matar a su compañera permanente en el corregimiento de Orihueca, zona rural de Zona Bananera, en Magdalena. Un juez ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario.

De acuerdo con el ente judicial, el ataque ocurrió el 21 de agosto de 2026. El investigado habría golpeado a la mujer, de 18 años, con un objeto contundente, lo que le provocó lesiones que exigieron atención de urgencias y su posterior traslado a una institución de mayor complejidad en Santa Marta.

Durante la investigación, el ente acusador estableció que la víctima habría sufrido agresiones físicas, psicológicas y económicas de manera reiterada dentro de la relación.

Un fiscal de la Seccional Magdalena imputó al hombre el delito de feminicidio en grado de tentativa agravado y, pese a que el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal.

Diego Zerda (34) fue condenado este lunes a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por instigar el suicidio de Karla Robles (27), quien fue su pareja durante cinco años. La joven se quitó la vida el 24 de octubre de 2025, después de recibir mensajes en los que el acusado la amenazaba con hacerle brujerías y la instaba a matarse.

La sentencia, dictada por la jueza Fanny Siriani, también lo declaró culpable de amenazar al hermano de la víctima. Aunque la magistrada consideró acreditada la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la pena fue inferior a los seis años que había solicitado el fiscal Pedro Gallo.

Durante el debate, la Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo de Gallo, sostuvo que Zerda ejercía un dominio sostenido sobre Robles y que se aprovechó de su situación de vulnerabilidad para persuadirla de quitarse la vida. La magistrada dio por acreditados el dolo y el nexo causal entre la conducta del acusado y la muerte de la joven.

“Sabía que podía sugestionarla con amenazas de brujerías y alejarla del círculo de contención”, expresó la jueza.

La investigación reconstruyó una relación atravesada por la violencia de género desde 2022. De acuerdo con la acusación, Zerda, conocido en su entorno como “Mocho”, ejerció violencia física y psicológica sobre Robles de manera sistemática. Le decía frases como “Estás loca, por eso te internaron” o “Matate de una vez” y la amenazaba con matar a toda su familia si no volvía con él, según se expuso durante el debate oral.

En su alegato de cierre, Gallo sostuvo que el caso debía analizarse con perspectiva de género. “No podemos invisibilizar el sometimiento y la vulnerabilidad que tenía Karla cuando se quitó la vida, que tiene obviamente una vinculación directa con el contexto de violencia de género”, afirmó.

“Karla se quita la vida sumida en una absoluta vulnerabilidad que era conocida y aprovechada por Diego Zerda, quien la manipulaba y dominaba”, agregó el fiscal. Para la acusación, ese sometimiento fue determinante para comprender el poder de persuasión que el condenado ejerció sobre la víctima durante sus últimas horas.

“Te acabo de maldecir”

La madrugada del 24 de octubre de 2025, a la 1.55, Zerda le envió un mensaje de WhatsApp a Robles: “Te acabo de maldecir. Averiguá quién es Baphomet. Le acabo de entregar mi alma”.

Cerca de una hora y media después, alrededor de las 3.20, la joven se quitó la vida en una habitación trasera de su domicilio de San Miguel de Tucumán. La causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcadura.

Antes de morir, Karla había iniciado una transmisión en vivo en TikTok a la que ingresaron 96 personas. Varias amigas presenciaron la emisión e intentaron comunicarse con ella. Durante el vivo, la joven habló sobre su relación con Zerda y el temor que sentía. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, expresó, según reconstruyeron las testigos ante la Justicia.

En otra de las conversaciones incorporadas a la investigación, el acusado le habría escrito: “En el peor de los infiernos vas a terminar”. Ella le respondió: “¿No querías que me muera? Ahí te doy el gusto”.

Otros testimonios

Las amigas de Robles también declararon sobre el tratamiento psicológico que recibía la joven y el miedo que le provocaban las amenazas de brujería de su ex pareja.

La violencia que sufría Karla había sido denunciada en reiteradas oportunidades. Su madre, Mirta Robles, aseguró que su hija había realizado seis presentaciones contra Zerda y que ella misma había formulado otras dos. En el expediente constan cuatro denuncias vinculadas con hechos de violencia.

A las 4.17 de aquella madrugada, menos de una hora después del horario establecido para la muerte de Karla, Zerda envió un audio de WhatsApp al hermano de la víctima. En la grabación negó toda responsabilidad y lanzó amenazas.

“Yo voy a andar en la sombra”, le advirtió. También lo amenazó: “Si vos la tocás a mi vieja, yo te voy a descuartizar”.

Ese mensaje fue la base de la segunda acusación por la que resultó condenado. La jueza consideró probado que Zerda “coartó la libertad de la familia” mediante las amenazas dirigidas al hermano de Robles.

Entre las pruebas determinantes se destacaron los informes de los peritos de Informática Forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y los testimonios de las amigas de Karla, quienes aportaron capturas de pantalla de conversaciones que Zerda había intentado borrar al formatear su teléfono celular.

Esos elementos permitieron reconstruir los mensajes que intercambiaron el acusado y la víctima, así como el contexto de violencia que, según la Fiscalía, había condicionado la capacidad de decisión de la joven.

Al momento de fijar la pena, Siriani tuvo en cuenta como atenuante el consumo problemático de sustancias que padece Zerda. Por ese motivo, la condena quedó en cuatro años y seis meses de prisión efectiva, por debajo de los seis años reclamados por el Ministerio Público Fiscal.

Hasta tanto la sentencia quede firme, el fiscal Gallo solicitó que se dicte la prisión preventiva del condenado por cuatro meses.

Los feminicidios registrados en 2026 en Cuba ya superaron los totales anuales documentados en 2024 y 2025, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas. La entidad verificó 60 asesinatos por razones de género entre enero y el 26 de octubre.

El registro excedió en 11 víctimas la cifra de 2025 y en cuatro la de 2024. El más reciente caso confirmado fue el de Marili Reina Fajardo, una mujer de 45 años cuyo cuerpo apareció el 21 de octubre en Brisas del Mar, en Habana del Este.

El total acumulado, durante este año, representa un aumento del 22.4% frente a los 49 feminicidios documentados en 2025. En comparación con 2024, cuando la organización registró 56 casos, el incremento fue del 7.1%.

La cifra permanece por debajo de los 90 feminicidios contabilizados en 2023, el mayor registro de la serie histórica que el observatorio sigue desde 2019. El balance reunido hasta octubre equivale al 66.7% de aquel total.

El recuento de este año superó las cifras de los dos períodos anteriores antes de que finalizara octubre. La confirmación del asesinato de Reina Fajardo llevó el registro de la organización a ese nuevo nivel.

Durante los primeros ocho meses de 2026, las parejas o exparejas fueron señaladas como agresores en 37 de los 49 casos entonces registrados. Esa proporción alcanzó el 75.5%.

El Observatorio de Género de Alas Tensas identificó además a al menos 40 menores que dependían de las víctimas. El dato refleja que los crímenes afectan también a hijos y otros familiares que quedan bajo cuidado de terceros.

El caso más reciente: Marili Reina Fajardo no llegó al trabajo al que se dirigía

Reina Fajardo salió de su vivienda en La Lima, Guanabo, durante la mañana del 21 de octubre. La víctima se dirigía a trabajar como empleada doméstica, pero no llegó a su destino.

El cuerpo de la víctima fue localizado en Brisas del Mar, una zona del municipio de Habana del Este. Los testimonios recopilados por la organización mencionaron signos de agresión sexual y violencia extrema.

La mujer era madre de tres hijos: dos hijas mayores de edad y un hijo menor. Las personas cercanas la describieron como alguien que asumía varios trabajos para sostener a su familia.

La directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, Ileana Álvarez, explicó que los elementos reunidos durante la revisión del caso permitieron clasificar el asesinato como feminicidio según la metodología de la entidad.

“Personas muy cercanas a la víctima nos confirmaron la existencia de signos de agresión sexual y de violencia extrema”, dijo Álvarez. La directora añadió que las circunstancias de la desaparición y otros antecedentes conocidos durante la investigación respaldaron esa conclusión.

La investigación no identificó públicamente a la persona responsable

Hasta el 26 de octubre, no existía información pública sobre la identidad de la persona responsable del asesinato. El observatorio indicó que mantendrá bajo seguimiento el caso mientras avance la investigación policial.

La pareja actual de Reina Fajardo había estado detenida, pero luego fue liberada. No hay información que permita atribuirle responsabilidad en el crimen.

“Esperamos que las autoridades esclarezcan cuanto antes lo sucedido, identifiquen a la persona responsable y garanticen que responda ante la justicia”, declaró Álvarez.

La directora sostuvo que el asesinato vuelve a mostrar la violencia contra las mujeres en Cuba. También pidió que las autoridades investiguen este tipo de crímenes con perspectiva de género.

El observatorio mantiene expedientes abiertos por otros hechos de violencia feminicida

El registro de la entidad incluía, hasta esa fecha, 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. La organización continúa la revisión de los casos que todavía requieren información para establecer una clasificación final.

A los feminicidios confirmados se sumaban 11 posibles casos y 17 intentos reportados durante 2026. Esos expedientes siguen abiertos mientras el observatorio reúne elementos sobre las circunstancias de cada hecho.

La organización solicitó acceso a las investigaciones por las muertes de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez. Ambos fallecimientos permanecen bajo revisión.

El observatorio también analiza la muerte de Bárbara Sánchez González como un posible suicidio feminicida. La entidad no comunicó una conclusión definitiva sobre ese expediente.

Los registros pendientes abarcan además casos de 2025. La organización conserva abiertos doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en un contexto de violencia feminicida.

La decisión fue confirmada a Infobae por el entorno de Arizaga y, luego, por el propio Moyano, quien esta mañana se presentó a brindar la declaración que tenía pendiente desde la semana pasada.

“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, explicó este mediodía Facundo, al dialogar con los medios de prensa que aguardaban su salida de la sede judicial ubicada sobre Suipacha al 150, en el Microcentro porteño.

A pesar de esta resolución, uno de los hijos del sindicalista Hugo Moyano confirmó que la investigación sigue su curso, en el marco de una causa en la cual se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

En este sentido, Moyano se mostró disconforme con su situación penal. “Tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden muchos periodistas... deberían tener más seriedad para poner la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género”, reclamó ante la atenta mirada de los cronistas que tomaban su testimonio.

La declaración de Moyano estaba prevista para el jueves 22 de octubre, previo a la audiencia de Arizaga, pero su defensa acudió hasta el Juzgado para informar que tenía fiebre, por lo que no podía presentarse, por lo que se determinó la nueva fecha.

Horas después se acercó hasta el edificio judicial la joven, quien durante horas solicitó el cese de la perimetral en contra de Moyano y ratificó que no sufrió violencia de género.

“A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó la joven tras la audiencia.

Consultado por lo que ocurrió aquella madrugada del último 4 de agosto, cuando distintas cámaras de seguridad captaron a Arizaga corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, Moyano reiteró que “no pasó nada”,

“Todo el mundo sabe que no pasó nada, 24 testigos dijeron que no pasó nada, Candela dice que no pasó nada... Llamaron de nuevo a esos 24 testigos y dijeron que no pasó nada”, sostuvo.

El informe detectó indicadores de culpabilización en Candela Arizaga

El reporte de las profesionales del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires dejó asentado que Arizaga dijo no consumir sustancias psicoactivas desde el día de los hechos y que retomó el contacto cotidiano con amistades y familiares, con especial acompañamiento de su padre. Además, planteó su voluntad de sostener un tratamiento de salud mental.

Por otra parte, la joven describió el impacto que le dejaron los últimos meses: “Tengo 23 años, pero con todo lo que pasó, siento que tengo 10 años más”. También habló de sus planes personales y manifestó que quiere “formar una familia” en los próximos años, para lo cual pretende construir un vínculo acorde a ese proyecto.

Durante el encuentro, la joven expresó preocupación por la exposición mediática del caso y negó que Moyano la haya amenazado, condicionado o compensado económicamente para modificar su postura. También manifestó que algunas declaraciones públicas de su pareja le resultaron incómodas, aunque consideró que fueron emitidas en un contexto de estrés.

No obstante, las profesionales consignaron que se infirieron “indicios de culpabilización”, naturalización de dinámicas vinculares y justificación de conductas del imputado. El documento aclara que, a criterio del equipo, esos rasgos no condicionarían su relato ni su voluntad en el proceso judicial.

Ahora la fiscalía deberá definir si mantiene, modifica o deja sin efecto las medidas de restricción, una decisión que no depende exclusivamente del pedido de Arizaga.

La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres de origen extranjero que eran obligadas a ejercer la prostitución tras desarticular una extensa red criminal implicada en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Sevilla. La organización, que también mantenía vínculos con otros grupos delictivos de distintas provincias, trasladaba a las víctimas entre inmuebles para dificultar las investigaciones, según ha informado este lunes el instituto armado en un comunicado.

La investigación comenzó a partir del testimonio de una mujer que logró huir. Su declaración permitió a los agentes reconstruir el método de captación: la red contactaba a mujeres en países latinoamericanos con la promesa de un empleo en España para el cuidado de personas mayores.

La organización asumía inicialmente el coste del viaje y los trámites de documentación. Sin embargo, al llegar a España, a las víctimas les retiraban sus pasaportes y les informaban que habían contraído una deuda de unos 10.000 euros por gastos de traslado y alojamiento.

Según la Guardia Civil, los integrantes de la red las coaccionaban para que ejercieran la prostitución en viviendas gestionadas por la propia organización. Las amenazas incluían posibles represalias contra familiares de las víctimas en sus países de origen.

Las deudas iban aumentando

La conexión entre los distintos grupos permitía trasladar de forma periódica a las mujeres entre inmuebles situados en varias provincias. Además, la deuda era asumida por los responsables de cada nueva organización, lo que provocaba que aumentara de forma constante y obligaba a las víctimas a continuar en situación de explotación.

La investigación se prolongó durante más de nueve meses. A partir de la información recabada, la Guardia Civil creó un equipo conjunto integrado por el Área de Personas y el Equipo de Mujer y Menor de la Policía Judicial de Sevilla.

La operación, denominada Bonifaz, se desarrolló en dos fases. En la primera, llevada a cabo en septiembre, los agentes realizaron seis registros en inmuebles de Sevilla capital que presuntamente se utilizaban para la explotación sexual. Fueron detenidas 11 personas en Gelves, Sevilla, y Jerez de la Frontera (Cádiz) y se identificó a 15 mujeres. Dos de ellas solicitaron protección y fueron derivadas a casas de acogida de entidades especializadas.

Durante los registros, la Guardia Civil incautó dos vehículos de alta gama, sistemas de videovigilancia que se utilizaban para controlar a las mujeres, teléfonos móviles, terminales de pago, documentación contable, contratos fraudulentos y 20.000 euros en efectivo.

La segunda fase tuvo lugar este mes de octubre e incluyó seis registros en Vigo, Pontevedra; Mijas, Málaga; Peñíscola, Castellón; y Alzira, Valencia. Allí fueron detenidas ocho personas e identificadas otras siete mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución. También se intervinieron 7.780 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos y documentación.

La operación ha concluido, por el momento, con 19 detenidos, puestos a disposición judicial como presuntos responsables de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil continúa con el análisis de la documentación intervenida y mantiene abierta la investigación, por lo que no descarta nuevas actuaciones.

El procedimiento se realizó en un departamento situado sobre la calle Salvigny al 1800, por orden del Juzgado Nacional en lo Civil N.° 23. La intervención judicial incluyó una prohibición de acercamiento para el hombre denunciado y el secuestro de las armas que pudiera tener en su poder.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron en el lugar a un hombre de 32 años, quien estaba acompañado por su pareja al momento del operativo.

Los agentes incautaron tres armas de fuego con sus respectivas municiones. Entre el material secuestrado había un revólver Taurus calibre .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 milímetros y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Durante la requisa, el personal policial también encontró dos habitaciones acondicionadas como cultivos de interior. Allí había 52 plantas de marihuana, distribuidas en sus respectivos invernaderos.

El hombre contaba con una inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), aunque su autorización habilitaba el cultivo de hasta ocho plantas. La cantidad detectada superaba ese límite.

Tras una consulta con la Justicia, se notificó al involucrado de la restricción de acercamiento. Tanto las armas como las plantas quedaron secuestradas en el marco de la causa.

El REPROCANN es un sistema del Ministerio de Salud de la Nación que autoriza, bajo determinadas condiciones, el cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos del dolor. Para acceder, las personas deben contar con indicación médica y completar la inscripción correspondiente, que también puede realizarse mediante un familiar, un tercero cultivador o una organización habilitada. La autorización no implica un permiso ilimitado: establece condiciones y límites específicos para el cultivo.

Hace poco menos de un mes, la fuerza policial porteña detuvo a cinco hombres y secuestró 19,484 kilos de marihuana y 242,7 gramos de cocaína durante un operativo contra el narcomenudeo en la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La investigación comenzó con la detención de un hombre de 36 años, domiciliado en Morón, que circulaba en un Volkswagen Vento por la intersección de José León Suárez y Monte. Según la información policial, cuando los agentes de la División Investigaciones Antidrogas Sur interceptaron el vehículo, el conductor intentó descartar una mochila. En su interior encontraron cuatro ladrillos de marihuana, con un peso de 3,031 kilos. Durante la requisa del auto también secuestraron más estupefacientes y un teléfono celular.

La Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del fiscal Agustín Aymerik, dispuso el arresto del sospechoso y ordenó avanzar con las tareas para establecer el origen de la droga. Las averiguaciones permitieron identificar a presuntos proveedores y vincularlos con dos domicilios de Villa Lugano.

Con autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.° 26, encabezado por Agustín Nicolás Repetto, se realizaron dos allanamientos. En una vivienda de la calle Hubac fue detenido un joven de 20 años y se incautaron 11,808 kilos de marihuana, dos celulares y dinero en efectivo.

En el segundo domicilio arrestaron a tres hombres de 33, 38 y 68 años. Allí hallaron 4,645 kilos de marihuana, 242,7 gramos de cocaína, dinero y una balanza digital. Los cinco sospechosos quedaron detenidos y se secuestraron los elementos de interés para la causa.

Grey Noralba Sanmartín Villalba, una colombiana de 36 años, fue asesinada con al menos 15 puñaladas en un apartamento de Cuirone, una localidad de Vergiate, en la provincia de Varese, Italia. Su pareja, Marco Panichi, técnico en calefacción de 53 años, fue detenido por feminicidio después de entregarse ante los carabineros en Avezzano, tras abandonar la vivienda.

La pareja se conocía desde hacía menos de 12 meses y mantenía una relación desde la primavera de 2026. Panichi había actualizado el 16 de julio su estado sentimental en Facebook e Instagram a “novio oficialmente”.

El hombre recorrió en auto más de 700 kilómetros hasta Abruzzo sin detenerse a pedir ayuda. Al final del día buscó a su padre, le confesó lo ocurrido y se presentó en la comisaría de los carabineros de Avezzano, en la vía Genserico Fontana: “He matado a mi novia”.

Panichi fue trasladado a la cárcel de San Nicola. Su defensor sostiene que actuó en legítima defensa, una hipótesis que deberá ser examinada durante la investigación, según información del medio local Il Mattino.

El hallazgo en un apartamento de planta baja

Los carabineros de Abruzzo alertaron a sus colegas de Varese tras la confesión y enviaron a los servicios de emergencia a la dirección indicada. La vivienda está en la planta baja y da a un patio situado en el centro de Cuirone, una zona rodeada de bosques.

Militares de las estaciones de Vergiate y Albizzate, el equipo operativo de Gallarate, investigadores de la unidad de investigación de Varese y bomberos intervinieron en el lugar. Estos últimos forzaron la entrada al apartamento, donde el cuerpo de Sanmartín Villalba estaba en el dormitorio. A su lado fue encontrado un cuchillo de cocina con una hoja de 33 centímetros.

El médico que efectuó la primera inspección contabilizó al menos 15 heridas de arma blanca, muchas de ellas en el cuello. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Pavía, donde la autopsia deberá establecer también la hora exacta de la muerte.

Una joven que reside en el mismo patio relató que una vecina había oído, cerca de las 10:00, voces alteradas durante una pelea violenta. La mujer se disponía a llamar a los carabineros, pero desistió cuando la situación pareció calmarse y una furgoneta se alejó, según recogió Il Giorno.

La vecina habría escuchado gritos y un solo golpe, tras lo cual no oyó nada más. La residente añadió que Panichi y Sanmartín Villalba habían llegado al patio la noche anterior y que otros inquilinos ya habían advertido tensiones y discusiones entre ambos, incluso por teléfono.

La versión bajo análisis y la audiencia del lunes

El fiscal de Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, interrogó a Panichi durante horas en la comisaría, hasta cerca de las 2:30 a. m., hora italiana. El hombre atribuyó el homicidio a una discusión que, de acuerdo con su relato, se habría agravado por los celos de su pareja, señaló Il Mattino.

Panichi afirmó que ella primero lo insultó y luego lo atacó físicamente con el cuchillo, aunque sostuvo que los golpes no le provocaron heridas graves. Dijo que le quitó el arma porque estaba asustado y que la utilizó para defenderse; esa reconstrucción no ha sido confirmada.

La Fiscalía de Busto Arsizio quedó a cargo del expediente con el fiscal Carlo Nocerino y el sustituto Ciro Vittorio Caramore. Los investigadores entrevistan a amigos y conocidos de la pareja y buscan a personas que puedan haber presenciado el homicidio.

Los teléfonos y dispositivos electrónicos de ambos fueron incautados para su análisis técnico, mientras la entrada de la vivienda quedó sellada. Los actos de la detención pasarán al juez de instrucción preliminar de Avezzano.

La audiencia de validación está prevista para el lunes 26 de octubre y se considera probable que Panichi participe por videoconferencia desde la prisión, acompañado por su defensor. No se descarta que luego sea trasladado a otra instalación.

El medio antes mencionado indicó que el delito de feminicidio por el que fue detenido está castigado con cadena perpetua en Italia. Sanmartin Villalba vivía en Ancona, estaba separada y era madre de dos hijos menores.

Candela Arizaga se presentó este jueves ante la Justicia y volvió a pedir que se revea la restricción de acercamiento que pesa sobre su pareja Facundo Moyano, en la causa en la que el dirigente está imputado por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, una trabajadora social y una psicóloga del Ministerio Público Fiscal porteño entrevistaron a Arizaga para relevar su situación actual. El informe, al que accedió Infobae, dejó asentado que la joven ratificó su intención de continuar la relación, aunque las profesionales identificaron “indicadores de culpabilización y naturalización de ciertas dinámicas vinculares”.

La entrevista se realizó mientras la Justicia analiza si corresponde mantener, modificar o levantar las medidas de protección. Moyano debía comparecer ese mismo día, pero justificó su ausencia por un cuadro febril; su declaración fue reprogramada para el lunes 26 de octubre.

De acuerdo con el informe, Candela Arizaga volvió a manifestar que no recuerda con precisión lo ocurrido el día de los hechos investigados y afirmó que, desde el inicio, sostuvo que no sufrió violencia.

Sobre las medidas cautelares adoptadas, la joven indicó ante las profesionales que comprende que las impusieron para resguardarla, en especial porque no recordaba lo sucedido al comienzo de la investigación. Sin embargo, consideró que el tiempo transcurrido y las medidas probatorias dispuestas justifican una revisión.

“Quiero que se levanten y seguir con mi vida. Quiero continuar con mi relación de una manera normal”, afirmó Arizaga durante la entrevista, según consta en el documento.

También se refirió al viaje que realizó junto al exdiputado al exterior, pese a la vigencia de la restricción, y aseguró que no hubo malos tratos ni episodios de violencia durante esa estadía. Arizaga dijo que sentía que atravesaban una “luna de miel” y que desea continuar la relación en el país, cerca de sus vínculos y afectos.

El informe detectó indicadores de culpabilización

El reporte de las profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires dejó asentado que Arizaga dijo no consumir sustancias psicoactivas desde el día de los hechos y que retomó el contacto cotidiano con amistades y familiares, con especial acompañamiento de su padre. Además, planteó su voluntad de sostener un tratamiento de salud mental.

En ese marco, la joven describió el impacto que le dejaron los últimos meses: “Tengo 23 años, pero con todo lo que pasó, siento que tengo 10 años más”. También habló de sus planes personales y manifestó que quiere “formar una familia” en los próximos años, para lo cual pretende construir un vínculo acorde a ese proyecto.

Durante el encuentro, la joven expresó preocupación por la exposición mediática del caso y negó que Moyano la haya amenazado, condicionado o compensado económicamente para modificar su postura. También manifestó que algunas declaraciones públicas de su pareja le resultaron incómodas, aunque consideró que fueron emitidas en un contexto de estrés.

No obstante, las profesionales consignaron que se infirieron “indicios de culpabilización”, naturalización de dinámicas vinculares y justificación de conductas del imputado. El documento aclara que, a criterio del equipo, esos rasgos no condicionarían su relato ni su voluntad en el proceso judicial.

Ahora la fiscalía deberá definir si mantiene, modifica o deja sin efecto las medidas de restricción, una decisión que no depende exclusivamente del pedido de Arizaga.

La Policía Nacional de República Dominicana informó que ejecutó 483 órdenes de arresto por casos de violencia de género e intrafamiliar entre el 25 de septiembre y el 18 de octubre de 2026.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), en coordinación con el Ministerio Público y las fiscalías de distintas zonas.

La institución indicó que durante ese período recibió 193 nuevas órdenes judiciales, mientras que concretó 483 arrestos. La diferencia responde a la ejecución de mandamientos que permanecían pendientes de períodos anteriores y que fueron incorporados a las labores operativas de las unidades investigativas.

De acuerdo con los datos oficiales, el número de órdenes ejecutadas equivale al 250% de las órdenes recibidas durante las fechas analizadas. El cálculo incluye los requerimientos emitidos antes del 25 de septiembre que todavía no habían sido cumplidos por las autoridades.

Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís lideraron las órdenes de arresto ejecutada

Las fiscalías de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís encabezaron la lista de demarcaciones con más órdenes de arresto ejecutadas, con 30 casos cada una durante el lapso informado por la Policía Nacional.

Por su parte, les siguieron Mao, Valverde, con 29 ejecuciones, y las jurisdicciones de Baní y María Trinidad Sánchez, que registraron 28 cada una. En San Pedro de Macorís se concretaron 24 órdenes, mientras que en Barahona el registro alcanzó las 21.

El reporte también incluyó 19 arrestos en Higüey, 18 en La Romana, 17 en Cotuí y otros 17 en Alma Rosa. Monte Plata contabilizó 15 ejecuciones, Verón sumó 14 y La Vega registró 13 durante el mismo período.

Policía Nacional coordinó operativos con fiscalías para ejecutar órdenes judiciales en todo el país

La distribución de los operativos refleja la participación de fiscalías y dependencias policiales en varias provincias y municipios. La Deamvi concentra las investigaciones vinculadas a denuncias de violencia contra las mujeres y conflictos intrafamiliares, mientras que el Ministerio Público interviene en la tramitación de los procesos penales y las solicitudes judiciales.

“La institución del orden mantiene sus labores de investigación y ejecución de órdenes judiciales en las diferentes demarcaciones del país, como parte de las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas requeridas por la justicia”.

La Policía Nacional atribuyó estos resultados a la coordinación entre sus unidades de investigación, las fiscalías y el Ministerio Público, con el objetivo de ejecutar órdenes judiciales y avanzar en las investigaciones penales.

La entidad señaló que continuará con las investigaciones y los operativos para cumplir órdenes de arresto en distintas zonas del país. El objetivo es presentar ante las autoridades a las personas solicitadas por la Justicia y asegurar la aplicación de la ley.

Las 483 órdenes ejecutadas incluyeron casos que estaban pendientes de períodos previos, según el balance oficial. La institución no precisó cuántas de esas órdenes correspondían a solicitudes recientes y cuántas formaban parte del acumulado anterior.

Una mujer de 53 años fue hoy víctima de un intento de femicidio en una vivienda de Baradero luego de que su expareja le arroje nafta sobre el cuerpo y la prenda fuego.

El demencial ataque, ocurrido en una propiedad de la calle Mitre al 2000, en la ciudad bonaerense, fue alertado a través del 911 a la Estación de Policía de Seguridad Comunal Baradero bajo la órbita Jefatura de Policía Comunal del partido bonaerense.

La mujer denunció que su expareja, P.R.A.W., de 27 años, rompió la puerta de la casa donde habitaba y le arrojó combustible al cuerpo, para luego echarle fuego sobre él y escapar del lugar.

Producto del ataque, la víctima quedó internada en estado crítico en un hospital de la zona con lesiones en el torso y las extremidades.

El acusado, quien cuenta con denuncias previas por violencia de género, fue atrapado por las autoridades y el caso fue caratulado como tentativa de homicidio.

En el lugar trabajaron peritos y un médico policial. La investigación está a cargo de la UFI N.° 8 (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 8) del Departamento Judicial de San Nicolás, la fiscalía penal descentralizada que tiene su sede física en la localidad de Baradero.

El fallecimiento de Karina Vázquez Sánchez dejó una serie de preguntas que todavía no tienen una respuesta oficial.

La abogada y ex Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019 fue hallada sin vida en una vivienda de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, y sus allegados exigen que las autoridades aclaren cada detalle antes de dar por válida cualquier explicación.

En las horas posteriores al hallazgo circularon hipótesis sobre una posible broncoaspiración y otras causas médicas. Sin embargo, su familia las cuestionó, pidió acceso a los dictámenes forenses y reclamó una investigación con perspectiva de género que contemple la posibilidad de un feminicidio.

La causa de muerte de Karina Vázquez Sánchez no ha sido confirmada oficialmente

Karina Vázquez tenía 28 años cuando fue localizada sin signos vitales en un inmueble de la calle Libertad. Personal de emergencia acudió al lugar después de una llamada al 911 y confirmó su fallecimiento.

• En las primeras versiones se mencionó una posible broncoaspiración, una referencia que surgió durante la atención inicial y que no equivale a una conclusión pericial sobre la causa de muerte.
• También se difundieron versiones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. La familia rechazó que esas explicaciones se presentaran como hechos definitivos antes de conocer los estudios médico-forenses.
• Tadeo Vázquez Sánchez, hermano de Karina, sostuvo que la información divulgada sobre el caso no coincidía con los datos conocidos por sus familiares y pidió que se respetara la memoria de la joven.
• Los familiares solicitaron conocer los resultados apropiados de la necropsia, las pruebas reunidas en el inmueble y las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

En este sentido, la respuesta sobre la muerte de Karina Vázquez Sánchez todavía está en manos de los peritajes. Mientras no exista un dictamen oficial, cada versión sobre aquella noche seguirá siendo apenas eso: una versión.

Las inconsistencias en las versiones iniciales llevaron a pedir una investigación con perspectiva de género

La exigencia de la familia no parte de una causa de muerte confirmada, sino de las inconsistencias que identificó en la información difundida tras el hallazgo. Sus integrantes solicitaron que las autoridades revisen testimonios, indicios y posibles contradicciones.

• Armando “N” fue la persona que, según los reportes iniciales, llamó a los servicios de emergencia después de encontrar a Vázquez sin respuesta en la vivienda.
• Algunas publicaciones lo identificaron como pareja sentimental de Karina. La familia sostuvo que era compañero de trabajo, mientras él afirmó que ambos mantuvieron una relación en el pasado.
• Armando “N” declaró que la noche previa consumieron bebidas alcohólicas y que, al despertar, encontró a la joven inconsciente.
• Esa versión deberá ser contrastada con los dictámenes, testimonios y demás elementos de la carpeta de investigación.
• La familia pidió que no se descarte la posibilidad de un feminicidio y que las diligencias se conduzcan bajo el protocolo aplicable a muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

Por ahora, la petición de la familia no busca adelantar una conclusión, sino evitar que la investigación se cierre sobre una explicación sin respaldo definitivo. Eso implica que la autoridad debe analizar si existieron elementos vinculados con violencia de género, sin cerrar otras hipótesis antes de contar con todas las pruebas.

Qué se sabe de la detención de Armando “N” tras el fallecimiento de la ex Miss Tlaxcala

El caso sumó otro elemento cuando Armando “N” fue detenido el 17 de octubre. Las autoridades estatales precisaron que ese procedimiento correspondía a un asunto distinto al fallecimiento de Karina Vázquez.

• La detención estuvo relacionada con la presunta posesión de un arma de fuego, de acuerdo con la información difundida por autoridades de Tlaxcala.
• El Gobierno estatal aclaró que esa investigación no implicaba una imputación por la muerte de la abogada ni determinaba alguna responsabilidad en el caso.
• El 20 de octubre, la defensa de Armando “N” informó que recuperó la libertad. Esa decisión tampoco resuelve las circunstancias del fallecimiento ni descarta responsabilidades que la Fiscalía pudiera establecer después.
• En un video publicado en redes sociales, Armando “N” negó haber agredido a Karina o tener responsabilidad en su muerte.

Así, en Jesús Tepactepec, la muerte de Karina Vázquez Sánchez dejó una carpeta abierta y una familia que demanda respuestas concretas.

Los resultados forenses y las diligencias pendientes deberán poner nombre a lo que ocurrió aquella madrugada, lejos de las versiones que circularon antes.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que Rafael Antonio Valdez García confesó el asesinato de su cónyuge, Jasmina López Castro, y de la hija de ambos, Belkania Balezka Valdez López, en un hecho ocurrido durante la madrugada del sábado 17 de octubre en Liberia, provincia de Guanacaste, Costa Rica.

La versión fue divulgada en un comunicado de la institución, que reprodujo detalles de la declaración atribuida al detenido. Según ese documento, Valdez García relató que entró cerca de las 00:30 a la habitación donde dormían las víctimas con un machete.

El comunicado policial señala que el hombre cortó la cuerda que sostenía el mosquitero de la cama. Jasmina López Castro despertó e intentó levantarse, de acuerdo con el relato presentado por las autoridades nicaragüenses. En ese momento, el sospechoso la habría atacado con el arma.

La niña dormía junto a su madre al momento del ataque

La Policía indicó que el detenido reconoció haber continuado la agresión contra su cónyuge. El documento añade que dijo haberle causado una nueva herida para asegurarse de que no sobreviviera.

La hija de la pareja, Belkania Balezka Valdez López, dormía en la misma cama que su madre. La niña también sufrió heridas mortales durante el ataque, según la confesión que la institución atribuyó a Valdez García.

El comunicado no especifica las edades de Jasmina López Castro ni de la menor. Tampoco informa sobre antecedentes de violencia intrafamiliar, denuncias previas o el posible móvil del crimen.

El sospechoso dejó el machete bajo la cama y huyó a pie

Tras el ataque, el detenido habría dejado el arma debajo de la cama y escapado a pie hacia una zona montañosa, siempre de acuerdo con el informe de la Policía Nacional de Nicaragua.

La versión oficial señala que, cerca de las 06:00, Valdez García llegó a Liberia, donde compró un café. Después abordó un autobús que se dirigía a Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

El hombre afirmó que ingresó a Nicaragua por un paso no habilitado, según el comunicado. Luego habría continuado el trayecto en transporte colectivo hasta Managua y, desde allí, se dirigió a Matagalpa.

La Policía situó su llegada a esa ciudad alrededor de las 17:00 del mismo sábado, casi 17 horas después de la hora en que habría comenzado el ataque en la vivienda de Liberia.

Una llamada a una vecina alertó sobre las muertes

Una vez en Matagalpa, Valdez García llamó a una vecina, a quien identificó solo como Carmen, según la nota de prensa. Durante esa comunicación, le habría confesado que había matado a su esposa y a su hija.

También le pidió que se dirigiera a la vivienda junto con las autoridades para retirar los cuerpos y evitar su descomposición, de acuerdo con el reporte policial.

La institución nicaragüense presentó esa llamada como uno de los elementos de la confesión del detenido.

El caso es investigado por las autoridades a partir de la muerte de Jasmina López Castro y su hija en Liberia. La información difundida hasta el momento corresponde al comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua y a la declaración que esta institución atribuyó al sospechoso.

Karina Vázquez Sánchez, exreina de belleza y abogada de 28 años, fue hallada sin vida el 15 de octubre de 2026 en una vivienda de Jesús Tepactepec, comunidad del municipio de Nativitas, Tlaxcala.

Su muerte desató cuestionamientos sobre las circunstancias del caso y llevó a su familia a exigir que las autoridades investiguen con perspectiva de género.

La joven, coronada en 2019 como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones, fue localizada después de que un hombre identificado como Armando ‘N’ solicitara ayuda a los servicios de emergencia.

Al llegar al domicilio, los paramédicos confirmaron que Karina ya no tenía signos vitales.

¿De qué murió Karina Vázquez, Miss Tlaxcala?

En las primeras versiones sobre el fallecimiento se mencionaron una posible broncoaspiración y un choque anafiláctico, una reacción alérgica grave. Sin embargo, la familia cuestionó que esas explicaciones se presentaran sin conocer los resultados de los estudios médico-forenses.

De acuerdo con los reportes difundidos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició las diligencias correspondientes bajo el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

Hasta la información disponible, no se había confirmado públicamente una causa definitiva de muerte. La familia también solicitó acceso a la carpeta de investigación para conocer los peritajes, las pruebas recabadas y los resultados de la necropsia.

Familia de Karina Vázquez pide investigar posible feminicidio

Uno de los puntos de conflicto es la relación entre Karina y Armando ‘N’, quien llamó a los servicios de emergencia y declaró que mantenía un vínculo sentimental con ella.

Los familiares rechazaron esa versión y sostuvieron que el hombre era compañero de trabajo de la joven, no su pareja. También cuestionaron el relato que él habría proporcionado sobre la noche anterior al hallazgo.

El vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, informó que durante una mesa de seguridad se planteó la necesidad de agotar todas las líneas de investigación, incluida la posibilidad de feminicidio.

Aunque Armando ‘N’ fue detenido el 17 de octubre por un asunto relacionado con la presunta posesión de un arma de fuego, las autoridades aclararon que esa detención no estaba vinculada directamente con la muerte de Karina.

El 20 de octubre, su abogado informó que quedó en libertad al no existir, según su postura, motivos legales para mantenerlo detenido.

La situación jurídica del hombre no determina por sí misma su responsabilidad o inocencia en los hechos que rodean el fallecimiento de la exreina de belleza.

¿Quién era Karina Vázquez Sánchez?

Originaria de Santa Ana Chiautempan, Karina Vázquez combinaba su actividad profesional con su interés por la educación. Como abogada, dirigía su propio despacho y ofrecía asesoría en materias civil, familiar, mercantil, penal y laboral. En sus redes sociales también se identificaba como estudiante de pedagogía.

Su coronación como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones en 2019 le dio reconocimiento en su estado y la vinculó con el mundo de los certámenes de belleza.

Tras su muerte, su hermano, Tadeo Vázquez Sánchez, confirmó la noticia en redes sociales y cuestionó la información difundida sobre las circunstancias del caso. Una prima de la joven también pidió evitar la revictimización: “Ninguna circunstancia de la vida de una mujer justifica que le arrebaten la vida”.

La familia mantiene su exigencia de conocer los resultados forenses y esclarecer qué ocurrió en la vivienda de Nativitas. La investigación deberá determinar las circunstancias de la muerte de Karina Vázquez y establecer, con pruebas, si existió un delito de feminicidio.

El asesinato de Yudiley Rodríguez Enríquez, una mujer de 37 años conocida como “Mimí”, fue clasificado por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) como el feminicidio número 58 registrado en Cuba en lo que va de 2026.

El crimen ocurrió el pasado 20 de octubre, cerca de las 17:00 (hora local), dentro de la vivienda de la víctima en el barrio de Margodo, municipio de Gibara, en la provincia de Holguín.

Según información que los familiares entregaron al observatorio, el presunto agresor fue identificado como Iram G., vecino de la víctima. El hombre la habría atacado con varios cuchillos, lo que le provocó heridas múltiples. La mujer murió desangrada, de acuerdo con el reporte difundido por la organización independiente.

En su reporte, OGAT incluyó el caso dentro de la categoría de feminicidio social, una clasificación que utiliza para hechos de violencia letal contra mujeres cometidos por personas sin relación de pareja ni parentesco con la víctima. El observatorio señaló que, según el testimonio de la familia, Yudiley había rechazado en varias oportunidades una conducta de acoso del presunto atacante contra otra integrante de su entorno familiar.

El ataque ocurrió delante de dos niñas, una de ellas hija de la víctima

A su vez, el crimen se produjo en presencia de dos niñas, entre ellas una hija menor de Yudiley. La nuera de la mujer logró sacar a las menores de la vivienda y pidió auxilio, según la información recopilada por OGAT.

El padre de la víctima también sufrió diversas heridas durante el ataque. No obstante, se encuentra fuera de peligro, indicaron las fuentes familiares citadas por el observatorio.

La organización pidió que las dos niñas reciban atención psicológica especializada y acompañamiento emocional tras haber presenciado el asesinato. A su vez, la institución reclamó medidas que garanticen su protección y bienestar luego de la violencia ocurrida en el hogar. “Es fundamental garantizar su protección y bienestar”, aseguró OGAT en su pronunciamiento.

Yudiley trabajaba como dependienta de una bodega, según el reporte. Era madre de cuatro hijos, de 18, 15, 13 y cuatro años. OGAT expresó sus condolencias a los hijos, al esposo, al padre y a otros familiares de la mujer, además de la comunidad afectada por el hecho.

OGAT registró 32 intentos de feminicidio en Cuba en lo que va de 2026

Con este caso, el Observatorio de Alas Tensas contabilizaba, al 21 de octubre, un total de 58 feminicidios, 32 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en la isla en lo que va del año.

La entidad también informó que busca acceder a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, mantiene bajo observación como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

El observatorio indicó que investiga otros 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. Para 2026, la organización analiza además 11 posibles feminicidios y 11 intentos.

En el marco de la investigación por el femicidio de Lucy Rueda Batallanos, el acusado Ausberto Márquez Aguilar se negó a declarar ante el fiscal y continuará detenido por un delito que prevé prisión perpetua. La víctima fue encontrada en una zanja de Lisandro Olmos, en La Plata, el lunes 19 de octubre.

Batallanos tenía 32 años, era de nacionalidad boliviana y había asistido la noche anterior a un evento conocido como “Alta Fiesta”, realizado en la zona de las calles 208 y 52. Según los testimonios incorporados a la causa, permaneció allí luego de que sus amigas se retiraran y fue vista con un hombre que llevaba ropa roja.

Horas después, a un costado de la Avenida 66, entre las calles 197 y 198, fue encontrado el cuerpo de la mujer. Cerca de las 6:57, una de sus amigas recibió una imagen que circulaba en un grupo de WhatsApp y confirmó la identidad de la víctima después de comunicarse con sus familiares.

El informe preliminar de autopsia estableció que su muerte fue consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, acompañado por una hemorragia subaracnoidea. Se trata de una lesión que puede producirse a partir de un golpe de fuerte impacto en la cabeza y que compromete el funcionamiento cerebral.

El detenido fue identificado como Ausberto Márquez Aguilar, de 33 años. El domicilio del hombre está ubicado a unos 300 metros del sitio en el que apareció el cuerpo. A partir de las referencias obtenidas durante las primeras horas de la investigación, los policías llegaron hasta esa vivienda y realizaron un registro.

Mientras la Justicia busca determinar lo sucedido en las horas anteriores al hallazgo del cuerpo, los investigadores también analizan los relatos de quienes estuvieron en la fiesta y las pruebas reunidas en el domicilio del acusado.

Allí secuestraron una chomba roja, una gorra con visera y un pantalón de jean que presentaría manchas de sangre. Las prendas coincidirían con la descripción aportada por testigos sobre el hombre que estuvo con la víctima en el evento. Los peritajes deberán determinar si existe correspondencia entre esos elementos y el hecho investigado.

La causa fue calificada como homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, previsto en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal. Esa figura, conocida como femicidio, contempla como única pena la prisión perpetua en caso de que se determine la responsabilidad penal del acusado.

Durante la audiencia ante el fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata, optó por no prestar declaración indagatoria. La decisión de guardar silencio forma parte de las garantías de defensa de cualquier imputado y no equivale a una admisión de responsabilidad. Sin embargo, su situación procesal continúa vinculada a los elementos que la fiscalía reunió desde el inicio de la pesquisa.

Antes de la indagatoria, Márquez Aguilar habría realizado una manifestación ante efectivos policiales, con un testigo presente. De acuerdo con el pedido de detención citado por 0221, el hombre expresó que había cometido “una macana” y que no recordaba con precisión lo sucedido porque estaba bajo los efectos del alcohol. Esa frase extrajudicial fue incorporada como un elemento de la investigación, aunque no reemplaza la declaración formal ante la Justicia.

Con la indagatoria ya realizada y el acusado detenido, la investigación continuará con análisis de laboratorio, declaraciones de testigos y otras medidas para precisar las circunstancias del crimen. La reconstrucción del hecho será central para definir la responsabilidad penal de Márquez Aguilar y la calificación que sostendrá la fiscalía durante el proceso.

La causa tramita en la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°3. Las próximas medidas se concentrarán en el resultado de los peritajes sobre las prendas secuestradas y en la información que pueda aportar el entorno de la víctima sobre sus últimas horas.

Un hombre de 25 años fue imputado provisionalmente por amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en una causa que investiga la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera en la provincia de Salta. La acusación se vincula con una denuncia realizada por una mujer embarazada, quien afirmó haber sido agredida por su entonces pareja durante una discusión.

El fiscal penal Nicolás Rodríguez López formalizó la imputación durante una audiencia en la que el acusado contó con la asistencia de la defensa oficial. El hombre optó por no declarar ante la acusación, mientras que la Fiscalía pidió que continúe detenido mientras avanza el proceso.

Según la información judicial disponible, el caso tuvo origen el 19 de octubre. La denunciante relató una secuencia de agresiones y amenazas que, de acuerdo con su presentación, comenzó en el ámbito de la relación de pareja y continuó fuera del lugar donde se produjo el primer episodio.

La mujer manifestó que mantuvo una discusión con el hombre con el que mantenía hasta ese momento una relación de pareja. En ese contexto, según su denuncia, habría sufrido una agresión física.

De acuerdo con la información del portal del Ministerio Público Fiscal de Salta, la calificación legal provisoria incluye el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y el género. Esa figura contempla, en esta etapa inicial, la presunta existencia de una lesión cuya gravedad legal es considerada leve, aunque el vínculo entre las personas involucradas y el contexto de violencia de género son elementos que agravan la acusación.

La imputación también comprende el delito de amenazas, señalado por la Fiscalía en concurso ideal con las lesiones. Esta modalidad se aplica de manera provisoria cuando una misma situación o conducta puede quedar alcanzada por más de una figura penal, una circunstancia que deberá ser analizada en el desarrollo de la investigación.

La acusación formulada no implica una condena ni establece responsabilidad penal definitiva. La causa continuará bajo investigación y el imputado conserva las garantías del debido proceso, entre ellas el derecho a defensa y el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

Tras el episodio inicial, la denunciante indicó que pudo retirarse del lugar. Sin embargo, sostuvo que el acusado la interceptó posteriormente en la vía pública, donde habría continuado con su accionar.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, una mujer que se encontraba ocasionalmente en la zona intervino en esa situación.

La mujer afirmó además que, luego de llegar a la vivienda de un familiar, recibió una llamada telefónica de su pareja. Según su presentación, durante esa comunicación persistieron las amenazas que motivaron la intervención de la Fiscalía.

La investigación deberá determinar las circunstancias de cada uno de los hechos denunciados, la secuencia temporal, el contenido de las comunicaciones y la eventual existencia de otros elementos de prueba.

Durante la audiencia de imputación, el fiscal Nicolás Rodríguez López requirió que el hombre permanezca detenido. El pedido deberá ser resuelto conforme a las instancias procesales correspondientes y a la valoración judicial de los elementos reunidos en el expediente.

El hombre fue asistido por la defensa oficial y decidió abstenerse de declarar. Esa decisión forma parte de los derechos que tiene toda persona imputada y no puede interpretarse como reconocimiento de los hechos atribuidos por la Fiscalía.

La investigación permanece en una etapa preliminar, con una imputación provisoria que puede sostenerse, modificarse o ampliarse según los elementos que se incorporen durante el proceso.

Un juez envió a prisión a Jhon Jairo Arango Vargas, de 46 años, investigado como el presunto responsable del feminicidio agravado de su compañera sentimental, identificada como María Cristina Ramírez Quintero, de 50 años. Los hechos ocurrieron el viernes 16 de octubre de 2026 en el barrio Robledo Miramar, en Medellín (Antioquia).

La decisión judicial se produjo tras la imputación formulada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Arango Vargas no aceptó el cargo atribuido por la Fiscalía General de la Nación, que sostiene que la muerte de la mujer estuvo precedida por amenazas relacionadas con celos.

De acuerdo con el reporte de los medios locales, como Q’hubo Medellín, la víctima trabajaba como auxiliar veterinaria. Por otro lado, se conoció que el cuerpo fue hallado por un sobrino dentro de una vivienda ubicada en un segundo piso del sector Robledo Miramar, pues el familiar ingresó a la habitación tras no tener noticias de ella y la encontró sobre la cama, boca abajo.

La mujer presentaba varias heridas en el tórax que habrían sido provocadas con un elemento cortopunzante. El reporte a las autoridades activó las diligencias urgentes en el inmueble, donde investigadores realizaron la inspección técnica y recolectaron los primeros elementos para establecer la secuencia de los hechos.

Según el comunicado de la Fiscalía, testigos habrían visto a Jhon Jairo Arango llegar a la residencia donde estaba la víctima con un objeto punzante en las manos. Después de ese momento, no hubo comunicación con María Cristina hasta el ingreso de su familiar a la habitación.

Un destornillador y el teléfono de la víctima fueron recogidos en la escena del crimen

Durante las labores de policía judicial, las autoridades hallaron el celular de Ramírez y un destornillador. Este último objeto es analizado como el posible elemento empleado para causarle las lesiones que derivaron en su muerte, según la hipótesis que presentó el ente investigador.

Los objetos recolectados quedaron bajo custodia de los investigadores y hacen parte de los elementos materiales probatorios del proceso. La Fiscalía tendrá que establecer, a través de los análisis técnicos y forenses correspondientes, si el destornillador tiene relación directa con el homicidio.

El señalado se presentó voluntariamente ante las autoridades después de los hechos y entregó dos teléfonos celulares, que serán revisados dentro de la investigación para determinar si contienen información relevante sobre lo ocurrido o sobre las comunicaciones entre la pareja antes del crimen.

La Fiscalía indaga antecedentes de conflictos en la relación

La investigación de la Policía Nacional indica que María Cristina Ramírez y el procesado mantenían una relación sentimental desde hacía varios años. Las indagaciones preliminares apuntan a que el vínculo se había vuelto conflictivo y que el hombre, presuntamente, había amenazado de muerte a la mujer.

El ente acusador señaló que esas amenazas estarían relacionadas con celos, contexto que fue tenido en cuenta para imputar a Arango por feminicidio agravado.

Además, las autoridades informaron que el hombre registra antecedentes por violencia intrafamiliar, amenazas, tráfico de estupefacientes, lesiones culposas, constreñimiento ilegal e inasistencia alimentaria. Aunque es necesario aclarar que estos registros no constituyen una condena por el caso actual, que continúa bajo investigación y debe avanzar conforme a las garantías del debido proceso.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada mientras que el proceso judicial continúa y la Fiscalía fortalece la recolección de pruebas. La responsabilidad penal de Jhon Jairo Arango tendrá que definirse en las siguientes etapas.

La escena dantesca fue todavía peor: en una vivienda lindera, dentro del mismo terreno, estaba muerta Susana Filomena Castillo Toscanini, de 73 años, madre de Damián Darío Santillán (50). Junto al cuerpo del niño había una escopeta de doble caño.

Ahora, un video que analizan los investigadores sumó un elemento a la reconstrucción de las horas previas al hallazgo. Una cámara registró cerca de las 4.30 la salida del auto de Santillán desde la propiedad donde luego fueron encontrados los tres cuerpos.

La grabación muestra un vehículo bordó que se aleja durante la madrugada. Fuentes del caso indicaron que se trata del auto que utilizaba Santillán, señalado como el autor de los crímenes de su pareja, su hijo y su madre.

Horas después de dicha filmación, cerca de las 7.30, Santillán murió tras ser atropellado por un camión Mercedes-Benz Atego en la intersección de la avenida Gobernador Monteverde e Intendente Amenedo, en Burzaco. El conductor declaró que el hombre se abalanzó sobre el vehículo y que intentó esquivarlo.

La fiscalía que intervino en ese episodio caratuló inicialmente las actuaciones como averiguación de causales de muerte. Las cámaras de la zona no permitieron determinar todavía si se trató de una acción voluntaria o de un accidente.

Mientras tanto, en la casa de Monte Grande, los peritos secuestraron dos teléfonos celulares, la escopeta hallada junto al nene y otros 29 elementos que quedaron bajo análisis de Policía Científica.

El informe médico preliminar indicó que Prediger y Santino tenían lesiones graves en la cabeza y heridas cortantes en el cuello. Por su parte, Castillo Toscanini presentaba una herida cortante en el cuello.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Las autopsias, las pericias sobre el arma y el análisis de las comunicaciones serán determinantes para fijar la hora de cada muerte y reconstruir la secuencia completa del triple crimen de Monte Grande.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Ana Río.

Por el momento, los investigadores establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía alrededor de 20 años y tenían a Santino como único hijo. También analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir.

Según ha informado Europa Press, el presunto autor del crimen fue localizado en el interior de su vehículo gracias a un indicado del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde. Esto fue posible gracias al dispositivo de búsqueda establecido por la Policía Nacional tras determinar la identidad del sospechoso por el asesinato de la mujer, de origen guatemalteco.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que el presunto autor de los hechos no tenía denuncias previas por violencia machista ni antecedentes penales.

La mujer fue asesinada frente a un portal en Carabanchel

En torno a las 14.45 horas de este martes 20 de octubre, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública, a plena luz del día. Hasta el lugar, frente al portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en Carabanchel, se desplazaron los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112.

La mujer, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el tórax y en el abdomen, fue localizada en parada cardiorrespiratoria. Después de que los servicios sanitarios lograsen revertir la parada, la víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre bajo un dispositivo de escolta de la Policía Municipal de Madrid para agilizar la llegada de la ambulancia. Pese a los esfuerzos por estabilizarla, la víctima acabó falleciendo en el hospital a causa de la severidad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los agentes del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. Todas las hipótesis permanecen abiertas y no se descarta que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, se trataría de la sexta víctima mortal por esta causa en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, elevando la cifra nacional a 43 mujeres asesinadas en España en 2026 y a 1.384 desde 2003, año en el que el Ministerio de Igualdad comenzó a recopilar de forma oficial estos registros estadísticos. Asimismo, en lo que va de ejercicio, dejan un balance de más de una treintena de menores huérfanos en el país.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de Europa Press y EFE

La ruptura con una pareja violenta no siempre termina cuando se pone fin a la relación. Para algunas madres que crían solas, también supone perder la vivienda compartida y empezar a rotar por alojamientos temporales: la casa de un familiar, una habitación realquilada, una pensión o un hotel de emergencia. Esta precariedad habitacional de las familias monomarentales se analiza en un estudio reciente de Esade que identifica las separaciones en contextos de violencia entre los detonantes más frecuentes de la pérdida de vivienda.

La investigación, elaborada con Fundació Hàbitat3 y Fundació Habitatge Social, recoge 48 entrevistas a mujeres que sostienen solas sus hogares. Entre todas tienen 86 hijos. El trabajo no permite calcular cuántas madres atraviesan esta situación en el conjunto de Cataluña o España, pero describe cómo se cruzan la precariedad laboral, los cuidados, la violencia machista, la migración y la falta de vivienda asequible.

La mayoría de las entrevistadas no pasan de la vivienda compartida directamente a la calle. Antes pasan por una cadena de soluciones temporales que evita el desamparo más visible, aunque no garantiza un hogar seguro. El estudio denomina a esa realidad como sinhogarismo oculto: familias que no figuran necesariamente en los recuentos de personas sin hogar, pero encadenan estancias sin contrato, recursos de emergencia y convivencias forzadas.

Sin casa y sin margen para pagar un alquiler

La separación puede suponer también la pérdida de la aportación económica de la pareja, asumir sola el cuidado de los hijos y buscar una vivienda en un mercado que exige ingresos estables, fianzas y garantías. El informe recoge que la violencia aparece en una parte significativa de los relatos, a través de agresiones denunciadas, violencia económica y emocional o experiencias de estigmatización en los servicios públicos.

El problema se agrava cuando la madre depende de empleos con salarios bajos o jornadas irregulares. Solo una de cada tres entrevistadas tenía un contrato formal. El 66,7% estaba fuera del empleo regulado: el 33,3% se encontraba en paro, el 31,3% trabajaba en la economía informal y el 2,1% estaba en situación de incapacidad.

Los sectores a los que acceden muchas de ellas -limpieza, cuidados, servicio doméstico, hostelería y comercio- suelen ofrecer horarios incompatibles con la entrada y salida del colegio. Una madre sola no puede ampliar jornada si no dispone de una escuela infantil, actividades extraescolares o una red familiar que se haga cargo de sus hijos. La conciliación, por tanto, condiciona los ingresos y, con ellos, la posibilidad de mantener un alquiler.

La presión del mercado deja poco margen. El informe sitúa el precio medio del alquiler en Barcelona en 1.087 euros mensuales en 2025 y calcula que el esfuerzo para acceder a una vivienda de compra o alquiler ronda el 46% de la renta familiar, muy por encima del 30% considerado asumible.

Las habitaciones y pensiones ocultan una crisis que no aparece en la calle

Las experiencias recogidas por Esade muestran un patrón repetido: una vivienda perdida tras una ruptura o un impago, una estancia con familiares o amistades, una habitación realquilada, una pensión, un hotel pagado por los servicios sociales o un recurso de urgencia. Después puede llegar un piso de alquiler social o, si no hay alternativa, una okupación.

La calle aparece como una amenaza, pero rara vez como el desenlace definitivo. No significa que exista una solución estable, sino que las madres despliegan estrategias para proteger a sus hijos. Algunas aceptan alojamientos sin contrato, comparten espacios reducidos o prolongan convivencias que querían dejar atrás. Otras intercambian cuidados por un techo.

El impacto alcanza a los menores. La incertidumbre sobre el siguiente domicilio dificulta sostener la escolarización, conservar amistades y organizar la vida diaria. El informe recoge casos de mujeres que, ante la falta de empleo y vivienda, enviaron temporalmente a sus hijos a vivir con los abuelos.

La situación se inserta en un problema más amplio. El 43,8% de los hogares monomarentales de Cataluña vive bajo el umbral de pobreza, el equivalente a unas 119.900 familias, según datos de Save the Children citados en el estudio. Además, el 34,7% de los menores de 18 años de la comunidad está en riesgo de pobreza.

El alquiler social aporta estabilidad, pero el problema vuelve cuando termina el contrato

El estudio no cuestiona la utilidad de los programas de vivienda social. Las mujeres entrevistadas describen la llegada a un piso con apoyo como un punto de inflexión: facilita recuperar rutinas, mejorar el rendimiento escolar de los hijos, buscar empleo con menos urgencia y establecer vínculos con el barrio.

El problema aparece al final. Los contratos de estos programas son temporales y, en algunos casos, se revisan cada año. La incertidumbre sobre la renovación se mantiene incluso cuando la familia ha estabilizado su situación. El informe concluye que falta una política específica que conecte el acompañamiento social con una vivienda asequible y permanente.

El salto al mercado inmobiliario privado resulta inasumible para buena parte de las participantes. La vivienda de protección oficial exige ingresos mínimos que pueden dejar fuera a quienes tienen un solo salario y personas a cargo.

En este sentido, el estudio propone revisar los umbrales de ingresos para acceder al alquiler protegido, adaptar las ayudas a hogares con una sola persona perceptora de renta y menores a cargo, y flexibilizar los requisitos para quienes viven en habitaciones sin contrato o en situaciones de okupación.

Al final de esta cadena de precariedad está la okupación

La okupación forma parte del estudio porque permite observar las formas de exclusión que quedan fuera de los circuitos institucionales. No se presenta como una decisión ideológica, sino como una salida de supervivencia para algunas mujeres que ya han pasado por impagos, habitaciones, pensiones o recursos de emergencia.

Los datos del Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones de Barcelona citados en el informe reflejan que el 87,4% de los casos de okupación atendidos correspondía a hogares con menores, frente al 35,9% de media en la ciudad. Casi la mitad de esos hogares eran monomarentales.

Una habitación, una pensión o un piso social temporal pueden frenar la emergencia y dar a una familia un margen para recomponerse. Pero el problema reaparecerá siempre al final del contrato: sin una vivienda asequible a la que ir después, la inestabilidad dejará huella en sus vidas.

Un hombre de 53 años fue condenado en Las Toscas, provincia de Santa Fe, a seis años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal contra su pareja. El fallo alcanzó a Ernesto Daniel Ojeda y fue dictado tras un juicio oral que concluyó este martes por la mañana en los tribunales de la ciudad, en el departamento General Obligado.

La resolución judicial se centró en un hecho ocurrido dentro de la vivienda que el condenado compartía con la víctima y sus dos hijos menores de edad. Según la acusación, la agresión sexual se produjo el 29 de octubre de 2020, luego de que la mujer se negara a mantener relaciones sexuales.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el juez Mauricio Martelossi consideró acreditada la responsabilidad penal de Ojeda y dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo. El imputado fue declarado autor de abuso sexual con acceso carnal, una figura que contempla la agresión sexual cometida mediante violencia, intimidación o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la acusación presentada en el debate oral, el episodio tuvo lugar en el domicilio donde convivía el núcleo familiar. Allí residían Ojeda, su pareja y los dos hijos menores de edad que tenían en común o formaban parte de ese entorno de convivencia.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Norberto Ríos, expuso durante el juicio que el condenado recurrió a amenazas para intentar imponer relaciones sexuales a su pareja. La mujer se negó y, según sostuvo la Fiscalía, Ojeda avanzó mediante el uso de la fuerza.

Ríos indicó que el acusado atacó a la víctima “utilizando su fuerza y aprovechándose [de] la situación de indefensión y vulnerabilidad de la mujer”.

La Fiscalía sostuvo que la convivencia no elimina la necesidad de consentimiento en una relación sexual. La calificación legal por la que fue condenado Ojeda responde a la acusación de que existió acceso carnal sin consentimiento, bajo amenazas y violencia.

Luego de conocerse el veredicto, Ríos señaló que aguardará los fundamentos de la sentencia antes de definir si el MPA adoptará alguna medida posterior. “Si bien aguardaremos los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir, en principio valoramos que se haya considerado acreditada la atribución delictiva y que se haya impuesto una pena efectiva”, afirmó el fiscal.

La sentencia fijó una condena de seis años y seis meses de cárcel. El alcance y las consideraciones jurídicas de la decisión se conocerán con la fundamentación que deberá presentar el tribunal, según explicó el representante del MPA.

El fiscal también se refirió a la trascendencia que, a su criterio, tiene la resolución para la comunidad de Las Toscas. “Este fallo es muy importante para Las Toscas porque rompe con patrones culturales arraigados en el patriarcado, resalta el respeto de la voluntad y consentimiento de la mujer y la libre autodeterminación dentro de las parejas”, expresó Ríos.

En su planteo, el fiscal remarcó que el condenado se aprovechó de una diferencia de fuerza física y de la situación de sometimiento violento que padeció la mujer. “El condenado actuó en un ámbito de total privacidad, abusando de la relación de convivencia, de la diferencia de fuerza física y del sometimiento violento sobre una mujer”, sostuvo.

Un joven de 21 años permanece detenido en Joaquín V. González, provincia de Salta, como presunto responsable de la muerte de su propia madre, una mujer de 38 años, ocurrida durante la madrugada del lunes 19 de octubre en una vivienda del barrio Facundo Quiroga. La fiscal a cargo del caso confirmó que el acusado será imputado este martes en una audiencia formal, mientras la investigación avanza con las primeras conclusiones de la autopsia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informó que la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, intervino de forma inmediata tras el reporte del hecho. La funcionaria se trasladó hasta el domicilio donde se produjo el ataque para coordinar en persona las tareas del personal de Criminalística y ordenó la realización de una autopsia que permitiera determinar con precisión la causa del deceso.

Los resultados preliminares de ese estudio arrojaron un dato contundente: la mujer falleció como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave, una lesión que comprometió de manera directa su cabeza. Con ese informe en mano, la fiscal dispuso las medidas necesarias para formalizar la acusación contra el hijo de la víctima, quien fue detenido en el lugar como principal sospechoso del ataque.

La audiencia de imputación, según confirmó el MPF, quedó fijada para este martes. En esa instancia, se le comunicará formalmente al joven la acusación en su contra.

Mientras se prepara esa audiencia, la Fiscalía continúa con distintas diligencias orientadas a reconstruir las circunstancias exactas del ataque. El objetivo de los investigadores es establecer cómo se desencadenaron los hechos que derivaron en la muerte de la mujer en las primeras horas del lunes, dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio Facundo Quiroga.

El MPF no brindó mayores precisiones sobre la mecánica del ataque ni sobre lo que ocurrió en las horas previas al hecho. Una vez cumplidos los trámites de rigor con el cuerpo de la víctima, la Justicia autorizó su entrega a los familiares para que pudieran proceder con la inhumación.

García Pisacic señaló, a través de un comunicado oficial, que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para lograr esclarecer lo sucedido. El joven de 21 años continuará detenido al menos hasta la audiencia de este martes, cuando se defina su situación procesal.

“Me mandé una cagada”: mató a golpes a su pareja y llamó a su madre para confesar

La tranquilidad habitual de Valeria del Mar se vio alterada el sábado por la tarde, cuando un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de una vivienda de la calle Betbeder al 400, entre las 15 y las 17. Horas después, un niño de 12 años encontró a su madre, Aldana Novik Rojas, de 38, asesinada a golpes en el interior de la casa.

Por el femicidio fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de la víctima, quien, tras el crimen, llamó a su madre para decirle que “se había mandado una cagada”. Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en un descampado de la localidad balnearia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el niño había salido de la vivienda para participar de una actividad recreativa y no se encontraba allí cuando ocurrió el ataque. En la casa, en cambio, estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no es hija de Aldana. Tras el crimen, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Luego del ataque, el sospechoso se habría provocado heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar el lugar. Las lesiones, de acuerdo con las fuentes consultadas, no fueron profundas ni revisten gravedad.

El exjuez Enrique Romero Razo fue detenido este martes 20 de octubre de 2026 en la ciudad de Puebla, señalado por delitos contra la administración de justicia y evasión de reos. El operativo se realizó tras un cateo en su domicilio, según confirmaron a MTP Noticias fuentes internas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El funcionario judicial había sido investigado desde mayo por intentar modificar la medida cautelar del feminicida de Karla López Albert, uno de los casos de mayor impacto social en la entidad poblana.

La detención del exjuez en Puebla

El aseguramiento de Romero Razo se produjo este martes tras un operativo en su vivienda, ubicada en calle privada C de la 14 Sur, número exterior 1507, en la colonia El Ángel, en la capital poblana. Las autoridades le imputan delitos contra la administración de justicia y evasión de reos.

Romero Razo acumulaba una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Su cargo más reciente era como juez de lo Civil y de lo Penal en San Pedro Cholula, antes de su reubicación administrativa a Ciudad Serdán.

El caso Forcelledo, origen de la investigación

La detención del exjuez tiene como antecedente directo el caso del feminicida Manuel Forcelledo, condenado a 76 años de prisión por el asesinato de su pareja, Karla López Albert, ocurrido en 2014 mientras ella cursaba un embarazo. Romero Razo había sido el mismo juzgador que dictó la sentencia condenatoria en 2021, tras siete años de proceso.

Para el 12 de mayo de 2026 estaba programada una audiencia de revisión de medida cautelar del sentenciado. Romero Razo había solicitado licencia para ausentarse del 11 al 14 de mayo, solicitud que el Consejo de la Judicatura del Estado le negó. Pese a ello, el juez se ausentó de la audiencia y dejó en funciones a su secretaria de acuerdos, con instrucciones sobre cómo resolverla.

En esa audiencia se autorizó sustituir la prisión preventiva oficiosa de Forcelledo por arresto domiciliario con brazalete electrónico y firma periódica. Según los reportes, la diligencia no fue transmitida ni notificada a los familiares de la víctima.

Las autoridades judiciales del estado intervinieron para frenar la ejecución de esa medida y ordenaron que Forcelledo permaneciera en prisión preventiva en el Cereso de San Pedro Cholula. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó entonces la existencia de un procedimiento contra el juzgador.

“Hay un procedimiento que, hasta donde yo tengo entendido, se está haciendo contra este juez, que está o cometió actos irregulares”, declaró el mandatario estatal.

Conflicto con el Consejo de la Judicatura por su reubicación

Tras el escándalo del caso Forcelledo, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla (CJPJEP) acordó, el 30 de junio, readscribir a Romero Razo del Juzgado Segundo de Cholula al distrito judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, con efectos a partir del día siguiente.

El exjuez impugnó esa decisión por motivos de salud y promovió un amparo el 17 de julio. El 19 de agosto, el juez federal Francisco René Olivo Loyo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales de Puebla, le otorgó la suspensión definitiva con efectos restitutorios, con un plazo de tres días para que regresara al juzgado de Cholula.

El 31 de agosto se notificó esta resolución al Consejo, que tuvo tres días para acatarla, del 1 al 3 de septiembre. El plazo venció sin que la orden se cumpliera.

El desacato que derivó en amenaza de denuncia ante la FGR

Ante el incumplimiento, la defensa de Romero Razo, a cargo del abogado Raúl Andrade Osorio, promovió el 20 de septiembre un incidente por desacato. El Consejo informó que había programado una sesión para analizar el asunto hasta el 8 de octubre.

Esa fecha llegó y la sesión no se realizó por falta de quórum, debido a la ausencia de la consejera Araceli Cabido Vaillard y del consejero presidente Pedro Antonio Martínez Hernández, según un oficio firmado por Doryan Eliseo López Camacho, secretario del Pleno del Consejo.

El juez Olivo Loyo declaró fundado el recurso de la defensa y advirtió que, de persistir el desacato, presentaría una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR). El delito de desobedecer una suspensión debidamente notificada se castiga con 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario. En su resolución, el juez federal señaló que “la determinación cautelar es obligatoria y debe cumplirse en sus propios términos, sin que la organización o los procedimientos internos de la autoridad desplacen la fecha fijada judicialmente”.

Romero Razo había sostenido que la resistencia del Poder Judicial estatal a restituirlo en su cargo respondía a una represalia en su contra. Su detención, este 20 de octubre, se produjo en medio de ese litigio administrativo todavía sin resolución definitiva.

La violencia extrema contra las mujeres registra un incremento en Panamá, donde los femicidios aumentaron 46% y las tentativas 62% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras del Ministerio Público muestran que 19 mujeres fueron víctimas de femicidio y otras 21 sobrevivieron a intentos de asesinato, mientras continúan las investigaciones y los procesos judiciales.

El informe estadístico, publicado en octubre, revela que los femicidios pasaron de 13 a 19 casos, mientras las tentativas aumentaron de 13 a 21. Adicionalmente, se contabilizaron 17 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios, frente a 13 durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento del 31% en esta categoría.

La distribución mensual evidencia que marzo fue el período con mayor número de femicidios, con cuatro víctimas, seguido de junio, agosto y septiembre, con tres casos cada uno. En cuanto a las tentativas, enero concentró siete hechos, mientras septiembre cerró con tres femicidios, tres intentos y otras tres muertes violentas de mujeres.

En la distribución geográfica, San Miguelito encabeza las estadísticas con cuatro víctimas de femicidio, frente a una registrada durante el mismo período de 2025.

Panamá, Panamá Oeste y Coclé contabilizaron tres casos cada uno, mientras Chiriquí reportó dos. Las cifras muestran que la violencia mortal contra las mujeres afecta tanto a sectores urbanos como a provincias del interior.

Uno de los casos recientes ocurrió el 10 de octubre en la barriada La Siesta, en Tocumen, donde una adulta mayor fue víctima de un crimen investigado como femicidio. Un adolescente de 17 años quedó detenido provisionalmente después de que la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes le formulara cargos por este delito y por posesión ilícita de arma de fuego.

Otro expediente corresponde a una tentativa de femicidio registrada el 6 de septiembre en Puerto Caimito, La Chorrera, cuando un hombre de 46 años ingresó a la residencia de su expareja. El sospechoso fue imputado y quedó detenido provisionalmente, luego de que un juez considerara los riesgos para la víctima y el desarrollo de la investigación.

Las decisiones judiciales también incluyen una condena de 30 años de prisión impuesta en septiembre por el femicidio de una joven de 21 años en Pocrí, distrito de Aguadulce. El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando la víctima fue atacada con un cuchillo por su expareja, quien posteriormente aceptó su responsabilidad penal.

En Colón, un tribunal condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer de 20 años, ocurrido en febrero de 2023 en Altos de Los Lagos. También en septiembre, un tribunal de Coclé impuso cinco años de cárcel a un hombre por femicidio agravado en grado de tentativa, relacionado con una agresión contra su pareja en Penonomé.

Las estadísticas permiten identificar diferencias en los métodos empleados. Nueve de los 19 femicidios fueron cometidos con armas de fuego, cuatro con armas blancas y otros cuatro mediante asfixia mecánica. En las tentativas predominaron los ataques con armas blancas, presentes en 12 casos, seguidos de cinco hechos con armas de fuego.

Por edades, las mujeres de 18 a 24 años concentraron cinco víctimas de femicidio y cinco de tentativa, convirtiéndose en el grupo con mayor incidencia en ambas categorías. El registro también incluye dos víctimas menores de edad, una de entre 10 y 14 años y otra de entre 15 y 17, además de una mujer de 80 años o más.

El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La clasificación distingue los femicidios de otras muertes violentas de mujeres, según la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82, mientras los expedientes judiciales continúan determinando responsabilidades penales en cada caso.

Un macabro triple homicidio tuvo lugar en las últimas horas en la localidad de Monte Grande, donde un hombre de 50 años habría asesinado a su pareja, de 43; a su mamá, de 73; y a su hijo, de 11, según reconstruyó hasta el momento la Policía Bonaerense. Horas después, el presunto agresor murió en Burzaco. Los investigadores analizan si se trató de un suicidio.

El caso se conoció tras un llamado al 911 por una emergencia de salud en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700, en el mencionado barrio del partido de Esteban Echeverría.

Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediguer, de 43 años, en el comedor de la casa. En una habitación estaba muerto su hijo, Santino Santillán, de 11 años.

En el mismo ambiente donde fue hallado el niño, los agentes secuestraron una escopeta de doble caño. El arma quedó a disposición de Policía Científica, que realizará los peritajes para determinar si fue utilizada durante el ataque.

La escena se extendía a una vivienda lindera, conectada por el mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat. En la cocina de esa propiedad, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del tirador.

El presunto autor también murió

Mientras se realizaban las primeras diligencias en Monte Grande, la Policía vinculó el hecho con la muerte de un hombre registrada cerca de las 7.30 sobre la avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco.

El fallecido fue identificado como Damián Darío Santillán, de 50 años, quien vivía en Los Claveles al 700. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, sería el presunto responsable de los tres homicidios.

Los investigadores establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía alrededor de 20 años y tenían a Santino como único hijo. También analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir.

En el caso interviene la UFI N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Ana Río. La causa continúa bajo investigación y se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias sobre el arma secuestrada.

El Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) hizo lugar al recurso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y anuló el fallo que lo obligaba a brindar alojamiento a una mujer de 48 años, su pareja de 39 y su hijo de 26, todos nacionales colombianos con estatus de refugiados reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El caso había llegado al máximo tribunal porteño después de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmara, el 31 de julio de 2024, una sentencia de primera instancia que ordenaba al GCBA a presentar una propuesta habitacional.

El TSJ determinó, por mayoría, que la decisión de la Cámara no se derivaba de una aplicación razonada del derecho vigente. La causa volverá ahora a la Cámara para que jueces distintos dicten un nuevo pronunciamiento.

La familia llegó a Argentina en 2016 como refugiada, tras haber sufrido persecuciones de un grupo paramilitar en Colombia y haber padecido, la mujer, violencia económica y de género por parte del padre de su hijo. Esos hechos, no controvertidos en el expediente, ocurrieron entre 2010 y 2014 —es decir, más de diez años antes de la sentencia del máximo tribunal— y en territorio colombiano.

La norma en disputa y su alcance

El eje del conflicto fue la interpretación del artículo 20, inciso 3, de la ley 4036 de la Ciudad de Buenos Aires. Esa norma establece que el Gobierno debe “brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de violencia doméstica y/o sexual”, junto con asistencia psicológica, asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito.

La Cámara había aplicado esa disposición para ordenar el alojamiento del grupo familiar, con base en la violencia sufrida en Colombia y la situación de vulnerabilidad socioeconómica del grupo.

El TSJ, en cambio, consideró que esa lectura excede lo que la ley prevé. La norma está diseñada para proteger a mujeres que están atravesando una situación de violencia, no para reparar situaciones que ocurrieron en el pasado y en otro país. Además, la Cámara no acreditó en el expediente que el agresor —padre del hijo de la mujer, hoy mayor de edad— representara, al momento del fallo, algún peligro real o amenaza vigente para el grupo familiar.

El fallo lleva la firma de los jueces Inés Weinberg, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Alicia Ruiz (en disidencia).

Los argumentos de la mayoría

Los jueces de la mayoría sostuvieron que los informes sociales obrantes en el expediente —producidos en octubre de 2020 y en abril de 2022— revelaban que los episodios de violencia referidos por la actora tuvieron lugar en Colombia en 2010, 2012 y 2014.

Esos mismos informes registran que la mujer declaró que, al llegar a Buenos Aires en 2016, la familia “accedió a un subsidio habitacional de emergencia provisto por el GCBA” y que “este nuevo entorno, si bien trajo tranquilidad, no significó una mejora sustancial en sus condiciones económicas”.

Para los jueces de la mayoría, ese relato evidencia que la situación de violencia no continuaba produciendo efectos en la Argentina al momento de la condena. Lo que persistía era una situación de precariedad económica, distinta del supuesto que habilita el artículo 20 inciso 3.

La resolución también señaló que no se habían incorporado al expediente otros elementos probatorios que permitieran afirmar que las situaciones de vulnerabilidad denunciadas siguieran activas más allá de las dificultades económicas del grupo.

En un su voto, el juez Lozano señaló que la ley 4036 también reconoce el derecho a alojamiento a personas en situación de vulnerabilidad social que sean mayores de 60 años o tengan alguna discapacidad, y que la Cámara no describió que ninguno de los integrantes del grupo familiar reuniera esas condiciones.

La disidencia de la jueza Ruiz

La jueza Ruiz votó en disidencia y propuso rechazar la queja del GCBA. Su posición fue que el Gobierno no logró rebatir de forma suficiente las razones por las que la Cámara había rechazado el recurso de inconstitucionalidad.

Ruiz señaló que los camaristas habían explicado con claridad que los agravios del GCBA remitían al análisis de hechos y a la valoración de la prueba —cuestiones que, en principio, no habilitan un recurso de inconstitucionalidad—, y que no se advertía un caso constitucional con conexión concreta con las normas invocadas. Para la jueza, el Gobierno se limitó a reiterar en la queja los mismos argumentos del recurso anterior, sin hacerse cargo de los defectos señalados por los camaristas.

Qué sigue para la familia

La causa regresa a la Sala I de la Cámara de Apelaciones, pero deberá ser resuelta por jueces distintos a los que firmaron el fallo del 31 de julio de 2024. El nuevo tribunal tendrá que dictar un pronunciamiento ajustado a los criterios establecidos por el TSJ.

La familia, que reside en Buenos Aires desde hace casi una década con el estatus de refugiada otorgado por ACNUR, deberá aguardar ese nuevo fallo para conocer si el Gobierno porteño tiene obligación legal de garantizarle una solución habitacional.

El procedimiento ocurrió el 15 de octubre en el barrio privado Barrancas del Lago, en Tigre, luego de un llamado al 911. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci.

Antes de la denuncia, parte de la pelea entre la pareja se difundió en redes sociales. En el video, ambos intercambian reproches desde vehículos distintos mientras circulaban por una avenida de Vicente López.

Lara Magalí Rapallo, conocida en redes como “Naotzumi” le advirtió a De León Quintana sobre las consecuencias de un posible choque: “Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir”. El streamer, que iba acompañado por amigos, respondió con frases que alentaban una carrera entre los autos.

“¿Carrera, salimos?”, se escucha decir al streamer en la secuencia. Poco después, uno de los acompañantes le gritó: “¡Pisalo a fondo!”. El conductor aceleró mientras afirmaba que su novia “es capaz de chocar porque estamos discutiendo”.

Golpe en el pómulo

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la secuencia. Efectivos del Comando Patrullas Tigre junto a una patrulla municipal de Tigre llegaron al barrio privado Barrancas del Lago y, de acuerdo con las fuentes, la joven de 20 años, relató que tras una discusión con su pareja fue agredida con golpes de puño y patadas dentro de la vivienda. Los agentes constataron que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

El acusado, de 28 años, tenía un arañazo leve en el rostro. Una ambulancia del servicio +Vida asistió a ambos en el lugar antes de que fueran trasladados a la dependencia policial, conforme al protocolo de intervención en casos de violencia de género.

Tras recibir las actuaciones policiales, el fiscal Petrucci dispuso la aprehensión de Santiago De León Quintana por el delito de lesiones agravadas. En tanto, la víctima quedó al cuidado de un dispositivo de contención.

La investigación busca establecer las circunstancias de la agresión denunciada y reunir pruebas sobre la secuencia previa. El video que acompaña esta nota es parte de la evidencia que evaluará la fiscalía.

La víctima y el acusado son creadores de contenido en la plataforma Kick. La primera cuenta con 100.2 mil seguidores y el segundo con 72.6 mil seguidores.

Durante la charla, la actriz contó cómo una discusión por los mensajes que su marido intercambió con otra mujer terminó en una insólita regla dentro de su matrimonio y reveló cómo hacen para mantener viva la pasión. Además, recordó la relación que tuvo durante ocho años con Daniel “La Tota” Santillán, a quien denunció por violencia de género, y repasó las exigencias físicas que enfrentó al dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Vives alcanzó popularidad durante la década del 2000 con sus participaciones en televisión y en programas como Bailando por un sueño. En 2026, también participó en Cuestión de peso, el reality de eltrece. Actualmente, combina sus proyectos artísticos con una nueva etapa sobre los escenarios, donde comparte con Cobelli la obra Pareja imperfecta, basada en las situaciones cotidianas de la vida en pareja.

— ¿Hace 17 años estás con Sebastián Cobelli?

— Sí, es un montón. ¡Y casada legalmente!

— Y después de muchos años volviste a los escenarios, estás haciendo una obra con él. ¿Cómo se llevan?

— Estamos trabajando juntos en Pareja Imperfecta. La verdad es que nos llevamos muy bien, nos gusta trabajar y pasar tiempo juntos. Esto empezó cuando empezamos a hacer Felices los cuatro, que era un elenco más grande. Y lo bueno fue que Seba se animó al cambio del fútbol al escenario y lo bien que lo hace. En esa obra empezamos a actuar juntos, pero era difícil la situación económica porque había que repartir entre más personas y el teatro estaba medio difícil. Ahora decidimos hacer algo juntos los dos solos y jugamos un poco como lo hacemos en las redes sociales sobre el día a día de la pareja. Nos reímos de la cotidianidad de los problemas. De eso se trata la obra: de situaciones cotidianas donde la gente se siente identificada y hacemos medio parodias de lo que es el día a día. Nos reímos de eso mismo.

— ¿Vos qué edad tenías cuando arrancaste en el medio?

— 19 años. Arranque de chiquita. Ahora tengo 46.

— ¿Cómo fue que entraste?

— Con Mónica Corona. La conocí a ella y empecé a trabajar con Jorge. Pero tuve que pasar ciertas situaciones porque en ese momento si vos no tenías las medidas físicas que ellos querían, no entrabas. Se priorizaba más lo físico que tus habilidades. Me acuerdo que me fui a operar las lolas porque me dijo: “No, así no vas a poder estar en la revista”. Entonces, me fui a operar para mostrarle de que podía estar. Fue muy bizarro. Me operé las lolas, que era más o menos el estándar que las chicas tenían en ese momento.

— ¿Cuánto te pedían de arriba?

— Me había puesto un montón, después me saqué. Era como 95. Me acuerdo que fui operada así todavía con los puntos y le dije: “Mónica, me operé”. Me hicieron un par de pruebas y quedé en la revista. Ahí arranqué.

— ¿Y tenés otras cirugías?

— En ese momento solo lolas, después sí me hice. Era el prototipo de lo que te marcaban que tenías que ser y caí en las manos del innombrable.

— ¿Caíste con Aníbal Lotocki?

— Sí.

— ¿Y no tuviste ningún problema de salud?

— No. Honestamente, no. Imaginate que cuando me enteré me hice mil estudios y me los sigo haciendo en la actualidad. Yo me operé, me puse metacril hace como 20 años y ni se hablaba de todo esto. Después con todo lo que pasó, obviamente me empecé a hacer estudios porque me daba muchísimo miedo, pero la verdad que no pasó nada.

— ¿Nunca te apareció nada?

— No, me hicieron de todo y me dijeron después de una resonancia: “Se ve que está el producto, pero está como encapsulado. Si no se te disparó al principio por algún motivo, es muy raro que pase ahora”. Se hace como un cemento, pero no al tacto.

— ¿Pero no se mueve por el cuerpo?

— A las chicas les pasó que migró. Pero capaz que fue al principio o por alguna enfermedad autoinmune. Gracias a Dios, toco madera, a mí no me pasó. Igual es una alerta que tengo siempre, pero me hice todos los estudios y estoy bien.

Su historia con la Tota Santillán

— Cuando repaso tu historia me pregunto: ¿cómo fue que saliste con la Tota?

— Era muy chica. Yo tenía 18 o 19 años y estuve ocho años. ¡Eso es lo más grave!

— ¿Cómo fue salir ocho años con él?

— Fue un desastre y con denuncias en el medio. Un muy mal momento en mi vida. Lo más loco es que hace poquito me preguntó mi hija porque empezó a ver cosas en internet.

— ¿Qué edad tiene tu hija?

— 15 años. Y lo que me pregunta, yo le respondo. Por ejemplo, quién era esa persona y qué me había hecho que yo había salido tanto en las redes sociales. Y le dije que viví maltratos, golpes, situaciones muy horribles, que tuve que denunciarlo y que en ese momento no te daban bola como hoy. Trato de intentar dejarle un mensaje a ella de que no tiene que permitir esto. Le digo: “Si tenés algún problema, acudí a nosotros, a la Justicia porque te van a escuchar”. En ese momento no era así. Estamos hablando hace 25 años atrás. Yo iba a la comisaría y eran todos amigotes de él. Entonces, al contrario, me mandaban a mi casa, él les firmaba un autógrafo y yo llegaba y me cagaba más a trompadas porque había ido a denunciar.

— ¿Los primeros años eran buenos y después se descontroló todo o siempre fue un desastre?

— Muy al principio, los primeros meses, nos llevábamos bien y a mí me sorprendía la vida de él. Él era muy amigo de Rodrigo y yo viajaba con él y con Rodrigo. Yo era muy chica y me gustaba eso, el ambiente, era todo muy deslumbrante. Después se empezó a poner todo más oscuro. Yo ya me había ido de mi casa a vivir con él, entonces y no quería volver. No quería que mis papás se enteraran de ciertas cosas. Después ya hacía efecto el miedo, la bailanta y todo lo que se hablaba de eso. De la mafia y de su gente. Porque como estaba la parte linda, había otra gente media turbia. Y no sentirte escuchada por la policía cuando ibas a denunciar o por tu entorno, era duro. Porque a mí me ha pasado de vivir situaciones en las que me pegaba en un camarín de un canal y había gente muy conocida del medio en el camarín de al lado y venían y le decían: “Shh, bajá la voz un poco”. Y me veían a mí tirada en el piso.

— ¿Y nadie hacía nada?

— Nadie hacía nada. ¿Sabés la cantidad de gente que, con el tiempo, me pidió disculpas?

— Capaz estaban en la misma que vos con ese medio de enfrentarlo.

— Sí, era raro. Tal vez era una enfermedad mía, ¿eh? Yo traté todo esto con una psicóloga para poder dejarlo y pude salir de esa situación. La psicóloga me decía: “Vos sos como un elefante de circo, que están estancados y no conocen otra cosa. Entonces, crees que esto es lo único”. Llegué a creer de que estaba bien eso. Es muy difícil. De hecho, el volver a formar una pareja con mi marido fue muy terrible, porque él tuvo que aguantar un montón de situaciones mías que yo estaba acostumbrada a tratar de otra manera. En un momento me dijo: “Bueno, pará. Yo así no me relaciono así”. Porque yo era todo pelea, no sabía...

— Hablar bien, tranquila.

— Me animé a denunciar cuando otras mujeres lo denunciaron. Ya me había separado hace 10 años y me pidieron ayuda porque judicialmente mi causa ya estaba prescripta, pero servía armar una línea cronológica aportando datos a la causa de las otras chicas. De esa manera él pudo estar condenado. Estuvo condenado a prisión.

— Sí, igual tuvo el peor final.

— Qué feo esperar esa situación de alguien, pero realmente ahora lo puedo hablar sin tanto dolor e intentando dejarle un mensaje a mi hija, que es lo que más me preocupa desde mi experiencia. ¿Viste que a veces te tienen que pasar las cosas malas para que uno aprenda? Yo intento enseñarle hablándole a mi hija, pero no contándole todos los episodios.

— Tratas de no ser tan específica.

— Es que no tiene mucho sentido. Podría contartelo acá o escribir un libro, pero es solo morbo. No aporta nada. También era otra época. Hoy no me pasaría, porque tengo otras herramientas.

— Estaba rodeado de una especie de capa de impunidad que, con el tiempo, se fue desmoronando. Cuando quedó expuesto, salió a la luz todo lo que hacía. Terminó condenado y repudiado.

— Sí y su peor final, que hasta me dio pena que terminara en esa situación.

— ¿Vos sentís que en el fondo un poco lo querías?

— No, no sé si lo quería. Digo qué pena porque capaz que él, con las herramientas que tuvo en su vida fue lo que fue. Analizarlo ahora no tiene mucho sentido, pero una persona no termina así porque sí con ese final tan trágico.

— Pero la vida te dio una segunda oportunidad. ¿Se podría decir que te convertiste en una botinera?

— Después me convertí en una botinera que te digo, pobrecito Seba, las que tuvo que aguantar. Lo conocí a él y era pelearme constantemente, me iba y volvía. Ea una locura hasta que más o menos, se fue dando. Al principio fue difícil. Tuve mucho el apoyo de Seba para poder formar esta familia y la verdad que tengo una familia hermosa con dos hijos maravillosos, Brisa, que tiene 15, Rocco, que tiene 11. Y somos muy compañeros. La vida cuando te da otra oportunidad y vos la sabes aprovecharla, y querés salir de lo que te hizo mal, se puede. Porque hay mucha gente que vuelve a caer en la misma historia y elige el mismo perfil.

— ¿Y cómo fue? Porque decidiste abandonar tu carrera artística para apostar al amor y a la familia.

— Y en ese momento yo estaba en mi mejor momento porque estaba en el Bailando, conduciendo un programa y hacía la trasnoche del canal. Me estaba yendo muy bien, pero lo conocí y fue un flash. Me acuerdo que me fui a Córdoba una, dos o tres veces a verlo porque él jugaba en Talleres. Y un día llamé al productor y le dije: “No vuelvo más. Me quedo acá porque me enamoré”. Fue una locura (risas). Y me quedé. Dejé todo.

— ¿Decidiste de golpe dejar toda la carrera para irte a vivir a Córdoba?

— Sí. Estaba en Córdoba capital, lo llamé a mi papá y le dije: “Agarrá el auto, cargá con todas las cosas que tengo en mi casa y traeme el auto y el perro” (risas). Una amiga mía lo ayudó. No quería ni venir. O sea, a los 20 días que estábamos juntos, me fui a vivir con él. Y agarré justo esa temporada un reemplazo en teatro.

— A Seba ahí le iba bárbaro.

— Él estaba bárbaro ahí en Talleres. Igual ya lo agarré grandecito, con 30 años, ya había hecho toda su gira de Europa y demás (risas).

— Ya más retirándose...

— Sí (risas). Lo conocí y me quedé ahí. Me enamoré plenamente. Y enganché un reemplazo en What Pass, Carlos Paz con Moria Casán, que Nazarena se había bajado de la obra y lo enganché yo. Me quedé en el lugar de Nazarena. Aproveché que trabajaba y podía colaborar en la casa. Fue por la temporada, pero me quedé.

— Igual si te va bien en la temporada y uno sabe administrar el dinero, te puede servir para todo el año.

— Sí, igual fui una piba que nunca administré mi plata. Ahora obviamente tenemos un pozo en común, pero yo nunca manejé mi plata. Antes me la manejaban y aprendí de esa escuela. Entonces después se la daba a una amiga para que me la guarde, porque no sabía cómo administrarme. Una locura. Pero todo lo que cobraba desde esa temporada de verano, lo dejaba en la casa.

— ¿Seba manejaba todo ahí?

— Sí. Y de ahí en adelante siempre fue así.

— Él es el que administra el dinero.

— Igualmente tengo mis tarjetas, puedo manejar mi plata, pero no es algo que me...

— No te preocupa el dinero.

— No, la verdad que no.

— ¿Sentís que nunca fuiste detrás de eso?

— No. De hecho, soy la más ahorrativa de la casa. Vamos de viaje y todos salen deseperados: “Vamos a comprar acá y allá”. Y yo busco precio. Si tiene una fallita, pero la puedo resolver, me la compro. No soy marquera. Para nada.

— ¿Y qué fue lo difícil de salir con un jugador de fútbol al principio? ¿Tuvo algo de diferente?

— Sí, porque ya el título gana. Al jugador de fútbol le están todas las minas alrededor. Y más cuando lo ven metiéndose con una piba del ambiente, llama más la atención porque le empezaron a hacer notas más en mi mundo, porque a él le hacían pero de deportes.

— Igual él ya había salido con una deportista, con Luciana Aymar.

— ¡¿Podés creer?! Estuvo en pareja, convivió, todo...

— Él había salido con Lucha y vos con La Tota. Él tuvo que aceptar mucho más de lo que vos, te digo.

— La gran diferencia de uno al otro (risas). Lo que pasó con Lucha fue que una semana antes de que nosotros nos casáramos, a ella le llegó la información de que nos íbamos a casar e intentó ubicarlo.

— No te creo que Lucha hizo eso.

— Sí, ahí tuve que comunicarme con ella.

— ¡¿Y qué dijo?! Porque es brava Lucha. Yo la conozco.

— La llamé y le dije de que si quería seguir jugando al hockey, que no se metiera... (risas). Sí, una locura. Pobre.

— ¡No podés amenazar a Lucha Aymar! Te llega a agarrar...

— Me da un palazo y me quiebra las piernas ella a mí. Pero bueno.

— ¿Y qué te dijo?

— No, nada. Imaginate como estaba yo. Capaz que quería hablar. No sé de qué, pero yo por las dudas (risas).

— Quizás se puso celosa y quería saber un poco. ¿O vos crees que quería volver?

— Y algo raro hubo, porque lo llamó al hermano de él para decirle de que quería hablar con antes de que se casara. Rarísimo. Pero bueno, igual buena onda ahora con Lucha. Pasaron 17 años. Ya se me pasó lo que te cuento.

— Ella se casó, tiene una familia.

— Sí, tiene unas hijas hermosas.

— Vive en Chile, además.

— Sí, por eso lo contamos.

— ¿Y Seba qué decía?

— “Pará, loca, dejá de romper” (risas). O ponía pretexto. “Capaz que quiso saber, felicitarme por el paso que voy a dar”. Él tiene un hermoso recuerdo con ella de la relación que tuvo y está todo bien. A mi hija lo único que le inculqué es que no juegue al hockey (risas).

— ¿Por ese episodio o por las dudas?

— Arrancó y todos decían: “El ejemplo del hockey”. Y yo decía: “¿Me estás cargando? ¿Justo el ejemplo tiene que ser la ex de tu papá?” (risas).

— Lucha además es la número uno del mundo ocho veces.

— Apenas (risas).

— Imaginate si venía tu hija y te decía: “Quiero ser como Lucha” (risas).

— Por eso te digo. Hockey no.

— Pero ahora son una familia consolidada, 17 años juntos, que no es fácil. Las parejas ahora tal vez no duran tanto tiempo. ¿Se pelean ustedes?

— Nuestras mayores peleas son por los chicos.

— ¿Y cómo es el día a día? Porque son compañeros de trabajo, socios, viajantes y convivientes. ¿Tienen un sistema? ¿Algo que les funcione?

— Es que también es como una luna de miel para nosotros, porque estamos ese fin de semana haciendo cosas solos. Igual ahora nos cagó de que Brisa, mi hija, es sonidista y hace la iluminación de la obra. ¡Y lo bien que lo hace! Yo me he equivocado una vuelta en el escenario y salí a hacer otro cuadro que requería de cambio de luces y audio. Y la piba me vio en la oscuridad y cambió todo el sistema. Yo ni me enteré. Me enteré en el final que me dijo: “¡Mamá lo cambiaste!. Iba esto primero”. Como son varios sketch, tiene varios episodios la obra.

— Ella se dio cuenta que arrancaste por otro y dijo: “Hay que iluminar de acá”.

— Sí y lo resolvió. “Qué bueno que puedas resolver”, le dije. Porque está sola con la consola, equipo, sonido y luces, tirando audios. Es bravo lo que hace. Pero como la obra tenía que ensayarse con un iluminador y un sonidista y no había forma de tener a una persona ahí, lo aprendió ella y lo está haciendo muy bien. Entonces, viaja en la gira con nosotros. Ahora sabemos que el fin de semana no es nuestro lugar en el mundo (risas). Pero normalmente nosotros no nos peleamos en el trabajo. Sí en los ensayos, porque en la previa él opiná una cosa, yo opino otra y a mí me toca un poco el ego: “¡Yo hace 20 años que hago esto, pibe!” (risas).

— Hablemos claro: la estrella soy yo, amigo. Vos sos un exjugador de fútbol.

— Claro, yo no te enseño cómo hacer jueguitos. ¡No me jodas! (risas). Empezamos con esas peleítas, pero eso es en el proceso. Después cuando ya estamos en el escenario y ahora que la estamos haciendo, la disfrutamos, nos reímos y la pasamos increíble.

— ¿Cómo se hace para tener relaciones? ¿Qué lugar se encuentra? Porque son los Campanelli.

— ¡Es un lío! No es lo mismo cuando tenías 20 años. Se nos juntan los chicos, el perro, mi papá que nos ayuda con los chicos, entonces está la casa llena. El perro antes se le daba por rascar la puerta y era un mambo, porque vos cerrabas para que los chicos no te escuchen, se habían quedado dormidos, y venía el perro y te rascaba la puerta o empezaba a ladrar (risas). Pero nos la ingeniamos. Nos gusta viajar solos una vez al año. En eso me da una gran ayuda mi papá y mi suegra, que se quedan cuando nos vamos. Eso nos sirve para encontrarnos como novios, como pareja, con nuestras cositas, fuera de lo que es trabajo y ser padres. Le vamos buscando la vuelta. Capaz que nos vamos a un hotel alojamiento, ¿entendés? De vez en cuando veníamos a ensayar y él me decía: “¿Paro acá?”, “Sí, pará”. Y nos íbamos al hotel (risas).

— ¿Hay técnicas para mantener viva la pasión? Porque no es lo mismo que al principio. No te digo tener una pareja abierta, pero ¿les gusta incorporar nuevas prácticas o son más tradicionales?

— Yo juego con la fantasía y le digo: “Me encantaría no morirme sin vivir la experiencia de estar con una mujer”. Y es de verdad, es algo que está ahí en la fantasía. “Y me encantaría estar con vos y con alguien, con una mujer”, le digo.

— ¡Es el sueño del pibe! ¿Y qué te dice Seba?

— Porque aparte tengo claro de que él nunca estaría con un flaco y conmigo. Cuando nos vamos solos de viaje, puede ser una oportunidad. Acá no lo haría ni en pedo porque soy celosa y no quiero que lo conozcan. Si puede no hablar el mismo idioma que nosotros, mejor. O sea, tengo varios requisitos. Entonces tendría que ser cuando viajamos. Y cuando viajamos me agarra el cagazo y lo llevo por otro lado y chau.

— ¿Pero él están para cumplirla? ¿La ves cercana a la fantasía?

— Y no sé. Él está, olvidate. Pero como que yo digo: “Bueno, en algún viaje, en una de esas”. Así que cuando me veas que pongo fotos en Instagram de cualquier país, ya vas a saber (risas).

— ¿Y vos sos celosa? ¿Sos de revisar el celular? ¿Si encontrás algo qué haces?

— Lo mato. De hecho, me separé en la misma casa sin hablarle. Una locura. Porque le mandó mensaje una mina y él le respondió. Le siguió la charla.

— ¡Pero no hizo nada! Solo respondió un mensaje.

— Desde que es así como repopular, porque es actor, ganó el reality y le hacen notas, le escriben las mujeres y los hombres también. Él tiene de todo. Un día manotié y vi. Yo no soy de manotear el celular....

— Pero lo decís así y parece que te tropezaste con su teléfono.

— De casualidad. Dije: “A ver”.

— Fernanda, le revisaste el teléfono. ¿Lo podés aceptar?

— Él tiene absolutamente todas mis claves y maneja todas mis cuentas.

— ¿Él también entonces es controlador?

— Él lo hace porque yo a veces no respondo y él responde por mí. Yo las tengo, pero nunca reviso. Y justo cuando agarro, veo una conversación y seguido el diálogo. De última, si te habla la mina y vos no le hablás, no puedo decir nada.

— ¿Pero qué decía?

— “Me encantás, me gustaría que nos encontremos, dejá a tu mujer un día y nos vemos”. Una cosa así. Él respondía “no, no”. No fue algo tan concreto lo que leí porque sino no estaría acá.

— Él le decía: “No puedo”, vos misma lo estás diciendo.

— Sí, pero le seguía la charla. ¿Viste cuando decís no puedo, pero quiero ver qué me decís?

— Y bueno. Es una fantasía.

— Si no podés, no podés y no respondés más. Vos sabés cómo es esto.

— Para mí hasta ahora es inocente.

— Un escándalo (risas). Le dijo: “No puedo, no puedo. Pero...”. Y no me acuerdo ahora (risas). Pero le preguntaba algo como para que le vuelvan a escribir. Entonces le dije: “¡Estás loco!”. Y se armó un quilombo total. Después volvimos a enderezarnos y ahora en el contrato dice: “No responder mensajes de mujeres” (risas).

— ¿Hay un nuevo contrato en la pareja a partir de esto?

— Todo el tiempo. Vamos cambiando. Todo el tiempo hay que adaptándolo.

— ¿Y él nunca te enganchó en nada?

— Nada, cero. Él maneja mis redes. De hecho, yo hice OnlyFans, DivasPlay y él me hacía las fotos. Vos decís eso y la gente piensa que es porno. Y no es así. Vos podés tener tu OnlyFans o tu DivasPlay....

— Y salir vestida en traje de baño.

— Exacto. Yo en vez de ponerme una tanguita en mis redes sociales, en Instagram, lo pongo ahí. Era un poco lo que hice toda mi vida en mi carrera con revista Hombre, las que estaban en la calle. De hecho, también me ha preguntado mi hija: “¿Qué onda vos con...?”, porque algún compañerito le dijo: “Tu mamá está en...”. Le dije: “Primero decile a tu compañerito que el padre lo consulte, porque cómo sabe” (risas). Y después le mostré las fotos para que vea de que era dentro de todo cuidado. Cuando subía una foto, te escribían los hombres y no era yo la que respondía. Lamento romperles el corazón ahora que no estoy más.

— ¿Te fuiste?

— Sí.

— ¿No te gustó?

— Perfilé para otro lado más familiar, que es lo que estamos haciendo en la obra de teatro. Esto te hablo hace años atrás.

— ¿Y hacer contenido juntos podría funcionar?

— No, no lo agarrás a él. Pero aparte el nivel para hacer contenido juntos tiene que ser algo más sensual que no estábamos dispuestos. Yo toda mi vida hice fotos para las revistas, que se vendían en la calle, en los diarios, estoy acostumbrada.

— Eso era lo normal.

— Claro, revista Hombre. Estaba Playboy también, pero yo no llegué a hacer. Yo dije: “A esta altura de mi vida, ponerme una tanga y que me halaguen en Instagram no me va, mejor poneme una tanga y que me paguen 15 dólares por usuario” (risas).

— Pero ahora viraste al público más familiar.

— Sí, de hecho nuestra obra va el público con sus niños y estamos en esa. Nos divierte porque nos pasa a nosotros también. Lo que hacemos en redes es lo que hacemos en la obra, son situaciones cotidianas que nos pasan. Son reales, absolutamente. Y tenés temas que son puntuales: sexo, dinero, el suegro, tenés todo y nos pasa a todos en cierta manera. Así que es muy divertido.

La letrada también sostuvo que la Fiscalía conoce la identidad del presunto responsable y exigió avances en la investigación. “Todos saben quién es el responsable, yo también lo sé, la Fiscalía también lo sabe y estamos trabajando”, aseguró Herrera en un video divulgado en sus redes sociales.

La abogada dirigió un mensaje al hombre al que señaló como posible implicado: “Usted, señor, no se va a burlar de la justicia, porque usted va a ser capturado por las autoridades”.

Las declaraciones se conocieron después de que trascendieran datos de la necropsia practicada a Baby Demoni. La joven murió el 15 de octubre de 2025, a los 24 años, un día después de su ingreso a un centro médico del suroccidente de Bogotá.

Wendy Herrera afirmó que Baby Demoni sufrió asfixia por compresión del cuello

Según la información divulgada sobre el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de muerte fue asfixia por compresión extrínseca del cuello. Ese hallazgo apunta a que una presión externa impidió la respiración de la creadora de contenido.

Herrera se refirió a ese resultado y sumó otros elementos que, según explicó, figuran en la valoración forense. “Hoy puedo decirles que las causas de su muerte fueron asfixia, compresión en la parte externa de su cuello. También tenía hematomas en la cabeza, en la parte posterior, y también tenía fracturas en sus uñas”, manifestó.

La abogada interpretó esas lesiones como posibles signos de resistencia de la víctima. “Ella, para salvaguardar su vida, se defendió para poder vivir porque estaba ahogándose”, dijo en el mismo video.

Los datos de la necropsia establecen las características médico-legales de la muerte, pero por sí solos no atribuyen responsabilidad penal a una persona concreta. La determinación de posibles responsables corresponde a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La defensa pidió que las autoridades profundicen la investigación

La representante de la familia aseguró que llevará el caso “hasta lo último” y pidió que las autoridades actúen frente a los elementos que, según indicó, existen dentro del expediente. También sostuvo que los vecinos podrían aportar información relevante sobre lo que ocurrió antes de la muerte de la influencer.

“Se va a hacer justicia porque los vecinos son los primeros testigos presenciales de este caso”, afirmó Herrera, sin detallar qué declaraciones habrían dado esas personas ni si ya fueron incorporadas formalmente al proceso judicial.

La muerte de Baby Demoni se investiga como un caso de muerte violenta. Sus allegados solicitaron que las pesquisas avancen con celeridad y que se examinen las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

La familia de la joven también reclamó respuestas tras conocerse la información atribuida a la necropsia. El padre de María Alejandra Esquín pidió a la Fiscalía que esclarezca el caso y sostuvo que no ha percibido avances suficientes en la investigación.

La expareja de la creadora de contenido aparece mencionada por los familiares

Los familiares de Baby Demoni pidieron que las autoridades indaguen a su expareja. De acuerdo con las versiones divulgadas tras el fallecimiento, el hombre habría salido de Colombia con destino a España.

La madre de María Alejandra había denunciado públicamente, después de la muerte de su hija, que ella habría sufrido maltrato físico y psicológico durante esa relación. En declaraciones que dio entonces a diferentes medio y podcast, señaló que la joven intentó separarse en algunas oportunidades, aunque después retomaba el vínculo.

El caso volvió a generar atención en octubre de 2026, al cumplirse un año de la muerte de la influencer. Baby Demoni era tatuadora, creadora de contenido y madre de una niña de siete años. En sus redes sociales compartía publicaciones sobre maquillaje, transformaciones de imagen, su vida familiar y reflexiones personales.

La abogada vinculó el caso con las denuncias de violencia contra las mujeres

En su intervención, Herrera extendió su mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia física, psicológica o económica. La abogada sostuvo que los insultos, los celos, el control sobre las amistades, la ropa o el trabajo pueden constituir señales de maltrato dentro de una relación.

“Eso es maltrato, señoras”, expresó, tras describir conductas de control y agresiones que, según dijo, muchas víctimas terminan normalizando. La letrada insistió en que buscará que el caso llegue a una definición judicial. Mientras tanto, la investigación deberá establecer qué ocurrió entre el 14 y el 15 de octubre de 2025, identificar al posible responsable y determinar si existieron antecedentes de violencia que ayuden a esclarecer la muerte de María Alejandra Esquín.

Candela Arizaga no se presentó este lunes a la nueva citación judicial en el marco de la causa contra Facundo Moyano. La joven solicitó reprogramar la entrevista y la Fiscalía fijó una nueva fecha para el próximo jueves 22 de octubre. Sin embargo, su abogado, Roberto Herrera, adelantó a Infobae que tampoco podrán asistir ese día.

“Hay que ver qué otra fecha ponen”, señaló el letrado.

La reprogramación también fue confirmada por fuentes del caso: “Candela estaba citada para ir a la fiscalía hoy, pero una pidió la reprogramación y se fijó una nueva fecha para esta semana”, indicaron.

La convocatoria, que también incluye una evaluación ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), fue dispuesta en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Florencia Nocerez, luego de que se difundieran imágenes de Arizaga junto al ex diputado en España, pese a que en la Argentina continúa vigente una prohibición judicial de acercamiento y contacto.

Antes de la fecha prevista para este lunes, la defensa de Arizaga había presentado un informe psicológico elaborado por su profesional tratante, con el que solicitó que se reconsiderara la necesidad de realizar una nueva entrevista.

Entre sus argumentos, Herrera sostuvo que la joven ya había declarado anteriormente y que tanto su versión de los hechos como su voluntad de mantener el vínculo con Moyano constaban en el expediente.

Inclusi, la propia Arizaga expresó su malestar en redes sociales. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia. No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”, dijo.

Pese a ese planteo, la convocatoria se mantuvo. Ahora, tras el pedido de reprogramación, resta definir cuándo podrá concretarse la entrevista.

La causa se inició el 4 de agosto, después de que Arizaga fue vista corriendo por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, tras salir del departamento del ex diputado. Tras el episodio, Moyano fue detenido y posteriormente excarcelado con medidas cautelares.

La investigación por presuntos hechos de violencia de género continúa abierta y el sindicalista también está imputado por desobediencia, a raíz de un supuesto encuentro con la joven en un hotel porteño mientras regía la prohibición de contacto.

Por el momento, las restricciones judiciales permanecen vigentes.

La investigación por el femicidio de Camila Belén Iglesias, la joven de 24 años que apareció muerta dentro de la heladera en su domicilio en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la Policía provincial concretara la detención de Pablo Ezequiel Gómez, la expareja de la víctima y principal sospechoso del crimen.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, Gómez, de 37 años, fue atrapado por personal de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en un domicilio del barrio San Nicolás, en la ciudad de Malagueño, ubicada a unos 25 kilómetros de la capital provincial.

Así, los investigadores pudieron determinar que Gómez escapó de la ciudad y recorrió 125 kilómetros por la Ruta Nacional 38 para llegar hasta la propiedad donde fue encontrado esta mañana.

El procedimiento se llevó a cabo luego de diversas tareas investigativas y de vigilancia que permitieron dar con el paradero del hombre, quien quedó detenido a disposición de la fiscalía de instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Ardiles.

El hecho

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés, el cuerpo de Camila fue encontrado el pasado viernes en una vivienda del barrio Los Altos, Cruz del Eje. Los restos hallados estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada.

La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba, donde se realizarán las pericias correspondientes. Hasta el momento se encuentra pendiente la determinación de la causa de muerte.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la hermana de Camila, quien declaró que mantuvo su último contacto con ella el 2 de octubre pasado. Según su relato, dos días después recibió mensajes de Gómez, quien le informó que había discutido con Camila y que la joven se había retirado del domicilio, aunque desde entonces se desconocía su paradero.

Durante las averiguaciones, surgieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia dentro de la pareja. A partir de este dato, junto con el hallazgo de los restos en la heladera, la Fiscalía orientó la investigación hacia la hipótesis de un probable femicidio.

Familiares de Gómez manifestaron a los investigadores que el sospechoso les había expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida, indicó el MPF provincial.

Durante el procedimiento en el que hallaron los restos, los investigadores secuestraron diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos figuran prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular que se encontraba destruido.

Tras el macabro hallazgo, las autoridades también habrían hallado una carta escrita por la pareja de la joven, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de darse a la fuga.

El mensaje que levantó sospechas

Romina, la hermana de Camila, reveló al medio El Doce una un mensaje que recibió de parte de Gómez, en el que le decía que había tenido una discusión con la joven y que luego se había ido. Según le dijo, él no sabía nada de su paradero.

“El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a donde, le escribo y no me responde”, arrancó el texto vía Facebook y siguió: “Por favor, si hablas con ella ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá?”.

“Hola Romina como estás? Disculpá que te moleste a esta hora, el lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor si hablas con ella le podés decir que me conteste o que vuelva acá. Si me dice dónde está la voy a buscar. Gracias, cualquier cosa avisame”, reza el mensaje completo que recibió Romina.

Tras las respuestas de la mujer donde comentaba que no podía contactar a Camila, Gómez escribió: “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”.

Pasaron los días y Camila seguía sin aparecer.

Dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes por causas de abuso sexual fueron detenidos por personal de la Policía de la Ciudad durante una serie de procedimientos realizados días atrás en los barrios porteños de Flores y Balvanera. Uno de los detenidos, de 23 años, registraba 41 antecedentes entre 2022 y 2026.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el primer operativo ocurrió el pasado martes 6 de octubre en Cayetano Rodríguez al 300, a tan solo dos cuadras de la avenida Rivadavia. Allí, personal de la Comisaría Vecinal 7 C que hacía una recorrida por la zona intervino al observar que una pareja mantenía una fuerte discusión en la vía pública.

En ese contexto, los agentes corroboraron que el hombre, identificado como Alejandro Samuel Quiroz, de 38 años, tenía una orden de captura vigente por un caso de abuso sexual ocurrido el pasado 8 de julio, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4.

Según los registros oficiales, Quiroz acumulaba 12 causas entre 2018 y 2026 por hechos vinculados con violencia de género, violencia familiar, hostigamiento, portación ilegal de armas, lesiones, amenazas y abuso sexual simple. También tenía una prohibición de acercamiento vigente desde 2022.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo del juez Ignacio Fabián Iriarte, ordenó la detención del sospechoso y su posterior traslado a una dependencia policial.

Cayó otro presunto abusador en Balvanera

Unas horas después de la captura de Quiroz, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad atraparon a otro prófugo de la Justicia en Esparza al 100, Balvanera.

De acuerdo a la información oficial, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A realizaban una recorrida preventiva cuando observaron a un joven de 23 años que, de forma sospechosa, cambió el sentido de circulación y evidenció nerviosismo ante la presencia de los agentes.

Tras identificarlo, los uniformados comprobaron que Lautaro Lionel Cruz, quien al momento de su detención se encontraba en situación de calle, también era buscado en el marco de una causa por abuso sexual que tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, actualmente a cargo del prosecretario Francisco Alioto.

Los oficiales identificaron a Cruz y comprobaron que sobre él caía una orden de captura vigente por abuso sexual. Además, contaba con un prontuario de 41 antecedentes de 2022 a 2026 por comercialización de drogas, ensuciar bienes, portación ilegal de armas, lesiones, robos y tentativas de robos, entre otros delitos.

Además, había sido procesado con prisión preventiva en 2023 en una causa por robo. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 8, a cargo de Francisco Alioto, dispuso su detención y traslado.

Por orden del magistrado interventor, Cruz quedó detenido y fue trasladado a la comisaría.

La familia de Gabriela Martínez, la mujer de 39 años que fue asesinada en el barrio Hipódromo de La Plata, inició gestiones judiciales para recuperar a su hijo de un año y medio, quien permanece en Jujuy al cuidado de una tía paterna. El pequeño había sido llevado a esa provincia por su padre, José Martín Burgos, quien continúa detenido por el femicidio.

A casi una semana del crimen que sacudió a la capital bonaerense, las hermanas de la víctima reclamaron que el menor sea regresado desde el norte del país. Según contaron, ya recurrieron a abogados para avanzar con las medidas necesarias y pedir que quede bajo su cuidado.

“Necesitamos que mi sobrino vuelva a La Plata, donde él se crió prácticamente”, afirmó Joana Martínez, hermana de Gabriela, en declaraciones al programa Hechos y Derecho, de FM Keops. Actualmente, el pequeño estaría bajo el cuidado de la hermana de Burgos.

Según la información obtenida por el medio platense 0221, las hermanas de Martínez no tenían vínculo previo con los familiares paternos, por lo que conocieron el estado de salud del pequeño a través de la Policía. En esa oportunidad, el menor fue revisado y se encontraba en buenas condiciones.

No obstante, la familia materna busca que vuelva a la ciudad para permanecer cerca de las personas con las que convivió durante buena parte de su corta vida. A pesar de esto, advirtieron que la mujer no estaría dispuesta a entregar al menor.

Por otro lado, las hermanas de la víctima contaron que había sido madre por primera vez. Además, señalaron que mantenía una relación muy cercana con su hijo, quien celebró su primer cumpleaños en La Plata.

A pesar de esto, describieron que la relación entre Martínez y Burgos duró alrededor de 15 años, pero estuvo atravesada por celos, manipulación y aislamiento. “Él no la dejaba venir a la casa de mi vieja”, recordó una de ellas al referirse a las dificultades que tenía Gabriela para mantener contacto con su entorno.

En línea con esto, contaron que la pareja había residido antes en Tierra del Fuego y se había instalado unos tres meses atrás en la vivienda de barrio Hipódromo, donde fue hallado el cuerpo de la mujer. El hallazgo se produjo el jueves pasado, luego de que Burgos confesara el crimen ante la Policía de forma espontanea.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el principal acusado del femicidio ocurrió el lunes 12 de octubre. Después de que se concretara el asesinato, el hombre contó que salió de la vivienda junto al hijo de ambos y viajó a Jujuy.

Allí dejó al nene bajo el cuidado de una familiar y, más tarde, emprendió el regreso a La Plata. Fue así que, recién tres días después del hecho, se presentó en la Comisaría Segunda y reconoció haber matado a Martínez.

A partir de esa declaración, los efectivos fueron hasta la casa de 39 entre 121 y 122, donde encontraron el cuerpo. Según los indicios, la víctima tenía signos compatibles con una asfixia. No obstante, no se dieron mayores detalles para preservar la investigación.

Desde ese momento, la causa está a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata. Por su parte, Burgos quedó detenido luego de presentarse ante la Policía y reconocer el hecho. Este sábado fue citado a declarar, pero el acusado se negó a responder las preguntas de la fiscal.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, las pericias en la vivienda y el análisis de los testimonios que ya fueron incorporados al expediente. Esas medidas deberán establecer las circunstancias de la muerte y precisar la fecha en la que ocurrió el femicidio.

“¡Feliz cumple Male! Por todos los años juntos y los que se vendrán. ¡Qué seas muy feliz! ¡Mucho sexo! De: Miguel”. La dedicatoria, que hace tiempo forma parte de una causa penal, fue enviada por el fiscal federal de San Martín Miguel Ángel Blanco García Ordás a María Aurelia, su entonces secretaria. En 2017, ella lo denunció por presunto abuso sexual.

El expediente atraviesa un largo camino judicial desde entonces. Ya acumula dos sobreseimientos, una anulación de Casación y un procesamiento que luego fue revocado. Ahora, el expediente volvió a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir sobre la validez del segundo sobreseimiento.

María Aurelia ingresó al Ministerio Público Fiscal en 1997 y llegó a ser jefa de despacho de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. García Ordás era el titular de la dependencia y ella trabajaba bajo su autoridad. Según su denuncia, las conductas que atribuye al fiscal se extendieron desde su ingreso hasta su traslado, dispuesto durante un sumario administrativo.

Según supo Infobae, el sumario administrativo se abrió después de que una compañera denunciara a María Aurelia por un supuesto rayón en su auto. En el descargo presentado en ese trámite, la empleada relató por primera vez los hechos que atribuía a García Ordás y vinculó aquella acusación con el hostigamiento y el ascenso que, según sostuvo, le había sido negado.

Dijo que, durante una serie de promociones, no fue considerada para el cargo de secretaria pese a que entendía que le correspondía. Al reclamarlo, afirmó que García Ordás le respondió que ella “sabía qué tenía que hacer” para que la ascendiera. Para la querella, la frase tuvo una connotación sexual. La defensa sostuvo que se refería al desempeño laboral que la empleada debía acreditar.

Los dos hechos por los que García Ordás fue procesado

La denuncia reunió numerosos episodios, pero el procesamiento de 2024 se concentró en dos hechos. El primero habría ocurrido en la antigua sede de la Fiscalía. María Aurelia denunció que García Ordás la tomó de los hombros y la arrinconó contra un mueble mientras le decía: “qué linda que sos”.

El segundo corresponde a supuestos rozamientos en el sector de cocina. Según su declaración, el fiscal pasaba detrás de ella y la rozaba con su zona genital.

La querella sostuvo que esos hechos debían ser analizados junto con el resto de las situaciones denunciadas: comentarios sobre su cuerpo, su vestimenta y su ropa interior; tarjetas de cumpleaños; convocatorias al despacho; y la relación jerárquica entre ambos. Además de la tarjeta con la frase “mucho sexo”, el expediente incluye otra dedicatoria que atribuía a María Aurelia “las virtudes de una gata”.

La denunciante también relató que García Ordás le mostró material pornográfico que había traído de un viaje y preservativos que guardaba en el baño de su despacho. Según su presentación, le dijo que se habían vencido porque ella no había querido usarlos con él. En otra ocasión, afirmó, la convocó para leer un artículo sobre los “beneficios del semen”.

Los testimonios y el primer sobreseimiento

La causa incorporó declaraciones de personas a quienes María Aurelia habría contado algunos episodios antes de iniciar la investigación. Su madre y su hermana dijeron que conocían relatos sobre contactos físicos y rozamientos desde antes de su casamiento, en 2002.

Un testigo declaró que tomó conocimiento de una situación en la que García Ordás habría agarrado a María Aurelia y ella habría terminado sobre un sillón. Otra persona afirmó haber visto al fiscal acercarse por detrás a su escritorio y colocarle las manos sobre los hombros.

El juez de primera instancia sobreseyó a García Ordás en julio de 2020, y la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó ese fallo en noviembre de ese año. La querella, sin embargo, recurrió ante Casación.

El 25 de agosto de 2022, Casación anuló la decisión inicial. El tribunal entendió que la prueba no había sido examinada de manera integral ni con las pautas aplicables a casos de violencia de género.

Casación también cuestionó el argumento según el cual resultaba improbable que los roces se produjeran en un ámbito laboral compartido sin que otras personas los advirtieran. Señaló que esas conductas pueden ocurrir de forma breve y procurando evitar la mirada de terceros, incluso en espacios públicos o concurridos.

La nueva investigación

Después de la anulación, la causa volvió a las instancias inferiores y se amplió la prueba: declararon nuevos testigos, varios a pedido de la defensa, y García Ordás fue citado a indagatoria.

El 2 de septiembre de 2024, el juez federal lo procesó por abuso sexual en relación con los dos episodios físicos denunciados y fijó un embargo de $ 1.500.000. La resolución sostuvo que la eventual finalidad sexual de los contactos no podía determinarse de forma aislada, sino en relación con el conjunto de los hechos relatados.

La defensa apeló. El 26 de diciembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dispuso un segundo sobreseimiento. Consideró que, aunque los roces eran materialmente posibles, resultaba difícil que una conducta reiterada de ese tipo pasara inadvertida en el lugar de trabajo.

El expediente volvió a Casación

La querella recurrió por segunda vez. Cuestiona que la Cámara haya vuelto a utilizar un razonamiento que Casación ya había objetado en 2022 y que no explicara por qué la prueba producida después de aquella anulación justificaba llegar de nuevo a un sobreseimiento.

También plantea que la resolución fragmentó el análisis de las tarjetas, los comentarios, las convocatorias, los contactos físicos y el conflicto por el ascenso, en lugar de examinarlos dentro de la relación laboral denunciada.

La causa se encuentra ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si confirma el segundo sobreseimiento o si ordena una nueva revisión del expediente.

Cinco menores de edad figuran entre las víctimas de feminicidios registrados durante 2026 en Cuba por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT).

Sus nombres abren una lista de 57 mujeres y niñas documentadas entre enero y octubre. Gabriela tenía siete años; Camila A. 12; Katherine, 14; Merlin y Camila tenían 17.

Gabriela fue asesinada el 21 de marzo. Algunas fuentes ubicaron el hecho en el Reparto Guiteras, en La Habana del Este, y otras en Guanabacoa. El agresor señalado fue un vecino.

Camila A. murió el 22 de abril en Pedroso, Batabanó, Mayabeque, junto a su madre, Rosalí Peña Hernández. La pareja de la mujer fue identificada como agresor de ambas.

Katherine murió el 14 de marzo en el barrio La Caldosa, en El Cornito, Las Tunas. El ataque fue atribuido a su expadrastro.

Merlin falleció a comienzos de julio en un hospital, después de permanecer internada por un ataque ocurrido en Yerba de Guinea, Songo La Maya, Santiago de Cuba. El registro atribuyó la agresión a su padrastro.

Camila fue asesinada el 21 de junio en la vivienda de su pareja, en La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana.

La lista reúne a víctimas de entre siete y 81 años

El OGAT realiza el monitoreo desde 2019 mediante una red de observadoras dentro de la isla, fuentes comunitarias, medios de prensa y alianzas con plataformas independientes de mujeres.

El registro reúne asesinatos, desapariciones y agresiones que, según la organización, permanecen sin respuesta institucional. En numerosos casos, los agresores señalados eran parejas o exparejas de las víctimas.

La mujer de mayor edad incluida en el listado fue Lenia Valdés Amador, de 81 años. La atacaron el 23 de agosto en su casa de Güines, Mayabeque, y murió después en el hospital, donde fue operada.

En esa agresión también murió su hija, Yanelkys Alonso Valdés, de 55 años. El hecho fue atribuido a la expareja de Yanelkys.

Olimpia Pérez tenía 79 años cuando fue asesinada el 2 de marzo en su vivienda de Mendoza, Tapaste, Mayabeque. El observatorio indicó que el agresor no había sido identificado.

Los últimos nombres del registro corresponden a Matanzas, Camagüey y Artemisa

Nilda Díaz Santana, de 58 años, murió el 2 de octubre en su vivienda del barrio rural Merceditas, en Cárdenas, Matanzas. La expareja de su hija fue señalada como agresor.

Durante septiembre fueron registradas Rachel García González, de 27 años, asesinada en su hogar del barrio La Iglesia, en Los Ángeles, Vertientes, Camagüey; Didianny Barreto Palmero, de 34 años, hallada en un descampado de Ceballos, Ciego de Ávila; e Idania Castillo Sacre, de 58 años, asesinada en Taco Taco, San Cristóbal, Artemisa.

El registro atribuyó los tres casos a exparejas. También incluyó a Yusinay Capetillo Martínez, conocida como Yusy, de 41 años.

Yusy fue atacada durante un apagón en su vivienda del barrio Santos Suárez, en Diez de Octubre, La Habana. El observatorio señaló a su exyerno como agresor.

Yadelaine Roque Torres, llamada Yade, tenía 25 años cuando murió en Sabana, La Caoba, cerca de El Cobre, Santiago de Cuba. Su expareja fue señalada como responsable.

En agosto, Bertha Veitia López, de 64 años, fue asesinada en Nuevitas, Camagüey, por un conocido. Noemí Pérez López, de 38 años, murió en la comunidad rural Paso Pata, en Jesús Menéndez, Las Tunas, en un crimen atribuido a su expareja.

En julio se acumularon casos de mujeres atacadas en sus casas o cerca de ellas

Adis Glennis Rodríguez Mulet, conocida como Adita, tenía 34 años. Murió en un hospital de Bayamo, Granma, tras una agresión atribuida a su pareja.

Juana María Baños González, llamada La China, de 57 años, fue asesinada en Paso Real de San Diego, Pinar del Río. El agresor identificado fue su expareja.

Kirenia López Mendoza, de 43 años, murió en su vivienda del barrio Pueblo Nuevo, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. El OGAT indicó que varios hombres pudieron haber participado en el crimen, entre ellos su pareja.

Frente a su casa del barrio La Fabela, en Las Tunas, fue asesinada Yeni María Peñas Leyva, de 23 años. El registro atribuyó el ataque a su expareja.

Yesneidy López Hernández, de 39 años, fue atacada en la vía pública de Güines, Mayabeque. El agresor señalado también fue su expareja.

Yunierkis Gómez Lozano, conocida como Yunita, de 43 años, fue asesinada en Cumanayagua, Cienfuegos, por su pareja, quien luego se suicidó.

Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, murió tras ser atacada en la vivienda que compartía con su pareja, en el Reparto Modelo de Camagüey.

Dayana Borges tenía 26 años. Fue asesinada en Centro Habana, en la casa que compartía con su pareja.

Junio dejó víctimas en La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba

Zarahelga Pardo López, conocida como Sarita, de 29 años, murió en el Reparto Carlos Roloff de Sancti Spíritus. Su expareja fue señalada como responsable.

Lidianni Luis González fue asesinada cerca de La Trinchera. Maribel Pérez Linares, de 33 años, murió en el batey La Lima, Nueva Paz, Mayabeque. Ambos hechos fueron atribuidos a exparejas.

Rosaidis Donatien, conocida como Rosy, de 23 años, murió en su hogar del reparto Nito Ortega, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Su pareja fue identificada como agresor.

Arnelys Nancy Vega González, llamada Tita, de 25 años, fue asesinada en su casa del barrio Colón, en Centro Habana. El registro señaló a su pareja como agresor.

Yohanka Acosta Rodríguez fue encontrada sin vida en un parque de la esquina de 23 y Paseo, en Plaza de la Revolución, La Habana. Su expareja fue señalada como responsable.

En Camagüey, Lisney Cárdenas Bruzón, de 26 años, murió en la comunidad rural La Tomatera, municipio Florida. El crimen fue atribuido a su expareja.

Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años, fue asesinada durante un apagón en su vivienda de Camagüey. Estefany García, conocida como Tita, de 29 años, murió ese día en San Miguel del Padrón, La Habana. Los dos hechos fueron atribuidos a exparejas.

Algunas víctimas habían desaparecido antes de ser encontradas sin vida

Yanet Sánchez Espino, de 48 años, fue encontrada sin vida en la playa de Guanabo, La Habana del Este. El agresor identificado fue un conocido.

Yarenia García Mariné, de 36 años, desapareció antes de ser hallada sin vida en Palancón, Las Tunas. El registro señaló a un conocido como agresor.

Daisi María Isaac Brito, de 56 años, desapareció en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, y fue encontrada sin vida al día siguiente. El agresor señalado fue un vecino.

Osleidys Bonaga Corella, de 41 años, murió en Floro Pérez, Gibara, Holguín, por una agresión atribuida a su expareja. En el mismo municipio, Yadira González Gámez, de 41 años, fue asesinada en el barrio rural Cañada de Melones por un conocido.

Kirenia Casi Ávila, de 32 años y madre de un bebé de cinco meses, murió en la vía pública del barrio Párraga, en Arroyo Naranjo. El ataque fue atribuido a su expareja.

Yurelis Puente Naranjo, de 44 años, fue asesinada en su hogar de Juraguá, Abreus, Cienfuegos. Gloria Almanza Céspedes, de 52 años, murió en su vivienda del barrio Los Mangos, en San Miguel del Padrón. Las exparejas de ambas fueron identificadas como agresores.

La lista también incluye a madres, hijas y mujeres asesinadas por familiares

Mariolis López Silio, de 37 años, fue asesinada en Güines, Mayabeque. Yunia Lisset Bizet Sánchez, de 52 años, murió en la vía pública del reparto Rosa La Bayamesa, en Bayamo, Granma. Los casos fueron atribuidos a exparejas.

Marina Pino Martínez, conocida como Marian, de 23 años, fue asesinada en su casa de San Bernardo, Jagüey Grande, Matanzas. El agresor señalado fue su expareja.

Yarisleidis Saavedra Hernández, de 26 años, murió en su vivienda de Las Maravillas, San Juan y Martínez, Pinar del Río. El ataque fue atribuido a su padre.

Maylén Fernández Soriano, también de 26 años, fue asesinada en su hogar de San Juan, Jesús Menéndez, Las Tunas. El registro identificó a su pareja como agresor.

Maribel Batista Rodríguez, de 54 años, murió en el barrio Moscú de Manzanillo, Granma, tras un ataque atribuido a su expareja. Santa Durán Hurtado, de 62 años, murió en Cruces, Cienfuegos, en un crimen atribuido a su nieto.

Ana Yancy Guillot fue atacada en la vía pública de Pinar del Río por su pareja. Yaimée Carrazana Herrera, de 32 años, murió tras una agresión en la vía pública de Santa Clara, Villa Clara, atribuida a su expareja.

Los primeros casos del año quedaron registrados en seis provincias

Yaneisi Quiala Miranda, de 38 años, fue asesinada en Santa Catalina, Manuel Tames, Guantánamo. El crimen fue atribuido a su pareja.

Yaniuska Barrero Machado, de 38 años, se dirigía a trabajar cuando fue atacada en Alto del Moro, Las Mercedes, Bartolomé Masó, Granma. Su pareja fue identificada como agresor.

Mileidis Dueñas Pérez, conocida como La Jimagua, de 46 años, murió en el barrio Obeso de San Juan y Martínez, Pinar del Río. El caso fue atribuido a su expareja.

Claudia Surely Varela Toledano, de 26 años, fue asesinada en la casa de un familiar del reparto Sánchez Soto, Camagüey. El observatorio señaló a su expareja como agresor.

Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez, conocida como Gulli, de 38 años, murió en su hogar de Gua, Cienaguilla, Granma. La agresión fue atribuida a su expareja.

Magaly Aragón Aragón, de 59 años, trabajaba en el campamento penitenciario Las Mulas, en Jatibonico, Sancti Spíritus. Murió en un cañaveral y el agresor señalado fue un conocido.

Un hombre de 48 años quedó detenido ayer en La Plata luego de que se presentara en una comisaría y confesara que había matado a su pareja. Tras su declaración, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en una vivienda del barrio Hipódromo de la ciudad.

El acusado fue identificado como José Martín Burgos, quien se presentó durante la tarde de este jueves en la Comisaría Segunda. Allí manifestó que había ahorcado a Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, el lunes pasado.

Según su relato, después del ataque salió de la casa junto al hijo de ambos, de un año de edad, y viajó a la provincia de Jujuy, donde dejó al niño al cuidado de familiares. Luego, pasado el mediodía del miércoles se subió a un micro en San Salvador de Jujuy con destino a Retiro, regresó a La Plata y decidió entregarse.

A partir de la escalofriante declaración de Burgos, efectivos policiales se dirigieron a la propiedad donde convivía con la víctima, situada en 39 entre 121 y 122. El cuerpo de la mujer estaba dentro del domicilio y presentaba signos de asfixia.

Fuentes policiales indicaron que el hombre quedó bajo arresto por orden de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº17 de La Plata.

La fiscal se presentó en el lugar junto con personal de Policía Científica, que realizó las pericias en la vivienda. Si bien el acusado sostuvo que el crimen ocurrió el lunes, la autopsia deberá determinar cuándo ocurrió el hecho, además de establecer la causa concreta de la muerte.

Burgos tiene domicilio principal registrado en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y antecedentes laborales en los rubros industrial, de servicios eventuales y de alquiler de maquinaria y equipos.

Hasta el momento no trascendió cuál fue la localidad de Jujuy a la que viajó ni la situación actual del hijo de la pareja.

Las autoridades sí informaron que la Comisaría de la Mujer y la Familia notificó a familiares de Martínez y les brindó asistencia inicial. Otro dato que se supo es que en los registros policiales no constaban intervenciones previas vinculadas a la pareja.

Una joven de 19 años denunció que su pareja intentó golpearla dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio 9 de Julio de La Banda, en Santiago del Estero. El episodio ocurrió durante los primeros minutos del jueves y motivó un procedimiento policial que derivó en la detención del acusado de 21 años.

Tras recibir una alerta por un hecho de violencia, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 47 se dirigió al domicilio con apoyo de agentes de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la joven, quien relató lo sucedido. Según la información difundida por Diario Panorama, la joven explicó que su pareja había intentado golpearla dentro de la casa que ambos compartían.

Aunque el joven habría intentado alejarse del inmueble cuando advirtió la presencia policial, los agentes lo interceptaron a pocos metros y verificaron su identidad. Descubrieron que sobre él pesaba una orden de detención vigente, dictada en una causa anterior por lesiones en un contexto de violencia de género.

Ese hallazgo modificó la situación del joven durante el procedimiento. Más allá de las actuaciones que se iniciaron por la denuncia de la mujer de 19 años, la Policía debía hacer efectiva una medida judicial que ya se encontraba vigente.

El procedimiento quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de turno. El acusado fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia para cumplir con la medida judicial que ya estaba dispuesta, mientras se incorporaban las actuaciones vinculadas con el episodio denunciado por su pareja.

La remisión de las actuaciones permitirá que la Fiscalía que investiga el antecedente conozca las circunstancias de la nueva intervención. A su vez, la Fiscalía de turno deberá avanzar con las medidas relacionadas con el presunto intento de agresión denunciado en el barrio 9 de Julio.

No se difundieron detalles sobre posibles lesiones ni sobre otros elementos que hubieran sido secuestrados en el domicilio. El joven quedó detenido mientras continúan las diligencias.

En agosto, un joven de 27 años fue detenido en la ciudad de Añatuya, también en Santiago del Estero, luego de que su expareja denunciara que incumplió una prohibición de acercamiento y la agredió en la vivienda que ambos habían compartido. La mujer, de 31 años, tiene una hija de siete meses con el acusado.

La Justicia había dispuesto horas antes la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra el hombre, a raíz de un incidente registrado durante la tarde del domingo. Sin embargo, según la denuncia, durante la madrugada del lunes regresó al domicilio situado en el barrio Tradición.

De acuerdo con la presentación, el acusado intentó ingresar por la parte trasera de la casa. Al no poder acceder, se dirigió hasta una ventana y exigió que le devolvieran sus pertenencias. La mujer intentó cerrar la abertura para evitar el contacto, pero sostuvo que el hombre la sujetó del cuello, la insultó y la amenazó.

Tras un llamado de alerta, intervino personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N.º 4, que redujo al sospechoso y lo trasladó a la dependencia policial. La fiscal de turno de la Circunscripción Judicial Añatuya dispuso su aprehensión por el presunto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.

Además, la fiscal ordenó que la denunciante fuera examinada por personal médico y dispuso medidas de resguardo. Entre ellas, se incluyó la entrega de un botón antipánico para la mujer. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho denunciado y el alcance del incumplimiento de la medida judicial previa.

Una jueza de Caviahue, provincia de Neuquén, declaró culpable a un hombre por amenazas simples contra su pareja, luego de considerar que una frase pronunciada durante una discusión tenía capacidad concreta para intimidar a la víctima. Además, el acusado ya contaba con una condena previa por homicidio.

El hecho ocurrió a principios de noviembre de 2025 en la vivienda que ambos compartían. En medio de una discusión, el acusado le dijo a la mujer: “Te tengo entre ceja y ceja. Como lo saqué con los pies para adelante al otro, lo voy a hacer con vos”.

A partir de esto, la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez plantearon que las palabras debían evaluarse dentro del vínculo de pareja y de un contexto en el que la mujer había atravesado episodios de control y violencia.

Según la información obtenida por LMNeuquén, también señalaron que el acusado había recibido una condena previa por homicidio, pena que ya había cumplido. Además, indicaron que la víctima conocía ese antecedente, por lo que ese dato permitía comprender el temor que le provocó la expresión.

Fue así que el hombre, identificado como L.F.B., llegó a debate acusado de amenazar a su pareja. Durante el juicio, su defensa solicitó la absolución y sostuvo que la denuncia se originó en una disputa económica, centrada principalmente en un vehículo que ambos compartían.

De la misma manera, los representantes del imputado cuestionaron la existencia de elementos suficientes para acreditar el delito. Entre sus argumentos, remarcaron que no hubo testigos de la conversación ni lesiones físicas constatadas.

A pesar de esto, la jueza Bibiana Ojeda rechazó la interpretación de la defensa. Después de valorar las pruebas, concluyó que la frase no podía ser tomada como un exabrupto aislado en una discusión por dinero.

Así, la magistrada consideró el relato de la denunciante y los testimonios de profesionales que describieron el temor que experimentó después de la amenaza. Con esos elementos, declaró a L.F.B. penalmente responsable de amenazas simples, en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 149 bis y 45 del Código Penal.

No obstante, la sentencia escrita se dará a conocer dentro del plazo legal. Asimismo, indicaron que la identidad completa del condenado y otros datos que podrían exponer a la víctima permanecerán bajo reserva.

Balearon a un hombre en Plottier y lo amenazaron de muerte

A mediados de agosto, un hombre de 57 años denunció haber sido atacado a golpes y baleado en una zona de chacras de la localidad neuquina de Plottier. Antes de escapar, los agresores encapuchados le advirtieron: “La próxima vez va a ser en la cabeza”.

El hecho ocurrió el martes 18 de agosto, cerca de las 20 horas, en inmediaciones de la Ruta 22 y la Autovía Norte. La víctima caminaba por un campo que identificó como de su propiedad cuando fue interceptada por dos personas.

Según relató el hombre ante la Policía, los atacantes lo golpearon y, durante un forcejeo, uno de ellos efectuó un disparo que le provocó una herida en una pierna. A pesar de la lesión, logró mantenerse consciente.

Mientras aguardaba la asistencia médica, el herido utilizó parte de su ropa para improvisar un torniquete y contener el sangrado. Incluso, un vecino colaboró con los primeros auxilios y dio aviso a las autoridades.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre con la lesión de arma de fuego. Más tarde fue asistido por personal médico y quedó fuera de peligro, sin necesidad de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Desde ese momento, los investigadores buscan establecer el móvil de la agresión. Sin embargo, no surgieron elementos que permitan sostener que se trató de un intento de robo, ya que el hombre no denunció que le hubieran sustraído pertenencias.

Además, la investigación enfrenta dificultades iniciales por la falta de cámaras de seguridad, testigos directos y precisiones sobre cómo se movilizaban los sospechosos. La víctima, oriunda de Allen, no pudo determinar si los agresores llegaron caminando o en un vehículo.

Una de las hipótesis apuntaba a un posible conflicto previo por las tierras donde ocurrió el hecho. La amenaza que escuchó la víctima después del disparo también forma parte de las líneas de análisis de la causa.

Una declaración de Pimpinela Escarlata supuestamente contra Manelyk González desató una nueva polémica en La Granja VIP 2026.

La luchadora profesional aseguró que, si su eliminación fuera inevitable, estaría dispuesta a utilizar un cuchillo para desfigurar el rostro de un granjero, comentario que provocó indignación entre espectadores del reality de TV Azteca.

La amenaza ocurrió durante una conversación con Niurka Marcos y Natalia Alcocer, previo a una asamblea que estuvo marcada por enfrentamientos entre los participantes.

El fragmento comenzó a circular en X, donde usuarios exigieron la expulsión inmediata de Pimpinela por considerar que sus palabras representan una amenaza contra la integridad de Manelyk.

¿Pimpinela Escarlata lanza amenaza contra Manelyk?

La rivalidad entre Pimpinela Escarlata y Manelyk González alcanzó uno de sus momentos más delicados durante la noche del miércoles 14 de octubre.

Mientras conversaba con Niurka y Natalia Alcocer, la luchadora habló sobre las reglas de convivencia y planteó qué haría si estuviera a punto de abandonar la competencia.

“Si sé que me van a eliminar de este programa que valga la pena, un pinche cuchillo y le marco toda la cara para su resta de su vida (sic)”, expresó Pimpinela, según la grabación difundida en redes sociales.

La declaración hizo referencia directa a una posible agresión física contra Manelyk y generó cuestionamientos sobre la seguridad de los participantes.

Niurka rechazó la posibilidad de recurrir a la violencia, mientras que Natalia reaccionó inicialmente con una risa ante las palabras de su compañera.

Reacciones en redes sociales: piden expulsión inmediata

La difusión del video provocó críticas contra Pimpinela Escarlata, principalmente entre espectadores que consideran que sus declaraciones excedieron los límites de una rivalidad televisiva.

En X, usuarios solicitaron a la producción aplicar una sanción y retirar a la luchadora del programa.

Otros calificaron las expresiones como violentas y misóginas, además de cuestionar la reacción de las participantes que presenciaron la conversación.

Algunos espectadores incluso propusieron etiquetar a los patrocinadores de La Granja VIP para exigir una postura de los responsables del reality.

Las publicaciones también abrieron un debate sobre los protocolos de seguridad y las consecuencias que deberían enfrentar los concursantes cuando realizan amenazas contra otros habitantes.

Flor Rubio, conductora y panelista del reality, compartió un video extendido de la conversación para probar que Pimpinela nunca mencionó directamente a Manelyk. Aunque reconoció que las expresiones eran violentas y debían ser evaluadas por la producción, destacó que la luchadora enfrentaba una campaña de cancelación alentada por fans de otros granjeros.

¿Quiénes son los nominados en La Granja VIP?

La sexta semana de La Granja VIP 2026 dejó cuatro participantes en riesgo de eliminación durante la Asamblea del miércoles 14 de octubre.

Los nominados son:

• Kevyn “Bicolor” Contreras
• Azalia Ojeda
• Mario “Mono” Osuna
• Julio Camejo

Kevyn llegó a la placa mediante el poder del legado que ejerció Pascal Nadaud tras convertirse en el quinto eliminado del programa.

La Asamblea completó la lista de participantes que podrían abandonar la competencia durante la gala del domingo 18 de octubre.

Sin embargo, las dinámicas de salvación y traición todavía pueden modificar las nominaciones.

Pimpinela Escarlata no figura entre los cuatro nominados, por lo que su posible salida dependería de una decisión disciplinaria de la producción.

La amenaza contra Manelyk trasladó una rivalidad del reality a una controversia sobre violencia y seguridad.

Mientras los espectadores exigen su expulsión, Pimpinela Escarlata continúa en competencia y TV Azteca no ha anunciado medidas disciplinarias relacionadas con el video que circula en redes sociales.

“Obligó a su esposa a beber un líquido que contenía sustancias tóxicas, amenazándola con que si no lo hacía la mataría a golpes con un bate”. Tras sufrir un largo historial de violencia doméstica, María, nombre ficticio para proteger su identidad, no pudo hacer más para defenderse. Tras dos días de agonía perdió la vida en un hospital de San Vicente.

El responsable fue identificado cómo José Antonio Osegueda Rodríguez, condenado a 50 años de prisión por feminicidio agravado tras un largo proceso judicial.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador también le ordenó pagar $4,364 por responsabilidad civil a las víctimas secundarias, además de cumplir medidas de reparación para los padres e hijos de María.

La historia entre ambos había comenzado en 2007, cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad. Desde entonces, según la investigación, María enfrentó agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales. Las autoridades encargadas del caso afirmaron que el condenado también la apartó de las personas cercanas a ella, limitó su uso de redes sociales y restringió sus posibilidades de comunicarse con otros.

Con el paso del tiempo, María buscó salir de esa relación. Inició un proceso judicial para separarse de Osegueda Rodríguez, pero el control no terminó. La Fiscalía señaló que el hombre mantuvo las presiones durante ese trámite a través de manipulaciones emocionales y promesas de cambio.

El 18 de diciembre de 2025, María fue citada con su esposo en un inmueble del barrio San Juan de Dios, en el distrito de San Vicente, donde funcionaba un taller de refrigeración. La noche avanzó hasta que la mujer quedó frente a una amenaza que, de acuerdo con el expediente fiscal, no le dejó margen para decidir.

Las autoridades explicaron que Osegueda Rodríguez le entregó un líquido que contenía sustancias tóxicas y le ordenó ingerirlo. Si se negaba, le dijo que la mataría con un bate. María tomó la sustancia bajo coacción y su condición de salud se desplomó en cuestión de horas.

No recibió atención médica de inmediato. Una persona que figura como testigo en el proceso la encontró al día siguiente y la llevó al Hospital Nacional Santa Gertrudis. Allí ingresó al área de máxima urgencia, pero murió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025.

La Fiscalía abrió la investigación por feminicidio agravado y presentó testimonios, documentos y peritajes ante el tribunal. Las autoridades señalaron que esas pruebas permitieron reconstruir los años de violencia que había vivido María y establecer la responsabilidad del acusado en la muerte.

“El caso permitió acreditar los antecedentes de violencia y la participación del imputado”, afirmaron las autoridades durante el proceso. La sentencia impuso la pena máxima prevista para el delito y reconoció a los familiares de la víctima como afectados por el crimen.

Al menos 17 mujeres fueron víctimas de feminicidio en El Salvador este año

El caso de María se conoce mientras organizaciones que monitorean la violencia contra las mujeres registraron al menos 17 feminicidios en El Salvador entre enero y agosto de 2026.

De ese total, el 59% habría sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Los datos reflejan la persistencia de agresiones dentro de relaciones afectivas y familiares, donde el control, las amenazas y el aislamiento suelen aparecer antes de los ataques letales.

La condena contra Osegueda Rodríguez cierra el proceso judicial por la muerte de María, aunque sus padres e hijos continuarán bajo medidas de reparación ordenadas por el tribunal.

Un tribunal de Toronto, en Canadá, declaró culpable de homicidio involuntario a un salvadoreño de 65 años por la muerte de su esposa, ocurrida hace más de 20 años. El fallo se conoció dos décadas después de que el cuerpo de la víctima apareciera en un apartamento del noroeste de la ciudad, un caso que había permanecido sin resolución judicial tras la fuga del acusado a El Salvador pocas horas después del crimen.

El condenado fue identificado como Juan Antonio Ávalos, y la víctima como Rosaura Tolentino Ramos, quien murió en agosto de 2004 a causa de una herida de arma blanca en el cuello. El juicio por homicidio involuntario se resolvió en una sola jornada ante un juez, sin que la defensa impugnara los hechos presentados por la Fiscalía. La resolución se produjo pocos días antes de que comenzara otro proceso contra Ávalos por asesinato en segundo grado, previsto para cuatro semanas, cuyas fechas fueron canceladas tras el veredicto. Una audiencia para determinar la pena quedó programada para enero.

La relación de la pareja estuvo marcada por denuncias previas de violencia

Ávalos emigró de El Salvador a Canadá en 1985 y contaba con ciudadanía canadiense al momento del crimen. Conoció a Tolentino Ramos en el otoño de 2003 a través de un sacerdote en un centro comunitario, y la pareja contrajo matrimonio a finales de noviembre de ese año, tras un breve noviazgo.

Antes del homicidio, la relación atravesaba dificultades. En enero de 2004, Ávalos fue arrestado y acusado de agredir a su esposa, cargo que negó en su momento. A raíz de ese proceso, quedó sujeto a restricciones judiciales que limitaban su contacto con ella. Para agosto de ese año, Tolentino Ramos se había mudado a la vivienda de su hermana, aunque el 29 de agosto Ávalos acudió a buscarla, horas más tarde, ambos se encontraban en el apartamento del edificio ubicado en el 2397 de Finch Avenue West.

Una vecina escuchó la discusión que precedió al crimen

Según la relación de hechos presentada por los fiscales Scott Arnold y Ysolt Brar, una vecina que residía en el piso inmediatamente inferior escuchó durante la noche una fuerte discusión en español, con un hombre que insultaba a una mujer que pedía auxilio. El relato judicial señala que, tras un grito, sobrevino un silencio absoluto. A la mañana siguiente, la testigo percibió sonidos de agua y de una escoba, como si alguien limpiara el piso de un balcón o una habitación cercana.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron a Ávalos cuando abandonó el apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana con dos maletas, antes de regresar y salir nuevamente con otras bolsas. Poco después de las 8:00, retiró 1,000 dólares de un cajero automático cercano.

El acusado huyó a El Salvador el mismo día del hallazgo

Ávalos viajó ese mismo día hasta el aeropuerto de Detroit, Michigan, donde compró en efectivo un boleto solo de ida hacia El Salvador. Tras escalas en Orlando y Los Ángeles, llegó al país centroamericano el 31 de agosto de 2004, la misma jornada en que la hermana de la víctima denunció su desaparición ante la policía canadiense.

Al acudir al apartamento, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de Tolentino Ramos sobre una cama. La víctima aún vestía la blusa roja que llevaba puesta el 29 de agosto y presentaba una herida de arma blanca en el lado izquierdo del cuello. Junto a su cabeza se encontró un cuchillo de cocina, y la autopsia confirmó que la causa de muerte fue una puñalada en esa zona.

La extradición se concretó casi dos décadas después del crimen

El caso permaneció sin avances judiciales hasta el 24 de enero de 2024, cuando Ávalos fue detenido en El Salvador mediante una notificación roja internacional. Permaneció encarcelado mientras se tramitaba su extradición y, finalmente, el 15 de agosto de ese año fue entregado a las autoridades canadienses en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Durante la audiencia reciente, Ávalos se declaró “inocente” del delito de homicidio involuntario a través de un traductor, mientras su abogado, Ian McCuaig, no presentó pruebas durante el procedimiento. La audiencia de enero determinará la sentencia que enfrentará tras casi 20 años de fuga.

Según los videos a los que tuvo acceso Infobae, la pareja fue registrada el domingo pasado mientras recorría Puerto Banús, en Marbella. En esas imágenes, se los pudo ver juntos, de espaldas, cuando recorrían el puerto deportivo y complejo turístico.

Las grabaciones se conocieron una semana después de que Arizaga y Moyano fueran captados juntos por primera vez desde la apertura del expediente judicial. En esa oportunidad, las imágenes los ubicaron en Madrid.

A partir de entonces, ambos publicaron fotos y videos juntos en sus respectivas redes sociales. Estos registros motivaron a la Fiscalía especializada en violencia de género, que está a cargo de la investigación, a citar a la joven a declarar el próximo lunes 19 de octubre ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

El objetivo detrás de la citación será que la joven vuelva a ser evaluada por la fiscal Florencia Nocerez y un equipo interdisciplinario, con la intención de revisar y garantizar su resguardo mientras la causa sigue su curso. No obstante, su abogado, Roberto Herrera, indicó a este medio que su representada evaluará si se presentará a la cita.

En línea con esto, el representante legal de Arizaga cuestionó la evaluación propuesta, tras remarcar que desde el inicio de la causa había diferencias entre las posturas de la Fiscalía y de Arizaga. Mientras la fiscal planteó la posibilidad de que la influencer estuviera en una situación de vulnerabilidad, ella realizó tres pedidos para que se revoque la restricción de acercamiento.

De hecho, la joven rechazó haber denunciado a su novio por violencia de género en medio de las repercusiones por las imágenes compartidas desde España. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

En línea con esto, Arizaga también cuestionó las versiones que comenzaron a circular desde el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de ella mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, en Belgrano. Esa madrugada intervino la Policía de la Ciudad y la joven fue trasladada al Hospital Pirovano.

“De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, sostuvo al referirse a aquel episodio. Además, pidió cautela ante los cuestionamientos en redes: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar, pónganse a investigar un poco de la situación”.

Por este motivo, el abogado de Arizaga cuestionó la relevancia que se le dio al testimonio ofrecido por el oficial inspector Ezequiel Ríos, uno de los primeros agentes que intervino aquella madrugada. Al ser consultado, afirmó que vio a la joven correr por la zona y que la siguió hasta interceptarla.

Según su relato, en ese momento la joven le dijo que Moyano la había golpeado y que la retenía contra su voluntad en el departamento. Ríos luego ratificó esa versión ante la Fiscalía. Sin embargo, Arizaga negó más tarde haber hecho esas manifestaciones.

Al momento de ampliar su declaración ante la fiscal Nocerez, la influencer sostuvo que “en ningún momento” dijo que la hubieran golpeado o que estuviera secuestrada. También vinculó su conducta de esa madrugada con el consumo de cocaína y con un cuadro que definió como de “delirio, psicosis”.

Las tres policías que declararon esa misma jornada tampoco afirmaron haber escuchado de parte de la joven un relato sobre una agresión o un encierro. Esa circunstancia, sin embargo, no contradice de forma directa la declaración de Ríos, quien ubicó la presunta manifestación en el momento preciso en que interceptó a Arizaga.

En ese contexto, la defensa de Moyano también cuestionó la versión del policía. “Ha sido desmentido por todos. La aislada versión incorporada en el acta de procedimiento condicionó toda la investigación e indujo a error a la fiscalía en los primeros momentos de la causa”, sostuvo el abogado del ex diputado, Miguel Molina, en diálogo con Infobae.

“Nadie refrenda sus dichos, ni Candela, ni las oficiales de policía, ni los amigos de Candela, ni los testigos de actuación, ya que llegaron una hora y media más tarde; es decir, nunca vieron aquello que firmaron en el acta”, concluyó el letrado.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable de la muerte violenta de Yeni Lorena Manzo, de 30 años, ocurrida en la noche del lunes 12 de octubre de 2026 en Quinchía (Risaralda).

El caso es investigado como un posible feminicidio y quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de establecer cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Manzo fue atacada con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental, tras una discusión. La mujer fue trasladada al hospital del municipio, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El coronel Jaime Enrique Higgins Pacheco, comandante del Departamento de Policía Risaralda, informó que los uniformados reaccionaron tras recibir el aviso de una riña y lograron interceptar al señalado agresor que quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Según la Policía, el capturado registra anotaciones judiciales por lesiones personales. La Fiscalía tendrá que presentar los elementos de prueba ante un juez de control de garantías, que definirá las medidas que correspondan dentro del proceso.

Hipótesis sobre el ataque

Los reportes preliminares indican que la pareja habría sostenido una discusión relacionada, al parecer, con una escena de celos. La confrontación habría iniciado luego de que la pareja compartiera en un establecimiento público y continuó cerca de la vivienda de la víctima.

Según la información divulgada por medios regionales como La Patria, el ataque se registró en plena vía pública donde el agresor habría atacado a su pareja. Al parecer, la madre de la víctima también resultó lesionada cuando intentó intervenir para detenerlo.

Habitantes del sector habrían alertado a las autoridades y algunos intentaron parar al señalado atacante antes de que este huyera. La Policía lo interceptó poco después y efectuó la captura en flagrancia.

Quinchía registra su primer caso investigado como feminicidio en 2026

El homicidio de Yeni Lorena Manzo sería el primer caso de feminicidio registrado en Quinchía durante 2026. De acuerdo con información conocida, en Risaralda se han registrado tres feminicidios en el departamento en lo corrido del año, una cifra que mantiene en alerta a las instituciones encargadas de prevenir las violencias basadas en género.

La Alcaldía de Quinchía expresó sus condolencias a la familia de la mujer. En un mensaje público, la administración municipal expresó su solidaridad y acompañamiento a los allegados de la víctima durante el proceso de duelo.

“En estos momentos de dolor, queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y acompañamiento, reconociendo la huella que Lorena dejó en nuestra comunidad. Que encuentren fortaleza y consuelo en el cariño de quienes la recordamos con respeto y cariño. Estamos con ustedes”, indicó la administración municipal en su mensaje.

El hecho generó rechazo entre habitantes del municipio, quienes han pedido que se esclarezca lo ocurrido y que la investigación judicial avance con celeridad. Por su parte, la Policía reiteró el llamado a denunciar oportunamente amenazas, agresiones físicas, controles coercitivos y otras situaciones que puedan poner en riesgo a las mujeres en el entorno familiar o de pareja.

Colombia reportó 89 feminicidios hasta julio de 2026

El caso de Quinchía ocurre en medio de una persistente problemática nacional. Datos divulgados por la Defensoría del Pueblo señalan que Colombia registró 89 feminicidios consumados, 74 tentativas y 20 transfeminicidios entre enero y julio de 2026.

Las cifras oficiales pueden diferir de los registros de organizaciones sociales, debido a los tiempos de investigación, la clasificación judicial de los casos y el subregistro. Por esa razón, las autoridades y entidades de defensa de los derechos de las mujeres insisten en la necesidad de fortalecer la prevención, la atención temprana y las rutas de protección.

El actor José Luis Reséndez enfrenta nuevas acusaciones por violencia doméstica tras la filtración de un video registrado durante una discusión con su pareja actual.

En la grabación, difundida este 14 de octubre en el programa de espectáculos Todo para la mujer, se percibe el sonido de un impacto físico y el reclamo inmediato de la víctima hacia el intérprete: “¿Por qué me golpeas?”.

Ante las agresiones verbales y el maltrato dentro del inmueble, la mujer rompe en llanto y le exige reiteradamente al actor que le permita abandonar la habitación. “No, José Luis, no, déjame, por favor, déjame salir”, suplica la pareja durante el altercado.

El intérprete la confronta con lenguaje altisonante y le ordena en múltiples ocasiones guardar silencio con la frase “cállate el hocico”.

Mientras la víctima le pide detener los golpes y le recrimina “no me escupas”, Reséndez insiste en acallarla y menciona de manera abrupta que deben acudir por una menor de edad.

El registro visual del archivo muestra únicamente el piso de azulejo, mobiliario doméstico y las piernas del agresor de pie frente a la víctima.

La difusión de este material desató indignación entre el público y sumó un nuevo antecedente a los señalamientos por conducta violenta contra el expresentador.

Vanessa Arias acusó al actor de violencia física e intento de feminicidio

El antecedente de violencia doméstica contra José Luis Reséndez involucra las declaraciones públicas de la actriz Vanessa Arias. Durante entrevistas en el podcast Punto y Seguimos y el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, Arias relató el maltrato experimentado durante cinco años de noviazgo.

La actriz afirmó que sufrió golpes diarios y maltrato psicológico constante por parte de Reséndez. En sus declaraciones, Arias expuso que el actor la obligaba a mirarse al espejo mientras realizaba comentarios despectivos sobre su apariencia física.

Arias detalló un episodio específico en el que el actor la arrojó por las escaleras de la vivienda. La caída le provocó la fractura de una costilla, un hecho que la víctima mantuvo en silencio ante sus familiares durante años.

El control ejercido por el actor abarcaba también la vida laboral de la actriz. Según su testimonio, Reséndez reaccionaba de forma violenta si ella llegaba cinco minutos tarde a la casa o si saludaba a compañeros de trabajo en las instalaciones de Televisa.

La relación concluyó cuando Arias descubrió al actor con otra persona en la habitación de su domicilio. Años después del rompimiento, la actriz acudió a terapia psicológica para superar las secuelas de la violencia vivida.

Reséndez reaccionó a las acusaciones de Arias a través de transmisiones en vivo en la plataforma TikTok. El actor desestimó los señalamientos, los calificó como intentos de difamación y exigió la presentación de denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

El retiro de la televisión abierta en 2018 inició una serie de conflictos

José Luis Reséndez inició su carrera en el modelaje tras quedar como finalista en el certamen Míster Mundo en 2003. Posteriormente ingresó al Centro de Educación Artística y participó en producciones como La madrastra, Alborada y Destilando amor.

Su papel más conocido llegó con la telenovela Señora Acero, producción de la cadena Telemundo donde interpretó a un personaje antagónico. Sin embargo, en octubre de 2018 el actor anunció su retiro definitivo de la televisión abierta mexicana.

El retiro ocurrió tras disputas contractuales con la televisora por discrepancias salariales. Reportes en publicaciones de espectáculos señalaron que el actor enfrentó vetos laborales debido a dificultades de conducta en los foros de trabajo.

Tras su alejamiento de las producciones dramáticas, el actor concentró su actividad en redes sociales.

En plataformas digitales sostuvo pleitos públicos con figuras del entretenimiento como el comediante Franco Escamilla y el conductor Adrián Marcelo.

Reséndez también protagonizó enfrentamientos verbales con la drag queen Turbulence y la creadora de contenido Wendy Guevara.

Los usuarios de redes sociales criticaron en diversas ocasiones los comentarios emitidos por el expresentador en sus transmisiones.

En los últimos años, el actor realizó transmisiones en vivo de manera cotidiana para obtener ingresos mediante aportaciones de sus seguidores.

Su cambio de aspecto físico y su negativa a mostrarse de cuerpo completo en los videos generaron múltiples especulaciones.

Las recientes revelaciones añaden un nuevo expediente a los antecedentes de acusaciones por agresión que rodean la vida personal del actor en México.

La activista Norma Romero Cortés pidió que su caso sea atendido y pueda acceder a la justicia sin enfrentar, como señala, un proceso de revictimización en el estado de Puebla, tras varios años de litigio donde no ve avance en su caso.

La denunciante mantiene una disputa jurídica con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con sede en la capital poblana, derivada de señalamientos contra un exdelegado regional de la institución.

Romero Cortés sostiene que, después de varios años de procedimientos administrativos y judiciales, no ha recibido una respuesta que considere suficiente frente a los hechos denunciados.

Por ello, solicitó a a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, revisen su caso con perspectiva de género, garanticen el debido proceso y atiendan las condiciones de protección que ha reclamado.

No hay avance en la investigación por el alto costo

Uno de los principales puntos de controversia son los más de 73 millones de pesos que, según la denunciante, el Infonavit plantea como posible repercusión económica para solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La notaria aclaró que esa cantidad no corresponde a una indemnización que ella haya solicitado, sino al impacto financiero que el Instituto considera que podría derivarse de la confirmación de una sentencia favorable a su causa.

«Pesa más en la balanza de sus operadores un argumento económico que la vida y la integridad de una mujer», expresó Romero Cortés al cuestionar la actuación institucional.

Norma Romero denuncia revictimización tras años de litigio

La activista describió su trayectoria jurídica como un “tsunami legal”, debido a la sucesión de denuncias, procedimientos administrativos y recursos judiciales que, afirma, han prolongado el conflicto.

La queja administrativa contra quien se desempeñaba como delegado regional del Infonavit quedó registrada con el número 114/2020. Ante la respuesta de la dependencia, Romero Cortés llevó su exigencia al Congreso de la Unión y solicitó que el asunto se atendiera con perspectiva de género y respeto a sus derechos.

También acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde su expediente quedó identificado con la clave CNDH/4/2021/917/Q. Asimismo, los hechos dieron lugar a una investigación ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, registrada como FED/FEMDH/FEVIMTRA/PUE/0000084/2021.

En el ámbito judicial, el caso incluyó el amparo 657/2021. Posteriormente, el litigio continuó con el amparo 1497/2025, cuya sentencia fue dictada el 26 de febrero de 2026 y, de acuerdo con los antecedentes expuestos por la denunciante, impugnada por el tercero interesado y por la autoridad del Instituto.

Romero Cortés cuestiona que las posibles consecuencias económicas de esa resolución sean utilizadas para impulsar nuevas actuaciones judiciales. Su exigencia es que el litigio se resuelva conforme a derecho y que las implicaciones financieras para la institución no desplacen el análisis de los hechos denunciados.

Pide protección ante los riesgos que afirma enfrentar

La denunciante asegura que las consecuencias del conflicto han trascendido el ámbito profesional y jurídico. Ha señalado presuntos riesgos para ella, sus colaboradores y familiares, además de denunciar hechos que califica como detención arbitraria y desaparición forzada de corta duración, cuyo esclarecimiento exige.

También refiere que cuenta con medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el expediente MEC/CEN/062/D/0/2022.

En este contexto, pidió que las autoridades investiguen los hechos denunciados, revisen las actuaciones correspondientes y garanticen condiciones efectivas de seguridad. Sus señalamientos forman parte de su versión del caso y corresponde a las instancias competentes determinar las responsabilidades que procedan.

Advierte que podría acudir al sistema interamericano

Romero Cortés considera que la prolongación de los procedimientos y la falta de una solución satisfactoria pueden desalentar a otras mujeres que buscan denunciar y defender sus derechos. Por ello, insistió en la necesidad de que la igualdad sustantiva se traduzca en respuestas concretas, investigaciones diligentes y mecanismos de protección efectivos.

«¿Qué se necesita en México para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, que la igualdad sustantiva se haga parte de lo cotidiano?», cuestionó.

La activista convocó a organizaciones de mujeres y la sociedad civil a dar seguimiento al caso y exigir rendición de cuentas. También advirtió que contempla acudir al sistema interamericano de derechos humanos si persisten los obstáculos que, desde su perspectiva, enfrenta para acceder a la justicia.

Para Romero Cortés, su reclamo busca una respuesta que coloque en el centro el acceso a la justicia, la integridad personal y la prevención de la revictimización.

Un hombre de 30 años fue detenido en Resistencia, Chaco, en el marco de una investigación que reúne tres denuncias vinculadas con violencia de género, amenazas y lesiones. El procedimiento policial se realizó el pasado jueves por la mañana en el barrio La Rubita, luego de que los efectivos identificaran al sospechoso mientras circulaba por la vía pública.

La aprehensión ocurrió cerca de las 11.10, en la zona de las calles Dodero y 27. El hombre, identificado por sus iniciales como M.E.A., quedó a disposición de la Justicia por hechos denunciados por su expareja, N.L.A.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, las actuaciones se originaron a partir de presentaciones previas que la mujer realizó contra el detenido.

El operativo fue desarrollado por personal policial que realizaba tareas de prevención en distintos sectores de Resistencia. Según la información disponible, los agentes localizaron al acusado y procedieron a demorarlo.

La intervención tuvo lugar en el contexto de las causas que ya estaban en trámite. Tras la detención, M.E.A. fue trasladado para quedar bajo disposición judicial, de acuerdo con las medidas correspondientes a la investigación.

El hombre es investigado por dos causas por supuestas amenazas, además de una causa por supuestas lesiones en el mismo contexto de violencia de género. La calificación de los hechos y el avance de cada expediente quedan sujetos a la actuación de la Justicia.

La detención no constituye una definición sobre la responsabilidad penal del acusado. Esa situación deberá ser determinada mediante el proceso judicial, con la evaluación de las denuncias, los elementos reunidos en la causa y las decisiones que adopten las autoridades competentes.

De acuerdo con el relato presentado por N.L.A., el episodio más reciente se registró el lunes en su domicilio del barrio 13 de Diciembre. La mujer manifestó que su ex pareja se presentó en el lugar y buscó que ella atendiera.

Siempre según la denuncia, la víctima no accedió a recibirlo. Luego de esa negativa, el acusado habría formulado amenazas antes de atacarla con un garrote. La presentación judicial sostiene que M.E.A. utilizó un garrote durante la agresión.

La denunciante indicó que el ataque le provocó lesiones en los brazos y las piernas. Entre las expresiones que la víctima atribuyó al detenido figura la frase: “Te voy a matar hija de p*”. La cita forma parte de la denuncia realizada por N.L.A. y fue incorporada como uno de los elementos vinculados a la acusación por amenazas.

El caso reúne tres causas diferentes relacionadas con la expareja del detenido. Dos de esos expedientes fueron caratulados como supuestas amenazas en contexto de violencia de género, mientras que el restante corresponde a supuestas lesiones en el mismo contexto.

La existencia de varias denuncias fue uno de los antecedentes considerados en el despliegue policial que terminó con la aprehensión. Las fuerzas de seguridad identificaron al hombre durante las recorridas preventivas y concretaron el procedimiento en la vía pública.

La investigación deberá establecer las circunstancias de cada uno de los hechos denunciados y definir la situación procesal de M.E.A. En ese marco, la Justicia analizará las actuaciones policiales, el testimonio de la mujer y los demás elementos que puedan incorporarse a las causas.

Una mujer de 33 años, identificada como Karen Romina García, fue hallada sin vida el lunes por la mañana en una vivienda del barrio Villa del Carmen, en la zona oeste de la ciudad de Santiago del Estero. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio y detuvo a su pareja, Rubén Carrizo, de 39 años.

Según los primeros datos de la investigación, sus cuatro hijos menores (8, 5, 3 y 1 año) estaban en la casa cuando ocurrió el hecho. Si bien las circunstancias de la muerte de la mujer están bajo análisis, se confirmó que fue uno de los nenes quien encontró a su madre tendido en el piso.

Para ese entonces, el principal acusado se habría retirado de la vivienda familiar. Por este motivo, el menor avisó a familiares que viven en una vivienda lindante. Finalmente, los adultos mayores dieron intervención a la Policía cerca de las 06:30 horas.

De acuerdo con la información obtenida por Nuevo Diario Web, los investigadores habrían planteado de forma preliminar que García habría muerto por asfixia. Sin embargo, las circunstancias y la causa precisa de la muerte quedarán sujetas a los resultados de las pericias forenses.

En línea con esto, plantearon que Carrizo se habría retirado de la vivienda y se habría dirigido a la casa de su madre, en el barrio La Católica. Más tarde, un primo lo acompañó hasta la Comisaría Comunitaria Nº 3, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

Desde el minuto cero, la fiscal de Género e Intrafamiliar de turno, Lucía González Farías, interviene en la causa. Asimismo, la funcionaria dispuso la participación del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, que busca reconstruir la secuencia de lo ocurrido y reunir elementos de prueba.

García y Carrizo mantenían una relación desde hacía alrededor de 13 años y convivían con sus hijos. Tras conocerse el crimen, vecinos y familiares de la mujer relataron presuntas situaciones de control, celos y maltrato en el vínculo.

Una vecina definió a Karen como “una chica muy indefensa” y sostuvo que en el barrio circulaban comentarios sobre agresiones y restricciones que le imponía su pareja. Incluso, otros residentes señalaron que la mujer tenía escaso contacto con personas de la zona.

De hecho, la tía de la víctima también manifestó que los nenes habrían escuchado y presenciado discusiones y situaciones de violencia entre sus padres. Esos testimonios deberán ser corroborados en el marco de la investigación judicial.

Poco después, Leandro y Claudio Coronel, dos de los nueve hermanos de la víctima, hablaron con La Mañana de Info desde la casa de su madre, ubicada junto a la vivienda donde residía Karen. Ambos reconstruyeron aspectos de la relación y expresaron su preocupación por los cuatro hijos que quedaron sin su madre.

“Yo la encontré muerta, no pude hacer nada”, contó Leandro durante la entrevista. Tras asegurar que “era una gran persona”, el hombre la describió como persona tranquila, cercana a su familia y a la iglesia. También contó que disfrutaba de realizar videos para TikTok.

Según Info del Estero, el hermano de la víctima señaló que la abuela materna quedará al cuidado de los niños y que familiares que viven en Chile y Buenos Aires viajarán a Santiago del Estero para acompañar a la familia durante el velatorio.

Respecto a la dinámica de la relación, Leandro indicó que el acusado reaccionaba con celos ante la actividad de Karen en las redes sociales. “Él la celaba, se enojaba cuando hacía TikTok. Le decía: ‘¿Quién te manda mensajes?’”, relató.

Aunque sostuvo que Karen no les contaba en detalle lo que sucedía en la relación, afirmó que la familia había advertido actitudes que les generaban preocupación. También indicó que mantenía un vínculo distante con Carrizo, porque percibía miradas y gestos hostiles cuando se acercaban a la casa.

Por su parte, Claudio coincidió en que su hermana quería poner fin a la relación. “Ella se quería separar”, sostuvo, quien dijo que, pese a que la pareja podía aparentar una convivencia normal ante otras personas, él advertía que su hermana no estaba bien.

Incluso, aseguró que Carrizo le quitaba el celular y cuestionaba los videos que hacía para TikTok. “Ella no quería hablar con nosotros. Para mí que estaba amenazada, porque nunca nos dijo nada”, manifestó sobre la negativa de la mujer a hablar sobre los conflictos con su pareja.

De hecho, contó que su hermana había empezado a trabajar poco antes de su muerte y tenía planes para iniciar una nueva etapa personal. También recordó que la vivienda se había incendiado recientemente y que Karen ahorraba dinero para volver a empezar.

“Hace poco se le prendió fuego la casita, estaba ahorrando plata para empezar de cero y lamentablemente pasó esto”, expresó Claudio. Por el momento, no se informó de manera oficial si existían denuncias previas contra el detenido ni si García contaba con medidas de protección. Por esto, la Fiscalía deberá establecer si había antecedentes que puedan incorporarse al expediente.

La liberación de Pedro Tomás Serrate, uno de los implicados en el feminicidio de Melani García Lorenzo, reavivó la preocupación de la familia de la adolescente asesinada en La Habana entre el 15 y el 16 de diciembre de 2023: el juicio contra los presuntos responsables aún no tiene fecha y las autoridades justificaron el cambio de medida cautelar por un problema de salud, informó 14ymedio.

El conteo del medio registra 53 feminicidios en Cuba hasta el momento al que refiere su publicación. El caso más reciente fue el de Nilda Díaz Santana, de 58 años, atacada a tiros cuando intentaba defender a su hija de una agresión.

Yanet Lorenzo Villalba, madre de Melani, supo que Serrate estaba en libertad después de que su esposo lo viera en las calles de La Habana. “Mi esposo lo ve y me lo dice, entonces llamo a donde yo vivía y me lo confirmaron. Al otro día, automáticamente, fui a la Fiscalía para que me informaran por qué lo habían liberado y con qué justificación, porque no me lo podía creer”, relató a CubaNet.

La mujer afirmó que las autoridades le explicaron que el acusado había dejado la prisión por “una cuestión de enfermedad”. “Me dijeron que le habían cambiado la medida cautelar. No entiendo cuál es la enfermedad. Para mí, él no debe estar en la calle porque él también estuvo implicado en el asesinato de mi hija”, sostuvo.

La decisión tampoco habría sido comunicada al abogado de la familia. Lorenzo Villalba indicó que fue ella quien informó a su defensor sobre la liberación y que este considera que la Fiscalía debió notificarle la medida.

La madre añadió que el expediente será remitido a la Fiscalía General de la República para evaluar una petición de sanción que las propias autoridades calificaron como “muy alta”. “No sé a quién dirigirme y ya han pasado casi tres años y esto no termina”, lamentó.

La salida de prisión de Serrate elevó además el temor de la familia por el hijo de Melani. Lorenzo Villalba dijo que teme que el hombre pueda hacerle daño al niño o llevárselo: “Tengo miedo porque esa familia, como se puede ver, no es nada buena y es un peligro potencial para mi nieto”, afirmó.

La búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo

Melani García Lorenzo tenía 16 años cuando fue asesinada a golpes en el barrio La Palma, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Pedro Julio Serrate Corrales, su expareja, fue señalado como autor del crimen, mientras que su padre y un familiar identificado como Frank Mario fueron acusados de haber actuado como cómplices.

La adolescente había salido para visitar a su hermano, que tenía fiebre y padecía ataques epilépticos. Horas más tarde, una llamada alertó a su madre de que Pedro Julio la había sacado por la fuerza y se la había llevado en un carro de basura.

“A la una de la madrugada del 16 de diciembre me llaman y me dicen que Pedro Julio la había sacado a golpes de la casa y se la llevó en el carro de basura”, contó Lorenzo Villalba a CubaNet. Junto a su esposo, inició una búsqueda que incluyó llamadas al número de emergencias y visitas a varias estaciones policiales.

La madre denunció entonces que algunos agentes le dijeron que estaban ocupados con casos de robos y drogas y no atendieron su pedido. En la estación del Capri, un oficial tomó finalmente la denuncia, pero el procedimiento continuó demorándose hasta que ella mencionó el rumor de que su hija había sido asesinada.

Una patrulla se dirigió después al domicilio donde se encontraba la joven. “La habían dejado dentro de la casa, tirada; ya estaba muerta”, afirmó Lorenzo Villalba, quien agregó que Medicina Legal determinó que Melani murió a las 6:00 por los golpes recibidos.

El retraso judicial en este caso se suma a un escenario de violencia de género que los observatorios independientes siguen documentando en Cuba. En 2023, el año del asesinato de Melani, esos registros contabilizaron 90 feminicidios, la cifra anual más alta desde el inicio de su monitoreo en 2019.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, vinculado a la Oficina Nacional de Estadística e Información y a la Federación de Mujeres Cubanas, informó que 49 mujeres de 15 años o más fueron víctimas de asesinatos por razones de género en causas juzgadas durante 2025.

El Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat) advirtió en marzo sobre la situación de niños, adolescentes y adultos mayores dentro de la crisis humanitaria que atraviesa el país, una realidad que también se expresa en los feminicidios.

El análisis del Ogat sobre los casos verificados en 2025 señaló que el 83.3% de los asesinatos registrados fue cometido por la pareja de la víctima. El observatorio concluyó que las relaciones afectivas continúan siendo el principal ámbito de riesgo y que los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención son insuficientes o inexistentes.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, por las publicaciones que realizó en referencia a la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda Aruachán.

La entidad confirmó que el proceso comenzó por iniciativa propia, debido a la posible existencia de hechos de violencia contra la mujer. “La indagación se abre de oficio por tratarse de un asunto de posible violencia contra la mujer. En ese sentido, fue asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, por el presunto delito de injuria agravada”, señaló la Fiscalía.

Las publicaciones del caricaturista estuvieron relacionadas con las presuntas demoras en la ejecución de los recursos recaudados por el Fondo Milagro para atender a las personas afectadas en Pereira luego del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, en Chocó.

El mensaje del caricaturista, publicado el domingo 11 de octubre, cuestionaba la entrega de las ayudas a los damnificados. En él escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.

Los comentarios provocaron una ola de reacciones políticas y un pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República, que rechazó los términos empleados y solicitó a la Fiscalía evaluar si las expresiones podrían constituir conductas sancionables. El Gobierno nacional también pidió al caricaturista retractarse de sus palabras.

El Gobierno rechazó las expresiones de ‘Matador’ contra la primera dama

El Ejecutivo sostuvo que las burlas sobre el cuerpo de una mujer y las expresiones que la comparan con animales pueden constituir formas de descalificación por razones de género. También indicó que las mujeres que ejercen funciones públicas no deberían enfrentar humillaciones por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias. Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, señaló el Gobierno.

En el mismo documento, la Presidencia reconoció que la crítica política, la caricatura y el disenso están protegidos por la libertad de expresión. Sin embargo, manifestó que ese derecho no excluye el rechazo público a expresiones que puedan resultar degradantes o discriminatorias contra las mujeres.

El Gobierno también recordó las barreras históricas que han enfrentado las mujeres para acceder a posiciones de liderazgo y sostuvo que el ejercicio de responsabilidades públicas no debe implicar renunciar al respeto por la dignidad personal. En su pronunciamiento, el Ejecutivo hizo referencia a la Ley 1257 de 2008, que establece medidas para prevenir y sancionar distintas formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia psicológica. Además, mencionó la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a agresiones contra mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

De acuerdo con el Gobierno, esta última disposición comprende conductas basadas en el género que puedan afectar el liderazgo, la participación y la imagen pública de las mujeres. Por esa razón, pidió a la Fiscalía examinar los comentarios del caricaturista con diligencia, independencia y respeto por el debido proceso.

“Corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes”, expresó la Presidencia en el comunicado.

La defensora del Pueblo cuestionó los comentarios de ‘Matador’

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también se pronunció sobre las publicaciones del caricaturista “Matador” contra la primera dama, Ana Lucía Pineda Aruachán. A través de su cuenta de X, el lunes 12 de octubre, la funcionaria cuestionó los términos utilizados por el caricaturista para referirse a la esposa del presidente.

“‘Matador’ se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, escribió Marín Ortiz, en referencia a las expresiones “ratita” y “pati raquítica” que González utilizó en una publicación sobre las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Pereira.

Las declaraciones de la defensora se sumaron a los pronunciamientos de integrantes del Gobierno nacional y otras figuras políticas que rechazaron el lenguaje empleado contra la primera dama.

Este martes comenzó en Tucumán el juicio contra Diego Zerda (33), el hombre acusado de instigación al suicidio de su ex pareja, Karla Nahir Naomi Robles, de 27 años, y de amenazas simples contra el hermano de la joven. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que sea condenado a seis años de prisión.

Durante su alegato de apertura ante un tribunal unipersonal, el fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios I, Pedro Gallo, sostuvo que los hechos deben analizarse con perspectiva de género y que el caso no puede ser entendido como episodios aislados ni como conflictos propios de una pareja, ya que la investigación apunta a una relación atravesada por amenazas, sometimiento y violencia contra Karla.

Zerda, quien trabajaba como repartidor y es conocido en su entorno como “Mocho”, ejerció violencia física y psicológica sobre la víctima desde 2022, en el marco de una relación que se extendió durante unos cinco años.

La teoría del caso señala que el imputado la insultaba y amenazaba, y que buscó persuadirla para que se quitara la vida. De acuerdo con la acusación, le dirigía frases como: “Estás loca, por eso te internaron. Matate de una vez”. También le decía que si no volvía con él, era mejor que se matara o él mataría a toda su familia.

Karla murió hace casi un año, durante la madrugada del 24 de octubre de 2025 en su casa de San Miguel de Tucumán. Antes había iniciado una transmisión en vivo en TikTok, a la que ingresaron 96 personas. Varias amigas vieron la emisión e intentaron comunicarse con ella.

La joven había denunciado en reiteradas oportunidades a su ex pareja por violencia de género. Su madre, Mirta Robles, afirmó en declaraciones públicas que Karla había hecho seis presentaciones y que ella había realizado otras dos. En el expediente constan cuatro denuncias vinculadas con hechos de violencia, según se informó durante el proceso.

En una de las conversaciones que forman parte de la investigación, Zerda le habría escrito a Karla: “En el peor de los infiernos vas a terminar”. La joven respondió poco antes de la transmisión: “¿No querías que me muera? Ahí te doy el gusto”.

Durante el vivo, la joven habló sobre el vínculo con Zerda y sobre el temor que sentía. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, expresó, según reconstruyeron las amigas que presenciaron la transmisión y luego declararon ante la Justicia.

Las testigos también se refirieron al tratamiento psicológico que recibía Karla y al miedo que, de acuerdo con sus relatos, le generaban las supuestas amenazas de brujería de “Mocho”.

En ese contexto, durante la audiencia de este martes se exhibió una captura de un mensaje de WhatsApp que Zerda le envió a Robles el 24 de octubre de 2025 a la 1.55, cerca de una hora y media antes de la muerte de la joven. “Te acabo de maldecir. Averiguá quién es Baphomet. Le acabo de entregar mi alma”, decía el chat atribuido al acusado.

La acusación también incorporó un audio que Zerda envió al hermano de Karla a las 4.17, pocos minutos después de la muerte. En ese mensaje, el imputado negó cualquier responsabilidad y lanzó amenazas contra el familiar de la víctima.

“Yo voy a andar en la sombra”, dijo en la grabación. También advirtió: “Si vos la tocás a mi vieja, yo te voy a descuartizar”. Ese audio integra la segunda imputación que enfrenta Zerda en el debate oral.

En las próximas audiencias del juicio declararán policías que intervinieron en la escena y especialistas en informática forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Los peritos expondrán sobre los teléfonos secuestrados, las capturas de pantalla, los registros audiovisuales y las conversaciones analizadas durante la investigación.

“Yo tenía 14 años y él, 22” es una de las frases más duras con las que “Flor”, nombre ficticio para cuidar la identidad de la menor, explica la otra cara de la maternidad en las zonas rurales de El Salvador.

La menor conoció al hombre que sería el padre de su hija en una apartada cancha de fútbol de su cantón, el mismo espacio que debía servir como un lugar de sana recreación para ella.

“Comenzamos a salir y, a los pocos meses, estaba embarazada”, recuerda la menor, quien, sin darse cuenta de la vulnerabilidad a la que estaba sometida, inició una relación desigual. La noticia, en sus palabras, resultó devastadora para ella y su madre.

“Sentí que necesitaba más tiempo… Una niña no debería quedar embarazada”, señala, notablemente afectada. Aún con trenzas y coletas de colores adornando su cabello, Flor es una de las casi 8,000 niñas y adolescentes que cada año se convierten en madres en El Salvador.

Aunque el país lucha por la implementación de estrategias para llevar estas cifras a “cero”, el camino por recorrer es largo y presenta múltiples obstáculos culturales, sociales y económicos.

Investigaciones presentadas por instituciones como Plan El Salvador señalan que las causas de este escenario se entrelazan con la pobreza, la violencia sexual, la falta de educación sexual integral y los matrimonios forzados que aún persisten en las zonas más apartadas.

Flor vio con impotencia cómo toda su vida se transformaba en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de tener solo el compromiso de “hacer sus tareas y ayudar en la casa” a tener que atender a una recién nacida mientras hacía malabares para terminar el año escolar.

La maternidad adolescente compite con los planes de vida

“Ya no puedo hacer las cosas que hacía antes”, explica. “Cuando volvía de la escuela tenía que hacerle el almuerzo a mi hija. Antes hacía mis tareas al salir de clases; después las hacía cuando ella se dormía. Ser madre adolescente ha sido difícil.Cuando se enferma, no sé qué hacer o qué tiene”, explica Flor, quien se encontraba estudiando noveno grado. El último año de estudio fue un reto para la menor debido al estigma, las dificultades físicas y la carga emocional.

“Mis compañeros y mi profesora me trataron igual. En la escuela solo era una chica; fuera, ya soy madre”. Sin embargo, iniciar el bachillerato con una menor no ha sido tarea fácil para Flor, debido a que tomó clases nocturnas y tuvo largos períodos de ausencia del sistema escolar.

En El Salvador, el Código Penal considera delito grave mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años. Hoy ella entiende que estas leyes existen para proteger a las niñas y permitirles disfrutar su infancia.

Las limitaciones de la familia de Flor no le permiten acceder a una guardería o a mejores oportunidades de estudio. Ahora, con 17 años, participa en proyectos de Plan International, a través de los cuales espera seguir desarrollándose.

“Un hijo nunca es un error, pero todo tiene su tiempo: el de disfrutar la vida y el de seguir adelante”, dice. “La vida no termina aquí. Me imagino terminando el instituto y la universidad, convertida en abogada y logrando todo lo que quiero”, aunque sus sueños hoy estén en pausa.

De La Espriella Lawyers, la firma de abogados del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que tomará medidas legales contra el caricaturista Julio César González, conocido en el medio como Matador, tras los calificativos despectivos que lanzó contra Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación y esposa del mandatario.

A través de X, la firma publicó un comunicado de cuatro párrafos en el que fijó su posición y anticipó el camino judicial.

“Desde DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres (sci)”, señaló la firma.

El pronunciamiento va más allá del caso personal y lo contextualiza en un debate sobre violencia de género en el discurso público. “Lo ocurrido contra la primera dama de la Nación trasciende una ofensa personal. Es un llamado a defender el respeto por las mujeres, las líderes que trabajan por una mejor sociedad y los principios de convivencia que Colombia necesita fortalecer”, agregó el bufete.

Y concluyó: “Por ello, DE LA ESPRIELLA LAWYERS adelantará las acciones legales que resulten procedentes para que estos hechos sean examinados por las autoridades competentes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. El respeto por la dignidad humana no admite excepciones. Defenderlo es una responsabilidad de todos (sci)”.

El comunicado se conoció después de que el propio presidente De la Espriella y miembros del gabinete rechazaran la publicación de Matador, que se dio en medio del balance de la campaña humanitaria ‘Colombia, un Solo Corazón’ liderada por Pineda tras el terremoto del 10 de agosto.

La publicación que desató la tormenta política

La controversia se originó por una publicación del caricaturista risaraldense en su cuenta de X, en la que escribió escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.

El mensaje, dirigido directamente a la primera dama, cuestionaba el destino de las ayudas para los damnificados del sismo de magnitud 7,4 que afectó a Pereira y otros 80 municipios. Según el último reporte de la Casa de Nariño, la campaña liderada por Pineda entregó 5.813 toneladas de ayudas y ha beneficiado a 48.000 personas.

El comentario provocó una ola de reacciones de reproche desde distintos sectores políticos y de opinión. Incluso simpatizantes del Gobierno salieron en defensa de la primera dama.

Hasta ahora, Matador no ha borrado la publicación ni se ha pronunciado públicamente para retractarse.

Denuncia en Fiscalía por injuria, calumnia y hostigamiento

Además del anuncio de la firma del presidente, una denuncia formal ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación. Según información publicada por Semana, el lunes 12 de octubre, a través de redes sociales, los ciudadanos Santiago Sánchez Mosquera y Tomás Francisco Flórez Romero pidieron que se inicie una investigación penal contra el caricaturista.

“Atendiendo nuestro deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia y de denunciar todos los delitos de los que tengamos conocimiento, nos permitimos solicitar la investigación penal contra el sr. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ QUICENO, conocido como Matador, por una situación que menoscaba gravemente la integridad personal y moral de la dra. ANA LUCÍA PINEDA, primera dama de la nación”, escribieron en el documento.

Para los denunciantes, el caso no puede tratarse como un comentario más en redes sociales por el perfil del caricaturista. Argumentan que “no es un usuario anónimo ni un ciudadano sin resonancia pública: es un caricaturista con una extensa trayectoria en medios de circulación nacional y fue aspirante al Senado de la República, con el aval del entonces partido oficialista, en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, lo que le confiere una audiencia masiva y una capacidad cierta de incidir en la opinión pública”.

En su escrito, lo señalan de tres delitos: injuria, calumnia y hostigamiento agravado. Además, solicitaron a la Fiscalía que se practique un interrogatorio exhaustivo y completo a Matador y que se verifique en las bases de datos del ente acusador si registra antecedentes penales por presunta comisión de delitos contra la integridad personal y moral de las mujeres.

Candela Arizaga fue citada para el próximo lunes 19 de octubre a una nueva evaluación ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), en el marco de la causa que investiga a Facundo Moyano por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia. La convocatoria se concretó después de que se difundieran imágenes de la pareja reunida en España, pese a que en la Argentina continúa vigente una prohibición de acercamiento y contacto.

La novedad fue confirmada a Infobae por Roberto Herrera, abogado de la joven, quien explicó que se trata de una nueva intervención de profesionales especializados en situaciones de violencia de género. Sin embargo, adelantó que todavía está evaluando si su representada se presentará a la cita.

La decisión de volver a convocar a Arizaga ya había trascendido la semana pasada, aunque entonces no existía una fecha definida porque la joven se encontraba en Europa. El objetivo de la fiscalía, a cargo de Florencia Nocerez, es volver a escucharla y garantizar su resguardo, con la participación de un equipo interdisciplinario.

La convocatoria se produce en medio de las diferencias entre la posición de la fiscalía, que mantiene vigente la medida de protección, y la de Arizaga, quien negó haber sido víctima de violencia por parte de Moyano y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de retomar el contacto con él.

En diálogo con este medio, Herrera cuestionó la necesidad de una nueva evaluación. Según sostuvo, los investigadores consideran que su clienta podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad y continúan analizando el vínculo desde esa perspectiva.

El letrado recordó que presentó tres pedidos para que se levantara la prohibición de acercamiento, todos sin éxito. El último fue realizado aproximadamente un mes después del episodio que dio origen a la investigación.

Herrera también cuestionó el peso que conserva en el expediente la declaración del oficial inspector Ezequiel Ríos, quien aseguró que Arizaga le había manifestado que Moyano la golpeó y la mantenía encerrada contra su voluntad.

Según el abogado, las más de 20 testimoniales reunidas posteriormente no respaldaron esa versión. La propia Arizaga negó haber realizado aquella manifestación cuando amplió su declaración ante la fiscalía. Ríos, por su parte, ratificó su relato ante la Justicia.

Otro de los elementos que Herrera cuestiona es el informe de la Oficina de Violencia Doméstica, que analizó el vínculo entre Arizaga y Moyano. Según la interpretación del abogado, la evaluación puso el foco en una posible asimetría de poder vinculada con la diferencia de edad de 19 años que existe entre ellos y la actividad sindical y política del ex diputado.

La defensa de Arizaga sostiene que esas circunstancias no alcanzan para justificar que las restricciones se mantengan indefinidamente. Sin embargo, la fiscalía continúa investigando los hechos y evaluando las medidas de protección.

El encuentro en España y la prohibición de acercamiento

La nueva citación se conoció después de que trascendieran imágenes de Arizaga y Moyano juntos en Madrid, donde fueron vistos pese a que en la Argentina sigue vigente una medida judicial que impide al ex diputado acercarse a menos de 300 metros de la joven o mantener contacto con ella.

Consultado sobre ese viaje, Herrera explicó que Moyano se había trasladado a España por cuestiones laborales y que Arizaga viajó posteriormente. El abogado sostuvo que la prohibición de acercamiento dictada por la Justicia argentina no tiene aplicación en territorio español.

También rechazó que la exposición pública de la pareja deba interpretarse como una provocación a la Justicia. Según planteó, “se trata de dos personas adultas que desean mantener su relación”.

La propia Arizaga había expresado su malestar en redes sociales. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió en Instagram.

Tras ese descargo, Moyano compartió nuevas fotografías junto a la joven durante su estadía en España. Las publicaciones volvieron a poner en primer plano la discusión sobre la continuidad de las restricciones judiciales.

La investigación por desobediencia

La causa comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo descalza y semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, tras salir del departamento de Facundo Moyano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la detención del ex diputado y en la apertura de una investigación para determinar qué había ocurrido previamente en su domicilio.

Posteriormente, la fiscalía incorporó una nueva imputación contra el sindicalista por desobediencia, a partir de un presunto encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel, ubicado sobre la avenida Belgrano al 500, mientras continuaban vigentes las restricciones.

Como parte de esa investigación, se analizaron las cámaras de seguridad, los registros del establecimiento y la información de los teléfonos celulares. Una pericia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales detectó que ambos dispositivos registraron actividad en antenas cercanas al hotel durante distintas fechas de septiembre, aunque esos datos no permiten establecer por sí solos que ambos hayan compartido una habitación.

Mientras continúa la investigación, la prohibición de acercamiento y contacto sigue vigente. La nueva evaluación prevista para el lunes 19 será otra instancia dentro del expediente, aunque por ahora no está confirmado que Arizaga vaya a presentarse.

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, rechazó los ataques publicados en redes sociales por el caricaturista Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, y aseguró que la libertad de expresión no puede usarse para maltratar a las mujeres.

El origen de la controversia fue una publicación realizada en X por la cuenta Julio César González Quiceno, considerado una de las voces críticas más reconocidas y controvertidas del país.

El caricaturista compartió una fotografía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, acompañada de expresiones despectivas. Textualmente escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sci)”.

El mensaje, además de contener calificativos ofensivos hacia Pineda, cuestionaba el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Colombia. La publicación generó rápidamente reacciones de rechazo y de apoyo en la red social, reabriendo el debate sobre los límites de la sátira política y el respeto hacia las mujeres en cargos públicos.

La respuesta del ministro Beltrán: “No es un pasaporte para irrespetar”

Frente a esa publicación, el ministro Jaime Andrés Beltrán salió en defensa de la primera dama a través de su cuenta en X. En un mensaje directo, pidió respeto para Pineda como mujer, como madre y como persona que ha acompañado al país en momentos dolorosos.

“La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, escribió el jefe de la cartera de Vivienda. En el mismo mensaje, Beltrán exigió respeto para la esposa del jefe de Estado y rechazó los que calificó como ataques rastreros contra ella y contra las mujeres que integran el movimiento Patria Milagro.

“Exijo respeto para la primera dama Ana Lucía Pineda, como mujer, como madre y como una persona que ha demostrado con el ejemplo lo que significa acompañar a Colombia en momentos tan dolorosos. No más ataques rastreros contra la primera dama y las mujeres que integran la Patria Milagro”, expresó textualmente el funcionario.

Con este pronunciamiento, el Gobierno fijó una posición institucional de respaldo a la primera dama y amplió la discusión hacia la violencia de género en el debate político digital.

El vicepresidente Restrepo también cuestionó al caricaturista

Al rechazo del ministro de Vivienda se sumó el del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, que también utilizó su cuenta en X para cuestionar el tono del mensaje de Matador.

Restrepo aseguró que hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe y calificó la publicación como un ejemplo de ello. “Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco. Y pensar que durante años a un ‘tipejo’ capaz de expresarse así se le concedió algún grado de reconocimiento público. Inconcebible. Rechazo total!!! Y ojalá alguna vez se comporte como un ser racional (sic)”, acotó el vicepresidente en X.

Las dos reacciones desde el alto Gobierno muestran una estrategia de cierre de filas alrededor de la figura de la primera dama, en un momento en el que su campaña humanitaria se encuentra en plena fase de visibilización.

El balance de ‘Colombia, un Solo Corazón’ tras el terremoto

En paralelo a la polémica, la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó el balance de la campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, iniciativa que lidera para atender a los damnificados del terremoto.

Según el reporte divulgado en sus redes sociales, más de 48.000 personas se han beneficiado de las ayudas humanitarias movilizadas durante los dos meses posteriores al sismo. La campaña ha entregado más de 5.813 toneladas de ayuda en ocho departamentos y 80 municipios del país.

“Hoy cumplimos dos meses siendo Colombia, un solo corazón”, expresó Pineda en una publicación en Instagram, en la que destacó la participación de voluntarios, empresas y fundaciones.

De acuerdo con el balance, un total de 166 empresas, entidades y fundaciones se vincularon a la iniciativa, junto a más de 1.250 voluntarios y la habilitación de más de 30 centros de acopio en diferentes lugares del territorio nacional. En materia logística, 24 empresas de transporte participaron en la movilización de la ayuda por tierra, aire y mar.

“Gracias a cada voluntario y a cada empresa aliada por estos dos meses de entrega. Nada de esto habría sido posible sin ustedes”, expresó la primera dama.

Fase de reconstrucción: vivienda, colegios y centros de salud

Además de la atención humanitaria inmediata, la campaña anunció el inicio de una fase de reconstrucción con alianzas privadas.

Uno de los proyectos contempla la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, en Quibdó, Chocó, en alianza con la Corporación Organización El Minuto de Dios. En Cali, se anunció la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres centros de salud con una donación de la Fundación Solidaridad por Colombia.

Asimismo, se informó sobre una alianza con Argos, Proconcreto y ACF para desarrollar nuevas viviendas para familias damnificadas, sin que se especificara el número de unidades. En Quibdó también se proyecta la atención de 300 familias mediante un centro integral, en alianza con la organización nu3, que incluye actividades solidarias como bingos para recaudar recursos.

Un juez en Sonora vinculó a proceso a Luis Fernando “N”, conocido como “El Güicho”, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada. La resolución se dictó tras una investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en el municipio de Magdalena de Kino.

El caso corresponde a hechos ocurridos el 12 de septiembre de 2026, cuando la víctima, identificada como Casandra Jimena “N”, fue interceptada mientras caminaba por la salida sur de la ciudad. Permaneció privada de su libertad hasta que fue liberada en las primeras horas del 14 de septiembre.

La resolución judicial contra “El Güicho”

Un juez determinó que existen elementos suficientes para someter a proceso penal a Luis Fernando “N” por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada. La decisión se basó en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público durante la investigación.

El imputado es señalado por la FGJES como presunto responsable de haber privado de la libertad a una mujer en la región de Magdalena de Kino, desde el 12 hasta el 14 de septiembre de 2026. La vinculación a proceso representa un primer paso en el procedimiento penal, luego de que la autoridad judicial consideró acreditado el delito y la probable participación del acusado.

La investigación estuvo a cargo de la FGJES, que documentó tanto el momento de la sustracción de la víctima como las condiciones en las que permaneció retenida hasta su liberación.

Cómo ocurrió el secuestro

Los hechos se registraron cuando la víctima caminaba por la salida sur de Magdalena de Kino, a la altura de las letras monumentales de la ciudad, sobre la Carretera Internacional. De acuerdo con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el imputado la sujetó por la espalda y la llevó contra su voluntad hacia una zona de monte cercana.

En ese lugar, según la investigación, el hombre la habría sometido mediante amenazas. Posteriormente le habría colocado sobre el rostro un trapo impregnado con una sustancia de fuerte olor, lo que provocó que la víctima perdiera el conocimiento.

Fue en ese estado que, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer fue trasladada a otro punto del municipio, donde permanecería retenida durante los días siguientes.

El cautiverio en la colonia El Sásabe

Tras perder el conocimiento, la víctima fue llevada a un inmueble ubicado en un camino de terracería de la colonia El Sásabe. En ese lugar, según los datos de prueba, permaneció privada de la libertad bajo amenazas y sin posibilidad de retirarse por voluntad propia.

El cautiverio se extendió desde el 12 de septiembre hasta las primeras horas del 14 de septiembre de 2026, cuando finalmente la víctima fue liberada. La FGJES no detalló las circunstancias específicas en las que se produjo la liberación dentro de la información difundida sobre el caso.

Durante ese periodo, el Ministerio Público documentó elementos adicionales que formaron parte del expediente integrado para sustentar la vinculación a proceso ante el juez.

Expresiones de control documentadas en el expediente

Dentro de la investigación, el Ministerio Público también documentó expresiones de control y posesión dirigidas hacia la víctima por parte del imputado. Estos elementos fueron incorporados al contexto de violencia analizado durante la integración de la carpeta de investigación.

La FGJES señaló que el caso se trabajó con perspectiva de género, un enfoque que la institución aplica en la investigación de delitos que vulneran la libertad y seguridad de las mujeres en el estado.

La fiscalía sostuvo que continuará las investigaciones de este tipo de delitos, con el propósito de que las víctimas cuenten con acceso efectivo a la justicia y protección institucional durante todo el proceso penal derivado de estos hechos.

Las penas que contempla el Código Penal de Sonora

El delito de privación ilegal de la libertad agravada, por el que fue vinculado a proceso “El Güicho”, está contemplado en el Código Penal del Estado de Sonora. El artículo 294 de ese ordenamiento establece que comete este delito “el particular que ilícitamente sustraiga, detenga o retenga a otro”, y fija una pena base de tres a nueve años de prisión, además de una multa de veinte a doscientos días.

Sin embargo, cuando concurren determinadas circunstancias agravantes, la sanción se incrementa de forma considerable. El artículo 295 del mismo código establece que, en esos casos, la privación ilegal de la libertad se sancionará con cuatro a doce años de prisión, junto con una multa de veinticinco a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGJES calificó el caso de Luis Fernando “N” como privación ilegal de la libertad agravada, lo que ubica la acusación dentro del rango de pena previsto en el artículo 295. El comunicado oficial de la fiscalía no detalló cuál o cuáles de las circunstancias agravantes contempladas en ese artículo fueron las que se aplicaron al caso concreto.

De comprobarse plenamente la responsabilidad penal del acusado durante el proceso judicial, la pena aplicable correspondería al rango agravado previsto en el artículo 295, es decir, entre cuatro y doce años de prisión, además de la multa correspondiente establecida en Unidades de Medida y Actualización.

Está acusado de dos hechos de amenazas agravadas con arma, dos de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegal de la libertad agravada, todo en concurso real. Su detención fue solicitada por el fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 1 local.

Tras la repercusión del caso, la víctima —una joven de 26 años y madre de un niño de cinco— habló con Infobae y reconstruyó los casi cuatro años de relación con Carrica. Entre los episodios que denunció, recordó una amenaza que recibió por videollamada, cuando el acusado le mostró un arma y le advirtió que la mataría si se enteraba de que estaba con otro hombre.

Ese episodio ocurrió en julio, después de un partido del Mundial 2026. Según relató, Carrica la llamó por video y comenzó a increparla porque no le respondía. “Vos me estás mintiendo”, le reprochó. “Si me llego a enterar que estás cogiendo a alguien, te mato”, recordó que le dijo. Acto seguido, le exhibió un arma mientras se reía.

La imagen de Carrica armado fue uno de los elementos que la joven presentó posteriormente ante la Justicia. El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, explicó en una entrevista con Verte Azul Noticias que, después de las primeras actuaciones judiciales, la víctima volvió a la comisaría de Tapalqué porque se sentía desprotegida.

Esa sensación cambió después del arresto. “Ahora estoy más tranquila”, contó la joven a este medio. También reveló que, cuando vio las imágenes de la detención, le costó reconocer a Carrica porque se había cortado el pelo y afeitado. “Toda la vida usó el cabello largo y barba tupida”, dijo.

Cronología del caso

La primera causa se inició a fines de septiembre, cuando la joven ingresó al Hospital Municipal de Tapalqué después de atravesar una crisis en la que se autolesionó. Fue el domingo 27 y, durante la atención médica, contó que sufría violencia de género y mostró moretones que, según denunció, eran producto de golpes de Carrica. También tenía una cicatriz en el rostro.

Los médicos elaboraron un informe sobre las lesiones y dieron intervención a la Policía, que inició actuaciones de oficio. La joven explicó que ese día no pudo prestar una declaración completa porque estaba medicada. Además contó que, mientras permanecía en el hospital, Carrica intentó ingresar para verla, pero fue retirado por personal policial. De acuerdo con su relato, el hombre pretendía convencerla de que no lo denunciara, como había ocurrido en otras oportunidades.

Fue en ese contexto que Carrica acudió a una dependencia policial y realizó una presentación que derivó en una medida de restricción contra la propia víctima. La joven contó que inicialmente entendió que la prohibición de acercamiento alcanzaba a ambos, pero cuando se recuperó y revisó la documentación descubrió que solo regía para ella.

“Me dejaron totalmente desprotegida”, sostuvo.

Según relató, acudió al Juzgado de Paz de Tapalqué para pedir explicaciones, pero el juez no la recibió. Luego fue a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde le confirmaron el alcance de la restricción.

Ante esa situación, decidió publicar en su cuenta de Facebook el video de las agresiones, que se viralizó el fin de semana pasado. La grabación, realizada entre fines de agosto y septiembre en su casa, muestra a Carrica mientras le revisa el teléfono, le elimina contactos de sus redes y la golpea. “No me pegues más”, se la escucha suplicar.

La difusión de las imágenes dio repercusión nacional al caso. En medio de esa exposición, la joven volvió a presentarse ante la Policía y aportó nuevos elementos, entre ellos la fotografía en la que Carrica aparecía con un arma.

Esa segunda presentación dio origen a una nueva causa, a cargo del fiscal Marcelo Fernández, en la que se investigaron hechos de mayor gravedad y que derivó en la detención de Carrica el lunes pasado.

Sobre la fotografía de Carrica armado, fuentes de la Fiscalía precisaron a Infobae que correspondía a un momento en el que el hombre se encontraba en la localidad bonaerense de Moreno. También aclararon que la víctima nunca lo vio personalmente con un arma, sino que se la exhibió durante una videollamada. Por ese motivo, no se ordenó un allanamiento para buscarla.

En cuanto al video que se viralizó, Sobrino señaló que fue necesario verificar su autenticidad antes de incorporarlo como prueba. Para ello, los investigadores solicitaron el teléfono original de la víctima y realizaron una constatación de la publicación en Facebook, con el objetivo de preservar su contenido ante una eventual eliminación.

“Creí que el amor era eso”

En su conversación con Infobae, la joven también reconstruyó otros episodios de violencia que, según denunció, sufrió durante la relación que comenzó entre fines de 2022 y principios de 2023.

Aunque nunca convivieron, aseguró que Carrica la amenazaba con cuchillos y tijeras, le impedía salir de su casa y la obligaba a quedarse a dormir allí. También recordó que en otras oportunidades la había amenazado con descuartizarla: “Decía que iba a cortarme en pedacitos y me iba a comer”.

“Creí que el amor era eso”, reflexionó sobre las situaciones que había llegado a naturalizar.

La joven contó que actualmente recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sufre ataques de ansiedad, temblores y episodios de miedo, y aseguró que perdió cuatro kilos en una semana.

“Hay días en los que estoy bien y otros en los que estoy mal”, explicó. También habló de la tristeza, la culpa y la vergüenza que todavía siente, así como de la dificultad de salir a la calle y percibir que otras personas la observan o la juzgan.

Retomar el trabajo fue uno de los pasos que más la ayudaron. Destacó además el acompañamiento de su familia, de su amiga Dalma y de su abogado, Gustavo Noceda, a quien agradeció tanto por su labor profesional como por la contención que le brindó.

Aunque la detención de Carrica le produjo alivio, reconoció que todavía atraviesa un proceso de recuperación. “Yo pude salir, pero hay traumas que voy a tener que trabajar toda la vida”, expresó.

Antes de terminar la entrevista, quiso dejar un mensaje para otras mujeres que atraviesan situaciones similares: “Que actúen, que no tengan miedo, que no crean que estamos solas, porque detrás de ese infierno hay gente acompañando. Ellos nos hacen creer que no valemos nada, que estamos solas”.

“Basta de violencia, de que hombres así nos humillen y nos denigren”, concluyó.

Una madre y su hija fueron aprehendidas este lunes en el barrio Atalaya de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, acusadas de haber matado al padre de la familia, un hombre de 41 años. El personal policial de la Comisaría 7ma de Moreno, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste II, llegó al domicilio ubicado en la calle San Nicolás 3330 y encontró a la víctima con varias heridas de arma blanca. La fiscalía a cargo del caso ordenó la detención de ambas mujeres.

El hombre fue identificado como Alberto Federico Araoz Aracena, mecánico, nacido en San Juan. Según pudo establecer la policía de la provincia de Buenos Aires, el hombre convivía en el inmueble junto a E.E.C., de 42 años, ama de casa y madre de F.A.A., de 23 años y estudiante. Las tres personas se encontraban en el domicilio al momento de la intervención policial.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911, tras el cual efectivos del Cuerpo de Prevención de Moreno (CPM) se trasladaron al lugar. Al llegar, encontraron a la madre de la familia en estado de shock junto a su hija. El cuerpo de Araoz Aracena presentaba múltiples heridas de arma blanca. Tanto la madre como la hija participaron en el hecho, según lo que surgió de las primeras actuaciones.

De acuerdo con lo relevado en el lugar, E.E.C. sufría desde hacía años violencia física y psíquica a manos de Araoz Aracena. La secuencia que derivó en la muerte del hombre habría comenzado con una discusión y agresiones dentro del hogar. Sin embargo, según confirmaron a Infobae, las autoridades verificaron que no existían denuncias previas por parte de la mujer respecto de esa situación de violencia doméstica.

El hecho tuvo lugar íntegramente dentro del domicilio particular. La fiscalía dispuso la aprehensión de ambas mujeres —Castellano y su hija Florencia— en el marco de la carátula de homicidio. La investigación continúa a cargo de la fiscalía interviniente, mientras el contacto familiar de las detenidas se preserva bajo reserva.

Un hombre atacó con un machete a madre e hija y terminó detenido en Rafael Castillo

Daniel Richar Medina (26) fue detenido por la Policía Bonaerense, acusado de atacar con un machete a una joven y su madre en Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza. Una cámara de seguridad registró la secuencia.

El episodio ocurrió el pasado domingo, poco después de la medianoche, en Reaño y Alagón. Tras una alerta, efectivos de la Comisaría Sur Segunda de González Catán acudieron y hablaron con una mujer que denunció que un hombre había intentado agredirla con un arma blanca a ella y su hija.

El video muestra al sospechoso, con campera verde y pantalón oscuro, acercarse con un machete a mujeres en la entrada de un comercio. Atacó a una joven, que terminó sobre la vereda. Se escucha: “No, no. Ey, ¿qué hacés? ¡Pará!”.

La agresión continuó. Dos mujeres se refugiaron en el comercio y empleados bajaron la reja para impedir el ingreso del hombre, que golpeó la puerta con el machete. Un joven salió con una tabla de madera y golpeó al atacante por detrás. Luego, una mujer le lanzó una botella de vidrio. El hombre se retiró a pie.

Con información de víctimas y testigos, los efectivos rastrillaron la zona y arrestaron a Medina, quien quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de ilícito, según datos policiales.

Natasha, madre de una de las jóvenes atacadas, relató que pidió un auto por aplicación para trasladarse con su hija. Al salir de su casa para abordarlo, vio que Medina se acercó al conductor. Tras un cruce de palabras, habría golpeado varias veces el auto con el machete y el chofer se retiró.

Según contó, el acusado fue hacia ella y su hija y le dijo: “Te voy a pegar”. “Cuando él saca el machete, le da el machetazo a mi hija”, relató Natasha a TN. “La defendí a mi hija y me macheteó a mí también”. La mujer dijo conocer al acusado “del barrio” y que suele reaccionar violentamente “cuando está drogado”.

Milagros, su hija, sufrió una lesión en el hombro. “Me da bronca porque si el machete tenía filo, no sé si mi hija la contaba”, manifestó Natasha. Natasha exhibió una lesión en la cadera y contó que resbaló y cayó durante el ataque. “No me llegó a dar porque me resbalé y me caí”, indicó sobre un movimiento del agresor.

Natasha también exhibió una lesión en la cadera y contó que resbaló y cayó al suelo durante el ataque. Sobre uno de los movimientos del agresor en la secuencia, indicó: “No me llegó a dar porque me resbalé y me caí”.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central revisar urgentemente los criterios del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) al ver que la mitad de las mujeres asesinadas por violencia de género en Madrid en 2025 estaban consideradas como “riesgo bajo”.

El año pasado, ocho mujeres murieron en la Comunidad de Madrid a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, cuatro se encontraban dentro del sistema Viogén, pero calificadas de riesgo bajo. “Los algoritmos del sistema no funcionan”, ha reclamado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El sistema Viogén mantiene activos 12.851 casos en la Comunidad de Madrid, pero solo 132 están catalogados con riesgo alto o extremo, menos del 1% del total. Estas dos categorías activan la vigilancia permanente de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

El representante autonómico ha solicitado este viernes una revisión “urgente y en profundidad” de los mecanismos de gestión, valoración de riesgos y los protocolos de Viogén, que espera que estudie cada caso. Asimismo, ha solicitado “refuerzo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional” para “garantizar la protección adecuada” de las víctimas y su entorno, ya que se cuenta “con una media de un agente protector por cada 100 mujeres”.

El consejero ha aprovechado igualmente para reclamar “que se mejore el funcionamiento y se corrijan cuanto antes los fallos que se siguen produciendo en las pulseras antimaltrato”. Según los datos recabados por la Comunidad en un comunicado, se han recogido 40 posibles fallos relativos al año 2025.

Más de 18.000 mujeres atendidas por violencia de género en Madrid

El Ejecutivo autonómico ha destacado que la red autonómica ha realizado 120.000 actuaciones de atención psicológica, reparación emocional, asesoramiento jurídico y atención social. “Estamos hablando de 120.000 actuaciones, entre ellas son atención psicológica y de reparación emocional, atención jurídica y atención social”, ha indicado Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

En lo que va de año, la Comunidad ha atendido en 2026 a más de 18.000 personas afectadas por violencia de género. La cifra engloba a mujeres, sus hijos y otros familiares. La consejera ha sostenido que Madrid cuenta con “una red más amplia y más especializada en la atención a mujeres víctimas” de violencia de género.

Asimismo, la región está personada en 80 procedimientos judiciales por el asesinato de mujeres madrileñas a manos de sus parejas o exparejas. En materia de vivienda, la Agencia de Vivienda Social ha adjudicado 101 viviendas a mujeres víctimas de violencia en la región en lo que va de año. En el ámbito laboral, 6.147 mujeres reciben servicios y recursos de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad prevé poner en marcha en 2027 un nuevo centro especializado en rehabilitación y formación profesional para mujeres víctimas. Dávila también ha mencionado la incorporación de un programa de terapia asistida con caballos para la recuperación emocional y el convenio en elaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para extender ese servicio.

Un hombre está acusado de interceptar a su expareja a la salida de un boliche de Trelew, provincia de Chubut, obligarla a subir a un auto mientras exhibía un arma y agredirla cuando intentó escapar. La mujer logró pedir auxilio a un grupo de jóvenes después de huir del lugar.

Por el episodio, ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de octubre, y por el hallazgo posterior de un revólver calibre 38 sin autorización, el acusado quedó con prisión preventiva por tres meses mientras avanza la investigación judicial.

El caso comenzó a la salida de un local nocturno ubicado sobre la calle Marconi. De acuerdo con la acusación expuesta por la Fiscalía durante la audiencia de control de detención, el imputado interceptó a la mujer y, con un arma en la cintura, la obligó a acompañarlo hasta un automóvil estacionado en la zona.

La víctima subió al vehículo bajo intimidación. El hombre condujo por distintos puntos de la ciudad mientras mantenía visible el arma. En ese trayecto, le habría dirigido una amenaza de muerte: “Ahora vas a ver, te voy a cagar matando”.

El recorrido terminó en un motel situado sobre la calle Pascual Daleoso. Allí, la mujer intentó escapar del vehículo, pero el acusado la habría alcanzado antes de que pudiera alejarse del lugar.

El hombre tomó el teléfono celular de la víctima y lo arrojó a la calle. La Fiscalía interpretó esa conducta como un intento por evitar que la mujer pidiera ayuda o se comunicara con otras personas.

La mujer procuró huir nuevamente. En esa instancia, el acusado la habría golpeado y arrastrado del cabello para impedir que se fuera. La investigación incorporó estos hechos dentro de un contexto de violencia de género.

Finalmente, la víctima logró liberarse y corrió hasta encontrarse con un grupo de jóvenes, a quienes les pidió ayuda. Ellos alertaron a la Policía, aunque el acusado ya se había retirado cuando arribaron los efectivos.

La mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde radicó la denuncia y recibió atención por las lesiones que presentaba. La secuencia fue detallada por la Fiscalía durante la audiencia judicial, según informó Diario Jornada.

Tres días después del episodio denunciado en Trelew, el acusado fue interceptado en Playa Unión durante un control policial de rutina. Los efectivos detuvieron el Toyota que conducía y realizaron una requisa del vehículo.

En ese procedimiento hallaron un revólver calibre 38. La portación del arma no estaba autorizada, de acuerdo con los elementos planteados ante la Justicia. El hombre, identificado por sus iniciales como M.O.V., quedó detenido y a disposición de los investigadores.

Por el primer episodio, la Fiscalía le atribuyó los delitos de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, amenazas simples, daño y lesiones leves. Todas esas figuras fueron encuadradas en el marco de violencia de género.

A su vez, por el arma encontrada en Playa Unión, la acusación sumó el delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra. La audiencia de control permitió formalizar la investigación sobre ambos hechos.

El juez Gustavo Castro habilitó la apertura de la investigación penal y ordenó que el imputado continúe detenido de manera preventiva por el plazo inicial de tres meses.

Para adoptar la medida, el magistrado tuvo en cuenta los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la pesquisa. También consideró los antecedentes judiciales del acusado.

Según se expuso en la audiencia, en 2022 el hombre recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por delitos de características similares. Además, registra otra causa en trámite vinculada con la portación de arma de guerra.

La investigación continuará con la recolección de pruebas, entre ellas los testimonios, las actuaciones policiales y los elementos secuestrados durante el control vehicular. La prisión preventiva quedó sujeta a revisión durante el proceso judicial.

Una denuncia por violencia de género derivó en un operativo policial que terminó con cuatro hombres detenidos y tres armas de fuego secuestradas.El hecho sucedió en una vivienda de calle Solari, en Guaymallén, provincia de Mendoza.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta ingresada al 911. Efectivos de la Comisaría 35 y de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) acudieron al domicilio señalado para intervenir ante la denuncia por hecho ocurrido en la casa en cuestión.

Según pudo saber el medio local Los Andes, una vez en el lugar, los policías obtuvieron las características del sospechoso y activaron un operativo de búsqueda en el área. El hombre fue localizado cerca de su vivienda y quedó detenido. Durante ese primer procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver que estaba en poder del acusado.

A partir de allí, las tareas continuaron en distintos sectores de la zona con el objetivo de ubicar a otras personas vinculadas con el hecho. La búsqueda llevó a los agentes hasta la intersección de las calles Edison y Formosa, donde encontraron a otros tres hombres, quienes también fueron aprehendidos en el marco de la intervención iniciada por la denuncia de violencia de género.

En ese lugar, la Policía incautó otras dos armas de fuego más: un revólver y una pistola, que quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales. Los investigadores deberán determinar si tenían relación directa con la denuncia que motivó el despliegue policial o si pueden estar vinculadas con otros hechos.

La información difundida no precisó la identidad de los detenidos ni las medidas adoptadas por la Justicia tras las aprehensiones. Los cuatro involucrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación.

Dos detenciones recientes por causas de violencia de género

Un caso reciente registrado en Las Heras expuso otra intervención policial por violencia de género que derivó en el secuestro de un arma de fuego. El hecho ocurrió el 11 de septiembre, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre una presunta agresión contra una mujer dentro de una vivienda situada en las cercanías de las calles Laprida y Alem.

El llamado ingresó alrededor de las 17 y motivó el desplazamiento de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP). Cuando los policías arribaron al lugar, un grupo de vecinos les indicó cuál era la propiedad donde el hombre estaba golpeando a la pareja. Las personas que se encontraban en el lugar también advirtieron que el sospechoso podía tener un arma.

Cuando el hombre advirtió la llegada del móvil policial, cerró la puerta de la vivienda. Minutos después, al verse rodeado por los agentes, abrió el ingreso y manifestó su intención de entregarse. La joven de 24 años autorizó a los efectivos a ingresar al domicilio. Durante la inspección, registrada mediante una cámara corporal, los policías hallaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros sobre el lavamanos del baño.

El sospechoso fue detenido y trasladado al móvil policial mientras continuaba el procedimiento. La medida buscó resguardar a la víctima y permitir que los efectivos avanzaran con las actuaciones dentro de la propiedad.

Otro procedimiento reciente se registró en Tunuyán, donde la Policía detuvo a un hombre de 30 años que tenía un pedido de captura por una causa de lesiones graves en contexto de violencia de género. Los efectivos llegaron hasta la zona de calle Azcuénaga, cerca del Parque Lombardía, tras recibir información sobre la posible presencia del acusado.

El sospechoso intentó escapar cuando advirtió el operativo, pero fue alcanzado por un agente luego de una persecución a pie de unos 300 metros. Después fue trasladado a la Subcomisaría Cordón del Plata y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

Después de que trascendiera que la Fiscalía especializada que investiga a Facundo Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género volvería a citar a Candela Arizaga cuando regrese al país, la influencer desmintió por medio de redes sociales haber denunciado a su pareja.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió Arizaga en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. El descargo de la joven se conoció luego de que se diera a conocer que la pareja se había reencontrado en España, pese a la vigencia de una restricción de acercamiento.

A raíz de esto, la influencer cuestionó las versiones que circularon desde el 4 de agosto, día en el que se difundieron imágenes suyas mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, a la altura del barrio porteño de Belgrano. “De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, apuntó.

En este sentido, la joven pidió prudencia frente a las críticas y remarcó: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar, pónganse a investigar un poco de la situación”. Seguido al descargo, Moyano publicó una serie de imágenes junto a ella, donde la pareja posó abrazada y sonriente en un muelle.

“Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, escribió el dirigente sindical en la publicación. Además, en una de las fotos se pudo ver un collar que habría sido un regalo del ex diputado para su novia.

Previo a esto, fuentes oficiales del caso explicaron a Infobae que la citación que realizaría la Fiscalía especializada en violencia de género buscaría garantizar el resguardo de la joven. Asimismo, se espera que pueda ampliar su declaración con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario y bajo condiciones de resguardo.

Por el momento, no hay una fecha definida, ya que la convocatoria dependerá de cuándo Arizaga vuelva al país. Mientras tanto, la causa continúa en trámite y la restricción judicial que impide el contacto entre ambos sigue vigente en territorio argentino. La disposición establece que Moyano no puede acercarse a menos de 300 metros de Arizaga ni comunicarse con ella.

La investigación se inició el 4 de agosto, luego de que Arizaga fuera vista corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la apertura del expediente para establecer qué había sucedido previamente en el departamento del ex diputado.

Por otro lado, la fiscal Florencia Nocerez incorporó al expediente una investigación por una presunta desobediencia. La medida apunta a determinar si ambos se encontraron en el Aira Apart Hotel, ubicado en avenida Belgrano 538, pese a la prohibición de acercamiento que rige en el expediente.

El expediente paralelo se abrió a partir de publicaciones en redes sociales que indicaban que ambos podrían haber estado en ese establecimiento. Para verificar si Arizaga ingresó al hotel mientras Moyano se hospedaba allí, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, la Fiscalía pidió información al alojamiento, secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad e incorporó registros telefónicos.

Además, esta semana, la Justicia recibió los resultados del análisis de geolocalización de los celulares de los involucrados. La pericia fue realizada por la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), organismo que depende del Ministerio Público Fiscal porteño.

El estudio comparó los registros de antenas de dos empresas de telefonía para precisar la ubicación aproximada de los dispositivos. Según el informe, los teléfonos de Moyano y Arizaga registraron actividad en celdas cercanas al hotel durante el 1, el 7 y el 11 de septiembre.

La coincidencia más extensa se produjo entre la noche del 1 de septiembre y la tarde del 3. El teléfono de Arizaga comenzó a emitir señal en la zona a las 23:42 del primer día y permaneció activo hasta las 15:55 del 3, durante casi 40 horas. En ese mismo lapso, el dispositivo de Moyano registró actividad desde las 4:29 del 1 hasta las 23:50 del 3.

El 7 de septiembre, el celular de la joven tuvo señal entre las 00:20 y las 11:06, mientras que el de Moyano lo hizo entre las 2:33 y las 21:27. La tercera coincidencia fue el 11: el dispositivo de Arizaga estuvo activo entre las 00:08 y las 23:42, y el del dirigente sindical, entre las 3:13 y las 9:12.

Un concejal peronista de Bariloche renunció este jueves a la banca que ocupa desde 2023, luego de protagonizar un episodio de violencia de género contra su expareja, durante una discusión ocurrida este miércoles al mediodía en el interior de un edificio de la ciudad.

Se trata de Leandro Costa Brutten, quien anunció su dimisión a través de las redes sociales y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido. Según relató el propio edil, durante la discusión persiguió a su expareja y le quitó por la fuerza el teléfono celular con el que ella lo estaba filmando.

“Quiero informar de mi total responsabilidad y culpa por una situación condenable de la que soy absolutamente responsable”, admitió.

El concejal reconoció que protagonizó un “forcejeo violento” luego de que su expareja intentara filmarlo, una conducta que, según admitió, ella tenía “todo el derecho” de realizar. “Mi ex pareja me intentó filmar, le quité el teléfono con violencia”, señaló. Y agregó: “Actué mal con alguien a quien amo, la madre de mis hijos”.

Costa Brutten sostuvo que no encuentra una explicación para su comportamiento y rechazó atribuir responsabilidades a terceros. “No le echo la culpa a nadie, la culpa es totalmente mía. Nadie tiene la culpa, menos mi familia”, afirmó.

También señaló que nunca había atravesado una situación similar y sostuvo que era la primera vez que reaccionaba de esa manera ante un intento de ser filmado.

En su publicación, el dirigente peronista aseguró que se presentará ante la Justicia para afrontar las consecuencias legales que pudieran corresponder por el episodio. “Voy a asumir mi culpa total por mi repudiable actitud y mi comportamiento ilegal, contrario a lo que corresponde como hombre y ser humano, que siempre debe respetar a toda mujer y convivir con respeto de la ley en nuestra sociedad”, sostuvo.

La renuncia y el impacto político

Este jueves, Costa Brutten formalizó su renuncia a la banca de concejal, una decisión que tiene impacto no sólo institucional sino también en el escenario político local y provincial.

El edil se había consolidado desde su llegada al Concejo Deliberante como uno de los principales referentes de la oposición a la gestión del intendente Wálter Cortés, con un fuerte nivel de confrontación política con el oficialismo municipal.

Su salida modifica, además, el escenario dentro del peronismo barilochense, ya que Costa Brutten había adquirido protagonismo en la discusión política provincial y su nombre había comenzado a ser mencionado como un eventual integrante de un armado electoral del peronismo rionegrino para las elecciones de 2027.

En ese contexto, había trascendido la posibilidad de que pudiera acompañar en una fórmula a María Emilia Soria, mencionada como una de las figuras del peronismo con proyección para disputar la gobernación de Río Negro en 2027.

El propio Costa Brutten explicó que decidió dejar su banca porque considera que ya no reúne las condiciones personales que, a su criterio, son necesarias para ejercer la representación política. “Renuncio por carecer de aptitud moral y legal para representar a los barilochenses en el importante ámbito del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche”, explicó.

En esa línea, sostuvo que no tiene “capacidad moral ni ética” para continuar en el cargo. “¿Cómo voy a legislar o plantear una lucha para alguien si no puedo con mi alma?”, se preguntó. Y agregó en su descargo: “Uno no representa a nadie si no se maneja bien en la vida”, agregó, al sostener que existe una relación directa entre las conductas en el ámbito privado y el ejercicio de una función pública.

El dirigente también explicó que decidió hacer público lo ocurrido porque considera que forma parte de las responsabilidades inherentes a su exposición política. “Es un requisito de la vida pública dar la cara”, afirmó.

Por su parte, el intendente Wálter Cortés reconoció que la renuncia de Costa Brutten representa un “sacudón político” para la escena local, teniendo en cuenta el rol que el concejal había asumido como uno de los principales opositores de su gestión.

Sin embargo, el jefe comunal evitó realizar una valoración política sobre el episodio y sostuvo que se trata de una situación perteneciente al ámbito privado.

“En los infortunios de la vida de las personas, no me meto”, afirmó Cortés al ser consultado por la dimisión del edil. El intendente agregó que observa el episodio desde una perspectiva humana y señaló que se trata de “un momento de tristeza tanto para quien sufre una agresión como para quien la comete”.

Luego de que se hiciera público el encuentro entre Candela Arizaga y Facundo Moyano en Madrid, la Fiscalía especializada en violencia de género que investiga una denuncia por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad prevé entrevistar a la joven cuando vuelva al país. Aún no hay una fecha estimada, debido a que dependerá del regreso de la denunciante.

De acuerdo con las fuentes del caso a las que tuvo acceso Infobae, con esto, la fiscal busca escuchar a la influencer y resguardar sus derechos. Sobre todo, porque en territorio nacional aún se encuentra vigente la restricción de acercamiento que fue concedida por la Justicia.

La decisión se tomó luego de que se difundieran imágenes de Arizaga junto a Moyano en Madrid en el programa La Mañana con Moria, emitido por El Trece. Mientras tanto, la causa continúa en trámite ante la Fiscalía especializada.

La declaración que se le tomará a la joven se realizará con intervención de un equipo interdisciplinario, una modalidad prevista para abordar denuncias que se investigan en un contexto de violencia de género y para garantizar condiciones de contención durante la medida.

Por ahora, la fiscal no fijó una fecha para la entrevista porque se desconoce cuándo regresará Arizaga a la Argentina. Aunque habría intentado contactarse con ella, no habría tenido respuesta. Por esto, la convocatoria quedará supeditada a su retorno al país.

Los detalles de la causa

La investigación contra Moyano comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la apertura de un expediente para determinar qué había sucedido en el departamento del ex diputado.

A partir de las primeras medidas, el dirigente sindical fue imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese marco, la Justicia dispuso una restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros de Arizaga o comunicarse con ella mientras continúa la investigación.

Recientemente, la fiscal Florencia Nocerez también incorporó un nuevo hecho al expediente y ordenó investigar una presunta desobediencia. La medida surgió ante la sospecha de que los involucrados se habrían encontrado en el Aira Apart Hotel, pese a que la prohibición de acercamiento y contacto continuaba vigente.

La causa paralela se abrió después de que se conocieran publicaciones en redes sociales que sugirieron la presencia de ambos en el establecimiento. Para determinar si Arizaga ingresó al hotel durante la estadía de Moyano, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, la Fiscalía secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad, solicitó información al alojamiento e incorporó registros telefónicos que trascendieron en las últimas horas.

Fue así que la Justicia recibió en las últimas horas los resultados de los análisis de geolocalización de los teléfonos de los señalados. El estudio estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), dependiente del Ministerio Público Fiscal porteño.

El organismo cruzó los registros de antenas de dos compañías telefónicas para establecer la ubicación aproximada de los dispositivos. Según la pericia a la que accedió este medio, los dispositivos de Moyano y Arizaga registraron actividad en celdas cercanas al hotel, situado en la avenida Belgrano 538 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el informe remarcaron que estos fueron detectados durante tres fechas: el 1, el 7 y el 11 de septiembre. Las coincidencias incluyeron períodos de hasta más de 39 horas continuas.

El 1 de septiembre, el dispositivo de Arizaga comenzó a registrar señal en la zona a las 23:42 y se mantuvo activo hasta el 3 de septiembre a las 15:55, durante cerca de 40 horas. En ese lapso, el teléfono de Moyano tuvo actividad desde las 4:29 del 1 de septiembre hasta las 23:50 del 3.

El 7 de septiembre, el teléfono de Arizaga registró señal entre las 00:20 y las 11:06, mientras que el del Moyano lo hizo entre las 2:33 y las 21:27. La tercera coincidencia se produjo el 11 de septiembre, cuando el dispositivo de la joven estuvo activo entre las 00:08 y las 23:42, y el del dirigente sindical, entre las 3:13 y las 9:12.

La situación personal de Josan Ferrández ha experimentado un cambio en apenas unas horas. El capitán del Elche CF fue detenido este martes después de una denuncia presentada por su mujer por presuntos malos tratos y permaneció en los calabozos de los juzgados de Orihuela. Este miércoles, sin embargo, el futbolista quedó en libertad y sin cargos después de que su pareja retirara la denuncia, según informan los diarios Información y Plaza Deportiva.

La detención tuvo lugar en Callosa del Segura, localidad en la que reside el futbolista. Josan y su pareja, Rosa Duarte, tienen dos hijas en común y se encuentran actualmente en proceso de separación, según la información publicada por Información. El caso se produjo, por tanto, en el contexto de un proceso de divorcio que ambos han confirmado posteriormente. La denuncia incluía diferentes elementos que fueron aportados como pruebas. Según la información difundida, entre ellos figuraban conversaciones de WhatsApp con mensajes presuntamente vejatorios y fotografías de moratones que la denunciante atribuía a los supuestos malos tratos.

Tras permanecer en los juzgados de Orihuela, Josan recuperó la libertad este miércoles y quedó sin cargos después de la retirada de la denuncia por parte de su mujer, según informó Plaza Deportiva. El futbolista y Rosa Duarte decidieron pronunciarse públicamente horas después a través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales. El mensaje comienza situando el momento que atraviesa la pareja y confirmando que ambos están inmersos en un proceso de divorcio.

El comunicado conjunto de Josan Ferrández y su mujer

“Queremos manifestar conjuntamente que nos encontramos inmersos en un proceso de divorcio. Como ocurre en cualquier proceso de estas características, estamos atravesando momentos que no siempre son sencillos. No obstante, queremos dejar claro que mantenemos el respeto mutuo y nuestra voluntad de afrontar esta situación de la manera más respetuosa posible”, rezó el texto. En ese mismo comunicado, ambos quisieron referirse a las informaciones que habían trascendido durante la jornada. Josan y Duarte aseguraron que, en ese momento, no existía ningún procedimiento judicial abierto que afectara al futbolista del Elche.

“En relación a las informaciones y especulaciones de este miércoles, Ferrández y Duarte señalaron que, “en este momento, no existe ningún procedimiento judicial abierto” que afecte al futbolista del Elche.” La pareja también reclamó que el proceso de separación se mantenga al margen de la exposición pública. La petición se extendió especialmente al entorno más cercano de ambos.

“Por respeto a nuestra situación personal y, especialmente, a nuestro entorno más cercano, pedimos que cualquier cuestión relacionada con este proceso permanezca dentro de nuestra esfera privada”, advirtieron. El comunicado concluyó con la voluntad expresada por ambos de cerrar la polémica y afrontar el futuro desde el respeto. “Nuestra voluntad es zanjar cualquier tipo de polémica y poder afrontar esta nueva etapa con respeto y normalidad. Agradecemos la comprensión y el respeto hacia nuestra privacidad”, concluyó el comunicado del futbolista y su pareja.

En el plano deportivo, Josan mantiene su vínculo con el Elche CF. El capitán renovó por una temporada con el conjunto ilicitano y afronta en la campaña 2026-27 su décimo curso en el club. Durante su trayectoria como futbolista franjiverde ha formado parte de tres ascensos, dos de ellos a Primera División y otro a Segunda. Además de su condición de capitán del equipo, Josan fue pregonero de las fiestas de Elche el pasado mes de agosto. Ahora, tras quedar en libertad y sin cargos después de la retirada de la denuncia, el jugador afronta una situación personal que tanto él como su pareja han situado dentro de un proceso de divorcio y sobre la que han pedido respeto a su privacidad.

Rocío Núñez tenía 27 años y era madre de tres hijos. Este martes, fue asesinada de un disparo en el cuello en el barrio Las Heras, ubicado en Mar del Plata. Por el hecho, acusaron a su ex pareja, identificado como José Leonardo Cejas Urbistondo, de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por otro homicidio. La familia de la víctima reveló que la mujer había perdido un embarazo a causa de las agresiones que le propinaba el ahora detenido.

El ataque ocurrió cerca de las 10 horas en la zona de Reforma Universitaria, entre Morris y Güiraldes. El personal policial llegó tras una llamada realizada al 911, pero, para ese entonces, la muerte de la joven ya había sido confirmada.

Según contaron sus familiares, la víctima era mamá de una nena de 5 años y dos varones de 9 y 3. Incluso, revelaron que la violencia atravesaba a la relación que tenía con Cejas Urbistondo. Si bien contaron que habían comenzado a convivir hace cinco meses, la relación llevaba más tiempo. Aunque no pudieron precisar el tiempo que estuvieron juntos.

“Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba”, reconocieron los allegados de la joven durante un diálogo con el medio marplatense 0223. Al mismo tiempo que afirmaron que “ella no era mala persona”, lamentaron que hubiera sido asesinada de una forma tan brutal.

Luego de que se confirmara la muerte de Núñez, el fiscal Carlos Russo quedó al frente de la investigación por femicidio. En principio, se enfocaría en trabajar para determinar la mecánica del ataque y la participación del acusado.

Según las fuentes de la investigación consultadas por Infobae, la joven fue asesinada de un disparo en el cuello durante una discusión con su ex pareja. En ese momento, la víctima estaba en el patio delantero cuando comenzó el conflicto.

En ese contexto, Cejas Urbistondo habría sacado un arma y efectuado varios disparos. Una de las balas impactó en el cuello de Núñez, de acuerdo con los testimonios que ya se encuentran incorporados en la causa.

La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Las Heras, donde el personal médico confirmó su muerte. Tras el ataque, el acusado escapó del lugar.

A raíz de la fuga del principal acusado, la Policía desplegó un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. Durante la búsqueda, los efectivos detectaron su desplazamiento y, al advertir la presencia policial, el hombre arrojó dos armas al suelo e intentó continuar la fuga.

Finalmente, Cejas Urbistondo fue reducido y detenido. En el procedimiento intervino el personal de Policía Científica, que incautó un revólver Smith & Wesson calibre .38 largo, con la numeración eliminada, y otro Italo Gra calibre .32 largo, también sin identificación.

Ante la magnitud del hallazgo, el fiscal Russo dispuso que le realicen un dermotest al imputado. Asimismo, ordenó otra serie de pericias sobre las armas secuestradas para establecer cuál de ellas fue utilizada en el crimen.

En línea con esto, se ordenó notificar a Cejas Urbistondo de la imputación y trasladarlo a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado. Hasta el momento, la hipótesis inicial apuntaría a que el ataque se produjo en el marco de una discusión entre la víctima y su ex pareja. No obstante, el acusado será indagado en los próximos días.

Los antecedentes del único acusado por el femicidio de Rocío Núñez

José Leonardo Cejas Urbistondo llevaba casi dos meses prófugo por otro homicidio, cuando fue detenido por el femicidio de Rocío Núñez. La orden de captura había sido emitida el 7 de agosto por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

En esa causa, Cejas estaba imputado por los delitos de homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de armas, robo agravado con armas de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda.

El expediente se originó a partir de un robo cometido el 18 de diciembre en el corralón Los Pumas, ubicado en Fortunato de la Plaza al 9100. De acuerdo con lo publicado por La Capital, dos hombres armados ingresaron al comercio para llevarse la recaudación y uno de ellos disparó durante el asalto.

Uno de los tiros alcanzó en el rostro a Darío Tapia, de 26 años, que estaba en el lugar. El joven permaneció internado durante más de un mes en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y murió el 23 de enero como consecuencia de las heridas.

La investigación, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, identificó a los hermanos Facundo y David Carrizo como presuntos integrantes del grupo que participó en el hecho. Más adelante, la causa también vinculó a Cejas Urbistondo, situación que derivó en su pedido de captura.

No obstante, el historial judicial de Cejas incluye investigaciones iniciadas desde 2005 por robo, tentativa de robo y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil. En 2007 volvió a ser investigado en expedientes por robo agravado y tentativa de robo calificado.

Al año siguiente, sumó causas por encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y daño. En 2013 fue imputado otra vez por robo agravado. Sin embargo, el antecedente más reciente previo al crimen de este martes databa de mayo de 2025, cuando fue investigado por hurto agravado por escalamiento.

Rocío Aylen Núñez, de 25 años, estaba en el patio de una vivienda del barrio Las Heras, en Mar del Plata, cuando su ex pareja, luego identificado como José Leonardo Cejas, le disparó en el cuello. El hombre tenía una orden de captura activa por otro homicidio y portaba dos revólveres con las numeraciones borradas. La joven murió poco después en el CAPS del barrio.

El hecho se produjo alrededor de las 10 del martes. Según fuentes de la investigación consultadas por Infobae, Núñez se encontraba en el patio delantero de una vivienda de Reforma Universitaria al 2800 cuando comenzó a discutir con Cejas. En determinado momento, según relataron testigos, Cejas extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la zona del cuello de la mujer.

Núñez fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Heras, donde el personal médico constató su fallecimiento. Tras el ataque, Cejas escapó del lugar.

La Policía puso en marcha un operativo cerrojo y, durante la búsqueda, los efectivos lograron observar el desplazamiento del sospechoso. Al advertir la presencia de los uniformados, Cejas arrojó al suelo dos armas de fuego y continuó su intento de fuga, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que secuestró los dos revólveres: uno calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, con la numeración suprimida, y otro calibre 32 largo, marca Italo Gra, también con la numeración eliminada.

Ahora los investigadores deberán determinar cuál de las dos armas fue utilizada en el crimen. Para ello, el fiscal Carlos Russo, presente en la escena, dispuso la realización de un dermotest al imputado y distintas pericias sobre los elementos secuestrados.

La causa quedó caratulada como femicidio. Russo también ordenó la notificación de la imputación y el traslado de Cejas a la Unidad Penal N.° 44 de Batán, donde quedó alojado. Por el momento, la hipótesis central sostiene que el crimen se produjo en el marco de la discusión entre la víctima y su ex pareja. El acusado será indagado en los próximos días.

Un fuerte historial delictivo

Cejas llevaba casi dos meses prófugo en una causa por otro homicidio. Según informaron las mismas fuentes, la orden de captura había sido dictada el 7 de agosto por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de una investigación que lo señalaba como imputado por homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de armas, robo agravado con armas de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda.

Ese expediente tenía como antecedente un robo ocurrido el 18 de diciembre en el corralón “Los Pumas”, ubicado en Fortunato de la Plaza al 9100. Según consignó el medio marplatense La Capital, dos delincuentes armados ingresaron al comercio para robar la recaudación y, durante el asalto, uno de ellos efectuó varios disparos. Uno impactó en el rostro de Darío Tapia, de 26 años, quien se encontraba en el lugar. Las heridas fueron de extrema gravedad. Tapia permaneció internado en el Hospital Interzonal General de Agudos durante más de un mes y murió el 23 de enero.

La investigación, encabezada por el fiscal Fernando Berlingeri, permitió identificar a los hermanos Facundo y David Carrizo como dos de los integrantes del grupo. Posteriormente, el expediente vinculó también a Cejas, lo que derivó en la orden de captura.

De acuerdo con La Capital, el prontuario de Cejas registra antecedentes desde 2005, cuando fue investigado por robo, tentativa de robo, tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de armas de uso civil. En 2007 volvió a quedar involucrado en causas por robo agravado y tentativa de robo calificado. Al año siguiente sumó investigaciones por encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y daño.

En 2013 fue imputado nuevamente por robo agravado. El antecedente más reciente de su historial, previo al crimen de este martes, correspondía a mayo de 2025, cuando fue investigado por hurto agravado por escalamiento.

Una víctima cada 33 horas

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista a partir del monitoreo de casos publicados en medios de comunicación.

De ese total, contabilizaron 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento equivale, según la asociación, a una víctima letal cada 33 horas. También registró 306 intentos de femicidio durante ese período, es decir, uno cada 25 horas.

De acuerdo con esos datos, el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa y en el 64% de los casos el agresor era pareja o ex pareja. Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23,5% en una vivienda compartida. Al menos 202 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.

Un trágico suceso ha consternado a la comunidad del municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, México. Una joven madre de familia, identificada como Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años de edad y de origen salvadoreño, fue brutalmente asesinada en el interior de su domicilio.

El crimen ocurrió frente a la mirada de sus tres pequeños hijos, generando una ola de indignación, conmoción y profunda tristeza entre los residentes locales. Según información difundida por medios de comunicación como Milenio, TeleDiario, entre otros, los trágicos hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del pasado viernes 2 de octubre.

El ataque mortal tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Arco, casi en su intersección con Paseo de las Haciendas, dentro del sector Francés de la colonia Las Haciendas Montecarlo.

De acuerdo con los relatos compartidos por habitantes del sector a las autoridades y a la prensa, durante las primeras horas de la tarde de ese mismo día se escuchó una fuerte y acalorada discusión entre Karla Beatriz y su pareja sentimental.

No obstante, no fue sino hasta ya entrada la noche cuando la alarma se encendió en el vecindario. Los habitantes de la zona se percataron de la gravedad de la situación al escuchar el llanto desconsolado y persistente de los niños en la vivienda, motivo por el cual solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de seguridad y de auxilio.

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer salvadoreña. Las primeras investigaciones y versiones preliminares recopiladas en el lugar señalan que el esposo de la víctima habría perpetrado la agresión utilizando un arma punzocortante (un cuchillo) para quitarle la vida.

Tras cometer el ataque en presencia de los menores, el presunto agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las corporaciones policiacas mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero y deslindar responsabilidades legales.

Tres menores bajo el resguardo de las autoridades e incertidumbre familiar

El impacto del crimen ha dejado vulnerables a los tres hijos de Karla Beatriz: un niño de 12 años y dos niñas de 8 y 4 años de edad, respectivamente. Tras la llegada de las autoridades y la confirmación del deceso de su madre, los menores fueron puestos bajo el resguardo, la protección y el cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pesquería, donde reciben la asistencia necesaria ante el trauma vivido.

La tragedia ha provocado un sentimiento generalizado de impotencia e inseguridad en la colonia Las Haciendas Montecarlo. A pesar de que Karla Beatriz y su familia llevaban apenas unos 10 días habitando en esa vivienda, los vecinos expresaron su consternación por la violencia ejercida dentro del hogar.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres asumió el control de la investigación para esclarecer formalmente el móvil del crimen y reunir las pruebas requeridas para llevar al responsable ante la justicia.

Por otro lado, personas cercanas y allegadas a la víctima han expresado su preocupación debido a las dificultades para localizar a los familiares de Karla Beatriz en El Salvador e informarles formalmente sobre su fallecimiento. Asimismo, se han comenzado a solicitar apoyos y donativos económicos con el fin de cubrir los gastos derivados de los trámites legales y los servicios funerarios para brindarle una sepultura digna.

Un hombre de 33 años quedó bajo prisión preventiva por 90 días tras ser imputado por dos episodios de violencia contra su pareja en Villa Gobernador Gálvez. La Fiscalía le atribuyó lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

El acusado fue identificado como Leonardo N. y permanecerá detenido mientras se desarrolla la investigación. La medida cautelar fue resuelta por el juez Aldo Bilbao Benítez luego de la audiencia imputativa.

La causa incluye un hecho ocurrido en septiembre, cuando, de acuerdo con la acusación, el hombre arrojó un termo que golpeó a la mujer en la cabeza. El segundo episodio fue denunciado el 28 de septiembre y contempla una agresión física contra la víctima, quien cursaba un embarazo. El agresor le dio una patada en el abdomen.

Luego de esa situación, ambos se encontraban en la terminal de ómnibus de Rosario en medio de una discusión. Allí, la mujer manifestó pérdida de líquido y dolores abdominales intensos.

Personal médico de emergencia la asistió en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Centenario. Más tarde, continuó internada en el Hospital Italiano, donde recibió el diagnóstico sobre la inviabilidad del embarazo.

Los profesionales médicos le comunicaron que había sufrido una pérdida total del líquido amniótico. A raíz de ese cuadro, debió someterse a una evacuación uterina, de acuerdo con la información presentada en el caso.

Según informó el portal Rosario3, la fiscal Florencia Vergili presentó la imputación contra Leonardo N. por dos hechos de lesiones dolosas leves calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género. La acusación sostiene que los sucesos ocurrieron en concurso real, es decir, como hechos independientes que deben ser evaluados dentro de un mismo proceso penal.

Según la información expuesta en la audiencia, la relación entre el imputado y la denunciante llevaba nueve meses. Para la Fiscalía, ese vínculo constituye un elemento central en la calificación legal de los hechos, junto con el contexto de violencia de género señalado durante la acusación.

Tras escuchar a las partes durante la audiencia del 2 de octubre, el juez Aldo Bilbao Benítez tuvo por formalizada la imputación formulada por la fiscal Vergili. También resolvió que Leonardo N. continúe bajo prisión preventiva efectiva durante 90 días.

La decisión implica que el acusado permanecerá detenido mientras la Fiscalía profundiza las medidas de investigación vinculadas con los dos hechos. Durante ese período, el Ministerio Público de la Acusación deberá avanzar sobre las pruebas disponibles, entre ellas las constancias médicas y otros elementos relacionados con las denuncias.

El hecho ocurrió el jueves 1° de octubre, cerca de las 23.40, en la calle Riobamba al 1500, cuando el agresor, identificado como Jorge Ezequiel Carrizo, se presentó en el domicilio de su novia y, casi sin mediar palabra, la atacó salvajemente.

El video, que ahora encabeza esta nota, muestra la secuencia ocurrida frente a la vivienda. En las imágenes se observa a Carrizo dirigirse hacia la joven y golpearla durante unos treinta segundos: primero con el puño y luego con el casco. Después, la tira al piso y comienza a darle patadas.

Tras la agresión, la víctima solicitó una ambulancia. Según información aportada por el Municipio de San Isidro, a las 23.42 ingresó un alerta para auxiliar a una mujer que se encontraba descompensada.

Un móvil de la Patrulla Municipal llegó al lugar apenas un minuto después. Allí ya se encontraba personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) junto a la joven, quien “tenía sangre en la boca, presentaba distintos golpes y estaba llorando”.

La chica identificó a su pareja como el responsable de la agresión. Para entonces, Carrizo ya se había retirado del lugar al advertir la presencia policial.

Los agentes ofrecieron asistencia médica y un traslado en ambulancia a la joven, pero ella los rechazó. Luego, acompañada, se dirigió por sus propios medios a la comisaría para realizar la denuncia. Durante la madrugada, el caso también fue comunicado a la Dirección de la Mujer del municipio.

Dos días después, el sábado 3 de octubre, el video del ataque comenzó a circular en Instagram y llegó a manos de las autoridades. La Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro y la Secretaría de la Mujer y Políticas de Género municipal incorporaron las imágenes al caso, según consta en el parte policial.

A partir de entonces, personal de la Comisaría 11ª de La Cava, junto con la Patrulla Municipal, realizó tareas para localizar a Carrizo.

Para ese momento, la Justicia ya había dispuesto una restricción de acercamiento contra el acusado, aunque todavía no habían podido notificársela porque los efectivos no lograban encontrarlo en su domicilio, según las fuentes policiales consultadas.

Finalmente, este lunes 5 de octubre, la fiscal Viviana Alejandra Santella, titular de la UFI de Género de San Isidro, dispuso su aprehensión. Los investigadores intensificaron la búsqueda y Carrizo fue localizado en inmediaciones de su domicilio y del de la víctima.

De momento, permanece detenido a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación en su contra por lesiones graves en contexto de violencia de género.

Una víctima cada 33 horas

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista a partir del monitoreo de casos publicados en medios de comunicación.

De ese total, contabilizaron 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento equivale, según la asociación, a una víctima letal cada 33 horas. También registró 306 intentos de femicidio durante ese período, es decir, uno cada 25 horas.

De acuerdo con esos datos, el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa y en el 64% de los casos el agresor era pareja o expareja. Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23,5% en una vivienda compartida. Al menos 202 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.

La detención fue solicitada por el fiscal Marcelo Fernández, —titular de la UFI N° 1 de Azul que lleva adelante la investigación— y ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Azul. La medida se concretó luego de que la causa avanzara y cambiara sustancialmente la calificación legal con la que se había iniciado el expediente.

Es que, Carrica ahora está acusado de amenazas agravadas por el uso de arma en dos hechos, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en otros dos episodios y privación ilegal de la libertad agravada, todo en concurso real, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

Tras su captura, quedó alojado en una comisaría de Saladillo y este martes será indagado por la Justicia.

Hasta este lunes a las 16, el acusado permanecía en libertad. La novedad se conoció después de que se viralizara el estremecedor video en el que se escucha a la víctima suplicarle reiteradamente que deje de golpearla mientras Carrica tiene en su poder su teléfono celular y elimina y bloquea contactos de sus redes sociales.

“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha decir a la mujer en uno de los momentos de la grabación. “Sí, hija de puta. (...) Es lo que te merecés”, continúa Carrica mientras manipula el celular. Luego se escucha un golpe.

“Cualquier discusión era para golpes”

Antes de la detención de Carrica, la víctima brindó una entrevista televisiva en el programa “Desayuno Americano” (América) en la que relató otros episodios de violencia que, según aseguró, sufrió durante la relación y manifestó abiertamente su temor por encontrarse el acusado en libertad.

En diálogo con Pamela David, la mujer contó que mantuvo con Carrica una relación de aproximadamente cuatro años, con separaciones y reconciliaciones, y describió una escalada de violencia.

“Cualquier discusión era para los golpes”, aseguró. Como ejemplo, relató que si se encontraba con amigas, Carrica posteriormente se lo recriminaba y la golpeaba.

También describió las amenazas que recibía cuando intentaba alejarse de él o denunciar lo que estaba viviendo. “Él me decía que me iba a cortar en pedacitos y me iba a comer”, afirmó la mujer al recordar lo que le decía Carrica.

En ese momento, el agresor todavía estaba en libertad y la mujer manifestó que desconocía dónde se encontraba. “Yo tengo miedo que él venga, me mate, se mate él y quede todo así... Que me haga cosas inimaginables”, expresó.

La víctima también contó que tiene un hijo de cinco años y aseguró que el niño había presenciado situaciones violentas. Según su relato, Carrica ingresaba a su casa y rompía objetos delante del menor, quien le pedía que se detuviera.

En otro tramo de la entrevista realizó una acusación todavía más grave: sostuvo que Carrica la obligaba a mantener relaciones sexuales después de golpearla: “Se excitaba”, sintetizó.

El caso

La investigación comenzó el 28 de septiembre, luego de que la mujer fuera atendida en el Hospital Municipal de Tapalqué. Allí, según supo Infobae, los profesionales constataron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.

En la entrevista televisiva, la propia víctima reconstruyó aquella jornada. Contó que Carrica se encontraba en su casa y que no quería retirarse. Luego de una crisis, fue trasladada al hospital, donde los médicos advirtieron las lesiones que presentaba y realizaron un informe médico.

Según su relato, mientras permanecía internada, Carrica se presentó en el hospital e intentó verla, pero la Policía le impidió ingresar.

Posteriormente, la mujer manifestó ante las autoridades que sufría violencia de género por parte de Carrica y ratificó sus dichos al formular la denuncia.

El caso adquirió repercusión después de que ella misma decidiera publicar las imágenes de las agresiones en las redes sociales. Según explicó posteriormente, tomó esa decisión porque sentía que necesitaba hacer pública su situación para protegerse.

La víctima recibió asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), de profesionales de salud y de la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. También recibió asistencia psicológica y psiquiátrica.

En un primer momento se habían dispuesto medidas cautelares de restricción. Ahora, con la ampliación de la acusación y el pedido formulado por la Fiscalía, el Juzgado de Garantías N°1 de Azul ordenó la detención de Carrica.

Entre tanto, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga confirmó que los tres ocupantes de la casa sufrieron afectaciones por inhalación de humo, por lo que tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales para ser valorados por especialistas.

La emergencia ocurrió durante la madrugada del sábado 3 de octubre de 2026, en un inmueble ubicado en inmediaciones de la carrera 2 con calle 36. Del mismo modo, se dio a conocer que, momentos antes del incendio, la mujer había alertado a la Policía sobre la presencia de su expareja, que aparentemente intentaba ingresar a la vivienda.

La Policía Nacional acudió al lugar y, al encontrar el inmueble en llamas, alertó a los ocupantes para que se alejaran del foco del fuego. El apoyo inmediato de los uniformados les permitió a las víctimas refugiarse en la parte posterior del inmueble.

Después de los minutos de pánico que vivieron los ocupantes de la casa, los equipos de emergencia lograron sacar con vida a la familia y controlar el fuego. Posteriormente, las tres víctimas recibieron atención médica por inhalación de humo y gases, pues ninguno de ellos presentó quemaduras, de acuerdo con el reporte médico confirmado por los bomberos que acudieron al lugar.

El diario local El Frente informó que la madre y el niño de 5 años recibieron el alta médica, pero indicó que la adolescente de 16 años permanece hospitalizada en el Hospital Universitario de Santander.

El incendio destruyó los enseres y pertenencias de la familia, por lo que sus allegados exigen justicia y apoyo de las autoridades.

Por su parte, Edgar Ochoa, integrante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, explicó que encontraron “un incendio generalizado en el primer piso de la vivienda”, sobre todo en la sala, y que las llamas alcanzaron el segundo nivel por la presencia de elementos de madera causando afectaciones a los objetos que tenían en la casa.

Investigación contra la expareja de la víctima

Tras las primeras investigaciones, las autoridades orientan las pesquisas hacia la expareja de la mujer, señalado como presunto responsable de provocar el fuego. Hipótesis preliminares indican que el hombre habría intentado agredir a la víctima antes de prender fuego a la vivienda; sin embargo, los investigadores aún deben determinar si participó en el incendio.

El diario El Frente agregó que las autoridades activaron la ruta de atención para la víctima con la Patrulla Púrpura, las unidades de Infancia y Adolescencia y Policía Judicial.

Información preliminar de las autoridades revelada por los diarios locales indicó que el hombre tendría antecedentes vinculados con violencia intrafamiliar y habría sido capturado antes por ese delito y por fraude a resolución judicial.

La búsqueda del hombre continúa mientras los investigadores reconstruyen lo ocurrido antes de que comenzaran las llamas y establecen si el incendio obedeció a una acción deliberada. De ser el caso, el hombre sería vinculado a un proceso judicial por violencia intrafamiliar e intento de homicidio.

Aunque el delito y la posible vinculación al caso será determinada por un juez tras la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Sijín, cuyo equipo de investigación se puso al frente de la situación para averiguar qué fue lo que pasó en la vivienda y confirmar si la mujer y sus hijos habrían recibido amenazas en ocasiones anteriores por parte del señalado agresor, además de conocer si la víctima directa fue víctima de violencia durante la relación.

La Sala I hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa y eliminó uno de los agravantes por los que Reina había sido condenado: el de haber cometido el hecho contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja.

Sin embargo, los jueces mantuvieron la condena por tentativa de homicidio agravado por alevosía, por haber mediado violencia de género y por el uso de un arma de fuego, en concurso real con la portación ilegítima de un arma de uso civil. A partir de esa nueva calificación, fijaron la pena en 17 años de prisión.

La resolución de 22 páginas a la que accedió Infobae fue firmada el 18 de septiembre pasado por los jueces Gustavo Bruzzone, Mauro Divito y Jorge Luis Rimondi.

Reina había sido condenado el 4 de junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30. La defensa recurrió aquella sentencia y cuestionó, entre otros puntos, que estuviera acreditada la intención homicida, así como la aplicación de los agravantes de alevosía, relación de pareja y violencia de género. También objetó la pena impuesta.

La querella de Pontoriero, representada por el Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito para Víctimas de Delitos del Gobierno porteño, pidió que se rechazara el recurso y se confirmara la sentencia.

Casación desestimó la mayoría de los planteos de la defensa. El punto en el que le dio la razón fue el referido a la relación que habían mantenido Reina y Pontoriero.

Por qué le redujeron la pena

Según reconstruyó la Justicia, ambos habían iniciado una relación durante 2022. Dana vivía en Esquel, Chubut, mientras que Reina residía en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que mantenían un noviazgo a distancia y viajaban para encontrarse.

De acuerdo con el fallo, con el transcurso de la relación el personal trainer comenzó a controlar las publicaciones de Dana en redes sociales y sus vínculos personales. La pareja terminó en mayo de 2023 y Reina “no aceptó esa decisión”: comenzó a reclamarle insistentemente explicaciones, a vigilar sus movimientos y a interesarse por la nueva relación que ella había iniciado.

El tribunal que realizó el juicio consideró que el vínculo reunía las condiciones para aplicar el agravante previsto para quien mata —o intenta matar— a una persona con la que mantiene o mantuvo una relación de pareja, haya existido o no convivencia.

Casación adoptó otro criterio.

Bruzzone sostuvo que Reina y Pontoriero habían mantenido “una relación afectiva a distancia”, desarrollada entre 2022 y 2023, mientras residían en ciudades distintas y se veían cuando alguno de los dos viajaba.

Aunque compartieron encuentros, vacaciones y momentos de intimidad, para el camarista esas circunstancias no alcanzaban para considerar configurada una relación de pareja en los términos exigidos por el artículo 80 inciso 1° del Código Penal.

“No se advierte que el vínculo hubiera alcanzado el grado de estabilidad y consolidación que justifica la agravación de la figura”, señaló.

Y agregó que no había existido convivencia “ni una relación con la permanencia suficiente para equipararla al concepto de pareja que inspira la tutela reforzada prevista por el legislador”. Por ese motivo, propuso eliminar el agravante. Rimondi adhirió a su voto.

La decisión obligó a determinar nuevamente el monto de la pena.

Entre los atenuantes, la Justicia valoró que Reina no tenía antecedentes penales, contaba con sostén familiar y desarrollaba actividades durante su detención. Su arrepentimiento y el pedido de perdón a Dana, en cambio, no fueron considerados atenuantes porque el tribunal entendió que no habían sido “auténticos” ni “sinceros”.

Como agravante se tuvo en cuenta que accionó el gatillo del revólver al menos 13 veces con la intención de matar a Pontoriero, incluso cuando ya intervenían los policías. También se ponderaron la edad de la víctima, que tenía una hija pequeña a la que Reina conocía, y el estado de shock en el que quedó tras el ataque.

Antes de resolver, Casación mantuvo una audiencia virtual con Reina el 31 de agosto. Allí, el condenado contó que cursa las carreras de Trabajo Social y Sociología en prisión y que comenzó a dar clases de gimnasia funcional. Al hablar de sus planes para cuando recupere la libertad, dijo que pretendía continuar trabajando como personal trainer y que también le gustaría hacer algo relacionado con sus estudios.

Tras reseñar esa audiencia, Bruzzone sostuvo que Reina le había causado “una buena impresión” y consideró adecuada la imposición de una pena de 17 años de prisión.

“Me shockeó, no era lo que esperaba”

Tras conocer la decisión, Dana Pontoriero habló con La Redacción y cuestionó el criterio utilizado para eliminar el agravante.

“Me shockeó, no era lo que esperaba, aunque entiendo que era una posibilidad, me habían advertido”, dijo. Y agregó: “Me resulta paradójico, todo lo que a mí me sucedió fue precisamente porque fui quien dio por finalizada la relación, pero para ellos parece que no daba con una serie de requisitos o condiciones para ser un agravante más”.

La mujer también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la condena vuelva a reducirse: “Necesito estar tranquila, el juicio terminó, la condena está, pero ¿si sigue bajando?”, planteó al mismo medio.

El planteo de Dana contrasta con otro aspecto de la propia resolución: Casación sí consideró acreditado que el ataque ocurrió en un contexto de violencia de género.

Al analizar ese agravante, el tribunal sostuvo que las pruebas daban cuenta de “insistentes conductas de control y persecución” desplegadas por Reina luego de la ruptura. La Cámara entendió que el contexto previo de hostigamiento surgía de la declaración de Dana, los mensajes incorporados al juicio y el resto de las pruebas, y por eso rechazó el intento de la defensa de eliminar también el agravante por violencia de género.

El ataque en Saavedra

El hecho ocurrió el 6 de julio de 2023, cerca de las 11.30, cuando Dana regresaba caminando del gimnasio por la calle Superí.

Según la reconstrucción que volvió a validar Casación, Reina se aproximó por detrás mientras ella llevaba auriculares y ocultó dentro de un casco el revólver calibre .32 que había conseguido días antes.

Cuando estuvo a pocos pasos, sacó el arma y apuntó a la parte posterior de la cabeza de Dana. Gatilló, pero el disparo no salió. Ella escuchó el ruido, se dio vuelta y Reina continuó intentando dispararle.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir con mayor precisión la secuencia: el acusado accionó tres veces el gatillo a centímetros de la parte posterior de su cabeza y, cuando ella se dio vuelta, volvió a hacerlo otras siete veces. Esos diez intentos se produjeron en aproximadamente ocho segundos.

Dana comenzó a correr. En ese momento, casualmente circulaba por el lugar un patrullero. Durante la persecución, Reina logró efectuar dos disparos que no impactaron contra la víctima y siguió accionando el arma mientras la perseguía alrededor del móvil policial.

Uno de los efectivos descendió y disparó contra el atacante hasta herirlo y poner fin a la agresión.

La pericia balística respaldó la reconstrucción: en el revólver fueron encontradas dos vainas servidas y cuatro cartuchos percutidos. Los especialistas detectaron dos percusiones correspondientes a los disparos que efectivamente se produjeron y otras once compatibles con los intentos fallidos. Aunque presentaba un funcionamiento anormal, se determinó que el arma era apta para disparar.

Casación concluyó que las filmaciones, los testimonios de los policías, la declaración de Dana y la pericia balística conformaban un conjunto probatorio sólido y ratificó que la tentativa de homicidio estaba acreditada más allá de toda duda razonable.

En su entrevista con La Redacción, Dana también habló de lo que significó sobrevivir al ataque y reclamó que la reducción de la pena no desdibuje la gravedad del hecho.

“Yo sobreviví, sí, pero no quiero que se pierda de vista que este hombre tenía un plan, que tuvo ayuda de sus allegados, me siguió, me persiguió, me gatilló”, sostuvo.

“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha decir a A.B.R. (26). Del otro lado está su pareja, Rodrigo Daniel Carrica (37), denunciado por la joven y actualmente investigado en una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género. Por el momento, no está detenido.

La secuencia es explícita. Según se desprende de la grabación, que dura poco más de un minuto y ahora encabeza esta nota, Carrica tenía en su poder el teléfono de la joven y, mientras la agredía, revisaba los contactos que ella había agregado a sus redes y los bloqueaba y eliminaba uno por uno.

“Ya lo voy a eliminar. Fijate, fijate cómo lo elimino y lo bloqueo”, dice el hombre al comienzo del registro. Inmediatamente se escucha un golpe y a la mujer suplicar: “Ay, no me pegues, por favor”.

“Sí, hija de puta. (...) Es lo que te merecés”, responde él.

Carrica continúa manipulando el celular y en otro momento menciona a una persona llamada Mateo. Luego le recrimina a Romero una publicación que había realizado: “A ver el estado que subiste mientras estábamos acá. Ah, ¿ves? ¿Ves que vos estabas haciendo cosas también?”.

Mientras la joven repite “Ay”, él continúa describiendo lo que hace con el teléfono: “Bloquear”, “eliminar contacto”, “eliminar”. Hacia el final de la grabación, Romero vuelve a suplicarle: “No puedo, no me pegues más”.

La investigación judicial

Según información oficial a la que accedió Infobae, el caso lo lleva adelante la UFI N°1 de Azul, a cargo de Marcelo Fernández, donde tramita desde el 28 de septiembre bajo la calificación de lesiones leves en contexto de violencia de género.

La investigación comenzó luego de que la mujer compartió el video en sus redes y se presentó en el Hospital Municipal de Tapalqué. De acuerdo con el informe remitido a la Fiscalía General, los profesionales constataron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.

En ese contexto, la joven manifestó que sufría violencia de género por parte de Carrica y, posteriormente, ratificó sus dichos al formular la denuncia. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, el video fue grabado tiempo atrás, aunque la víctima no precisó la fecha exacta del episodio.

De inmediato A.B.R. fue abordada por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), un profesional de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. Según el informe oficial, se realizó un abordaje interdisciplinario, con un espacio de escucha y acompañamiento familiar, además de brindarle herramientas destinadas a favorecer su autonomía y toma de decisiones.

Actualmente, de acuerdo con la misma documentación, está viviendo con su madre, su hijo menor de edad y un hermano mayor.

El Juzgado de Garantías N°1 de Azul, en tanto, dispuso medidas cautelares de protección que establecen restricciones de acercamiento y contacto durante todo el tiempo que dure el proceso. También tomó intervención el Juzgado de Paz de Tapalqué.

Una víctima cada 33 horas

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista a partir del monitoreo de casos publicados en medios de comunicación.

De ese total, contabilizaron 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento equivale, según la asociación, a una víctima letal cada 33 horas. También registró 306 intentos de femicidio durante ese período, es decir, uno cada 25 horas.

De acuerdo con esos datos, el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa y en el 64% de los casos el agresor era pareja o expareja. Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23,5% en una vivienda compartida. Al menos 202 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.

En las imágenes de seguridad se observa cómo el hombre se dirige hacia el asiento del copiloto cuando la mujer intenta salir del taxi. Luego, la toma del cabello, la introduce de nuevo en el vehículo, la golpea con una cachetada y le lanza lo que parecerían ser unas flores.

La víctima todavía no ha presentado una denuncia formal. Las autoridades verifican la información y adelantan las investigaciones para establecer la identidad del conductor y esclarecer lo ocurrido.

Edgar Torrado, gerente de Radio Taxi Cone, afirmó a Blu Radio que la empresa intentó ubicar al propietario del vehículo sin obtener respuesta: “Llamamos al teléfono que tenemos inscrito, pero nadie contesta. Fuimos a la dirección registrada y tampoco. El vehículo, aunque está afiliado, tiene mora desde marzo de este año”.

Torrado añadió que no está claro si el propietario vendió el taxi o si cambió el conductor, porque la persona que aparece en el video no ha sido identificada: “Nosotros rechazamos este hecho. No nos representa y tampoco representa a ningún taxista de la ciudad”.

El hecho también causó pronunciamientos como el de la senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, que escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Que miserable, que lo identifiquen, es un peligro para cualquier pasajera”.

“El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía”

La teniente Karen Liliana Rico Hernández, jefe de la patrulla púrpura de la Policía Nacional en Cúcuta, informó que rechaza “de manera categórica el acto de violencia basada en género ocurrido el día de ayer, en el que un hombre, al parecer conductor de taxi, agredió físicamente a una mujer en la vía pública”.

“Frente a este caso, la Policía Nacional, mediante la estrategia de la Patrulla Púrpura, se encuentra desplegada en el sector realizando las labores de acompañamiento, prevención y verificación que le corresponden, en coordinación con las autoridades competentes para contribuir a la ubicación del agresor”, añadió.

Además de eso, la teniente informó que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación “con el fin de que se adelante la investigación penal correspondiente y se garantice la protección integral a la víctima”.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos brinde la información sobre el paradero de este hombre, la suministre a través de las líneas de emergencia uno dos tres o de los canales oficiales de la Policía Nacional. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres”, finalizó.

Alerta para todos los taxistas

El presidente del sindicato departamental de taxistas, Juan Carlos Bastos, habló en un video publicado por el periodista Charles Niño en la red social X, en el cual no solo rechazó lo ocurrido con la agresión a una mujer en un vehículo público, sino que alertó que el atacante no era el dueño de ese carro.

“Le hacemos un llamado contundente a todos los propietarios de taxi: cada vez que ustedes cambien de conductor en su vehículo taxi, llévelo y preséntelo a la empresa. La empresa debe tener la base actualizada de todos los conductores de taxi, pero propietarios que no van ni llevan a su conductor a su empresa a sacarle el tarjetón, como dice la norma”, dijo.

Bastos explicó que todos los propietarios de taxi deben garantizar que el conductor que coloquen debe tener su tarjetón visible y vigente: “Donde esta persona llegue a tener un accidente, llegue a pasarle algo dentro del vehículo, usted es el único responsable, señor propietario”.

“Hoy publicaron una foto de otro compañero que manejó ese vehículo. Por eso, cuando me levanté, vi esa foto, les dije: ‘No compartan esa foto, porque ese no es el conductor del taxi’. ¿Por qué sabíamos? Porque es que la base de datos no está actualizada en ese vehículo. Y publicaron un compañero que no era”, señaló en el video.

Por lo que agregó: “Entonces, la invitación a todos los propietarios: presenten a sus conductores, no permitan que su conductor ande sin licencia, no permitan que su conductor no tenga la tarjeta de control, porque es responsabilidad suya, como dueño del vehículo, de ir a actualizar la base de datos a las empresas”.

La Justicia bonaerense hizo lugar a una demanda por enriquecimiento sin causa presentada por una mujer contra su expareja, tras una convivencia de cerca de 20 años. La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Morón, declaró inválido un pacto de convivencia que atribuía al hombre la totalidad de una vivienda, un comercio, un vehículo y las mejoras realizadas durante la relación.

La resolución ordenó que el demandado pague a la reclamante el 50% del valor actual de las mejoras realizadas en un inmueble de Morón. También deberá abonarle la mitad de los alquileres percibidos por 14 departamentos construidos en el predio desde mayo de 2020, además del 50% del valor actual de un vehículo.

El monto definitivo de la condena todavía deberá ser determinado. Una vez que el fallo quede firme, el martillero designado en la causa tendrá que tasar la propiedad y establecer el valor locativo de cada uno de los departamentos. A partir de esas referencias se calculará la parte que le corresponde a la demandante.

La mujer, actualmente de 52 años, había iniciado el juicio en mayo de 2021. Reclamó una reparación en dólares por las mejoras introducidas en el inmueble y una suma en pesos por distintos conceptos, entre ellos impuestos, servicios, el valor de un vehículo, el fondo de comercio, alquileres e ingresos comerciales que afirmó haber dejado de percibir desde que fue apartada del emprendimiento.

Según su relato, la relación de pareja comenzó en 1999 y la convivencia se inició un año después. La demandante sostuvo que ambos reunieron ahorros propios y recibieron ayuda de su familia para adquirir una vivienda en Morón, aunque la escritura quedó inscripta únicamente a nombre de su entonces pareja.

La presentación señaló que, una vez que tomaron posesión del inmueble, iniciaron tareas de limpieza, reforma y construcción. La mujer afirmó que dejó su empleo para encargarse de la administración de las obras, mientras la pareja proyectaba acondicionar la vivienda y abrir dos locales comerciales en el frente del terreno.

Con el paso del tiempo, según la demanda, el proyecto derivó en un comercio minorista y en la construcción de departamentos dentro de la misma propiedad. La reclamante indicó que trabajó durante años en la atención al público, la relación con proveedores, el control de mercadería y otras tareas de administración.

El demandado —también hoy de 52 años— reconoció que mantuvo una convivencia con la mujer desde fines de 2002, pero negó que ella hubiera participado en la compra de la vivienda o en la formación del comercio. Afirmó que había adquirido el inmueble antes de conocerla y que instaló el negocio con bienes propios y mercadería recibida de su padre.

También presentó un pacto de convivencia firmado en julio de 2018. En ese documento, según describió el fallo, se establecía que la vivienda, el comercio, el vehículo y las futuras mejoras pertenecían de manera exclusiva al demandado. La defensa sostuvo que ese convenio definía la titularidad de los bienes discutidos.

La jueza resolvió que ese acuerdo no podía tener efectos. Para llegar a esa conclusión, valoró testimonios que describieron una relación marcada por humillaciones, control económico, malos tratos y una situación de sometimiento de la mujer durante la convivencia.

Tres personas ofrecidas por la demandante declararon que ella cumplía tareas cotidianas en el comercio y que la pareja realizó obras y construyó departamentos en el inmueble. Dos de esos testimonios también hicieron referencia a situaciones de violencia verbal y económica, así como a una denuncia y una medida de restricción dictada después de la separación.

El juzgado consideró que la situación de desigualdad y el control ejercido sobre los recursos podían afectar la libertad de decisión de la mujer al momento de suscribir documentos. Sobre esa base, tuvo por acreditado que el pacto de convivencia había sido firmado en un contexto que viciaba su consentimiento.

El fallo entendió que el acuerdo funcionó como un instrumento que concentraba en el hombre todos los bienes construidos o adquiridos durante la convivencia. Por ese motivo, lo declaró nulo y concluyó que no existía una justificación válida para que el demandado conservara en forma exclusiva el resultado económico generado por el esfuerzo de ambos.

La jueza aplicó la figura del enriquecimiento sin causa, que permite reparar una situación en la que una persona incrementa su patrimonio a costa de otra sin un motivo legal que lo respalde. En este caso, consideró probado que el patrimonio del demandado creció con las obras, los departamentos, el comercio y el vehículo, mientras la mujer aportó trabajo no remunerado y tareas de administración.

La resolución destacó que las uniones convivenciales no generan de manera automática un régimen de reparto de bienes equivalente al del matrimonio. Sin embargo, señaló que esa regla no permite que uno de los integrantes conserve sin compensación el valor producido por aportes económicos o laborales de la otra parte, sobre todo si existieron condiciones de desigualdad.

Una pericia inmobiliaria había estimado en USD 132.000 el valor de mercado de la propiedad en 2022. El experto también informó que cada departamento podía tener entonces un alquiler mensual de $20.000, aunque aclaró que no era posible tasar el fondo de comercio porque el local se encontraba cerrado y no había datos sobre clientes, caja o movimiento económico.

Por falta de elementos suficientes, el juzgado rechazó el reclamo por el valor del fondo de comercio, los impuestos y servicios que la mujer afirmó haber pagado, y los ingresos comerciales posteriores a mayo de 2020. En cambio, reconoció su derecho a participar en el valor de las mejoras, los alquileres de los departamentos y el vehículo.

Los importes que se determinen devengarán intereses. Para los alquileres, se computarán desde el momento en que se generó cada pago mensual; para las mejoras del inmueble y el valor del vehículo, correrán desde que la sentencia quede firme. En ambos casos se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días.

Las costas del juicio fueron impuestas al demandado. La sentencia también dispuso que los honorarios de los profesionales intervinientes se establecerán más adelante, cuando el pronunciamiento quede firme y se incorporen las valuaciones necesarias para calcular el alcance económico de la condena.

La violencia machista ha dejado 41 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante los primeros nueve meses del año, la cifra más alta para este periodo desde 2023, cuando se registraron 51 víctimas. Las últimas víctimas mortales tenían 33, 35 y 47 años y en ninguno de los tres casos existían denuncias por malos tratos contra sus agresores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Igualdad. El número de feminicidios en España asciende ya a 1.382 desde 2003, año en el que se comenzaron a recopilar estos datos.

Ieva, de 35 años, y madre de una hija y un hijo, fue asesinada en la provincia de Málaga por su pareja, un hombre de 39 años que la estranguló en el domicilio familiar el 16 de septiembre. Cinco días después, el 21, la mujer falleció en el hospital.

Vanessa Y. M., de 47 años, fue asesinada por su pareja, Pedro, de 56 años, el 26 de septiembre en La Campana, Sevilla, delante de su hijo de 17 años. La mujer fue apuñalada en la vía pública y, aunque llegó a ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, falleció poco antes de la medianoche.

Meriane, de 33 años y origen brasileño, fue asesinada un día después, el 27 de septiembre, a manos de su pareja en su domicilio de Benidorm (Alicante) y luego trasladó su cuerpo a una zona de campo con la ayuda de otros dos hombres.

Del total de 41 víctimas asesinadas en estos nueve meses, 27 eran españolas, el 65%, mientras que 14, el 34%, eran extranjeras, la misma proporción que en el caso de los feminicidas.

Doce víctimas figuraban en el sistema VioGén

En 12 de los 41 casos existían denuncias previas por malos tratos, lo que equivale al 29% del total. Las doce víctimas estaban inscritas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), el mecanismo del Ministerio del Interior para evaluar el riesgo y activar medidas de protección.

Varias de ellas tenían medidas de protección en vigor cuando fueron asesinadas, lo que vuelve a cuestionar la respuesta institucional ante las mujeres que ya habían alertado sobre la violencia que sufrían. El hecho de que casi tres de cada diez víctimas estuvieran incorporadas a VioGén muestra que la detección previa no bastó para evitar los asesinatos en esos expedientes.

Andalucía concentra casi tres de cada diez asesinatos

Andalucía concentra el mayor número de víctimas, con 12 mujeres asesinadas, el 29% del total. Le siguen la Comunidad Valenciana, con seis casos, y Madrid, con cinco. Cataluña registró tres asesinatos. Aragón, Canarias, la Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha y Cantabria contabilizaron dos víctimas cada una.

En Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Murcia fue asesinada una mujer en cada comunidad autónoma.

Los datos del Ministerio de Igualdad también indican que de los 41 agresores, 18 mantenían una relación con la víctima en el momento del asesinato, mientras que los otros 23 eran exparejas o atravesaban un proceso de ruptura. Más de la mitad de los crímenes se produjo, por tanto, después de que la mujer hubiera decidido poner fin a la relación o comunicara su intención de hacerlo, por eso los especialistas advierten de que la separación figura entre los momentos de mayor riesgo para las víctimas: el agresor percibe que pierde el control sobre la mujer.

Solo 12 de las 41 víctimas mortales habían denunciado los malos tratos. Muchas mujeres no acuden a las autoridades por miedo a las represalias, dependencia económica o emocional, o porque todavía no identifican las conductas que sufren como violencia de género. De ahí la importancia de que estos casos se detecten de forma temprana y de que cuenten con el acompañamiento del entorno.

*Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 está disponible para orientar y asistir a mujeres en situación de violencia durante las 24 horas, todos los días de la semana, además de la atención en consultas en línea a través del correo electrónico ’016-online@igualdad.gob.es’. El canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en la página violenciagenero.igualdad.gob.es complementan las formas de acceso a la ayuda institucional.

Brenda del Carmen González, de 36 años, fue encontrada muerta este viernes en un potrero de la comarca Zapote de Oriente, en el municipio de La Libertad, Chontales. El principal sospechoso es su pareja sentimental, Óscar M., según la información divulgada por Punto Noticioso TV.

El cuerpo fue localizado en el sector conocido como El Cafetal, dentro de la comarca. Familiares de la víctima afirmaron que Brenda había sufrido episodios de violencia durante su relación, que se habría extendido por más de una década.

“Por más de 10 años, mi hija recibía maltrato por su pareja”, dijo la madre de la víctima en declaraciones recogidas por el citado medio. Además, la mujer destacó que el cuerpo de su hija presentaba golpes en el rostro y manifestó que una de las lesiones afectaba uno de sus ojos.

Brenda era originaria del municipio de San Pedro de Lóvago, también en el departamento de Chontales. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local, dejó cuatro hijos, entre ellos un niño de tres años.

La mujer había llegado a la zona de Zapote de Oriente el 30 de septiembre para participar en la celebración del cumpleaños de su suegro. Familiares relataron que la pareja salió desde su vivienda esa mañana y que, después de ese encuentro, perdieron contacto con ella.

La madre de Brenda sostuvo que la violencia formaba parte de la relación desde hacía años. “Toda la vida” la maltrataba, afirmó al ser consultada sobre los antecedentes de agresiones. La denuncia familiar incluye episodios previos que, según su versión, habían dejado secuelas físicas en la víctima.

La pareja de la víctima era buscada tras el hallazgo

Según la información inicial, Óscar Danilo M. no había sido detenido hasta el cierre de la nota. Familiares de la víctima señalaron que el hombre presuntamente huyó en una motocicleta tras el hecho.

Las circunstancias de la muerte deberán ser esclarecidas por las autoridades. Hasta ahora, la información disponible procede de los testimonios de familiares y de las versiones difundidas por el medio local, por lo que corresponde a la investigación oficial determinar la secuencia de los hechos, la causa de muerte y la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

La noticia generó consternación entre parientes y vecinos, quienes reclamaron justicia y recordaron los antecedentes de maltrato que padeció durante años.

Otra mujer murió este viernes en Managua

Este mismo viernes 2 de octubre se conoció la muerte de Meybol Palacios, de 39 años, en el sector de Loma Linda, en Managua. Según la información de Noticiero Acción 10, la mujer murió tras un ataque con arma blanca presuntamente cometido por su pareja sentimental.

En ese hecho también resultó herida Marjorie Palacios, hermana de la víctima, quien habría intentado intervenir durante la agresión. El presunto atacante fue identificado de forma extraoficial como Luis C., de 42 años, y posteriormente fue detenido.

Las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. El caso quedó bajo investigación por la muerte de Meybol y las lesiones sufridas por su hermana.

Un hombre que ya había cumplido una condena por el asesinato de otra mujer en 2010 fue detenido como presunto responsable del crimen de Idania Castillo Sacre, de 58 años, en Taco Taco, municipio de San Cristóbal, Artemisa. El caso elevó a 56 los feminicidios verificados en Cuba durante 2026, según la última actualización del Observatorio de Alas Tensas (OGAT).

La organización independiente informó que el asesinato ocurrió el 26 de septiembre. Idania Castillo, madre de cuatro hijos mayores de edad, fue interceptada durante la mañana por quien había sido su pareja, mientras realizaba actividades de predicación como Testigo de Jehová.

De acuerdo con OGAT, el hombre la habría trasladado hasta su vivienda, donde presuntamente la asesinó. Luego intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió y quedó detenido. Los hijos de la víctima no tenían vínculo de parentesco con el sospechoso.

El presunto agresor había sido condenado por otro asesinato

“Lo más alarmante es que el presunto agresor ya había cumplido una condena por matar en el 2010 a la madre de sus hijos”, señaló la directora de OGAT, Ileana Álvarez. A su vez, consideró que, si se confirma la acusación, se trataría de un caso de reincidencia feminicida.

Según su evaluación, estos episodios exponen la falta de mecanismos suficientes para determinar el nivel de riesgo de personas condenadas por violencia extrema contra mujeres antes de que regresen a la comunidad. También planteó la necesidad de medidas de protección para eventuales parejas posteriores.

Álvarez recordó otro caso que OGAT y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron en Pinar del Río en 2024: el feminicidio de Jessica Castillo. El presunto agresor había recibido una condena de 20 años por el asesinato, en 2011, de Emelinda Hernández Santiago, una adolescente de 16 años.

El hombre obtuvo la libertad condicional después de cumplir cerca de siete años de prisión y más tarde fue señalado por la muerte de Castillo. Para la directora de OGAT, ambos expedientes muestran que el castigo penal no resuelve por sí solo el riesgo de que se produzcan nuevos ataques.

“Hay agresores con antecedentes de violencia feminicida extrema que regresan a la sociedad sin mecanismos suficientes de control, evaluación de riesgo ni protección para sus futuras parejas”, afirmó Álvarez.

La organización reclamó al régimen cubano evaluaciones especializadas para los agresores condenados por delitos de violencia letal contra mujeres y que apliquen un seguimiento posterior a su salida de prisión.

Los 56 casos ya superan el registro anual de 2025

Hasta el 2 de octubre, OGAT verificó 56 feminicidios y 27 intentos de feminicidio en la isla. La entidad también documentó dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

La cifra de los primeros nueve meses de 2026 supera los 49 feminicidios verificados durante todo 2025 e iguala los 56 registrados en 2024. El observatorio mantiene bajo investigación otros 11 posibles feminicidios y 11 intentos ocurridos este año.

Además, analiza alertas correspondientes a 2025, entre ellas 12 posibles feminicidios, cinco intentos y el asesinato de un hombre en un contexto de violencia feminicida. OGAT también solicitó acceso a informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz, y estudia la muerte de Bárbara Sánchez González como un posible suicidio feminicida.

La dimensión de las personas requeridas por la justicia volvió a quedar expuesta este jueves, cuando la Policía Nacional de República Dominicana informó que mantiene 53.877 órdenes de arresto y captura pendientes por delitos que abarcan desde violencia intrafamiliar hasta homicidios, robos, fraudes y microtráfico.

Los datos fueron publicados por la Policía durante una conferencia realizada la mañana de este jueves. La institución presentó una base de datos destinada a reforzar la localización de personas buscadas y a mejorar la coordinación con el Ministerio Público y otras entidades del sistema judicial.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, encabezó la presentación junto al director Central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez; el subdirector de esa área, coronel Fulvio Grullón Penso, y representantes de la Dirección Central de Transformación Digital.

La violencia intrafamiliar concentra la mayor cantidad de órdenes

La categoría con más órdenes pendientes corresponde a casos de violencia intrafamiliar, con 17.635 registros. Le siguen los robos, con 11.587 órdenes, y las agresiones físicas, con 5.951.

La base también contiene 4.018 órdenes por agresiones sexuales, 2.761 por delitos cibernéticos, 2.681 vinculadas con homicidios y 1.630 por amenazas. El resto se distribuye entre otros hechos investigados por las autoridades.

La información revela que la violencia dentro de los hogares representa casi un tercio del total de órdenes pendientes. El dato se suma a la preocupación por los hechos violentos que afectan a comunidades de distintas zonas del país, donde las autoridades enfrentan denuncias por delitos contra la vida, la integridad física y la propiedad.

En el caso de los requeridos por homicidio, la Policía precisó que la base identifica a 2.548 personas. La diferencia respecto de las 2.681 órdenes asociadas a ese delito puede responder a que una misma persona figure en más de un expediente o requerimiento judicial.

La plataforma reúne fotos, documentos y datos de los tribunales

Pesqueira explicó que el sistema permite consultar fotografías, documentos de identidad, tribunales que emitieron los requerimientos y los delitos atribuidos a cada persona. La herramienta busca facilitar las investigaciones y el intercambio de información entre la Policía, el Ministerio Público y otras instituciones.

La institución también identificó a 73 personas con múltiples órdenes de arresto, algunas con más de 40 registros.José Luis Mateo Medina figura con 41 órdenes, mientras que Julio Antonio Mejía Martínez acumula 32.

Además, otras 485 personas registran más de cinco requerimientos pendientes. La Policía no detalló durante la conferencia cuántas de esas órdenes continúan activas desde años anteriores ni el tiempo promedio de vigencia de cada expediente.

La divulgación de estas cifras ocurre en un contexto de medidas de seguridad que incluyen patrullajes preventivos, operativos focalizados y el uso de mapas de incidencia delictiva para distribuir agentes en sectores con mayor número de denuncias. El Gobierno también ha informado sobre la ampliación del modelo de vigilancia por corredores y cuadrantes, así como el refuerzo de las áreas de investigación criminal.

Las autoridades sostienen que estas acciones buscan reducir la violencia y acelerar la captura de personas requeridas por los tribunales. La información difundida este jueves coloca el foco en la cantidad de órdenes que todavía esperan ejecución.

Doce fugitivos permanecen pendientes de captura desde 2025

La Policía informó además que, desde 2025, se registraron 37 fugas de personas privadas de libertad. De ese total, 21 fueron reapresadas y 12 permanecen pendientes de captura.

Las otras cuatro personas fallecieron en circunstancias que no fueron detalladas durante la conferencia. La institución no precisó los centros de detención de los que escaparon ni los delitos por los que estaban bajo custodia.

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La noticia se conoció a través de un comunicado en el que González informó su apartamiento. “En el día de hoy, la doctora Adela González presenta su renuncia a la representación de la denunciante en la causa contra Joaquín Levinton. La decisión responde a diferencias de índole personal y profesional, cuyos detalles se mantienen bajo el secreto profesional”, señaló el texto.

La abogada habló después con Yanina Latorre en SQP (América) y profundizó los motivos de su salida. “En primera medida, yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas”, sostuvo. También aclaró que, aunque presentó los escritos correspondientes en la causa, había evitado dar entrevistas hasta ese momento.

González planteó que su trabajo en expedientes vinculados a presuntos hechos de violencia de género está orientado a proteger a sus representados. “Yo trabajo mucho desde el cuidado de la víctima de violencia de género, porque tengo muchísimas clientes y clientes que sufren este tipo de delitos. Entonces, soy muy cuidadosa para trabajar”, explicó.

Según relató, Paula participó durante la mañana de un programa de televisión mientras ella se encontraba en una audiencia. “Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, dijo González. La abogada aseguró que se enteró de esa aparición televisiva varias horas más tarde, cuando terminó su actividad en tribunales.

La letrada sostuvo que puede brindar asesoramiento y diseñar la estrategia judicial, pero señaló que la decisión final siempre corresponde a su cliente. “Yo le puedo dar un consejo profesional, le puedo dar toda la estrategia, escritos, incluso están los escritos presentados con mi firma, con mi matrícula. Pero, bueno, ella está en toda la libertad del mundo de cambiar de colega”, manifestó.

Ante una consulta directa sobre si había conversado con Paula antes de presentar su renuncia, González respondió afirmativamente. “Sí, sí, sí, lo hablé con ella. Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen”, señaló.

La abogada evitó profundizar sobre los aspectos de esa conversación por estar alcanzados por el secreto profesional, pero insistió en que su postura apuntaba al manejo mediático del caso. “Si vos tenés un cliente que le das quizás directivas de no hablar, un cierto recaudo... Yo me manejo con muchísima seriedad. Hace veinte años soy abogada y siempre me mantuve así”, expresó.

En ese marco, González negó que su salida estuviera relacionada con una disputa con la abogada Ana Rosenfeld, cuyo nombre había surgido como posible integrante de la defensa de Paula. “Yo trabajo incluso con Ana porque estoy en el programa de ella, Inculpable e inocente, que está en Canal 9. Sí, la conozco”, afirmó. Y agregó que respeta a sus colegas y que nunca aconsejaría a una persona que cambie de representación si ya cuenta con patrocinio letrado.

Consultada sobre si Rosenfeld asumiría el caso, González dijo no tener confirmación. “La verdad que no te lo sé decir, no sé cuál fue la voluntad de ella. Calculo que no, porque... Bueno, no lo sé, la verdad que no sé”, contestó. Además, señaló que desconocía si la conductora y abogada había hablado con Paula o si continuaría involucrada en la causa.

Tras la renuncia de González, Paula publicó un comunicado para anunciar que no realizaría más declaraciones públicas por el momento. “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, indicó.

Durante la entrevista, González también brindó precisiones sobre el expediente previo contra Levinton. Explicó que la primera denuncia había quedado radicada en el Juzgado N.º 50, pero solicitó que fuera remitida al Juzgado N.º 6 porque allí ya existía una causa anterior vinculada al mismo hecho. De acuerdo con su explicación, la fiscalía deberá determinar si corresponde reabrir el trámite archivado.

La abogada remarcó que el archivo de la causa no respondió a una falta de pruebas ni a un sobreseimiento del músico. “Cuando una persona hace una denuncia por violencia de género en comisaría, después esa denuncia pasa a una fiscalía, a un juzgado donde la víctima tiene que ir a ratificar, a presentar la prueba y someterse a las pericias que corresponden”, detalló.

Según González, Paula no concurrió hace dos años a ratificar la denuncia ni a cumplir con esas instancias, por lo que el expediente penal fue archivado. “No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa”, aclaró. Ahora, la fiscalía del juzgado de origen deberá evaluar las pruebas disponibles y definir si habilita la reapertura de la investigación.

El recorrido estuvo marcado por el dolor y la angustia. Antonio tomó la palabra frente a quienes lo acompañaron y describió con crudeza la escena que vivió aquella mañana. “A las 8:05 cuando llego a casa, entro por el portón. Tenía con candado, abro, subo y cuando entré a casa la veo ahorcada”, relató.

Según contó, la noche anterior Aixa se había comunicado con él para avisarle que había llegado al hogar alrededor de las diez y que se iba a acostar. “Me dijo como siempre, como cargada: ‘No me jodas, me voy a acostar’”, recordó entre lágrimas, al tiempo que describió la relación cercana que tenía con su hija: “Con Aixa éramos re unidos. Ella vivía conmigo, siempre nos comunicábamos, le mandaba mensajes, me avisaba cuando llegaba”.

Ante la impotencia, Antonio relató que, al encontrarla, intentó reanimarla de forma desesperada. “De la desesperación le hice upa, la levanté, la quise soltar, tenía la esperanza de que me diga algo, una esperanza de vida. No me dio nada, ya estaba toda ahorcada, toda fría”, narró. A los gritos llamó a los vecinos, uno de ellos consiguió desatarla, Antonio la apoyó en el piso y otro salió a buscar una ambulancia.

Dentro de la vivienda, el padre encontró una fotografía de la expareja de Aixa colocada sobre una mesa. Para él, ese detalle no fue casual. “Tenía una foto de su expareja ahí, seguramente fue él que lo puso como señal, seguro que fue él”, afirmó. Según fuentes del caso que consultó Infobae, las autoridades determinaron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen, ya que en un primer momento se barajó la hipótesis de suicidio.

Sofía acumulaba antecedentes directos de violencia contra la joven: el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa también era la denunciante. Estuvo detenido y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora se lo busca.

Antonio precisó que su hija había tramitado una denuncia por violencia de género y contaba con botón antipánico. “El 15 de diciembre lo agarraron en un taller de motos en Ingeniero Maschwitz, que el propio jefe de él lo tenía escondido ahí”, detalló. “Estuvo seis meses preso y lo largaron hace dos meses”, agregó.

Sobre el video de despedida que grabó el sospechoso antes de que encontraran el cuerpo, Antonio dijo: “Lo vi y me dio bronca”. Afirmó que el registro fue filmado detrás de su propia casa. “Se ve como que en el video está sentado en un palet y justo se escucha un gallo de mi vecino. Hizo el video ese como para desorientar, pero no, es todo mentira”, señaló. Para él, el hombre permanece en la zona con ayuda de su entorno. “Está por acá. Lo deben tener escondido, seguro. Familia, amigos, primos, no sé”, sostuvo.

Mientras tanto, la espera se prolongaba sin novedades. “La policía me dijo que la iban a buscar y que, cualquier cosa, me iban a avisar. Sigo acá esperando”, afirmó el hombre con resignación.

Una prima de Aixa también tomó la palabra durante la marcha con un pedido directo. “A Aixa nadie la va a devolver. Pero por favor, que lo encuentren, por favor, queremos justicia por mi prima”, dijo, y luego rompió en llanto.

El mensaje y el video del sospechoso

Los movimientos de Alejandro Sofía antes del hallazgo del cuerpo constituyen el elemento que más lo compromete. De acuerdo con la reconstrucción judicial, durante la madrugada de este miércoles el sospechoso publicó en su estado de WhatsApp un video donde expresaba que quería quitarse la vida.

Más tarde, en mensajes enviados a un conocido, reconoció haberse “mandado una cagada” y volvió a manifestar que pensaba suicidarse. Las dos comunicaciones fueron sumadas como prueba a la causa.

Infobae accedió al video, que fue publicado por Alejandro en su estado de Whatsapp a las 5 de la madrugada. Se trataba de un mensaje de despedida y, al inicio, se lo escucha decir: “Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”.

La fiscal Mariela Miozzo, encargada de investigar el hecho, ya cuenta con la grabación, que finaliza con estas palabras: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre quedó al frente de la investigación, bajo la conducción de Miozzo, que busca intensamente al sospechoso.

La Justicia recibió en las últimas horas los resultados de los análisis de geolocalización a los teléfonos de Facundo Moyano y Candela Arizaga, solicitados en el marco de la causa que busca determinar si el dirigente sindical incumplió la medida de restricción de acercamiento dispuesta mientras lo investigaban por violencia de género contra su pareja.

El informe fue elaborado por la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, que cruzó los registros de antenas de dos compañías telefónicas para ubicar los dispositivos de ambos.

De la pericia, a cuyos resultados accedió Infobae, surgió que los dispositivos de Moyano y Arizaga registraron señal de forma simultánea y durante varios días en las inmediaciones del hotel Aira Apart, ubicado en la Avenida Belgrano 538 de la Ciudad de Buenos Aires. Las coincidencias abarcan tres fechas distintas y períodos de hasta más de 39 horas continuas.

Puntualmente, los registros detectados son del 1, 7 y 11 de septiembre. El primero de esos días, el teléfono de Arizaga comenzó a impactar en las antenas de la zona del hotel desde las 23:42 y siguió activo de manera continua hasta el 3 de septiembre a las 15:55, es decir, durante aproximadamente 40 horas sin interrupción. En ese mismo período, el dispositivo de Moyano registró actividad en el mismo rango desde las 04:29 del 1° de septiembre hasta las 23:50 del 3 de septiembre.

El 7 de septiembre, el teléfono de Candela volvió a impactar en la zona entre las 00:20 y las 11:06. El de Moyano lo hizo entre las 02:33 y las 21:27.

El 11 de septiembre se registró la tercera coincidencia: el dispositivo de la denunciante apareció activo entre las 00:08 y las 23:42; el del dirigente sindical, entre las 03:13 y las 09:12.

El informe concluye que “se obtuvieron coincidencias de impactos en celdas cercanas al hotel, de ambos teléfonos, a lo largo de varios días, durante extensos períodos”.

La investigación

La investigación contra Facundo Moyano comenzó el 4 de agosto, después de que Candela Arizaga fuera vista corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la apertura de un expediente para determinar qué había ocurrido en el departamento del exdiputado.

A partir de las primeras actuaciones, Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese contexto, la fiscalía dispuso una restricción que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella mientras continúa la pesquisa.

La fiscal Florencia Nocerez incorporó además un nuevo hecho al expediente y dispuso una investigación por presunta desobediencia, ante la sospecha de que Moyano y Arizaga se encontraron en el Aira Apart Hotel mientras seguía vigente la prohibición de acercamiento y de contacto. La causa se abrió después de publicaciones en redes sociales que sugirieron la presencia de ambos en el establecimiento.

Ante la sospcha, la Fiscalía secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad y requirió información al hotel para establecer si Arizaga ingresó al lugar durante la estadía de Moyano, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. También los registros telefónicos, que se conocieron por estas horas.

El rapero Rick Ross fue detenido durante la madrugada de este jueves en Miami Beach, acusado de golpear y estrangular a su novia dentro de su mansión ubicada en Star Island, según difundió NBC South Florida.

El cantante, cuyo nombre real es William Leonard Roberts II, se entregó voluntariamente a detectives de la Policía de Miami Beach antes de ser trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, donde quedó registrado a las 6:10 de la mañana.

De acuerdo con las coberturas locales, ahora enfrenta un cargo de batería por estrangulamiento —delito grave— y un cargo menor de batería, ambos catalogados como violencia doméstica.

La víctima, identificada en el expediente judicial solo por sus iniciales, declaró a la Policía que llevaba cerca de un año en pareja con Ross y que ambos convivían en la residencia al momento del incidente.

Por otra parte, su fianza fue fijada en USD 5.000 por la jueza de turno, Mindy Glazer, del Circuito de Miami-Dade, quien también ordenó que Ross se mantenga alejado de la presunta víctima, entregue cualquier arma de fuego y permiso de portación, y se abstenga de tener contacto con ella por cualquier medio, incluyendo redes sociales.

El incidente ocurrió el 28 de agosto, pero fue denunciado un mes después

De acuerdo con el informe de arresto, la mañana del 28 de agosto la mujer fue despertada alrededor de las 7:44 por Ross, quien según el documento estaba “enrabiado” porque ella había sido etiquetada en una fotografía de Instagram. El repaso de Rolling Stone indicó que el artista la interrogó sobre si le estaba mintiendo y, acto seguido, la golpeó en el rostro.

La situación escaló en el baño de la vivienda. Ross la acusó de mantener una relación sentimental con otra persona y, cada vez que ella negó esas suposiciones, él la golpeó en el pecho en reiteradas oportunidades.

Luego la tomó del cuello de la remera que llevaba puesta y torció la tela, lo que restringió su respiración. Después la arrastró por la coleta, la estrelló contra la pared y la golpeó en el rostro mientras estaba doblada hacia adelante, lo que le dejó el labio partido. Finalmente, la empujó al piso y abrió la ducha para intentar rociarla con el chorro de agua.

Posteriormente, la víctima logró salir del baño y abandonó la casa, indicaron los reportes locales. Regresó únicamente a recoger sus pertenencias, cuando Ross ya no se encontraba en el lugar. El incidente no fue denunciado ante la Policía sino hasta el 29 de septiembre, más de un mes después de ocurrido.

La Policía reunió pruebas fotográficas y un posible video del ataque

La mujer entregó a los investigadores una declaración jurada y fotografías con marca de tiempo que coinciden con la fecha del incidente. Los detectives también revisaron imágenes de las cámaras de vigilancia de la propiedad, que muestran a una amiga de la víctima llegando a buscarla y siendo rechazada en la entrada.

Según el informe de arresto, Ross publicó posteriormente una foto en su cuenta de Instagram donde se ve a esa misma amiga al llegar a la propiedad.

En la semana previa al arresto, Jazzma Kendrick, identificada por Rolling Stone como exnovia de Ross, publicó en sus redes sociales una serie de acusaciones de abuso físico durante la relación.

Las publicaciones ya no estaban disponibles en su perfil al momento del arresto. Entre los detalles que Kendrick mencionó figuraba un labio partido, lesión que coincide con la descripta en el informe policial que preserva el anonimato de la víctima.

El abogado defensor negó los cargos y el artista registra antecedentes judiciales

Durante la audiencia de fianza —a la que Ross compareció por videollamada, con un uniforme carcelario rojo— su abogado Bradley Horenstein señaló ante la jueza que su cliente es una figura pública y solicitó que su liberación fuera agilizada por razones de seguridad.

Glazer respondió que lo trataba igual que a cualquier otro imputado. “No tengo idea de quién es usted, solo sé que está aquí en mi sala y va a ser tratado con justicia, igual que todos los demás”, sentenció la jueza, según recogió CBS News Miami.

Horenstein, en declaraciones a ese mismo medio, afirmó que “las acusaciones son falsas. Él es inocente. La verdad saldrá a la luz”.

El abogado Steve Sadow agregó, en un comunicado citado por AP, que la denunciante —a quien describe como exnovia de Ross— no radicó la denuncia policial sino hasta un mes después del supuesto incidente, y cuestionó sus motivaciones.

Esta no es la primera vez que Ross enfrenta cargos penales. En 2017 aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos de secuestro y agresión tras ser acusado, junto con su guardaespaldas, de retener a dos trabajadores de mantenimiento en contra de su voluntad en su residencia de las afueras de Atlanta. Como parte del acuerdo, fue sentenciado a libertad condicional.

Ross, de 50 años, nació y creció en el área metropolitana de Miami. Su audiencia de presentación formal de cargos está programada para el 22 de octubre.

En una comunicación al aire con A la Barbarossa (Telefe), Paula dio su versión en primera persona. “Yo salí a realizar esta denuncia para dar mi testimonio, lo que me pasó durante este tiempo que yo estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí, donde él me obligaba a mí a hacer cosas. Me trató de ahorcar en varias ocasiones cuando yo me quería ir de la casa”, afirmó. La mujer describió el vínculo como asimétrico desde el inicio: sostuvo que nunca fue la pareja formal de Levinton, que se veían alrededor de dos veces por semana y que ella lo conoció por ser vecinos del barrio porteño del Abasto. “Nadie conoce su costado de monstruo”, dijo.

Sobre el período de mayor conflicto, Paula detalló: “Me obligaba a tomar cocaína y en ese estado a grabar películas con contenido cinematográfico, pero pornográficas a la vez, diciéndome lo que tenía que hacer: ‘Ponete acá, hacé esto, agachate, caminá, agarrá esto’. Yo en ese momento, superenamorada de él, hacía todo lo que él me decía que haga”. Reconoció que se trató de la peor etapa de su vida y que el proceso de recuperación de las adicciones lo atravesó sola.

Uno de los episodios más graves que describió involucró un intento de asfixia. Según su testimonio, en un momento en que intentaba irse, Levinton la tomó del cuello: “Me agarró del cuello y me dijo: ‘Vos de acá no te vas, hija de puta’. Logré escaparme. Estaba la puerta abierta y me fui”. Explicó que, pese a ese incidente, continuó viéndolo con normalidad durante un tiempo, en un patrón que atribuyó a la dinámica de la relación.

Paula también describió que el músico organizaba encuentros con múltiples mujeres y señaló que algunas de ellas participaron en las filmaciones. Aclaró que esas personas forman parte del círculo de amistades del cantante y que, desde que realizó la denuncia, se distanciaron de ella.

Más adelante, Paula admitió haber realizado otra denuncia en 2022 y luego haberla retirado. “Él me dijo que la saque. Me dio miedo”, explicó. Levinton, en cambio, sostiene que fue la fiscalía quien desestimó aquella presentación tras la incorporación de pruebas. La nueva denuncia, según la mujer, se activó cuando encontró registros audiovisuales que reactualizaron el episodio: “Es una mochila que yo tengo en la espalda desde ese tiempo, que no me la puedo sacar de encima, donde se me aparece constantemente él”, expresó. También descartó que los videos que eventualmente se incauten puedan estar en su poder: sostuvo que Levinton los tenía en su computadora y que, desde la primera denuncia en 2022, su abogado podría haberle indicado que los eliminara.

Ante la repercusión pública, el cantante publicó un descargo en sus redes sociales en el que negó de manera categórica las acusaciones. “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió. Cuestionó además la caracterización del vínculo: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó.

En una segunda publicación, Levinton expresó: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”. El cantante aseguró además que la mujer continuó contactándolo por Instagram y que su abogado tiene capturas de esas comunicaciones. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.

Levinton se presentó ante el juzgado interviniente junto a su abogado y quedó a disposición de la Justicia. Desde la banda, publicaron un comunicado: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones”, señalaron. Agregaron que durante aquella causa la denunciante no ratificó su presentación, no concurrió a la pericia y que, mientras el expediente estaba abierto, ella continuó enviándole mensajes al cantante.

“En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”, expresaron. El comunicado cerró con una aclaración sobre el manejo de las pruebas: “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente.”

Se trata de una grabación realizada por el acusado -que permanece prófugo- horas antes de que encontraran a la chica ahorcada, semidesnuda y sin vida este miércoles en su domicilio. El video, al que accedió Infobae, data de las 5 de las madrugada y fue subido por Alejandro a su estado de Whatsapp.

Era un mensaje de despedida: “Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, se lo escucha decir al comienzo.

La grabación, que ya tiene la fiscal Mariela Miozzo, que investiga el hecho, concluye: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense".

La Justicia considera a Alejandro Sofía, de 26 años, como el principal acusado del presunto femicidio de Dana. De hecho, tenía antecedentes por violencia de género contra ella: el 3 de diciembre de 2025, la joven lo había denunciado en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas. El sospechoso estuvo detenido por esa denuncia y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho que ahora se investiga.

Además del video, Alejandro también envió un mensaje a un conocido en el que afirmó que se había “mandado una cagada” y expresó su intención de quitarse la vida.

Si bien la escena en la que Aixa fue encontrada muerta hizo que los investigadores al principio evaluaran la posibilidad de un suicidio, tras las primeras tareas en la zona establecieron que el lugar pudo haber sido alterado con el objetivo de encubrir un crimen.

Fue así como todos indicios apuntaron contra Alejandro, que aún permanece prófugo.

Asimismo, el hombre apuntó contra su exyerno como el presunto autor del femicidio de su hija. “Fue Alejandro cien por ciento. Quiso hacer parecer como si hubiera sido un suicidio”, sostuvo entre lágrimas.

Durante la entrevista para el canal de noticias TN, Antonio, de 39 años, no pudo ocultar su angustia por el asesinato de Aixa, su hija mayor. Y a pesar del profundo dolor que atraviesa por estas horas, pudo describir la macabra escena que se encontró este miércoles por la mañana, al regresar de su trabajo.

“Yo trabajo de sereno en una guardería de lanchas y a las 8:05 entro, como siempre. Y cuando voy a subir, la veo a Aixa ahorcada con una soga. Había una silla al lado; en la mesa había una foto con él —por Alejandro— y ella estaba semidesnuda”, precisó Antonio, aún incrédulo por el trágico desenlace de su hija.

En medio del llanto, el padre de la víctima explotó al recordar el instante en que pudo tocar el cuerpo. “Estaba toda lastimada, tenía marcas en la frente y yo la agarré… Pensé que iba a estar viva, la quise agarrar y estaba toda fría. Me agarró una desesperación y llamé a los vecinos. No podían venir porque tenía el candado puesto; les dije que rompieran todo y tuvieron que romper la cadena para entrar porque yo justo había cerrado”, señaló.

Tras tener a Aixa en brazos durante varios minutos, Antonio aprovechó que un vecino logró desatarla de la soga con la que habría sido ahorcada por su exnovio y la dejó recostada sobre el piso, a la espera de la llegada de una ambulancia.

Consultado por si estaba al tanto de la relación que su hija mantenía con el principal sospechoso, Antonio explicó que a Alejandro lo conocía “muy poco”, debido a que fueron pocas las oportunidades en las que Aixa lo llevó a su casa. “Por ahí afuera mostraban una cosa y en casa eran más tranquilos”, estimó.

Por último, el padre de la joven se mostró alineado con la principal hipótesis que baraja la fiscal Mariela Miozzo, titular de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, la cual apunta a la versión de que Sofía, aun prófugo de la justicia, asesinó a Aixa y luego trató de hacerlo pasar como un suicidio.

“Fue Alejandro cien por ciento. Quiso hacer parecer como si fue un suicidio. Quiero que se haga justicia y que lo agarren”, concluyó.

El hecho y los antecedentes del sospechoso

Antonio se encontró con una escena escalofriante este miércoles al llegar a su casa en la localidad de Dique Luján, Tigre: Aixa estaba ahorcada, desnuda de la cintura hacia abajo y sin signos vitales.

Según supo Infobae de fuentes del caso, fue el propio padre de la víctima quien denunció el presunto femicidio luego de intentar reanimarla sin éxito. En ese contexto, se hizo presente en el domicilio personal del Comando Patrullas de Tigre, que preservó el lugar para realizar las primeras tareas del caso junto a peritos forenses.

Si bien al principio se sospechó de un suicidio, las autoridades establecieron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen.

Las pruebas apuntaron rápidamente a Alejandro Sofía, expareja de Aixa Dana, la víctima. El hombre, según supo este medio, tenía antecedentes directos de violencia contra la joven: el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa era también la denunciante, y había estado preso por eso. Recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.

El dato que más lo complica se relaciona con sus movimientos previos al hallazgo del cuerpo. Según la reconstrucción judicial, en la madrugada de este miércoles, el sospechoso subió a su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Horas después, le envió mensajes a un conocido en los que admitió haberse “mandado una cagada” y reiteró que pensaba suicidarse. Ambas comunicaciones fueron incorporadas como prueba en la causa.

El Observatorio de Género de Alas Tensas informó este 30 de septiembre que Cuba acumula 55 feminicidios verificados en lo que va de 2026, tras confirmar la muerte de Rachel García González, de 27 años, en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey.

Según la información difundida por el observatorio, García González, trabajadora del hogar y madre de cuatro niñas, murió el 28 de septiembre en su vivienda del barrio La Iglesia, en Los Ángeles. El presunto agresor era su pareja y ya se encuentra detenido, de acuerdo con las verificaciones de la organización.

El caso ocurrió dentro de la casa de la víctima, una circunstancia que se repite en los registros de violencia feminicida documentados por Alas Tensas. La organización expresó sus condolencias a las hijas de García González, quienes no tenían vínculo familiar con el supuesto agresor, así como a sus demás familiares y allegados.

La víctima dejó a cuatro niñas pequeñas. El observatorio señaló que la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas afecta también a hijos e hijas que quedan sin el cuidado de sus madres y enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

El registro pasó de 52 a 55 casos en poco más de dos semanas

El nuevo balance representa un aumento de tres casos respecto de la cifra divulgada el 14 de septiembre, cuando el observatorio había confirmado 52 feminicidios en el país.

En aquel momento, el último caso incorporado al registro era el de Noemí Pérez López, de 38 años, asesinada presuntamente por su expareja el 8 de agosto en Paso Pata, una comunidad rural del municipio de Jesús Menéndez, en Las Tunas.

De acuerdo con la documentación del Observatorio de Género de Alas Tensas, el sospechoso ingresó en la vivienda de Pérez López y la atacó con un arma blanca. El hombre permaneció prófugo durante casi un mes y fue detenido el 5 de septiembre en La Habana.

El sitio NiO Reportando un Crimen identificó al señalado como José Luis Á. P., conocido como “El Pombo”, quien habría mantenido una relación con la víctima.

Pérez López dejó un hijo adolescente y una niña, ninguno de ellos hijo del presunto agresor. La menor requería cuidados especiales debido a un estado de salud delicado.

Las parejas y exparejas concentran una parte de los crímenes documentados

Los casos de García González y Pérez López tienen elementos que aparecen con frecuencia en los registros de violencia feminicida: los ataques dentro de las viviendas y la presunta responsabilidad de parejas o exparejas.

Durante 2025, el observatorio registró 48 feminicidios en Cuba. De ese total, 40 fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Además, 30 asesinatos ocurrieron en viviendas.

El observatorio también informó que 29 de las 48 mujeres asesinadas en 2025 tenían a su cargo a personas dependientes, en su mayoría hijos e hijas menores de edad. La organización advirtió que esos crímenes dejan a las familias en situaciones de orfandad, desprotección y dificultades económicas.

El observatorio contabiliza 27 intentos de feminicidio en 2026

Junto con los 55 feminicidios verificados, Alas Tensas reportó 27 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida durante 2026.

La organización mantiene abiertas investigaciones sobre 12 posibles feminicidios y 11 posibles intentos de feminicidio alertados este año. También solicitó acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz.

El observatorio mantiene bajo análisis la muerte de Bárbara Sánchez González, considerada de forma preliminar como un posible suicidio feminicida.

En cuanto a los casos alertados durante 2025, Alas Tensas continúa con la investigación de 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida.

La organización recibe denuncias a través de una red de observadoras y contrasta la información con familiares, personas cercanas y habitantes de las comunidades antes de incorporar los casos a su registro. En su más reciente publicación, reiteró un llamado a la ciudadanía para denunciar estos crímenes.

Hasta el cierre de esta nota no se encontró el pronunciamiento de ninguna de las autoridades de la isla. Lo que sí ha anunciado el régimen es que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año hasta el 28 de septiembre.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último intento del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por anular la causa que le inició Fabiola Yañez por violencia de género. Con el argumento de que había instruido el expediente el juez Julián Ercolini, que fue apartado por la Sala II del máximo tribunal penal, la defensa pretendía que la investigación volviera a empezar de cero. La discusión en torno a este punto demoró un año entero la elevación del caso a juicio.

Ahora la causa está en manos del juez Daniel Rafecas, quien a fines de agosto ordenó -a pedido de la Cámara Federal porteña- una serie de medidas de prueba que venía reclamando el exmandatario. Con sus respectivos resultados, el tribunal superior le indicó al titular del Juzgado Federal N° 3 que “reevalúe la situación del imputado”. Esto es: si merece seguir procesado y enfrentar el debate oral y público, o bien le cabe la falta de mérito o el sobreseimiento.

El fiscal federal Ramiro González, quien encabezó la investigación, dio por concluidas las averiguaciones y pidió sentar a Alberto Fernández en el banquillo de los acusados en agosto del año pasado.

Por lo pronto, el fallo de Casación, dictado por mayoría con los votos de los magistrados Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, y la disidencia de Alejandro Slokar, cerró el camino para que el expresidente logre la anulación del proceso.

Los jueces consideraron que la presentación de la defensa, liderada por la abogada Silvina Carreira, se limitó a expresar meras discrepancias con las decisiones anteriores y no logró fundamentar una cuestión federal que habilitara la intervención de esa instancia intermedia.

Alberto Fernández logró abrir la discusión cuando la misma Sala II de la Casación le concedió el apartamiento del juez Ercolini, al entender que entre ellos existía una relación de enemistad manifiesta que afectaba su imparcialidad.

A partir de ese desplazamiento, la defensa del expresidente articuló un planteo de nulidad absoluta. Sostuvo que, al haberse acreditado la pérdida de imparcialidad del juez natural, todas las medidas, resoluciones, allanamientos y secuestros ordenados por Ercolini debían declararse nulos. Según la interpretación de Fernández, el proceso debía retrotraerse casi por completo, preservando únicamente aquellas diligencias donde hubiera participado de forma directa la ex primera dama, para evitar su revictimización.

Sin embargo, el propio tribunal de Casación, al momento de apartar a Ercolini, incluyó una salvedad determinante: dispuso que la medida se adoptaba “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. Esto dejó a salvo el expediente, pero le permitió ganar tiempo al expresidente.

Antes de llegar a la última instancia de Casación, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña confirmó que la investigación conservaba su plena validez.

Ante este escenario, la defensa del ex jefe de Estado interpuso un recurso de casación. Al analizar la admisibilidad del planteo, los camaristas Yacobucci y Ledesma remarcaron que en el caso existía una “doble conformidad judicial”, dado que tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal habían coincidido en rechazar la nulidad planteada. Al no haberse demostrado de manera adecuada una vulneración constitucional o federal directa, la mayoría de la Sala II de Casación declaró inadmisible la presentación.

Con este último pronunciamiento, la Justicia ratificó de forma definitiva la legalidad de la investigación penal contra el expresidente, ordenando que el expediente continúe su curso bajo la dirección del juez Rafecas y con la obligación de producir las pruebas de descargo pendientes.

Alberto Fernández está procesado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Según la acusación del fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la habría zamarreado provocándole lesiones en el brazo.

Asimismo, se le imputan “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que le habrían generado a la víctima un daño psíquico.

Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España, tras dejar el poder. El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Un hombre se encontró con una escena macabra este miércoles al llegar a su casa en la localidad bonaerense de Tigre: su hija de apenas 20 años estaba ahorcada, desnuda de la cintura hacia abajo y sin signos vitales. La Justicia investiga un femicidio y tiene como principal acusado a la expareja de la joven, que está prófugo.

Según supo Infobae de fuentes del caso, fue el propio padre de la víctima quien denunció el presunto femicidio luego de intentar reanimarla sin éxito. En ese contexto, se hizo presente en el domicilio personal del Comando Patrullas de Tigre, que preservó el lugar para realizar las primeras tareas del caso junto a peritos forenses.

Si bien al principio se sospechó de un suicidio, las autoridades establecieron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen.

Las pruebas apuntaron rápidamente a Alejandro Sofía (26), expareja de la víctima identificada como Aixa Dana. El hombre, según supo este medio, tenía antecedentes directos de violencia contra la joven: el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa era también la denunciante, y había estado preso por eso. Recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.

El dato que más lo complica tiene que ver con sus movimientos previos al hallazgo del cuerpo. Según la reconstrucción judicial, en la madrugada de este miércoles, el sospechoso subió a su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Horas después, le envió mensajes a un conocido en los que admitió haberse “mandado una cagada” y reiteró que pensaba suicidarse. Ambas comunicaciones fueron incorporadas como prueba en la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, que busca intensamente al sospechoso mientras continúa con la recolección de testimonios para esclarecer el hecho.

Mientras que la mujer fue hallada sin vida dentro de la vivienda, con casi una veintena de puñaladas en su cuerpo, el presunto asesino falleció en simultáneo y se investiga si su muerte ocurrió a raíz de las heridas que la víctima le provocó en su intento por defenderse.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se registró en una finca ubicada sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.

Tras recibir un alerta al 911 sobre un presunto incendio, personal de la comisaría 6ª de San Martín de la Policía Bonaerense se desplazó hacia el domicilio en cuestión y constató que no existía un foco ígneo en proceso.

Al entrevistar a familiares de la víctima, identificada como Romina Alejandra Cardozo, de 38 años, estos le relataron a los efectivos policiales que momentos antes la mujer y Aaron Emanuel Cruz Rojas (24), su pareja, habían mantenido un feroz enfrentamiento a cuchillazos. En consecuencia, ambos resultaron con heridas de arma blanca y murieron en el lugar.

Rojas, quien había salido de prisión un mes y medio antes del hecho, intentó incendiar la vivienda luego del hecho, pero un grupo de vecinos actuó a tiempo y logró sofocar las llamas.

Herida de gravedad, Cardozo fue trasladada de urgencia al hospital Belgrano, donde finalmente murió a raíz de las heridas cortantes que tenía distribuidas en distintas partes del cuerpo. Fuentes del caso confirmaron a este medio que los peritos de la Policía Científica contabilizaron un total de 19 puñaladas.

Por su parte, Rojas fue hallado sin vida sobre la avenida Constituyentes.

De acuerdo a la información consignada por el medio SM Noticias, la trágica discusión se habría originado por una presunta escena de celos que Cardozo le hizo a su pareja, en reclamo por una serie de mensajes de texto que había encontrado en su teléfono celular.

La causa judicial quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Pino, quien trabaja en busca de determinar el móvil que originó la disputa entre Cardozo y Cruz y las causales de muerte de ambos involucrados. Si bien

Un tribunal de Bariloche condenó a un joven chaqueño a 6 años de prisión por abusar de una compañera de colegio de 17 años durante un viaje de egresados, al concluir que la adolescente había negado su consentimiento. Tras el fallo, la familia de la víctima inició una demanda civil contra la empresa Travel Rock S. A. por casi $548 millones, con un reclamo que incluye incapacidad, daño moral y psicológico, tratamientos de salud, pérdida de oportunidades y daño punitivo.

La sentencia de índole penal aún no está firme, y el acusado no podrá acercarse ni contactar a la víctima, ni salir del país.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre de 2024, mientras ambos estudiantes, oriundos de Chaco y compañeros de curso, participaban de un viaje de fin de curso en la ciudad rionegrina. La investigación determinó que la joven no deseaba mantener relaciones sexuales y que esa negativa no fue respetada.

El juicio, que se desarrolló entre el 5 y el 7 de agosto, analizó los mensajes de audio que la víctima envió poco después de lo ocurrido. En esos testimonios, que había compartido a su hermana, afirma que nunca había expresado su consentimiento.

También se evaluaron estudios toxicológicos para establecer, si había existido consumo de alcohol.

El tribunal, integrado por los jueces Sergio Damián Pichetto, César Ignacio Lafranchi y Marcos Rafael Burgos, concluyó que la adolescente no perdió su capacidad de decisión por esa causa, por lo que centró su análisis en la negativa manifestada durante el encuentro.

La defensa del joven sostuvo que las relaciones habían sido consentidas, pero los jueces consideraron que no había elementos suficientes para acreditar esa versión.

Como consta en la jurisprudencia, el fallo remarcó que el consentimiento debe mantenerse durante todo el acto, y puede retirarse en cualquier momento.

La ausencia de lesiones genitales, gritos, resistencia física o señales visibles de forcejeo tampoco fue interpretada como una prueba de consentimiento. Los estudios médicos posteriores no detectaron lesiones genitales en la víctima, pero el tribunal descartó que ese resultado permitiera inferir una relación consentida.

La Fiscalía había solicitado una pena de siete años de prisión y la querella pidió ocho. La defensa reclamó la aplicación de la sanción más baja prevista por la ley, y el tribunal fijó la pena mínima para el delito por el que fue condenado.

Los jueces fundamentaron los 6 años de prisión en la gravedad del daño ocasionado, la falta de antecedentes penales del acusado, su juventud y su situación familiar y laboral. También resolvieron que se mantengan las restricciones de acercamiento y contacto.

La demanda por daños y perjuicios

De forma paralela, la demanda contra Travel Rock S. A. tramita en el fuero Civil y Comercial de Chaco. La familia impulsó el reclamo por daños y perjuicios, al sostener que la empresa habría incumplido deberes de cuidado y seguridad de los estudiantes durante el viaje.

A raíz del abuso, Ignacio Sinkovich, abogado de la familia de la víctima, afirmó que la joven -hoy de 19 años- fue diagnosticada con depresión y tiene una incapacidad estimada del 30 por ciento. “Está en una clara desventaja y eso debe ser indemnizado por la Justicia”, sostuvo en diálogo con el medio chaqueño Noticiero 9.

El reclamo, que exige una suma de $547.921.752,76, se apoya en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. La asesoría legal apunta a que la contratación del viaje obligaba a la firma a brindar seguridad y cuidado a quienes integraban el contingente.

Según la presentación, la agencia de viajes es responsable de permitir cambios de habitaciones y la circulación de adolescentes, sin los controles y cuidados necesarios. El planteo económico contempla las consecuencias físicas, psicológicas y laborales que la familia atribuye al episodio.

La captura del señalado se realizó por orden judicial, tras una investigación de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía 39 Local.

Después de las verificaciones adelantadas por el caso ocurrido en la localidad de Usme, al extremo suroriente de Bogotá, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el acusado del brutal ataque.

La denuncia del padre activó la investigación

El caso llegó a las autoridades luego de que el padre de la adolescente se diera cuenta de que su hija tenía hematomas en distintas partes del cuerpo. Según el comunicado oficial de la entidad, las lesiones habrían sido ocasionadas con cables y objetos contundentes y dejaron fuertes marcas en la adolescente.

Las indagaciones establecieron que los hechos habrían ocurrido el 10 de septiembre de 2026 en una vivienda de Usme en la que la joven, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades, habría permanecido tres días encerrada e incomunicada mientras que el agresor la habría atacado en repetidas oportunidades.

La investigación señala que el hombre habría ejercido violencia sexual contra la menor y la habría amenazado con divulgar imágenes que presuntamente tomó sin su consentimiento, con el fin de evitar que lo denunciara ante las autoridades.

“El padre de la niña notó hematomas en su cuerpo y denunció. La investigación estableció que la adolescente habría sido maltratada, encerrada e incomunicada por tres días”, indicó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Las autoridades pidieron denunciar los casos de violencia de género

Con el material reunido durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de detención contra el sujeto señalado de atacar a su pareja en Usme. Ahora, el procesado tendrá que responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá instaron a reportar de forma inmediata cualquier situación de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes a través de la Línea de Emergencias 123, además de presentar la denuncia ante las autoridades para que puedan avanzar en la investigación.

Otro caso similar ocurrió en septiembre en Bogotá

Los casos de violencia de género no cesan en el territorio nacional, pues la Policía Nacional informó detalles de la captura de un hombre señalado de retener y agredir a su pareja durante nueve días en un inmueble de la localidad de Kennedy, en Bogotá. El caso fue conocido el 6 de septiembre de 2026, cuando la mujer ingresó a un hospital del sur de la ciudad y denunció que había permanecido contra su voluntad.

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Un juez de control de garantías legalizó la captura del detenido, que fue presentado ante esa autoridad tras el operativo.

La investigación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía Local de la URI de Kennedy permitió establecer que el señalado permanecía de forma constante en el inmueble. Con una orden de registro y allanamiento, investigadores de la Sijíny unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) efectuaron la captura e incautaron elementos de interés para el proceso. La víctima reveló a las autoridades que habría sufrido violencia física, sexual y psicológica durante el tiempo de retención.